El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Topolobampo, Sinaloa.- La Bahía de Ohuira, en Ahome, se ha convertido en el epicentro de una disputa sobre el modelo de desarrollo mexicano, la transición energética y la defensa de los territorios indígenas. 

Megaproyectos como la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el plan de instalación de una planta de gas metano licuado (Vista Pacífico LNG) han encendido la resistencia de las comunidades Mayo-Yoreme, así como el interés de científicos, ciudadanos y ambientalistas interesados en proteger la riqueza ambiental de está región.

A continuación, un recuento de 10 claves para entender el conflicto en la Bahía de Ohuira:

1. Denominan a Topolobampo como Polo de Desarrollo

En mayo de 2025, el Gobierno federal nombró a Topolobampo como Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), una figura que busca detonar inversiones industriales, logísticas y energéticas en la zona norte de Sinaloa. Con ello, la bahía se coloca en el mapa nacional como un nodo estratégico en la transición energética y en la reconfiguración del comercio global.

Sin embargo, el sello de “bienestar” contrasta con los conflictos socioambientales que arrastra la región. Para las comunidades indígenas, el concepto de desarrollo impuesto desde arriba ignora su propia visión de progreso, que pasa por la defensa del agua, los manglares y la pesca como sustento de vida.

El Gobierno federal define a los Polos de Desarrollo como «áreas geográficas delimitadas que cuentan con las condiciones para atraer inversión y potenciar capacidades productivas, a efecto de detonar el desarrollo económico y social» de las diferentes regiones del país. Este programa forma parte del Plan México.

2. Se plantean siete megaproyectos en la zona

En la última década se han acumulado siete grandes proyectos energéticos e industriales alrededor de Topolobampo y Ohuira: plantas de amoníaco, metanol, gas natural licuado, hidrógeno y un gasoducto. Todos prometen generar empleos y detonar cadenas productivas en la región.

Pero también concentran riesgos de contaminación, presión sobre recursos hídricos y desplazamiento de comunidades. Tal número de proyectos petroquímicos explica por qué la bahía se ha convertido en un laboratorio de los choques entre desarrollo económico y derechos humanos.

3. La riqueza natural que está en riesgo

La Bahía de Ohuira forma parte de un sistema de humedales reconocido internacionalmente por la Convención Ramsar. Es hábitat de aves migratorias, zona de crianza de camarón y sitio de alimentación de ballenas y delfines, lo que la convierte en un ecosistema único en el Pacífico mexicano. Además de la puerta de entrada al Golfo de California, reconocido como el acuario del mundo por su gran riqueza ambiental.

La instalación de megaproyectos industriales amenaza con alterar ese equilibrio. Científicos han advertido que los impactos acumulativos podrían traducirse en pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca ribereña y mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

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4. El gasoducto que da inicio a todo

El Gasoducto del Noroeste, promovido en la administración de Mario López Valdez por el hijo del ex gobernador Francisco Labastida, Francisco Labastida Gómez de la Torre, fue la primera pieza del engranaje. 

Con este se abrió la puerta para que el gas natural llegara a Topolobampo y se proyectaran industrias de gran escala. Lo que en su momento se presentó como un detonante de competitividad, hoy es visto como la base energética de los megaproyectos. 

Sin su existencia, plantas como la de amoníaco, de metanol o de licuefacción de gas no serían factibles.

5. Los peligros de GPO

El proyecto más antiguo y controvertido es la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), la cual busca producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día. 

Desde su anuncio hace más de una década, el proyecto ha estado ligado al ex gobernador y ex secretario de energía, Francisco Labastida Ochoa, del cual se ha dicho tiene intereses personales en el mismo. Pero ante las acusaciones, el político ahomense ha señalado que solo fue asesor y consultor. 

Al día de hoy, la construcción de la planta avanza a marchas forzadas, luego de años de enfrentar litigios, suspensiones judiciales y oposición indígena. Activistas del Movimiento ¡Aquí No! acusan a la empresa de la compra irregular de terrenos y de la invasión y tala de manglar de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 

Una fuga en el ducto de amoniaco o en la planta, podría generar daños mortales en un radio de hasta 45 kilómetros. 

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6. Mexinol avanza sin consulta indígena

A la par de GPO, se encuentra el proyecto Mexinol, que busca producir 6 mil 130 metros cúbicos de metanol por día en la bahía. Su avance ha sido cuestionado porque, hasta ahora, no ha cumplido con el proceso de consulta indígena a pesar de que las autoridades han condicionado el proyecto a que está se lleve a cabo. 

7. ¿Ballenas o Gas?

