Las personas inconformes también entregaron una carta en la oficina de la Presidencia Municipal, dirigida a la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y habilitaron una petición de alto a la tala de mangle en Change.org

“El Arroyo Jabalines es la zona de principal descarga pluvial de todo el municipio y es muchísima el agua que encausa, no se puede resolver el tema de la inundación cortando mangle, ni abordar sólo un tramo, se necesita todo un análisis”, declaró Claudia Peraza Durán, bióloga, ambientalista y vecina del fraccionamiento Jacarandas, donde se comenzó el corte de mangle.

La manifestación, realizada en una zona que históricamente ha estado propensa a inundaciones, contó con la participación de vecinos, activistas y colectivos ambientalistas; todos cuestionaron a las autoridades de los tres ordenes de gobierno por apoyar el corte de esta especie protegida.

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Refirieron que las autoridades han manifestado que existe una situación de emergencia por riesgo de inundación y que el mangle aumenta el peligro, cuando en realidad, esta especie es reguladora y reduce la vulnerabilidad en zonas costeras.

Que muestren la evidencia

Hasta el momento, ninguna autoridad ha mostrado públicamente los permisos, avisos, estudios, análisis o cualquier otro documento oficial que justifique la tala de manglar. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se ha tomado esta decisión en un asunto de interés público, cuestionaron.

En ese sentido, Peraza Durán declaró que los trámites que supuestamente realizó el Gobierno del Estado ante la Semarnat para retirar el mangle deben exponerse públicamente para que la población pueda saber si existe legalidad o alguna violación a leyes y reglamentos en la materia.

“Mientas no hay una ciudadanía que esté vigilando esta situación, sucede en muchos casos, se comenten abusos de poder de los gobiernos, no se tienen los permisos adecuados, no se involucra la Conagua que es la encargada de los cuerpos de agua; hacen lo que quieren y mientras la gente sepa menos, las cosas se hacen más rápido”, sostuvo.

La bióloga también recordó que la limpieza en los arroyos debe ser constante durante todo el año para evitar taponamientos por basura y la reducción del cauce del arroyo por azolve. La autoridad no debe esperar a que llegue la temporada de lluvias, se presente el problema de inundaciones y pretenda «resolverlo» quitando el poco mangle que queda en la ciudad y que cumple una función ambiental.

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El sábado pasado SonPlayas informó que autoridades de la Profepa, Semarnat y Protección Civil confirmaron que talarían mangle de un polígono del arroyo Jabalines y que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado fue quien presentó el aviso de emergencia ante el riesgo de inundaciones en esta temporada de lluvias, una acción que no avalan los colectivos ambientalistas y exigen, por lo tanto, que paren estas acciones por considerarlas ilegales.

Durante la mañana y tarde de este lunes ambientalistas vigilaron la actividad en el arroyo Jabalines, fue así como detectaron la llegada de una cuadrilla de trabajadores acompañados del secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos; y el titular de Protección Civil Municipal, Oscar Osuna, quienes al ser abordados por dos personas reiteraron que hay permisos tramitados por el Gobierno del Estado. Ahí mismo, Ríos reconoció que el corte del mangle debe cumplir con criterios técnicos especiales de poda, pero sin comprometerse a detener la obra, según informaron los vecinos.

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La carta a la alcaldesa

En una carta dirigida a la presidenta municipal, señalaron que la zona se encuentra identificada como de alto riesgo de inundación en el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio de Mazatlán, por lo que las inundaciones corresponden a una serie de factores estructurales que van más allá de la existencia de manglar en el arroyo.

“Este problema requiere estudios técnicos de fondo por parte de especialistas en la materia que aminoren los impactos que cada año sufrimos (…) Por tanto, solicitamos una audiencia con usted, el secretario del H. Ayuntamiento y la directora de Ecología y Medio Ambiente, donde le mostremos evidencia como vecinos que talar el manglar no ha solucionado las inundaciones en todas éstas décadas. Así mismo, definir qué estrategias de corto a largo plazo podemos construir en coordinación”, expusieron ambientalistas en el documento dirigido a Estrella Palacios Domínguez.

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Recolectan firmas

En otra acción colectiva para defender el manglar, como uno de los ecosistemas más productivos del mundo, ciudadanos habilitaron una petición en la plataforma Change.org donde exponen su causa y solicitan firmas para lograr mayor presión mediática y social. El tema se ha vuelto viral en redes sociales. El próximo miércoles prevén una conferencia de prensa para informar avances de sus gestiones y las respuestas de las autoridades.

Derecho a la información en asuntos ambientales

Las personas tienen el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, según los artículos 1 y 2 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México forma parte.

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La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llamaron a los Estados a proteger su labor.

También alentaron a los países que aún no han ratificado este acuerdo internacional a hacerlo pronto e instaron a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.

Personas defensoras del medio ambiente

A pesar de la importancia de su labor, se han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

La ONU-DH informó que se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones. Por eso se exhortó a los gobiernos a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Implementación del acuerdo en México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó hoy que se realizaron reuniones de coordinación para definir los trabajos de implementación del Acuerdo en México, en principio con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y de organismos autónomos.

Resultado de estas reuniones se integraron tres subgrupos interinstitucionales para definir de qué forma se implementará el Acuerdo para cada uno de los derechos de acceso a la Información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, durante marzo y abril. Asimismo, se constituyó el Grupo de Trabajo del Sector Ambiental para la implementación del Acuerdo, encargado de desarrollar hojas de ruta, definiendo acciones, metas, responsabilidades y calendarios orientados a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento internacional.

Antecedentes

• El Acuerdo de Escazú se acordó el 4 de marzo de 2018 en la municipalidad de Escazú, Costa Rica.

• Es el primer esfuerzo multilateral para enfrentar de manera integral asuntos ambientales y de derechos humanos en las regiones latinoamericana y caribeña.

• México suscribió el documento el 27 de septiembre de 2018.

• El Senado de la República ratificó el tratado el 5 de noviembre de 2020.

• El Gobierno de México ratificó su adhesión ante el secretario general de la ONU el 22 de enero de 2021.

• El Acuerdo está conformado por 26 artículos, con enfoque de derechos humanos, y reconoce los derechos de acceso en materia ambiental.

• En el Artículo 2, inciso a) se establece el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Aquí puedes descargar el Acuerdo de Escazú.

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