LA PAZ, México – El pescador mexicano Tomás Valencia, de 70 años, recuerda que hace unos 30 años extraía mucho tiburón del mar.

“Sacábamos tiburón toro, amarillo, azul, punta de lápiz. Agarrábamos hasta siete en una salida, en promedio pescábamos cuatro o cinco”, evoca ante IPS este marinero que empezó a pescar a los siete años y que se ha convertido en una leyenda en Tuxpan, a unos 500 kilómetros al sureste de Ciudad de México, en el estado de Veracruz, un sitio tradicional de pesca y de explotación petrolera.

Pero esos tiempos son recuerdo, pues cada vez capturan menos. “La pesca está difícil. Ya hay muy poco, porque estamos terminando con ellos. A veces hay viajes sin ninguna pesca”, asegura este integrante de la cooperativa Puerto de Tampamachoco, que cuenta con 75 socios, y que en su juventud amarraba tiburones por la cola, mientras otros dos hombres sostenían las redes que los atenazaban.

Los cazadores parten a las siete de la mañana y retornan al día siguiente. La pandemia de covid-19 ha golpeado a la actividad, pues los pescadores no podían zarpar por el riesgo de contagio y el mercado se derrumbó, y aún no se recupera.

Esta historia se repite en otras zonas marinas mexicanas, agravada por la permisividad de las autoridades para tolerar la pesca irregular de especies de tiburón amenazadas y cuyas aletas terminan en China y Hong Kong.

Esa aserción emana del análisis de bases de datos de permisos pesqueros, avisos de arribo de embarcaciones tiburoneras y de exportación de aletas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Falta de uniformidad en los reportes de pesca y quebrantos a las reglas caracterizan la captura de los escualos, cuya presencia en las aguas se remonta a millones de años antes de la aparición de los humanos y cuya importancia es fundamental para la salud de los ecosistemas.

Ello porque como depredadores controlan los niveles de otras especies situadas debajo en la cadena trófica e indirectamente para mantener el buen estado de los arrecifes de coral, ya que los peces herbívoros devoran las algas que pueden dañar esos arrecifes.

¿Cuántos tiburones se capturan?

Datos de la estatal Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), consultados por Inter Press Service (IPS), indican que entre 2011 y mayo de 2021 recibió 109 mil 475 avisos de arribo a puerto de pesca de tiburón, de los cuales 81 332 fueron embarcaciones con menos de una tonelada de capacidad y 28 mil 143 de carga mayor.

Del total, hay 11 128 avisos de arribo de barcas menores con cargas superiores a tres toneladas.

La mayor descarga provino de una lancha no identificada el 30 de octubre de 2019, con 1103 toneladas de tiburón, sin especificar la especie capturada, en Tonalá, a unos 938 kilómetros al sur de Ciudad de México en el sureño estado de Chiapas.

Casos similares, en los que las lanchas reportaron volúmenes de tiburón físicamente imposibles de transportar, ocurrieron en otros sitios de México, como en este municipio de La Paz, en el norteño territorio de Baja California Sur, o San Blas, en el noroccidental estado de Nayarit.

Además, docenas de avisos solo reportan tiburón eviscerado, entero fresco o sin nombre de la nave ni de la especie pescada. Conapesca tiene registradas 8278 embarcaciones, de las cuales 1680 tienen cabida superior a una tonelada y 6598 de tonelaje menor.

Un fenómeno similar ocurre con las solicitudes de exportación de aleta de tiburón bajo Cites, vigente desde 1975 y que cubre a más de 5600 especies de animales y 38 000 de plantas contra la sobreexplotación a través del comercio internacional, según su grado de riesgo de desaparición. La Convención posee tres apéndices que agrupan a las variedades según su nivel de amenaza por el intercambio internacional.

En 2017, ocho dictámenes de extracción no perjudicial (DENP), la herramienta que usa la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) –financieramente dependiente de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que avala la exportación de especies bajo Cites–, menciona casos de reportes de cargas por encima de la capacidad registrada, en 2018, otros tres dictámenes; en 2019, cuatro DENP reflejan esa situación y en 2020, seis más.

Expertos consultados por IPS coinciden en achacar la responsabilidad a autoridades ambientales y pesqueras mexicanas.

¿Cómo se capturan?

Alejandro Olivera, representante en México del estadounidense Centro para la Biodiversidad Biológica (CBD, en inglés), considera “imposible” el desembarco de grandes volúmenes de tiburón en botes menores, porque no pueden transportar esa carga, y achaca el problema a la falla de vigilancia para aplicar la ley.

Ese conjunto de datos muestra un patrón de captura, que explica a IPS un pescador de La Paz que solicitó el anonimato por seguridad. Embarcaciones mayores atrapan tiburones en alta mar y luego reparten los volúmenes en botes menores que enfilan a un puerto para descargar la pesca.

“La falta de control se refleja en muchas pesquerías y hay muchas formas de darle la vuelta a lo que se reporta. La política pesquera se dirige a la falta de transparencia, de trazabilidad de las embarcaciones y de los productos pesqueros. No se comparten los datos satelitales de embarcaciones menores. Es reflejo del desorden, que también tiene falta de datos, y eso impide la gestión sostenible de una pesquería”, explica a IPS.

La consecuencia: la sobreexplotación

Juan Carlos Cantú, representante en México de la estadounidense Defensores de la Vida Silvestre –con sede en Washington–, apunta el dedo hacia Conapesca, la dependencia que regula al sector pesquero mediante la emisión de licencias y el control de las actividades.

“Una de las cosas que hay que entender es que le toca a las autoridades de pesca, tanto el aprovechamiento (de especies) como la vigilancia (de la pesca). Al sector pesca solo le importa la extracción”, cuestiona el experto ante IPS.

Termina de leer el reportaje completo en este enlace de IPS.

DATOS

• 111 especies de tiburones habitan aguas mexicanas, según el Programa de Acción para la Conservación de las Especies Tiburones y rayas de 2018.
• 3 variedades de tiburones están protegidas en México: ballena (Rhincodon typus), blanco (Carcharhodon carcharhias) y el peregrino (Cetorhinus maximus).
• La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera “vulnerables” a los tiburones oceánico de puntas blancas, cornuda prieta, sedoso, zorro o grillo, zorro y zorro pelágico, mientras que cataloga “en peligro” a las variedades cornuda, cornuda gigante y mako de aleta corta.
• Pero México no ha actualizado la norma de protección de variedades amenazadas.
• México es el cuarto mayor productor mundial de tiburones.

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Por: Emilio Godoy/Diálogo Chino

En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de residuos mineros.

En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.

Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.

En 2018, Semarnat denegó la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3.540 millones de dólares por la inversión perdida.

Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.

La Administración Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales.

En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional –la franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana–.

La ZCC contiene casi 6.000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234 millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados –el doble del territorio mexicano.

México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública efectuadas por Diálogo Chino a las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Relaciones Exteriores.

El marco legal encierra una contradicción, pues ISA ha entregado permisos por un millón de km2, pero la CNUDM estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad” y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de interés ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.

Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección internacional de altamar.

Sin claridad en la legislación

Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la Administración Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) proporcione concesiones sin rigor científico.

“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.

Creada en 1994 bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.

De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA), con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation.

Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de evaluaciones de impacto ambiental.

Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.

Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la magnitud de esas operaciones.

“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración, con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El capital rumbo al mar”.

Termina de leer el artículo en este enlace.

El presente artículo fue publicado originalmente por Diálogo Chino, la única plataforma de periodismo independiente dedicada a comprender mejor la relación China-América Latina y sus desafíos de desarrollo sostenible.

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