• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Por: Raquel Zapien/Son Playas

Quito, Ecuador.- A un año y medio de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se dio inicio al diseño del plan de acción para la protección, acceso a la justicia y reparación de daños a personas defensoras del medio ambiente, documento que deberá presentarse para su aprobación en el 2024, durante la celebración de la Conferencia de las Partes.

De esta manera se pretende que los Estados signatarios del tratado regional garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Acuerdo.

Las líneas de acción que serán incorporadas en el documento se discutieron en las mesas de trabajo que se realizaron durante el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, con sede en Quito, Ecuador, el 22 y 23 de noviembre y con la participación de más de 120 personas de 20 países.

El foro de dos días inició y concluyó con denuncias de agresiones, desplazamiento, asesinatos y criminalización, expuestas por líderes indígenas de Colombia, Brasil y Guatemala.

“En el continente todos los pueblos originarios no tenemos acceso a la justicia, se nos sigue tratando con mucha discriminación y con mucho racismo. En Guatemala se han impuesto megaproyectos en donde despojan y saquean los bienes de la vida que nosotros venimos cuidando”, advirtió Bernardo Caal, líder del pueblo maya q’qeqchí, quien hace siete meses salió de la cárcel tras cuatro años de prisión. Su detención se dio después de firmar un amparo en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas de la compañía Oxec sobre el río sagrado Cahabón.

El maestro, víctima de criminalización, acusó al Estado de estar al servicio de quienes despojan y saquean a los pueblos, sin tomar en cuenta a sus habitantes. Algo similar ocurre en la Amazonía brasileña, en donde empresas mineras y madereras invaden los territorios de las familias indígenas, según denunció la representante de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kakinde, Neidinha Cardoso.

“La situación que vivimos en Brasil es extremadamente seria, la minería ha matado a niños, mujeres y hombres indígenas, ha asesinado a defensores del medio ambiente y en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Bolsonaro, vivimos momentos de verdadero terror sin que los pobres indígenas, los afrodescendientes y la población que lucha por los derechos humanos del medio ambiente puedan vivir de una forma tranquila”, señaló durante el primer panel del foro.

Dijo que en la Amazonía hay 14 pueblos indígenas aislados que sufren la amenaza de genocidio sin ningún tipo de protección. Las mujeres, niñas y niños, son la población más vulnerable ante estos peligros.

“Niñas y niños están siendo violados para que las empresas y personas se enriquezcan”, alertó.

Las mujeres, niñas y niños del departamento andino-amazónico Putumayo, en Colombia, también han sido los más vulnerables ante la llegada de empresas mineras que buscan cobre y de grupos armados que atacan a sus pobladores obligándoles a abandonar sus tierras, según el testimonio de Elvira Jossa, líder indígena de la Asociación de Pensamientos Ancestrales ‘Oh Corey’.

“Es duro, no es fácil ser mujer, ser indígena y ser desplazada y tener que salir de tu territorio; no es fácil enfrentarte a esta vida”

Elvira Jossa

Horas más tarde, otra de las líderes participantes del foro, Zulma Yulier Ulcre, del pueblo Nasa de Colombia, recibió la noticia de que dos de sus compañeros fueron asesinados por defender el territorio. Ella misma hizo público el suceso durante la clausura del evento que reunió a representantes de pueblos indígenas, organizaciones ciudadanas, instancias internacionales y de los gobiernos signatarios del Acuerdo de Escazú. Después, la audiencia se puso de pie y guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Entonces, el representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América del Sur, Francisco Xavier Mena, reconoció que en Latinoamérica se registran tres de cada cuatro asesinatos de defensores ambientales que se reportan a nivel mundial y urgió a los países a adherirse al tratado y proteger a las y los defensores.

Pese a la relevancia del tema, no se programó la cobertura de medios de comunicación en el evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

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Las estadísticas

Por otra parte, los registros de la organización Global Witness indican que en los últimos 10 años han sido asesinadas al menos 1733 personas defensoras de la tierra y del ambiente en el mundo. Tan solo el año pasado se documentó el asesinato de 200 personas, lo que representa un promedio de casi cuatro crímenes por semana. En esta ocasión, México ocupó el primer lugar con un total de 54 asesinatos, de los cuales, más del 40% corresponde a indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

De acuerdo con el informe presentado en septiembre de este año por esa organización, los ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras “que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.

Durante un panel del foro, Francisca Stuardo, asesora de Global Witness, manifestó que muchos de estos asesinatos podrían haberse evitado si se contara con políticas públicas de protección, pues una parte de las víctimas ya había denunciado de forma pública y ante autoridades los riesgos a los que se enfrentaban.

Las propuestas

A través de mesas de trabajo, las personas que asistieron al foro propusieron medidas de prevención, protección, respuesta y acceso a la justicia para quienes defienden el medio ambiente, así como mecanismos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Se destacó la necesidad de que se capacite en temas de derechos humanos y asuntos ambientales a servidores públicos de todos los poderes y ámbitos de gobierno, incluyendo a policías y fuerzas armadas. También se hizo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información clara y oportuna; que todas las acciones previstas en el plan tengan perspectiva de género e intercultural y que se reconozca la labor de las personas defensoras.

