Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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Por Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala

Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México.

Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros.

En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal.

Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero.

En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.

En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles.

A todas estas personas las desaparecieron.

Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.

De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.

Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.

Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida. 

Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Global Witness, también consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien, tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos.

El lapso elegido para realizar esta documentación fue desde el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.

Los casos que se encontraron van desde el año 2008. El último registro que incluye esta documentación es del 1 de agosto de 2023, día en que se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Nueve días después fue localizado sin vida. El integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tenía 20 años de edad.

Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas. De las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62 (el 67 %) pertenecen a un pueblo originario.

Seis de cada diez casos que figuran en la base de datos sucedieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de agosto de 2023, se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición; 28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Entre ellos están el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz.

Territorios marcados por la desaparición

El domingo 15 de enero de 2023, las vidas del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron cubiertas por la bruma de la incertidumbre. Ese día fueron desaparecidos mientras viajaban por carretera con destino a Colima. La mañana previa a su desaparición participaron en una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena que se localiza en la región Sierra Costa de Michoacán y en donde funciona una de las minas de hierro más grandes del país.

El caso de Lagunes y Díaz recuerda una vez más que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio.

Así lo confirma el último reporte de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta los asesinatos que sufren los defensores ambientales en todo el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes, al menos, 31 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en México durante 2022. Ese año, el país se colocó —junto con Colombia, Brasil, Honduras y Filipinas— entre los cinco con la mayor cantidad de agresiones letales en contra de estos defensores.

En el caso de México hay un nivel más de violencia: el país es un territorio marcado por la desaparición. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) muestran que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, el país sumó 94 948 personas que se encontraban desaparecidas y no localizadas.

En ese contexto, la violencia de la desaparición en contra de las personas defensoras de bosques, ríos, desiertos, mares y todo lo que implica el territorio es una amenaza cada vez más visible en México.

Si se hace una revisión de lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006 se encuentra que durante el gobierno de Felipe Calderón, el año 2011 sobresale con más casos: de las diez víctimas de desaparición contabilizadas ese año en la base de datos, nueve siguen sin ser localizadas. Entre ellos están tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán.

Esas desapariciones fueron, entre otras cosas, las que detonaron que los habitantes de Cherán expulsaran a los taladores ilegales que estaban terminando con su bosque y pusieran en marcha una estrategia comunitaria para defender su autodeterminación, rescatar sus formas tradicionales de gobierno y de defensa del territorio.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2013 sumó más casos. Ese año, al menos cuatro personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, una de ellas sigue sin ser hallada.

Tres meses antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, en agosto de 2018, fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, indígena nahua y activo opositor al proyecto hidroeléctrico impulsado en la Sierra Negra de Puebla por una empresa filial al Grupo Ferrominero. “Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %, en partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que a lo largo de 2018 dieron los habitantes de las comunidades para informar de su resistencia.

La base de datos construida permite ubicar al 2021 como el año que concentró el mayor número de casos de todo el periodo analizado: 23 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, 13 fueron localizadas sin vida y 10 siguen sin aparecer.

Desde 2016, el entonces Relator de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su informe temático sobre personas ambientales señaló que “una de las causas sistemáticas de los conflictos en torno a los derechos ambientales es el desequilibrio del poder entre los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales”. 

La defensa cotidiana del territorio

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta las agresiones contra las personas y comunidades defensoras del ambiente y el territorio en México desde 2014. Para realizar el informe que cada año presenta, uno de los mayores retos que ha enfrentado la organización es que las personas “no siempre se asumen como defensoras”, destaca la abogada Luz Coral Hernández.

A partir de los casos que han documentado, los integrantes del Cemda han encontrado que en muchas comunidades “la defensa del territorio es algo que se hace de manera natural, como algo cotidiano y muy personal”.

El 14 de julio de 2021, siete integrantes de la Tribu Yaqui y tres hombres yoris —los yaquis usan esa palabra para denominar a todos aquellos que no pertenecen a la Nación Yoeme— fueron desaparecidos; se los llevaron en el trayecto de Loma de Bácum al rancho comunitario Agua Caliente, en Sonora, mientras transportaban las reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Dos meses después, siete fueron encontrados sin vida. Tres continúan desaparecidos.

“Nosotros consideramos a estos hombres defensores del territorio”, explica la abogada Anabela Carlón Flores, integrante de la Tribu Yaqui y originaria de Loma de Bácum. “Ellos resguardaban un rancho comunitario que permite tener el sustento para la comunidad cuando hay una fiesta o una emergencia”.

