Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

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Periodistas y organizaciones ciudadanas que promueven el cuidado ambiental, la participación social y la defensa de la libertad de expresión se manifestaron de forma pacífica esta mañana para exigir que se proteja la integridad de la periodista Sheila Arias luego de ser víctima del delito de amenazas por parte de un empresario.

La manifestación se realizó en uno de los accesos de la Unidad Administrativa de Mazatlán, en donde se ubica la Vicefiscalía Regional Zona Sur. En este espacio se mostraron lonas y pancartas con leyendas de apoyo a la comunicadora y de repudio a las agresiones contra la prensa.

Durante su intervención, Sheila Arias agradeció las muestras de solidaridada y respaldo que ha recibido tras ser emedrentada por dar a conocer en sus redes sociales la existencia de un nuevo proyecto inmobiliario que se pretende edificar sobre el cerro de Punta Cerritos, a un lado de Playa Bruja, con base en información publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

«Las publicaciones que realizo como activista y periodista son información útil y lo hago de manera periódica. Este caso no es personal, no dije que estuviera mal, sólo lo visibilicé
dejando la responsabilidad en manos de las autoridades encargadas de revisar y de la
ciudadanía de vigilar que se aplique la normativa», señaló.

Recordó que la función del periodismo es investigar, documentar e informar aportando hechos verificables, contexto y voces diversas para que la sociedad se forme un criterio propio. Por eso se considera que las amenazas a periodistas también representan una grave agresión a la libertad de expresión y al derecho a informar, pues este tipo de actos buscan intimidar, silenciar y generar miedo.

Ya se investiga la denuncia por amenazas: vicefiscal

En el marco de la manifestación y acompañada por una comitiva, Sheila Arias se reunió con el Vicefiscal Regional Zona Sur, Isacc Aguayo Roacho, quien informó que la denuncia por amenazas ya está siendo investigada en colaboración con la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la periodista mencionó que espera que las autoridades investiguen el caso con seriedad y enfoque de derechos humanos.

Así se ataca a la prensa en Sinaloa

Durante la manifestación, Sibely Cañedo, Consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, tomó la palabra para expresar que de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto de 2022 —cuando se creó este organismo— hasta diciembre de 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios en Sinaloa.

De ellas, 116, casi la mitad, han sido contra periodistas en todo el estado. La amenaza es la agresión más frecuente, acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones
físicas y, en los casos más graves, desplazamiento forzado. El 37% de estas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado; un 27% por particulares (empresarios o ciudadanos en general); y un alarmante 36% por funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Añadió que en Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido en el contexto de una “narcoguerra” sin tregua, las agresiones al gremio periodístico han aumentado. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han documentado 61 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo ataques armados a instalaciones de prensa.

Aumenta el riesgo para el periodismo ambiental en Mazatlán

Por su parte, Raquel Zapien, directora de Son Playas indicó que el riesgo para periodistas que cubren temas ambientales y territoriales va en aumento en Mazatlán, debido a que los vacíos de autoridad han generado condiciones para la expansión urbana desordenada, la devastación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos que no cumplen con la normatividad ambiental o no se alinean a los instrumentos de planeación.

Estas omisiones alientan a quienes actúan fuera del marco legal y fomentan la impunidad. En ese contexto, dijo, es más probable que se amedrente a periodistas que documentan estas problemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente. Lo ocurrido con Sheila, es un ejemplo.

«La inacción de la autoridad está haciendo que el riesgo para la ciudadanía que se atreve a denunciar y el riesgo para periodistas se incremente», refirió la también cofundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión.

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De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

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• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

Leer más | En 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica | INFORME

2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Hagamos Composta Mazatlán se encarga de brindar este servicio bajo la coordinación de dos investigadoras: Carolina Delgado Álvarez y Daniela Alvarado Zambrano, ambas doctoras con especialidad en evaluación de riesgos a la salud por contaminantes potencialmente tóxicos.

Con apoyo de su equipo, recolectan los desechos orgánicos de los domicilios y los transforman en composta para luego ser entregada a los usuarios, lista para aplicarse como abono.

A nivel nacional, Hagamos Composta fue fundada en 2017 por Gerardo Montes de Oca en Toluca, Estado de México, logrando expandir el modelo en más de 23 ciudades del país. Carolina y Daniela replicaron este proyecto social a nivel local desde julio de 2023. Al inicio contaban con 10 registros y actualmente suman 70.

¿Cómo funciona?

Las personas o empresas interesadas en contratar el servicio en Mazatlán deben solicitarlo a través del WhatsApp 6691 23 70 54, para lo cual se aplica un cobro de inscripción de 350 pesos. A cambio se entrega un kit de dos cubetas de 19 litros y otra de cinco, así como un folleto con instrucciones.

Una vez confirmado el registro, se establece el día y hora de recolección, el cual puede ser semanal o quincenal, dependiendo del volumen de residuos orgánicos que se genere. El día asignado se recoge la cubeta con los residuos y en su lugar se deja otra limpia para repetir el proceso.

En cada colecta se aplica una cuota de 80 pesos y al paso de 15 recolecciones la persona usuaria recibirá una cubeta de composta.

Entre los productos orgánicos que pueden compostarse están:

El abono orgánico se obtiene mediante la degradación de la materia orgánica que realizan microorganismos como bacterias y hongos. Este proceso de descomposición natural mineraliza los residuos, para lo cual se requiere un control de humedad, calor y oxígeno.

No es necesario tener conocimientos previos de compostaje para que te registres en este proyecto; tu única labor como usuario del servicio será separar los residuos orgánicos, colocarlos en las cubetas y entregarlos el día y hora acordada.

Así te beneficia el compostaje

Carolina Delgado señaló que el interés de replicar el modelo de Hagamos Composta surgió luego de observar que en Mazatlán no existe un sistema de gestión de residuos en general. En este contexto, se optó por impulsar la colecta y descomposición de residuos orgánicos para crear abono, lo que a su vez ayuda a reducir la generación de basura y el uso de bolsas plásticas; regresar nutrientes a la tierra y fomentar una cultura sustentable.

«Nace del interés genuino de querer hacer algo por la comunidad», dijo.

Antes de poner en marcha el proyecto, las investigadoras hicieron un estudio sobre el tipo de basura orgánica que se genera en Mazatlán a fin de adaptar el proceso de compostaje. También se tramitaron permisos ante la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sostenible (SEBIDES) y se obtuvo la Cédula de Operación Anual Municipal.

Hagamos Composta entrega manifiestos de disposición final, un registro del manejo de los residuos desde su generación hasta su disposición final que sirve para el cumplimiento de normas ambientales. Para las empresas, este documento es una forma de demostrar su compromiso con el medio ambiente.

De igual forma se proporciona un cálculo del dióxido de carbono que se dejó de arrojar a la atmósfera y las bolsas plásticas que se dejaron de utilizar gracias al compostaje.

Para este año, la meta es aumentar el numero de usuarios y empezar a recolectar excretas de perros y gatos. Puedes seguir sus redes sociales en este enlace.

El compostaje también es conocido como valorización de residuos y entre sus principales beneficios está el de transformar materiales de desecho en un nuevo producto, evitando que contaminen y acaben en vertederos.

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• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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A partir de los años cuarenta, la pesca artesanal prosperó en este sitio, a donde las familias acuden en busca de pescado fresco. Gran parte de estas especies de valor comercial se refugian, alimentan y reproducen en el manto rocoso de la playa.

Esas rocas conforman un arrecife que se sumerge en agua durante la marea alta y queda expuesto cuando el nivel del mar vuelve a bajar. Justo aquí habitan las langostas azul (Panulirus inflatus) y verde (Panulirus gracilis) cuando apenas son larvas.

Esta información fue compartida el jueves 4 de diciembre durante la visita guiada organizada por Son Playas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el marco del 8° Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se celebró en 17 sedes de México y Latinoamérica.

En la actividad titulada “Reencuentro con Playa Norte” participaron cerca de 200 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de la Universidad Pedagógica del Estado (UPES) y habitantes de la ciudad. A través de charlas, el público pudo conocer la relevancia histórica, cultural, social y ecológica de este espacio natural, ligado a la identidad de la población local.

«Por varias razones está zona es extraordinariamente simbólica para Mazatlán”, afirmó el cronista Enrique Vega Ayala durante su intervención.

Aquí se realizaron los primeros desembarques de las exploraciones españolas y de piratas. “La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos y para allegar a esas poblaciones bienes y equipos indispensables”, relató.

Ostras, perlas y peces de Playa Norte

La segunda charla en el área de playa fue impartida por Fanny Zebadúa González, Liliana López Reyes y Lesly Desiree Acosta Ibarra, integrantes de la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp).