En las conclusiones se incluyó la creación o fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y comisiones nacionales de seguimiento y vigilancia. Además de echar a andar estrategias de prevención y protección, se pide que los Estados signatarios incluyan presupuestos suficientes, mecanismos de ejecución rápidos y que respondan a diferentes situaciones y/o contextos.

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En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas que cubren temas de medio ambiente deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del citado tratado internacional, especialmente quienes laboran en medios de comunicación locales y de forma independiente.

Todas estas propuestas serán incluidas, junto con la opinión de expertos, en un plan de acción que establecerá mecanismos para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho documento será presentado para su aprobación por los estados signatarios en la Conferencia de las Partes  (COP) que se realizará en el 2024.

Previamente, se presentará un informe del primer foro en el marco de la COP 2023 que está programada para abril en Argentina, mientras que el borrador del plan de acción será expuesto para su revisión en noviembre de ese mismo año en un segundo foro.

Participación ciudadana

La participación de las organizaciones ciudadanas ha sido y será un motor para que el primer tratado ambiental de la región avance, aseveró Olimpia Castillo Blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental S.C., quien ha participado desde los orígenes de esta iniciativa.

“El Acuerdo de Escazú podrá ser el mejor instrumento del mundo pero si no movilizamos para que se cumpla no va a suceder nada”

Olimpia Castillo Blanco.

Mencionó que si bien existe una amplia representación de organizaciones civiles en el proceso, hay defensoras y defensores que no se han podido integrar a la discusión por limitantes geográficas y digitales. Otro reto es garantizar que las mujeres sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación del plan de acción del Acuerdo con una perspectiva de género.

Sobre este último tema, la organización Veredas A.C. advirtió que aún falta que se reconozca el liderazgo de las mujeres que están en la primera línea de defensa del territorio. A través de un posicionamiento, también señaló que los avances del Gobierno mexicano han sido limitados, entre otras cosas, porque hasta el momento no existe un diagnóstico de la situación de las personas defensoras y porque en las dos reuniones que se han realizado para validar el tratado ha faltado mayor representatividad de las personas defensoras de comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, Irene Murillo, una de las seis personas electas como representante del público para integrar el grupo de trabajo del Acuerdo de Escazú, manifestó que la sociedad civil seguirá estando representada para hacer planteamientos a los Estados, como ha ocurrido desde el principio.

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Sobre el Acuerdo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y un año después se realizó la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1).

Este tratado regional busca garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó a Son Playas que de los 33 países de la región, 24 han signado el Acuerdo y 12 lo han ratificado; se espera que Colombia también lo ratifique al contar con la aprobación de las cuatro instancias de debate legislativo de ese país.

Su implementación en México

México ratificó el tratado el 22 de abril del 2021. Anteriormente, ha signado otros tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel nacional se dispone de un marco jurídico aplicable al Acuerdo de Escazú, tal es el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de leyes ambientales. Con el Acuerdo de Escazú, se espera que las leyes mexicanas se perfeccionen, se impulsen, se apliquen y se eleven los niveles de efectividad en la protección de las y los defensores del medio ambiente.

DATOS

• El portal de periodismo ambiental mexicano, Son Playas, participó en un panel y mesa de trabajo para exponer la necesidad de que se considere la labor de periodistas ambientales en los mecanismos de protección del tratado.
• El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú para dar cumplimiento al artículo 9 del tratado.

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Por: Marcos Vizcarra

Fotografía: Luis Brito

Antes de salir a pescar, cualquier persona de la Nación Mayo-Yoreme debe dar gracias a la naturaleza. Eleva su oración al universo para pedir por ese día, por la vida, por los animales y las plantas que le rodean, por el alimento que podrá recoger para su familia. Esa conexión con la Tierra es el principal misterio de esta nación indígena que vive en el noroeste de México desde hace cientos de años, antes de que este territorio fuera invadido por España y sus misiones religiosas. Esta comunidad es también la misma que inició una lucha desde hace 7 años para tratar de impedir la construcción y funcionamiento de una planta para producir amoniaco en la bahía de Ohuira. 

Las comunidades Mayo-Yoreme, como los Yaquis —con quienes comparten territorio y comida—, son silenciosas hasta que llega el peligro. Son ellas quienes legalmente han logrado frenar a un gigante de acero y concreto en la bahía de la región de Topolobampo, donde desde 2015 comenzó a construirse una planta para la producción de amoniaco, lo que pondría en riesgo un ecosistema y el desarrollo de las comunidades pesqueras, rurales e indígenas. El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en asociación con Proman, un coloso suizo-alemán del sector petroquímico, quiere iniciar operaciones, pero hasta ahora la interposición de una serie de amparos y de decisiones judiciales lo ha impedido.

Una investigación realizada por Ethos Innovación en Políticas Públicas revela que la empresa con inversión alemana logró obtener permisos de construcción sin haber hecho una consulta previa a los pueblos originarios con las características que marca la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con el apoyo de políticos locales de alto nivel, quienes fungieron como asesores y promotores del proyecto, y entre quienes se encuentran el político Francisco Labastida Ochoa, su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre y el ex gobernador Mario López Valdéz, mejor conocido como Malova, este consorcio comenzó a construir la planta en un humedal protegido por el convenio Ramsar desde 2009. Con ello inició el proceso de destrucción y contaminación del área protegida bajo normas internacionales, según documentos e investigadores entrevistados para este trabajo. 

