La defensa de los derechos de los pueblos originarios y del medio ambiente necesita el apoyo de toda la población sinaloense, señala.
Mazatlán, Sinaloa.- “Tanto mi vida como la de mis compañeros se encuentra en peligro, pero no damos paso atrás, seguimos adelante», dijo el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, a unos días de que él y tres mujeres integrantes del Colectivo Aquí No recibieron amenazas por oponerse a la operación de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, al considerarla un riesgo para el entorno natural y para la seguridad de los habitantes.
El también gobernador indígena de la comunidad de Ohuira estuvo en este puerto invitado por académicos e integrantes del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz), quienes organizaron una reunión para manifestar el apoyo a los líderes y comunidades que han dicho no a la instalación de una planta industrial que proyecta producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
Durante el encuentro, Montaño Valenzuela hizo una relatoría de las acciones emprendidas en la defensa del territorio en los últimos nueve años, entre las que se encuentran tres amparos presentados por las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien después de dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), determinó que las comunidades afectadas por la instalación de la planta debían ser consultadas antes de la entrega de los permisos.
En la consulta se incluyó un total de 15 comunidades, aunque solo cinco se encuentran alrededor de la bahía. De esas, cuatro se pronunciaron en contra: Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos. La última consulta se realizó el 18 de septiembre en Paredones.
Cadena de irregularidades
El gobernador indígena de Ohuira aseguró que a lo largo de este proceso, los pueblos no han sido bien informados sobre los riesgos de la planta y al mismo tiempo han sido divididos con la “compra de conciencias” por parte de la empresa.
“Estamos en conflicto social entre nuestras propias familias por cuestiones de intereses ya sea económicos o políticos (…) GPO interviene en todo, prácticamente en todo, hasta en un funeral, en un apoyo de una medicina, en reconstrucción de una escuela, pero eso le toca al gobernó”, apuntó.
Como parte de las acciones de defensa que se han realizado en estos años, se conformó el Colectivo Aquí No, en el que participan integrantes de las comunidades afectadas, ambientalistas, científicos y académicos.
Miembros de la organización han señalado que, con sus declaraciones públicas, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya, como el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, han tomado partido a favor de la compañía de origen alemán.
Además, este mes, durante la etapa de consulta, los líderes indígenas Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, Claudia Susana Quintero Sandoval, Irene Díaz López y Melina Maldonado Sandoval, denunciaron que recibieron amenazas, razón por la cual solicitaron medidas cautelares ante la Fiscalía General del Estado.
“Las amenazas y todo lo que ha surgido en esta lucha, en esta defensa, la hemos sabido llevar. Cuando se meten contigo no hay problema, pero cuando se meten con la familia, ahí es donde empieza un calvario, un viacrucis, sin embargo, seguimos adelante”, expresó Montaño Valenzuela.
Consideró que la resolución de la SCJN deberá favorecer a las comunidades que se oponen a que la planta opere en esa zona tomando en cuenta que en el proceso se han cometido irregularidades porque se otorgron permisos y se talaron cerca de 28 hectáreas de manglar sin que antes se hubiera consultado a las comunidades para obtener su consentimiento, de acuerdo a lo que establecen los artículos 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este documento vinculante establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”.
“Tendrá que ser un dictamen favorable a los pueblos ya que hemos demostrado con argumento, con la ley en la mano, que nosotros hemos estado en la verdad”, manifestó Montaño Valenzuela.
En defensa de la vida
Por su dimensión cultural, entre los pueblos originarios que circundan la bahía de Ohuira existe un fuerte vínculo con su entorno natural. Por lo tanto, la operación de una planta productora de amoniaco no solo representa una amenaza para los ecosistemas, sino que también tiene un impacto existencial al trastocar sus usos y costumbres, explicó el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa.
“Yo miro diferente el mundo, yo miro diferente mi entorno, yo miro diferente todo; yo no miro con precio los terrenos, yo no miro con precio el mar, yo no miro con precio nada. Lo de nosotros es más espiritual, la cosmogonía que tenemos nosotros es más profunda; esta empresa sería un golpe existencial a nuestras vidas”, expuso.
Pero los políticos no entienden ni toman con seriedad la visión de los pueblos, sus procesiones, música y cantos ligados la naturaleza y a los seres vivos que dependen de ella, lamentó.
Opinó que el daño ambiental y la violación a los derechos de los pueblos originarios del norte de Sinaloa es un tema que debe importarle a toda la población del estado.
-¿El pueblo Mayo-Yoreme necesita del apoyo de los sinaloenses?
“Claro que sí, la unión entre yoris (los que no son parte de la comunidad) y yoremes para la defensa de nuestro territorio”, afirmó.
Por lo pronto, ya se organizan reuniones con otros pueblos originarios del noroeste del país, tal es el caso de la Tribu Yaki y Mayos de Sonora, con quienes se sostendrán mesas de trabajo para abordar los problemas a los que se enfrentan.
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La opinión de expertos
Por su parte, el investigador Jaime Renán advirtió que los niveles de contaminación que ya registra la bahía derivado de las descargas de aguas negras urbanas, del sector agrícola y acuícola la hace más vulnerable al impacto de la planta de amoniaco. También señaló que el modelo de desarrollo y los planes parciales de desarrollo urbano de esa zona están desfasados porque no toman en cuenta las circunstancias actuales de la zona.
Sergio Valle, fundador del Consejo Ecológico de Mazatlán, añadió que la producción industrial del amoniaco que se propone también ha quedado desfasada porque ahora existen alternativas para generar este tipo de fertilizantes usando energías renovables y sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, tal es el caso del llamado amoniaco verde.
Tanto el gobernador indígena de la comunidad de Ohuira, como los académicos y ambientalistas, reiteraron que el movimiento busca la defensa de los derechos humanos y que la planta podría operar en un lugar en donde el impacto ambiental, social y cultural, sea menor.
“En esta lucha defendemos la vida, la vida de todos, la vida de nuestra madre naturaleza, de todos los seres vivos”,
Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira.
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