• Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
• El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
• Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
• Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.

La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.

“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.

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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.

“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.

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La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).

En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.

Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.

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Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.

Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.

Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.

El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.

Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.

Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.

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En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».

La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».

Un Sitio Ramsar en riesgo

Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.

Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.

Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.

“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.

Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.

“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.

Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.

“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.

GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.

Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.

En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.

Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.

Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.

“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.

“No producirán un litro de amoniaco”

Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.

La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.

“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.

Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.

Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.

“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.

Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.

“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.

Este reportaje se publicó origialmente por Mongabay. Son Playas lo reproduce con los permisos correspondientes.

Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas

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Once relatores especiales de las Naciones Unidas, que conforman un grupo de expertos y expertas independientes en derechos humanos, manifestaron su preocupación por diversos hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, Sinaloa. Este grupo de trabajo destacó la violencia y persecución persistente sufrida por las personas opositoras al proyecto y la violación a los derechos de las comunidades indígenas Mayo – Yoreme.

«Nos sumamos a la preocupación manifestada por el grupo de expertos y exigimos que se detenga la construcción de la planta de amoníaco y se garantice la seguridad de las personas defensoras ambientales y comunitarias que se han visto agredidas y amenazadas por su participación en la defensa de su territorio», señalaron a través de un comunicado enviado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El pasado miércoles 19 de noviembre, las y los relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron públicas las cartas que enviaron al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, y a los gobiernos de Alemania y Suiza. La información que recibieron y las visitas que realizaron a la bahía de Ohuira y al puerto de Topolobampo han derivado en estas cartas.

«Señalamos que este proyecto está atentando directamente contra la economía y la alimentación de miles de familias mexicanas», advirtieron.

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Afectaciones a la pesca y a la integridad de las personas defensoras

En las cartas, el grupo de expertos manifiesta la preocupación por las graves afectaciones que tendrían la construcción y operación de la planta en el medio ambiente, en los medios de subsistencia de la población, en su salud y en el cambio climático. Entre los impactos severos se destaca “la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas”, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna. Por ende, se estima que este proyecto afectaría irremediablemente la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira.

Además de tratarse de una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar se encuentra reconocido como humedal de importancia mundial (Ramsar) y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Como impacto adicional, la propia empresa GPO, en su Estudio de Riesgo Ambiental, reconoce que ante una fuga de amoníaco de tan solo 5 minutos, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”. Resulta evidente que incluso a partir de información de la propia empresa, este proyecto está jugando con la vida de cientos de miles de personas.

En su comunicado, el CEMDA destacó la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas. Para la redacción de dichos documentos se tomaron los testimonios de graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición de una de las defensoras.

«Resulta urgente que el gobierno mexicano y el Gobierno de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región. Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes», señaló la organización.

Exigen la cancelación de la planta de amoníaco y de la planta de gas natural licuado

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental exigió a la Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores para frenar inmediatamente las violaciones sistemáticas de derechos.

También pidieron que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas de bahía de Ohuira y del estado de Sinaloa, y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco de GPO y negar las autorizaciones para la planta de Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, evitando así, las consecuencias catastróficas que se anuncian con su operación.

Por último, instaron a los medios de comunicación a aportar su cobertura para proteger el actuar de las personas de estas comunidades y en defensa de los sustentos de vida como la pesca ribereña. «Las vidas de los habitantes de esta región y la alimentación de muchas ciudades y comunidades del país está en grave riesgo», concluye el comunicado de prensa.

Organizaciones firmantes

Alianza Mexicana contra el Fracking
Al Rescate del Río AC
Bcsicletos A.C.
Barrio Mapache
Caminantes del Desierto A.C.
CartoCrítica, A.C.
Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, A. C. (CERCA)
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo Agua y Bosques para la vida.
Colectivo Sierra de Juárez
Colectivo Kontrapatria
Comités de Cuenca Río Sonora
Conexiones Climáticas
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC)
Contraloría Autónoma del Agua de los Ríos de Sonora
Cooperativa Familiar Comunitaria Caricias del Monte
Crea un Bosque AC
Defensa Ambiental del Noroeste
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Engenera, AC
Frente Nacional Por Las 40 Horas
Greenpeace México
Nosotras y el Mar
Nuestro Futuro, A.C.
Nuestros Mares
Micelio Urbano
Organización Familia Pasta de Conchos
Orgcas
Geocomunes
Pan y Rosas Sonora
Programa de Investigación de Mamíferos Marinos
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
UCIZONI
Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C.
Wildlands Network Programa México

Las cartas enviadas por las relatorías de Naciones Unidas están disponibles en:
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=OTH%20102/2025

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Topolobampo, Sinaloa.- La Bahía de Ohuira, en Ahome, se ha convertido en el epicentro de una disputa sobre el modelo de desarrollo mexicano, la transición energética y la defensa de los territorios indígenas. 

Megaproyectos como la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el plan de instalación de una planta de gas metano licuado (Vista Pacífico LNG) han encendido la resistencia de las comunidades Mayo-Yoreme, así como el interés de científicos, ciudadanos y ambientalistas interesados en proteger la riqueza ambiental de está región.

A continuación, un recuento de 10 claves para entender el conflicto en la Bahía de Ohuira:

1. Denominan a Topolobampo como Polo de Desarrollo

En mayo de 2025, el Gobierno federal nombró a Topolobampo como Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), una figura que busca detonar inversiones industriales, logísticas y energéticas en la zona norte de Sinaloa. Con ello, la bahía se coloca en el mapa nacional como un nodo estratégico en la transición energética y en la reconfiguración del comercio global.

Sin embargo, el sello de “bienestar” contrasta con los conflictos socioambientales que arrastra la región. Para las comunidades indígenas, el concepto de desarrollo impuesto desde arriba ignora su propia visión de progreso, que pasa por la defensa del agua, los manglares y la pesca como sustento de vida.

El Gobierno federal define a los Polos de Desarrollo como «áreas geográficas delimitadas que cuentan con las condiciones para atraer inversión y potenciar capacidades productivas, a efecto de detonar el desarrollo económico y social» de las diferentes regiones del país. Este programa forma parte del Plan México.

2. Se plantean siete megaproyectos en la zona

En la última década se han acumulado siete grandes proyectos energéticos e industriales alrededor de Topolobampo y Ohuira: plantas de amoníaco, metanol, gas natural licuado, hidrógeno y un gasoducto. Todos prometen generar empleos y detonar cadenas productivas en la región.

Pero también concentran riesgos de contaminación, presión sobre recursos hídricos y desplazamiento de comunidades. Tal número de proyectos petroquímicos explica por qué la bahía se ha convertido en un laboratorio de los choques entre desarrollo económico y derechos humanos.

3. La riqueza natural que está en riesgo

La Bahía de Ohuira forma parte de un sistema de humedales reconocido internacionalmente por la Convención Ramsar. Es hábitat de aves migratorias, zona de crianza de camarón y sitio de alimentación de ballenas y delfines, lo que la convierte en un ecosistema único en el Pacífico mexicano. Además de la puerta de entrada al Golfo de California, reconocido como el acuario del mundo por su gran riqueza ambiental.

La instalación de megaproyectos industriales amenaza con alterar ese equilibrio. Científicos han advertido que los impactos acumulativos podrían traducirse en pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca ribereña y mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

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4. El gasoducto que da inicio a todo

El Gasoducto del Noroeste, promovido en la administración de Mario López Valdez por el hijo del ex gobernador Francisco Labastida, Francisco Labastida Gómez de la Torre, fue la primera pieza del engranaje. 

Con este se abrió la puerta para que el gas natural llegara a Topolobampo y se proyectaran industrias de gran escala. Lo que en su momento se presentó como un detonante de competitividad, hoy es visto como la base energética de los megaproyectos. 

Sin su existencia, plantas como la de amoníaco, de metanol o de licuefacción de gas no serían factibles.

