• Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
• El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
• Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
• Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.

La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.

“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.

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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.

“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.

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La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).

En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.

Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.

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Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.

Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.

Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.

El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.

Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.

Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.

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En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».

La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».

Un Sitio Ramsar en riesgo

Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.

Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.

Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.

“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.

Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.

“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.

Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.

“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.

GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.

Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.

En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.

Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.

Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.

“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.

“No producirán un litro de amoniaco”

Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.

La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.

“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.

Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.

Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.

“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.

Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.

“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.

Este reportaje se publicó origialmente por Mongabay. Son Playas lo reproduce con los permisos correspondientes.

Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas

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El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

La entrada El Estado mexicano, responsable de más de la mitad de las agresiones contra defensores del medio ambiente en 2025 se publicó primero en Son Playas.

Ella fue seleccionada por el proyecto “Rescate de Isla Basura: restauración ambiental y economía circular”, que se enfoca en la prevención de la contaminación marina mediante la recuperación, transformación y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos que son extraídos de los manglares del estero de Urías, Mazatlán, a través de jornadas de limpieza en la que también participa la Unión de Pescadores de Playa Sur, instituciones académicas, comunidades locales y ciudadanía en general.

“Gracias a este trabajo, fui seleccionada para representar a México en el Global Leadership and Innovation Summit, donde jóvenes líderes de todo el mundo nos reuniremos para dialogar sobre transición energética y desarrollo sostenible”, señala Berenice Lizárraga, ingeniera en biotecnología por la Universidad Politécnica de Sinaloa y estudiante de maestría en manejo ambiental en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán.

Campaña de recaudación

Para hacerlo realidad, actualmente impulsa una campaña para cubrir sus vuelos, a través de una rifa de un kit turco personalizado que será seleccionado en Estambul y entregado en México. También realiza una recaudación y una campaña en GoFundMe donde cada aportación suma, por eso, por cada 10 pesos recaudados se compromete a retirar un kilo de basura de los ecosistemas mazatlecos. 

Para Berenice, esta oportunidad representa no solo un logro personal, sino la posibilidad de poner a Mazatlán como ejemplo de que sí es posible restaurar ecosistemas y promover modelos de economía circular comunitarios para transformar residuos en oportunidades.

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Trayectoria

Berenice Lizárraga Lizárraga es impulsora de proyectos de economía circular en Mazatlán. Su trabajo se enfoca en la regeneración ambiental y en darle una segunda vida a los residuos.

Junto con Nithzia Yulen Pineda Mendoza, cofundó Rescate Isla Basura, una iniciativa que busca recuperar la vitalidad de un sitio altamente contaminado por residuos sólidos que viajan desde la ciudad hasta el mar. Por este proyecto, ambas fueron seleccionadas en 2025 para formar parte del Programa Generación de Líderes Ambientales que reúne a jóvenes de Canadá, Estados Unidos y México que han desarrollado soluciones a los desafíos ambientales. 

En 2024, Berenice Lizárraga fue reconocida con el premio Rostros del Medio Ambiente que entrega anualmente la organización Causa Natura. Recientemente fue seleccionada como embajadora de México en la Cumbre Mundial de Liderazgo e Innovación 2026 (Global Leadership and Innovation Summit Turkey 2026), un encuentro internacional que reúne a jóvenes líderes para impulsar soluciones con impacto social y ambiental.

Su trabajo también se enfoca en una de las principales fuentes de contaminación: los residuos orgánicos, que se transforman en biofertilizantes, hidrolizados y biogás mediante procesos como el compostaje, ensilaje y digestión anaerobia. Esta iniciativa se ha llevado a comunidades como Palmillas y Teacapán, y también a colaboraciones con actores locales como la cervecería Tres Islas, dentro de un modelo de economía circular que le ha valido reconocimientos personales y colectivos junto con Viva la Ola A.C., del cual forma parte.

La entrada Mazatleca va a cumbre mundial por proyecto «Rescate de Isla basura»; apóyala se publicó primero en Son Playas.

El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

La entrada Son Playas celebró su séptimo aniversario con expo ambiental se publicó primero en Son Playas.

La exposición estará abierta al público en general desde las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. El programa se complementa con dos charlas, una sobre manglares y otra sobre la plataforma iNaturalist; previstas a las 10:00 y 11:00 respectivamente. la primera estará a cargo de la organización Conciencias mientras que la segunda será impartida por el biólogo Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de iNaturalist Mx.

En el área de exposiciones se abordarán diversas temáticas, como la cadena alimentica marina, aves, tortugas, economía circular, ecoturismo, compostaje, cultura forestal, ordenamiento territorial, contaminación lumínica, ecoturismo, manglares, jaguares, venados, caracolas, monitoreo de costa, cuidado del agua y parásitos de peces.

También se mostrará cómo se usan los drones en la investigación científica y la relevancia de la selva baja caducifolia que es destruida por la expansión urbana en Mazatlán, ecosistema al que se dedicará la edición de este año, por ser uno de los más amenazados del mundo, particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.

Hasta la tarde del martes 17 de marzo se habían inscrito 56 participantes.

Este evento se realiza anualmente de forma autogestiva como parte de los festejos de aniversario de Son Playas para hacer visible la utilidad pública del periodismo especializado, que además de informar, sirve como conducto para que la población encuentre opciones de participación ciudadana, educación ambiental, vinculación y atención.