A unos metros del embarcadero y cerca de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), explicaron que este sector de Playa Norte corresponde a una playa rocosa en donde habitan una gran cantidad de especies de moluscos, invertebrados, peces y larvas que forman parte del plancton. Entre las especies comerciales que transitan por esta zona se encuentran: cochito, sierra, pargo, chino mero, pargo alazán, botete, morena pinta y pajarito.

Peces de importancia comercial

Entre la extensión rocosa que se adentra al mar, conocida como Punta Tiburón, también es posible encontrar una almeja que produce perlas: Pinctada mazatlanica, una especie nativa que se encuentra catalogada como especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Jocopp recordó que en este sitio también abunda el alga parda (Padina durvillei), un tipo de sargazo que vive sujeto al fondo marino y que es arrastrado hacia la orilla por la marea entre los meses de mayo y octubre.

Playa Norte, sede de la pesca artesanal

El recorrido concluyó en el embarcadero con Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, quien mostró la estructura de las pequeñas pangas que utiliza esta organización, la forma en que se operan y las artes de pesca artesanal que consisten en anzuelos, cuerdas, plomadas y curricanes.

Mientras que las redes conocidas como chinchorros capturan por volumen, la pesca con anzuelo solo permite sacar un pez a la vez. Si la especie o el tamaño no es el adecuado, se regresa al mar, explicó.

“Hay que dejarlo que crezca para cuando crezca ya capturarlo y entonces si ya va para la cazuela”, expresó Édgar Moya ante la mirada curiosa del público.

Para la pesca de sierra, se utilizan señuelos conocidos como curricanes que ellos mismos elaboran, los cuales son colocados en cuerdas provistas de un alambre para que el pez no lo troce. Esta pesca se realiza mientras la embarcación está en marcha; lo mismo se hace cuando se capturan los pargos rojos, pero con otro tipo de señuelo.

Exposición y otras actividades durante la visita guiada

Sobre la banqueta del malecón, junto a la playa, se instalaron mamparas con carteles y reseñas periodísticas sobre Playa Norte que Son Playas seleccionó de su archivo para esta ocasión y recopiló la opinión de la juventud respecto al estado actual de ese ecosistema costero.

En este mismo espacio, el Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlan expuso maquetas y respondió preguntas de los estudiantes en torno a su labor de conservación.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar mostraron por primera vez los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de Playa Norte elaborada como parte de su materia y Paola Luevanos,  ganadora del premio Incubate MX 2024 por su emprendimiento “Fortaleza del Mar”, dio a conocer su emprendimiento, basado en el aprovechamiento de los residuos de pescado que son desechados en el embarcadero de Playa Norte para transformarlos en colágeno.

Raquel Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, agradeció la participación de los expositores, estudiantes, docentes, periodistas y habitantes de Mazatlán que acudieron a redescubrir el valor de este espacio natural de gran valor.

“Hoy Playa Norte se expresará a través de las charlas de nuestros invitados”, dijo.

Playa Norte fue seleccionada para esta visita guiada por su relevancia y porque es una de las playas más contaminadas por plásticos y otros tipos de desechos, explicó. Además, en este sitio se presentan problemáticas sociales vinculadas con la falta de vigilancia, presencia de personas en situación de calle y adiciones, según han reportado autoridades y pescadores del área.

Valorar este espacio y cuidarlo, es una acción necesaria, opinó. Poner esta información al alcance de la ciudadanía a través del periodismo especializado, es la base para propiciar ese reconocimiento y el involucramiento social, concluyó.

La entrada Visitan Playa Norte; origen de la actividad portuaria y turística de Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

La actividad se enmarca en la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se realizó en 17 sedes nacionales e internacionales, incluyendo Mazatlán.

El recorrido se realizará de forma gratuita en el tramo de playa que se ubica a la altura de las calles 5 de Mayo y Belisario Domínguez, con el objetivo de mostrar el valor cultural, histórico, social y ambiental de este espacio natural que forma parte de la identidad local.

¿De qué se trata? Para empezar, el cronista Enrique Vega Ayala dará una breve charla sobre la historia y relevancia cultural de este sitio. Posteriormente, la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp) explicará el valor ambiental y biológico de esta playa rocosa. 

Adicionalmente, el presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, Édgar Mota Acosta, mostrará cómo se practica la pesca artesanal y por qué se considera de menor impacto ambiental.

En el sitio, Son Playas expondrá material informativo relacionado con Playa Norte mientras que los estudiantes de materia de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar (Facimar) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) darán a conocer los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de esa playa.  Aquí mismo, la Operadora y Administradora de Playas (OAP) instalará un módulo informativo sobre las actividades de limpieza y conservación de tortugas marinas que se realizan por parte de ese organismo paramunicipal.

Registra tu asistencia en este enlace.

Con esta actividad concluyen los trabajos de la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que este año lleva por nombre “Historias+allá del laboratorio”, y se centra en formas de conocimiento que van más allá de la ciencia académica, incluyendo los saberes de pueblos originarios, comunidades costeras y rurales.

La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia ha organizado el foro durante ocho años para reflexionar y discutir sobre la importancia de la ciencia como fuente de información, con la participación de profesionales de diversas áreas, periodistas de ciencia, salud, medio ambiente y periodismo de investigación. También personas profesoras, escritoras, científicas, estudiantes y público interesado en el periodismo.

En el caso particular de la Ciudad de México (CDMX) como sede principal, el foro se realizó del 27 al 29 de noviembre. Adicionalmente se incluyeron actividades simultáneas en 17 sedes nacionales e internacionales, con el objetivo de descentralizar las discusiones y el aprendizaje en torno al quehacer periodístico especializado en ciencia.

Participación de Sinaloa

Mazatlán se suma a estas acciones a través de Son Playas, cuya fundadora, Raquel Zapien Osuna, es integrante regular de la RedMPC y representante del nodo Sinaloa. En este contexto, Zapien Osuna también fue invitada a participar en un encuentro con periodistas de América Latina para desarrollar una caja de herramientas que le sean de utilidad a cualquier persona que quiera cubrir temas de ciencia en la región, para lo cual se cuenta con el apoyo de la la Schmidt Science Communication Catalyst Grant, la Universidad de Santa Cruz California, EurekAlert! y The Open Notebook.

La artista escénica Lucía Zapien Osuna, colaboradora de este medio de comunicación especializado en medio ambiente y directora de la compañía La Cochinilla Teatro, también participó en el programa del foro, al presentar su monólogo «Teresa Urrea, del olvido y la memoria» el 29 de noviembre en las instalaciones del antiguo Colegio de San Idelfonso, CDMX.

GALERÍA

La entrada Visita guiada en Playa Norte este jueves 4 de diciembre; no faltes se publicó primero en Son Playas.

Cada otoño millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur para pasar el invierno. Las mariposas de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de nuestro país y del Mundo.

Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del país.

Ahora, cualquier persona puede ayudar a registrar y dar a conocer mejor este fenómeno utilizando una aplicación para Android y iPhone llamada “Project Monarch”, desarrollada por la compañía Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society. Con ella, se puede detectar la presencia de mariposas monarca que fueron equipadas con un chip que emite una señal y que podrían estar pasando por Sinaloa en estos días, según explica el biólogo Héctor Ávila Villegas, Director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México.

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“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal con su celular en un rango de 50 hasta 400 m, generando un registro en un mapa”, mencionó el especialista.

Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como «Defensor de los Polinizadores de México» por la asociación The Pollinator Partnership, comentó que, gracias al uso de esta nueva tecnología por parte de la ciudadanía, ya se han detectado mariposas monarca con transmisores en estados donde no había plena certeza sobre su paso, como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, y que Sinaloa también podría sumarse a esta lista.

Por su parte, la Dra. Laura Beatriz Rivera Rodríguez, profesora investigadora y jefa de la carrera de Gestión de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la importancia de monitorear la biodiversidad en la entidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes y constituye el primer paso para su gestión y conservación.

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A través de un comunicado, ambos especialistas invitaron a la población sinaloense, particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.

Cabe señalar que a través de la plataforma iNaturalist Mx ya se ha registrado la presencia de mariposas monarcas (Danaus plexippus) en Mazatlán, Sinaloa, principalmente Paco´s Reserva Natural de Flora y Fauna Silvestre.

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Culiacán, Sin., a 17 de noviembre de 2025.- Cerca de la mitad del territorio
sinaloense se encuentra en condiciones de silencio informativo. En al menos nueve
municipios —Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa,
Cosalá, Rosario y Sinaloa— el periodismo está limitado por la violencia criminal.