5. Los peligros de GPO

El proyecto más antiguo y controvertido es la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), la cual busca producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día. 

Desde su anuncio hace más de una década, el proyecto ha estado ligado al ex gobernador y ex secretario de energía, Francisco Labastida Ochoa, del cual se ha dicho tiene intereses personales en el mismo. Pero ante las acusaciones, el político ahomense ha señalado que solo fue asesor y consultor. 

Al día de hoy, la construcción de la planta avanza a marchas forzadas, luego de años de enfrentar litigios, suspensiones judiciales y oposición indígena. Activistas del Movimiento ¡Aquí No! acusan a la empresa de la compra irregular de terrenos y de la invasión y tala de manglar de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 

Una fuga en el ducto de amoniaco o en la planta, podría generar daños mortales en un radio de hasta 45 kilómetros. 

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6. Mexinol avanza sin consulta indígena

A la par de GPO, se encuentra el proyecto Mexinol, que busca producir 6 mil 130 metros cúbicos de metanol por día en la bahía. Su avance ha sido cuestionado porque, hasta ahora, no ha cumplido con el proceso de consulta indígena a pesar de que las autoridades han condicionado el proyecto a que está se lleve a cabo. 

7. ¿Ballenas o Gas?

La campaña “Ballenas o Gas”, de Conexiones Climáticas, busca visibilizar el choque entre la conservación de la biodiversidad y el avance de la industria fósil no solo en Ohuira, sino en todo el Golfo de California.

A través de está frase, se advierte sobre toda una política de construcción de gasoductos de gas metano extraído por fracking desde Texas para exportarlo a los mercados internacionales mediante plantas de licuefacción planeadas en Puerto Libertad, Guaymas y el puerto de Topolobampo. 

¿Ballenas o Gas? también muestra como el Polo de Desarrollo en Topolobampo es tan solo un engranaje de toda una política energética que condiciona al país a consumir gas metano estadounidense para sostener sus necesidades energéticas. Esto, a costa de la salud y los medios de vida de comunidades locales. 

8. Piden Evaluación Ambiental Estratégica 

Recientemente, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) solicitaron al gobierno federal detener los proyectos de gas metano licuado en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas, advirtiendo que se trata de una amenaza grave para los ecosistemas, el clima y las comunidades de la región.

También solicitaron revocar las autorizaciones ya emitidas y que los impactos ambientales expuestos en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de cada proyecto, sean analizados en su conjunto en una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

9. Activistas voltean a Ohuira

Recientemente, activistas de los colectivos GeoComunes, Conexiones Climáticas y la Fundación Rosa Luxemburgo visitaron el puerto y las comunidades Mayo-Yoreme con el fin de llevar información referente a los megaproyectos e impulsar su lucha en contra de los mismos. 

Meses atrás, en noviembre del 2024, una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también visitó la región y escuchó a sus habitantes con el fin de crear un informe y resolución.

10. Para los Mayo-Yoreme eso no es desarrollo

Luego de la designación del puerto como Polo de Desarrollo, líderes de comunidades como Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas han señalado que para ellos los megaproyectos no representan desarrollo. 

En lugar de eso, les gustaría que los políticos tomaran en cuenta el derecho a decidir sobre su territorio y formas de vida, priorizando un bienestar comunitario basado en los saberes, ecosistemas y economía regional de las comunidades.

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Mazatlán, Sinaloa.- “Tanto mi vida como la de mis compañeros se encuentra en peligro, pero no damos paso atrás, seguimos adelante», dijo el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, a unos días de que él y tres mujeres integrantes del Colectivo Aquí No recibieron amenazas por oponerse a la operación de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, al considerarla un riesgo para el entorno natural y para la seguridad de los habitantes.

El también gobernador indígena de la comunidad de Ohuira estuvo en este puerto invitado por académicos e integrantes del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz), quienes organizaron una reunión para manifestar el apoyo a los líderes y comunidades que han dicho no a la instalación de una planta industrial que proyecta producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Durante el encuentro, Montaño Valenzuela hizo una relatoría de las acciones emprendidas en la defensa del territorio en los últimos nueve años, entre las que se encuentran tres amparos presentados por las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien después de dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), determinó que las comunidades afectadas por la instalación de la planta debían ser consultadas antes de la entrega de los permisos.

En la consulta se incluyó un total de 15 comunidades, aunque solo cinco se encuentran alrededor de la bahía. De esas, cuatro se pronunciaron en contra: Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos. La última consulta se realizó el 18 de septiembre en Paredones.

Cadena de irregularidades

El gobernador indígena de Ohuira aseguró que a lo largo de este proceso, los pueblos no han sido bien informados sobre los riesgos de la planta y al mismo tiempo han sido divididos con la “compra de conciencias” por parte de la empresa.

“Estamos en conflicto social entre nuestras propias familias por cuestiones de intereses ya sea económicos o políticos (…) GPO interviene en todo, prácticamente en todo, hasta en un funeral, en un apoyo de una medicina, en reconstrucción de una escuela, pero eso le toca al gobernó”, apuntó.

Como parte de las acciones de defensa que se han realizado en estos años, se conformó el Colectivo Aquí No, en el que participan integrantes de las comunidades afectadas, ambientalistas, científicos y académicos.

Miembros de la organización han señalado que, con sus declaraciones públicas, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya, como el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, han tomado partido a favor de la compañía de origen alemán.

Además, este mes, durante la etapa de consulta, los líderes indígenas Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, Claudia Susana Quintero Sandoval, Irene Díaz López y Melina Maldonado Sandoval, denunciaron que recibieron amenazas, razón por la cual solicitaron medidas cautelares ante la Fiscalía General del Estado.

“Las amenazas y todo lo que ha surgido en esta lucha, en esta defensa, la hemos sabido llevar. Cuando se meten contigo no hay problema, pero cuando se meten con la familia, ahí es donde empieza un calvario, un viacrucis, sin embargo, seguimos adelante”, expresó Montaño Valenzuela.

Consideró que la resolución de la SCJN deberá favorecer a las comunidades que se oponen a que la planta opere en esa zona tomando en cuenta que en el proceso se han cometido irregularidades porque se otorgron permisos y se talaron cerca de 28 hectáreas de manglar sin que antes se hubiera consultado a las comunidades para obtener su consentimiento, de acuerdo a lo que establecen los artículos 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este documento vinculante establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”.

“Tendrá que ser un dictamen favorable a los pueblos ya que hemos demostrado con argumento, con la ley en la mano, que nosotros hemos estado en la verdad”, manifestó Montaño Valenzuela.

En defensa de la vida

Por su dimensión cultural, entre los pueblos originarios que circundan la bahía de Ohuira existe un fuerte vínculo con su entorno natural. Por lo tanto, la operación de una planta productora de amoniaco no solo representa una amenaza para los ecosistemas, sino que también tiene un impacto existencial al trastocar sus usos y costumbres, explicó el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa.

“Yo miro diferente el mundo, yo miro diferente mi entorno, yo miro diferente todo; yo no miro con precio los terrenos, yo no miro con precio el mar, yo no miro con precio nada. Lo de nosotros es más espiritual, la cosmogonía que tenemos nosotros es más profunda; esta empresa sería un golpe existencial a nuestras vidas”, expuso.

Pero los políticos no entienden ni toman con seriedad la visión de los pueblos, sus procesiones, música y cantos ligados la naturaleza y a los seres vivos que dependen de ella, lamentó.

Opinó que el daño ambiental y la violación a los derechos de los pueblos originarios del norte de Sinaloa es un tema que debe importarle a toda la población del estado.

-¿El pueblo Mayo-Yoreme necesita del apoyo de los sinaloenses?

