Este 22 de abril de 2021 entró en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del  medio ambiente.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llamaron a los Estados a proteger su labor.

También alentaron a los países que aún no han ratificado este acuerdo internacional a hacerlo pronto e instaron a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.

Personas defensoras del medio ambiente

A pesar de la importancia de su labor, se han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

La ONU-DH informó que se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones. Por eso se exhortó a los gobiernos a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Implementación del acuerdo en México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó hoy que se realizaron reuniones de coordinación para definir los trabajos de implementación del Acuerdo en México, en principio con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos.

Resultado de estas reuniones se integraron tres subgrupos interinstitucionales para definir de qué forma se implementará el Acuerdo para cada uno de los derechos de acceso a la Información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, durante marzo y abril. Asimismo, se constituyó el Grupo de Trabajo del Sector Ambiental para la implementación del Acuerdo, encargado de desarrollar hojas de ruta, definiendo acciones, metas, responsabilidades y calendarios orientados a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento internacional.

Antecedentes

  • El Acuerdo de Escazú se acordó el 4 de marzo de 2018 en la municipalidad de Escazú, Costa Rica.
  • Es el primer esfuerzo multilateral para enfrentar de manera integral asuntos ambientales y de derechos humanos en las regiones latinoamericana y caribeña.
  • México suscribió el documento el 27 de septiembre de 2018.
  • El Senado de la República ratificó el tratado el 5 de noviembre de 2020.
  • El Gobierno de México ratificó su adhesión ante el secretario general de la ONU el 22 de enero de 2021.
  • El Acuerdo está conformado por 26 artículos, con enfoque de derechos humanos, y reconoce los derechos de acceso en materia ambiental.
  • En el Artículo 2, inciso a) se establece el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Aquí puedes descargar el Acuerdo de Escazú.

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