Además, durante dos recorridos realizados en las zonas de Ohuira, Lázaro Cárdenas y El Maviri, en los que se recabaron alrededor de diez testimonios de activistas indígenas y habitantes de la zona, las comunidades denunciaron la creación de una estrategia para dividir a los pueblos, que ha incluido amenazas contra las mujeres que encabezan la lucha.

La planta que busca producir alrededor de 770 mil toneladas de amoniaco anualmente —lo equivalente a llenar el 63% del volumen del Estadio Azteca con ese químico—, traería una inversión multimillonaria en el noroeste mexicano, de aproximadamente 5 mil millones de dólares al término de 10 años, pero según diversos estudios realizados por investigadores de la zona, podría poner en riesgo el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira. 

Este humedal, en medio de los pueblos de Ohuira, Muellecitos, Paredones, Lázaro Cárdenas, Campo Nuevo, San Carlos y Topolobampo, alberga aves playeras, es un hábitat crítico del delfín nariz de botella y es también zona de cría y alimentación de las tortugas prieta y carey, así como de peces y crustáceos de importancia comercial, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

En 2015, activistas ambientales tramitaron un amparo para impedir que continuara la construcción de la planta de amoniaco, un químico que se utiliza principalmente como fertilizante en la agricultura tradicional. Una planta como esta significa contar con un proyecto que produciría anualmente casi cuatro veces más de lo que produce la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cosoleacaque, Veracruz, de acuerdo a un reporte sobre producción de petroquímicos elaborado en 2021 por la dependencia. 

A su vez, podría significar una posible disminución en los precios del agroquímico necesario para el campo mexicano, pues estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establecen que para cumplir con la demanda nacional de fertilizantes se deben hacer importaciones desde Rusia y China.

La planta es ahora una mole de 26 hectáreas, el equivalente a cinco veces el Zócalo de la Ciudad de México, pero en el proyecto de GPO se prevé que la afectación sea sobre 126 hectáreas, es decir, apenas se ha construido una quinta parte.

La empresa calculó en su solicitud de permisos ante Semarnat que necesitará 2 millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año —es decir, usará 17 mil 520 millones de litros al año— para mantener frío el amoniaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía, y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más y con sustancias químicas, pues parte de esa agua se debe convertir en agua dulce.

Tras comenzar la construcción de la planta en 2015, habitantes de los pueblos Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito comenzaron un movimiento en contra, y apenas el 6 de abril de este 2022 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo todos los permisos obtenidos por la subsidiaria de Proman en México, dándoles la razón respecto a que este proyecto se realizó sin haberles consultado.

El interés en que este proyecto se concrete favorece la estrategia del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la reactivación en la producción de fertilizantes, entre ellos el amoniaco y la urea, cubriría mejor las necesidades agroalimentarias del país.

“Los productores de Sinaloa, de Sonora, requieren del fertilizante y se tiene el gas (natural) como materia prima y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya; aun así no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante”, dijo López Obrador apenas el 3 de marzo de este 2022 en su conferencia de prensa matutina.

Esa planta no podrá terminarse hasta que se consulte a los pueblos indígenas que se verán afectados. Solo con el sí del pueblo Mayo-Yoreme podrán continuar, siempre y cuando la Corte avale el proceso con una revisión al cumplimiento de la sentencia de amparo.

‘Aquí no’: la defensa del territorio 

La bahía de Ohuira es un lugar en medio de espacios sagrados, donde habitan alrededor de 10 mil personas, de las cuales 2,500 son indígenas que creen en el Baahue Ánia (el Mundo del Mar o Espíritu del Mar). 

El Baahue Ánia es a su vez uno de los cuatro universos en la cosmogonía Mayo-Yoreme junto al Tehueca Ánia (mundo del cielo), Jeeka Ánia (mundo del viento) y Juya Ánia (mundo del monte).

Cada uno representa un espacio y una manera de subsistir de los pueblos indígenas en el noroeste de México, como aquí, en la bahía de Ohuira, donde el mundo del agua permite pescar, proveer de alimentos y tener una organización social.

Aquí hay quienes pescan durante las madrugadas, otros por las mañanas y las tardes. Algunas personas hacen artesanías con conchas; otras se dedican a limpiar las playas. También hay quienes trabajan en la conservación y protección de especies marinas como la tortuga, y muchas mujeres y hombres viven del ecoturismo con la renta de cabañas, paseos en lanchas y caminatas por senderos entre los cerros que rodean la bahía.

En la ficha informativa de los sitios Ramsar se documentó que en este espacio hay seis islas: Bleditos, Mazocahui 1, Mazocahui 2, Comalitos —esta última solo se puede ver cuando baja la marea—, de Patos y de Bledos, donde habitan 109 especies de peces. 

Antes de que se construyera la plancha de concreto que significó el inicio de la planta de amoniaco, ese lugar tenía manglar suficiente para albergar a las aves y sus nidos; y debajo había camarón y distintas variedades de moluscos.