“Claro que sí, la unión entre yoris (los que no son parte de la comunidad) y yoremes para la defensa de nuestro territorio”, afirmó.

Por lo pronto, ya se organizan reuniones con otros pueblos originarios del noroeste del país, tal es el caso de la Tribu Yaki y Mayos de Sonora, con quienes se sostendrán mesas de trabajo para abordar los problemas a los que se enfrentan.

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La opinión de expertos

Por su parte, el investigador Jaime Renán advirtió que los niveles de contaminación que ya registra la bahía derivado de las descargas de aguas negras urbanas, del sector agrícola y acuícola la hace más vulnerable al impacto de la planta de amoniaco. También señaló que el modelo de desarrollo y los planes parciales de desarrollo urbano de esa zona están desfasados porque no toman en cuenta las circunstancias actuales de la zona.

Sergio Valle, fundador del Consejo Ecológico de Mazatlán, añadió que la producción industrial del amoniaco que se propone también ha quedado desfasada porque ahora existen alternativas para generar este tipo de fertilizantes usando energías renovables y sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, tal es el caso del llamado amoniaco verde.

Tanto el gobernador indígena de la comunidad de Ohuira, como los académicos y ambientalistas, reiteraron que el movimiento busca la defensa de los derechos humanos y que la planta podría operar en un lugar en donde el impacto ambiental, social y cultural, sea menor.

“En esta lucha defendemos la vida, la vida de todos, la vida de nuestra madre naturaleza, de todos los seres vivos”,

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira.

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Por: Marcos Vizcarra

Fotografía: Luis Brito

Antes de salir a pescar, cualquier persona de la Nación Mayo-Yoreme debe dar gracias a la naturaleza. Eleva su oración al universo para pedir por ese día, por la vida, por los animales y las plantas que le rodean, por el alimento que podrá recoger para su familia. Esa conexión con la Tierra es el principal misterio de esta nación indígena que vive en el noroeste de México desde hace cientos de años, antes de que este territorio fuera invadido por España y sus misiones religiosas. Esta comunidad es también la misma que inició una lucha desde hace 7 años para tratar de impedir la construcción y funcionamiento de una planta para producir amoniaco en la bahía de Ohuira. 

Las comunidades Mayo-Yoreme, como los Yaquis —con quienes comparten territorio y comida—, son silenciosas hasta que llega el peligro. Son ellas quienes legalmente han logrado frenar a un gigante de acero y concreto en la bahía de la región de Topolobampo, donde desde 2015 comenzó a construirse una planta para la producción de amoniaco, lo que pondría en riesgo un ecosistema y el desarrollo de las comunidades pesqueras, rurales e indígenas. El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en asociación con Proman, un coloso suizo-alemán del sector petroquímico, quiere iniciar operaciones, pero hasta ahora la interposición de una serie de amparos y de decisiones judiciales lo ha impedido.

Una investigación realizada por Ethos Innovación en Políticas Públicas revela que la empresa con inversión alemana logró obtener permisos de construcción sin haber hecho una consulta previa a los pueblos originarios con las características que marca la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con el apoyo de políticos locales de alto nivel, quienes fungieron como asesores y promotores del proyecto, y entre quienes se encuentran el político Francisco Labastida Ochoa, su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre y el ex gobernador Mario López Valdéz, mejor conocido como Malova, este consorcio comenzó a construir la planta en un humedal protegido por el convenio Ramsar desde 2009. Con ello inició el proceso de destrucción y contaminación del área protegida bajo normas internacionales, según documentos e investigadores entrevistados para este trabajo. 

Además, durante dos recorridos realizados en las zonas de Ohuira, Lázaro Cárdenas y El Maviri, en los que se recabaron alrededor de diez testimonios de activistas indígenas y habitantes de la zona, las comunidades denunciaron la creación de una estrategia para dividir a los pueblos, que ha incluido amenazas contra las mujeres que encabezan la lucha.

La planta que busca producir alrededor de 770 mil toneladas de amoniaco anualmente —lo equivalente a llenar el 63% del volumen del Estadio Azteca con ese químico—, traería una inversión multimillonaria en el noroeste mexicano, de aproximadamente 5 mil millones de dólares al término de 10 años, pero según diversos estudios realizados por investigadores de la zona, podría poner en riesgo el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira. 

Este humedal, en medio de los pueblos de Ohuira, Muellecitos, Paredones, Lázaro Cárdenas, Campo Nuevo, San Carlos y Topolobampo, alberga aves playeras, es un hábitat crítico del delfín nariz de botella y es también zona de cría y alimentación de las tortugas prieta y carey, así como de peces y crustáceos de importancia comercial, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

En 2015, activistas ambientales tramitaron un amparo para impedir que continuara la construcción de la planta de amoniaco, un químico que se utiliza principalmente como fertilizante en la agricultura tradicional. Una planta como esta significa contar con un proyecto que produciría anualmente casi cuatro veces más de lo que produce la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cosoleacaque, Veracruz, de acuerdo a un reporte sobre producción de petroquímicos elaborado en 2021 por la dependencia. 

A su vez, podría significar una posible disminución en los precios del agroquímico necesario para el campo mexicano, pues estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establecen que para cumplir con la demanda nacional de fertilizantes se deben hacer importaciones desde Rusia y China.

La planta es ahora una mole de 26 hectáreas, el equivalente a cinco veces el Zócalo de la Ciudad de México, pero en el proyecto de GPO se prevé que la afectación sea sobre 126 hectáreas, es decir, apenas se ha construido una quinta parte.

La empresa calculó en su solicitud de permisos ante Semarnat que necesitará 2 millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año —es decir, usará 17 mil 520 millones de litros al año— para mantener frío el amoniaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía, y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más y con sustancias químicas, pues parte de esa agua se debe convertir en agua dulce.

Tras comenzar la construcción de la planta en 2015, habitantes de los pueblos Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito comenzaron un movimiento en contra, y apenas el 6 de abril de este 2022 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo todos los permisos obtenidos por la subsidiaria de Proman en México, dándoles la razón respecto a que este proyecto se realizó sin haberles consultado.

El interés en que este proyecto se concrete favorece la estrategia del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la reactivación en la producción de fertilizantes, entre ellos el amoniaco y la urea, cubriría mejor las necesidades agroalimentarias del país.

“Los productores de Sinaloa, de Sonora, requieren del fertilizante y se tiene el gas (natural) como materia prima y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya; aun así no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante”, dijo López Obrador apenas el 3 de marzo de este 2022 en su conferencia de prensa matutina.

Esa planta no podrá terminarse hasta que se consulte a los pueblos indígenas que se verán afectados. Solo con el sí del pueblo Mayo-Yoreme podrán continuar, siempre y cuando la Corte avale el proceso con una revisión al cumplimiento de la sentencia de amparo.

‘Aquí no’: la defensa del territorio 

La bahía de Ohuira es un lugar en medio de espacios sagrados, donde habitan alrededor de 10 mil personas, de las cuales 2,500 son indígenas que creen en el Baahue Ánia (el Mundo del Mar o Espíritu del Mar). 

El Baahue Ánia es a su vez uno de los cuatro universos en la cosmogonía Mayo-Yoreme junto al Tehueca Ánia (mundo del cielo), Jeeka Ánia (mundo del viento) y Juya Ánia (mundo del monte).

Cada uno representa un espacio y una manera de subsistir de los pueblos indígenas en el noroeste de México, como aquí, en la bahía de Ohuira, donde el mundo del agua permite pescar, proveer de alimentos y tener una organización social.

Aquí hay quienes pescan durante las madrugadas, otros por las mañanas y las tardes. Algunas personas hacen artesanías con conchas; otras se dedican a limpiar las playas. También hay quienes trabajan en la conservación y protección de especies marinas como la tortuga, y muchas mujeres y hombres viven del ecoturismo con la renta de cabañas, paseos en lanchas y caminatas por senderos entre los cerros que rodean la bahía.

