Lo que inició como un día de sol y playa para Azeneth y Daniel, dos jóvenes capitalinos de vacaciones en Playa del Carmen, en cuestión de segundos se volvió una pesadilla tropical. Mientras descansaban apacibles junto a los camastros de Mamita´s Beach Club, un popular club de playa de Riviera Maya, fueron abordados y esposados por elementos de la policía municipal de Solidaridad bajo el argumento de que invadían —sin consumir— una playa concesionada que, en la operación, funciona como playa privada. Los hechos fueron capturados en video por testigos y la nota se volvió viral.

Para evitar más casos como este, el 21 de octubre de 2020 se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que establece que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”. En caso de que los propietarios y titulares de las concesiones impidan el paso, serán acreedores a una multa de hasta un millón 42 mil 560 pesos. De reincidir, la ley establece las vías para la revocación de dicha concesión.

No conformes con el firme decreto, el pasado 29 de abril de 2021, en el Senado de la República, con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, aprobaron nuevas reformas a los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Dicha iniciativa, impulsada por el senador de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, establece un “acceso libre y franco” a las playas a través de una nueva franja de 10 metros de playa marítima que serían restadas del correspondiente a la Zona Federal Marítimo Terrestre, la cual pasaría de 20 metros a 10 metros a partir de la pleamar.

¿Acceso libre? ¿Debe ser la playa marítima de libre acceso en todos los casos? La nueva propuesta parece enfocarse solo a las playas turísticas, sin embargo, no todas las playas del litoral mexicano son de uso recreativo.

Posibles implicaciones

En opinión del especialista en litorales, Jorge Cáceres Puig, la iniciativa resulta preocupante porque muestra un desconocimiento de cuestiones técnicas y administrativas que a la larga podrían acarrear más problemas que beneficios.

“Se busca legislar como si todas las playas fueran de vocación turística, y realmente las playas recreativas son apenas un 10% de los 11 mil 112 kilómetros de litoral costero”, puntualiza el también exdirector general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El 90% restante son playas en diversas formas; de acantilados, de marismas, en forma de manglares. En geografías como la de Sinaloa, buena parte es aprovechada mediante la acuicultura.

Según el experto de Maris Consultoría Integral, la propuesta de ley genera un nivel de incertidumbre al modificar la definición del término “playa marítima” y con ello peligra los trabajos, por ejemplo, en áreas de conservación ambiental donde el acceso “libre y franco” debe ser limitado por obvias razones, como en el caso de una playa de anidación de tortuga marina.

Una legislación que no los contempla, vulnera a todos los concesionarios: los de conservación ambiental, del sector acuícola, inmobiliarios y desarrollos turísticos por igual.

playas mexicanas
Playa colindante con la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. Foto: Raquel Zapien/Son Playas.

Impacto a los municipios costeros

Cáceres Puig prevé una segura afectación en el rubro financiero de los municipios costeros. En México existen 17 estados con costa: un total de 165 municipios con acceso al mar.

Por ley, estos municipios aprovechan un instrumento jurídico que les permite recibir el monto por pago de concesiones en el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Se estima que el pago de este derecho genera alrededor 677 millones de pesos anuales donde, los municipios de Quintana Roo, son punteros en recaudación con un monto de 280 millones de pesos al año.

Casi un 70% de lo captado por Zofemat, al no estar etiquetado, suele entrar al gasto corriente municipal, y el 30% restante entra a un fondo etiquetado para labores de limpieza, conservación e infraestructura. “Si reduces el 50% de la Zona Federal Marítima Terrestre, entonces reduces en la misma proporción la recaudación”, asegura el experto.

Lo que para Pech Várguez es un “adiós a la privatización de playas”, al final del día, podría ser la bienvenida a nuevos conflictos sociales.

La incertidumbre

Está en el deseo de todos, explica el Dr. Jorge Cáceres Puig, el garantizar un acceso libre a las playas recreativas en México, sin duda, vigilar que nadie se adueñe de ellas, seguro, pero, existen instrumentos jurídicos alternativos más eficientes para lograrlo. “Los mismos municipios podrían solicitar las playas que desean hacer públicas a través de la regulación de la misma. Todos queremos playas libres, pero reguladas”.

Por ahora, la propuesta de reforma a la Ley de Bienes Nacionales está en manos de la Cámara de Diputados. Empresarios turísticos exigen audiencia a los legisladores para que ésta sea estudiada mediante un Parlamento Abierto. Mientras tanto, legalmente hablando, hoy por hoy nadie puede restringir el acceso libre a las playas. No obstante, una brisa incierta lo cunde todo; un espeso aire jurídico que, en aras de la libertad de acceso en playas, podría sólo perjudicarlas.

Zona Federal Marítimo Terrestre

Según el artículo 119, fracción primera de la Ley General de Bienes Nacionales, «Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba«.

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Periodista cachanilla, amante del desierto, con más de 10 años de trabajo enfocado en temas de medio ambiente, turismo y gastronomía. Ha colaborado en medios como Playboy México, Vice Latinoamérica, Open, Ocean Room, WIF, y se suma como pluma invitada de Son Playas. Insta: LosViajados