El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP30), Brasil y Francia anunciaron la creación del Grupo de
Trabajo Oceánico, cuyo objetivo es movilizar financiamiento público y privado y ampliar el
apoyo técnico para integrar soluciones basadas en el océano en los planes climáticos de los
países.

“Nunca antes tantos jefes de Estado se habían alineado con tanta claridad sobre la
necesidad de situar al océano en el centro de la respuesta climática global”, señaló Aloisio
de Melo, secretario nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático de Brasil.

A la iniciativa se sumaron países como Australia, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Fiji,
Indonesia, Madagascar, México, Kenia, Palaos, Portugal, Seychelles, Singapur y Reino
Unido.

La iniciativa promueve que los países integren soluciones oceánicas en las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos
que los países hacen en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y aumentar su capacidad de adaptación ante los efectos del
cambio climático.

“Se ha empezado a socializar mucho más la idea de los océanos como una herramienta
contra el cambio climático y no solo como una víctima”, señaló Marcela Gutiérrez, directora
y fundadora de Azul, una organización civil enfocada en justicia oceánica en Estados
Unidos con comunidad latina.

Durante la COP30, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsó una carta para
hacer un llamado a los representantes de los países que, además de incluir soluciones
climáticas basadas en los océanos en sus NDC, desbloquearán la financiación oceánica a
través de fondos directos a comunidades insulares y costeras, y ventanillas de financiación
azul.

México: avances y compromisos con los océanos

Para la COP30, los países debían entregar sus NDC actualizadas pero solo 120 de 198 han
entregado este documento. Aunque 9 de cada 10 países incluyeron medidas oceánicas en
sus NDC, el océano sigue estando subrepresentado en las estrategias climáticas y recibe
menos del 1% del financiamiento global.

México entregó su NDC durante la COP, y en esta incluía a los océanos por primera vez en el componente de adaptación.

El documento plantea implementar soluciones climáticas basadas en el océano para reducir su vulnerabilidad y reconoce su importancia como sumidero de carbono, es decir, como depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono de la atmósfera.

También establece fortalecer la investigación sobre acidificación y la variación de
temperatura en aguas oceánicas y continentales; ejecutar acciones de adaptación
contempladas en la Política Nacional de Mares y Costas; proteger especies marinas
vulnerables; e impulsar cooperación internacional para atender enfermedades emergentes
en corales y fenómenos como el sargazo.

“Con toda franqueza, México no ha visto a profundidad la aportación de los océanos al
cambio climático”, expresó Pedro Álvarez, titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).

Anunció que dentro de la meta que adoptó el Gobierno de México de proteger el 30% de la
superficie terrestre y marina del país para 2030, se incluye el objetivo de aumentar a 20
millones de hectáreas las áreas marinas protegidas.

Otras de las medidas impulsadas para la protección de los océanos, señaló Álvarez, han
sido el apoyo a una moratoria contra la minería submarina en 2023, y la intención de crear
corredores biológicos marinos que integren refugios pesqueros, zonas de prosperidad
marina y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Omec).

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), señaló que está en marcha el Programa Nacional de Restauración Ambiental para proteger dunas y manglares, ecosistemas fundamentales para comunidades costeras como barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos como huracanes.

Deudas con el océano

A pesar de estos avances, entre la población latina existen otras preocupaciones sobre
problemas que afectan los océanos como la extracción de petróleo y gas fósil en alta mar, la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. Esto lo descubrió la organización Azul a través de los resultados de la Encuesta Nacional Azul “Latinos y el océano” que realizó en 2024.

Para Gutiérrez, el reconocimiento del océano como parte integral de las soluciones
climáticas ha ido avanzando, primero con la creación de una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos en 2023, y esto podría acelerarse con la entrada en vigor del
“Tratado de Altamar” en enero de 2026, que busca proteger las áreas oceánicas que están
fuera de la jurisdicción de los países y que contará con un mecanismo propio de
financiamiento.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas lo replica con la auitorización correspondiente.

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La Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es una herramienta fundamental para conocer el estado de los proyectos o actividades con impacto ambiental en México.

Esta Gaceta se publica semanalmente e informa sobre los proyectos que ingresan a Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) ante la Semarnat, aquellos que han sido autorizados o rechazados, así como los que se encuentran en fase de consulta ciudadana. Por lo general se actualiza los jueves, aunque también hay publicaciones extraordinarias.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deben someterse a evaluación de impacto ambiental proyectos como: desarrollos inmobiliarios o turísticos en zonas costeras; obras y actividades en humedales y áreas naturales protegidas; actividad minera y acuícola.

