De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

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Culiacán, Sin., a 17 de noviembre de 2025.- Cerca de la mitad del territorio
sinaloense se encuentra en condiciones de silencio informativo. En al menos nueve
municipios —Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa,
Cosalá, Rosario y Sinaloa— el periodismo está limitado por la violencia criminal.

En estos territorios, el control del crimen organizado, la falta de infraestructura, la
marginación y el abandono institucional impiden la labor informativa y han desplazado
o intimidado a quienes intentan ejercerla. En contraste, Culiacán, Mazatlán y Ahome
concentran más del 84% de la actividad periodística y de los medios locales, lo que
genera una profunda desigualdad informativa: mientras las ciudades mantienen cierto
nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas.

Estos fueron parte de los hallazgos de la investigación “Voces en resistencia: libertad
de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, realizada por Iniciativa Sinaloa con
apoyo de la Embajada de Noruega en México, presentada el viernes 14 de noviembre en Culiacán en el marco del Foro “Libertad de Expresión bajo fuego: desafíos y alternativas en
Sinaloa”.

El estudio examinó las condiciones en que se ejerce el periodismo en el estado y las
consecuencias del silenciamiento informativo derivado de la violencia criminal y de la
censura institucional, lo que se identificó como una censura de “doble cerrojo” en el
estado, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

El propósito de la investigación fue visibilizar las regiones donde la inseguridad, la
censura y el miedo han reducido al mínimo la cobertura periodística, afectando el
derecho de la sociedad a estar informada y debilitando la democracia, comentó Sibely
Cañedo, coordinadora de Iniciativa Sinaloa y coautora del estudio.

Para lograr esto, explicó, se utilizó una metodología mixta que incluyó tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas, entrevistas a profundidad con periodistas, monitoreo de
medios y análisis estadístico, así como la aplicación de una escala de silenciamiento
con base en indicadores como la falta de acceso territorial, nivel de agresiones a la
prensa, ausencia de periodistas y medios, registro de amenazas del crimen
organizado, entre otros.

“El contenido informativo, en buena medida, replica narrativas oficiales. Cerca del 50%
de los medios analizados fueron clasificados como oficialistas, mientras que solo el 6%
realiza periodismo de investigación. Temas cruciales como corrupción, violaciones a
derechos humanos, narcotráfico o seguridad pública han desaparecido de la agenda
pública en numerosos municipios”, detalló Cañedo.

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Por su parte, la periodista Sheila Arias Martínez, quien colaboró en la investigación,
destacó las dificultades para hacer periodismo en las regiones de la sierra y
comunidades rurales, donde informar puede poner la vida en riesgo, además de que
esto representa hacer el periodismo en soledad, muchas veces sin apoyo de sus
empresas ni de las autoridades.

“Hay casos muy impactantes de periodistas que resisten para seguir informando, sobre
todo en territorios vulnerables, periodistas que en años no han recibido ninguna
capacitación ni cuentan con respaldo de sus empresas, también sienten a las
instituciones muy lejanas a su problemática”, relató la también activista, quien se
encargó de realizar más de 30 entrevistas con periodistas de todo el estado.

A pesar de ello, la investigación también identifica formas de resistencia y resiliencia
entre periodistas locales. Muchos de ellos han desarrollado estrategias de
autoprotección, alianzas entre colegas, acompañamiento con organizaciones civiles y
uso responsable de las redes digitales para continuar informando.

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Destacan relevancia del estudio

Durante la presentación, se contó con los comentarios de Belem Angulo, periodista de
Noroeste, de José Manuel Salas, director del portal Link Sinaloa y con amplia
trayectoria en la cobertura de temas de seguridad, así como de Jan-Albert Hootsen,
representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés).

Entre los hallazgos de la investigación, Belem Angulo destacó que existan municipios
sin ningún periodista, lo cual consideró grave, ya que es una función muy importante
en cualquier sociedad democrática.

Por su parte, Manuel Salas indicó que la investigación refleja gran parte de la realidad
que viven los periodistas en el actual contexto de “narcoguerra”, en el que a pesar de
todos los peligros, hay reporteros que persisten en la cobertura de calle, verificando en
campo los reportes que circulan en redes sociales y que muchas veces resultan falsos.

