Por Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

Cali, Colombia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) es la reunión global de la rendición de cuentas, a la que muchos países llegaron sin cumplir con la tarea que tenían asignada desde hace dos años.

Luego de que se aprobara el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, en la COP15 realizada en 2022, los países debían entregar su Plan de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), un documento en donde deben detallar sus estrategias y acciones encaminadas a cumplir con las 23 metas con las que se comprometieron para el año 2030.

Sin embargo, al comenzar la COP16, sólo 35 de 196 naciones entregaron sus planes completos. Colombia, México, Cuba y Surinam fueron las únicas naciones latinoamericanas que hicieron la tarea, a pesar de que la presentación de los planes es uno de los puntos claves de la COP16, ya que en esta reunión se pretende analizar qué tan realistas, medibles y ambiciosas son las metas e indicadores de cada plan.

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Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, considera que tener sólo 35 NBSAP es algo preocupante, porque en el año 2022 todos los países asumieron el compromiso de revisar sus estrategias y, aquellos que ni siquiera las tenían, debían crearlas y establecer un plan. “Esto era muy importante, porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”, dice Oliveira.

La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta la experta de TNC Brasil.

La cuenca amazónica, sólo con dos planes

La Amazonía enfrenta una crisis por sequías e incendios sin precedentes, lo que ha llevado a que el río Amazonas presente caudales mínimos históricos. Este bioma es clave para la lucha contra las crisis climáticas y de biodiversidad, y aunque hay acciones para su conservación, también existe una creciente preocupación porque se está llegando al “punto de no retorno”, ese momento en el que la pérdida de bosques y servicios ecosistémicos será más acelerada que la capacidad de la Amazonía para recuperarse. En ese sentido, a los expertos les inquieta que, de los países que comparten el bioma, sólo Colombia y Surinam hayan presentado sus NBSAP.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, asegura que es vital que todos los países aceleren la presentación de sus NBSAP y que estos sean medibles, que tengan un enfoque que incluya a toda la sociedad, que involucren la transformación de los sectores productivos y que desarrollen estrategias claras de financiamiento.

“Sin financiamiento va a ser imposible implementar las metas del Marco Kunming Montreal y esto es un tema fundamental dentro de la negociación, porque hay una brecha económica muy grande que superar”, dice Barrera.

Para la especialista de WWF Colombia, la COP16 tiene como misión dejar una ruta clara para movilizar los recursos financieros, revisar los incentivos o los subsidios a industrias que están generando consecuencias negativas sobre la biodiversidad, fortalecer los esquemas de gobernanza y garantizar el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Oliveira considera que falta mayor voluntad política con la biodiversidad: “La voluntad política con la biodiversidad no es tan fuerte. Es necesario más esfuerzo de los gobiernos para traer la agenda de la biodiversidad al nivel de la agenda del clima. Se habla mucho de clima, pero no se habla tanto de biodiversidad. Sin embargo, hoy sabemos que para enfrentar el cambio climático necesitamos de una biodiversidad cada vez más íntegra y más fuerte”.

La expectativa con el plan de Colombia

Durante el primer día de trabajos de la COP16 hubo bastante expectativa porque el gobierno colombiano, anfitrión de la conferencia, dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, lo presentó en rueda de prensa y aseguró que este plan “será la guía que aportará en la protección y conservación de la naturaleza al 2030, a través de cuatro apuestas, seis metas nacionales ambiciosas, medibles y alcanzables y 191 acciones formalizadas que buscan contribuir al cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal”.

Muhamad explicó que una de las metas clave es que Colombia aumente del 24 al 34 % de su territorio bajo alguna medida de protección ambiental. Además, la ministra aseguró que el país busca generar un renglón económico nuevo a través de la bioeconomía —aquellas partes de la economía que utilizan recursos biológicos renovables de la tierra y el mar— que actualmente representa solo el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para que pase al 3 % en 2030, generando medio millón de empleos.

Otros puntos importantes del NBSAP de Colombia se centran en avanzar en la reconversión de cinco millones de hectáreas a modelos productivos sostenibles y con procesos de restauración, así como en la reducción del impacto de economías ilícitas en los ecosistemas del país, “buscando tener una disminución de, por lo menos, el 50 % en los niveles de tráfico de fauna y la afectación por delitos ambientales”, aseguró la ministra de Ambiente.

