Cynthia Dehesa, directora de Ciudadan@s por la Transparencia, señaló que esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la información como derecho llave que permite la defensa de otros derechos. Subrayó que la ley debe garantizar el derecho a entender, mejorar la calidad y utilidad de la información pública y asegurar una verdadera apertura institucional.

Asimismo, hizo un llamado a que el proceso legislativo se realice bajo el principio de Parlamento Abierto, incorporando activamente la voz ciudadana en todas las etapas, e incluyendo la propuesta de 14 recomendaciones:

1. Mantener la progresividad de la ley. Garantizar que esta nueva ley amplíe derechos y no los limite.
2. El acceso a la información debe ser oportuno. Para que permita la participación pública en la toma de decisiones.
3. Armonización de las leyes. Se deben armonizar el resto de las leyes del estado en las que involucra el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana.
4. La ley debe garantizar el derecho a entender.
5. Rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones.
6. Mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
7. Garantizar la accesibilidad de toda la información pública.
8. La Reforma a la Ley de Transparencia debe garantizar la Apertura Institucional real.
9. Reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.
10. Garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental ejecutado por instituciones militares.
11. Coordinación y claridad de responsabilidades para que el sistema funcione.
12. Integrar en la ley el fortalecimiento municipal en materia de transparencia.
13. Reforma integral de los archivos,  para asegurar que la información pública esté bien gestionada, sea fácilmente accesible y esté disponible a largo plazo.
14. Acceso a la información sin excusas.  Cuidar el lenguaje de la ley: prevenir cualquier fraseo que limite el derecho a saber y definir claramente qué es La Paz Social para evitar reservas innecesarias de la información.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que estas recomendaciones fueron desarrolladas por organizaciones locales y nacionales tras un ciclo de conversatorios especializados impulsado por World Justice Project (WJP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO) y el conversatorio «Ecotransparencia» impulsado desde sociedad civil.

Por su parte, Valeria Rinderstma, presidenta de AMEXME Riviera Maya, destacó la importancia de la Ley, para el sector empresarial. Destacando que una ley clara y robusta es fundamental para fortalecer la confianza con el sector y brindar seguridad jurídica para los empresarios e inversionistas mejorando el entorno de negocios. También remarcó que el sector empresarial se suma a la vigilancia y cumplimiento de leyes más claras, que generen confianza y competitividad.

Desde el enfoque ambiental, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua, remarcó la importancia de incluir referencias claras a las características de las poblaciones locales y mecanismos efectivos de participación para defender los recursos naturales del estado, mencionó que las comunidades deben de contar con información útil y real para la defensa del agua, el territorio y el futuro ambiental del estado y enfatizó que si no hay una ciudadanía informada no habrá una sostenibilidad real.

Finalmente, Aarón Siller, director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), recalcó que la transparencia ambiental debe garantizarse como un derecho humano, conforme al Acuerdo de Escazú. Reconoció que hay sesgos desde la ley anterior, y que esta reforma es una oportunidad para mejorar. Mencionó que actualmente, en cada solicitud de información que se realiza, se lleva a cabo el proceso de recurso de revisión porque no existe la voluntad de facilitar a la ciudadanía la información, sobre todo en asuntos ambientales. Por último, hace un llamado a reconocer la naturaleza del estado con ecosistemas únicos y que son clave para el turismo, y que estas particularidades deben de reflejarse en la ley.

La sesión finalizó con un llamado al Congreso del Estado para garantizar un proceso legislativo abierto, transparente y con verdadera participación ciudadana. Invitaron a la ciudadanía, medios y actores institucionales a difundir la propuesta, construida colectivamente.

Las organizaciones participantes son: Ciudadan@s por la Transparencia, AMEXME Riviera Maya, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Centinelas del Agua, CIMAC Cozumel y Amigos de Sian Ka’an se suman para presentar

Consulta la transmisión en vivo:

ttps://www.facebook.com/reel/1415352039595419

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Por: Raquel Zapien/Son Playas

Quito, Ecuador.- A un año y medio de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se dio inicio al diseño del plan de acción para la protección, acceso a la justicia y reparación de daños a personas defensoras del medio ambiente, documento que deberá presentarse para su aprobación en el 2024, durante la celebración de la Conferencia de las Partes.

De esta manera se pretende que los Estados signatarios del tratado regional garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Acuerdo.

Las líneas de acción que serán incorporadas en el documento se discutieron en las mesas de trabajo que se realizaron durante el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, con sede en Quito, Ecuador, el 22 y 23 de noviembre y con la participación de más de 120 personas de 20 países.

El foro de dos días inició y concluyó con denuncias de agresiones, desplazamiento, asesinatos y criminalización, expuestas por líderes indígenas de Colombia, Brasil y Guatemala.