Cuando se hizo la tala, las aves cambiaron su anidación a la isla de Bledos, donde ahora ya es común verles en temporadas invernales, narran Emilio Sandoval y Hugo Quintero, pescadores de Lázaro Cárdenas, durante un recorrido en la bahía en una de las pangas que usan para pescar camarones y cangrejos.

“Sabemos la operatividad que va a tener la planta, qué tantos metros cúbicos va a succionar y cuántos metros cúbicos se van a regresar al mar. Es un ecocidio y es una forma de acabar con nuestra bahía, que para nosotros es un lugar sagrado, porque en nuestras procesiones, en nuestros cantos, en nuestras danzas se refleja mucho lo que es el Baahue Ánia. Es por eso que nosotros los Yoreme miramos diferente lo que viene siendo el mundo a como lo miran los empresarios”, nos dice Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, cobanaro (gobernador indígena) de Ohuira, un pueblo que está a mitad del camino entre Los Mochis y Topolobampo, al caminar entre un estero hacia un lugar sagrado que días antes fue derrumbado por otros indígenas.

La bahía de Ohuira es una región de aguas bajas donde se puede ver a los peces saltar, a aves volando al ras del mar. Este espacio silencioso solo tiene olas cuando hay viento o cuando las pangas navegan entre islas.

En esta región al norte de Sinaloa, seis gobernadores indígenas, también llamados cobanaros, mostraron su desacuerdo con que una planta “se apropiara” de un territorio protegido. Ellos formaron un consejo consultivo como medida de defensa y acompañamiento, al que han integrado a personas de fuera de la Nación Mayo-Yoreme, para organizarse ante un embate legal. Entre los integrantes hay activistas, políticos, abogadas, académicos y más. La organización fue bautizada con el nombre de “Aquí no”, en alusión a su protesta contra la instalación de la planta en la bahía.

No defender el territorio —nos explican—, sería dejar a 3 mil 500 familias pescadoras ante un problema mayor. “Estamos ante una bomba de tiempo al momento que nos pongan esta empresa”, agrega Felipe de Jesús Montaño, quien ha alzado la voz ante funcionarios estatales y federales para asegurarles que defenderá el territorio con su vida.

Este pueblo lucha por su tierra de forma natural. Su creencia se basa en combatir por todo lo que tenga vida. Cada vez que pescan y cazan, agradecen el sacrificio. La Tierra es considerada como una madre que los alimenta y protege. “La visión de nosotros no es lucrar con lo que es sagrado, sino al contrario, venerar, y se ve reflejado en nuestras procesiones”, señala este cobanaro.

Gerardo Peña, integrante del colectivo “Aquí No”, explicó que se han promovido amparos liderados y otorgados a los líderes Mayo-Yoreme, tras considerarse que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló permisos de forma indebida para la construcción de la planta de amoniaco.

”La construcción de una planta de alto riesgo que conduciría 2,200 toneladas diarias de amoniaco por un ducto de 3 kilómetros al puerto de Topolobampo y con tanques de almacenamiento de 75 mil toneladas pone en peligro la vida de las personas y violenta los derechos humanos de los pueblos originarios y de la población en general a un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y salud”, señala Gerardo Peña. 

El entramado político detrás de la la planta

Esta historia comenzó en 2012, cuando Francisco Labastida Ochoa era senador y presidente de la Comisión de Energía en la cámara alta. Este político nos narra que supo de una inversión millonaria: la empresa alemana Proman quería instalarse en Veracruz para invertir en la producción de amoniaco y urea, químicos necesarios para la agricultura tradicional mexicana.

Su labor como senador era clave, tenía relaciones con la firma y buscó la forma de concretar el ingreso de capitales en el país, aunque su estrategia incluyó una propuesta que hizo cambiar de parecer a los inversionistas: les propuso mover la ubicación de la planta a una región conocida por él.

Llevar la inversión a Sinaloa era más sencillo para Labastida, pues ahí contaba con contactos políticos —y familiares— que ayudarían a gestionar permisos y generar condiciones para que GPO, subsidiaria de la firma alemana en México, decidiera instalarse.

La ayuda vino de Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, entonces gobernador del estado (2011-2017), y de su propio hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, quien fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal. El encargo de este último era crear condiciones para la inversión extranjera en Sinaloa.

Labastida Ochoa dejó el Senado ese mismo año, en 2012, pero inmediatamente se integró a GPO como asesor externo, según explicó el propio político en entrevista. “La empresa que realizaría el proyecto, Proman, la empresa alemana, me contrató porque querían hacer un proyecto de inversión en México, en el estado de Veracruz. Los convencí, hice el análisis del proyecto y llegué a la conclusión de que era económicamente viable y que ellos son los primeros promotores en el mundo de etanol y fertilizantes, les convencí de que lo que les convenía a ellos, al país y a la agricultura era producir fertilizantes”.

López Valdéz lo corrobora en una entrevista por separado. “Era una inversión que iba a aterrizar en Veracruz; pero habría que reconocer al senador Francisco Labastida, que en ese tiempo presidía la Comisión de Energía, que al enterarse del proyecto y al entrar en contacto con ellos (los empresarios) los puso en contacto conmigo, les dijo que no había mejores condiciones para hacer una inversión de esa naturaleza que el norte de Sinaloa (…) Vinieron, conocieron el lugar, vieron que teníamos gas (natural) y les ofrecí apadrinar ese proyecto para que aterrizara”.