Ximena Barrera, de WWF, destaca que el NBSAP de Colombia presenta cuatro grandes apuestas. La primera está enfocada en cómo fortalecer el ordenamiento territorial y la integración de las consideraciones ambientales en los sectores productivos.

La segunda es la transformación de esos sectores productivos para proteger la naturaleza y enfrentar el cambio climático. “Esto no es una agenda sólo del Ministerio de Ambiente, sino que involucra a todos los sectores de la sociedad”, dice.

La tercera apuesta tiene que ver con los delitos ambientales, corrupción e ilegalidad. “Necesitamos enfrentar esas economías ilícitas que están generando impactos en los territorios, por ejemplo, la minería ilegal y sus pasivos ambientales”, destaca Barrera.

La cuarta apuesta está enfocada en cómo fortalecer los temas de gobernanza territorial, “reconociendo no sólo la importancia de la biodiversidad, sino de la diversidad cultural”.

Por su parte, Oliveira destaca el impulso que el Plan de Acción de Colombia le da al tema de gobernanza de la cuenca amazónica, con la participación de la sociedad civil, y cree que otros países también deben incluir estrategias en sus planes para conservar los ecosistemas de agua dulce, “porque normalmente se habla de océanos, costas y tierra, pero no se habla de las aguas interiores”.

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Por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam

Cali, Colombia. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad y la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), Astrid Schomaker, dieron inicio oficial a todas las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre se realizará en la ciudad de Cali, considerada la capital del Pacífico colombiano.

“La comunidad mundial debe aprovechar este momento para garantizar que la biodiversidad no sólo se preserve, sino que también se restaure y se valore por el papel crucial que desempeña en el sostenimiento de la vida en la Tierra. La COP16 es el momento de pasar de las palabras a los hechos. El futuro de la vida en nuestro planeta depende de ello”, dijo Schomaker.

Se estima que a Colombia llegaron cerca de 23 000 personas delegadas de 141 países que tienen participación presencial confirmada en esta cumbre. El segmento de alto nivel, donde se darán las negociaciones de los países parte del CDB, contará con la presencia de los presidentes de Brasil, Guinea Bisáu, Guatemala, Mozambique, Perú, Surinam y Haití; los vicepresidentes y viceprimeros ministros de Bolivia, Gabón, Cuba y Kenia, así como decenas de cancilleres.

La COP16 también tendrá cuatro foros temáticos a nivel ministerial: implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal; financiamiento; paz con la naturaleza, y biodiversidad y cambio climático. El evento finalizará el 1 de noviembre con la sesión plenaria donde se hará el reporte, tanto de las negociaciones del segmento de alto nivel como de las conclusiones de la Zona Verde, un espacio interactivo para la participación de la sociedad civil, que espera recibir un promedio de 13 000 visitantes diarios.

Según la ministra Muhamad, la Zona Verde tendrá incidencia formal en el espacio de alto nivel. La ministra de Ambiente de Colombia aseguró que “en esta COP tenemos que dar las herramientas multilaterales para facilitar que los países y toda la sociedad en el mundo puedan implementar las acciones que protejan de fondo la biodiversidad”.

Schomaker espera que el 1 de noviembre se tengan, por lo menos, cuatro resultados concretos. Para ella, la creación del fondo para la repartición de beneficios de recursos genéticos, que están en bases de datos digitales, sería el primer hito de la COP16, porque abre el camino a que el sector privado mundial contribuya económicamente a través de mecanismos multilaterales, cuando se beneficia de los recursos que tienen los países.

El segundo resultado sería la generación de una arquitectura institucional financiera transparente que realmente logre acumular recursos en forma efectiva para la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal.

Se espera que ese mecanismo financiero vaya más allá de la meta 19 propuesta en el Marco Kunming Montreal, que plantea un financiamiento de por lo menos 200 000 millones de dólares.

El tercer logro sería la aprobación del programa de trabajo para los pueblos indígenas y comunidades locales. “Esto implica el empoderamiento político de lo que llamamos los guardianes de la naturaleza, aquellas comunidades en la primera línea de la crisis y el cuidado de la biodiversidad en el mundo que no pueden ser simples beneficiarios de programas, sino que deben ser protagonistas políticos del proceso de conservación, tener una silla en la mesa de decisiones y capacidad de manejar recursos”, dijo Muhamad.