Novedades de la expo ambiental

Por primera vez se contará con la participación de seis áreas naturales protegidas en diversas categorías: Juan M. Banderas ubicada en Escuinapa; Meseta de
Cacaxtla localizada entre San Ignacio y Mazatlán; Huizache-Caimanero,
correspondiente a Rosario y Mazatlán; además del Santuario Tortuguero El Verde
Camacho, Mazatlán. De igual forma se suma Paco’s Reserva de Flora y Fauna, un
área natural protegida destinada voluntariamente a la conservación que se localiza al
norte de la ciudad. Adicionalmente, se contará con la participación de la Reserva de la
Biosfera Islas Marías.

La Expo Ambiental Son Playas se realiza regularmente en espacios públicos de la ciudad de Mazatlán, pero desde el 2025 se trasladó a universidades locales para acercar la muestra a las juventudes, según dio a conocer su directora fundadora, Raquel Zapien, durante una rueda de prensa en la cual también participaron David Noriega Urquídez, director de ITMAZ, y Lorena Páez Brito, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU), quienes invitaron a todos los sectores a visitar la muestra.

Por un mismo fin

David Noriega manifestó que por parte del ITMAZ existe el compromiso de fomentar la sostenibilidad entre la comunidad estudiantil y académica, de ahí que aceptó ser la sede de la Expo Ambiental Son Playas de este año.

Por su parte, Lorena Páez reconoció que el periodismo y las acciones de vinculación que realiza Son Playas desde hace siete años contribuyen a la educación ambiental y fomentan la participación ciudadana. Finalmente hizo un llamado a los sectores productivos, colegios de ingenieros y arquitectos; así como a las cámaras empresariales e instituciones educativas, para que visiten la expo y adquieran información que les ayude a contribuir con el desarrollo sostenible que necesita Mazatlán.

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PARTICIPANTES

1. Reserva de la Biosfera Islas Marías.
2. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Juan M Banderas.
3. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla.
4. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Huizache-Caimanero.
5. Santuario Tortuguero El Verde Camacho.
6. Paco’s Reserva de Flora y Fauna.
7. Santuario Tortuguero Estrella del Mar.
8. Biodiversidad del Ejido Barrón.
9. Museo del Jaguar (San Ignacio).
10. Conselva, Costas y Comunidades A.C.
11. Viva la Ola A.C./Isla Basura.
12. Humedales Sustentables A.C.
13. Plataforma iNaturalist Mx (CDMX).
14. Colectivo conCiencias (CDMX).
15. Mantarrayas Team.
16. AstroNat.
17. Connaturaleza.
18. Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable.
19. Jóvenes Por la Conservación del Pacífico (JOCOPP).
20. Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.
21. Comité de Natación de Aguas Abiertas de Mazatlán.
22. Hagamos Composta Mazatlán.
23. El Macetero.
24. Cerritos Sea Turtle Rescue.
25. La Cochinilla Teatro.
26. Charas Sinaloa.
27. Interacción Luciérnaga y Santuario de los venados playa selva Sak Nikté
    Mazatlán.
28. Mazorden
29. Mi jardín polinizador.
30. Bird Watching Mazatlán.
31. Colonias de la Isla en Acción A.C.
32. Faro Defensa Ambiental.
33. Endémica
34. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal
    Anticorrupción de Sinaloa.
35. ECON
36. CEMAZ
37. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
38. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
39. Instituto Tecnológico de Mazatlán – TecNM.
40. Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.
41. Unidad de Bienestar Universitario de la UAS.
42. Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés (CIO)
43. Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC).
44. Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES).
45. Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMyS).
46. CETMAR 08
47. Voluntariado IAM The Change (Instituto Anglo Moderno).
48. Lumina Vidas (Instituto Anglo Moderno).
49. Ecocuadrillas del Centro de Atención Múltiple (CAM) N° 25 Laboral.
50. Tirado’s Oil
51. Programa de reciclaje de redes de pesca Ola México de INPLARSA.
52. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
53. Operadora y Administradora de Playas (OAP).
54. Secretaría de Turismo de Sinaloa.
55. Departamento de Cultura del Agua de la JUMAPAM.
56. IMPLAN Mazatlán.

La entrada Expo Ambiental Son Playas 2026; lista para el 26 de marzo en el ITMAZ de Pradera Dorada se publicó primero en Son Playas.

A través de una carta abierta, la Comunidad Mazatleca Santuario de los Venados Playa Selva Sak-Nikté, pidió que se conserve un predio colindante al Estero del Yugo por su alto valor ecológico, dado que en la misma zona existen diferentes ecosistemas, tal es el caso de selva baja caducifolia, manglar, playa, estero y laguna costera. Además, este lugar está en la zona de influencia del Sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, que abarca desde Cerritos hasta Marmol.

«Ya no existe en la ciudad un lugar así, que albergue estos ecosistemas y la protección de los venados», señalaron a través de un comunicado que se difundió a través de redes sociales con la esperanza de llamar la atención de Sheinbaum Pardo, durante su gira por Sinaloa.

Para hacer visible su riqueza natural y promover la conservación de este lugar, el colectivo ha realizado senderismo, campañas de limpieza, observación de estrellas, difusión científica, liberación de tortugas marinas, yoga y actividades de educación ambiental desde hace aproximadamente cuatro años con la participación de centros de investigación, planteles educativos y autoridades.

«Este espacio, además de ser apoyado y protegido por jóvenes y mujeres, es un espacio que ha funcionado como un modelo replicable de educación, de trabajo en comunidad y colectividad, de recolecta de semillas nativas, de ejemplo de modelo de turismo sostenible en Mazatlán; un espacio de transformación de conciencia e identidad», señala el comunicado que fue difundido a través de redes sociales.

Durante estos años también se han reportado avistamientos de venados cola blanca (Odocoileus virginianus) que se encuentran atrapados en polígonos cercanos por la fragmentación de su territorio a causa del desarrollo inmobiliario o que son atropellados.