“En el continente todos los pueblos originarios no tenemos acceso a la justicia, se nos sigue tratando con mucha discriminación y con mucho racismo. En Guatemala se han impuesto megaproyectos en donde despojan y saquean los bienes de la vida que nosotros venimos cuidando”, advirtió Bernardo Caal, líder del pueblo maya q’qeqchí, quien hace siete meses salió de la cárcel tras cuatro años de prisión. Su detención se dio después de firmar un amparo en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas de la compañía Oxec sobre el río sagrado Cahabón.

El maestro, víctima de criminalización, acusó al Estado de estar al servicio de quienes despojan y saquean a los pueblos, sin tomar en cuenta a sus habitantes. Algo similar ocurre en la Amazonía brasileña, en donde empresas mineras y madereras invaden los territorios de las familias indígenas, según denunció la representante de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kakinde, Neidinha Cardoso.

“La situación que vivimos en Brasil es extremadamente seria, la minería ha matado a niños, mujeres y hombres indígenas, ha asesinado a defensores del medio ambiente y en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Bolsonaro, vivimos momentos de verdadero terror sin que los pobres indígenas, los afrodescendientes y la población que lucha por los derechos humanos del medio ambiente puedan vivir de una forma tranquila”, señaló durante el primer panel del foro.

Dijo que en la Amazonía hay 14 pueblos indígenas aislados que sufren la amenaza de genocidio sin ningún tipo de protección. Las mujeres, niñas y niños, son la población más vulnerable ante estos peligros.

“Niñas y niños están siendo violados para que las empresas y personas se enriquezcan”, alertó.

Las mujeres, niñas y niños del departamento andino-amazónico Putumayo, en Colombia, también han sido los más vulnerables ante la llegada de empresas mineras que buscan cobre y de grupos armados que atacan a sus pobladores obligándoles a abandonar sus tierras, según el testimonio de Elvira Jossa, líder indígena de la Asociación de Pensamientos Ancestrales ‘Oh Corey’.

“Es duro, no es fácil ser mujer, ser indígena y ser desplazada y tener que salir de tu territorio; no es fácil enfrentarte a esta vida”

Elvira Jossa

Horas más tarde, otra de las líderes participantes del foro, Zulma Yulier Ulcre, del pueblo Nasa de Colombia, recibió la noticia de que dos de sus compañeros fueron asesinados por defender el territorio. Ella misma hizo público el suceso durante la clausura del evento que reunió a representantes de pueblos indígenas, organizaciones ciudadanas, instancias internacionales y de los gobiernos signatarios del Acuerdo de Escazú. Después, la audiencia se puso de pie y guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Entonces, el representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América del Sur, Francisco Xavier Mena, reconoció que en Latinoamérica se registran tres de cada cuatro asesinatos de defensores ambientales que se reportan a nivel mundial y urgió a los países a adherirse al tratado y proteger a las y los defensores.

Pese a la relevancia del tema, no se programó la cobertura de medios de comunicación en el evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

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Las estadísticas

Por otra parte, los registros de la organización Global Witness indican que en los últimos 10 años han sido asesinadas al menos 1733 personas defensoras de la tierra y del ambiente en el mundo. Tan solo el año pasado se documentó el asesinato de 200 personas, lo que representa un promedio de casi cuatro crímenes por semana. En esta ocasión, México ocupó el primer lugar con un total de 54 asesinatos, de los cuales, más del 40% corresponde a indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

De acuerdo con el informe presentado en septiembre de este año por esa organización, los ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras “que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.

Durante un panel del foro, Francisca Stuardo, asesora de Global Witness, manifestó que muchos de estos asesinatos podrían haberse evitado si se contara con políticas públicas de protección, pues una parte de las víctimas ya había denunciado de forma pública y ante autoridades los riesgos a los que se enfrentaban.

Las propuestas

A través de mesas de trabajo, las personas que asistieron al foro propusieron medidas de prevención, protección, respuesta y acceso a la justicia para quienes defienden el medio ambiente, así como mecanismos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Se destacó la necesidad de que se capacite en temas de derechos humanos y asuntos ambientales a servidores públicos de todos los poderes y ámbitos de gobierno, incluyendo a policías y fuerzas armadas. También se hizo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información clara y oportuna; que todas las acciones previstas en el plan tengan perspectiva de género e intercultural y que se reconozca la labor de las personas defensoras.

En las conclusiones se incluyó la creación o fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y comisiones nacionales de seguimiento y vigilancia. Además de echar a andar estrategias de prevención y protección, se pide que los Estados signatarios incluyan presupuestos suficientes, mecanismos de ejecución rápidos y que respondan a diferentes situaciones y/o contextos.

