Cynthia Dehesa, directora de Ciudadan@s por la Transparencia, señaló que esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la información como derecho llave que permite la defensa de otros derechos. Subrayó que la ley debe garantizar el derecho a entender, mejorar la calidad y utilidad de la información pública y asegurar una verdadera apertura institucional.

Asimismo, hizo un llamado a que el proceso legislativo se realice bajo el principio de Parlamento Abierto, incorporando activamente la voz ciudadana en todas las etapas, e incluyendo la propuesta de 14 recomendaciones:

1. Mantener la progresividad de la ley. Garantizar que esta nueva ley amplíe derechos y no los limite.
2. El acceso a la información debe ser oportuno. Para que permita la participación pública en la toma de decisiones.
3. Armonización de las leyes. Se deben armonizar el resto de las leyes del estado en las que involucra el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana.
4. La ley debe garantizar el derecho a entender.
5. Rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones.
6. Mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
7. Garantizar la accesibilidad de toda la información pública.
8. La Reforma a la Ley de Transparencia debe garantizar la Apertura Institucional real.
9. Reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.
10. Garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental ejecutado por instituciones militares.
11. Coordinación y claridad de responsabilidades para que el sistema funcione.
12. Integrar en la ley el fortalecimiento municipal en materia de transparencia.
13. Reforma integral de los archivos,  para asegurar que la información pública esté bien gestionada, sea fácilmente accesible y esté disponible a largo plazo.
14. Acceso a la información sin excusas.  Cuidar el lenguaje de la ley: prevenir cualquier fraseo que limite el derecho a saber y definir claramente qué es La Paz Social para evitar reservas innecesarias de la información.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que estas recomendaciones fueron desarrolladas por organizaciones locales y nacionales tras un ciclo de conversatorios especializados impulsado por World Justice Project (WJP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO) y el conversatorio «Ecotransparencia» impulsado desde sociedad civil.

Por su parte, Valeria Rinderstma, presidenta de AMEXME Riviera Maya, destacó la importancia de la Ley, para el sector empresarial. Destacando que una ley clara y robusta es fundamental para fortalecer la confianza con el sector y brindar seguridad jurídica para los empresarios e inversionistas mejorando el entorno de negocios. También remarcó que el sector empresarial se suma a la vigilancia y cumplimiento de leyes más claras, que generen confianza y competitividad.

Desde el enfoque ambiental, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua, remarcó la importancia de incluir referencias claras a las características de las poblaciones locales y mecanismos efectivos de participación para defender los recursos naturales del estado, mencionó que las comunidades deben de contar con información útil y real para la defensa del agua, el territorio y el futuro ambiental del estado y enfatizó que si no hay una ciudadanía informada no habrá una sostenibilidad real.

Finalmente, Aarón Siller, director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), recalcó que la transparencia ambiental debe garantizarse como un derecho humano, conforme al Acuerdo de Escazú. Reconoció que hay sesgos desde la ley anterior, y que esta reforma es una oportunidad para mejorar. Mencionó que actualmente, en cada solicitud de información que se realiza, se lleva a cabo el proceso de recurso de revisión porque no existe la voluntad de facilitar a la ciudadanía la información, sobre todo en asuntos ambientales. Por último, hace un llamado a reconocer la naturaleza del estado con ecosistemas únicos y que son clave para el turismo, y que estas particularidades deben de reflejarse en la ley.

La sesión finalizó con un llamado al Congreso del Estado para garantizar un proceso legislativo abierto, transparente y con verdadera participación ciudadana. Invitaron a la ciudadanía, medios y actores institucionales a difundir la propuesta, construida colectivamente.

