• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Desde abril de este año, grupos ciudadanos se han manifestado en contra de la instalación de una tirolesa en el Cerro del Crestón. La protesta más reciente se realizó el domingo pasado con una marcha y pintas en la fachada del Parque Turístico El Observatorio 1873, y aunque la empresa advirtió que procederá legalmente por daños a propiedad privada, ya se convoca a otra nueva manifestación para el 30 de junio a las 5:00 pm en Olas Altas.

Las personas que están en contra de que se construya un proyecto privado en un espacio público con valor biocultural, han conformado una nueva organización ciudadana denominada Colectivo por la Defensa del Faro, la cual ha venido creciendo en número de integrantes con la adhesión de diversas organizaciones, entre las que se incluyen Puertos Posibles, Interacción Luciérnaga, Círculo de Dibujo, Monchiartes, Sirenas Negras y Perlas del Pacífico, además de vecinos de diversos asentamientos, miembros de la comunidad científica, artística y cultural de la localidad.

En este tiempo, el movimiento se ha expresado a través de las redes sociales y mediante concentraciones pacíficas que suelen realizarse los fines de semana al pie del Cerro del Crestón, en cuya cima se encuentra el faro y se termina de instalar la tirolesa, inversión del Observatorio Mazatlán, una de las empresas del Grupo Red Petroil.

Contraste de posturas

La movilización mayor se registró el domingo 23 de junio, con una marcha que partió de Olas Altas y culminó en el Paseo del Centenario, frente al citado parque turístico. Algunos de los manifestantes colocaron una cruz en la puerta de acceso de ese centro recreativo y realizaron pintas sobre la fachada. También se plasmaron mensajes de rechazo en banquetas y en la vialidad.

Al siguiente día, el consorcio ofreció una rueda de prensa y giró un comunicado a través de la Dirección de Transformación e Innovación para aclarar que el faro no se privatizará y que es falso que la operación de la tirolesa acabará con la flora y fauna del lugar.

«Sabemos que existen personas, y están identificadas, que en su afán de alimentar sus intereses personales han creado y alimentado estos mitos y desafortunadamente han utilizado a personas para crear el encono y las diferencias entre mazatlecos», dice el documento.

La firma informó que su fachada y portón fueron dañados con pintura en tanto que algunos de sus vehículos presentaron rayaduras. Por considerar que estas acciones traspasan los límites al justo derecho de expresarse, rompen la paz y la concordia, procederán legalmente.

«Antes estos hechos, y siguiendo el estado de derecho que debe privar en nuestro país, procederemos legalmente contra quien resulte responsable por estos hechos con el objeto de deslindar las debidas responsabilidades», se advirtió.

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Ante la amenaza, el Colectivo por la Defensa del Faro aclaró el miércoles de esta semana que las pintas no fueron un acto de vandalismo, sino una acción para hacer más visible la postura de un sector de la población que no está de acuerdo en que un particular utilice un bien público para convertirlo en negocio, aunque solo se le haya concesionado una parte.

El biólogo y activista Gildardo Izaguirre dijo que hasta antes de ese día no se tomaba en serio el movimiento e incluso no tenían la misma respuesta de convocatoria de los medios de comunicación como la tuvieron a partir de estos hechos y después del posicionamiento que hizo el Grupo Red Petroil.

«¿Qué hace un movimiento cuando no lo escucha nadie? sale a la calle y esto no es nuevo, tiene años, buscamos visibilizarnos, si no ustedes no estuvieran aquí,  no se hubieran metido en la mesa de discusión del asunto del faro, porque nadie sabía lo que estaba pasando, esa fue una estrategia para que nos escucharan», expresó ante medios de comunicación locales. 

Habrá más protestas contra tirolesa y contra Semarnat

Gildardo Izaguirre consideró que las acciones legales anunciadas por la empresa promovente de la tirolesa son un acto de amenaza e intimidación. Aún así, el próximo domingo 30 de junio, a las cinco de la tarde, volverán a manifestarse en Olas Altas, valorando si suben nuevamente al Paseo del Centenario.