En la ficha informativa de los sitios Ramsar se documentó que en este espacio hay seis islas: Bleditos, Mazocahui 1, Mazocahui 2, Comalitos —esta última solo se puede ver cuando baja la marea—, de Patos y de Bledos, donde habitan 109 especies de peces. 

Antes de que se construyera la plancha de concreto que significó el inicio de la planta de amoniaco, ese lugar tenía manglar suficiente para albergar a las aves y sus nidos; y debajo había camarón y distintas variedades de moluscos.

Cuando se hizo la tala, las aves cambiaron su anidación a la isla de Bledos, donde ahora ya es común verles en temporadas invernales, narran Emilio Sandoval y Hugo Quintero, pescadores de Lázaro Cárdenas, durante un recorrido en la bahía en una de las pangas que usan para pescar camarones y cangrejos.

“Sabemos la operatividad que va a tener la planta, qué tantos metros cúbicos va a succionar y cuántos metros cúbicos se van a regresar al mar. Es un ecocidio y es una forma de acabar con nuestra bahía, que para nosotros es un lugar sagrado, porque en nuestras procesiones, en nuestros cantos, en nuestras danzas se refleja mucho lo que es el Baahue Ánia. Es por eso que nosotros los Yoreme miramos diferente lo que viene siendo el mundo a como lo miran los empresarios”, nos dice Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro (gobernador indígena) de Ohuira, un pueblo que está a mitad del camino entre Los Mochis y Topolobampo, al caminar entre un estero hacia un lugar sagrado que días antes fue derrumbado por otros indígenas.

La bahía de Ohuira es una región de aguas bajas donde se puede ver a los peces saltar, a aves volando al ras del mar. Este espacio silencioso solo tiene olas cuando hay viento o cuando las pangas navegan entre islas.

En esta región al norte de Sinaloa, seis gobernadores indígenas, también llamados cobanaros, mostraron su desacuerdo con que una planta “se apropiara” de un territorio protegido. Ellos formaron un consejo consultivo como medida de defensa y acompañamiento, al que han integrado a personas de fuera de la Nación Mayo-Yoreme, para organizarse ante un embate legal. Entre los integrantes hay activistas, políticos, abogadas, académicos y más. La organización fue bautizada con el nombre de “Aquí no”, en alusión a su protesta contra la instalación de la planta en la bahía.

No defender el territorio —nos explican—, sería dejar a 3 mil 500 familias pescadoras ante un problema mayor. “Estamos ante una bomba de tiempo al momento que nos pongan esta empresa”, agrega Felipe de Jesús Montaño, quien ha alzado la voz ante funcionarios estatales y federales para asegurarles que defenderá el territorio con su vida.

Este pueblo lucha por su tierra de forma natural. Su creencia se basa en combatir por todo lo que tenga vida. Cada vez que pescan y cazan, agradecen el sacrificio. La Tierra es considerada como una madre que los alimenta y protege. “La visión de nosotros no es lucrar con lo que es sagrado, sino al contrario, venerar, y se ve reflejado en nuestras procesiones”, señala este cobanaro.

Gerardo Peña, integrante del colectivo “Aquí No”, explicó que se han promovido amparos liderados y otorgados a los líderes Mayo-Yoreme, tras considerarse que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló permisos de forma indebida para la construcción de la planta de amoniaco.

”La construcción de una planta de alto riesgo que conduciría 2,200 toneladas diarias de amoniaco por un ducto de 3 kilómetros al puerto de Topolobampo y con tanques de almacenamiento de 75 mil toneladas pone en peligro la vida de las personas y violenta los derechos humanos de los pueblos originarios y de la población en general a un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y salud”, señala Gerardo Peña. 

El entramado político detrás de la la planta

Esta historia comenzó en 2012, cuando Francisco Labastida Ochoa era senador y presidente de la Comisión de Energía en la cámara alta. Este político nos narra que supo de una inversión millonaria: la empresa alemana Proman quería instalarse en Veracruz para invertir en la producción de amoniaco y urea, químicos necesarios para la agricultura tradicional mexicana.

Su labor como senador era clave, tenía relaciones con la firma y buscó la forma de concretar el ingreso de capitales en el país, aunque su estrategia incluyó una propuesta que hizo cambiar de parecer a los inversionistas: les propuso mover la ubicación de la planta a una región conocida por él.

Llevar la inversión a Sinaloa era más sencillo para Labastida, pues ahí contaba con contactos políticos —y familiares— que ayudarían a gestionar permisos y generar condiciones para que GPO, subsidiaria de la firma alemana en México, decidiera instalarse.

La ayuda vino de Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, entonces gobernador del estado (2011-2017), y de su propio hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, quien fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal. El encargo de este último era crear condiciones para la inversión extranjera en Sinaloa.

Labastida Ochoa dejó el Senado ese mismo año, en 2012, pero inmediatamente se integró a GPO como asesor externo, según explicó el propio político en entrevista. “La empresa que realizaría el proyecto, Proman, la empresa alemana, me contrató porque querían hacer un proyecto de inversión en México, en el estado de Veracruz. Los convencí, hice el análisis del proyecto y llegué a la conclusión de que era económicamente viable y que ellos son los primeros promotores en el mundo de etanol y fertilizantes, les convencí de que lo que les convenía a ellos, al país y a la agricultura era producir fertilizantes”.

López Valdéz lo corrobora en una entrevista por separado. “Era una inversión que iba a aterrizar en Veracruz; pero habría que reconocer al senador Francisco Labastida, que en ese tiempo presidía la Comisión de Energía, que al enterarse del proyecto y al entrar en contacto con ellos (los empresarios) los puso en contacto conmigo, les dijo que no había mejores condiciones para hacer una inversión de esa naturaleza que el norte de Sinaloa (…) Vinieron, conocieron el lugar, vieron que teníamos gas (natural) y les ofrecí apadrinar ese proyecto para que aterrizara”.

Labastida Ochoa es un priísta con amplia trayectoria. Fue secretario federal tres veces, estuvo en Energía (1982- 1986), Agricultura (1995-1998) y Gobernación (1998-1999). También fue gobernador de Sinaloa en el sexenio de 1987 y 1992 y siempre será recordado porque en el año 2000, el PRI lo designó como candidato presidencial en una elección en la que, por primera vez y después de casi 70 años de hegemonía política, perdió la contienda contra el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox.

La derrota no lo apartó de la política, sino que se sostuvo como militante priísta y ejerció su influencia en el país, particularmente en Sinaloa, sobre todo en el norte del estado, de donde Mario López Valdez surgió en 2010 para tratar de ser el candidato del PRI a la gubernatura.

El partido prefirió a Jesús Vizcarra Calderón y Malova decidió cambiar de partido (alianza PAN, PRD y Convergencia en Sinaloa) para lograr la candidatura. Así ganó esa elección e incluyó en su gabinete a los hombres más allegados en su equipo político, entre ellos al hijo de Labastida Ochoa.

“Malova, de quien soy amigo, jugó por otro partido, yo no lo apoyé, se lo dije a él con la apertura y se lo dije a todo mundo. No me presenté en Sinaloa durante seis u ocho meses, para nada fui. Yo no soy padrino político de Malova”, dijo Labastida Ochoa. “Son mis reglas, son mis formas de ver las cosas y fui congruente con ellas”.

En la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se define el conflicto de interés como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Para el político priísta, el haber sido asesor de Proman mientras que su hijo era coordinador de Proyectos Estratégicos en Sinaloa no formó parte de ningún conflicto de interés. Desde su punto de vista, solo apoyó para que una inversión extranjera pudiera concretarse en Sinaloa.