Las organizaciones participantes son: Ciudadan@s por la Transparencia, AMEXME Riviera Maya, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Centinelas del Agua, CIMAC Cozumel y Amigos de Sian Ka’an se suman para presentar

Consulta la transmisión en vivo:

ttps://www.facebook.com/reel/1415352039595419

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Los temas ambientales son el eslabón más débil en Mazatlán. Es una realidad la opacidad de información pública sobre el tema, por ejemplo, no es público algún diagnóstico sobre el costo social de las nuevas construcciones, de cómo nos resta en nuestra calidad de vida; no hay dónde consultar la situación sobre contaminación en la ciudad; tampoco se informan los riesgos que implican los rastros clandestinos, pese a que existen; de los basureros ilegales no sabemos la gravedad, pero ahí están; no hay informes disponibles sobre multas o sanciones por ruido excesivo, siendo una de las quejas principales de los mazatlecos.  

En ese contexto, el tema de las áreas verdes tiene sentido: No sabemos cuántas hay en Mazatlán, dónde están, de quién son y cuál es su uso; no es culpa de nadie en particular, estamos frente a una mala práctica de Gobierno que lleva años y se replica en cada administración. La opacidad y la escasez de información también tiene relación con nosotros, como sociedad civil, porque una mala práctica se hereda cuando lo permitimos en colectivo, es decir, no rompemos el círculo, por el contrario, con el silencio y la parálisis social, la fortalecemos.

El tema de las áreas verdes me llamó la atención por el desorden, el sesgo, y el ocultamiento de datos desde el Ayuntamiento de Mazatlán. Aquí lo expongo.

En un ejercicio de transparencia solicité al Gobierno municipal la cantidad de áreas verdes que hay en la ciudad, para empezar, es Bienes Municipales quien controla esa información. Le pedí la relación del registro de 2017 a 2022, la respuesta fue que Mazatlán tiene sólo 24 áreas verdes en toda ciudad.  Sí sólo ¡24 áreas verdes! Y aquí anexo la respuesta:

Sin embargo, en una segunda solicitud pedí la relación de esas mismas áreas verdes, ahora por año, y en este punto se abrió la sospecha porque los datos no coincidieron. Eso refleja muchas cosas, de entrada, que no hay registro real ni oficial de áreas verdes en Mazatlán; que detrás de ese subregistro es probable que haya áreas verdes impactadas, invadidas o desaparecidas por las nuevas construcciones. Las preguntas son muchas, pero es la autoridad la única que puede precisar qué hay detrás de este desaseo de información pública.

2017. En la primera solicitud la autoridad informó que no hay registro de áreas verdes, pero en la segunda petición, la misma autoridad, revela que hay 4 e indica la ubicación y la superficie. ¿Por qué ocultó en la primera lista cuatro áreas verdes?, es indignante pensar que otros ciudadanos se han quedado sin información oficial por esta opacidad, siendo que la información pública es útil para muchas áreas, principalmente para estudios académicos, periodísticos y son materia prima para muchas organizaciones de sociedad civil.

2018: El Gobierno municipal informó, de inicio, que ese año registró siete áreas verdes. En la segunda solicitud reveló ocho, por cierto, siete de esas ocho ubicadas en la misma dirección: Fraccionamiento Balcones; y otra más en Santa Teresa. Datos imprecisos, otra vez.

2019. En este año la autoridad reveló el registro de siete áreas verdes, y es la única cantidad que coincide con la segunda solicitud, en ambas enlistó las siete. La casualidad es que todas las ubicó en Pradera Dorada, esto evidencia que, los nuevos fraccionamientos que iniciaron ese ese año, no sumaron ninguna área verde a la ciudad en aras de mitigar el impacto socioambiental.

2020. En la solicitud primera, se informó de cinco nuevas áreas verdes en la ciudad, pero en la segunda petición, sólo se informó de cuatro no cinco. ¿Dónde quedó la otra?, me doy cuenta que, en los gobiernos, también desaparecen áreas verdes.

2021. El informe de este año es el más desigual, pues en una primera solicitud el Gobierno de Mazatlán informó de cinco áreas verdes en Mazatlán, y en una segunda reveló 19, es decir, ocultó ¡14 áreas verdes en una respuesta por Transparencia! Este año, las áreas verdes registradas se concentraron en Santa Teresa y Villa Unión. ¿Por qué omitió esas 14 áreas verdes?, esta es una razón de por qué hay tanta desconfianza ciudadana en las autoridades y en la información que entregan a la sociedad. Es evidente el sesgo y el ocultamiento de datos desde la autoridad.