Incluso no se descartan protestas en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) porque el 18 de marzo del 2021 expidió un resolutivo favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el particular a pesar de que presenta omisiones; por ejemplo, no se detalla la existencia de flora y fauna en el espacio sobre el cual se construye la tirolesa y su entorno.

Natalia Tunal, integrante del colectivo, opinó que hay opacidad en el proceso de aprobación de este proyecto.

A través de una solicitud de acceso a la información, la ciudadana pidió a Semarnat una copia de los estudios realizados por Protección Civil. La dependencia respondió que el pasado 29 de abril de 2024 se recibió la opinión favorable del Instituto Estatal de Protección Civil para el proyecto de construcción de una tirolesa, es decir, se expidió el resolutivo favorable de la Manifestación de Impacto Ambiental hace tres años sin tener ese respaldo.

De igual forma se le requirió a la dependencia federal una copia del manejo de residuos generados, pero la contestación fue que el promovente de la obra entregó evidencia de la separación de los residuos sólidos de acuerdo con las condicionantes ambientales del proyecto «Tirolesa Cerro El Crestón a Cerro del Vigia». Esta respuesta contrasta con las imágenes que muestran cómo es que los desechos pétreos han caído sobre el acantilado, con amplia difusión en redes sociales y plataformas digitales.

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Natalia Tunal indicó que también ha intentado conseguir por diferentes vías el nombre del Director Responsable de Obra y de los responsables de elaborar los cálculos estructurales del proyecto, pero no ha sido posible obtener esa información.

Por su parte, Gildardo Izaguirre narró que varios integrantes del colectivo acudieron recientemente a las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional para recibir información que solicitaron en relación a la expedición de una conseción parcial para la operación de la tirolesa, por parte de esa instancia, pero al final les entregaron una carpeta con cuatro hojas que no contiene los datos que pidieron.

Aún con las negativas, la agrupación se seguirá manifestando en su derecho de libre expresión, afirmó.

«Nosotros vamos a seguir protestando, organizándonos, la idea sería que de aquí surgiera un frente de defensa de los espacios públicos de Mazatlán», concluyó.

Procesos legales

El movimiento ciudadano ha promovido 20 amparos ante los juzgados del octavo, noveno y décimo distrito, los cuales fueron desechados en su totalidad por considerar que no hay un interés legítimo por parte de los quejosos. El octavo y noveno distrito admitieron cinco, pero en la primera audiencia los rechazó. En estos momentos analizan la posibilidad de presentar un amparo contra la Semarnat por haber aprobado un manifiesto de impacto ambiental con información falsa u omisa, según informó el colectivo.

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“La protesta escaló y lamentablemente algunas personas hicieron mal uso de la propiedad ajena, pintando y rayando las paredes, así como el portón de entrada al parque turístico, también a vehículos. Ante esos hechos y siguiendo el Estado de Derecho, procederemos legalmente conta quien resulte responsable por estos hechos”, declaró Alejandro Cristerna, director de Innovación y Transformación del Grupo, durante rueda de prensa.

Cristerna estuvo acompañado de Mónica Medina, directora de Turismo de Red Petroil, ambos se limitaron a leer un breve comunicado donde expusieron su postura ante la manifestación ciudadana, que considera al proyecto privado como un arrebato del espacio público natural.

Durante la conferencia, exhibieron en video y en imágenes, los rostros de varias personas que presuntamente habrían participado en el daño que señalan a la propiedad privada; también mostraron videos de la marcha y expusieron los daños que presuntamente ocasionaron.

Cristerna aseguró que todavía no tienen definida ante qué autoridad presentarán la denuncia, pero están ya en proceso con el área jurídica. Sin embargo, al mismo tiempo que anunció esta medida contra los ciudadanos, anunció la apertura del Grupo para escuchar y recibir a los grupos que se oponen a la construcción de la tirolesa. 

