Deterioro, desorden e ilegalidad en playas de Mazatlán: especialistas

El deterioro de las playas de Mazatlán está relacionado con el desarrollo inmobiliario y turístico; la falta de coordinación entre autoridades y la omisión en la aplicación del marco legal, opinaron expertos en diversas áreas.

El tema se abordó durante el panel «Gobernanza Costera: retos y oportunidades en la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Mazatlán», organizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) local.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Este espacio es un bien nacional de acceso público cuya administración está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encarga de vigilar que su uso y aprovechamiento se realice en apego al marco legal.

Adicionalmente, otras dependencias de gobierno federales, estatales y municipales pueden coordinarse para su aprovechamiento, limpieza, preservación y uso sustentable.

Sin embargo, esta zona enfrenta problemáticas como la edificación de torres o palapas sin autorizaciones en materia de impacto ambiental, aunado al acaparamiento de espacios con renta de mobiliario, contaminación de diverso tipo, tala de mangle, erosión, pérdida de playa, obstrucción de accesos y delimitación desfasada.

El ejemplo más reciente es la torre inmobiliaria que Profepa clausuró el 13 de febrero por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por cortar mangle; adicionalmente, esa dependencia tiene detenidas las obras de cuatro palapas.

Hay otros impactos menos visibles que ya han sido registrados en instituciones de investigación: alteración de los ecosistemas y de la calidad del agua por contaminación microbiológica, así como la ausencia de playas incluyentes para las personas con alguna discapacidad, advirtió Omar Calvario Martínez, investigador responsable del Laboratorio de Química y Productividad Acuática del CIAD, uno de los panelistas.

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Autoridades no se coordinan

Los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con facultades concurrentes en playas no están operando actualmente, lo que contribuye al desorden y mal uso de estos espacios naturales, refirió la periodista ambiental Raquel Zapien, durante el panel.

Por ejemplo, dijo, no existen registros recientes de la operación del Comité Técnico de Zofemat, cuya función es aprobar los programas para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación, limpieza y correcta aplicación de los recursos que se recaudan por cobro de derechos y que se destinan al Fondo Zofemat.

A la fecha, tampoco se ha reactivado el Comité de Playas Limpias, una instancia auxiliar de la Comisión Nacional del Agua que permite que los diferentes sectores sociales y económicos participen junto con las autoridades en el saneamiento y cuidado ambiental de las playas y los cuerpos de agua relacionados.

En lugar de trabajar en objetivos comunes, se han dado casos en que las autoridades actúan de forma contrapuesta. Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, reconoció durante su participación que el Gobierno Municipal ha llegado a otorgar permisos de construcción en zona federal sin que exista previamente la autorización de impacto ambiental que expide la Semarnat.

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También hay lagunas legales que no favorecen la protección de la zona federal desde el ámbito local. Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP), explicó que para tramitar un permiso o una concesión ante Semarnat, es necesario que el solicitante presente un dictamen de uso de suelo expedido por el Gobierno Municipal, en el cual se indica si el proyecto es compatible con el entorno urbano. Sin embargo, esta opinión técnica no considera la capacidad de carga ni otros criterios técnicos de la playa adyacente.

Para evitar que este documento se entrege de manera discrecional sin considerar las características de la zona federal, se requiere modificar el Reglamento de Construcción, el cual también debería obligar a los desarrolladores a contemplar servidumbre de paso a la playa en sus proyectos, acorde con la Ley General de Bienes Nacionales, por lo cual ya se elabora una iniciativa de reforma, comentó durante su intervención.

«Falta mayor coordinación y mayor ingerencia de los tres niveles de gobierno en la regulación de la Zona Federal Marítimo Terrestre», reconoció.

Desorden y omisión

Todos los integrantes del panel coincidieron en que la actividad inmobiliaria y turística ha impactado a las playas y otros ecosistemas costeros.

Al respecto, el delegado de la Profepa señaló que hay desarrollos que prefieren «pedir perdón que pedir permiso», de tal forma que optan por construir sin las autorizaciones que marca la ley aunque tengan que pagar multas. En otras ocasiones, también existe deconocimiento de la tramitología que deben realizar en materia ambiental.

«La ciudadanía mazatleca tiene que estar preparada porque hay un desarrollo muy pujante en Mazatlán y ojalá no se detenga; pero lo importante es que estemos vigilantes de que ese desarrollo sea en el marco normativo ambiental y sobre todo en el respeto de nuestros ecosistemas que es lo más importante que tiene Mazatlán», expresó.

Sobre este tema, Raquel Zapien consideró que el desorden e impacto ambiental en la Zofemat se ha agudizado a lo largo del tiempo por la omisión de autoridades que en su momento no cumplieron con su deber legal de actuar y porque no se han activado los mecanismos de coordinación interinstitucional para administrar y proteger la zona.

«Este no es un tema de cultura ambiental, es un tema de omisión y de legalidad», apuntó.

En consecuenia, Mazatlán tiene playas con contaminación, erosión y acaparamiento de espacios por actividades comerciales, añadió. Un nuevo problema es la creciente expansión inmobiliaria sobre el sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia mundial que abarca desde Punta Cerritos hasta Mármol, al norte del municipio.

Pero eso no es todo, las omisiones y la falta de sanciones por parte de autoridades, también han incrementado la vulnerbilidad de la ciudad y los riesgos de desastre ante el impacto de un huracán. Paralelamente, esta impunidad podría alentar a personas que actúan fuera del marco legal a agredir a periodistas, activistas y grupos académicos que se atreven a investigar y señalar estas problemáticas, advirtió la fundadora de Son Playas.

Por su parte, Marco Moreno advirtió que las sanciones para los desarrolladores que no cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley General del Equlibrio Ecológico y Protección al Ambiente serán cada vez más estrictas. Además se les emplazará para que cumplan las condicionantes ambientales y de no hacerlo se les revocará el permiso. Son procesos tanto administrativos como jurídicos.

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