2022: Este año el Ayuntamiento de Mazatlán informó que no había registro de áreas verdes en la ciudad, pero en la segunda petición respondió que sí había, y anexo cuatro nuevas áreas verdes ese año. Una de ellas de 2,066 m2, imagínense que la autoridad olvide informar un área tan grande como esa en el Fraccionamiento Caracoles. Aquí está la lista de esas cuatro áreas:  

Con esta opacidad en la información es evidente que hay un desorden en el padrón de áreas verdes o un interés de no revelar datos reales y oficiales. Vaya un exhorto público a las autoridades de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa para revisar la calidad de la información en los ayuntamientos que, seguramente, lo identifican en las impugnaciones y en las quejas ciudadanas.

Es importante saber que, conocer el padrón real de áreas verdes, permite a la ciudadanía identificar y defender esos espacios, es una realidad que en Mazatlán hay sospecha de la venta de áreas verdes -como patrimonio municipal- para abrir paso a nuevas construcciones, incluso algunos ciudadanos han denunciado de manera pública que, también sospechan, de cambios intencionales en la nomenclatura de algunas áreas verde para el avance de proyectos de obra. Sigamos preguntando y comparando con ejercicios de transparencia, la información es nuestra, no del Gobierno.

Apunten: Las especulaciones se fortalecen ante la ausencia de información pública.

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Tener acceso a la información es un derecho vital para la participación ciudadana, defensa y cuidado del medio ambiente. Por esa razón, el portal de periodismo ambiental independiente Son Playas impartirá un curso básico de acceso a la información pública con enfoque ambiental el próximo sábado 3 de diciembre del presente año.

El curso está dirigido a estudiantes, organizaciones civiles, empresas; personas que se dedican a la academia, ciencia e investigación; consultoría ambiental, periodismo y todas aquellas interesadas en participar de manera informada en la defensa y cuidado del medio ambiente.

Se realizará de forma presencial de 09:00 a 13:00 horas en la sala de capacitación de Coparmex Mazatlán, ubicada en calle Hamm 403, colonia Palos Prietos de esta ciudad. Las clases estarán a cargo de Sheila Arias, periodista especializada en transperencia, y Nelda Ortega, periodista especializada en medio ambiente y políticas públicas.

La cuota de recuperación es de 400 pesos por persona, con descuento del 20% para estudiantes y grupos de tres personas en adelante. Para registros e informes entra a este enlace de WhatsApp 

¿Qué vas a aprender?

1. Cómo usar los buscadores de la Plataforma Nacional de Transparencia para localizar información sin hacer solicitudes.
2. Redactar con claridad solicitudes de información y cómo presentarla.
3. Buscar y localizar información federal de la Semarnat, Profepa, Conanp y otras dependencias que atienden asuntos ambientales.
4. Presentar solicitudes de información sobre permisos de construcción, obras en zonas federales y monumentos históricos.
5. Cómo utilizar SIGER, la herramienta pública para localizar actas constitutivas de empresas proveedoras.
6. Consultar la Gaceta Ecológica de la Semarnat, identificar el número de proyecto y darle seguimiento.
7. El valor de la información y su trascendencia en la toma de decisiones colectivas. (Consultas Públicas).

¿Por qué deberías tomar el curso?

Todas las personas, sin importar a qué nos dediquemos, necesitamos información para la toma de decisiones en el ámbito personal, profesional y social. Además, tener acceso a la información es un derecho vital para la participación ciudadana, defensa y cuidado del medio ambiente.

En este curso podrás adquirir habilidades a un costo módico con la guía de especialistas que te ayudarán a rastrear información pública paso a paso y de forma sencilla. Obtendrás una capacitación de calidad útil y de forma sencilla.

