- Empezarán con restaurantes y cocinas del Centro Histórico para verificar que cuenten con trampas de grasa.
- El propósito es evitar los taponamientos en la red sanitaria y subsecuentemente los rebosamientos de drenaje en la vía pública.
- Pese a que contar con trampas de grasa está regulado por leyes estatales y reglamentos municipales, en esta primera etapa se trabajará de manera «voluntaria» y mediante acuerdos.
El 11 de enero el Gobierno Municipal dió inicio a un trabajo operativo que consiste en la supervisión de trampas de grasa en restaurantes y cocinas del Centro Histórico con el propósito de evitar los taponamientos en la red sanitaria y subsecuentemente los rebosamientos de drenaje en la vía pública.
Pese a que contar con trampas de grasa está regulado por la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y el Reglamento y el Reglamento Ambiental de Cambio Climático del Municipio de Mazatlán, en esta primera etapa, llamada de «concientizacion y acuerdos», se trabajará de manera voluntaria con los restauranteros.
En rueda de prensa, el alcalde Edgar González Zatarain, explicó que este operativo se trata, primero, de verificar que los negocios cuenten con esta desnatadora de grasa, segundo, que esté funcionando correctamente y tercero, que se le esté dando el mantenimiento adecuado.
Señaló que gran parte del Centro Histórico no tiene problemas con la red sanitaria, ya que la tubería es prácticamente nueva, a excepción de la calle Roosevelt, donde aseguró que en los próximos días arrancará la obra de renovación de infraestructura.
«A la par requerimos que los negocios también entren en una situación de apoyo, contando con las trampas de grasa y sobre todo con el mantenimiento que deben de tener», dijo.
Estos trabajos de concientización, agregó, se extenderán a la Zona Dorada y posteriormente con comercios semifijos y ambulantes, pues se ha detectado que, aquellos que tiene giro de alimentos, vierten sus grasas y desechos por las alcantarillas tanto pluviales como sanitarias.
«¿Qué vamos a hacer? un acuerdo con ellos para el depósito de esa grasa, tener un depósito con un final con tratamiento y que no se esté todos los días todas acumulando en la red sanitaria», agregó.
Una vez pasada la etapa de consenso, aseguró, quienes se hayan resistido, no hayan cooperado voluntariamente o haya hecho caso omiso, la autoridad competente como Ecología y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam) tendrán que actuar de otra forma.
Reconocen el problema
Alfredo Gómez Rubio, restaurantero de la zona, reconoció que existen problemas tanto en el sistema sanitario del Centro Histórico como en la infraestructura interna de cada edificio, dado a que en su mayoría son muy antiguas.
«Concientizar a la gente a cooperar voluntaria u obligatoriamente, al acceder a las revisiones y acceder a una asesoría, si las trampa realmente son las adecuadas, las que tienen, y si no las tienen ayudarles a que las tengan en el mínimo plazo para dejar de destruir nuestro drenaje. Ahorita hay como unos 70 restaurantes en el Centro Histórico, cuando esto empezaba no estaba preparado para esto, muchos son los edificios que tienen sus tuberías viejas, tenemos que buscar un mecanismo para que los negocios más pequeños, cómo les podemos ayudar para agregar un servicio a sus trampas de grasa, porque no se va a poder sostener esto», reconoció.
¿A quién le compete la supervisión?
La Ley de Agua Potable y Alcantarillado en su Artículo 30, señala que las Juntas impondrán las condiciones particulares de descarga de los comercios, talleres, industrias y domicilios, con la obligación de construir las trampas de sólidos las desnatadoras de grasas o los sistemas de tratamiento antes de las descargas de sus aguas residuales a la red de atarjeas, según su naturaleza.
Asimismo, en el Artículo 61, se estipula que para dar debido cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos las Juntas ordenarán que se realicen visitas de inspección al interior de los predios y las edificaciones particulares. De toda visita de inspección se tendrá que levantar un acta oficial circunstanciada.