En estos territorios, el control del crimen organizado, la falta de infraestructura, la
marginación y el abandono institucional impiden la labor informativa y han desplazado
o intimidado a quienes intentan ejercerla. En contraste, Culiacán, Mazatlán y Ahome
concentran más del 84% de la actividad periodística y de los medios locales, lo que
genera una profunda desigualdad informativa: mientras las ciudades mantienen cierto
nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas.

Estos fueron parte de los hallazgos de la investigación “Voces en resistencia: libertad
de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, realizada por Iniciativa Sinaloa con
apoyo de la Embajada de Noruega en México, presentada el viernes 14 de noviembre en Culiacán en el marco del Foro “Libertad de Expresión bajo fuego: desafíos y alternativas en
Sinaloa”.

El estudio examinó las condiciones en que se ejerce el periodismo en el estado y las
consecuencias del silenciamiento informativo derivado de la violencia criminal y de la
censura institucional, lo que se identificó como una censura de “doble cerrojo” en el
estado, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

El propósito de la investigación fue visibilizar las regiones donde la inseguridad, la
censura y el miedo han reducido al mínimo la cobertura periodística, afectando el
derecho de la sociedad a estar informada y debilitando la democracia, comentó Sibely
Cañedo, coordinadora de Iniciativa Sinaloa y coautora del estudio.

Para lograr esto, explicó, se utilizó una metodología mixta que incluyó tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas, entrevistas a profundidad con periodistas, monitoreo de
medios y análisis estadístico, así como la aplicación de una escala de silenciamiento
con base en indicadores como la falta de acceso territorial, nivel de agresiones a la
prensa, ausencia de periodistas y medios, registro de amenazas del crimen
organizado, entre otros.

“El contenido informativo, en buena medida, replica narrativas oficiales. Cerca del 50%
de los medios analizados fueron clasificados como oficialistas, mientras que solo el 6%
realiza periodismo de investigación. Temas cruciales como corrupción, violaciones a
derechos humanos, narcotráfico o seguridad pública han desaparecido de la agenda
pública en numerosos municipios”, detalló Cañedo.

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Por su parte, la periodista Sheila Arias Martínez, quien colaboró en la investigación,
destacó las dificultades para hacer periodismo en las regiones de la sierra y
comunidades rurales, donde informar puede poner la vida en riesgo, además de que
esto representa hacer el periodismo en soledad, muchas veces sin apoyo de sus
empresas ni de las autoridades.

“Hay casos muy impactantes de periodistas que resisten para seguir informando, sobre
todo en territorios vulnerables, periodistas que en años no han recibido ninguna
capacitación ni cuentan con respaldo de sus empresas, también sienten a las
instituciones muy lejanas a su problemática”, relató la también activista, quien se
encargó de realizar más de 30 entrevistas con periodistas de todo el estado.

A pesar de ello, la investigación también identifica formas de resistencia y resiliencia
entre periodistas locales. Muchos de ellos han desarrollado estrategias de
autoprotección, alianzas entre colegas, acompañamiento con organizaciones civiles y
uso responsable de las redes digitales para continuar informando.

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Destacan relevancia del estudio

Durante la presentación, se contó con los comentarios de Belem Angulo, periodista de
Noroeste, de José Manuel Salas, director del portal Link Sinaloa y con amplia
trayectoria en la cobertura de temas de seguridad, así como de Jan-Albert Hootsen,
representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés).

Entre los hallazgos de la investigación, Belem Angulo destacó que existan municipios
sin ningún periodista, lo cual consideró grave, ya que es una función muy importante
en cualquier sociedad democrática.

Por su parte, Manuel Salas indicó que la investigación refleja gran parte de la realidad
que viven los periodistas en el actual contexto de “narcoguerra”, en el que a pesar de
todos los peligros, hay reporteros que persisten en la cobertura de calle, verificando en
campo los reportes que circulan en redes sociales y que muchas veces resultan falsos.

En opinión de Jan-Albert Hootsen, el estudio es único en su tipo y aporta luces sobre
este fenómeno y que debe ser tomado en cuenta para las acciones de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar al
periodismo independiente.

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, las investigadoras expusieron que las consecuencias del silenciamiento
informativo van más allá del ámbito periodístico.
La falta de información sobre las violaciones a derechos humanos, los abusos de autoridad o la corrupción contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar las luchas sociales, especialmente las encabezadas por mujeres buscadoras, defensoras y comunidades desplazadas.

En las zonas donde la prensa ha desaparecido, el crimen organizado no solo
domina el territorio, sino también busca controlar la narrativa pública, mediante la
desinformación y la propaganda digital.

En sus conclusiones, el estudio sostiene que la violencia, la desigualdad territorial y la
fragilidad institucional han consolidado un mapa de silencios estructurales que limita la
participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia.

Frente a ello, Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que ejercen en territorios marginales; abatir la impunidad en casos de crímenes y agresiones contra periodistas; y promover políticas que impulsen el periodismo local, independiente y con perspectiva de derechos humanos.

Propuestas para la política de protección:
● Monitoreo continuo de cambios por municipio (picos de riesgo) y revisión
trimestral de protocolos.
● Protección diferenciada: instrumentación de protocolos especiales para
periodistas de frontera para prevenir y atender amenazas y/o agresiones, así
como monitoreos continuos en coyunturas de conflicto.
● Fortalecimiento de periodismo local: emprender campañas para el
reconocimiento de periodistas de frontera, quienes reportean en territorios de
riesgo y marginales, como en los pueblos de la sierra.
● Periodismo comunitario: Impulsar capacitación para periodistas
comunitarios en diferentes regiones del estado de Sinaloa, en especial en las
zonas silenciadas.

Consulta el estudio completo en este enlace.

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En total se identificaron 179 especies, pero en la obra se incluyen las fichas de 119 de ellas, que contienen imágenes e información sobre sus características y estado de conservación. También aportan información sobre los usos más frecuentes de las plantas, así como la época de floración, fructificación y caída de las hojas.

Adicionalmente, se incluye una propuesta de especies de flora silvestre del Crestón que podrían utilizarse en proyectos de reforestación y ajardinamiento de la ciudad. Para hacer más fácil su lectura, el documento también cuenta con un glosario de términos.

Esta guía fue escrita por José Adrián Beltrán Magallanes, profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Armando Cervantes Estévez, egresado de la misma institución y Raquel Briseño Dueñas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMYL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán.

El trabajo de campo y la publicación del libro fueron financiados por el extinto patronato del Parque Natural Faro Mazatlán (IAP). Los primeros recorridos para la realización del inventario iniciaron en 2020 y tras cinco años de trabajo, la obra fue presentada hoy jueves 9 de octubre.

Además de contribuir a la divulgación del conocimiento de la riqueza natural del Crestón, se espera que esta guía sea utilizada por los visitantes como parte de las actividades de senderismo y que sirva de base para futuros programas de manejo y conservación del cerro.

El documento será puesto a disposición del público en general de forma virtual en los próximos días dado a que el tiraje fue limitado. Se espera que alguna institución u organización se interese en imprimirla posteriormente para su distribución, según se informó durante el evento de presentación.

Aporte científico

Raquel Briseño Dueñas mencionó que la guía es una herramienta educativa y de conservación que proporciona una valiosa conexión histórica y científica, pues para su elaboración se estudiaron herbarios que contienen partes de plantas colectadas en el Crestón del año 1932 hasta 1971, para posteriormente compararlas con las que se documentaron del 2021 al 2023.

Dicha comparación permitió corroborar que hay algunas especies que permanecen en el sitio sin cambios mientras que otras han evolucionado o se han adaptado a las condiciones actuales de su hábitat, explicó.

Al respecto, José Adrián Beltrán Magallanes precisó que los recorridos exploratorios para documentar las especies vegetales del Crestón iniciaron en agosto de 2020. En este proceso, el especialista encontró especies florísticas que no había visto en los últimos 30 años.

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Especies protegidas

En la guía también se hace referencia a seis especies que tienen algún tipo de protección nacional o internacional, señaló aparte el biólogo José Armando Cervantes Estévez. Por ejemplo, cuatro están protegidas por la norma mexicana NOM-159-SEMARNAT-2010, tal es el caso del guayacán (Guaiacum coulteri) y amapa rosa (Handroanthus impetignosus), que están en la categoría de amenazadas; la cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii) que se encuentra en peligro de extinción y el algodón mexicano (Gossypium hirsutum), sujeto a protección especial.

En esta lista se encuentra la cactácea conocida como tasajo o pitayo sina (Stenocereus alamosensis) cuyo fruto es una pitaya que en langua cahíta se nombraba «sina», lo que dio origen al nombre de Sinaloa. Esta especie endémica de nuestro estado se considera vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La otra especie considerada vulnerable por esta norma internacional es el palo amarillo (Esenbeckia hartmanii).