Labastida Ochoa es un priísta con amplia trayectoria. Fue secretario federal tres veces, estuvo en Energía (1982- 1986), Agricultura (1995-1998) y Gobernación (1998-1999). También fue gobernador de Sinaloa en el sexenio de 1987 y 1992 y siempre será recordado porque en el año 2000, el PRI lo designó como candidato presidencial en una elección en la que, por primera vez y después de casi 70 años de hegemonía política, perdió la contienda contra el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox.

La derrota no lo apartó de la política, sino que se sostuvo como militante priísta y ejerció su influencia en el país, particularmente en Sinaloa, sobre todo en el norte del estado, de donde Mario López Valdez surgió en 2010 para tratar de ser el candidato del PRI a la gubernatura.

El partido prefirió a Jesús Vizcarra Calderón y Malova decidió cambiar de partido (alianza PAN, PRD y Convergencia en Sinaloa) para lograr la candidatura. Así ganó esa elección e incluyó en su gabinete a los hombres más allegados en su equipo político, entre ellos al hijo de Labastida Ochoa.

“Malova, de quien soy amigo, jugó por otro partido, yo no lo apoyé, se lo dije a él con la apertura y se lo dije a todo mundo. No me presenté en Sinaloa durante seis u ocho meses, para nada fui. Yo no soy padrino político de Malova”, dijo Labastida Ochoa. “Son mis reglas, son mis formas de ver las cosas y fui congruente con ellas”.

En la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se define el conflicto de interés como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Para el político priísta, el haber sido asesor de Proman mientras que su hijo era coordinador de Proyectos Estratégicos en Sinaloa no formó parte de ningún conflicto de interés. Desde su punto de vista, solo apoyó para que una inversión extranjera pudiera concretarse en Sinaloa.

“Si es bueno para el país, si es bueno para el estado, si es bueno para la agricultura ¿qué conflicto tiene impulsar algo que es bueno para las partes? Yo trabajo de asesor, tengo 79 años de edad, solo tomo uno o dos proyectos para trabajarlos y todos los proyectos que tomo tengo que estar convencido de que le hacen bien al país y a los estados”, agrega Labastida Ochoa.

“No tengo nada que ver con ellos (Proman), no tengo una acción, no tengo un interés, si se hace o no se hace a mí me da igual, yo cobré como asesor el tiempo que fui asesor y ya, es todo, y mi hijo no cobró absolutamente nada”, agregó al ser cuestionado.

De acuerdo con el exgobernador López Valdez, el gobierno de Sinaloa abrió la posibilidad de inversión con estímulos fiscales y apoyó el cabildeo con el ayuntamiento de Ahome para facilitar los permisos necesarios para la construcción de la planta.

La oportunidad de tener esa inversión, dijo Malova en entrevista, era detonar el norte del estado como un polo de atracción para otros proyectos en un área que en ese tiempo era únicamente explotada para la pesca local desde las comunidades indígenas y por los navíos de Pemex que descargan combustibles para el consumo local.

En el periodo de López Valdez como gobernador de Sinaloa también se hizo la construcción de un gasoducto de gas natural por la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, el elemento más necesario para la producción de amoniaco.

El gasoducto tiene dos vías que vienen desde Estados Unidos y se concentran en el norte de Sinaloa. Ese mismo ducto cruza Sinaloa hasta llegar a Mazatlán, es decir, recorre alrededor de 450 kilómetros de manera subterránea.

Con el gasoducto, Malova intentó detonar la industria en Sinaloa y una de las estrategias más importantes era la propuesta de GPO.

La inversión para la construcción de la planta de amoniaco inició hacia el final de la administración de Malova, pero esta tuvo tropiezos jurídicos con amparos que frenaron su construcción. 

De hecho, en 2016 un grupo de mujeres y hombres del Consejo Ciudadano de Ecología —una organización civil independiente— se dieron a la tarea de informar a los grupos indígenas de la región de Topolobampo sobre el impacto de una planta para producir amoniaco en las tierras donde trabajan.

En ese consejo se reunieron académicas y especialistas reconocidas en Sinaloa, como Diana Cecilia Escobedo Urías, académica investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ella es la científica mexicana con más estudios publicados sobre la Bahía de Ohuira.

El Consejo comenzó a hablar con los pobladores indígenas y les dieron respuestas a todo tipo de preguntas sobre las afectaciones que empezaron a hacerse en 2015, cuando inició la tala de 26 hectáreas de manglar.

La primera persona en reaccionar fue Librado Bacasegua Elenes, un gobernador indígena del pueblo de Lázaro Cárdenas. Se convenció de que debían comenzar una batalla legal y con la ayuda de Máximo Montes Quintero, un abogado de Ahome, promovió un amparo en 2018 para que un juez federal frenara la obra de GPO.

La acusación principal fue que no se consultó al pueblo Mayo-Yoreme, lo que provocó el enojo de centenas de indígenas pescadores, quienes —a la fecha— creen que es un atentado contra el mar y sus comunidades. El juicio prosperó y un juez con sede en Ahome ordenó la suspensión temporal de las obras. La empresa tuvo que parar.

