La violencia que se vive en Sinaloa ha limitado la labor periodística, lo que a su vez ha dejado a regiones invisibilizadas, revela estudio de la organización civil Iniciativa Sinaloa.
Culiacán, Sin., a 17 de noviembre de 2025.- Cerca de la mitad del territorio
sinaloense se encuentra en condiciones de silencio informativo. En al menos nueve
municipios —Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa,
Cosalá, Rosario y Sinaloa— el periodismo está limitado por la violencia criminal.
En estos territorios, el control del crimen organizado, la falta de infraestructura, la
marginación y el abandono institucional impiden la labor informativa y han desplazado
o intimidado a quienes intentan ejercerla. En contraste, Culiacán, Mazatlán y Ahome
concentran más del 84% de la actividad periodística y de los medios locales, lo que
genera una profunda desigualdad informativa: mientras las ciudades mantienen cierto
nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas.
Estos fueron parte de los hallazgos de la investigación “Voces en resistencia: libertad
de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, realizada por Iniciativa Sinaloa con
apoyo de la Embajada de Noruega en México, presentada el viernes 14 de noviembre en Culiacán en el marco del Foro “Libertad de Expresión bajo fuego: desafíos y alternativas en
Sinaloa”.
El estudio examinó las condiciones en que se ejerce el periodismo en el estado y las
consecuencias del silenciamiento informativo derivado de la violencia criminal y de la
censura institucional, lo que se identificó como una censura de “doble cerrojo” en el
estado, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.
El propósito de la investigación fue visibilizar las regiones donde la inseguridad, la
censura y el miedo han reducido al mínimo la cobertura periodística, afectando el
derecho de la sociedad a estar informada y debilitando la democracia, comentó Sibely
Cañedo, coordinadora de Iniciativa Sinaloa y coautora del estudio.
Para lograr esto, explicó, se utilizó una metodología mixta que incluyó tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas, entrevistas a profundidad con periodistas, monitoreo de
medios y análisis estadístico, así como la aplicación de una escala de silenciamiento
con base en indicadores como la falta de acceso territorial, nivel de agresiones a la
prensa, ausencia de periodistas y medios, registro de amenazas del crimen
organizado, entre otros.
“El contenido informativo, en buena medida, replica narrativas oficiales. Cerca del 50%
de los medios analizados fueron clasificados como oficialistas, mientras que solo el 6%
realiza periodismo de investigación. Temas cruciales como corrupción, violaciones a
derechos humanos, narcotráfico o seguridad pública han desaparecido de la agenda
pública en numerosos municipios”, detalló Cañedo.
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Por su parte, la periodista Sheila Arias Martínez, quien colaboró en la investigación,
destacó las dificultades para hacer periodismo en las regiones de la sierra y
comunidades rurales, donde informar puede poner la vida en riesgo, además de que
esto representa hacer el periodismo en soledad, muchas veces sin apoyo de sus
empresas ni de las autoridades.
“Hay casos muy impactantes de periodistas que resisten para seguir informando, sobre
todo en territorios vulnerables, periodistas que en años no han recibido ninguna
capacitación ni cuentan con respaldo de sus empresas, también sienten a las
instituciones muy lejanas a su problemática”, relató la también activista, quien se
encargó de realizar más de 30 entrevistas con periodistas de todo el estado.
A pesar de ello, la investigación también identifica formas de resistencia y resiliencia
entre periodistas locales. Muchos de ellos han desarrollado estrategias de
autoprotección, alianzas entre colegas, acompañamiento con organizaciones civiles y
uso responsable de las redes digitales para continuar informando.
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Destacan relevancia del estudio
Durante la presentación, se contó con los comentarios de Belem Angulo, periodista de
Noroeste, de José Manuel Salas, director del portal Link Sinaloa y con amplia
trayectoria en la cobertura de temas de seguridad, así como de Jan-Albert Hootsen,
representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés).
Entre los hallazgos de la investigación, Belem Angulo destacó que existan municipios
sin ningún periodista, lo cual consideró grave, ya que es una función muy importante
en cualquier sociedad democrática.
Por su parte, Manuel Salas indicó que la investigación refleja gran parte de la realidad
que viven los periodistas en el actual contexto de “narcoguerra”, en el que a pesar de
todos los peligros, hay reporteros que persisten en la cobertura de calle, verificando en
campo los reportes que circulan en redes sociales y que muchas veces resultan falsos.
En opinión de Jan-Albert Hootsen, el estudio es único en su tipo y aporta luces sobre
este fenómeno y que debe ser tomado en cuenta para las acciones de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar al
periodismo independiente.
Conclusiones y recomendaciones
Finalmente, las investigadoras expusieron que las consecuencias del silenciamiento
informativo van más allá del ámbito periodístico.
La falta de información sobre las violaciones a derechos humanos, los abusos de autoridad o la corrupción contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar las luchas sociales, especialmente las encabezadas por mujeres buscadoras, defensoras y comunidades desplazadas.
En las zonas donde la prensa ha desaparecido, el crimen organizado no solo
domina el territorio, sino también busca controlar la narrativa pública, mediante la
desinformación y la propaganda digital.
En sus conclusiones, el estudio sostiene que la violencia, la desigualdad territorial y la
fragilidad institucional han consolidado un mapa de silencios estructurales que limita la
participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia.
Frente a ello, Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que ejercen en territorios marginales; abatir la impunidad en casos de crímenes y agresiones contra periodistas; y promover políticas que impulsen el periodismo local, independiente y con perspectiva de derechos humanos.
Propuestas para la política de protección:
● Monitoreo continuo de cambios por municipio (picos de riesgo) y revisión
trimestral de protocolos.
● Protección diferenciada: instrumentación de protocolos especiales para
periodistas de frontera para prevenir y atender amenazas y/o agresiones, así
como monitoreos continuos en coyunturas de conflicto.
● Fortalecimiento de periodismo local: emprender campañas para el
reconocimiento de periodistas de frontera, quienes reportean en territorios de
riesgo y marginales, como en los pueblos de la sierra.
● Periodismo comunitario: Impulsar capacitación para periodistas
comunitarios en diferentes regiones del estado de Sinaloa, en especial en las
zonas silenciadas.
Consulta el estudio completo en este enlace.