Al participar en el programa de capacitación de Son Playas, también ayudas a la sostenibilidad de este proyecto de periodismo ambiental independiente. Para registros e informes entra a este enlace de WhatsApp.

Conoce a nuestras expositoras

Sheila Arias

• Lic. en Ciencias de la Comunicación.
• Periodista especializada en Transparencia y Derechos Humanos.
• Tallerista independiente en temas de herramientas públicas de investigación.
• Egresada de los Diplomados Derechos Humanos 2020 y 2021 impartidos por la Suprema corte de Justicia de la Nación.
• Cursa el Diplomado para periodistas de América Latina y el Caribe impartido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Activista en temas de fiscalización de recursos públicos.
• Estudiante de la licenciatura en Sociología en la UAS y actualmente Jefa de Comunicación y Alianzas Estratégicas en Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C.

Nelda Ortega

• Lic. en Ciencias de la Comunicación.
• Periodista especializada en políticas públicas y medio ambiente.
• Periodista del Semanario Río doce, donde ha dado cobertura a temas relacionados con medio ambiente, legislación ambiental, seguridad y política.
• Desde 1998 inició con la cobertura de temas locales en el periódico Noroeste, entre los que trascienden los relacionados con temas ambientales como la cobertura de la primera remodelación del malecón de Mazatlán, su impacto en la Zofemat, la calidad de agua de la bahía de Mazatlán y arroyos dentro de la ciudad. El tema más reciente es el relacionado con la obra en el corazón del Paseo del Centenario.
• Expositora en la Muestra Ambiental Fotográfica del Primer Encuentro Estatal de Periodismo Ambiental organizado por CREDES-Semarnat.
• Participante en el IX Congreso Interamericano del Medio Ambiente organizado por el Centro de Calidad Ambiental del Tec de Monterrey Campus Guadalajara y la Red Interamericana por la Calidad Ambiental
• Realizó estudios escolarizados de Legislación Ambiental en el Instituto Tecnológico de Mazatlán

Y por último…

Este es el segundo curso básico de acceso a la información organizado por Son Playas, quien actualmente desarrolla un programa de capacitación permanente. Algunos de los eventos son gratuitos y otros tienen una cuota de recuperación para financiar parte de los gastos operativos de este medio de comunicación independiente. Para seguir haciendo periodismo al servicio de la comunidad y de la naturaleza con total independencia, como hasta ahora, Son Playas también necesita apoyo.

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Después de mi columna ‘Muévete chilo’, fracaso de movilidad verde, que se publicó en Son Playas el mes pasado, me llegó gran cantidad de información sobre el tema: documentos, comentarios, expedientes, y hasta la existencia de una denuncia ciudadana por presunta corrupción dentro del programa; gracias a eso, hoy sabemos que el programa está lleno de irregularidades y que nació con desaciertos. Aquí expongo algunos puntos clave:

1. En la Plataforma Nacional de Transparencia existen más de 20 solicitudes de información realizadas por ciudadanos donde cuestionan la operación del ‘Muévete chilo’ a partir de 2018, es decir, antes su operación ya había dudas y preguntas. En la Plataforma está disponible el convenio que debió firmar el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán para la operación exitosa del programa, sin embargo, ese convenio no tiene firmas, y así lo responde la autoridad en la solicitud de información 001642119, tampoco los anexos. Esto, sin duda, le restó formalidad y respaldo institucional al programa desde el día uno.
2. El programa ‘Muévete chilo’ fue suspendido en Mazatlán en abril de 2020, cuando el Municipio retiró las bicicletas del Malecón como medida preventiva ante riesgo de contagio por Covid 19. Sin embargo, ciudadanos me han asegurado que han visto las bicicletas en calles de Mazatlán, por ello solicité al Gobierno del Estado de Sinaloa me informara el destino final de las decenas de bicicleta verdes que fueron parte del programa. La respuesta es que las bicicletas son patrimonio de la empresa Bvike, por lo tanto, se quedó a cargo de ese quipo. Nunca pertenecieron al Estado.
3. A través de la solicitud información 252734500010722 la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa reveló que los ingresos que generó la renta de esas bicicletas quedaron, también, en manos del particular Bvike, que desconoce cuánto fue y que ese ingreso era parte de una contraprestación donde los beneficios eran para la empresa. Está claro que el Estado no habría recibido ni un centavo, pero sí dispuso recursos de infraestructura pública para la operación.
4. En la misma solicitud, se informó que la fecha de inicio del programa fue el 1 de febrero de 2019 y su fecha final es el 31 de octubre de 2021, ahora sabemos que el programa duró sólo dos años y ocho meses. Revela también que la relación entre el Gobierno de Sinaloa y la empresa Bvike ya no existe, que sus convenios perdieron vigencia y que todo se acabó. La realidad es que ninguna autoridad ha hecho público el fin del programa que costó mucho, en mi columna pasada informé que se invirtieron 850 mil pesos en su planeación y 4.5 millones de pesos la ejecución, que en total se perdieron 5.3 millones de pesos, porque así lo revela el diagnóstico nacional “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México”, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de octubre de 2019, aunque el Estado aseguró vía Transparencia que no tiene registro de la inversión para el ‘Muévete chilo’.
5. En noviembre de 2019, nueve meses después de que arrancó el programa, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno federal, Román Meyer Falcón, publicó en su cuenta de Twitter que el ‘Muévete chilo’ tenía, para ese momento, un registro de ¡100 mil viajes en bicicleta!, desde su inicio, en febrero pasado, lo que representaba ya 28 toneladas menos de dióxido de carbono. Ahora sabemos que eso no fue real, porque el propio Gobierno del Estado me informó en una solicitud vía Transparencia que, el promedio diario de viajes fue de 35, mientras el programa duró. De acuerdo con ese dato oficial, al mes se habrían registrado 1,050 viajes promedio, si esto lo multiplicamos por los 10 meses a los que hace referencia el secretario Meyer Falcón (febrero-noviembre) el promedio general y total es de ¡9,450 viajes!, en ese periodo, ni en todo el tiempo que duró el programa alcanzó esos 100 mil viajes. Esto nos permite dos hipótesis: Las cifras de los viajes se alteraron y la información pública se “infló” para simular un programa exitoso.
6. La realidad es que el ‘Muévete chilo’ no se alcanzó a implementar como tal: En Los Mochis funcionó a medias y con bicicletas distintas a las usadas en Mazatlán; y en Culiacán todo se quedó en la presentación pública de las bicis verdes. Sin embargo, el programa sigue en las páginas del diagnóstico nacional “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México”, como un proyecto de éxito en México. Ya sabemos que no es, ni fue así.

Ahora que tenemos estos datos oficiales y documentos públicos disponibles, podemos presumir que el programa ‘Muévete chilo’ inició mal y avanzó con omisiones, simulación y posible información maquillada. Esto no es todo: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa inició en 2019, un expediente de presunta corrupción dentro del programa derivado de una denuncia ciudadana. ¿Qué encontró en la investigación?, ¿quién estuvo detrás del programa?, ¿quién se benefició con el ‘Muévete chilo’?, ¿quién está investigando el fracaso del proyecto?, esto será pate de la tercera y última entrega de esta colaboración, lo abordaré en la próxima columna.

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La realidad es que algo salió mal porque hoy el programa no existe y con su desaparición se perdieron 5.3 millones de pesos de inversión. Ninguna autoridad ha informado de manera oficial el fracaso de ‘Muévete chilo’ que apenas duró un año, pues en abril de 2020, el Ayuntamiento de Mazatlán retiró las “bicicletas verdes” de las estaciones del Malecón para evitar que las usaran en plena pandemia, así lo documentaron medios locales.