En octubre de ese 2018, según publicó el medio local Luz Noticias, los políticos Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa trataron de persuadir a Bacasegua para que desistiera del amparo, pero el líder indígena se mantuvo firme.

Sin embargo, un mes después dio a conocer ante el juzgado federal que se desistía del amparo, sin dar una explicación más amplia; pero su comunidad, Lázaro Cárdenas, se organizó apenas se supo la noticia. Se formó un consejo de ancianos y desconoció a Bacasegua Elenes, quien ya tenía 40 años como gobernador indígena.

Bacasegua Elenes cuenta que su desistimiento fue porque habló con los representantes de la empresa y estos le dieron a conocer bondades que se aceptaron en convenios firmados por él como representante, con la promesa de apoyos sociales para el mantenimiento de centros ceremoniales, atención médica, de educación y cualquier necesidad que tuvieran y expresaran los pueblos indígenas.

“Hay convenios para que las comunidades tengan algunos apoyos de parte de la planta, como parques, oficinas, algunos centros ceremoniales, recuperación de los centros ceremoniales, a los pescadores darles materiales de pesca… todo eso está notariado, eso es lo que hay”, señala el líder indígena en entrevista.

En una segunda reunión, hecha la última semana de noviembre de 2018, se nombró a Ramón Ahumada Llanes, un hombre reconocido por la comunidad, quien se presentó el 6 de diciembre ante los jueces federales como el representante oficial para mantener el amparo. 

Meses más tarde, en abril de 2019, Ahumada también renunció tras volver de un viaje a Trinidad y Tobago que organizó la empresa con un grupo de pescadores indígenas. En ese país caribeño Proman tiene instalaciones para producir amoniaco. En el viaje también estuvo el abogado Máximo Montes Quintero, quien representaba los amparos y a la cooperativa pesquera del puerto de Topolobampo.

“(Nos mostraron) las plantas instaladas en esa isla (Trinidad y Tobago), el funcionamiento”,  reconoce Ahumada Llanes, que tiene al menos 30 años representando a las comunidades pesqueras del norte de Sinaloa.

El abogado Montes Quintero narra que luego del viaje hubo acuerdos entre la empresa y los pescadores. Para eso se firmaron documentos que permitían obtener recursos para posibles mejoras de los centros ceremoniales o apoyos a miembros de las comunidades.

La población volvió a desconocer a su gobernador Ahumada en una nueva reunión. Era un momento de zozobra en esta comunidad de 700 habitantes. No sabían qué debían hacer para mantener su lucha ni a quién nombrar, pero una mujer levantó la voz.

“Les dije que no nos podíamos rendir ni desesperar, que teníamos que agarrarlo nosotras”, nos cuenta Melina Sandoval, una mujer de 40 años, hija de un pescador indígena y madre de dos niñas que habitan en Lázaro Cárdenas.

Sandoval reunió a un grupo de 15 mujeres y 4 hombres para proponerles una resistencia inédita. Esta mujer comenzó a estudiar sociología en la Universidad Autónoma Indígena de México y desde junio de 2019 encabezó el juicio hasta llegar a la Suprema Corte el 6 de abril de 2022, cuando ganó a favor de que se cancelaran los permisos hasta hacer una consulta indígena.

“Como pueblo indígena tenemos derecho a ser consultados o que se nos informe qué se va a hacer, pero los gobiernos nos ven en la zona del no ser –como si no existiéramos o no importáramos– a los pueblos indígenas, para ellos estamos plasmados en papel pero no nos dan el valor que tenemos, así fue que empezamos con esto”, dice esta mujer que resalta por su fervor, tanto que es de las pocas que hablan la lengua mayo y lucha por preservar la memoria histórica de la comunidad.

Lázaro Cárdenas le dio a Sandoval la voz como la representante del pueblo, aunque eso no ha sido sencillo. Los gobernadores indígenas que ahora son desconocidos por el pueblo formaron una alianza con otros indígenas que están de acuerdo con la planta y eso formó una división política que ha llegado hasta los golpes.

“No es que no estemos prestos al diálogo, el diálogo desde hace mucho lo debieron haber hecho, ahí es porque no queremos que se aprovechen de las necesidades de las personas y que tengan que bajar la cabeza porque dieron sillas de ruedas, por eso nos ponen de salvajes en Lázaro Cárdenas”, argumenta Melina Sandoval y añade que sí quieren el desarrollo, pero fuera de la bahía. “Que no nos ponga en riesgo y que hagan las cosas bien desde un inicio”.

A esta mujer le siguieron otras más. En Ohuira fue Claudia Susana Quintero, una líder indígena quien se convirtió en la asesora principal del cobanaro del pueblo, Felipe Montaño Valenzuela. Al ver el conflicto político de Lázaro Cárdenas, decidieron que el cobanaro no podía encabezar el amparo, así que ella fue elegida.

“Esta lucha es por nuestros hijos, porque quiero que vengan a la bahía y se enloden como nosotros lo hicimos, porque sueño que se nos respeten nuestras tradiciones”, dice Claudia entrevistada frente a la bahía de Ohuira, mientras mira hacia el horizonte y señala hacia donde están las comunidades en lucha. “Vinieron y nos talaron el mangle, nos dividieron las comunidades y ahora quieren que les demos la bienvenida”, agrega.