El PEIA es el mecanismo mediante el cual la Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) o sus delegaciones federales en los estados, analiza y valora los posibles efectos negativos que podrían generar ciertos proyectos o actividades sobre el medio ambiente.

Para someterse a evaluación, debe entregarse una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Este documento detalla los impactos ambientales potenciales del proyecto en caso de llevarse a cabo, así como las estrategias que empleará el promovente para prevenir, mitigar o compensar dichos efectos.

Tener acceso a la MIA es importante para la ciudadanía porque de esa forma es posible conocer los datos generales del proyecto, características, ubicación, distribución espacial, las obras y servicios asociados, así como el plazo solicitado para su realización. En el documento también se describe las condiciones del sistema ambiental regional; la descripción de los impactos ambientales así como las estrategias que se proponen para prevenirlos y mitigarlos, entre otros datos que solicita la Semarnat.

El promovente, quien es el responsable de presentar la MIA ante la Semarnat, puede ser una persona física, moral o una entidad gubernamental con interés en desarrollar determinada actividad o proyecto.

Consulta ciudadana

Durante el proceso de evaluación, la Semarnat puede requerir opiniones técnicas sobre los proyectos a autoridades estatales o municipales, según su área de competencia.

En este periodo, la ciudadanía, organizaciones o grupos interesados pueden solicitar una consulta ciudadana y/o una Reunión Pública de Información. Si esto sucede, la Semarnat está obligada a abrir un periodo de participación ciudadana, donde cualquier persona interesada puede emitir opiniones técnicas y/o organizar reuniones informativas en las que participen la autoridad, el promovente y la ciudadanía.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Semarnat emite un resolutivo, mediante el cual autoriza o rechaza la ejecución del proyecto o actividad propuesta. El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) debe completarse en un plazo máximo de 180 días hábiles.

Dale seguimiento al trámite

Además de la Gaceta Ecológica, existe una plataforma en línea llamada Consulta tu trámite donde es posible consultar una seria de trámites relacionados al tema de impacto ambiental. Mediante la clave del proyecto, se puede consultar en qué etapa del proceso se encuentra, acceder a la MIA correspondiente y revisar la resolución emitida por la autoridad.

Ejemplo: Paso superior carretera México 15

En la Gaceta Ecológica publicada el 21 de agosto de 2025 se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad particular de la construcción del paso superior vehicular en la carretera federal México 15 en cruce con la avenida Óscar Pérez Escobosa, en Mazatlán. El promovente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Sinaloa.

En la Gaceta se indica que el proyecto se presentó para su evaluación el 19 de febrero y que la resolución se expidió el 9 de mayo con la clave 25SI2025V0005. Al ingresar la clave del proyecto en el portal Consulta tu trámite, es posible encontrar y descargar el resumen ejecutivo, los estudios realizados y el resolutivo, que en este caso fue favorable.

En el resumen ejecutivo se indica que el el paso superior vehicular tendrá una longitud de 335.00 metros, sobre el cual circulará el tránsito de la carretera México 15 (Mazatlán-Culiacán). La duración estimada de la obra es de tres años y la operación de la misma es de 30 años. En el mismo documento de indica que el costo total es de 271 millones 219 mil pesos y que la inversión la realizará el gobierno federal.

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La compañía México Pacific impulsa el proyecto Saguaro Energía, que consiste en un gasoducto de más de 800 kilómetros, desde Texas hasta Puerto Libertad, Sonora, en donde se pretende construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL), para luego ser transportado a Asia.

Aunque este proyecto pretende posicionar a México y Estados Unidos como líderes energéticos a nivel mundial, según la coalición Ballenas o Gas que agrupa a 30 organizaciones de la sociedad civil, también representa una amenaza al Golfo de California que lo volvería una zona de sacrificio para la industria fósil.

El gas fósil que recibiría Saguaro Energía provendría del fracking en Texas, sería licuado en México y tendría una producción de 14 mil millones de toneladas al año. De llevarse a cabo el proyecto, nuestro país se convertiría en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial.

Los mercados exportadores de gas en todo el mundo son Rusia, África, América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico. Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas natural, Asia es el mercado más grande y dinámico del mundo, según un informe hecho por la organización PODER en 2022.

Hasta 2021, México era el segundo mercado de importación de gas natural más grande del mundo y el principal receptor de las exportaciones de Estados Unidos, que crecieron 546% entre 2010 y 2021, según el informe de PODER. Además el informe señaló que México depende en un 90% de las importaciones de gas natural; que no hay otro país con alta dependencia de las importaciones (más del 52%) de una sola fuente; y genera más del 60% de su electricidad con gas, la mayoría de los países no pasan del 45%.