Fue a través de la solicitud de información con número de folio 252734500009622 que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado informó, el pasado 27 de septiembre, que el programa ya no existe y que tampoco tiene datos de la inversión total ni del origen de los recursos. Lo que sí informó, es que 270 “bicicletas verdes” que iniciaron el programa están fuera de servicio porque éste “dejó de funcionar”. En otra solicitud de información, dirigida al Ayuntamiento de Mazatlán, la respuesta fue que en sus archivos tampoco tiene datos del programa porque el Estado se encargó de su operación. Es importante que las autoridades involucradas informen dónde quedaron las bicicletas, porque tampoco hay registro público de su destino.

Y mientras en Sinaloa del programa “Muévete chilo” no queda nada, en el diagnóstico nacional “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México”, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de octubre de 2019, se muestra en sus páginas como uno de los más exitosos en el país en su tipo, y revela los datos que el Gobierno de Estado asegura que no tiene. De acuerdo con este diagnóstico el proyecto se atribuye a un logro del ex Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España.

“Muévete chilo es el sistema de bicicletas públicas que impulsa el Gobierno del Estado de Sinaloa presidido por el Lic. Quirino Ordaz Coppel. El programa se implementó desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable con la asistencia técnica de la consultoría bikeNcity y con el apoyo de Ciudades Hechas A Mano… El objetivo principal es promover a la bicicleta como modo de transporte cotidiano en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis”.

Sin embargo, en la solicitud de información, la Secretaría de Bienestar reconoce que actualmente no funciona en esos municipios; aunque el Estado también asegura que no hay rastros sobre la inversión al programa, el diagnóstico federal revela que el fallido ‘Muévete chilo’ costó 850 mil pesos en su etapa de planeación y 4.5 millones de pesos su ejecución; en total, el costo fue de 5.3 millones de pesos con recurso estatales y del sector privado, inversión que está perdida.

De acuerdo con la información del diagnóstico “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México” éste fue diseñado para un sistema híbrido con 350 bicicletas sin anclaje y 50 estaciones establecidas para su toma y devolución en un polígono de cinco kilómetros cuadrados operado por la empresa Vbike. Sin embargo, el Estado también informó que no tiene registro de esas 50 estaciones que se presumen a nivel nacional y que sólo documentó 11 en Mazatlán ubicadas en los siguientes puntos: Rotarismo, Flamingos, Monumento a la Pulmonía, Lola Beltrán, Miramar, Rocamar, Olas Altas, Isla Azada (sic), Insurgentes, Laguna del Camarón y Monumento a la Familia.

Otro punto importante es que para el programa ‘Muévete chilo’ se implementó un sistema de cobro para acceder a cuatro tipos de membresías: viaje simple (5 pesos), mensual (49 pesos), semestral (229 pesos) y anual (399 pesos), y de esto tampoco hay registros, al menos, no es público qué pasó con ese sistema y dónde quedaron los recursos que pudieron haber ingresado por el uso de las bicicletas.

En el diagnóstico federal, se informa que este programa registró (de abril a octubre) 32, 748 usuarios, pero el Estado respondió por Transparencia que apenas fueron 13, 872; tampoco coinciden los viajes diarios, ya que en el diagnóstico nacional de mejores prácticas informa de 447 viajes diarios, mientras que el Estado respondió que apenas fueron 35. La diferencia de los datos es muy significativa, en mi opinión, hay dos hipótesis: El Gobierno del Estado infló las estadísticas para reportar un programa exitoso en el diagnóstico nacional o la actual administración del Gobierno de Sinaloa mintió en sus respuestas vía Transparencia.

La realidad es que las autoridades echan al vuelo programas sin planeación a largo plazo, sin proyecto firme y sin ninguna intención de continuidad. El fracaso de ‘Muévete chilo’, es una muestra, no resultó de impacto ambiental ni fomentó el uso de la bicicleta. ¿Dónde están los responsables y por qué se ha ocultado esta información?

*La autora es periodista, activista en temas anticorrupción, estudia Sociología y cursa el Diplomado para Periodistas de América Latina y el Caribe por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Twitter: @Cheilona FB: Sheila Arias

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