“Si es bueno para el país, si es bueno para el estado, si es bueno para la agricultura ¿qué conflicto tiene impulsar algo que es bueno para las partes? Yo trabajo de asesor, tengo 79 años de edad, solo tomo uno o dos proyectos para trabajarlos y todos los proyectos que tomo tengo que estar convencido de que le hacen bien al país y a los estados”, agrega Labastida Ochoa.

“No tengo nada que ver con ellos (Proman), no tengo una acción, no tengo un interés, si se hace o no se hace a mí me da igual, yo cobré como asesor el tiempo que fui asesor y ya, es todo, y mi hijo no cobró absolutamente nada”, agregó al ser cuestionado.

De acuerdo con el exgobernador López Valdez, el gobierno de Sinaloa abrió la posibilidad de inversión con estímulos fiscales y apoyó el cabildeo con el ayuntamiento de Ahome para facilitar los permisos necesarios para la construcción de la planta.

La oportunidad de tener esa inversión, dijo Malova en entrevista, era detonar el norte del estado como un polo de atracción para otros proyectos en un área que en ese tiempo era únicamente explotada para la pesca local desde las comunidades indígenas y por los navíos de Pemex que descargan combustibles para el consumo local.

En el periodo de López Valdez como gobernador de Sinaloa también se hizo la construcción de un gasoducto de gas natural por la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, el elemento más necesario para la producción de amoniaco.

El gasoducto tiene dos vías que vienen desde Estados Unidos y se concentran en el norte de Sinaloa. Ese mismo ducto cruza Sinaloa hasta llegar a Mazatlán, es decir, recorre alrededor de 450 kilómetros de manera subterránea.

Con el gasoducto, Malova intentó detonar la industria en Sinaloa y una de las estrategias más importantes era la propuesta de GPO.

La inversión para la construcción de la planta de amoniaco inició hacia el final de la administración de Malova, pero esta tuvo tropiezos jurídicos con amparos que frenaron su construcción. 

De hecho, en 2016 un grupo de mujeres y hombres del Consejo Ciudadano de Ecología —una organización civil independiente— se dieron a la tarea de informar a los grupos indígenas de la región de Topolobampo sobre el impacto de una planta para producir amoniaco en las tierras donde trabajan.

En ese consejo se reunieron académicas y especialistas reconocidas en Sinaloa, como Diana Cecilia Escobedo Urías, académica investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ella es la científica mexicana con más estudios publicados sobre la Bahía de Ohuira.

El Consejo comenzó a hablar con los pobladores indígenas y les dieron respuestas a todo tipo de preguntas sobre las afectaciones que empezaron a hacerse en 2015, cuando inició la tala de 26 hectáreas de manglar.

La primera persona en reaccionar fue Librado Bacasegua Elenes, un gobernador indígena del pueblo de Lázaro Cárdenas. Se convenció de que debían comenzar una batalla legal y con la ayuda de Máximo Montes Quintero, un abogado de Ahome, promovió un amparo en 2018 para que un juez federal frenara la obra de GPO.

La acusación principal fue que no se consultó al pueblo Mayo-Yoreme, lo que provocó el enojo de centenas de indígenas pescadores, quienes —a la fecha— creen que es un atentado contra el mar y sus comunidades. El juicio prosperó y un juez con sede en Ahome ordenó la suspensión temporal de las obras. La empresa tuvo que parar.

En octubre de ese 2018, según publicó el medio local Luz Noticias, los políticos Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa trataron de persuadir a Bacasegua para que desistiera del amparo, pero el líder indígena se mantuvo firme.

Sin embargo, un mes después dio a conocer ante el juzgado federal que se desistía del amparo, sin dar una explicación más amplia; pero su comunidad, Lázaro Cárdenas, se organizó apenas se supo la noticia. Se formó un consejo de ancianos y desconoció a Bacasegua Elenes, quien ya tenía 40 años como gobernador indígena.

Bacasegua Elenes cuenta que su desistimiento fue porque habló con los representantes de la empresa y estos le dieron a conocer bondades que se aceptaron en convenios firmados por él como representante, con la promesa de apoyos sociales para el mantenimiento de centros ceremoniales, atención médica, de educación y cualquier necesidad que tuvieran y expresaran los pueblos indígenas.

“Hay convenios para que las comunidades tengan algunos apoyos de parte de la planta, como parques, oficinas, algunos centros ceremoniales, recuperación de los centros ceremoniales, a los pescadores darles materiales de pesca… todo eso está notariado, eso es lo que hay”, señala el líder indígena en entrevista.

En una segunda reunión, hecha la última semana de noviembre de 2018, se nombró a Ramón Ahumada Llanes, un hombre reconocido por la comunidad, quien se presentó el 6 de diciembre ante los jueces federales como el representante oficial para mantener el amparo. 

Meses más tarde, en abril de 2019, Ahumada también renunció tras volver de un viaje a Trinidad y Tobago que organizó la empresa con un grupo de pescadores indígenas. En ese país caribeño Proman tiene instalaciones para producir amoniaco. En el viaje también estuvo el abogado Máximo Montes Quintero, quien representaba los amparos y a la cooperativa pesquera del puerto de Topolobampo.

“(Nos mostraron) las plantas instaladas en esa isla (Trinidad y Tobago), el funcionamiento”,  reconoce Ahumada Llanes, que tiene al menos 30 años representando a las comunidades pesqueras del norte de Sinaloa.

El abogado Montes Quintero narra que luego del viaje hubo acuerdos entre la empresa y los pescadores. Para eso se firmaron documentos que permitían obtener recursos para posibles mejoras de los centros ceremoniales o apoyos a miembros de las comunidades.

La población volvió a desconocer a su gobernador Ahumada en una nueva reunión. Era un momento de zozobra en esta comunidad de 700 habitantes. No sabían qué debían hacer para mantener su lucha ni a quién nombrar, pero una mujer levantó la voz.

“Les dije que no nos podíamos rendir ni desesperar, que teníamos que agarrarlo nosotras”, nos cuenta Melina Sandoval, una mujer de 40 años, hija de un pescador indígena y madre de dos niñas que habitan en Lázaro Cárdenas.

Sandoval reunió a un grupo de 15 mujeres y 4 hombres para proponerles una resistencia inédita. Esta mujer comenzó a estudiar sociología en la Universidad Autónoma Indígena de México y desde junio de 2019 encabezó el juicio hasta llegar a la Suprema Corte el 6 de abril de 2022, cuando ganó a favor de que se cancelaran los permisos hasta hacer una consulta indígena.

“Como pueblo indígena tenemos derecho a ser consultados o que se nos informe qué se va a hacer, pero los gobiernos nos ven en la zona del no ser –como si no existiéramos o no importáramos– a los pueblos indígenas, para ellos estamos plasmados en papel pero no nos dan el valor que tenemos, así fue que empezamos con esto”, dice esta mujer que resalta por su fervor, tanto que es de las pocas que hablan la lengua mayo y lucha por preservar la memoria histórica de la comunidad.

Lázaro Cárdenas le dio a Sandoval la voz como la representante del pueblo, aunque eso no ha sido sencillo. Los gobernadores indígenas que ahora son desconocidos por el pueblo formaron una alianza con otros indígenas que están de acuerdo con la planta y eso formó una división política que ha llegado hasta los golpes.

“No es que no estemos prestos al diálogo, el diálogo desde hace mucho lo debieron haber hecho, ahí es porque no queremos que se aprovechen de las necesidades de las personas y que tengan que bajar la cabeza porque dieron sillas de ruedas, por eso nos ponen de salvajes en Lázaro Cárdenas”, argumenta Melina Sandoval y añade que sí quieren el desarrollo, pero fuera de la bahía. “Que no nos ponga en riesgo y que hagan las cosas bien desde un inicio”.