El cuarto resultado esperado es lograr un análisis profundo de cómo van los compromisos nacionales para cumplir las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal en el 2030, a través de mecanismos solidarios e internacionales.

Hasta el 21 de octubre, 108 países habían entregado algunas metas nacionales encaminadas a cumplir con las metas del Marco Kunming Montreal, sin embargo, sólo 35 entregaron completos sus Planes Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés).

En Latinoamérica, hasta el comienzo de la COP16, sólo lo hicieron Colombia, México, Cuba y Surinam.“Si la COP16 logra estos cuatro resultados, habrá generado un aporte significativo para la implementación del Marco Global”, aseguró Muhamad.

El gobierno de Colombia también busca impulsar la coalición Paz con la Naturaleza, que propone proteger la biodiversidad con la movilización de todos los gobiernos y de toda la sociedad. Colombia ha generado una declaración, que hará pública hacia el final de la COP16, y que espera sea firmada por varios países y sectores sociales.“Creemos firmemente que la movilización de la sociedad es la real catalizadora del cambio y que eso hace que los gobiernos también puedan tomar decisiones políticas que no son nada fáciles”, concluyó Muhamad.

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Por Isabel Alarcón/Climate Tracker

En el mundo se jugaron dos torneos decisivos en menos de 24 horas. Por un lado, el último partido del Mundial de Fútbol de Catar y, por el otro, la aprobación del Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal, en Canadá. Pero, para que el primero se pueda seguir desarrollando en el futuro, lo acordado en el segundo es indispensable.

Después de dos semanas de intensas negociaciones en Montreal, los delegados de los países miembro de la Convención de Diversidad Biológica llegaron a un acuerdo sobre el contenido del marco. Este es considerado el instrumento más importante para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta el 2030.

La noticia fue anunciada la madrugada del 19 de diciembre del 2022, último día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15). Aunque el plenario se retrasó casi 10 horas, delegados, representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y medios se mantuvieron firmes a la espera del anuncio que marca el camino para recuperar la vida en el planeta.

Finalmente a las 03:30, Huang Runqiu, presidente de la COP15 y ministro del Ambiente de China anunció que el Marco había sido aprobado y golpeó el mazo contra la mesa. “En mis manos está el paquete que guiará nuestro trabajo para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y es un paquete de documentos del que estamos orgullosos”, dijo Runqiu, ante el festejo y asombro de los presentes.

Este es considerado un momento “París”, ya que muchos lo equiparan con el conocido Acuerdo de París de cambio climático. Además, ha sido definido como un marco histórico por su contenido y por el momento en el que llega. Según estimaciones del IPBES, más de un millón de especies se enfrentan a la extinción y su desaparición es cada vez más acelerada.

Por ello, el acuerdo que deberán adoptar los 195 países miembro más la Unión Europea, contiene cuatro objetivos al 2050 y 23 metas al 2030. Entre estas se destacan la creación y gestión de áreas protegidas, financiamiento destinado a biodiversidad, reconocimiento de los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y la inclusión de una perspectiva de género.

Protección del 30% de la tierra y 30% del océano

Finalmente, los países se comprometieron a proteger al menos el 30% de la superficie de la tierra y el 30% del océano hasta el año 2030. Hasta el momento, se estima que se ha protegido un 17% de la tierra y 8% del mar. Brian O’ Donnell, director de Campaign for Nature, explica que este acuerdo tiene gran relevancia, ya que, si no se protege una porción significativa del hábitat de las especies, se verá un aumento en los niveles de extinción.

El texto indica que esta es una meta global. Es decir, que no se medirá el 30% en cada país, pero es una línea de referencia para las políticas nacionales. O’ Donnell dice que algunos países necesitan proteger menos extensión para asegurar el bienestar de su biodiversidad, pero hay otros que deben superar esta meta.

En la región amazónica, por ejemplo, una protección solo del 30% ocasionaría que el ecosistema dejara de funcionar como un bosque y tendría impactos devastadores para sus habitantes. Esto se relaciona con la propuesta de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quienes mantienen una postura de 80X25. Esto implica proteger el 80% de sus territorios hasta el 2025.