En opinión de Jan-Albert Hootsen, el estudio es único en su tipo y aporta luces sobre
este fenómeno y que debe ser tomado en cuenta para las acciones de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar al
periodismo independiente.

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, las investigadoras expusieron que las consecuencias del silenciamiento
informativo van más allá del ámbito periodístico.
La falta de información sobre las violaciones a derechos humanos, los abusos de autoridad o la corrupción contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar las luchas sociales, especialmente las encabezadas por mujeres buscadoras, defensoras y comunidades desplazadas.

En las zonas donde la prensa ha desaparecido, el crimen organizado no solo
domina el territorio, sino también busca controlar la narrativa pública, mediante la
desinformación y la propaganda digital.

En sus conclusiones, el estudio sostiene que la violencia, la desigualdad territorial y la
fragilidad institucional han consolidado un mapa de silencios estructurales que limita la
participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia.

Frente a ello, Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que ejercen en territorios marginales; abatir la impunidad en casos de crímenes y agresiones contra periodistas; y promover políticas que impulsen el periodismo local, independiente y con perspectiva de derechos humanos.

Propuestas para la política de protección:
● Monitoreo continuo de cambios por municipio (picos de riesgo) y revisión
trimestral de protocolos.
● Protección diferenciada: instrumentación de protocolos especiales para
periodistas de frontera para prevenir y atender amenazas y/o agresiones, así
como monitoreos continuos en coyunturas de conflicto.
● Fortalecimiento de periodismo local: emprender campañas para el
reconocimiento de periodistas de frontera, quienes reportean en territorios de
riesgo y marginales, como en los pueblos de la sierra.
● Periodismo comunitario: Impulsar capacitación para periodistas
comunitarios en diferentes regiones del estado de Sinaloa, en especial en las
zonas silenciadas.

Consulta el estudio completo en este enlace.

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La Red Mexicanas de Periodistas Ambientales (REMPA) y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) expresaron su preocupación por los recientes actos de censura ejercidos contra el portal digital Tribuna y el periódico El Universal, y la aplicación arbitraria de sanciones relacionadas con presuntos actos de violencia política de género contra varias ciudadanas, por parte de órganos del Estado mexicano.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron hoy que entre los casos que ilustran esta preocupante tendencia figuran la persecución penal contra Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna de Campeche y titular del programa radial “Expediente”, por parte de la gobernadora Layda Sansores, y la aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla.

«Esta última representa una amenaza a la libertad de expresión, pues su ambigüedad fomenta abusos de poder bajo el pretexto de combate a la desinformación», advirtieron.

Ambas redes de periodistas recordaron que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido que la protección de la libertad de expresión es fundamental en cualquier sociedad democrática, pero legislaciones y resoluciones como las mencionadas ponen en riesgo ese principio y contribuyen a su debilitamiento.

«En mayo de 2024, la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum firmó el compromiso en defensa de la libertad de prensa impulsado por Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de ese derecho. No obstante, a más de un año del suceso, observamos retrocesos preocupantes, como los que aquí denunciamos», señala el documento.

Dicho compromiso incluía:

• La priorización del derecho a la información y al ejercicio del periodismo.
• Garantía de plena protección para periodistas.
• Promoción de una legislación que asegure el ejercicio seguro de la labor periodística.
• Lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas.
• El desarrollo de políticas de sostenibilidad financiera y seguridad para los medios en riesgo de desaparición.

«En el acto de firma de los compromisos, la ahora presidenta prometió la creación de un grupo de trabajo para fortalecer la libertad de prensa. Sin embargo, a la fecha, no observamos avances significativos en su cumplimiento; por el contrario, la situación parece deteriorarse», señalaron.

REMPA y la RedMPC exortaron a todas las dependencias del Estado mexicano a abstenerse de cualquier acto de censura contra periodistas y comunicadores, así como evitar el uso arbitrario de la legislación sobre violencia política de género como mecanismo de represión.

Con presencia en casi todo el país, REMPA y la RedMPC agrupan a más de 150 periodistas independientes, divulgadores, comunicadores y académicos. Sus objetivos incluyen la difusión del conocimiento ambiental y científico, así como la defensa y promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

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