A esta mujer le siguieron otras más. En Ohuira fue Claudia Susana Quintero, una líder indígena quien se convirtió en la asesora principal del cobanaro del pueblo, Felipe Montaño Valenzuela. Al ver el conflicto político de Lázaro Cárdenas, decidieron que el cobanaro no podía encabezar el amparo, así que ella fue elegida.

“Esta lucha es por nuestros hijos, porque quiero que vengan a la bahía y se enloden como nosotros lo hicimos, porque sueño que se nos respeten nuestras tradiciones”, dice Claudia entrevistada frente a la bahía de Ohuira, mientras mira hacia el horizonte y señala hacia donde están las comunidades en lucha. “Vinieron y nos talaron el mangle, nos dividieron las comunidades y ahora quieren que les demos la bienvenida”, agrega.

La representante de Ohuira firmó el amparo, consciente de que era para defender a su pueblo, aunque desconocía de leyes. Esta mujer es una trabajadora social, dedicada casi de tiempo completo a atender escuelas rurales. Su resistencia la llevó a conocer otras materias, y ahora presume de haber cursado, apenas en dos años, varios diplomados de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos para saber a qué se estaba enfrentando.

“A mí ya no me hacen tonta, ya sabemos cuáles son nuestros derechos y es bien triste, porque hay cosas que ya sé que no pasan, como que tenemos derecho a que se nos cuide, a que haya seguridad, servicios como el agua potable, las calles, pero eso no sucede”, señala Claudia sentada en las ramas de un árbol.

Algunos integrantes de las comunidades indígenas de la bahía han reclamado que la empresa GPO sostiene una campaña para influir en indígenas de la zona para que desistan. “Vienen y nos ofrecen cosas, ayudas que debe asumir el gobierno, como funerales para nuestros seres queridos, promesas de plazas de trabajo y cómo le van a hacer si solo van a tener menos de 200 plazas. En dónde van a colocar a tantos”, cuestiona Claudia.

Esa campaña, sin embargo, ha funcionado. La empresa ha hecho la contratación de familiares y de activistas que en un principio estuvieron de desacuerdo con la instalación de la planta.

Uno de estos casos fue la contratación de la esposa del abogado Máximo Montes Quintero en un puesto administrativo en GPO. El abogado decidió abandonar el proceso de acompañar los amparos. 

Dos casos más fueron los de Xicoténcatl Vega Picos y Ramón Palacios Polanco, quienes en 2016 se sumaron al Consejo Ciudadano de Ecología, pero años más tarde renunciaron y comenzaron a hacer estudios en favor de GPO. 

Los pros y contras según los científicos 

La empresa GPO ha activado recientemente una estrategia que consiste en llevar a su lado a prestigiosos científicos y medioambientalistas, quienes a través de diversos medios han dado a conocer las bondades que esta planta podría tener para la región, e incluso son parte de quienes realizan planes de mitigación ambiental; es decir, buscan minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva un proyecto como este.

Al respecto, Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo de Proyectos de GPO, reconoce que están trabajando con la academia “para que de alguna manera pueda mejorar el sistema ambiental de la zona”. Y dijo estar convencido de que las comunidades alrededor del proyecto ya conocen el impacto ambiental y social que va a tener. “Tenemos como norma internacional mejorar la biodiversidad, no empeorarla”.

La firma con capital alemán dice apostar por tener el mayor número de estudios que le permita seguir avanzando en la construcción de la planta, mismos que han realizado científicos locales como Federico Páez Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa.

Páez Osuna sostiene en su libro La Paradoja del Amoniaco, presentado el 24 de marzo de 2022, que los inversionistas buscan desarrollar su proyecto en ese sitio por cuatro razones: tener acceso a rutas de comunicación y de servicios; satisfacer los requerimientos de manejo y de tecnología durante la operación de la planta (incluyendo el suministro de gas natural, agua de enfriamiento y agua para procesos industriales); tener un área lo suficientemente extensa para la planta, y tener capacidad de carga en la laguna de Ohuira, lo suficientemente grande y dinámica para tolerar las descargas de la planta en cuestión.

Páez Osuna señala que estos cuatro criterios son esenciales para la funcionalidad operativa y logística de la planta; no obstante, el último es particularmente importante desde la perspectiva de la conservación y la sustentabilidad ambiental.

Los efectos, prosigue el científico, son la pérdida de hábitats y áreas de crianza, erosión costera, disminución de especies de plancton, larvas de peces, crustáceos y moluscos. Con la planta se reducirán las capturas pesqueras comercialmente importantes. También habrá una contaminación térmica (de hasta tres grados en aumento), deterioro en la calidad del agua con el aumento de sal y se provocará exceso de microalgas contaminantes.

Páez Osuna propone, sin embargo, que se haga la reforestación de mangle en otros sitios de Ohuira. Por otro lado, estima que las pérdidas en la pesca del camarón son de pronóstico muy incierto. Además habría que identificar dónde se haría la descarga de agua con exceso de sal para no generar una afectación mayor, construir tanques de enfriamiento y de descarga del agua sobrecalentada y utilizar sustancias químicas adecuadas al medio ambiente de Ohuira.  Con esas medidas, sostiene el académico, podrían mitigar los efectos negativos.

Bajo los cálculos de Paéz Osuna, se afectaría 10% de la actividad pesquera, de la que viven alrededor de 700 familias, como lo establece el gobierno de Sinaloa y cita el académico en su libro.

Valeria Souza, científica mexicana que colabora con GPO (a través de QB4), ha dedicado su vida al estudio de la ecología evolutiva y microbiana para rescatar áreas con desastres, como Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

Souza narra en entrevista que en 2020 acordó con la empresa crear un plan ambicioso de 10 años para atender una de las medidas de mitigación, la cual consiste en limpiar la bahía de Ohuira, aplicar medidas como las que desarrolló en Coahuila, con la creación de humedales artificiales, sembrar plantas que absorban el exceso de nitrógeno que se usa en el campo y desemboca en el mar a través de canales y drenes, e involucrar a los productores agrícolas locales para que hagan un uso más racional de los fertilizantes. 

La empresa GPO reconoce que la planta con que la que quieren producir amoniaco tendrá un efecto de contaminación importante sobre una laguna, pero asegura que esta ya tiene un problema añejo por ser la desembocadura de los drenes y canales agrícolas, así como de las aguas negras de la ciudad de Los Mochis, la cabecera municipal de Ahome, donde habitan 450 mil personas.

Diana Cecilia Escobedo Urías, académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha sido una importante voz en contra de esta planta. Asegura que las medidas de mitigación que plantea GPO ya las han propuesto biólogos y ambientalistas desde 2005, cuando se empezaron a verter las aguas negras de Los Mochis a la laguna.

Esa contaminación, asegura en entrevista, se agravará con la instalación de la planta debido a las características de la laguna, particularmente por ser de aguas bajas.

“En diversas investigaciones hemos anotado que cualquier contaminante permanece mucho en el sitio, lo que incrementa el daño”, señala la académica integrante del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Sinaloa.

“Para nosotros los académicos fue una sorpresa que se autorizara una propuesta, un proyecto de la envergadura de la planta de amoniaco, porque ciertamente será en un sitio con serias afectaciones que lo que necesita es una restauración urgente”, dice.

Los planteamientos de Escobedo Urías rompen con las propuestas de mitigación que impulsa la empresa, pues a lo que ya se tiene contaminado ahora mismo deben sumarse también las afectaciones que causará la construcción y operación para hacer el amoniaco.

Las propuestas y estudios publicados en libros, según la académica por el IPN, forman parte de una estrategia de comunicación empresarial y política, con la que se busca dar a conocer posibles bondades del proyecto, mediante la contratación de especialistas afines o que han dado su opinión a cambio de recursos económicos, incluyendo a miembros de la universidad a la que ella pertenece. 

