Topolobampo, Sinaloa.- La Bahía de Ohuira, en Ahome, se ha convertido en el epicentro de una disputa sobre el modelo de desarrollo mexicano, la transición energética y la defensa de los territorios indígenas. 

Megaproyectos como la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el plan de instalación de una planta de gas metano licuado (Vista Pacífico LNG) han encendido la resistencia de las comunidades Mayo-Yoreme, así como el interés de científicos, ciudadanos y ambientalistas interesados en proteger la riqueza ambiental de está región.

A continuación, un recuento de 10 claves para entender el conflicto en la Bahía de Ohuira:

1. Denominan a Topolobampo como Polo de Desarrollo

En mayo de 2025, el Gobierno federal nombró a Topolobampo como Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), una figura que busca detonar inversiones industriales, logísticas y energéticas en la zona norte de Sinaloa. Con ello, la bahía se coloca en el mapa nacional como un nodo estratégico en la transición energética y en la reconfiguración del comercio global.

Sin embargo, el sello de “bienestar” contrasta con los conflictos socioambientales que arrastra la región. Para las comunidades indígenas, el concepto de desarrollo impuesto desde arriba ignora su propia visión de progreso, que pasa por la defensa del agua, los manglares y la pesca como sustento de vida.

El Gobierno federal define a los Polos de Desarrollo como «áreas geográficas delimitadas que cuentan con las condiciones para atraer inversión y potenciar capacidades productivas, a efecto de detonar el desarrollo económico y social» de las diferentes regiones del país. Este programa forma parte del Plan México.

2. Se plantean siete megaproyectos en la zona

En la última década se han acumulado siete grandes proyectos energéticos e industriales alrededor de Topolobampo y Ohuira: plantas de amoníaco, metanol, gas natural licuado, hidrógeno y un gasoducto. Todos prometen generar empleos y detonar cadenas productivas en la región.

Pero también concentran riesgos de contaminación, presión sobre recursos hídricos y desplazamiento de comunidades. Tal número de proyectos petroquímicos explica por qué la bahía se ha convertido en un laboratorio de los choques entre desarrollo económico y derechos humanos.

3. La riqueza natural que está en riesgo

La Bahía de Ohuira forma parte de un sistema de humedales reconocido internacionalmente por la Convención Ramsar. Es hábitat de aves migratorias, zona de crianza de camarón y sitio de alimentación de ballenas y delfines, lo que la convierte en un ecosistema único en el Pacífico mexicano. Además de la puerta de entrada al Golfo de California, reconocido como el acuario del mundo por su gran riqueza ambiental.

La instalación de megaproyectos industriales amenaza con alterar ese equilibrio. Científicos han advertido que los impactos acumulativos podrían traducirse en pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca ribereña y mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

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4. El gasoducto que da inicio a todo

El Gasoducto del Noroeste, promovido en la administración de Mario López Valdez por el hijo del ex gobernador Francisco Labastida, Francisco Labastida Gómez de la Torre, fue la primera pieza del engranaje. 

Con este se abrió la puerta para que el gas natural llegara a Topolobampo y se proyectaran industrias de gran escala. Lo que en su momento se presentó como un detonante de competitividad, hoy es visto como la base energética de los megaproyectos. 

Sin su existencia, plantas como la de amoníaco, de metanol o de licuefacción de gas no serían factibles.

5. Los peligros de GPO

El proyecto más antiguo y controvertido es la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), la cual busca producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día. 

Desde su anuncio hace más de una década, el proyecto ha estado ligado al ex gobernador y ex secretario de energía, Francisco Labastida Ochoa, del cual se ha dicho tiene intereses personales en el mismo. Pero ante las acusaciones, el político ahomense ha señalado que solo fue asesor y consultor. 

Al día de hoy, la construcción de la planta avanza a marchas forzadas, luego de años de enfrentar litigios, suspensiones judiciales y oposición indígena. Activistas del Movimiento ¡Aquí No! acusan a la empresa de la compra irregular de terrenos y de la invasión y tala de manglar de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 

Una fuga en el ducto de amoniaco o en la planta, podría generar daños mortales en un radio de hasta 45 kilómetros. 

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6. Mexinol avanza sin consulta indígena

A la par de GPO, se encuentra el proyecto Mexinol, que busca producir 6 mil 130 metros cúbicos de metanol por día en la bahía. Su avance ha sido cuestionado porque, hasta ahora, no ha cumplido con el proceso de consulta indígena a pesar de que las autoridades han condicionado el proyecto a que está se lleve a cabo. 

7. ¿Ballenas o Gas?

La campaña “Ballenas o Gas”, de Conexiones Climáticas, busca visibilizar el choque entre la conservación de la biodiversidad y el avance de la industria fósil no solo en Ohuira, sino en todo el Golfo de California.

A través de está frase, se advierte sobre toda una política de construcción de gasoductos de gas metano extraído por fracking desde Texas para exportarlo a los mercados internacionales mediante plantas de licuefacción planeadas en Puerto Libertad, Guaymas y el puerto de Topolobampo. 