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Contexto histórico

La presentación de la «Guía para un viaje botánico por los caminos del Crestón» se realizó en el auditorio del ICMYL de la UNAM y los comentarios sobre la obra estuvieron a cargo del historiador Luis Antonio Martínez Peña y Ana Cecilia Lerma Arredondo, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la UAS.

En su intervención Martínez Peña recordó que los cerros del Crestón y del Vigía eran islas que con el paso del tiempo se unieron para construir un puerto. «Los mazatlecos estamos íntimamente ligados a los cerros», afirmó.

Hubo un tiempo en que los cerros fueron deforestados porque la población obtenía leña de sus árboles y arbustos, relató. Por esa razón, el impulsor de la primera Ley Forestal de México, Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, promovió campañas de reforestación en Mazatlán durante su visita en 1934.

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Durante su intervención, la académica Ana Cecilia Lerma Arredondo, destacó que en el Cerro del Crestón existen cuatro tipos de vegetación actualmente: bosque tropical seco, bosque espinoso, vegetación halófila (que crece en suelos salinos) y pastizales, en donde se identificaron tres especies invasoras.

Ambos comentaristas coincidieron en que la flora silvestre nativa es una opción viable para utilizarse en futuros proyectos de reforestación y ajardinado de la ciudad, tanto en camellones, jardines y parques, en pérgolas y muros verdes, o como barreras vegetales para delimitar terrenos, evitar la erosión y proporcionar refugio a la fauna.

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Durante el recorrido realizado el domingo 5 de octubre fue posible observar la gran diversidad de vida silvestre que aún existe en esta comunidad ubicada al sur del municipio, cerca de la desembocadura del río.

Esta actividad local fue coordinada por Melipsa Guzman García, coordinadora del proyecto ecoturístico Biodiversidad del Ejido Barrón que promueve el cuidado y la conservación del entorno natural. En la organización también participaron las organizaciones Monitoras Comunitarias «Las Charas» y Amazilias: Red de Observadoras de Aves capítulo Sinaloa; la agencia Sinaloa Adventures y el Programa Enamórate de Sinaloa que impulsa la Secretaría de Turismo del Estado.

Las fotografías que se tomaron durante el recorrido fueron compartidas en la plataforma iNaturalist por los participantes.

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Resultados del Reto Naturalista México Otoño 2025

Este año, el Reto Naturalista de Otoño se realizó el 3 al 6 de octubre y según los resultados oficiales de la plataforma, la Ciudad de México se colocó en primer lugar al registrar la mayor cantidad de observaciones, seguida de Culiacán, Sinaloa; Ensenada, Baja California; Compostela, Nayarit; Tzimín,Yucatán y Mazatlán, Sinaloa, en sexto lugar, concentrando las observaciones que se realizaron en diversos puntos de este municipio.

En el Reto Naturalista se celebra dos veces por año a nivel mundial, las personas de todas las edades y niveles de experiencia salen a parques, jardines, reservas y entornos naturales para fotografiar plantas, animales y hongos, contribuyendo con datos valiosos para la ciencia ciudadana.

El reto busca no solo sumar observaciones, sino también fortalecer el vínculo entre la gente y la naturaleza, fomentando el conocimiento, la valoración y la conservación de nuestra riqueza biológica, según datos de la plataforma.

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GALERÍA

Fotos: Son Playas.

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Por Raquel Zapien, Sheila Arias y César Hernández

Hace 14 años el gobierno de Mazatlán y autoridades federales anunciaron el rescate del sistema estuarino local que contemplaba al Estero de Urías, un lugar que alberga una riqueza biológica de más de 73 especies de aves acuáticas. Sin embargo, el proyecto no se implementó y hoy este cuerpo de agua es uno de los más contaminados por microplásticos en el mundo. 

El proyecto fue presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2011, durante el Encuentro Nacional de Playas Limpias Mazatlán, y llevaba por título “Saneamiento del Sistema Estuarino Urías”. El plan, prometía ser desarrollado por el gobierno local y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso, se integraron mesas de trabajo de arranque, pero nada de eso prosperó.  

“La alteración de la calidad del agua ha generado una tendencia a la baja en la captura de especies marinas que ahí se desarrollan. La limitante se extiende también al uso recreativo, originada por la desconfianza entre la población nativa y el foco de infección que el problema genera”. Así se planteaba en el proyecto la situación del sistema estuarino de Mazatlán. 

En la actualidad, el Estero de Urías recibe aguas negras de la ciudad y toneladas de basura que arrastran arroyos, canales y afluentes pluviales que cruzan la mancha urbana del destino turístico más importante de Sinaloa, conocido como “La Perla del Pacífico”.

Llantas, bolsas, sillones, carreolas, cubrebocas, esferas de navidad, refrigeradores y envases han invadido las entrañas de las 873 hectáreas de mangle rojo, negro y blanco que se extiende alrededor de esta laguna costera de aproximadamente 12.5 kilómetros de superficie.

Todas las formas posibles de contaminación pesan sobre este sistema estuarino que anualmente es visitado por unas 20 000 aves acuáticas de 73 especies diferentes, según los conteos realizados por Juanita Fonseca, especialista en aves playeras, colaboradora de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. La riqueza biológica del lugar incluye peces, moluscos, cocodrilos, tortugas, iguanas, ranas y diversas especies de serpientes.

“Muchas personas de Mazatlán no lo conocen [al estero de Urías], lo ven como un lugar sucio, como un lugar de aguas residuales”, lamenta Alexis Guadalupe Romero Osuna, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 08 (CETMAR). 

Junto a sus estudiantes, ha examinado el estómago de peces y moluscos adquiridos en los embarcaderos cercanos para constatar la presencia de microplásticos en estos organismos.

Esas pequeñas partículas, resultado de la degradación de plásticos más grandes, también están presentes en los sedimentos del Estero de Urías. Así lo indica un estudio realizado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), que detalla de forma cronológica cómo es que estos polímeros se han ido acumulando en el lecho durante los últimos 100 años, siendo el PET (tereftalato de polietileno) el más abundante hasta ahora.

La investigación revela que los niveles de microplásticos de este humedal costero se encuentran entre los más altos del mundo, junto a cuerpos de agua de Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Corea del Sur, España, Turquía, Brasil y Uruguay, donde se aplicaron metodologías de estudio similares para estimar la antigüedad de sus sedimentos. 

¿A dónde van los microplásticos?

En el agua, los plásticos encuentran diferentes destinos tras fraccionarse hasta en una milésima parte de un milímetro. Estos microplásticos se han encontrado en peces del Estero de Urías que suelen ser capturados por pescadores ribereños para el consumo humano. En 2021, por ejemplo, se reportó la presencia de partículas de plástico en los tractos digestivos de 552 especímenes de 13 especies diferentes. 

La mayoría de los desechos plásticos consistían en hebras que medían menos de un milímetro, seguidos por fragmentos de entre dos y cuatro milímetros y unos pocos pedazos de plásticos de varios centímetros.

El hallazgo se obtuvo a partir de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y la UNAM.  

En total, se recuperaron 1384 partículas de desechos plásticos de los peces. La mitad de los restos (51.2%) corresponden a fibras de nailon, un compuesto sintético que se utiliza en la fabricación de textiles y piezas industriales. Estas fibras provienen comúnmente del lavado de ropa.

Cerca de una tercera parte (36.6%) de los microplásticos detectados en la boca, estómago e intestino de los peces de aleta son de polietileno, el cual se utiliza en la fabricación de bolsas y envases. Otra porción corresponde a polipropileno (7.3%) y poliacrílico (4.9%); el primero se usa en la fabricación de enseres domésticos y el segundo en la industria de la construcción. 

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En la fauna del humedal, su acumulación puede bloquear sistemas digestivos y reducir la capacidad reproductiva; también es probable que se trasladen contaminantes al ser humano a través de su consumo con consecuencias que aún son inciertas y están siendo investigadas.

La simulación de rescate 

La posibilidad de que el estero finalmente fuera atendido surgió en agosto de 2011 con el anuncio del “Saneamiento del sistema estuarino Urías, en Mazatlán, Sinaloa”. Como indica el nombre, la promesa no consistía sólo en descontaminar el estero de Urías, sino todo el complejo lagunar, incluyendo los esteros La Sirena y el Infiernillo, entonces integrado por 18 kilómetros cuadrados que comunican con el océano Pacífico. 

El proyecto emblemático lo integraban 110 acciones divididas en cinco retos: fortalecer la cultura ambiental basada en prácticas responsables; liberar al sistema estuarino de desechos sólidos; reducir la acumulación de residuos y sustancias peligrosas; descargar aguas residuales tratadas cumpliendo con la norma y recuperar la superficie del sistema estuarino. La inversión se estimaba en 300 millones de pesos, unos 16 millones de dólares actuales, con acciones graduales al 2030.