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En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas que cubren temas de medio ambiente deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del citado tratado internacional, especialmente quienes laboran en medios de comunicación locales y de forma independiente.

Todas estas propuestas serán incluidas, junto con la opinión de expertos, en un plan de acción que establecerá mecanismos para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho documento será presentado para su aprobación por los estados signatarios en la Conferencia de las Partes  (COP) que se realizará en el 2024.

Previamente, se presentará un informe del primer foro en el marco de la COP 2023 que está programada para abril en Argentina, mientras que el borrador del plan de acción será expuesto para su revisión en noviembre de ese mismo año en un segundo foro.

Participación ciudadana

La participación de las organizaciones ciudadanas ha sido y será un motor para que el primer tratado ambiental de la región avance, aseveró Olimpia Castillo Blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental S.C., quien ha participado desde los orígenes de esta iniciativa.

“El Acuerdo de Escazú podrá ser el mejor instrumento del mundo pero si no movilizamos para que se cumpla no va a suceder nada”

Olimpia Castillo Blanco.

Mencionó que si bien existe una amplia representación de organizaciones civiles en el proceso, hay defensoras y defensores que no se han podido integrar a la discusión por limitantes geográficas y digitales. Otro reto es garantizar que las mujeres sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación del plan de acción del Acuerdo con una perspectiva de género.

Sobre este último tema, la organización Veredas A.C. advirtió que aún falta que se reconozca el liderazgo de las mujeres que están en la primera línea de defensa del territorio. A través de un posicionamiento, también señaló que los avances del Gobierno mexicano han sido limitados, entre otras cosas, porque hasta el momento no existe un diagnóstico de la situación de las personas defensoras y porque en las dos reuniones que se han realizado para validar el tratado ha faltado mayor representatividad de las personas defensoras de comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, Irene Murillo, una de las seis personas electas como representante del público para integrar el grupo de trabajo del Acuerdo de Escazú, manifestó que la sociedad civil seguirá estando representada para hacer planteamientos a los Estados, como ha ocurrido desde el principio.

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Sobre el Acuerdo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y un año después se realizó la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1).

Este tratado regional busca garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó a Son Playas que de los 33 países de la región, 24 han signado el Acuerdo y 12 lo han ratificado; se espera que Colombia también lo ratifique al contar con la aprobación de las cuatro instancias de debate legislativo de ese país.

Su implementación en México

México ratificó el tratado el 22 de abril del 2021. Anteriormente, ha signado otros tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel nacional se dispone de un marco jurídico aplicable al Acuerdo de Escazú, tal es el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de leyes ambientales. Con el Acuerdo de Escazú, se espera que las leyes mexicanas se perfeccionen, se impulsen, se apliquen y se eleven los niveles de efectividad en la protección de las y los defensores del medio ambiente.

DATOS

• El portal de periodismo ambiental mexicano, Son Playas, participó en un panel y mesa de trabajo para exponer la necesidad de que se considere la labor de periodistas ambientales en los mecanismos de protección del tratado.
• El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú para dar cumplimiento al artículo 9 del tratado.

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La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llamaron a los Estados a proteger su labor.

También alentaron a los países que aún no han ratificado este acuerdo internacional a hacerlo pronto e instaron a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.

Personas defensoras del medio ambiente

A pesar de la importancia de su labor, se han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

La ONU-DH informó que se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones. Por eso se exhortó a los gobiernos a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Implementación del acuerdo en México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó hoy que se realizaron reuniones de coordinación para definir los trabajos de implementación del Acuerdo en México, en principio con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos.

Resultado de estas reuniones se integraron tres subgrupos interinstitucionales para definir de qué forma se implementará el Acuerdo para cada uno de los derechos de acceso a la Información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, durante marzo y abril. Asimismo, se constituyó el Grupo de Trabajo del Sector Ambiental para la implementación del Acuerdo, encargado de desarrollar hojas de ruta, definiendo acciones, metas, responsabilidades y calendarios orientados a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento internacional.

Antecedentes

• El Acuerdo de Escazú se acordó el 4 de marzo de 2018 en la municipalidad de Escazú, Costa Rica.

• Es el primer esfuerzo multilateral para enfrentar de manera integral asuntos ambientales y de derechos humanos en las regiones latinoamericana y caribeña.

• México suscribió el documento el 27 de septiembre de 2018.

• El Senado de la República ratificó el tratado el 5 de noviembre de 2020.

• El Gobierno de México ratificó su adhesión ante el secretario general de la ONU el 22 de enero de 2021.

• El Acuerdo está conformado por 26 artículos, con enfoque de derechos humanos, y reconoce los derechos de acceso en materia ambiental.

• En el Artículo 2, inciso a) se establece el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Aquí puedes descargar el Acuerdo de Escazú.

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