La campaña “Ballenas o Gas”, de Conexiones Climáticas, busca visibilizar el choque entre la conservación de la biodiversidad y el avance de la industria fósil no solo en Ohuira, sino en todo el Golfo de California.

A través de está frase, se advierte sobre toda una política de construcción de gasoductos de gas metano extraído por fracking desde Texas para exportarlo a los mercados internacionales mediante plantas de licuefacción planeadas en Puerto Libertad, Guaymas y el puerto de Topolobampo. 

¿Ballenas o Gas? también muestra como el Polo de Desarrollo en Topolobampo es tan solo un engranaje de toda una política energética que condiciona al país a consumir gas metano estadounidense para sostener sus necesidades energéticas. Esto, a costa de la salud y los medios de vida de comunidades locales. 

8. Piden Evaluación Ambiental Estratégica 

Recientemente, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) solicitaron al gobierno federal detener los proyectos de gas metano licuado en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas, advirtiendo que se trata de una amenaza grave para los ecosistemas, el clima y las comunidades de la región.

También solicitaron revocar las autorizaciones ya emitidas y que los impactos ambientales expuestos en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de cada proyecto, sean analizados en su conjunto en una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

9. Activistas voltean a Ohuira

Recientemente, activistas de los colectivos GeoComunes, Conexiones Climáticas y la Fundación Rosa Luxemburgo visitaron el puerto y las comunidades Mayo-Yoreme con el fin de llevar información referente a los megaproyectos e impulsar su lucha en contra de los mismos. 

Meses atrás, en noviembre del 2024, una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también visitó la región y escuchó a sus habitantes con el fin de crear un informe y resolución.

10. Para los Mayo-Yoreme eso no es desarrollo

Luego de la designación del puerto como Polo de Desarrollo, líderes de comunidades como Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas han señalado que para ellos los megaproyectos no representan desarrollo. 

En lugar de eso, les gustaría que los políticos tomaran en cuenta el derecho a decidir sobre su territorio y formas de vida, priorizando un bienestar comunitario basado en los saberes, ecosistemas y economía regional de las comunidades.

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El proyecto «Central de Ciclo Combinado» fue anunciado en marzo pasado por el Gobierno federal como parte del Plan de Expansión de la Generación 2025-2030 que incluirá 12 obras estratégicas, entre ellas, cuatro de nuevos ciclos combinados en Salamanca, Tula, Altamira y Mazatlán, éstas funcionarán con gas natural, un combustible bajo en emisiones con una vida útil de 30 años.

En la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya se encuentra disponible el proyecto bajo la categoría UDT Modalidad B, que se trata de un cambio de uso de suelo forestal para obtener la autorización en materia de impacto ambiental. El documento apenas ingresó el pasado 11 de julio y se encuentra en análisis para el resolutivo.

Uno de los objetivos es abastecer la creciente demanda de energía eléctrica en la región Noroeste y mejorar el servicio. Y aunque apenas inició el proceso de obra, desde hace más de una década, la CFE ya había anunciado esta reconversión en Mazatlán en distintos espacios a los sectores productivos; apenas la está concretando.

La nueva infraestructura se encargará de generar la energía, sin embargo, la CFE aprovechará las instalaciones de la actual planta termoeléctrica, tal es el caso de la subestación eléctrica Mazatlán Dos, su canal para la toma del agua y parte del camino de acceso.

La superficie total del proyecto se estima en 11.6 hectáreas y de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán este espacio se encuentra clasificado como área industrial logística.

Características

La Central de Ciclo Combinado que se asentará en la zona sur de Mazatlán, consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica tipo dual que funcionará con gas natural como combustible principal y diésel como el combustible alterno, considerando turbinas de gas y vapor con tecnología de punta, según se indica en el citado documento.

Con esta obra, la CFE promete disminuir a cero la generación de toneladas de azufre y de particulas inhalables por el ser humano (PM10) que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, especialmente en las vías respiratorias.

Actualmente, la planta termoeléctrica «José Aceves Pozos», descarga al medio ambiente 48 mil 533 toneladas de azufre al año y 2 mil 200 partículas PM10 provenientes de la quema de combustóleo en sus instalaciones.

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Es importante destacar que, desde su fundación en 1976, la termoeléctrica ha trabajado principalmente con combustóleo, un combustible derivado del petróleo que al ser utilizado para generar calor libera gases contaminantes de efecto invernadero como el azufre. Además, la planta utiliza el agua del estero para enfriar la maquinaria y luego la regresa al humedal provocando contaminación térmica, tal como lo han documentado académicos, ambientalistas y periodistas.