Carlón considera que en el ámbito de los derechos humanos muchos conceptos a veces pueden ser “muy limitados” para la compleja realidad que se vive. Esta complejidad se presenta, dice, cuando se trata de explicar lo que en las comunidades indígenas significa hacer una defensa del ambiente y el territorio.

Para los yaquis, por ejemplo, hay un concepto que engloba todo aquello que es el territorio: “Para nosotros el Juya ania es el mundo natural, es ahí en donde está la verdad antigua. Y la verdad antigua no se puede cambiar, porque no puedes vivir sin agua, sin monte, sin aire, sin el clima. Eso es parte de la verdad antigua”.

Es por ello, explica la abogada, que para cada miembro de la Tribu Yaqui resguardar el territorio es una práctica cotidiana y natural, “ahí es donde hemos aprendido a vivir, a leer el clima, a comunicarnos con nuestros ancestros, a entender nuestro mundo”.

Comunidades indígenas, las más afectadas

La base de datos muestra que de los 93 casos de personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición, 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado casos de defensores que han sufrido violencias como asesinato y desaparición en las que no puede descartarse un posible vínculo con sus labores de defensa. Sus datos muestran que desde 2019, al menos, 46 personas defensoras indígenas han sido asesinadas o desaparecidas en el país; de ellas, 32 realizaban actividades vinculadas al medio ambiente.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, detalla que de las 32 personas defensoras ambientales, siete fueron víctimas de desaparición y posteriormente encontradas muertas. Cinco continúan siendo buscadas.

“Las personas líderes de los pueblos indígenas están más expuestas a represalias o acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida”, resalta Peña Palacios.

En 2016, el entonces Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, resaltó que “el origen del creciente número de conflictos sobre el medio ambiente reside en la explotación de recursos que no atiende las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales”.

La abogada Anabela Carlón recuerda que en Sonora los yaquis históricamente han sufrido diferentes tipos de violencia, una de ellas es que se les ha negado su derecho al agua. En las últimas décadas, apunta, esa violencia se ha incrementado por lo que ella califica como “la imposición de megaproyectos”, entre ellos el Acueducto Independencia —para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo— y el gasoducto Guaymas-El Oro; este último sin concretarse, justo por la fuerte oposición de los yaquis. “Ahí comenzaron a darse desapariciones de jóvenes de la comunidad. Empezamos a ver una violencia que no habíamos visto”.

Con la llegada de estos megaproyectos, dice Carlón, también comenzó a ser más evidente la presencia del crimen organizado en la región en donde se encuentran los ocho pueblos de la Tribu Yaqui.

Una presencia cada vez más visible

México vive una “violencia generalizada y sistemática, además de una crisis en materia de derechos humanos. Y en muchos de los territorios en donde se están dando las agresiones contra defensores hay un cóctel de conflictos y presencia del crimen organizado”, afirma la abogada del Cemda, Luz Coral Hernández. 

Para conocer mejor este problema, la base de datos construida por esta alianza de medios registró si en la zona en donde ocurrió la desaparición hay presencia del crimen organizado, de acuerdo con lo reportado por las fuentes periodísticas. Además, se documentó si existe algún conflicto agrario ya sea porque las comunidades buscan que se reconozca parte de su territorio, por diferencias con otras comunidades o porque al interior del ejido o comunidad agraria hay divisiones provocadas, entre otras cosas, porque no se ha respetado la correcta elección de sus representantes.

En 71 de los 93 casos se encontró que hay presencia de grupos del crimen organizado; en 46 había algún conflicto agrario y en 31 se identificaron ambas situaciones. 

A partir de su trabajo como responsable del programa de personas defensoras en la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Sofía Parra identifica que las regiones en donde se da el mayor número de violencias confluyen tres actores: los militares, las empresas extractivistas y las redes ilegales. “Cuando confluyen esas tres cosas es que existe una disputa por el territorio y ahí es donde se dan la mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras”.

Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), observa que en el contexto actual hay dos nuevos retos que enfrentan quienes defienden el ambiente y el territorio. El primero es la dificultad de distinguir las diversas redes de poder que existen en las regiones que habitan, sobre todo ante la extendida presencia del crimen organizado. El segundo es “la invisibilidad de su labor y el menosprecio que se ha generado, desde el poder político, para la defensa de los derechos comunitarios. Eso ha puesto en un grado más de vulnerabilidad a los defensores”.

Cartografía de las desapariciones

En el mapa nacional hay lugares que destacan por integrar aquello que la fotógrafa mexicana Mónica González denominó la Geografía del dolor. Sitios en donde los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones dejan una huella en el territorio y en quienes lo habitan.

En ese mapa aparecen varias regiones en donde hoy se desarrolla una lucha por la defensa del ambiente y el territorio; en donde, además, personas defensoras han sido víctimas de desaparición.