Sin embargo, el proyecto de rescate nunca se realizó. 

Este equipo periodístico envió 12 solicitudes de información a las autoridades involucradas de los tres niveles de Gobierno, para acceder a detalles del plan de seguimiento, resultados, minutas y evidencia fotográfica de sesiones de trabajo posteriores a su anuncio. Las respuestas fueron coincidentes: no existe esa información. 

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Mongabay Latam y Causa Natura enviaron preguntas a Conagua y al Gobierno de Mazatlán para saber por qué el programa no se implementó y por qué no se han tomado medidas para sanear el Estero de Urías. Hasta la publicación de este reportaje, solo el municipio de Mazatlán respondió que “Conagua es quien dirigió el proyecto y es el encargado de operarlo”. Como gobierno local, aseguraron que únicamente participaron del proceso de planeación, específicamente en el diagnóstico.

Receptor de las aguas residuales

Este ecosistema ha sido utilizado históricamente como un receptor de los drenajes que se desbordan de alcantarillas y tuberías rotas en diversos puntos de la ciudad. Además, una cantidad no calculada de viviendas del ejido turístico de la Isla de la Piedra descarga sus aguas residuales a los manglares porque nunca han tenido el servicio de drenaje y alcantarillado.

“Todo se ha vertido siempre al estero o a la playa”, admite Silvia Lizárraga Fuentes, habitante y presidenta de la asociación civil Colonias de la Isla en Acción.

En el mismo estero descargan cuatro de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales que dan servicio a la ciudad: Santa Fe, El Castillo, Urías I y Urías II. Esta última se construyó para sustituir a la planta de El Crestón, que operaba frente al mar, y que se desmanteló a partir de 2021 porque daba mal aspecto a los miles de visitantes que transitan el área y donde se proyecta construir una nueva terminal de cruceros. 

Cuenta regresiva en Huizache Caimanero: 15 años para salvar la laguna del sur de Sinaloa

Las estaciones depuradoras no logran eliminar por completo todos los contaminantes de las aguas residuales, asegura Ana Carolina Ruiz Fernández, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán. Por esa razón, las descargas de aguas tratadas también aumentan la concentración de materia orgánica en la laguna costera, que a diferencia del mar, tiene menor recambio de agua y capacidad de depuración, precisa la experta en geoquímica y geocronología.

Las fibras sintéticas detectadas por la UNAM en los sedimentos y en los peces también llegan por esta vía.

“Se ha encontrado que las plantas de tratamiento traen mucho microplástico como residuo de las lavadoras. A las plantas tratadoras les llegan todas esas aguas domésticas, las concentran y las están descargando en el estero”, confirma la investigadora.

Eso explicaría por qué cerca de dos tercios de los microplásticos encontrados en el análisis de sedimentos son fibras sintéticas de ropa. 

Por si fuera poco, en el agua de la laguna también se ha documentado la presencia de hidrocarburos y de mercurio, uno de los metales pesados más peligrosos para la salud humana, que puede ingerirse a través del consumo de pescados y mariscos contaminados.

Quienes sufren esta contaminación son los más vulnerables. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de las 35 colonias cercanas al estero, en las que habitan alrededor de 50 000 mazatlecos, el 37.5 % presenta alta marginación. En estas zonas, el 31 % de la población vive en hacinamiento, el 34 % de las personas mayores de 15 años no tiene educación básica y el 22 % carece de acceso a servicios de salud.

Alexis Guadalupe Romero Osuna, ingeniera bioquímica, experta en Recursos Acuáticos, reconoce que el drenaje y la recolección de residuos son los servicios públicos que más fallan en la zona. Está carencia, sostiene, hace que las personas descarguen las aguas grises al estero y tiren basura en él. 

Además de la contaminación, esto termina afectando el sentido de pertenencia de los pobladores, pues ante la falta de atención municipal, ellos mismos ven al ecosistema como “un lugar que sirve para desechar lo que ya no les sirve”. 

En su reporte “Impactos de la basura marina en la justicia ambiental y la contaminación plástica”, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que la contaminación plástica afecta mayormente a las comunidades marginadas y a las comunidades que viven muy cerca de los sitios de producción y desechos de plástico, con riesgos a la salud asociados al consumo de mariscos infestados de micro y nanoplásticos tóxicos. 

El círculo de la desatención

Leticia Alvarado Fuentes, directora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Mazatlán, reconoció que la zona del estero ha sufrido un abandono estructural por una descoordinación entre autoridades federales y municipales. 

“Hay cualquier cantidad de omisiones porque no está claro cuáles son las atribuciones de las dependencias, particularmente de las municipales, para cuidar y proteger esa zona que está francamente en un riesgo inminente de dejar de ser un espacio natural y de convertirse en una zona muy contaminada”, afirmó.

Para la profesora Romero Osuna, la falta de atención gubernamental también genera la idea de que ese espacio natural, refugio y zona de alimentación de infinidad de seres vivos, no es importante.

“Si las personas ven que las autoridades no le dan la importancia que merece, tal vez apliquen el ‘¿por qué lo voy a cuidar yo sí otros no lo cuidan?’”, refiere. 

El desconocimiento es otro factor que favorece la falta de atención, señala Romero. “Muchas personas de Mazatlán no lo conocen y lo ven como un lugar sucio, pero cuando lo visitan se dan cuenta de que es bonito”. 

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Por eso se organizan visitas guiadas para estudiantes de primaria y universidades locales al vivero donde alumnos del CETMAR cultivan plántulas de mangle, especie protegida por la legislación ambiental mexicana. Con estas plantas, reforestan la orilla del estero que colinda con el patio de su escuela para restaurar el paisaje y transformar la conciencia de quienes participan. 

La primera oportunidad de conservación comunitaria podría llegar si la investigadora Juanita Fonseca consigue nominar al Estero de Urías como un sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, una designación que busca proteger a estas especies y sus hábitats en el continente americano. Para lograrlo, la especialista ha monitoreado en los últimos años a las aves playeras que utilizan este espacio, pero necesita aliados para actualizar la información y cumplir con los criterios de denominación, asegura. 

La recuperación aún es posible

Hasta ahora, el “rescate” del Estero de Urías recae en las acciones de limpieza que realizan organizaciones ciudadanas con el apoyo de instituciones educativas y que parecen no tener fin: así como se extraen toneladas de plásticos, así vuelven a llegar. 

En el estero son tantos los desechos atorados que un islote con mangle ya es conocido como la “Isla Basura”. Allí, la organización Viva la Ola ha realizado limpiezas masivas que incluyen todo tipo de incentivos: desde concursos y hasta safaris con asistencia de guías expertos, desayunos y pases 2×1 a espacios recreativos. 

A este esfuerzo se suman las limpiezas y la barrera flotante instalada por la organización Maz ConCiencia entre los esteros del Infiernillo y Urías para evitar que la basura llegue a los cuerpos de agua.

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Empresas y dependencias de Gobierno también se han organizado para levantar basura en los humedales de la ciudad, como parte del Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) 2025-2030, pero como no existe un programa institucional de gestión local de residuos sólidos urbanos, los desechos siguen llegando a esos lugares.

Actualmente, la única forma de confinar las casi 700 toneladas de basura que se generan al día en la ciudad es depositándola en un tiradero a cielo abierto, cerca del estero. Desde ahí, los líquidos contaminantes se filtran con la lluvia, terminan en los acuíferos o se escurren hasta el humedal. Así ha ocurrido desde hace más de 35 años. 

La doctora Ana Carolina Ruiz Fernández cree que a pesar de los altos niveles de contaminación de materia orgánica, plásticos y sustancias tóxicas, el sistema aún cumple con funciones ecológicas, aunque necesita rehabilitación.

“Hay que cerrar esas fuentes de contaminación y dejar que la propia naturaleza haga su trabajo, yo creo que sí es recuperable”, dice. 

Detener las descargas contaminantes y gestionar mejor los residuos sólidos urbanos, con una recolección, transporte, tratamiento y disposición final eficiente, ayudaría a mejorar sus condiciones ambientales, asegura la investigadora de la UNAM.

La comunidad académica, pescadores y organizaciones ya están presentes, ahora falta el rescate desde las autoridades de Gobierno. 

El estero está esperando.

Galería Estero de Urías

* Este texto es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Causa Natura. El equipo de Son Playas realizó la investigación y redacción del reportaje.

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En el marco de su 35 aniversario, el Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ) presentó un informe de trabajo que resume las acciones realizadas en defensa del medio ambiente, promoción del desarrollo sustentable y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Durante el evento, Martín Guerrero, presidente de la organización, destacó que desde su fundación en 1990, el CEMAZ ha sido un espacio abierto a la colaboración entre ciudadanos, colectivos, instituciones académicas y organizaciones civiles preocupadas por el bienestar ecológico del municipio.