Apenas en 2016, la CFE puso en marcha un ciclo de combinación dual sólo en una de sus tres unidades reduciendo un poco los contaminantes, por lo que la nueva obra de ciclo combinado significa la transición total a energías más limpias. No obstante, el gas natural también es un recurso no renovable cuyos métodos de extracción, como el fracking, pueden llegar a generar contaminación, según han documentado diversas organizaciones ambientalistas.

El combustible base será gas natural con un consumo estimado de 90.52 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en tanto que el uso de diésel será de unos 91.22 metros cúbicos por hora.

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Esta Central de Ciclo Combinado se construirá en la calle Estero La Siena /N, a un costado de la actual termoeléctrica, en las inmediaciones del estero de Urías, uno de los pocos humedales de la ciudad y, paradójicamente, un polígono con altos índices de contaminación por residuos sólidos urbanos y descargas de lixiviados que le llegan del basurón municipal que opera a cielo abierto desde hace más de tres décadas. Incluso, la CFE documentó la situación en la integración de los estudios previos.

“Mediante recorridos directos en algunas partes del estero de Urías se observó que construcciones, basura, vertido de escombros entre otras acciones que la población utiliza para para desecar este ecosistema y aprovechar la superficie para sus beneficios”, así lo precisó en su diagnóstico.

Los efectos ambientales

La CFE reconoce que durante el desarrollo del proyecto generará una serie de afectaciones ambientales en el aire, agua y suelo; flora y fauna silvestre; paisaje y servicios ambientales, lo que también implica repercusiones negativas sociales y económicas en la zona circundante, siendo necesario la implementación de una serie de medidas de prevención, mitigación y compensación. Por ello se compromete a implementar un Programa de Manejo Ambiental, el cual se integró con siete subprogramas específicos como medidas de prevención y mitigación en el entorno natural.

Su compromiso, además, es instalar una red de Monitoreo de Calidad de Aire compuesto por dos casetas móviles para medición de variables meteorológicas y los niveles de contaminantes.

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Compromisos de la CFE

La obra de la Central de Ciclo Combinado contempla 36 meses de obra hasta la puesta en marcha, el primer semestre será destinado a la preparación del terreno y los últimos dos para abandonar el sitio, de ser necesario. Entre las fortalezas, la CFE destaca que el uso de un aerocondensador minimizará el consumo de agua al ser un sistema de enfriamiento seco, lo que reduce el uso de agua de proceso en beneficio del ambiente.

También se informa que las nuevas instalaciones utilizarán la Descarga Cero, un sistema que reduce totalmente las partículas contaminantes, cumpliendo con el marco legal ambiental, pero también, de manera implícita, con la deuda histórica de la contaminación que por años la termoeléctrica arrojó al estero.

En el proyecto se precisa que la central contará con un equipo evaporador cristalizador que evitará la generación de descargas en plantas de tratamiento o cuerpos de agua como el estero de Urías y que no se considera la descarga de salmuera, puesto que la tecnología utilizará filtros multimedia, auto limpiantes y desinfección.

Reitera que ya no habrá descargas al humedal costero; pero sí se pretende utilizar agua de estero para su proceso de generación de energía eléctrica, la cual, será tratada y reusada evitando su incorporación al espacio natural.

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Mazatlán, Sinaloa.- “Tanto mi vida como la de mis compañeros se encuentra en peligro, pero no damos paso atrás, seguimos adelante», dijo el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, a unos días de que él y tres mujeres integrantes del Colectivo Aquí No recibieron amenazas por oponerse a la operación de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, al considerarla un riesgo para el entorno natural y para la seguridad de los habitantes.

El también gobernador indígena de la comunidad de Ohuira estuvo en este puerto invitado por académicos e integrantes del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz), quienes organizaron una reunión para manifestar el apoyo a los líderes y comunidades que han dicho no a la instalación de una planta industrial que proyecta producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Durante el encuentro, Montaño Valenzuela hizo una relatoría de las acciones emprendidas en la defensa del territorio en los últimos nueve años, entre las que se encuentran tres amparos presentados por las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien después de dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), determinó que las comunidades afectadas por la instalación de la planta debían ser consultadas antes de la entrega de los permisos.

En la consulta se incluyó un total de 15 comunidades, aunque solo cinco se encuentran alrededor de la bahía. De esas, cuatro se pronunciaron en contra: Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos. La última consulta se realizó el 18 de septiembre en Paredones.

Cadena de irregularidades

El gobernador indígena de Ohuira aseguró que a lo largo de este proceso, los pueblos no han sido bien informados sobre los riesgos de la planta y al mismo tiempo han sido divididos con la “compra de conciencias” por parte de la empresa.