Para Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro de Medio Ambiente de Perú y líder de la Práctica Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el 30×30 es una meta clara y con objetivos que se pueden medir. Esto último es lo que se critica que les faltó a las metas Aichi, que no se cumplieron.

Por eso, el reto ahora para Pulgar-Vidal es que los países fortalezcan los elementos de soporte para su implementación, que son sus planes nacionales de biodiversidad, la movilización de recursos, construcción de capacidades y transferencia tecnológica.

La meta 3, o 30×30, también se relaciona con la 2 que se refiere a la restauración del 30% de la superficie degradada. Estos son elementos esenciales del Acuerdo porque recuperan de manera valiosa dos iniciativas centrales para revertir los procesos de pérdida de naturaleza como restauración y, por otro lado, conservación y manejo.

Áreas protegidas con el consentimiento de pueblos y nacionalidades

Uno de los puntos clave, y que también causó debates, es el reconocimiento a los territorios tradicionales de pueblos y nacionalidades indígenas en la meta del 30×30. O’ Donnell cuenta que, a lo largo de la historia, las comunidades locales han sido expulsadas de sus tierras para la creación de áreas protegidas.

En este texto, además de reconocer la importancia de estos territorios, se aclara que no se obligará a que formen parte de estos mecanismos de conservación, si no se cuenta con su consentimiento previo, libre e informado.

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Para Jennifer Tauli Corpuz, representante del Foro Internacional Indigena sobre Biodiversidad, la forma en la que se redactó esta meta permite abrir un espacio para que gobiernos y pueblos y nacionalidades busquen las formas de cumplirla en conjunto.

Los derechos y el rol de las nacionalidades indígenas también se incluyeron en otras siete de las 23 metas. Corpuz dice que este es un paso histórico, ya que es la primera vez que un acuerdo internacional de este tipo incluye a los pueblos y nacionalidades no solo en su preámbulo, sino en casi un tercio de todo su contenido.

Uno de los retos pendientes es llevar esto a la práctica en cada país y el pedido de la transferencia directa de fondos para la conservación a pueblos y nacionalidades, quienes protegen el 80% de la biodiversidad.

Acuerdo para el financiamiento

El financiamiento fue el punto que generó mayores debates durante las dos semanas de la COP15. En una ocasión los delegados de países en vías de desarrollo abandonaron las mesas de negociaciones en algunas jornadas por este tema.

Incluso, la adopción del Marco durante el plenario final estuvo en riesgo, ya que República Democrática del Congo expresó su rechazo a la forma en la que se plantea administrar los recursos. A pesar de la oposición pública del delegado, el presidente de la COP15 adoptó el texto final.

En este se establece que se destinarán USD 200.000 mil millones anuales, de distintas fuentes, hasta el 2030 para la conservación de la biodiversidad. Esto no corresponde a un nuevo fondo, como pedían algunos países, sino que se realizará en el marco del Fondo para el Medioambiente Mundial.

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Steven Guilbeault, ministro de Ambiente de Canadá, fue uno de los que apoyó este mecanismo, ya que consideraba que el proceso de creación de un fondo nuevo podría retrasar el cumplimiento de las metas.

En esta COP15 también se estableció que la brecha para proteger la biodiversidad es de USD 700.000 millones. Se espera disminuirla a través de los montos pactados.

Por otro lado, se pidió el aumento de USD 20 mil millones anuales hasta 2025 para países en vías de desarrollo y USD 30 mil millones anuales hasta 2030.

“Este acuerdo se centra en las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad, moviliza fondos e incluye a las empresas asegurándose de que asuman su responsabilidad”, resalta Virginijus Sinkevicius, comisario responsable de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, sobre este Marco en temas financieros.

En el acuerdo también se establece la eliminación hasta el 2030 de al menos USD 500.000 millones de subvenciones perjudiciales para la biodiversidad. Cada año se destinan USD 1.800 millones en este tipo de subvenciones.

Inclusión de temas de género

El Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal es el primer instrumento ambiental de este tipo en incorporar una meta exclusiva para cuestiones de género. La meta 23 se refiere a asegurar la equidad de género en la implementación del acuerdo.

Este proceso se inició en la COP14 de Egipto, cuando se anunció oficialmente la creación del marco post 2020 de biodiversidad. Costa Rica fue el país que propuso la inclusión de las cuestiones de género en una meta.