En esa cartografía hay, al menos, 42 municipios ubicados en 15 estados del país. Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco son las entidades que concentran el mayor número de casos de personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición, de acuerdo con la documentación realizada para este trabajo. Con once casos, Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, es el municipio que concentra el mayor número.

Chilapa de Álvarez es un municipio en donde 29.5 % de su población es indígena, sobre todo nahua. En ese territorio, el 31.4 % de la población vive en condición de pobreza extrema y 64.9 % no tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 publicado por la Secretaría de Bienestar.

Este municipio, como muchos de los localizados en esa región de la montaña baja de Guerrero, tiene una alta presencia de grupos del crimen organizado. Ahí, además, se han dado diferentes procesos de organización para la defensa del territorio, entre ellos la creación de las primeras policías comunitarias que surgieron en el país.

Chilapa de Álvarez también es un sitio en donde la violencia de la desaparición ha tocado a familias completas, incluidos menores de edad.

La abogada Luz Coral Hernández destaca que, al realizar la documentación para el informe anual sobre defensores del Cemda, han observado que en los últimos años las agresiones también se extienden a las familias de los defensores del ambiente y el territorio.

El 19 de diciembre de 2018, por ejemplo, personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse en el lugar, pero la comunidad no lo permitió. Antes de abandonar el sitio, el grupo armado se llevó a Alberto Espiridión Ignacio, a su madre, a sus dos hermanos, a su esposa y a sus hijos. En total fueron 12 personas, entre ellos nueve menores de edad que, en el momento en que los desaparecieron, tenían entre 17 y 3 años. Eso provocó desplazamiento forzado y que el poblado quedara abandonado.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, dichos pueblos también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”, comenta Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH.

Chilapa de Álvarez —municipio de donde se llevaron a la familia— se encuentra en un corredor estratégico para el cultivo de amapola y trasiego de droga. Además, es una zona en donde hay importantes recursos forestales y minerales.

De hecho para este proyecto periodístico, el GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó un mapa de las concesiones mineras en Guerrero. Y encontró que en todo el territorio de Chilapa de Álvarez y los municipios aledaños hay trámites para concesiones mineras.

En Chilapa de Álvarez hay trámites para dos enormes concesiones que cubren aproximadamente el 94 % de la superficie total del municipio.

La base de datos creada para este trabajo periodístico también permite conocer que en 19 casos se había denunciado tala ilegal en la zona. Esta amenaza se encuentra presente y en mayor escala en Michoacán y Oaxaca.

En el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca, la indígena mixteca Irma Galindo Barrios empezó a denunciar desde 2019 la tala de árboles en un área comunal, desde entonces sufrió agresiones y amenazas. De ella no se sabe nada desde octubre de 2021.

Empresas mineras dominan el paisaje

Al menos 20 personas defensoras que fueron víctimas de desaparición residían en municipios en donde había un conflicto relacionado con la actividad minera; seis de ellas están aún desaparecidas y a cinco las encontraron sin vida. Entre ellos está Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, a quien desaparecieron el 1 de abril de 2023. Tres días después, encontraron su cadáver.

Desde hace nueve años, Meyatzin Velasco y otros integrantes del Centro Prodh asesoran a los habitantes de San Juan Huitzontla que buscan que el Estado cancele las concesiones mineras que hay en todo su territorio. Eustacio Alcalá era uno de los líderes más activos en contra de la minería.

San Juan Huitzontla se encuentra en el municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán. En Aquila, el municipio vecino, está una de las minas de hierro más grandes del país.

En ese municipio, al menos nueve personas defensoras del ambiente y el territorio que vivían o trabajaban en Aquila han sido víctimas de desaparición; de ellas seis siguen sin ser localizadas.

Los habitantes de San Juan Huitzontla detectaron que había trabajos de exploración minera en sus terrenos al encontrar vacas muertas a las orillas de uno de los ríos. Poco tiempo después se enteran que hay varias concesiones mineras en su territorio; algunas entregadas a las empresas Las Encinas, filial de Ternium —la mayor productora de acero en Latinoamérica—  y a Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente.

En una asamblea realizada en 2017, la comunidad declaró su territorio libre de minería. A partir de ahí, junto con los abogados del Centro Prodh, comenzaron una lucha jurídica reclamando el reconocimiento del territorio indígena y la cancelación de las concesiones. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas.

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

“No desligarse de su responsabilidad”

Desde hace 20 años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documenta abusos cometidos por las empresas en contra de defensores de derechos humanos en todo el mundo. A partir de 2015, la organización no gubernamental comenzó a realizar una base de datos sobre ataques en contra de personas defensoras y que estén relacionados con un sector empresarial, algún proyecto económico o una empresa específica. 