¿Ballenas o Gas? también muestra como el Polo de Desarrollo en Topolobampo es tan solo un engranaje de toda una política energética que condiciona al país a consumir gas metano estadounidense para sostener sus necesidades energéticas. Esto, a costa de la salud y los medios de vida de comunidades locales. 

8. Piden Evaluación Ambiental Estratégica 

Recientemente, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) solicitaron al gobierno federal detener los proyectos de gas metano licuado en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas, advirtiendo que se trata de una amenaza grave para los ecosistemas, el clima y las comunidades de la región.

También solicitaron revocar las autorizaciones ya emitidas y que los impactos ambientales expuestos en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de cada proyecto, sean analizados en su conjunto en una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

9. Activistas voltean a Ohuira

Recientemente, activistas de los colectivos GeoComunes, Conexiones Climáticas y la Fundación Rosa Luxemburgo visitaron el puerto y las comunidades Mayo-Yoreme con el fin de llevar información referente a los megaproyectos e impulsar su lucha en contra de los mismos. 

Meses atrás, en noviembre del 2024, una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también visitó la región y escuchó a sus habitantes con el fin de crear un informe y resolución.

10. Para los Mayo-Yoreme eso no es desarrollo

Luego de la designación del puerto como Polo de Desarrollo, líderes de comunidades como Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas han señalado que para ellos los megaproyectos no representan desarrollo. 

En lugar de eso, les gustaría que los políticos tomaran en cuenta el derecho a decidir sobre su territorio y formas de vida, priorizando un bienestar comunitario basado en los saberes, ecosistemas y economía regional de las comunidades.

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La compañía México Pacific impulsa el proyecto Saguaro Energía, que consiste en un gasoducto de más de 800 kilómetros, desde Texas hasta Puerto Libertad, Sonora, en donde se pretende construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL), para luego ser transportado a Asia.

Aunque este proyecto pretende posicionar a México y Estados Unidos como líderes energéticos a nivel mundial, según la coalición Ballenas o Gas que agrupa a 30 organizaciones de la sociedad civil, también representa una amenaza al Golfo de California que lo volvería una zona de sacrificio para la industria fósil.

El gas fósil que recibiría Saguaro Energía provendría del fracking en Texas, sería licuado en México y tendría una producción de 14 mil millones de toneladas al año. De llevarse a cabo el proyecto, nuestro país se convertiría en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial.

Los mercados exportadores de gas en todo el mundo son Rusia, África, América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico. Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas natural, Asia es el mercado más grande y dinámico del mundo, según un informe hecho por la organización PODER en 2022.

Hasta 2021, México era el segundo mercado de importación de gas natural más grande del mundo y el principal receptor de las exportaciones de Estados Unidos, que crecieron 546% entre 2010 y 2021, según el informe de PODER. Además el informe señaló que México depende en un 90% de las importaciones de gas natural; que no hay otro país con alta dependencia de las importaciones (más del 52%) de una sola fuente; y genera más del 60% de su electricidad con gas, la mayoría de los países no pasan del 45%.

A través de sus redes sociales y comunicados, la coalición Ballenas o Gas ha insistido en que el proyecto únicamente responde a los intereses de la industria del gas fósil en Estados Unidos que busca acceder a mercados asiáticos, por lo que el gobierno mexicano debería de velar por los intereses y bienestar de la población y no por los intereses económicos de empresas extranjeras.

“El proyecto Saguaro no es más que una expresión de la codicia de las corporaciones extranjeras que siguen priorizando sus ganancias por encima del bienestar de nuestra gente nuestro territorio a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos los cuales, además acá en el desierto, son verdaderamente escasos”, dijo Carlos Mancilla, director de la organización BCSicletos, dedicada a la defensa del territorio.

Gasoducto, planta de licuefacción y exportación

Para transportar el gas desde Texas hasta Puerto Libertad, México Pacific propone la construcción del Gasoducto Sierra Madre de 800 kilómetros de largo en territorio mexicano, atravesando 16 municipios de los estados de Sonora y Chihuahua donde hay sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica, detalla uno de los comunicados expedidos por la coalición.

El gas trasladado llegará a la terminal de licuefacción que, según la empresa, medirá 400 hectáreas, un tamaño equivalente a 70 veces el Estadio Azteca. Esta mega infraestructura generará ruido y quemará gas metano en mecheros permanentemente, lo que altera las condiciones actuales de la comunidad de pescadores, señaló la coalición.

Al respecto, Jaqueline Valenzuela, directora de la organización Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA), alertó que la planta recibirá gas natural, un combustible fósil, que al igual que el carbón y el petróleo, proviene de la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años y no es renovable. En lo que respecta al gas natural, tanto su extracción, uso y aprovechamiento tiene una alta gama de emisiones de efecto invernadero.