Además, en el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del Municipio de Mazatlán, en el Artículo 75, señala que corresponde a la Jumapam, establecer las medidas necesarias para evitar que se descarguen sólidos y grasas y aceites por arriba de los parámetros establecidos en las condiciones de descarga, así como cualquier otra sustancia tóxica que pueda afectar a la población, dañar la infraestructura y la operación de la alcantarillado.
En el Artículo 73 se menciona también que la Dirección de Ecología podrá llevar a cabo el requerimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal, a los propietarios de los establecimientos de venta de alimentos, talleres, automotrices, de lavado, engrasados y cambios de aceite, aserraderos, tabiquerías, que instalen los dispositivos de control y de calidad de sus instalaciones de drenaje, manteniéndolas en óptimas condiciones de funcionamiento, y a los propietarios que ya cuentan con la licencia de funcionamiento, se les otorgará un tiempo de 3 a 6 meses para dar cumplimiento con los requisitos que marca el presente numeral.
Licencia Ambiental Municipal
La Licencia Ambiental Municipal es un documento que se expide para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de misiones a la atmósfera de jurisdicción municipal, establecimientos comerciales y de servicios.
Mientras que en el Artículo 119 del Reglamento Ambiental y de Cambio Climático se indica que la Dirección integrará un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia.
La información de registros se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones cédulas, en forma reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramitan ante la dirección.
La Cédula de Operación Anual, es un documento mediante el cual los establecimientos, comerciantes y de servicio, informan anualmente sobre sus procesos o emisiones y transferencia de contaminantes.
«Como dirección de Ecología comenzamos desde diciembre del año pasado a enviar a todos los establecimientos para que de manera voluntaria, haciéndoles llegar un primer requerimiento, actualicen su Cédula de Pperación Ambiental municipal (…) En el 2023 se lograron 640 registros, todo dictaminados de manera positiva sin costo alguno», informó Eunice Murúa Figueroa, directora de esta dependencia.
Explicó que por protocolo se hace un primer requerimiento, un segundo requerimiento, luego la orden de inspección y finalmente la inspección misma.
«En cuanto a las grasas se requieren diversos estudios, uno de ellos es revisar si tiene una trampa de grasa, si esta trampa está funcionando, si las trampas está separando la grasa de manera correcta, que los sólidos caigan al fondo y que posteriormente el líquido, el agua el gris, puede subir de manera correcta y vaya a las redes de drenaje», explicó.
Se revisa además que las compañías que están autorizadas por gobierno del Estado y municipal para recolectar esos residuos de manejo especial, (que son alrededor de cicno) tengan sus bitácoras revisadas con fechas y firmas.
Falta capital humano
La funcionaria reveló que se está solicitando aumentar el capital humano de la dirección, ya que actualmente el personal para estas funciones es limitado, a la par se estaría gestionando con Cabildo poder realizar un cobro por la inspección, ahora que los trabajos se van a abrir a mayor capacidad.
«Seria solamente una recuperación de gastos porque para poder revisar que un establecimiento sea ambientalmente viable, a veces se lleva hasta cinco visitas, sería dede una a cinco UMAS ( Unidad de Medida y Actualización) (de 108.57 a 542.85 pesos)».
¿Qué hay de las sanciones?
Según sus facultades, podrían aplicar sanciones económicas tanto la Jumapam como Ecología, las de esta última son turnadas a un Juez Cívico y es este el que determina los montos, que de acuerdo al reglamento estas pueden consistir en amonestación, multa por equivalentes de 10 a 20 mil UMAS, clausura temporal o definitiva, parcial o total, requerimiento, revocación de autorizaciones, permisos o licencias.
En el caso de la paramunicipal, el gerente general, Jorge González Naranjo, señaló que se aplican multas que van de los 30 a los 50 mil pesos, incluso a la reparación del daño si la infraestructura sanitaria se viera afectada.