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Entre las agrupaciones que apoyan la creación de un santuario se encuentran Tierra Resonante, Ecos Yoga, Luna Jaguar, Sirenas Negras, Real del Pulque e Interacción Luciérnaga. Todas ellas formaron un colectivo que ahora pide la intervención del gobierno federal, pues desde el 15 de septiembre de 2025 solicitaron una audiencia con la presidenta municipal para tratar el tema y no han sido atendidos, según se informó.

De entrada, el colectivo busca orientación sobre el proceso legal y técnico que debe seguirse para gestionar la creación de una reserva natural, además del compromiso formal por parte de las autoridades para darle continuidad y concretar el proyecto.

¿Por qué se necesita un santuario para venados?

Por tratarse de una especie ligada a la cultura e identidad local, el venado cola blanca ha sido tomado como un emblema por parte de agrupaciones ambientalistas para pugnar por la protección de los ecosistemas en los que habita.

Sin embargo, la urbanización también amenaza a diversas especies de flora y fauna silvestre, incluyendo aquellas que se encuentran protegidas como el mangle o en peligro de extinción como la chara sinaloense (Cyanocorax beecheii), ave endémica de nuestro estado.

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Los nuevos desarrollos inmobiliarios que se extienden hacia el norte de Mazatlán, cerca de la costa, también han cercado al Estero del Yugo, un área de conservación ecológica a cargo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) destinada a la investigación científica, en donde se han identificado 1304 especies de plantas y animales, según se indica en la plataforma iNaturalist. La misma amenaza enfrenta Paco´s Reserva de Flora y Fauna, la única Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de Mazatlán, con 3477 especies registradas.

Según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024, la mancha urbana de Mazatlán creció más del doble en los últimos 30 años. En ese contexto, la fauna silvestre ha sido expulsada o erradicada sin que se implementen mecanismos para su protección.

DATO

En lengua náhuatl, Mazatlán significa «tierra de venados». El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La entrada Piden a Claudia Sheinbaum un santuario para venados en Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

La entrada Que no se otorguen nuevas concesiones mineras es positivo para las comunidades y el medio ambiente: organizaciones se publicó primero en Son Playas.

Periodistas y organizaciones ciudadanas que promueven el cuidado ambiental, la participación social y la defensa de la libertad de expresión se manifestaron de forma pacífica esta mañana para exigir que se proteja la integridad de la periodista Sheila Arias luego de ser víctima del delito de amenazas por parte de un empresario.

La manifestación se realizó en uno de los accesos de la Unidad Administrativa de Mazatlán, en donde se ubica la Vicefiscalía Regional Zona Sur. En este espacio se mostraron lonas y pancartas con leyendas de apoyo a la comunicadora y de repudio a las agresiones contra la prensa.

Durante su intervención, Sheila Arias agradeció las muestras de solidaridada y respaldo que ha recibido tras ser emedrentada por dar a conocer en sus redes sociales la existencia de un nuevo proyecto inmobiliario que se pretende edificar sobre el cerro de Punta Cerritos, a un lado de Playa Bruja, con base en información publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

«Las publicaciones que realizo como activista y periodista son información útil y lo hago de manera periódica. Este caso no es personal, no dije que estuviera mal, sólo lo visibilicé
dejando la responsabilidad en manos de las autoridades encargadas de revisar y de la
ciudadanía de vigilar que se aplique la normativa», señaló.

Recordó que la función del periodismo es investigar, documentar e informar aportando hechos verificables, contexto y voces diversas para que la sociedad se forme un criterio propio. Por eso se considera que las amenazas a periodistas también representan una grave agresión a la libertad de expresión y al derecho a informar, pues este tipo de actos buscan intimidar, silenciar y generar miedo.

Ya se investiga la denuncia por amenazas: vicefiscal

En el marco de la manifestación y acompañada por una comitiva, Sheila Arias se reunió con el Vicefiscal Regional Zona Sur, Isacc Aguayo Roacho, quien informó que la denuncia por amenazas ya está siendo investigada en colaboración con la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la periodista mencionó que espera que las autoridades investiguen el caso con seriedad y enfoque de derechos humanos.

Así se ataca a la prensa en Sinaloa

Durante la manifestación, Sibely Cañedo, Consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, tomó la palabra para expresar que de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto de 2022 —cuando se creó este organismo— hasta diciembre de 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios en Sinaloa.

De ellas, 116, casi la mitad, han sido contra periodistas en todo el estado. La amenaza es la agresión más frecuente, acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones
físicas y, en los casos más graves, desplazamiento forzado. El 37% de estas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado; un 27% por particulares (empresarios o ciudadanos en general); y un alarmante 36% por funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Añadió que en Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido en el contexto de una “narcoguerra” sin tregua, las agresiones al gremio periodístico han aumentado. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han documentado 61 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo ataques armados a instalaciones de prensa.

Aumenta el riesgo para el periodismo ambiental en Mazatlán

Por su parte, Raquel Zapien, directora de Son Playas indicó que el riesgo para periodistas que cubren temas ambientales y territoriales va en aumento en Mazatlán, debido a que los vacíos de autoridad han generado condiciones para la expansión urbana desordenada, la devastación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos que no cumplen con la normatividad ambiental o no se alinean a los instrumentos de planeación.

Estas omisiones alientan a quienes actúan fuera del marco legal y fomentan la impunidad. En ese contexto, dijo, es más probable que se amedrente a periodistas que documentan estas problemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente. Lo ocurrido con Sheila, es un ejemplo.

«La inacción de la autoridad está haciendo que el riesgo para la ciudadanía que se atreve a denunciar y el riesgo para periodistas se incremente», refirió la también cofundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión.

