• Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
• El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
• Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
• Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.

La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.

“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.

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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.

“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.

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La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).

En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.

Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.

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Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.

Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.

Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.

El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.

Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.

Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.

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En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».

La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».

Un Sitio Ramsar en riesgo

Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.

Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.

Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.

“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.

Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.

“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.

Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.

“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.

GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.

Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.

En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.

Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.

Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.

“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.

“No producirán un litro de amoniaco”

Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.

La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.

“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.

Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.

Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.

“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.

Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.

“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.

Este reportaje se publicó origialmente por Mongabay. Son Playas lo reproduce con los permisos correspondientes.

Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas

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El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Once relatores especiales de las Naciones Unidas, que conforman un grupo de expertos y expertas independientes en derechos humanos, manifestaron su preocupación por diversos hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, Sinaloa. Este grupo de trabajo destacó la violencia y persecución persistente sufrida por las personas opositoras al proyecto y la violación a los derechos de las comunidades indígenas Mayo – Yoreme.

«Nos sumamos a la preocupación manifestada por el grupo de expertos y exigimos que se detenga la construcción de la planta de amoníaco y se garantice la seguridad de las personas defensoras ambientales y comunitarias que se han visto agredidas y amenazadas por su participación en la defensa de su territorio», señalaron a través de un comunicado enviado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El pasado miércoles 19 de noviembre, las y los relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron públicas las cartas que enviaron al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, y a los gobiernos de Alemania y Suiza. La información que recibieron y las visitas que realizaron a la bahía de Ohuira y al puerto de Topolobampo han derivado en estas cartas.

«Señalamos que este proyecto está atentando directamente contra la economía y la alimentación de miles de familias mexicanas», advirtieron.

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Afectaciones a la pesca y a la integridad de las personas defensoras

En las cartas, el grupo de expertos manifiesta la preocupación por las graves afectaciones que tendrían la construcción y operación de la planta en el medio ambiente, en los medios de subsistencia de la población, en su salud y en el cambio climático. Entre los impactos severos se destaca “la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas”, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna. Por ende, se estima que este proyecto afectaría irremediablemente la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira.

Además de tratarse de una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar se encuentra reconocido como humedal de importancia mundial (Ramsar) y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Como impacto adicional, la propia empresa GPO, en su Estudio de Riesgo Ambiental, reconoce que ante una fuga de amoníaco de tan solo 5 minutos, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”. Resulta evidente que incluso a partir de información de la propia empresa, este proyecto está jugando con la vida de cientos de miles de personas.

En su comunicado, el CEMDA destacó la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas. Para la redacción de dichos documentos se tomaron los testimonios de graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición de una de las defensoras.

«Resulta urgente que el gobierno mexicano y el Gobierno de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región. Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes», señaló la organización.

Exigen la cancelación de la planta de amoníaco y de la planta de gas natural licuado

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental exigió a la Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores para frenar inmediatamente las violaciones sistemáticas de derechos.

También pidieron que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas de bahía de Ohuira y del estado de Sinaloa, y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco de GPO y negar las autorizaciones para la planta de Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, evitando así, las consecuencias catastróficas que se anuncian con su operación.

Por último, instaron a los medios de comunicación a aportar su cobertura para proteger el actuar de las personas de estas comunidades y en defensa de los sustentos de vida como la pesca ribereña. «Las vidas de los habitantes de esta región y la alimentación de muchas ciudades y comunidades del país está en grave riesgo», concluye el comunicado de prensa.

Organizaciones firmantes

Alianza Mexicana contra el Fracking
Al Rescate del Río AC
Bcsicletos A.C.
Barrio Mapache
Caminantes del Desierto A.C.
CartoCrítica, A.C.
Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, A. C. (CERCA)
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo Agua y Bosques para la vida.
Colectivo Sierra de Juárez
Colectivo Kontrapatria
Comités de Cuenca Río Sonora
Conexiones Climáticas
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC)
Contraloría Autónoma del Agua de los Ríos de Sonora
Cooperativa Familiar Comunitaria Caricias del Monte
Crea un Bosque AC
Defensa Ambiental del Noroeste
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Engenera, AC
Frente Nacional Por Las 40 Horas
Greenpeace México
Nosotras y el Mar
Nuestro Futuro, A.C.
Nuestros Mares
Micelio Urbano
Organización Familia Pasta de Conchos
Orgcas
Geocomunes
Pan y Rosas Sonora
Programa de Investigación de Mamíferos Marinos
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
UCIZONI
Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C.
Wildlands Network Programa México

Las cartas enviadas por las relatorías de Naciones Unidas están disponibles en:
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=OTH%20102/2025

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