Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

También lee: Desafíos ambientales de México en 2026: proteger a defensores, cumplir metas climáticas y aumentar el presupuesto

Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

La entrada Que no se otorguen nuevas concesiones mineras es positivo para las comunidades y el medio ambiente: organizaciones se publicó primero en Son Playas.

Desde la Sierra Tarahumara, en el norte de México, hasta Chubut, en la Patagonia Argentina, mujeres de todas las comunidades se han unido desde hace más de una década para proteger la tierra de una de las actividades más intrusivas en América Latina: la minería.

Una de ellas es Francisca Zamora, de 59 años, originaria de la localidad de Santa María Zotoltepec, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, al centro de México. Durante 12 años, Francis, como le conocen en su pueblo, ha participado en la defensa contra proyectos de la empresa canadiense Almaden Minerals y la mexicana Minera Frisco del empresario Carlos Slim.

En Puebla, los municipios de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo han sido el centro de actividades de exploración minera para la extracción de oro y plata. “Mi casa está más o menos a 300 metros de las propiedades (mineras) donde pretendían hacer el cráter”, cuenta la defensora.

Sin embargo, Francisca ha pasado mucho tiempo no sólo enfrentándose a las minas a cielo abierto, sino a su comunidad y a su propia familia, quienes se negaban a reconocer que la minería pudiera traer algún perjuicio. Así que al inicio, cuando Francis se enteró que en el municipio vecino de Tetela se organizaban contra las empresas, empezó su lucha desde su comunidad con una amiga. Y durante varios años solo fueron ellas dos.

“Me sentí rechazada por la gente y hasta por mi propia familia. Fue algo muy difícil porque yo creía que les iba a interesar. Yo conozco a toda la gente, me llevo muy bien con el pueblo y tenía la seguridad de que todo el mundo vería el tema minero, pero ocurrió lo contrario y eso me afectó mucho”, dice la defensora durante la entrevista.

Francis recuerda los comentarios que recibía respecto. Le dijeron que no debía involucrarse; que no tenía que andar sola tan noche después de las asambleas; que debía quedarse en casa porque era mujer. Aunque ella lo que más disfruta es su tiempo sola y su plan de vida nunca ha sido convertirse en madre o esposa. “A mí me gusta vivir mi libertad”, comenta.

También lee: Mujeres cuidan tortugas en El Verde Camacho, Mazatlán

Además del rechazo de la comunidad, Francis también tuvo que hacerle frente a las empresas mineras, de quienes ha visto intimidaciones y amedrentamiento. Incluso una vez recibió una denuncia en el Ministerio Público hacia ella y otros compañeros de los municipios de la Sierra Norte de Puebla.

En México, así como en el resto de América Latina, el sector minero es uno de los más violentos para personas defensoras de territorio y medio ambiente.

De acuerdo con un informe del Global Witness, en 2021 se cometieron 200 asesinatos de personas defensoras de territorio en el mundo. Lo que representa casi un promedio de cuatro homicidios por semana. México ocupó el primer lugar con 54, seguido de Colombia con 33 y Brasil con 26. En su mayoría, por conflictos ligados al sector minero.

En América Latina alrededor de una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres, de las cuales casi dos tercios eran indígenas. En México, las defensoras están más expuestas a violencias como amenazas, acoso, hostigamiento y estigmatización. 

“Debido a la creciente demanda de alimentos, combustibles y productos básicos, la última década ha experimentado un aumento en el acaparamiento de tierras para industrias como la minería, la explotación forestal, la agroindustria y los proyectos de infraestructura, donde las comunidades locales rara vez son consultadas o compensadas”, se explica en el reporte de Global Witness.

En la Sierra Tarahumara, al norte de México, la lucha de las comunidades rarámuris contra la tala ilegal y la minería ha ocasionado el asesinato de al menos 8 defensores del territorio y el desplazamiento de decenas de familias, principalmente, en Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua.

“Las mujeres han sido un pilar muy importante en la lucha de estas comunidades. Han estado activas en los trabajos relacionados a lo jurídico, son ellas quienes van ante las autoridades a hacer las exigencias”, explica Judith González, integrante de la Alianza Sierra Madre A.C., una organización encargada de acompañar a los pueblos, tanto en su defensa ambiental como en otros temas ligados al acceso a derechos humanos.

Judith señala que a diferencia de otros espacios, las mujeres rarámuris no se han visto imposibilitadas de tener lugar como dirigentes, tomadoras de decisiones y creadoras de sus propios espacios. 

Se han opuesto a políticos y caciques, quienes son los principales agentes de agresión en la zona junto con el crimen organizado. Los antecedentes de su participación están desde 2003, cuando mujeres junto con hombres de la comunidad decidieron parar camiones de madera proveniente de tala ilegal. 

También lee: El gigante de amoniaco y un pueblo dividido en la resistencia

“Yo creo que las mujeres somos de decisión cuando nos lo proponemos”, dice Francisca cuando se le pregunta cómo hacerle frente a los proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla, donde la principal amenaza es la canadiense Almaden Minerals con la Minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán.

A pesar de las adversidades, Francis ya no se encuentra sola. Más de 10 años de lucha han generado una mayor organización y alianzas entre las localidades. Incluso hay un grupo de 25 mujeres que se reúnen, platican, ayudan en eventos y hasta llevaron un proyecto de medicina tradicional.

También han tenido logros significativos. Recientemente, la Secretaría de Economía declaró que no era viable darle concesiones a Almaden Minerals luego de un fallo a favor de las comunidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado. 

