Por Víctor Renné Rodríguez
En altamar, una parte de la flota pesquera industrial opera bajo preocupantes niveles de opacidad. Enormes embarcaciones pesqueras con potentes motores navegan los mares internacionales en busca de cardúmenes de peces que valgan la faena y generen ganancias no solamente a la tripulación, sino mayormente a sus inversionistas.
Muchas de estas embarcaciones, según el estudio de Oceana presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia, eluden su responsabilidades legales al aprovecharse de la opacidad y falta de gobernanza para evadir reglamentos ambientales, laborales y fiscales.
Bajo este esquema de negocio, la bandera que ondea en estas embarcaciones es apenas la primera cara de un entramado laberíntico que esconde intermediarios e inversionistas repartidos alrededor del mundo.
Una de cada seis embarcaciones pesqueras industriales, según el estudio de EqualSea Lab y Oceana, opera con una bandera diferente a la de la empresa apoderada, y al menos dos terceras partes de la flota pesquera industrial mundial carece documentación actualizada sobre la empresa que financia dichas operaciones.
Los números evidencian la falta de capacidad operativa en términos pesqueros de muchos países, México entre ellos, de incrementar la minuciosidad en la emisión de registros y permisos de pesca, particularmente cuando cuentan con inversiones del extranjero.
Si bien el abanderamiento de las embarcaciones es parte de un registro obligatorio en cada país, muchas empresas pesqueras tuercen el reglamento bajo un esquema de negocio internacional que premia la productividad sobre el respeto a las regulaciones y controles de cada país, entre ellas, las de sostenibilidad pesquera.
En la actualidad, los registros de embarcaciones pueden ser accedidos a través de la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las embarcaciones pesqueras no están obligadas a presentar dicho registro ante el organismo internacional, lo que da como resultado que apenas el 1% de las embarcaciones pesqueras industriales puedan ser rastreadas.
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A este limitado porcentaje, se suma la falta de datos sobre beneficiarios finales, quienes en muchos casos se encuentran a miles de kilómetros de distancia, bajo otra jurisdicción nacional. Entre la embarcación y el dueño real pueden existir varios intermediarios bajo diversas figuras jurídicas que vuelven cada vez más compleja la operación, en veces, haciendo casi imposible la rendición de cuentas de todos los participantes de operaciones pesqueras que operan bajo prácticas ilegales.
Este perjuicio al ordenamiento y la sostenibilidad pesquera incrementa en países de Latinoamérica, África y Asia, donde la infraestructura es débil y la gobernanza está sobrepasada por la corrupción. En los contados casos en que las autoridades logran llevar un caso de pesca ilegal o violación de derechos laborales ante los tribunales, capitanes y tripulación terminan por absorber las sanciones legales, sin afectar legalmente a los apoderados de la operación.
La incapacidad de implementar la justicia a todos los involucrados, principalmente a los beneficiarios finales, hace de este esquema uno que crece preocupantemente alrededor del mundo.
Transparencia de propiedad y rendición de cuentas
Según el estudio, el rezago en transparencia pesquera en México es considerable. Más de la mitad de las embarcaciones pesqueras industriales nacionales no cuentan con registro que conecte a las embarcaciones con los dueños legales. Es decir, podrían estar operando bajo un esquema internacional sin que las autoridades tengan conocimiento documental del acto.
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Conocer quiénes participan en actividades ilegales dentro de las embarcaciones pesqueras industriales requiere obligadamente de cooperación internacional. El estudio de EqualSea Lab establece que la transparencia de propiedad, la cual requeriría a los países de los beneficiarios finales la obligación de registrar, presentar y transparentar todas las actividades e inversiones en flotas pesqueras a nivel internacional, es un paso fundamental.
La creación de bases de datos, alimentadas por los países, organizaciones internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, apoyaría enormemente en la revisión constante de patrones recurrentes de embarcaciones que cambian constantemente de bandera, de quienes eluden sanciones de un país, con el objetivo de favorecer la rendición de cuentas.
Entre las recomendaciones dadas por el reporte, destaca la responsabilidad de los países de solicitar y verificar información de los propietarios o beneficiarios finales durante durante el registro de pesca y hacer de esta información de acceso público; la responsabilidad de las empresas privadas de presentar el registro de sus actividades en otras jurisdicciones, y el liderazgo de la Organización Marítima Internacional en la integración de datos para promover la rendición de cuentas.
La conjunción de todo, visto como la ruta crítica favorable, depende de la participación activa de los países involucrados, organizaciones internacionales y la iniciativa privada. Mientras tanto, una estela opaca sigue cubriendo a la flota pesquera internacional que navega bajo este esquema que promueve la ilegalidad.
Dependerá de la cooperación internacional de todas las partes el tomar riendas en el asunto si se quiere que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos pesqueros cada vez más impactados.
La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.