En el texto se aclara que todas las mujeres y niñas deben tener las oportunidades para contribuir con los objetivos de la Convención. En esta meta se reconoce sus derechos al acceso a la tierra y a los recursos naturales, al igual que su participación y liderazgo en todos los niveles de acción.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) considera que este marco de biodiversidad trae un nuevo paradigma de conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad con un enfoque de derechos humanos. Se reconoce también el rol de las mujeres y niñas de las comunidades locales y sus contribuciones diferenciadas.

Además, se establece la protección a los defensores del ambiente y su derecho al acceso a la justicia.

Retos y vacíos por resolver

El Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal empieza a funcionar con dos años de retraso. Debido a la pandemia del Covid-19, la COP15 no se pudo llevar a cabo en el 2020 en China y tuvo que trasladarse a Montreal, Canadá este 2022.

Por ello, la presión de que en los próximos siete años se cumplan las metas cada vez aumenta. A pesar de su aprobación, aún hay aspectos que se excluyeron. Guido Broekhoven, director de investigación y desarrollo de WWF Internacional, explica que la meta relacionada a prevenir la extinción de las especies no es suficiente y es menos ambiciosa que las metas Aichi.

También critica la meta 10, que no especifica el porcentaje de tierra que debe ser destinada a producción sostenible y no motiva a la transformación de los sistemas productivos.

En la meta 15, que se relaciona al rol del sector privado, se removió la palabra “obligatorio” al referirse a la declaración que deben hacer las empresas sobre sus impactos en la biodiversidad. Por otro lado, en cuanto a la huella de producción y consumo, Broekhoven explica que no hay objetivos medibles.

Avaaz manifestó la existencia de vacíos y la necesidad de metas más ambiciosas. La organización respalda la protección no solo de un 30%, sino de un 50%.

Tras la aprobación histórica de este marco, empieza una nueva etapa. Los países ahora deberán actualizar sus estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción para demostrar que los acuerdos alcanzados en Montreal no tendrán el mismo desenlace que las metas Aichi.

Este artículo se publicó originalmente en Climate Tracker el 23 de diciembre de 2022.

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México llega a la COP27 sobre Cambio Climático con el compromiso de aumentar la ambición de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para pasar del 22% al 30% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios, además de una meta condicionada fortalecida del 36% al 40%, que en términos reales permitirá en el mediano y largo plazo proteger a la población más vulnerable.

Lo anterior fue informado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, durante una transmisión para exponer las acciones del Gobierno de México durante su participación en el evento internacional que se celebra en Egipto. La titular de la Semarnat ratificó que la reducción de emisiones de carbono negro se mantiene en 51% en forma no condicionada y 70% por ciento condicionada.

Explicó que para llegar a estas metas la Semarnat tiene identificadas más de 40 medidas en todos los sectores económicos a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el transporte bajo en carbono y en la regulación y fomento industrial, que permitirán una reducción total anual estimada para 2030 de 88.9 MtCO2e (millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente).

Destacó que con el Programa Sembrando Vida, el incremento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la Estrategia Nacional de Carbono Azul, se estima una reducción de 27 MtCO2 (millones de toneladas de bióxido de carbono). En esta administración se han creado tres nuevas ANP: Sierra de San Miguelito, el Lago de Texcoco y Parque Jaguar, en los estados de San Luis Potosí, México y Quintana Roo, respectivamente. Se pretende crear otras cinco para llegar a 190 ANP, lo que contribuiría con una mitigación de 8 MtCO2 anuales para 2030, precisó la titular de la Semarnat.

En lo que respecta al transporte bajo en carbono, destacó el Pacto de Glasgow por la Electromovilidad, con el que se busca que el 50% de vehículos ligeros nuevos vendidos en el 2030 sean cero emisiones; el trabajo remoto o teletrabajo y el fomento al transporte ferroviario, cuyas acciones en su conjunto suman un estimado de 31.4 MtCO2.

En regulación y fomento industrial se calcula una mitigación del orden de 27 MtCO2e a través de un programa para la cogeneración y normatividad de la eficiencia energética, así como la Estrategia Nacional de Economía Circular, con el que se reducirían 3.5 MtCO2e anuales para 2030.