“Estamos en conflicto social entre nuestras propias familias por cuestiones de intereses ya sea económicos o políticos (…) GPO interviene en todo, prácticamente en todo, hasta en un funeral, en un apoyo de una medicina, en reconstrucción de una escuela, pero eso le toca al gobernó”, apuntó.

Como parte de las acciones de defensa que se han realizado en estos años, se conformó el Colectivo Aquí No, en el que participan integrantes de las comunidades afectadas, ambientalistas, científicos y académicos.

Miembros de la organización han señalado que, con sus declaraciones públicas, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya, como el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, han tomado partido a favor de la compañía de origen alemán.

Además, este mes, durante la etapa de consulta, los líderes indígenas Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, Claudia Susana Quintero Sandoval, Irene Díaz López y Melina Maldonado Sandoval, denunciaron que recibieron amenazas, razón por la cual solicitaron medidas cautelares ante la Fiscalía General del Estado.

“Las amenazas y todo lo que ha surgido en esta lucha, en esta defensa, la hemos sabido llevar. Cuando se meten contigo no hay problema, pero cuando se meten con la familia, ahí es donde empieza un calvario, un viacrucis, sin embargo, seguimos adelante”, expresó Montaño Valenzuela.

Consideró que la resolución de la SCJN deberá favorecer a las comunidades que se oponen a que la planta opere en esa zona tomando en cuenta que en el proceso se han cometido irregularidades porque se otorgron permisos y se talaron cerca de 28 hectáreas de manglar sin que antes se hubiera consultado a las comunidades para obtener su consentimiento, de acuerdo a lo que establecen los artículos 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este documento vinculante establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”.

“Tendrá que ser un dictamen favorable a los pueblos ya que hemos demostrado con argumento, con la ley en la mano, que nosotros hemos estado en la verdad”, manifestó Montaño Valenzuela.

En defensa de la vida

Por su dimensión cultural, entre los pueblos originarios que circundan la bahía de Ohuira existe un fuerte vínculo con su entorno natural. Por lo tanto, la operación de una planta productora de amoniaco no solo representa una amenaza para los ecosistemas, sino que también tiene un impacto existencial al trastocar sus usos y costumbres, explicó el vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme Sinaloa.

“Yo miro diferente el mundo, yo miro diferente mi entorno, yo miro diferente todo; yo no miro con precio los terrenos, yo no miro con precio el mar, yo no miro con precio nada. Lo de nosotros es más espiritual, la cosmogonía que tenemos nosotros es más profunda; esta empresa sería un golpe existencial a nuestras vidas”, expuso.

Pero los políticos no entienden ni toman con seriedad la visión de los pueblos, sus procesiones, música y cantos ligados la naturaleza y a los seres vivos que dependen de ella, lamentó.

Opinó que el daño ambiental y la violación a los derechos de los pueblos originarios del norte de Sinaloa es un tema que debe importarle a toda la población del estado.

-¿El pueblo Mayo-Yoreme necesita del apoyo de los sinaloenses?

“Claro que sí, la unión entre yoris (los que no son parte de la comunidad) y yoremes para la defensa de nuestro territorio”, afirmó.

Por lo pronto, ya se organizan reuniones con otros pueblos originarios del noroeste del país, tal es el caso de la Tribu Yaki y Mayos de Sonora, con quienes se sostendrán mesas de trabajo para abordar los problemas a los que se enfrentan.

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La opinión de expertos

Por su parte, el investigador Jaime Renán advirtió que los niveles de contaminación que ya registra la bahía derivado de las descargas de aguas negras urbanas, del sector agrícola y acuícola la hace más vulnerable al impacto de la planta de amoniaco. También señaló que el modelo de desarrollo y los planes parciales de desarrollo urbano de esa zona están desfasados porque no toman en cuenta las circunstancias actuales de la zona.

Sergio Valle, fundador del Consejo Ecológico de Mazatlán, añadió que la producción industrial del amoniaco que se propone también ha quedado desfasada porque ahora existen alternativas para generar este tipo de fertilizantes usando energías renovables y sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, tal es el caso del llamado amoniaco verde.

Tanto el gobernador indígena de la comunidad de Ohuira, como los académicos y ambientalistas, reiteraron que el movimiento busca la defensa de los derechos humanos y que la planta podría operar en un lugar en donde el impacto ambiental, social y cultural, sea menor.

“En esta lucha defendemos la vida, la vida de todos, la vida de nuestra madre naturaleza, de todos los seres vivos”,

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira.

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