Por Astrid Arellano/Mongabay Latam
- Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
- Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
- Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
- Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.
La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.
En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.
“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.
“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.
Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.
La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.
El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.
También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.
Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.
Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.
Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.
“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.
El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.
Un proyecto catalogado como amenaza
La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.
Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.
Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.
A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.
Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.
“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.
De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.
Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.
También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.
De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.
Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.
Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.
Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.
Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.
La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.
Violencia contra los defensores de la bahía
Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.
Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.
Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.
“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.
Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.
“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.
Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.
A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.
“Las cartas recuperan los testimonios de graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición de una de las defensoras. Resulta urgente que el Gobierno mexicano y el Gobierno de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región. Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes”
afirmaron los firmantes.
Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.
Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.
Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.