Finalmente, la titular de la Semarnat informó que se llevará también a debate el tema de adaptación climática, que requiere financiamiento y cooperación internacional. En este rubro México ha avanzado con 7 foros regionales y un foro nacional con el que mostrará en la COP una forma de política pública que parte de las comunidades, dijo.

Por parte de la Semarnat asisten a la COP27 el encargado del despacho de la dirección general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Agustín Ávila Romero y el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, Miguel Ángel Zerón, quienes de acuerdo a la agenda se centrarán en los temas ya mencionados: adaptación, pérdidas y daños, y financiamiento climático.

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Por: Michelle Carrere/Mongabay

Hoy empieza la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el encuentro anual más importante sobre acción climática que este año se realiza en la ciudad costera egipcia de Sharm el-Sheikh.

Jefes de Estado, ministros y negociadores, junto con activistas climáticos y representantes de la sociedad civil, deberán avanzar en los resultados obtenidos el año pasado en la COP26, para adoptar medidas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo y en un sistema de credibilidad para asegurar el avance y cumplimiento de las metas.

Mongabay Latam conversó con Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente peruano y actual líder de Clima y Energía para la organización no gubernamental WWF, sobre cuáles son los principales temas que deberán abordarse en la COP 27 y lo que se espera de ella. Además, el experto analizó en qué condiciones se presentarán a estas negociaciones algunos de los países de América Latina.

En su opinión, mientras naciones como Chile y Colombia han establecido satisfactoriamente metas de descarbonización ambiciosas, posicionándose como líderes en el debate climático, países como Perú y México se mantienen ausentes del debate y “no son considerados”, debido al poco y casi nulo avance que han tenido en sus compromisos. “Somos un país casi paria”, dijo el especialista refiriéndose al lugar que ocupa Perú en el escenario internacional latinoamericano.

—¿Cuál es el escenario en el que se desarrolla esta COP?

—Hemos llegado a la COP 27 en una situación gravísima de crisis a nivel global. Tenemos una guerra, una crisis energética, crisis de alimentos y eso está enmarcando el cómo el mundo está moviendo la acción climática.

Lo que espero, y creo que sería un indicador de éxito, es que esta COP mantenga muy vivo el proceso y siga incrementando la ambición climática incluso en tiempos de emergencia. Lo que esta COP tiene que demostrar es que aún cuando estamos en tiempos de emergencia y de crisis política y económica, el proceso no solamente está vivo, sino que el proceso sigue siendo irreversible.

—¿Qué es lo que debe cumplir esta COP?

—Esta es una COP que se celebra sin muchas expectativas de mandatos nuevos. Esta va a ser más bien una COP de implementación, que está fuertemente enmarcada por la demanda de los más vulnerables, para que se siga incrementando la capacidad de definir una meta global en adaptación, pero en especial para una nueva meta global de financiamiento.

—¿De qué se trata esa meta global de financiamiento? 

—En el acuerdo de París se estableció que al 2020 debíamos tener fondos de al menos 100 000 millones de dólares anuales para sustentar la acción climática (de los países en vías de desarrollo y más vulnerables) y que esos fondos debían provenir fundamentalmente de los países desarrollados.

El año pasado se mostró que este financiamiento climático de 100 000 millones de dólares anuales no se ha cumplido. Ahora entonces hay dos retos: cumplir con esa meta y empezar a negociar una nueva, porque todos somos conscientes de que 100 000 millones de dólares anuales es poco dinero para el costo real de la transición. Se espera que en esta COP también se empiece ya a definir con mayor precisión de cuánto sería.

—A inicios de este año, un informe del IPCC señaló que aunque América Latina ya está sintiendo los impactos del cambio climático, no está preparada para adaptarse a él. ¿Cuáles son entonces los temas referentes a adaptación que deben concretarse?

—A la fecha, de casi 200 países en el mundo, solo 37 han presentado planes nacionales de adaptación. En América Latina no son más de 15. Entonces hay mucho reconocimiento del nivel de vulnerabilidad de América Latina, pero América Latina no está cumpliendo su parte que es tener buenos planes nacionales de adaptación.

Por otro lado, el gran problema de la adaptación es que, comparado a la mitigación, no tiene métrica clara. Hay una demanda en el mundo de que se defina una mayor y mejor métrica para medir progreso en adaptación. Es lo que se ha llamado el Global Goal on Adaptation y debe concretarse en la próxima COP28.