El informe presentado da cuenta de las acciones realizadas en el último periodo de seis años, entre las que destacan:

• 24 conferencias magistrales sobre temas ecológicos clave como ecocidios, cambio climático, turismo, microplásticos y conservación de humedales,
• Donación de 1,249 árboles a escuelas, comunidades y áreas verdes.
• Reforestaciones en espacios públicos y escolares.
• Ferias naturistas y talleres comunitarios sobre composta, germinación de semillas, cultivo de hongos y reproducción de árboles nativos en el Vivero del CEMAZ.
• Publicación de libros sobre flora, fauna y conciencia ambiental.
• Programa radial “Naturaleza y Sociedad” con más de 20 años de transmisión.
• Informes técnicos y acciones legales para frenar daños ecológicos y exigir respeto a las leyes ambientales.
• Reconocimientos a ciudadanos e instituciones comprometidas con el medio ambiente.

Reconocimientos a personas y organizaciones comprometidas con el medio ambiente

Como parte de la celebración de 35 aniversario, se entregaron 14 reconocimientos especiales a ciudadanos, investigadores, instituciones y colectivos que han contribuido significativamente a la protección del medio ambiente y la educación ambiental.

Personas reconocidas:

• Sergio Octavio Valle Espinosa: Microbiólogo, fundador del CEMAZ, autor de libros y artículos ambientales, con amplia trayectoria en educación y defensa ecológica.
• Fernando Enciso Saracho: Biólogo marino, pionero en la conservación de tortugas marinas, galardonado nacional e internacionalmente, y conductor del programa radial “Naturaleza y Sociedad”.
• Miguel Armando Espinoza Villela: Promotor de la reforestación urbana y colaborador activo en el Vivero del CEMAZ.
• Arturo Ruíz Luna: Investigador emérito, experto en ecología costera, con más de 100 publicaciones y amplia formación de estudiantes.
• María Guadalupe Pacheco y Alfonso Ocegueda: Matrimonio que ha transformado espacios públicos en jardines comunitarios.
• Eduardo Aguirre: Protector empírico de manglares, dedicado a su cuidado y reforestación.
• Megan Astrid García Garduño: Educadora ambiental joven, creadora de proyectos escolares y la revista “Pedagonatura”.
• Juan Benjamín Ordorica Hernández: Activista juvenil, impulsor de “Guardianes Verdes” y defensor de tortugas marinas.

Instituciones y colectivos reconocidos:

• Radio Cultura del ICO: Por 22 años de difusión ambiental a través del programa “Naturaleza y Sociedad”.
• Laboratorio de Manejo Ambiental del CIAD: Referente regional en investigación costera, vinculado con academia y sociedad civil.
• Son Playas: Proyecto de periodismo ambiental independiente que ofrece contenidos de calidad y actividades comunitarias para hacer visible las problemáticas ambientales, los esfuerzos de conservación y la participación ciudadana. El reconocimiento fue recibido por la periodista Raquel Zapien Osuna, directora fundadora de este medio de comunicación especializado.
• IMDESU: Organización promotora de la Agenda 2030, dedicada a la educación y desarrollo sostenible.
• Colectivo en Defensa del Faro: Agrupación ciudadana que lucha por la preservación del Cerro del Crestón como Área Natural Protegida.

Estos reconocimientos celebran el compromiso, la constancia y el impacto positivo de quienes trabajan por un Mazatlán más verde, justo y sustentable. Con estos, suman 33 galardones otorgados por el CEMAZ a lo largo de su historia.

Otras actividades de aniversario del CEMAZ

Posteriormente se realizó el panel “Remembranza a 35 años de la creación del CEMAZ”, con la participación de expresidentes de la organización: Francisco Farriols Sarabia, Ramón Enrique Morán Angulo, Fernando Enciso Saracho y Sergio Octavio Valle Espinosa bajo la moderación del académico Marco Antonio Alduenda.

La investigadora Rosalba Alonso Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Unidad Mazatlán, presentó la conferencia “Florecimientos algales: ¿son de origen natural o antropogénico?” y la doctora Mercedes Marlenne Manzano Sarabia, de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la UAS impartió la charla “John Steinbeck, el Golfo de California y el cambio climático”.

Para finalizar se presentó el libro “Héctor Chino Araiza Quintero: El Placer del conocimiento”, escrito por Ramón Morán, Fernando Enciso y Sergio Valle. También se inauguró la exposición pictórica “Las creaciones de Alfonso Cornejo”, instalada en el patio del museo, aún disponible para el público en general.

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El objetivo del taller es fomentar una comunidad informada y comprometida con el bienestar animal, brindando herramientas prácticas sobre legislación, primeros auxilios y mitos relacionados con animales en situación de calle. La intención es transformar la empatía en acciones concretas que generen impacto real.

El evento es gratuito, pero con cupo limitado, por lo que se requiere registro previo en línea.

Un enfoque multidisciplinario para el bienestar animal

El programa incluye la participación de especialistas en medicina veterinaria, salud pública, ecología y gestión ambiental, quienes abordarán temas clave desde distintas perspectivas:

• MVZ. Anai Yunue Elizondo Vega: “Vidas que importan: acciones clave para salvar y cuidar animales”. Protocolo ante emergencias, errores comunes y cómo armar un kit básico de primeros auxilios.
• Dra. Julieta Alcocer Sánchez, directora de Amigos de los Animales: “¿Es un sueño o un golpe de realidad tener un refugio de animales?”. Retos de los refugios, sacrificios personales y cómo la comunidad puede apoyar más allá de las donaciones.
• MC-MSP Bernardo Loose Rojo, miembro de sociedades de salud pública: “Zoonosis: mitos y realidades”. Enfermedades transmitidas por animales, estadísticas locales y medidas preventivas comunitarias.
• GZC. Cristo Rosario Villarreal Eraldez, de CONANP: “Abandono de fauna doméstica como vía de introducción de especies invasoras”. Impacto ecológico de animales asilvestrados y soluciones basadas en ciencia.
• Lic. José Manuel Rivas Velarde, de Ecología y Medio Ambiente Mazatlán: Tema por definir. Enfoque en legislación ambiental, denuncias formales y sus limitaciones.

Sobre ECON

ECON es una organización multidisciplinaria dedicada a la educación ambiental integral, la investigación científica y el ecoturismo responsable. Desde su fundación hace un año, ha trabajado para conectar a la comunidad de Mazatlán con su entorno natural, promoviendo un turismo que respeta y celebra la vida, según información proporcionada por sus integrantes.

Conformada por especialistas en biología, gestión ecológica, logística y educación, ECON busca inspirar a las personas a convertirse en agentes de cambio, transformando la curiosidad en acción y el conocimiento en cuidado.

Registro

Las personas interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/CPJu2QEmX7tg2TQv7

Foto principal: Canvas.

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El programa conmemorativo incluye un informe de actividades, un panel, dos conferencias magistrales, una exposición pictórica y la presentación de un libro, todo abierto al público en general.

La jornada iniciará con el informe del presidente del CEMAZ, Martín Guerrero Ibarra, seguido del panel “Remembranza a 35 años de la creación del CEMAZ”, en el que participarán expresidentes de la organización: Francisco Farriols Sarabia, Ramón Enrique Morán Angulo, Fernando Enciso Saracho, Sergio Octavio Valle Espinosa y Luis Miguel Flores Campaña, bajo la moderación del académico Marco Antonio Alduenda.

Las conferencias magistrales abordarán temas de relevancia ambiental y científica. A las 11:00 horas, la doctora Rosalba Alonso Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Unidad Mazatlán, presentará “Florecimientos algales: ¿son de origen natural o antropogénico?”. Más tarde, a las 12:30 horas, la doctora Mercedes Marlenne Manzano Sarabia, de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la UAS, ofrecerá la charla “John Steinbeck, el Golfo de California y el cambio climático”.

Desde las 10:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la exposición pictórica “Las creaciones de Alfonso Cornejo”, instalada en el patio del museo. Y a las 17:00 horas, se presentará el libro “Héctor Chino Araiza Quintero: El Placer del conocimiento”, escrito por Ramón Morán, Fernando Enciso y Sergio Valle.

CEMAZ: 35 años de acción ambiental en Mazatlán

Fundado el 7 de septiembre de 1990, el CEMAZ surgió como una iniciativa del entonces secretario de Desarrollo Social, en el marco de un decreto nacional que promovía la participación ciudadana en temas ambientales. Desde entonces, ha reunido a profesionistas, empresarios, ecologistas, estudiantes y docentes comprometidos con la sustentabilidad.