La entrada Periodistas y organizaciones ciudadanas protestan por amenazas a Sheila Arias se publicó primero en Son Playas.

De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

La entrada Emiten alerta por amenazas a periodista Sheila Arias en Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Hagamos Composta Mazatlán se encarga de brindar este servicio bajo la coordinación de dos investigadoras: Carolina Delgado Álvarez y Daniela Alvarado Zambrano, ambas doctoras con especialidad en evaluación de riesgos a la salud por contaminantes potencialmente tóxicos.

Con apoyo de su equipo, recolectan los desechos orgánicos de los domicilios y los transforman en composta para luego ser entregada a los usuarios, lista para aplicarse como abono.

A nivel nacional, Hagamos Composta fue fundada en 2017 por Gerardo Montes de Oca en Toluca, Estado de México, logrando expandir el modelo en más de 23 ciudades del país. Carolina y Daniela replicaron este proyecto social a nivel local desde julio de 2023. Al inicio contaban con 10 registros y actualmente suman 70.

¿Cómo funciona?

Las personas o empresas interesadas en contratar el servicio en Mazatlán deben solicitarlo a través del WhatsApp 6691 23 70 54, para lo cual se aplica un cobro de inscripción de 350 pesos. A cambio se entrega un kit de dos cubetas de 19 litros y otra de cinco, así como un folleto con instrucciones.

Una vez confirmado el registro, se establece el día y hora de recolección, el cual puede ser semanal o quincenal, dependiendo del volumen de residuos orgánicos que se genere. El día asignado se recoge la cubeta con los residuos y en su lugar se deja otra limpia para repetir el proceso.

En cada colecta se aplica una cuota de 80 pesos y al paso de 15 recolecciones la persona usuaria recibirá una cubeta de composta.

Entre los productos orgánicos que pueden compostarse están:

El abono orgánico se obtiene mediante la degradación de la materia orgánica que realizan microorganismos como bacterias y hongos. Este proceso de descomposición natural mineraliza los residuos, para lo cual se requiere un control de humedad, calor y oxígeno.

No es necesario tener conocimientos previos de compostaje para que te registres en este proyecto; tu única labor como usuario del servicio será separar los residuos orgánicos, colocarlos en las cubetas y entregarlos el día y hora acordada.

Así te beneficia el compostaje

Carolina Delgado señaló que el interés de replicar el modelo de Hagamos Composta surgió luego de observar que en Mazatlán no existe un sistema de gestión de residuos en general. En este contexto, se optó por impulsar la colecta y descomposición de residuos orgánicos para crear abono, lo que a su vez ayuda a reducir la generación de basura y el uso de bolsas plásticas; regresar nutrientes a la tierra y fomentar una cultura sustentable.

«Nace del interés genuino de querer hacer algo por la comunidad», dijo.

Antes de poner en marcha el proyecto, las investigadoras hicieron un estudio sobre el tipo de basura orgánica que se genera en Mazatlán a fin de adaptar el proceso de compostaje. También se tramitaron permisos ante la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sostenible (SEBIDES) y se obtuvo la Cédula de Operación Anual Municipal.

Hagamos Composta entrega manifiestos de disposición final, un registro del manejo de los residuos desde su generación hasta su disposición final que sirve para el cumplimiento de normas ambientales. Para las empresas, este documento es una forma de demostrar su compromiso con el medio ambiente.

De igual forma se proporciona un cálculo del dióxido de carbono que se dejó de arrojar a la atmósfera y las bolsas plásticas que se dejaron de utilizar gracias al compostaje.

Para este año, la meta es aumentar el numero de usuarios y empezar a recolectar excretas de perros y gatos. Puedes seguir sus redes sociales en este enlace.

El compostaje también es conocido como valorización de residuos y entre sus principales beneficios está el de transformar materiales de desecho en un nuevo producto, evitando que contaminen y acaben en vertederos.

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• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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A partir de los años cuarenta, la pesca artesanal prosperó en este sitio, a donde las familias acuden en busca de pescado fresco. Gran parte de estas especies de valor comercial se refugian, alimentan y reproducen en el manto rocoso de la playa.

Esas rocas conforman un arrecife que se sumerge en agua durante la marea alta y queda expuesto cuando el nivel del mar vuelve a bajar. Justo aquí habitan las langostas azul (Panulirus inflatus) y verde (Panulirus gracilis) cuando apenas son larvas.

Esta información fue compartida el jueves 4 de diciembre durante la visita guiada organizada por Son Playas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el marco del 8° Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se celebró en 17 sedes de México y Latinoamérica.

En la actividad titulada “Reencuentro con Playa Norte” participaron cerca de 200 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de la Universidad Pedagógica del Estado (UPES) y habitantes de la ciudad. A través de charlas, el público pudo conocer la relevancia histórica, cultural, social y ecológica de este espacio natural, ligado a la identidad de la población local.

«Por varias razones está zona es extraordinariamente simbólica para Mazatlán”, afirmó el cronista Enrique Vega Ayala durante su intervención.

Aquí se realizaron los primeros desembarques de las exploraciones españolas y de piratas. “La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos y para allegar a esas poblaciones bienes y equipos indispensables”, relató.

Ostras, perlas y peces de Playa Norte

La segunda charla en el área de playa fue impartida por Fanny Zebadúa González, Liliana López Reyes y Lesly Desiree Acosta Ibarra, integrantes de la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp).

A unos metros del embarcadero y cerca de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), explicaron que este sector de Playa Norte corresponde a una playa rocosa en donde habitan una gran cantidad de especies de moluscos, invertebrados, peces y larvas que forman parte del plancton. Entre las especies comerciales que transitan por esta zona se encuentran: cochito, sierra, pargo, chino mero, pargo alazán, botete, morena pinta y pajarito.