En esta COP, entonces, se debe avanzar en el Global Goal on Adaptation, se debe seguir animando a los países a que presenten sus planes nacionales de adaptación y se debe avanzar en recursos financieros para la adaptación. El secretario general de Naciones Unidas ha venido diciendo todo el último año que los fondos para el clima deberían ser 50 % para mitigación y 50 % para adaptación y estamos muy lejos de ello porque la mayoría de recursos están para la mitigación.

—Justamente en temas de financiamiento, ya se han reportado malas prácticas en proyectos de carbono. ¿Será uno de los temas a tratar? 

—La COP26 levantó lo que se llamó la credibilidad. Por un lado está la credibilidad en la parte pública o de los Estados, que tiene que ver con la verificación de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (los NDC, que son los planes en donde cada país expone de qué manera y en cuánto disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero) avancen, tengan metas que estén realmente bien sustentadas y que se pueda medir progreso. Por otro lado está también la credibilidad en la parte privada y es ahí donde está el problema mayor.

El gran debate es que, en primer lugar, no todas las corporaciones forman parte, por ejemplo, de la entidad que está definiendo todo el paquete de estándares. Además, hay un conjunto de corporaciones que están utilizando offsets (sistemas de compensación).

—¿A qué se refiere?

—Muchas organizaciones se oponen fuertemente a los offsets porque en vez de reducir las emisiones de tu propia cadena de valor, más bien sales al mercado a comprar bonos o a compensar tus emisiones con la actividad de un tercero. Lo que sucede entonces es que se desvía la atención del objetivo, que es que haya una reducción real de emisiones en la propia actividad. Ese debate sobre offsets, sobre el rol que pueden cumplir los mercados de carbono y sobre cómo debemos seguir haciendo los estándares más mandatorios, va a enmarcar fuertemente esta COP.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, muy al inicio de este año convocó a un grupo de expertos, un grupo de alto nivel, para tratar este tema. Este grupo está liderado por la ministra de Ambiente de Canadá, Catherine McKenna, que en esta COP va a presentar su reporte. Hay mucha expectativa sobre qué es lo que puede decir ella como recomendaciones para mejorar la credibilidad.

Estamos en un año donde la credibilidad todavía no se ha resuelto, pero esperamos que se avance fuertemente en ella.

—En el tema de ir avanzando en la ambición, ¿qué tanto se ha cumplido? 

—A nivel global han sido muy pocos los países que en el 2022 han presentado metas mejoradas de ambición, es decir de mitigación. A nivel global, el gran déficit es China que no ha presentado su NDC. Estados Unidos, si bien es cierto no ha presentado un nuevo NDC, dictó una ley que, aún cuando está vinculada a la reducción de la inflación, es un gran paquete climático en especial de promoción de energías renovables. Es un buen modelo de implementación muy concreta de una meta. India también ha dado una señal positiva aunque no lo suficientemente ambiciosa.

—¿Y a nivel de América Latina? 

—A nivel de América Latina ha habido muy poco progreso. La COP26 dejó mandatos claros para el futuro del proceso y uno de ellos es que los países deben presentar sus planes de largo plazo y esto es bien importante.

La mayoría de las NDC están hechas con metas al 2030, mientras que la estrategia a largo plazo es la meta al 2050. Son dos planes distintos. Pero las NDC no van a ser útiles si no están atadas a la visión a largo plazo de los países de cómo van a alcanzar la carbono neutralidad. Y hay países de la región todavía pendientes con sus estrategias de largo plazo. Perú es uno de ellos.

—¿Cómo llega Perú a estas negociaciones luego de las críticas que ha recibido el gobierno en cuanto al manejo de la crisis ambiental provocada por el derrame de Repsol, por ejemplo?

—Perú llega muy mal. Si bien es cierto que al inicio del gobierno hubo un par de buenas señales, una de ellas el decreto supremo que declaró emergencia climática e incorporó un conjunto de buenos propósitos, pero hasta la época no hay ningún avance.

Perú es el único país de la Alianza del Pacífico (conformada por Chile, Colombia, México y Perú) que no tiene su estrategia de largo plazo al 2050, lo que es un poco vergonzoso y el Perú no está para nada en el radar de los países políticamente importantes en el debate climático. Es una pena porque todo lo que construimos camino al Acuerdo de París se destruyó irremediablemente y Perú es un país absolutamente ausente, y no considerado en lo más mínimo en el debate climático internacional. Somos un país casi paria.

