Pese a los beneficios económicos que generan las playas, no son debidamente administradas por las diversas dependencias de gobierno que tienen ingerencia en este y otros ecosistemas costeros.
En México, más del 30% de la población vive en estados costeros, en donde se desarrollan dos de las tres actividades productivas con mayor contribución al Producto Interno Bruto (PIB) anual: La extracción petrolera y el turismo.
Actualmente, México es el segundo destino turístico más visitado a nivel mundial. En 2021 ingresaron 31.9 millones de turistas internacionales y se estima que este año llegarán 40 millones 37 mil (25.6% más) con una generación de 24 mil millones de dólares por divisas, recuperando los niveles previos a la pandemia, según las expectativas de la Secretaría de Turismo.
Los destinos de sol y playa son uno de los principales atractivos turísticos del país. Además, los espacios abiertos y el contacto con la naturaleza han tenido mayor demanda tras la crisis sanitaria.
En este contexto, la preservación de las playas y su aprovechamiento sostenible adquiere mayor relevancia. Para lograrlo se requiere de una gestión o administración costera que permita un equilibrio ambiental, económico, social, cultural y recreativo.

¿Quién administra la costa?
Por ser áreas biodiversas, con diferentes características ambientales y una belleza inigualable, las zonas costeras son áreas altamente productivas porque en torno a ellas se generan servicios recreativos, de hospedaje y alimentación, por mencionar algunos.
Al ser reconocidas como espacios públicos, el uso de las costas mexicanas y sus recursos son administrados a través de políticas públicas, normas, y reglamentos que son elaborados por distintas dependencias gubernamentales tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Las fallas
En un artículo de difusión científica, Olga Lidia Jimenez Arena, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señala que estos mecanismos de administración han sido deficientes en su intento por regular el aprovechamiento de los recursos costeros. Prueba de ello es la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana 001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Estos sistemas de gestión ambiental presentan fallas en atender los conflictos ambientales porque son elaborados bajo una perspectiva regional o estatal, y pocas veces consideran las características locales que definen cada zona costera. Además, cada norma atiende a un sector económico en específico, lo que dificulta que se repartan las responsabilidades entre los diferentes actores. Y, sobre todo, resalta la incapacidad gubernamental de responder a la demanda de mejorar las condiciones ambientales del entorno costero, precisa Jiménez Arena.
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Todas las costas presentan particularidades que las hacen únicas desde un punto de vista económico, social y ambiental. Por ejemplo, la extracción de sal no se desarrolla a lo largo de todo el litoral mexicano; y para muchas comunidades costeras, el turismo no es la principal fuente de empleo. Entonces, ¿de qué manera las comunidades pueden tener mayor participación en la administración del ambiente costero a fin de promover su cuidado?
La respuesta bien puede estar en los procesos de gestión local que implican la implementación de propuestas que nacen desde las preocupaciones de la comunidad, con el propósito de mejorar la interacción entre las actividades económicas que realizan y el ecosistema. Siempre trabajando a la par de las normas y dependencias públicas.
Por otra parte, los gobiernos locales cuentan con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que les permite intervenir y contribuir al cuidado de estos espacios.
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Ejemplo de gestión local
Desde 2020, en la costa de Mazatlán las cooperativas pesqueras de Playa Norte han sido ejemplo de un proceso de gestión local: la restricción del uso de chinchorro para la pesca de los “pajaritos”.
Después de que estos peces se ausentaron durante varios años de la bahía, pescadores y autoridades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) acordaron una medida que contempla únicamente el uso de la atarraya y el cucharón para su captura porque tienen un menor impacto ambiental.
La propuesta nació de las preocupaciones de los pescadores por la vulnerabilidad de los “pajaritos”, debido a que esta pesquería no está regulada por la Carta Nacional Pesquera al ser considera de relevancia menor. Sin embargo, son una importante fuente de ingresos económicos para las familias locales que dependen de la actividad.
Este es un ejemplo de que la participación ciudadana es fundamental para enfrentar las múltiples problemáticas que ocurren en las costas. Y ante la escasez de una vigilancia gubernamental, las iniciativas sociales para el cuidado del medio ambiente toman cada vez mayor relevancia.
Cuando las propuestas para la administración de los recursos costeros no van de la mano de las intervenciones gubernamentales se consideran como procesos de autogestión y no gestión local.
¿Qué es la gestión costera?
La gestión costera es la planificación, organización, dirección y control de los recursos costeros con el fin de generar empleo para las comunidades a la par de mantener un equilibrio ambiental.
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