Peces de importancia comercial

Entre la extensión rocosa que se adentra al mar, conocida como Punta Tiburón, también es posible encontrar una almeja que produce perlas: Pinctada mazatlanica, una especie nativa que se encuentra catalogada como especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Jocopp recordó que en este sitio también abunda el alga parda (Padina durvillei), un tipo de sargazo que vive sujeto al fondo marino y que es arrastrado hacia la orilla por la marea entre los meses de mayo y octubre.

Playa Norte, sede de la pesca artesanal

El recorrido concluyó en el embarcadero con Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, quien mostró la estructura de las pequeñas pangas que utiliza esta organización, la forma en que se operan y las artes de pesca artesanal que consisten en anzuelos, cuerdas, plomadas y curricanes.

Mientras que las redes conocidas como chinchorros capturan por volumen, la pesca con anzuelo solo permite sacar un pez a la vez. Si la especie o el tamaño no es el adecuado, se regresa al mar, explicó.

“Hay que dejarlo que crezca para cuando crezca ya capturarlo y entonces si ya va para la cazuela”, expresó Édgar Moya ante la mirada curiosa del público.

Para la pesca de sierra, se utilizan señuelos conocidos como curricanes que ellos mismos elaboran, los cuales son colocados en cuerdas provistas de un alambre para que el pez no lo troce. Esta pesca se realiza mientras la embarcación está en marcha; lo mismo se hace cuando se capturan los pargos rojos, pero con otro tipo de señuelo.

Exposición y otras actividades durante la visita guiada

Sobre la banqueta del malecón, junto a la playa, se instalaron mamparas con carteles y reseñas periodísticas sobre Playa Norte que Son Playas seleccionó de su archivo para esta ocasión y recopiló la opinión de la juventud respecto al estado actual de ese ecosistema costero.

En este mismo espacio, el Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlan expuso maquetas y respondió preguntas de los estudiantes en torno a su labor de conservación.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar mostraron por primera vez los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de Playa Norte elaborada como parte de su materia y Paola Luevanos,  ganadora del premio Incubate MX 2024 por su emprendimiento “Fortaleza del Mar”, dio a conocer su emprendimiento, basado en el aprovechamiento de los residuos de pescado que son desechados en el embarcadero de Playa Norte para transformarlos en colágeno.

Raquel Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, agradeció la participación de los expositores, estudiantes, docentes, periodistas y habitantes de Mazatlán que acudieron a redescubrir el valor de este espacio natural de gran valor.

“Hoy Playa Norte se expresará a través de las charlas de nuestros invitados”, dijo.

Playa Norte fue seleccionada para esta visita guiada por su relevancia y porque es una de las playas más contaminadas por plásticos y otros tipos de desechos, explicó. Además, en este sitio se presentan problemáticas sociales vinculadas con la falta de vigilancia, presencia de personas en situación de calle y adiciones, según han reportado autoridades y pescadores del área.

Valorar este espacio y cuidarlo, es una acción necesaria, opinó. Poner esta información al alcance de la ciudadanía a través del periodismo especializado, es la base para propiciar ese reconocimiento y el involucramiento social, concluyó.

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La actividad se enmarca en la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se realizó en 17 sedes nacionales e internacionales, incluyendo Mazatlán.

El recorrido se realizará de forma gratuita en el tramo de playa que se ubica a la altura de las calles 5 de Mayo y Belisario Domínguez, con el objetivo de mostrar el valor cultural, histórico, social y ambiental de este espacio natural que forma parte de la identidad local.

¿De qué se trata? Para empezar, el cronista Enrique Vega Ayala dará una breve charla sobre la historia y relevancia cultural de este sitio. Posteriormente, la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp) explicará el valor ambiental y biológico de esta playa rocosa. 

Adicionalmente, el presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, Édgar Mota Acosta, mostrará cómo se practica la pesca artesanal y por qué se considera de menor impacto ambiental.

En el sitio, Son Playas expondrá material informativo relacionado con Playa Norte mientras que los estudiantes de materia de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar (Facimar) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) darán a conocer los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de esa playa.  Aquí mismo, la Operadora y Administradora de Playas (OAP) instalará un módulo informativo sobre las actividades de limpieza y conservación de tortugas marinas que se realizan por parte de ese organismo paramunicipal.

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Con esta actividad concluyen los trabajos de la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que este año lleva por nombre “Historias+allá del laboratorio”, y se centra en formas de conocimiento que van más allá de la ciencia académica, incluyendo los saberes de pueblos originarios, comunidades costeras y rurales.

La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia ha organizado el foro durante ocho años para reflexionar y discutir sobre la importancia de la ciencia como fuente de información, con la participación de profesionales de diversas áreas, periodistas de ciencia, salud, medio ambiente y periodismo de investigación. También personas profesoras, escritoras, científicas, estudiantes y público interesado en el periodismo.

En el caso particular de la Ciudad de México (CDMX) como sede principal, el foro se realizó del 27 al 29 de noviembre. Adicionalmente se incluyeron actividades simultáneas en 17 sedes nacionales e internacionales, con el objetivo de descentralizar las discusiones y el aprendizaje en torno al quehacer periodístico especializado en ciencia.