Actualmente, la petición principal de los pueblos es modificar la Ley Minera que en México permite concesiones de 50 años y coloca a la minería como una actividad prioritaria. “Hay que combatir el problema de raíz”, dice Francisca. 

Respecto a su papel como mujer defensora agrega que sigue haciendo frente ante el machismo que persiste en su comunidad. “Sepamos valorarnos a nosotras mismas y no dejarnos intimidar por los hombres cuando sabemos que podemos tomar decisiones importantes a favor de la vida”.

Esta publicación se publicó originalmente en Periodismo Causa Natura el 8 de marzo de 2023. Foto principal: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.com

También te puede interesar:

Acuerdo de Escazú: Preparan plan de protección a personas defensoras del medio ambiente

Desafíos ambientales de México en 2023: frenar violencia contra defensores, evitar extinción de especies y hacer de la conservación de la naturaleza una prioridad

La entrada Mujeres contra las minas, una defensa ante la violencia y el despojo se publicó primero en Son Playas.

Tras recibir la denuncia anónima, la organización civil informó que la principal preocupación de los pobladores son los posibles daños a la salud y la contaminación del agua para uso agrícola y ganadero, pues ya se ha reportado la muerte de algunos animales. Se estima que el desbordamiento de los residuos mineros pudo haberse originado por el efecto de las lluvias generadas por el huracán Pamela que tocó territorio sinaloense el pasado13 de octubre.

Aunque la organización no dio a conocer el nombre de la empresa responsable del derrame, se sabe que en la zona de influencia del río Pánuco y sus afluentes operan varias mineras que extraen, procesan y comercializan oro, plata, plomo y zinc.

De acuerdo al Panorama Minero del Estado de Sinaloa, que publica la Secretaría de Economía en su portal, las empresas más importantes son: Capprepa, S.A. de C.V., Minera Dos Señores S.A. de C.V. y Silverstone Resourse de México S.A. de C.V. Estas compañías operan minas y plantas para procesar los minerales metálicos llamadas La Verde, Santa Rosa y El Coco, respectivamente. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el hecho ni se han señalado responsables.

Por su parte, Conselva se limitó a emitir un comunicado de prensa para transmitir únicamente la preocupación de los pobladores y las afectaciones que podría generar el derrame en el arroyo Florido, conocido también como San Pablo. Este afluente conecta con el río Pánuco que atraviesa Concordia y desemboca finalmente en el río Baluarte, el cual a su vez termina en el municipio de El Rosario.

Efectos sobre la salud

Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva, advirtió que los jales mineros contienen metales pesados altamente tóxicos como el plomo, plata y cadmio. Cuando termina la época de lluvias, esos metales forman una capa de polvo fino en el lecho del río que puede ser arrastrada por el viento y esparcida sobre el agua y los alimentos de las comunidades, e incluso puede ser inhalado.

Cuando estos metales llegan al torrente sanguíneo se convierten en un problema grave de salud, afectando principalmente a niños y mujeres embarazadas, pues el plomo puede pasar al feto y afectar su desarrollo causando enfermedades y malformaciones; así como para adultos mayores, cuyas condiciones existentes pueden ser agravadas.

Llamado de auxilio

Conselva, Costas y Comunidades A.C. urgió a las autoridades vigentes y a las nuevas administraciones a que atiendan el llamado de auxilio de las comunidades para que la mina responsable limpie estos jales y haga una correcta disposición de ellos.

De igual manera, es indispensable realizar un análisis de calidad de agua subterránea y de uso de los pobladores para asegurar que es seguro su consumo; así como crear una estrategia que incluya capacitación y equipamiento para los municipios para poder llevar a cabo atención inmediata y oportuna ante estos casos.

La organización recalcó que es importante que ante este tipo de accidentes, las minas den a conocer el hecho a las autoridades para que éstas puedan llevar a cabo dichas acciones. La omisión de esta información puede prolongar y agravar las consecuencias e impacto de contaminación.

Como contexto, es importante señalar que en años anteriores se han registrado derrames de desechos mineros en la misma zona.

Te puede interesar:

Lluvias dañan cultivos de maíz criollo en Concordia

Sierra de Concordia es rica en maíces criollos; anuncian apoyos

La entrada Denuncian derrame de jales mineros en afluente del río Pánuco, Concordia se publicó primero en Son Playas.

Por: Emilio Godoy/Diálogo Chino

En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de residuos mineros.

En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.

Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.

En 2018, Semarnat denegó la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3.540 millones de dólares por la inversión perdida.

Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.

La Administración Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales.

En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional –la franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana–.

La ZCC contiene casi 6.000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234 millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados –el doble del territorio mexicano.

México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública efectuadas por Diálogo Chino a las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Relaciones Exteriores.

El marco legal encierra una contradicción, pues ISA ha entregado permisos por un millón de km2, pero la CNUDM estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad” y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de interés ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.

Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección internacional de altamar.

Sin claridad en la legislación

Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la Administración Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) proporcione concesiones sin rigor científico.

“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.

Creada en 1994 bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.

De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA), con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation.

Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de evaluaciones de impacto ambiental.

Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.

Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la magnitud de esas operaciones.

“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración, con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El capital rumbo al mar”.

Termina de leer el artículo en este enlace.

El presente artículo fue publicado originalmente por Diálogo Chino, la única plataforma de periodismo independiente dedicada a comprender mejor la relación China-América Latina y sus desafíos de desarrollo sostenible.

También te puede interesar:

Lo que debes saber sobre la reforma que afectaría a las playas mexicanas

Mazatlán tendrá un Centro de Investigaciones Oceánicas

La entrada Ambición minera llega al fondo marino se publicó primero en Son Playas.