Declaró que han buscado a los grupos ambientalistas, pero no han tenido respuesta y públicamente les hizo un llamado para atenderlos, sin embargo, no preciso el mecanismo para iniciar ese acercamiento, sólo declaró que su teléfono lo tienen muchas personas y ahí se pueden comunicar.

Aseguran que tirolesa no es un intento de privatización

A pregunta expresa, el director de Innovación y Transformación del Grupo Red Petroil aseguró que no perciben que la tirolesa represente un arrebato de un bien público natural a los mazatlecos y que desconoce algún estudio que documente la existencia de flora y fauna que se deba cuidar y conservar en el Cerro del Crestón. 

Para el Grupo, reiteró, la tirolesa no representa un impacto ambiental en la zona, ni un intento de privatización.

Con relación a la extinción del Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán IAP, que la semana pasada anunció su salida del Cerro del Crestón después de seis años de trabajo dedicado al cuidado y conservación del área, deslindó al Grupo.

“Nosotros siempre hemos sido respetuosos del Patronato del Faro Mazatlán y nunca ejercimos acción alguna para intervenir en sus decisiones, la decisión de renunciar al Patronato, es una decisión que ellas hicieron en su justo derecho y que nosotros respetamos y siempre respetaremos”, expuso Alejandro Cristerna. 

Contexto

La tirolesa comenzó su construcción en noviembre del año pasado en la cima del Cerro del Crestón, el proyecto fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autorizada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Mazatlán, a través de una cesión parcial de derechos por 20 años, al considerar que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó el particular, en el Cerro del Crestón no hay flora ni fauna en riesgo de impacto.

Sobre la manifestación

Decenas de personas se manifestaron ayer al considerar que este proyecto es el inicio de la privatización del Cerro del Crestón y que la tirolesa afectará al ecosistema de ese espacio natural. 

La manifestación comenzó en Paseo Olas Altas y avanzó hacia la sede del Observatorio 1873 en el Cerro del Vigía, justo donde será el punto de llegada de la tirolesa que tendrá salida del Cerro del Crestón; en ese lugar algunas personas pegaron en las paredes de la propiedad pancartas de rechazo al proyecto; dejaron pintas donde exponen consignas contra el empresario Amado Guzmán, el particular que promovió la Tirolesa, como una forma de expresar su sentir de no ser considerados en una concesión de un bien que es símbolo de su identidad y pertenencia. 

El comunicado de la empresa

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Algunos de los manifestantes colocaron una cruz en la puerta de acceso de ese centro turístico y realizaron pintas sobre la fachada. También se plasmaron mensajes de rechazo en banquetas y en la vialidad.

Durante la protesta se portaron pancartas y se lanzaron consignas como «El faro no se vende, el faro se defiende», y «Faro sí, tirolesa no». De igual forma se lanzaron críticas al empresario Amado Guzmán, presidente de ese grupo empresarial, por considerar que pretende usar un patrimonio biocultural para beneficio propio; también se cuestionó la pasividad de las autoridades.

Entre los diversos discursos que se pronunciaron se reiteró que el interés público y el cuidado del entorno natural deben prevalecer sobre los intereses privados. «El cerro no se vende», señaló uno de los asistentes.

La mayor parte de los manifestantes regresaron caminando a Olas Altas. Aquí se volvieron a pronunciar discursos de rechazo a la explotación comercial del Cerro del Crestón, en cuya cima se encuentra el Faro Mazatlán y en donde ya se instaló la plataforma de salida de la tirolesa y los cables que conectan con el Cerro del Vigía, justo donde se ubica el Observatorio Mazatlán 1873.

Cabe señalar que en diversas ocasiones Son Playas ha solicitado entrevistas al empresario Amado Guzmán para conocer su postura respecto a las críticas que su proyecto ha recibido, tanto por las omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental, como por el uso de un espacio de valor natural, cultural e histórico para usufructo particular. Hasta el momento no ha sido posible concretar la entrevista.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

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