Participación de Sinaloa

Mazatlán se suma a estas acciones a través de Son Playas, cuya fundadora, Raquel Zapien Osuna, es integrante regular de la RedMPC y representante del nodo Sinaloa. En este contexto, Zapien Osuna también fue invitada a participar en un encuentro con periodistas de América Latina para desarrollar una caja de herramientas que le sean de utilidad a cualquier persona que quiera cubrir temas de ciencia en la región, para lo cual se cuenta con el apoyo de la la Schmidt Science Communication Catalyst Grant, la Universidad de Santa Cruz California, EurekAlert! y The Open Notebook.

La artista escénica Lucía Zapien Osuna, colaboradora de este medio de comunicación especializado en medio ambiente y directora de la compañía La Cochinilla Teatro, también participó en el programa del foro, al presentar su monólogo «Teresa Urrea, del olvido y la memoria» el 29 de noviembre en las instalaciones del antiguo Colegio de San Idelfonso, CDMX.

GALERÍA

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Cada otoño millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur para pasar el invierno. Las mariposas de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de nuestro país y del Mundo.

Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del país.

Ahora, cualquier persona puede ayudar a registrar y dar a conocer mejor este fenómeno utilizando una aplicación para Android y iPhone llamada “Project Monarch”, desarrollada por la compañía Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society. Con ella, se puede detectar la presencia de mariposas monarca que fueron equipadas con un chip que emite una señal y que podrían estar pasando por Sinaloa en estos días, según explica el biólogo Héctor Ávila Villegas, Director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México.

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“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal con su celular en un rango de 50 hasta 400 m, generando un registro en un mapa”, mencionó el especialista.

Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como «Defensor de los Polinizadores de México» por la asociación The Pollinator Partnership, comentó que, gracias al uso de esta nueva tecnología por parte de la ciudadanía, ya se han detectado mariposas monarca con transmisores en estados donde no había plena certeza sobre su paso, como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, y que Sinaloa también podría sumarse a esta lista.

Por su parte, la Dra. Laura Beatriz Rivera Rodríguez, profesora investigadora y jefa de la carrera de Gestión de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la importancia de monitorear la biodiversidad en la entidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes y constituye el primer paso para su gestión y conservación.

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A través de un comunicado, ambos especialistas invitaron a la población sinaloense, particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.

Cabe señalar que a través de la plataforma iNaturalist Mx ya se ha registrado la presencia de mariposas monarcas (Danaus plexippus) en Mazatlán, Sinaloa, principalmente Paco´s Reserva Natural de Flora y Fauna Silvestre.

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Once relatores especiales de las Naciones Unidas, que conforman un grupo de expertos y expertas independientes en derechos humanos, manifestaron su preocupación por diversos hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, Sinaloa. Este grupo de trabajo destacó la violencia y persecución persistente sufrida por las personas opositoras al proyecto y la violación a los derechos de las comunidades indígenas Mayo – Yoreme.

«Nos sumamos a la preocupación manifestada por el grupo de expertos y exigimos que se detenga la construcción de la planta de amoníaco y se garantice la seguridad de las personas defensoras ambientales y comunitarias que se han visto agredidas y amenazadas por su participación en la defensa de su territorio», señalaron a través de un comunicado enviado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El pasado miércoles 19 de noviembre, las y los relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron públicas las cartas que enviaron al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, y a los gobiernos de Alemania y Suiza. La información que recibieron y las visitas que realizaron a la bahía de Ohuira y al puerto de Topolobampo han derivado en estas cartas.

«Señalamos que este proyecto está atentando directamente contra la economía y la alimentación de miles de familias mexicanas», advirtieron.

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Afectaciones a la pesca y a la integridad de las personas defensoras

En las cartas, el grupo de expertos manifiesta la preocupación por las graves afectaciones que tendrían la construcción y operación de la planta en el medio ambiente, en los medios de subsistencia de la población, en su salud y en el cambio climático. Entre los impactos severos se destaca “la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas”, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna. Por ende, se estima que este proyecto afectaría irremediablemente la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira.

Además de tratarse de una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar se encuentra reconocido como humedal de importancia mundial (Ramsar) y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Como impacto adicional, la propia empresa GPO, en su Estudio de Riesgo Ambiental, reconoce que ante una fuga de amoníaco de tan solo 5 minutos, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”. Resulta evidente que incluso a partir de información de la propia empresa, este proyecto está jugando con la vida de cientos de miles de personas.

En su comunicado, el CEMDA destacó la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas. Para la redacción de dichos documentos se tomaron los testimonios de graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición de una de las defensoras.

«Resulta urgente que el gobierno mexicano y el Gobierno de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región. Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes», señaló la organización.

Exigen la cancelación de la planta de amoníaco y de la planta de gas natural licuado

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental exigió a la Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores para frenar inmediatamente las violaciones sistemáticas de derechos.

También pidieron que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas de bahía de Ohuira y del estado de Sinaloa, y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco de GPO y negar las autorizaciones para la planta de Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, evitando así, las consecuencias catastróficas que se anuncian con su operación.

Por último, instaron a los medios de comunicación a aportar su cobertura para proteger el actuar de las personas de estas comunidades y en defensa de los sustentos de vida como la pesca ribereña. «Las vidas de los habitantes de esta región y la alimentación de muchas ciudades y comunidades del país está en grave riesgo», concluye el comunicado de prensa.