—¿Qué impactos pueden tener, en las negociaciones, los constantes anuncios del gobierno colombiano de desincentivar la exploración y explotación de hidrocarburos?

—Creo que es una buena señal. Pero creo que América Latina está muy estática en la transición energética, debido a nuestra disponibilidad abundante de fuentes fósiles. Estamos atrapados en la abundancia de combustibles fósiles, en especial petróleo y en muchos casos gas natural, y eso nos ha limitado la conducción de una visión clara hacia las energías renovables, no convencionales o a las energías alternativas tipo el hidrógeno.

Uno de los pocos países que ha avanzado en ese sentido es Chile y probablemente la razón es que es uno de los países con menos fuentes energéticas fósiles, pero los otros países están atrapados y no están mirando el futuro.

—¿Qué cambios cree que puede tener el nuevo gobierno de Petro frente a los compromisos del gobierno anterior? 

— Colombia ha avanzado significativamente. Creo que los presidentes Santos y Duque, a nivel del debate climático y a nivel del compromiso, fueron líderes en América Latina. El presidente Petro en ese sentido tiene la vara bastante alta y creo que sería un avance significativo si él es capaz de llevar a la práctica los compromisos que Colombia tiene en su estrategia al 2050.

Colombia tiene ya una meta bastante ambiciosa. Lo que queremos ahora es ver su concreción en políticas públicas reales, en leyes, en mecanismos financieros, en acciones tangibles.

—Chile está avanzando a paso firme en la transmisión energética y también en la electromovilidad. ¿Qué significa eso en términos de mitigación para la región?

—Chile es un modelo. Hay que tener en cuenta que Chile empezó esto hace muchos años. Probablemente en un inicio la lógica estuvo más orientada a controlar la contaminación en ciudades como Santiago y trabajaron mucho en sistemas orientados a mejorar la calidad del aire. Pero luego incorporaron una variable climática y mejoraron la electromovilidad y las políticas para promover energías renovables. Entonces, Chile tiene claridad de hacia dónde caminar y está absolutamente alineado a la tendencia económica del proceso.

—Sin embargo, Chile tiene serios problemas ambientales ligados a la minería de recursos como el litio que, justamente, son claves para la transición energética. ¿Cómo se puede avanzar en el cumplimiento de los objetivos, pero al mismo tiempo proteger los ecosistemas que contienen estos recursos?

—Todos sabemos que hay una necesidad de extracción de metales para la transición climática: cobre, litio, grafito, cobalto. Y lo que hay es una fuerte presión para que esa minería se haga de una manera distinta. Hoy ya se habla de Smart Mining (minería inteligente) que establece cuáles son las condiciones bajo las cuales debería hacerse esa minería. Para empezar tiene que ser realizada con una fuente de energía que sea renovable. No puedes realizar minería para un metal necesario para la transición energética, si tu fuente de energía es la quema de carbón, no tiene ningún sentido. Entonces hay un conjunto de condiciones de lo que sería esta Smart Mining, en especial para estos metales que van a ser absolutamente necesarios para las transiciones.

—En México se está construyendo una refinería y se sigue apostando a energía fósiles. ¿Qué consecuencias trae esa postura?

—México es un país que se detuvo desde que ingresó Andrés Manuel López Obrador al poder. México tuvo una fuerte y muy interesante dinámica para subastar energías renovables no convencionales y eso se detuvo para seguir apostando a los combustibles fósiles.

Creo que a países como México, no es que los va a sancionar el Acuerdo de París, los va a sancionar el mercado. La economía cada vez más se está conduciendo por consideraciones climáticas. Eso es lo que yo siempre le digo a los gobernantes de América Latina: esto no se trata de que haya un acuerdo que te va a sancionar, quién te va a sancionar es la economía del mundo.

Cuando uno ve que Europa está discutiendo lo que se llama Ajustes de Carbón en Frontera, cuya meta sería establecer un cargo económico a productos que llegan a Europa con alta carga de carbono, ahí tú te das cuenta hacia dónde van las tendencias de la economía y es la economía la que va sancionar a países como México que no tengan responsabilidad climática.

*Imagen principal: futuro 360

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