La representante de Ohuira firmó el amparo, consciente de que era para defender a su pueblo, aunque desconocía de leyes. Esta mujer es una trabajadora social, dedicada casi de tiempo completo a atender escuelas rurales. Su resistencia la llevó a conocer otras materias, y ahora presume de haber cursado, apenas en dos años, varios diplomados de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos para saber a qué se estaba enfrentando.

“A mí ya no me hacen tonta, ya sabemos cuáles son nuestros derechos y es bien triste, porque hay cosas que ya sé que no pasan, como que tenemos derecho a que se nos cuide, a que haya seguridad, servicios como el agua potable, las calles, pero eso no sucede”, señala Claudia sentada en las ramas de un árbol.

Algunos integrantes de las comunidades indígenas de la bahía han reclamado que la empresa GPO sostiene una campaña para influir en indígenas de la zona para que desistan. “Vienen y nos ofrecen cosas, ayudas que debe asumir el gobierno, como funerales para nuestros seres queridos, promesas de plazas de trabajo y cómo le van a hacer si solo van a tener menos de 200 plazas. En dónde van a colocar a tantos”, cuestiona Claudia.

Esa campaña, sin embargo, ha funcionado. La empresa ha hecho la contratación de familiares y de activistas que en un principio estuvieron de desacuerdo con la instalación de la planta.

Uno de estos casos fue la contratación de la esposa del abogado Máximo Montes Quintero en un puesto administrativo en GPO. El abogado decidió abandonar el proceso de acompañar los amparos. 

Dos casos más fueron los de Xicoténcatl Vega Picos y Ramón Palacios Polanco, quienes en 2016 se sumaron al Consejo Ciudadano de Ecología, pero años más tarde renunciaron y comenzaron a hacer estudios en favor de GPO. 

Los pros y contras según los científicos 

La empresa GPO ha activado recientemente una estrategia que consiste en llevar a su lado a prestigiosos científicos y medioambientalistas, quienes a través de diversos medios han dado a conocer las bondades que esta planta podría tener para la región, e incluso son parte de quienes realizan planes de mitigación ambiental; es decir, buscan minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva un proyecto como este.

Al respecto, Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo de Proyectos de GPO, reconoce que están trabajando con la academia “para que de alguna manera pueda mejorar el sistema ambiental de la zona”. Y dijo estar convencido de que las comunidades alrededor del proyecto ya conocen el impacto ambiental y social que va a tener. “Tenemos como norma internacional mejorar la biodiversidad, no empeorarla”.

La firma con capital alemán dice apostar por tener el mayor número de estudios que le permita seguir avanzando en la construcción de la planta, mismos que han realizado científicos locales como Federico Páez Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa.

Páez Osuna sostiene en su libro La Paradoja del Amoniaco, presentado el 24 de marzo de 2022, que los inversionistas buscan desarrollar su proyecto en ese sitio por cuatro razones: tener acceso a rutas de comunicación y de servicios; satisfacer los requerimientos de manejo y de tecnología durante la operación de la planta (incluyendo el suministro de gas natural, agua de enfriamiento y agua para procesos industriales); tener un área lo suficientemente extensa para la planta, y tener capacidad de carga en la laguna de Ohuira, lo suficientemente grande y dinámica para tolerar las descargas de la planta en cuestión.

Páez Osuna señala que estos cuatro criterios son esenciales para la funcionalidad operativa y logística de la planta; no obstante, el último es particularmente importante desde la perspectiva de la conservación y la sustentabilidad ambiental.

Los efectos, prosigue el científico, son la pérdida de hábitats y áreas de crianza, erosión costera, disminución de especies de plancton, larvas de peces, crustáceos y moluscos. Con la planta se reducirán las capturas pesqueras comercialmente importantes. También habrá una contaminación térmica (de hasta tres grados en aumento), deterioro en la calidad del agua con el aumento de sal y se provocará exceso de microalgas contaminantes.

Páez Osuna propone, sin embargo, que se haga la reforestación de mangle en otros sitios de Ohuira. Por otro lado, estima que las pérdidas en la pesca del camarón son de pronóstico muy incierto. Además habría que identificar dónde se haría la descarga de agua con exceso de sal para no generar una afectación mayor, construir tanques de enfriamiento y de descarga del agua sobrecalentada y utilizar sustancias químicas adecuadas al medio ambiente de Ohuira.  Con esas medidas, sostiene el académico, podrían mitigar los efectos negativos.

Bajo los cálculos de Paéz Osuna, se afectaría 10% de la actividad pesquera, de la que viven alrededor de 700 familias, como lo establece el gobierno de Sinaloa y cita el académico en su libro.

Valeria Souza, científica mexicana que colabora con GPO (a través de QB4), ha dedicado su vida al estudio de la ecología evolutiva y microbiana para rescatar áreas con desastres, como Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

Souza narra en entrevista que en 2020 acordó con la empresa crear un plan ambicioso de 10 años para atender una de las medidas de mitigación, la cual consiste en limpiar la bahía de Ohuira, aplicar medidas como las que desarrolló en Coahuila, con la creación de humedales artificiales, sembrar plantas que absorban el exceso de nitrógeno que se usa en el campo y desemboca en el mar a través de canales y drenes, e involucrar a los productores agrícolas locales para que hagan un uso más racional de los fertilizantes. 