Desde 2015 y hasta julio de 2023, el centro había documentado 4,815 ataques a personas defensoras en todo el mundo, 3,488 habían sido en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

El centro también ha documentado que, al menos, 33 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el mundo han sido víctimas de desaparición. La mayoría de esos casos (26) ocurrieron en América Latina. En México, el centro tiene el registro de seis personas defensoras del ambiente y el territorio que están desaparecidas.

“Estas cifras son la punta del iceberg, ya que sólo muestran aquellos casos que se pudieron documentar a través de fuentes públicas”, explica Hannah Matthews, investigadora del equipo de libertades cívicas y personas defensoras de derechos humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Matthews resalta que, en su documentación, “la minería ha sido consistentemente el sector más peligroso para las personas defensoras desde que comenzamos el monitoreo en 2015”. Tan sólo en 2022, casi el 30 % del total de casos que documentaron estuvieron relacionados con la minería.

“Si bien no podemos asegurar una relación directa de las empresas con esas desapariciones, muchas veces sí existe un beneficio directo para la empresa al silenciar a las personas defensoras que se oponen a sus proyectos”, apunta la investigadora del centro.

Matthews menciona que las empresas “no pueden desligarse de su responsabilidad en lugares con conflictividad social… Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, pero también de hacer procesos rigurosos de debida diligencia antes, durante y después de sus actividades”.

Un mecanismo de protección sin eficacia

Desde junio de 2012, México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El abogado Ricardo Lagunes Díaz, desaparecido en enero de 2023, contaba con medidas de protección del mecanismo, debido a las amenazas que ya había recibido por su trabajo como defensor de derechos humanos, acompañando legalmente desde personas que han sido encarceladas injustamente hasta comunidades que luchan para evitar el despojo de sus tierra común o en contra de las empresas eólicas.

“El mecanismo no está logrando garantizar un entorno seguro para las personas defensoras”, resalta la abogada Luz Coral Hernández, de Cemda.

Para Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, el Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. “Es necesario que otras autoridades se involucren”, dice, sobre todo porque fortalecer el Mecanismo sería una acción insuficiente si no se acompaña de otras medidas “tendientes a la creación de una política pública integral” y, en especial si no se investigan, juzgan y sancionan las agresiones que sufren los defensores.

Esto último es otra de las deudas que tiene el país. Omar Esparza, director del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), recuerda que “hay una lista enorme de defensores de tierra y territorio que han sido asesinados o desaparecidos y que sus crímenes siguen en total impunidad”.

Además del mecanismo, México es uno de los países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2022 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

“El Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta muy útil para cambiar este panorama que estamos observando”, dice Hernández. Y pone un ejemplo: el Poder Judicial podría utilizar Escazú para suspender proyectos que están afectando a comunidades y en donde los datos muestran que han existido agresiones en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

“Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”

En el idioma Yaqui existen palabras para referirse a quienes “se perdieron” o a quienes “se acabaron” o fallecieron, pero no hay una palabra para nombrar a quienes desaparecieron.

Anabela Carlón recuerda que cuando desaparecieron  los hombres yaquis de Loma de Bácum, en la comunidad hubo mucha empatía y solidaridad con las familias de los desaparecidos. “La misma comunidad comenzó a cuidarse más y se afianzó aún más el proceso de defensa del territorio”.

Eso no sucede en todos los casos. Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, dice: “La desaparición de una persona defensora tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo comunidad del cual era parte, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”.

Anabela Carlón considera que la defensa del ambiente y del territorio no se debe detener cuando una persona defensora fue asesinada o desaparecida: “Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”. 

Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, resalta que los defensores de ambiente y territorio “son fundamentales para ayudarnos a imaginar alternativas no sólo de gestión gubernamental, sino también de soluciones de cuidado de la tierra, porque lo poco que nos queda, ellos lo han resguardado”.

Ellos, enfatiza Velasco, “siguen generando una articulación comunitaria que nos muestra que solos no podemos. Los necesitamos para poder cuidar lo poco que nos queda si queremos seguir viviendo en el planeta Tierra”.

Por ello, cada vez que asesinan o desaparecen a una persona que defiende su ambiente y territorio, esta pérdida es colectiva. Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, lo plantea de esta forma: “Perdemos todos: quienes los acompañamos, la sociedad, los bienes naturales, las comunidades. Perdemos una oportunidad para encontrar soluciones para vivir mejor”.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración: Tobías Arboleda. Diseño de visualizaciones: Rocío Puga. Programación de visualizaciones: Daniel Gómez Hernández. Análisis de base de datos: Andrés de la Peña y Efraín Tzuc. Mapas: GeoComunes

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