Organizaciones firmantes

Alianza Mexicana contra el Fracking
Al Rescate del Río AC
Bcsicletos A.C.
Barrio Mapache
Caminantes del Desierto A.C.
CartoCrítica, A.C.
Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, A. C. (CERCA)
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo Agua y Bosques para la vida.
Colectivo Sierra de Juárez
Colectivo Kontrapatria
Comités de Cuenca Río Sonora
Conexiones Climáticas
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC)
Contraloría Autónoma del Agua de los Ríos de Sonora
Cooperativa Familiar Comunitaria Caricias del Monte
Crea un Bosque AC
Defensa Ambiental del Noroeste
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Engenera, AC
Frente Nacional Por Las 40 Horas
Greenpeace México
Nosotras y el Mar
Nuestro Futuro, A.C.
Nuestros Mares
Micelio Urbano
Organización Familia Pasta de Conchos
Orgcas
Geocomunes
Pan y Rosas Sonora
Programa de Investigación de Mamíferos Marinos
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
UCIZONI
Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C.
Wildlands Network Programa México

Las cartas enviadas por las relatorías de Naciones Unidas están disponibles en:
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=OTH%20102/2025

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Culiacán, Sin., a 17 de noviembre de 2025.- Cerca de la mitad del territorio
sinaloense se encuentra en condiciones de silencio informativo. En al menos nueve
municipios —Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa,
Cosalá, Rosario y Sinaloa— el periodismo está limitado por la violencia criminal.

En estos territorios, el control del crimen organizado, la falta de infraestructura, la
marginación y el abandono institucional impiden la labor informativa y han desplazado
o intimidado a quienes intentan ejercerla. En contraste, Culiacán, Mazatlán y Ahome
concentran más del 84% de la actividad periodística y de los medios locales, lo que
genera una profunda desigualdad informativa: mientras las ciudades mantienen cierto
nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas.

Estos fueron parte de los hallazgos de la investigación “Voces en resistencia: libertad
de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, realizada por Iniciativa Sinaloa con
apoyo de la Embajada de Noruega en México, presentada el viernes 14 de noviembre en Culiacán en el marco del Foro “Libertad de Expresión bajo fuego: desafíos y alternativas en
Sinaloa”.

El estudio examinó las condiciones en que se ejerce el periodismo en el estado y las
consecuencias del silenciamiento informativo derivado de la violencia criminal y de la
censura institucional, lo que se identificó como una censura de “doble cerrojo” en el
estado, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

El propósito de la investigación fue visibilizar las regiones donde la inseguridad, la
censura y el miedo han reducido al mínimo la cobertura periodística, afectando el
derecho de la sociedad a estar informada y debilitando la democracia, comentó Sibely
Cañedo, coordinadora de Iniciativa Sinaloa y coautora del estudio.

Para lograr esto, explicó, se utilizó una metodología mixta que incluyó tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas, entrevistas a profundidad con periodistas, monitoreo de
medios y análisis estadístico, así como la aplicación de una escala de silenciamiento
con base en indicadores como la falta de acceso territorial, nivel de agresiones a la
prensa, ausencia de periodistas y medios, registro de amenazas del crimen
organizado, entre otros.

“El contenido informativo, en buena medida, replica narrativas oficiales. Cerca del 50%
de los medios analizados fueron clasificados como oficialistas, mientras que solo el 6%
realiza periodismo de investigación. Temas cruciales como corrupción, violaciones a
derechos humanos, narcotráfico o seguridad pública han desaparecido de la agenda
pública en numerosos municipios”, detalló Cañedo.

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Por su parte, la periodista Sheila Arias Martínez, quien colaboró en la investigación,
destacó las dificultades para hacer periodismo en las regiones de la sierra y
comunidades rurales, donde informar puede poner la vida en riesgo, además de que
esto representa hacer el periodismo en soledad, muchas veces sin apoyo de sus
empresas ni de las autoridades.

“Hay casos muy impactantes de periodistas que resisten para seguir informando, sobre
todo en territorios vulnerables, periodistas que en años no han recibido ninguna
capacitación ni cuentan con respaldo de sus empresas, también sienten a las
instituciones muy lejanas a su problemática”, relató la también activista, quien se
encargó de realizar más de 30 entrevistas con periodistas de todo el estado.

A pesar de ello, la investigación también identifica formas de resistencia y resiliencia
entre periodistas locales. Muchos de ellos han desarrollado estrategias de
autoprotección, alianzas entre colegas, acompañamiento con organizaciones civiles y
uso responsable de las redes digitales para continuar informando.

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Destacan relevancia del estudio

Durante la presentación, se contó con los comentarios de Belem Angulo, periodista de
Noroeste, de José Manuel Salas, director del portal Link Sinaloa y con amplia
trayectoria en la cobertura de temas de seguridad, así como de Jan-Albert Hootsen,
representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés).

Entre los hallazgos de la investigación, Belem Angulo destacó que existan municipios
sin ningún periodista, lo cual consideró grave, ya que es una función muy importante
en cualquier sociedad democrática.

Por su parte, Manuel Salas indicó que la investigación refleja gran parte de la realidad
que viven los periodistas en el actual contexto de “narcoguerra”, en el que a pesar de
todos los peligros, hay reporteros que persisten en la cobertura de calle, verificando en
campo los reportes que circulan en redes sociales y que muchas veces resultan falsos.

En opinión de Jan-Albert Hootsen, el estudio es único en su tipo y aporta luces sobre
este fenómeno y que debe ser tomado en cuenta para las acciones de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar al
periodismo independiente.

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, las investigadoras expusieron que las consecuencias del silenciamiento
informativo van más allá del ámbito periodístico.
La falta de información sobre las violaciones a derechos humanos, los abusos de autoridad o la corrupción contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar las luchas sociales, especialmente las encabezadas por mujeres buscadoras, defensoras y comunidades desplazadas.

En las zonas donde la prensa ha desaparecido, el crimen organizado no solo
domina el territorio, sino también busca controlar la narrativa pública, mediante la
desinformación y la propaganda digital.

En sus conclusiones, el estudio sostiene que la violencia, la desigualdad territorial y la
fragilidad institucional han consolidado un mapa de silencios estructurales que limita la
participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia.