A través de sus redes sociales y comunicados, la coalición Ballenas o Gas ha insistido en que el proyecto únicamente responde a los intereses de la industria del gas fósil en Estados Unidos que busca acceder a mercados asiáticos, por lo que el gobierno mexicano debería de velar por los intereses y bienestar de la población y no por los intereses económicos de empresas extranjeras.

“El proyecto Saguaro no es más que una expresión de la codicia de las corporaciones extranjeras que siguen priorizando sus ganancias por encima del bienestar de nuestra gente nuestro territorio a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos los cuales, además acá en el desierto, son verdaderamente escasos”, dijo Carlos Mancilla, director de la organización BCSicletos, dedicada a la defensa del territorio.

Gasoducto, planta de licuefacción y exportación

Para transportar el gas desde Texas hasta Puerto Libertad, México Pacific propone la construcción del Gasoducto Sierra Madre de 800 kilómetros de largo en territorio mexicano, atravesando 16 municipios de los estados de Sonora y Chihuahua donde hay sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica, detalla uno de los comunicados expedidos por la coalición.

El gas trasladado llegará a la terminal de licuefacción que, según la empresa, medirá 400 hectáreas, un tamaño equivalente a 70 veces el Estadio Azteca. Esta mega infraestructura generará ruido y quemará gas metano en mecheros permanentemente, lo que altera las condiciones actuales de la comunidad de pescadores, señaló la coalición.

Al respecto, Jaqueline Valenzuela, directora de la organización Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA), alertó que la planta recibirá gas natural, un combustible fósil, que al igual que el carbón y el petróleo, proviene de la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años y no es renovable. En lo que respecta al gas natural, tanto su extracción, uso y aprovechamiento tiene una alta gama de emisiones de efecto invernadero.

Para licuar más fácilmente el gas, se va a quemar y eso va a generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que además genera impactos en la salud, explicó Nancy García, colaboradora de CERCA.

Una vez licuado el gas, las organizaciones civiles advierten que México Pacific usará buques de hasta 300 metros de largo para llevarlo a Asia, lo que convertiría el Golfo de California en una ruta de carga y un aumento en la frecuencia del tránsito de embarcaciones.

Esto afectaría la biodiversidad marina, incluyendo el Santuario de la Vaquita Marina; también aumentaría el riesgo de colisiones con las ballenas, ya que interferiría con la ruta migratoria de la ballena gris y jorobada, asegura la coalición.

Estas afectaciones pondrían en riesgo dos actividades que son pilares de las comunidades colindantes con el Golfo de California: la pesca y el turismo.

Saguaro se debilita

Las organizaciones están presionando a las autoridades de México para que reviertan la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Terminal GNL de Sonora en 2006 para la construcción de la planta y para que no autorice el proyecto para la construcción del gasoducto que se encuentra en evaluación.

De esta manera, señalan, se salvaguarda la vida de las comunidades y la biodiversidad del país, ya que permitir el establecimiento de este proyecto resultaría en un daño irreversible para presentes y futuras generaciones.

Ballenas o Gas, habilitó un sitio web para consultar los posibles impactos ambientales del proyecto Saguaro y también inició una petición ciudadana dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al Presidente de los Estados Unidos, que ya alcanzó las 300 mil firmas digitales.

Aunque el jueves 13 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una concesión firmada por la Secretaría de Marina (Semar) para el puerto relacionado con el proyecto Saguaro, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó a través de un comunicado que el proyecto enfrenta cinco demandas de amparo que frenan su desarrollo. Esto significa que aunque el proyecto Saguaro sigue en pie, la presión mediática y la oposición ciudadana lo están debilitando.

A principios de julio de 2025, Mexico Pacific, solicitó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) una prórroga de siete años para iniciar operaciones comerciales. Esta extensión permitiría postergar el comienzo de las exportaciones hasta 2032, en lugar de 2025 como estaba previsto inicialmente.

La empresa argumenta en el documento que no podrá iniciar exportaciones antes del 14 de diciembre de 2025 debido a “circunstancias ajenas a su voluntad”, y que esta extensión es necesaria para consolidar el financiamiento y asegurar su viabilidad a largo plazo.

Este artículo se financió parcialmente con el donativo otorgado a Son Playas por Kirana Yoga y Holi Fest Mazatlán. Si también deseas apoyar nuestro trabajo periodístico especializado e independiente, escribe a contacto@sonplayas.com

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