“Ellos trataron de decirme, cuando hacen un convenio de colaboración con el Politécnico, que ‘Diana trabaja con nosotros’ y ese es un error, yo no trabajo para ellos, yo trabajo para el Poli y el Poli le está haciendo un trabajo de investigación que no tiene nada que ver con lo que yo pienso”, asegura Escobedo Urías, tras señalar que ese tipo de acciones podrían ser utilizadas con especialistas de otras universidades.

Su lugar sagrado 

La bahía de Ohuira está entre cerros que parecen murallas que resguardan el Baahue Ánia, y entre esos están las comunidades indígenas, cada una con un centro ceremonial que representa su tierra sagrada. 

La cosmovisión de los Mayo-Yoreme se basa en su estrecha relación con la tierra, el territorio donde habitan, no como un acto de posesión y producción, sino como parte de su vida, tradiciones, cultura y desarrollo espiritual.

Cuando se comenzó el proyecto de la planta nadie les informó ni consultó, por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación —cuatro años después de haberse solicitado el primer amparo— decidió darles la razón y echó abajo cada uno de los permisos dados a GPO.

Esta decisión indica que se debe consultar únicamente a los pueblos que están alrededor de la bahía, no como sucedió el 28 de noviembre de 2021, cuando se hizo un ejercicio participativo con 83 mil boletas para que votaran personas de comunidades lejanas o de colonias populares de Ahome, Guasave y El Fuerte.

Esa actitud gubernamental y empresarial afectó a los pueblos y sus territorios desde un principio, pero ahora todo comenzará de nuevo. No hay permisos para nadie hasta que se informe y quede claro que la planta de amoniaco “podría generar impactos significativos en la vida y en el entorno de la comunidad”.

Melina Sandoval, la mujer que sostuvo el amparo de Lázaro Cárdenas hasta la resolución de la Corte, dijo que los pueblos Mayo-Yoreme no están en desacuerdo con el progreso económico o los proyectos del gobierno federal o local, sino que están contra el rechazo y discriminación para reconocer a quienes nacieron, crecieron y viven en territorios indígenas.

El gobierno de México eligió 15 comunidades para ser consultadas y 11 de estas ya opinaron que sí quieren una planta de amoniaco y una que no, pero faltan otras tres comunidades, las que ganaron los amparos y que están alrededor de la bahía. Solo la Suprema Corte de Justicia decidirá quién tiene la razón.

La bandera de los Mayo-Yoreme tiene los colores rojo, blanco y azul. Un venado, que representa el monte, salta sobre dos flechas en posición de descanso; y en cada costado están los elementos que usan en sus actos ceremoniales: agua, tierra, fuego y aire. Como símbolo de su lucha, muchas de esas banderas ondean hoy en la bahía de Ohuira. Con ello parte de la comunidad está diciendo que no quieren nada que ponga en riesgo a su nación, a su bahía, a su mundo, a su lugar sagrado.

*Este reportaje fue coordinado por Laure Delalande, Néstor Genis y Silvia Márquez de Ethos Innovación en Políticas Públicas; con la edición de Karla Casillas. Corrección de estilo: Maura Arzate.

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Fotografía principal: Fly by Jorge Omar Peraza

En Ohuira existen comunidades indígenas que dependen íntimamente de un ecosistema sano y de un paisaje prístino para su alimentación, disfrute espiritual, sentido de pertenencia e identidad cultural. En este artículo, el autor expone la dimensión natural y cultural de la bahía, así como los posible impactos que generaría la operación de una planta de amoniaco.

La Bahía de Ohuira, perteneciente al complejo lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, es única entre las lagunas costeras del estado de Sinaloa. Ostenta merecidamente reconocimientos ecológicos formales, por sus atributos naturales, su biodiversidad y por los servicios ecosistémicos que genera.

La Bahía Encantada, -en lengua cahita-, es un humedal de importancia internacional, reconocido como Sitio Ramsar No 2025 en el año 2009. Es un ecosistema valioso de 22 mil 500 hectáreas de superficie, que alberga las islas de los Patos, Bledos, Bleditos, la Tunosa, Mazocahui I y Mazocahui II, que la hacen parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.

Pero casi todas las lagunas costeras sinaloenses son reconocidas por sus atributos ecológicos y su biodiversidad, por su belleza paisajística y por sus islas, como Navachiste, Bacorehuis, Jitzámuri, Santa María La Reforma, o Teacapán. Entonces, ¿qué hace diferente a la Bahía de Ohuira de las demás?

La diferencia entre la Bahía de Ohuira y las demás lagunas costeras de nuestro estado, es su dimensión cultural, que ha sido menos reconocida que su dimensión natural. La dimensión natural y la dimensión cultural no son entidades independientes, por el contrario, forman parte de un mismo sistema; existe una relación innegable entre sociedad y naturaleza ya que la humanidad depende de la naturaleza y del suministro de servicios que ésta genera, pero también la modifica a través del tiempo; ambos coevolucionan conformando un sistema denominado sistema socioecológico o socioecosistema.

Los socioecosistemas son ecosistemas que de una forma compleja se vinculan e interaccionan de manera dinámica e interdependiente con uno o más sistemas sociales, de tal manera que un socioecosistema tiene que ser gestionado como un todo, como entidad integrada y unitaria (Duarte, 2006), lo cual significa un reto debido a que la gestión del ambiente, que se ha venido haciendo convencionalmente, se enfoca únicamente en la dimensión natural de manera que resulta en una gestión no sustentable.

Presencia indígena

La presencia indígena en la conformación del socioecosistema de Ohuira ha sido trascendental debido a que los pueblos originarios han estado ahí, desde hace miles de años,  aprovechando las bondades de la naturaleza. “La región que comprende el norte del estado de Sinaloa, el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua, ha sido el hogar de grupos indígenas de la familia ‘Cahita´, la cual se encontraba integrada por las naciones de los sinaloas, ocoronis, zuaques, tehuecos, guarijíos, yaquis y mayos. De dicho grupo, en la actualidad solo perduran pueblos pertenecientes a las tres últimas” (Terán, 2020).

Sin embrago, “Muchos de estos pueblos han desaparecido o se han transformado al grado de perder la mayoría de sus relatos de origen y de sus rasgos identitarios. En suma, sólo como ejemplo de los procesos de extinción de los pueblos indios, podemos señalar que en el noroeste de México, en los actuales Estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua ha desaparecido más de una treintena de etnias indias por diversos procesos –no excluyentes entre si-, entre los cuales puede señalarse el exterminio directo, el despojo territorial, la asimilación y el mestizaje racial y cultural” Gazga, 2002.

Los que son y los que no son

En la actualidad los indígenas Yolem ́mem (los que son), se mezclan con los mestizos o Yoris (los que no son, los que no respetan la tradición), en la zona norte del estado y en pequeñas poblaciones que bordean la Bahía de Ohuira. En la Tabla 1 se aprecian algunos datos sobre las comunidades y su población Mayo-Yoreme.

En el socioecosistema Bahía de Ohuira son cinco asentamientos los que dependen más directamente de los servicios del ecosistema y su biodiversidad: El Campito, Lázaro Cárdenas, Paredones, Ohuira y Topolobampo, del más pequeño al más poblado. Se incluye además, a la ciudad de Juan José Ríos, Guasave, por ubicarse en su periferia, aunque sus habitantes no dependen de la bahía para su subsistencia, pero si impactan en ella.

Al comparar los porcentajes de población indígena que vive alrededor de la bahía, resalta que Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas superan los porcentajes nacional, estatal y municipal; en el Campo Pesquero Lázaro Cárdenas más de la mitad de sus habitantes son mayo-yoremes; en el ejido Ohuira la cuarta parte son indígenas y el resto mestizos o yoris; y en el Campo Pesquero Paredones, 10% son indígenas.