A lo largo de sus 35 años, la organización ha tenido nueve presidentes y ha mantenido como objetivo principal fomentar la conciencia ecológica entre la población mazatleca, promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo sustentable, según informes de la organización.

Su visión es integrar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente de manera organizada y efectiva, mientras que su misión consiste en generar conciencia ecológica que impulse la conservación, protección y mejora del entorno natural del municipio.

Entre sus principales actividades destacan:

• Diagnósticos ambientales.
• Propuestas para la Dirección de Ecología municipal.
• Participación en foros y movimientos de protesta ante ecocidios.
• Publicación de informes técnicos y divulgativos.
• Transmisión del programa radial “Naturaleza y Sociedad”, cada sábado a las 12:05 horas por Radio Cultura 90.5 FM y en Facebook vía el podcast “La Voz del Hombre Mazatlán”.
• Conferencias mensuales y talleres en el Centro Ecológico Educativo.
• Donación de árboles y composta.
• Reforestación de áreas verdes.
• Reconocimiento a ciudadanos que promueven el cuidado ambiental.

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El tema central del foro es “Ordenamiento territorial y prevención de desastres” y su organización está a cargo del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES), en coordinación con el Instituto de Protección Civil Estatal, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, y la Red Ciudadana Anticorrupción (REDCA).

Durante el foro se pondrá énfasis en la importancia de prevenir desastres a partir de una gestión de suelo apegada al marco normativo y técnico, lo que incluye la observancia de los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológicos, así como los Atlas de Riesgo.

Lucía Mimiaga León, Presidenta del CPC y del Comité Coordinador del SEMAES, manifestó que estas acciones preventivas buscan transparentar el quehacer público, “si tenemos más transparencia siempre vamos a poder prevenir, vamos a tener más ojos vigilantes” enfatizó en rueda de prensa desarrolla en la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Por su parte, Raquel Zapien Osuna y Emmanuel Espinoza Salcido, integrantes del CPC explicaron que la agenda está basada en acciones preventivas de transparencia proactiva, mejora de trámites y servicios gubernamentales, cultura de la legalidad y reforzamiento de la participación ciudadana en asuntos relacionados con la gestión del territorio.

“Con la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible queremos evitar la pérdida de vidas humanas, daños a los sectores productivos e infraestructura urbana”, dijo Raquel Zapien.

El foro reunirá a especialistas en gestión de riesgos, instrumentos de planeación y combate a la corrupción, quienes dialogarán sobre la importancia de reducir la vulnerabilidad de los municipios costeros de Sinaloa en un contexto de cambio climático, en el que se prevén fenómenos meteorológicos más intensos. De igual forma, se brindará información sobre los avances de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible, única en su tipo a nivel nacional.

Programa del Foro Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible

La jornada iniciará con el panel “La construcción social de los desastres asociados a fenómenos naturales”, con la participación del Mtro. Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); el Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves, del Colegio de la Frontera Norte; y el Mtro. Héctor Briseño Arriaga, periodista de La Jornada en Acapulco, Guerrero. La moderación estará a cargo de Emmanuel Espinoza Saucedo; integrante del CPC Sinaloa.

Posteriormente, se llevará a cabo la conferencia “La importancia de la gestión integral de riesgos en tiempos de crisis climática”, a cargo del Dr. Aurelio Roy Navarrete Cuevas, Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

Por último, se realizará el panel “Avance en la implementación de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible”, con la participación de la Mtra. Edna Liyán Aguilar Olguín, Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa; el Dr. Octavio Ramón Acedo Quezada, Director General de Asuntos Jurídicos de la ASE; la Lic. Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC Sinaloa; y el Mtro. José Carlos Dehesa Mitre, integrante de REDCA Sinaloa. La moderación estará a cargo de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Secretaria Técnica de la SESEA Sinaloa.

Al finalizar de la rueda de prensa, el comisionado Carlos Corrales Díaz indicó que la invitación está abierta al público en general, instituciones académicas, organismos ciudadanos y autoridades gubernamentales municipales y estatales interesados en fortalecer la transparencia y la gestión sostenible del territorio. El programa podrá ser consultado en www.seseasinaloa.gob.mx y/o https://www.cpcsinaloa.org.mx/

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La Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es una herramienta fundamental para conocer el estado de los proyectos o actividades con impacto ambiental en México.

Esta Gaceta se publica semanalmente e informa sobre los proyectos que ingresan a Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) ante la Semarnat, aquellos que han sido autorizados o rechazados, así como los que se encuentran en fase de consulta ciudadana. Por lo general se actualiza los jueves, aunque también hay publicaciones extraordinarias.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deben someterse a evaluación de impacto ambiental proyectos como: desarrollos inmobiliarios o turísticos en zonas costeras; obras y actividades en humedales y áreas naturales protegidas; actividad minera y acuícola.

El PEIA es el mecanismo mediante el cual la Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) o sus delegaciones federales en los estados, analiza y valora los posibles efectos negativos que podrían generar ciertos proyectos o actividades sobre el medio ambiente.

Para someterse a evaluación, debe entregarse una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Este documento detalla los impactos ambientales potenciales del proyecto en caso de llevarse a cabo, así como las estrategias que empleará el promovente para prevenir, mitigar o compensar dichos efectos.

Tener acceso a la MIA es importante para la ciudadanía porque de esa forma es posible conocer los datos generales del proyecto, características, ubicación, distribución espacial, las obras y servicios asociados, así como el plazo solicitado para su realización. En el documento también se describe las condiciones del sistema ambiental regional; la descripción de los impactos ambientales así como las estrategias que se proponen para prevenirlos y mitigarlos, entre otros datos que solicita la Semarnat.

El promovente, quien es el responsable de presentar la MIA ante la Semarnat, puede ser una persona física, moral o una entidad gubernamental con interés en desarrollar determinada actividad o proyecto.

Consulta ciudadana

Durante el proceso de evaluación, la Semarnat puede requerir opiniones técnicas sobre los proyectos a autoridades estatales o municipales, según su área de competencia.

En este periodo, la ciudadanía, organizaciones o grupos interesados pueden solicitar una consulta ciudadana y/o una Reunión Pública de Información. Si esto sucede, la Semarnat está obligada a abrir un periodo de participación ciudadana, donde cualquier persona interesada puede emitir opiniones técnicas y/o organizar reuniones informativas en las que participen la autoridad, el promovente y la ciudadanía.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Semarnat emite un resolutivo, mediante el cual autoriza o rechaza la ejecución del proyecto o actividad propuesta. El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) debe completarse en un plazo máximo de 180 días hábiles.

Dale seguimiento al trámite

Además de la Gaceta Ecológica, existe una plataforma en línea llamada Consulta tu trámite donde es posible consultar una seria de trámites relacionados al tema de impacto ambiental. Mediante la clave del proyecto, se puede consultar en qué etapa del proceso se encuentra, acceder a la MIA correspondiente y revisar la resolución emitida por la autoridad.

Ejemplo: Paso superior carretera México 15

En la Gaceta Ecológica publicada el 21 de agosto de 2025 se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad particular de la construcción del paso superior vehicular en la carretera federal México 15 en cruce con la avenida Óscar Pérez Escobosa, en Mazatlán. El promovente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Sinaloa.

En la Gaceta se indica que el proyecto se presentó para su evaluación el 19 de febrero y que la resolución se expidió el 9 de mayo con la clave 25SI2025V0005. Al ingresar la clave del proyecto en el portal Consulta tu trámite, es posible encontrar y descargar el resumen ejecutivo, los estudios realizados y el resolutivo, que en este caso fue favorable.

En el resumen ejecutivo se indica que el el paso superior vehicular tendrá una longitud de 335.00 metros, sobre el cual circulará el tránsito de la carretera México 15 (Mazatlán-Culiacán). La duración estimada de la obra es de tres años y la operación de la misma es de 30 años. En el mismo documento de indica que el costo total es de 271 millones 219 mil pesos y que la inversión la realizará el gobierno federal.

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Luego de que la ciudadanía organizada de Mazatlán logró evitar la tala del mangle del arroyo Jabalines, procedió a limpiar este lugar. Ahora, organizaciones y personas interesadas en su conservación desean participar en acciones para impedir que la basura siga llegando a este y otros humedales y para mitigar las inundaciones.

En la jornada de limpieza ciudadana realizada esta tarde participaron alrededor de cien personas, en donde destacó la presencia de jóvenes. Después de casi dos horas, se retiraron 874 kilos de desechos, entre los que se encontraban 13 perros muertos, 5 televisores, 3 inodoros, 5 costales con alimentos, 4 llantas, 48 kilos de vidrio, 32 kilos de envases plásticos (PET) y otros 504 kilos de basura diversa.

Todo fue extraído de las ramas y raíces de los mangles; hasta donde llegaron arrastrados por el agua o porque las personas los arrojan a este ecosistema de alto valor ambiental como si se tratara de un basurero a cielo abierto.