La empresa GPO reconoce que la planta con que la que quieren producir amoniaco tendrá un efecto de contaminación importante sobre una laguna, pero asegura que esta ya tiene un problema añejo por ser la desembocadura de los drenes y canales agrícolas, así como de las aguas negras de la ciudad de Los Mochis, la cabecera municipal de Ahome, donde habitan 450 mil personas.

Diana Cecilia Escobedo Urías, académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha sido una importante voz en contra de esta planta. Asegura que las medidas de mitigación que plantea GPO ya las han propuesto biólogos y ambientalistas desde 2005, cuando se empezaron a verter las aguas negras de Los Mochis a la laguna.

Esa contaminación, asegura en entrevista, se agravará con la instalación de la planta debido a las características de la laguna, particularmente por ser de aguas bajas.

“En diversas investigaciones hemos anotado que cualquier contaminante permanece mucho en el sitio, lo que incrementa el daño”, señala la académica integrante del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Sinaloa.

“Para nosotros los académicos fue una sorpresa que se autorizara una propuesta, un proyecto de la envergadura de la planta de amoniaco, porque ciertamente será en un sitio con serias afectaciones que lo que necesita es una restauración urgente”, dice.

Los planteamientos de Escobedo Urías rompen con las propuestas de mitigación que impulsa la empresa, pues a lo que ya se tiene contaminado ahora mismo deben sumarse también las afectaciones que causará la construcción y operación para hacer el amoniaco.

Las propuestas y estudios publicados en libros, según la académica por el IPN, forman parte de una estrategia de comunicación empresarial y política, con la que se busca dar a conocer posibles bondades del proyecto, mediante la contratación de especialistas afines o que han dado su opinión a cambio de recursos económicos, incluyendo a miembros de la universidad a la que ella pertenece. 

“Ellos trataron de decirme, cuando hacen un convenio de colaboración con el Politécnico, que ‘Diana trabaja con nosotros’ y ese es un error, yo no trabajo para ellos, yo trabajo para el Poli y el Poli le está haciendo un trabajo de investigación que no tiene nada que ver con lo que yo pienso”, asegura Escobedo Urías, tras señalar que ese tipo de acciones podrían ser utilizadas con especialistas de otras universidades.

Su lugar sagrado 

La bahía de Ohuira está entre cerros que parecen murallas que resguardan el Baahue Ánia, y entre esos están las comunidades indígenas, cada una con un centro ceremonial que representa su tierra sagrada. 

La cosmovisión de los Mayo-Yoreme se basa en su estrecha relación con la tierra, el territorio donde habitan, no como un acto de posesión y producción, sino como parte de su vida, tradiciones, cultura y desarrollo espiritual.

Cuando se comenzó el proyecto de la planta nadie les informó ni consultó, por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación —cuatro años después de haberse solicitado el primer amparo— decidió darles la razón y echó abajo cada uno de los permisos dados a GPO.

Esta decisión indica que se debe consultar únicamente a los pueblos que están alrededor de la bahía, no como sucedió el 28 de noviembre de 2021, cuando se hizo un ejercicio participativo con 83 mil boletas para que votaran personas de comunidades lejanas o de colonias populares de Ahome, Guasave y El Fuerte.

Esa actitud gubernamental y empresarial afectó a los pueblos y sus territorios desde un principio, pero ahora todo comenzará de nuevo. No hay permisos para nadie hasta que se informe y quede claro que la planta de amoniaco “podría generar impactos significativos en la vida y en el entorno de la comunidad”.

Melina Sandoval, la mujer que sostuvo el amparo de Lázaro Cárdenas hasta la resolución de la Corte, dijo que los pueblos Mayo-Yoreme no están en desacuerdo con el progreso económico o los proyectos del gobierno federal o local, sino que están contra el rechazo y discriminación para reconocer a quienes nacieron, crecieron y viven en territorios indígenas.

El gobierno de México eligió 15 comunidades para ser consultadas y 11 de estas ya opinaron que sí quieren una planta de amoniaco y una que no, pero faltan otras tres comunidades, las que ganaron los amparos y que están alrededor de la bahía. Solo la Suprema Corte de Justicia decidirá quién tiene la razón.

La bandera de los Mayo-Yoreme tiene los colores rojo, blanco y azul. Un venado, que representa el monte, salta sobre dos flechas en posición de descanso; y en cada costado están los elementos que usan en sus actos ceremoniales: agua, tierra, fuego y aire. Como símbolo de su lucha, muchas de esas banderas ondean hoy en la bahía de Ohuira. Con ello parte de la comunidad está diciendo que no quieren nada que ponga en riesgo a su nación, a su bahía, a su mundo, a su lugar sagrado.

*Este reportaje fue coordinado por Laure Delalande, Néstor Genis y Silvia Márquez de Ethos Innovación en Políticas Públicas; con la edición de Karla Casillas. Corrección de estilo: Maura Arzate.

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