Por el contrario, las localidades más grandes, -Topolobampo y Juan José Ríos-, asimilan los menores porcentajes de población indígena. Los indígenas de Juan José Ríos, a diferencia de los otros pueblos, llegaron recientemente a ese emplazamiento; fueron desplazados de la sierra al valle, por la construcción de la presa Miguel Hidalgo, a mediados del siglo pasado.

Ligados a la naturaleza

Mientras mayor es la presencia indígena en estas comunidades, mayor es su dependencia directa de los servicios de los ecosistemas. Es difícil que estas comunidades puedan mantener su calidad de vida sin el soporte de la naturaleza; dependen íntimamente de la existencia de agua limpia, de la fertilidad de los suelos, de la presencia de flora y fauna silvestre como fuente de proteína, de madera y fibra vegetal, entre otras; dependen también de un ecosistema sano y de un paisaje prístino para su disfrute espiritual, sentido de pertenencia e identidad cultural. Estos son factores esenciales para su existencia, comparados con las poblaciones urbanizadas y las sociedades desarrolladas, que pueden importar los servicios de los ecosistemas de otras partes de la región o del planeta, de manera más fácil, a través del mercado globalizado.

En el puerto de Topolobampo, a pesar de que la comunidad indígena apenas representa 1.5% de la población total, existe un sentido de pertenencia y una identidad cultural muy arraigados en relación con sus ecosistemas, aún entre los topeños que han salido a trabajar en otras partes del país y del extranjero. La pesca no sólo se realiza de manera artesanal sino también tecnificada, y rebasa el ámbito lagunar-estuarino para extenderse hacia el medio marino.

El desarrollo de la pesca, su industrialización y la diversificación de actividades, han representado oportunidades de aprovechamiento de los servicios ambientales alternativas, y la dependencia de la naturaleza de los habitantes del puerto, es menor.

Servicios que otorgan los ecosistemas

A pesar de que la Bahía de Ohuira ha sufrido deterioro ambiental, el flujo de servicios de los ecosistemas aún se mantiene, influyendo en los componentes del bienestar humano de los habitantes de la región desde hace más de quinientos años. Este flujo de servicios depende de que mantengan su integridad y su resiliencia; los ecosistemas tienen una capacidad de carga y el desarrollo de la sociedad debe estar sujeto a esa capacidad impuesta por los ecosistemas, para ello es necesario que la conservación y la gestión del capital natural estén basadas en ella.

Servicios culturales

Los ecosistemas representan el corazón de la biósfera y el soporte de la existencia humana, gracias al suministro de capital natural y todos los servicios que los humanos necesitan para su existencia. Brindan una variedad de beneficios, algunos obtenidos a través del mercado, como madera, agua, alimentos, materiales para construcción, energía, y medicinas (servicios de abastecimiento). Sin embargo, también de manera gratuita o sin tener como intermediario a la economía, los ecosistemas nos brindan otra serie de servicios como la regulación del clima, el procesado de contaminantes, la depuración de las aguas, la actuación como sumideros de carbono, la prevención contra la erosión, y las inundaciones, entre otros servicios de regulación (Daily, 1997).

En la Tabla 2 se muestran los servicios culturales que Santos-Martín y colaboradores (2015) identifican como producto de los ecosistemas marinos y acuáticos continentales. Esta tipología de servicios se aplica muy acertadamente al socioecosistema de Ohuira, ya que sus habitantes, los que son y los que no son, reflejan muy bien un sentido de pertenencia y una identidad cultural muy arraigados, que los convierten en defensores férreos, casi invencibles, de su socioecosistema; la ruina de su ecosistema significa la ruina de sus formas de subsistencia, por esta razón los intentos de construir la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira van a resultar muy costosos para sus promotores: escogieron muy mal a sus opositores.

Dos futuros posibles

Durante mucho tiempo el flujo de servicios de los ecosistemas pudo sostener a una población dedicada a la agricultura pero principalmente a la pesca artesanal en la bahía, a la pesca industrial, y al turismo de naturaleza más recientemente. Desgraciadamente la Bahía de Ohuira ha sido afectada por el desarrollo de prácticas agrícolas en el valle, que han provocado disminución en su profundidad media y contaminación por agroquímicos, y los drenajes urbanos que comprometen la calidad del agua y la salud del ecosistema.

En este contexto, la construcción y operación de la planta de amoniaco afectará de manera irreversible los servicios de regulación y, en consecuencia, los servicios de abastecimiento y culturales; será rebasada la capacidad de carga de la bahía. Aunque se lleven a cabo las medidas para mejorar el medio ambiente que ofrecen los promotores de la planta de amoniaco, los impactos que ésta generará serán tan significativos, acumulativos e irremediables, que provocarán a mediano plazo, un ecocidio.

Esa discusión ya la han dado los ambientalistas y académicos, aquí el punto es que la población originaria será la víctima directa de ese ecocidio. Como señalan González y colaboradores (2007), “los países desarrollados, para mantener su metabolismo económico, acaparan la mayor parte de la producción primaria neta del planeta y utilizan a los países subdesarrollados como fuente de materia prima y de energía, y como sumidero de residuos, comprometiendo las posibilidades de desarrollo futuro de los países del Sur”. Es lo que sucede con la empresa alemana que quiere utilizar como sumidero de recursos al socioecosistema de Ohuira, con la complicidad de GPO, para beneficio del metabolismo económico de unos cuantos.

A los inversionistas y sus entusiastas apoyadores del gobierno e iniciativa privada, no les importa atropellar los derechos de los habitantes de la zona, les interesa privatizar el socioecosistema de Ohuira para su beneficio. Tampoco les sonroja violar el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ni la Convención de Ramsar sobre Humedales, ni les preocupa respetar el APFF Islas del Golfo de California. Un futuro donde se construya la planta de amoniaco es indeseable, en él no tienen cabida los que son.

El otro futuro posible es que el flujo de servicios ecosistémicos de la Bahía de Ohuira sea planificado y gestionado de manera participativa, para mejorar el bienestar humano de las comunidades, considerando la capacidad de carga del ecosistema y respetando los derechos de los pueblos originarios.

Actividades extractivas o de alto impacto, como la planta de amoniaco, no tienen cabida en un futuro sustentable. Por el contrario, el papel de las actividades no extractivas, las actividades pesqueras tradicionales y los pueblos originarios, en la conservación del paisaje y en la protección de los procesos ecológicos y los recursos naturales, deberá ser reconocido socialmente y ser considerado como parte de la herencia sociocultural de la región. Al construir esa planta de amoniaco perdemos todos: los costos económicos y políticos serán enormes.

Ecocidio: Destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible. (Diccionario Oxford).

Etnocidio: Destrucción de un grupo étnico o de su cultura. (Diccionario Oxford).

FUENTES CONSULTADAS

Daily, G. C. (ed.). 1997. Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, DC./ Duarte, C. M. 2006. Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema tierra. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. 166 p./ Gazga, Alfonso. 2002. Mayos de Sinaloa. Proyecto Perfiles Indígenas de México. Documento de trabajo. https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/66/Santos Martín, Fernando, Carlos Montes, Paloma Alcorlo, Susana García-Tiscar, Blanca González, María Rosario Vidal-Abarca, María Luisa Suárez, Laura Riyo, Inmaculada Férriz, Juan Barragán, Juan Adolfo Chica, César López y Javier Benayas. 2015. La aproximación de los servicios de los ecosistemas aplicada a la gestión pesquera. Fondo Europeo de Pesca, Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 244 pp./Terán, Heraclio. 2020. Resistencia indígena. Indígenas del norte de Sinaloa en lucha contra planta de amoniaco de Topolobampo. Revista La Izquierda Diario. www.laizquierdadiario.mx. Recuperado el 23 de noviembre de 2021.

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