Frente a ello, Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que ejercen en territorios marginales; abatir la impunidad en casos de crímenes y agresiones contra periodistas; y promover políticas que impulsen el periodismo local, independiente y con perspectiva de derechos humanos.

Propuestas para la política de protección:
● Monitoreo continuo de cambios por municipio (picos de riesgo) y revisión
trimestral de protocolos.
● Protección diferenciada: instrumentación de protocolos especiales para
periodistas de frontera para prevenir y atender amenazas y/o agresiones, así
como monitoreos continuos en coyunturas de conflicto.
● Fortalecimiento de periodismo local: emprender campañas para el
reconocimiento de periodistas de frontera, quienes reportean en territorios de
riesgo y marginales, como en los pueblos de la sierra.
● Periodismo comunitario: Impulsar capacitación para periodistas
comunitarios en diferentes regiones del estado de Sinaloa, en especial en las
zonas silenciadas.

Consulta el estudio completo en este enlace.

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En total se identificaron 179 especies, pero en la obra se incluyen las fichas de 119 de ellas, que contienen imágenes e información sobre sus características y estado de conservación. También aportan información sobre los usos más frecuentes de las plantas, así como la época de floración, fructificación y caída de las hojas.

Adicionalmente, se incluye una propuesta de especies de flora silvestre del Crestón que podrían utilizarse en proyectos de reforestación y ajardinamiento de la ciudad. Para hacer más fácil su lectura, el documento también cuenta con un glosario de términos.

Esta guía fue escrita por José Adrián Beltrán Magallanes, profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Armando Cervantes Estévez, egresado de la misma institución y Raquel Briseño Dueñas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMYL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán.

El trabajo de campo y la publicación del libro fueron financiados por el extinto patronato del Parque Natural Faro Mazatlán (IAP). Los primeros recorridos para la realización del inventario iniciaron en 2020 y tras cinco años de trabajo, la obra fue presentada hoy jueves 9 de octubre.

Además de contribuir a la divulgación del conocimiento de la riqueza natural del Crestón, se espera que esta guía sea utilizada por los visitantes como parte de las actividades de senderismo y que sirva de base para futuros programas de manejo y conservación del cerro.

El documento será puesto a disposición del público en general de forma virtual en los próximos días dado a que el tiraje fue limitado. Se espera que alguna institución u organización se interese en imprimirla posteriormente para su distribución, según se informó durante el evento de presentación.

Aporte científico

Raquel Briseño Dueñas mencionó que la guía es una herramienta educativa y de conservación que proporciona una valiosa conexión histórica y científica, pues para su elaboración se estudiaron herbarios que contienen partes de plantas colectadas en el Crestón del año 1932 hasta 1971, para posteriormente compararlas con las que se documentaron del 2021 al 2023.

Dicha comparación permitió corroborar que hay algunas especies que permanecen en el sitio sin cambios mientras que otras han evolucionado o se han adaptado a las condiciones actuales de su hábitat, explicó.

Al respecto, José Adrián Beltrán Magallanes precisó que los recorridos exploratorios para documentar las especies vegetales del Crestón iniciaron en agosto de 2020. En este proceso, el especialista encontró especies florísticas que no había visto en los últimos 30 años.

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Especies protegidas

En la guía también se hace referencia a seis especies que tienen algún tipo de protección nacional o internacional, señaló aparte el biólogo José Armando Cervantes Estévez. Por ejemplo, cuatro están protegidas por la norma mexicana NOM-159-SEMARNAT-2010, tal es el caso del guayacán (Guaiacum coulteri) y amapa rosa (Handroanthus impetignosus), que están en la categoría de amenazadas; la cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii) que se encuentra en peligro de extinción y el algodón mexicano (Gossypium hirsutum), sujeto a protección especial.

En esta lista se encuentra la cactácea conocida como tasajo o pitayo sina (Stenocereus alamosensis) cuyo fruto es una pitaya que en langua cahíta se nombraba «sina», lo que dio origen al nombre de Sinaloa. Esta especie endémica de nuestro estado se considera vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La otra especie considerada vulnerable por esta norma internacional es el palo amarillo (Esenbeckia hartmanii).

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Contexto histórico

La presentación de la «Guía para un viaje botánico por los caminos del Crestón» se realizó en el auditorio del ICMYL de la UNAM y los comentarios sobre la obra estuvieron a cargo del historiador Luis Antonio Martínez Peña y Ana Cecilia Lerma Arredondo, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la UAS.

En su intervención Martínez Peña recordó que los cerros del Crestón y del Vigía eran islas que con el paso del tiempo se unieron para construir un puerto. «Los mazatlecos estamos íntimamente ligados a los cerros», afirmó.

Hubo un tiempo en que los cerros fueron deforestados porque la población obtenía leña de sus árboles y arbustos, relató. Por esa razón, el impulsor de la primera Ley Forestal de México, Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, promovió campañas de reforestación en Mazatlán durante su visita en 1934.

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Durante su intervención, la académica Ana Cecilia Lerma Arredondo, destacó que en el Cerro del Crestón existen cuatro tipos de vegetación actualmente: bosque tropical seco, bosque espinoso, vegetación halófila (que crece en suelos salinos) y pastizales, en donde se identificaron tres especies invasoras.

Ambos comentaristas coincidieron en que la flora silvestre nativa es una opción viable para utilizarse en futuros proyectos de reforestación y ajardinado de la ciudad, tanto en camellones, jardines y parques, en pérgolas y muros verdes, o como barreras vegetales para delimitar terrenos, evitar la erosión y proporcionar refugio a la fauna.

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