Por eso, entre las organizaciones y especialistas que participaron en la defensa del espacio natural existe la inquietud de participar en un plan de trabajo con la autoridad municipal a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, el Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable (Comudes), así como autoridades del ámbito estatal y federal.

«Esto debe ser el parteaguas de que cuando la comunidad se une podemos lograr cambios», dijo el biólogo divulgador Cui Corrales, uno de los convocantes de la jornada de limpieza.

Opinó que para encontrar una solución a las inundaciones de esa zona debe realizarse un estudio de la cuenca hidríca basado en la ciencia.

«Hacer un análisis sistémico de la cuenca alta, media, baja; involucrar a los vecinos porque todavía hay rechazo a que se conserven los manglares; entonces sí hay mucho trabajo por delante, esto es solo el inicio», expresó aparte Claudia Peraza Durán, integrante del Comudes y una de las ciudadanas que se pronunció en contra de la tala.

Al mismo tiempo, añadió, las organizaciones continuarán asesorándose legalmente para sabér cómo actuar en caso de que se intente cortar el mangle de nuevo.

Que escuchen al Comudes

Sofía Trejo Lemus, representante de la asociación Maz Conciencia e integrante del Comudes; coincidió en que se debe trabajar en un plan integral para la cuenca, es decir, el territorio que recoge el agua de la lluvia y la drena.

Refirió que ese tema se abordó en la reunión que organizaciones tuvieron con la presidenta municipal el miércoles de esta semana. Ahí mismo se acordó que se presentaría un plan de manejo integral del manglar del arroyo Jabalines a través del Comudes.

Esta es una oportunidad para que dicho Consejo sea escuchado y cumpla su función de asesorar al Gobierno Municipal en materia ambiental, pues de las doce asambleas que se deberían haber realizado desde su creación en agosto de 2023, solo se han hecho seis y la opinión de los especialistas que lo integran no han sido tomadas en cuenta.

«Yo entiendo que no lo saben todo, pero para eso está la ciudadania, la academia, los grupos ambientalistas; todos estamos dispuestos a apoyar, solo que no han estado dispuestos a escuchar», lamentó en el marco de la jornada de limpieza del arroyo Jabalines.

En tanto se impulsan y se logran concretar estos instrumentos de política pública, las organizaciones ciudadanas ya se preparan para realizar actividades de apropiación del espacio público, como recorridos, avistamiento de aves, murales, talleres y conferencias.

Otras propuestas

Entre las propuestas planteadas por especialistas y organizaciones a raíz del intento de tala en el arroyo Jabalines, se encuentran:

• Pugnar para que Mazatlán cuente con un plan municipal de gestión integral de residuos sólidos que permita aprovecharlos y reducir su volumen, además de optimizar su recolección, transporte y tratamiento para que la basura no termine en arroyos, playas y esteros.
• Necesidad urgente de que se elabore el Programa de Ordenamiento Ecológico Local que sirve para que los municipios puedan regular el uso del suelo y las actividades productivas a fin de proteger el medio ambiente y los recursos naturales dentro de su territorio.
• Que se implemente un efectivo ordenamiento territorial urbano y se respete el Atlas de Riesgos como mecanismo de reducción de la vulnerabilidad de las zonas inundables de la ciudad.
• Un plan hídrico, el impulso a la infraestructura verde y azul, también están entre las acciones planteadas en los últimos cinco días como soluciones de fondo tanto para mitigar inundaciones, como para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.

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Que no se talará ni podará el mangle del arroyo Jabalines es uno de los compromisos asumidos hoy entre la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, representantes de organizaciones ciudadanas, vecinos afectados por las inundaciones e integrantes del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable (Comudes).

Claudia Peraza Durán, consejera de Comudes y vecina de la colonia Jacarandas informó que Palacios Domínguez les aseguró durante el encuentro que no habrá nuevas intervenciones en el área de manglar.

Esta versión coincide con un comunicado de prensa emitido posteriormente por el Ayuntamiento, mediante el cual se informó que el Gobierno Municipal tiene apertura para trabajar por la preservación de los manglares.

En el documento también se indica que la alcaldesa dio la instrucción a la directora de Ecología y Medio Ambiente, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, “para que se esté al pendiente de los reportes que pudieran llegar de los colectivos ambientalistas, si se llega a observar que el mangle está siendo talado”.

También checa: Habrá más inundaciones si talan mangle del arroyo Jabalines: especialista de la UNAM.

Durante la semana, la presidenta municipal declaró a medios de comunicación que la tala que inició el sábado 16 de agosto se trataba de una poda. Sin embargo, en la reunión se le presentaron pruebas de que se trató de un corte para remover el mangle.

“Le explicamos que los árboles se cortaron muy cerca de la raíz, troncos grandes que no eran ramas. Eso no fue para nada un corte selectivo y cuidadoso. Le dijimos que no estamos de acuerdo con eso, que estamos conscientes de que la tala es ilegal y que debería de estar vigilando la Profepa en coordinación con Semarnat nacional”, señaló Peraza Durán.

El origen

El sábado 16 de agosto se observó a una cuadrilla de trabajadores talando mangle, hecho que fue denunciado a través de redes sociales.

Ese mismo día, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Estatal de Protección Civil confirmaron a Son Playas que se talaría el mangle de un polígono del arroyo Jabalines, luego de que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado presentó un aviso de emergencia ante la Semarnat por riesgo de inundaciones en la presente temporada de lluvias.

Días antes, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que solicitaría permiso de esa dependencia federal para podar el manglar en un tramo aproximado de 500 metros, al considerar que su presencia favorece las inundaciones en la colonia Jacarandas, como la registrada el 7 de agosto.

Inician las protestas

El 18 de agosto organizaciones ciudadanas y ambientalistas realizaron una manifestación contra la tala en el margen del arroyo y recordaron que todas las especies de manglar están protegidas según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en donde se les enlista como especies amenazadas.

También recordaron que la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.

Ese mismo día, habilitaron una petición en la plataforma Change.org y entregaron un oficio en la Presidencia Municipal solicitando una audiencia con la alcaldesa.

El manglar une a organizaciones

La mañana del miércoles 20 de agosto, un grupo de personas del ámbito académico, social y científico realizaron una rueda de prensa para señalar omisiones de parte de las autoridades, alertar de riesgos y ofrecer propuestas de solución.

“Las inundaciones en Mazatlán no se deben al manglar, sino a decisiones gubernamentales que han ignorado estudios técnicos, modificado el Atlas de Riesgo y autorizado construcciones en zonas vulnerables”, advirtió la doctora Laura Rivera Rodríguez, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.

En esta rueda de prensa también participaron Luis Alberto Bojórquez Rodríguez, director de programas de Conselva, Costas y Comunidades; Alexis Romero, encargada del proyecto de siembra de manglar del CETMAR 08; David Ocampo Peraza, presidente de la Colonia Jacarandas, Francisco Flores Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano Mazatlán.

La comunidad científica también alza la voz

Este miércoles, más de 60 personas de la academia en activo y jubiladas de instituciones de investigación de la localidad firmaron una carta dirigida a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para manifestar su rechazo público al intento de tala de manglar en el arroyo Jabalines o en cualquier otra localidad del municipio de Mazatlán.

“Es incomprensible que mientras las autoridades municipales hacen invitaciones al sector académico para participar en campañas de limpia y mejoramiento de los manglares, así como a procesos de concientización de la población encaminados a proteger estos y otros ecosistemas, procedan a realizar acciones destructivas, bajo la falsa premisa de la emergencia, sin previa consulta, ni argumentos técnicos o legales”, señala el documento.

El compromiso de no talar

En un contexto de presión social y rechazo a la tala de manglar, la alcaldesa hizo el compromiso de que no habría tala ni poda, ante las organizaciones e integrantes del Comudes que solicitaron la audiencia, informó Claudia Peraza Durán.

La presidenta municipal también les instó a crear un plan de manejo y darle seguimiento, dijo.

Otra preocupación expuesta por el grupo ciudadano fue el uso del concepto de “emergencia” por parte de Protección Civil para justificar la intervención en el manglar, cuando jurídicamente esto solo se aplica cuando se trata de un suceso o situación que se presenta de improviso y requiere de una atención inmediata.

“Y las inundaciones no son sorpresa. Sabemos que hay una alta probabilidad de inundación en cada temporada de lluvias y por 40 años ha sucedido esto”, expresó Peraza Durán.

Por lo pronto, este jueves 21 de agosto las organizaciones ciudadanas que han defendido el manglar del arroyo Jabalines realizarán una jornada de limpieza a la altura del puente del CBTIS 51 a partir de las 5:00 de la tarde.

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