Para licuar más fácilmente el gas, se va a quemar y eso va a generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que además genera impactos en la salud, explicó Nancy García, colaboradora de CERCA.

Una vez licuado el gas, las organizaciones civiles advierten que México Pacific usará buques de hasta 300 metros de largo para llevarlo a Asia, lo que convertiría el Golfo de California en una ruta de carga y un aumento en la frecuencia del tránsito de embarcaciones.

Esto afectaría la biodiversidad marina, incluyendo el Santuario de la Vaquita Marina; también aumentaría el riesgo de colisiones con las ballenas, ya que interferiría con la ruta migratoria de la ballena gris y jorobada, asegura la coalición.

Estas afectaciones pondrían en riesgo dos actividades que son pilares de las comunidades colindantes con el Golfo de California: la pesca y el turismo.

Saguaro se debilita

Las organizaciones están presionando a las autoridades de México para que reviertan la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Terminal GNL de Sonora en 2006 para la construcción de la planta y para que no autorice el proyecto para la construcción del gasoducto que se encuentra en evaluación.

De esta manera, señalan, se salvaguarda la vida de las comunidades y la biodiversidad del país, ya que permitir el establecimiento de este proyecto resultaría en un daño irreversible para presentes y futuras generaciones.

Ballenas o Gas, habilitó un sitio web para consultar los posibles impactos ambientales del proyecto Saguaro y también inició una petición ciudadana dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al Presidente de los Estados Unidos, que ya alcanzó las 300 mil firmas digitales.

Aunque el jueves 13 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una concesión firmada por la Secretaría de Marina (Semar) para el puerto relacionado con el proyecto Saguaro, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó a través de un comunicado que el proyecto enfrenta cinco demandas de amparo que frenan su desarrollo. Esto significa que aunque el proyecto Saguaro sigue en pie, la presión mediática y la oposición ciudadana lo están debilitando.

A principios de julio de 2025, Mexico Pacific, solicitó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) una prórroga de siete años para iniciar operaciones comerciales. Esta extensión permitiría postergar el comienzo de las exportaciones hasta 2032, en lugar de 2025 como estaba previsto inicialmente.

La empresa argumenta en el documento que no podrá iniciar exportaciones antes del 14 de diciembre de 2025 debido a “circunstancias ajenas a su voluntad”, y que esta extensión es necesaria para consolidar el financiamiento y asegurar su viabilidad a largo plazo.

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Con miras a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector marítimo, organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, organismos públicos y privados comentaron el potencial de un corredor verde que conecte los puertos de Baja California, Baja California Sur y California, en el marco del primer Foro Binacional sobre Transporte y Puertos Marítimos Sustentables en las Tres Californias, organizado en La Paz.

Un corredor verde es aquel que conecta a dos o más puertos verdes o sostenibles, es decir, aquellos que implementan prácticas y tecnologías ambientalmente responsables para minimizar su impacto en los océanos y reducir su huella de carbono. Para esto establecen estrategias de gestión de residuos, de consumo de energía, calidad del agua y  conservación de biodiversidad marina.

México tiene el compromiso de reducir las emisiones de GEI en un 50% para el 2050 y las actividades marítimas representan el 2.9% de las emisiones de GEI nacionales, según el estudio La transición energética del transporte marítimo: Oportunidades estratégicas en México de la organización Global Maritime Forum.

Para cumplir con esta meta resulta indispensable transicionar hacia la adopción de combustibles con cero emisiones de carbono, según Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos.

Integración de La Paz al corredor verde

El corredor verde mencionado podría conectar La Paz, Baja California Sur, con el puerto de Ensenada que es el puerto mixto (pasajeros y mercancía) más importante de México, de acuerdo con su director general, Manuel Gutiérrez, y con el puerto de Los Ángeles, California.

Los puertos del Pacífico integrados al Sistema Portuario Nacional trasladaron 127 millones 492 mil 945 toneladas de carga a través de buques en el 2023.

En vías de preparar a Baja California Sur para estas nuevas tendencias de puertos sostenibles y corredores verdes, Narciso Agúndez, director general del puerto de La Paz, presentó el proyecto de modernización del puerto de Pichilingue.

“Frente a estos desafíos estamos en construcción de una administración portuaria integral y eficaz que navega con visión de futuro rumbo a puertos sostenibles con la modernización de la infraestructura portuaria, obras de bienestar social y en tecnologías para reducir el impacto ambiental”, señaló Agúndez.

Estas obras de modernización consisten principalmente en mejorar la logística de embarque, desembarque y la instalación de sistemas de iluminación con tecnología LED y en algunos casos con luminarias con paneles solares.

También incluyen la implementación de un inventario de gases de efecto invernadero en todo los puertos y el desarrollo de un plan de reducción de emisiones que se sume a los esfuerzos de los puertos mexicanos a mediano plazo.

En el mismo foro Agúndez presentó un video donde plantea trasladar la actividad comercial del Puerto de Pichilingue al Puerto de San Juan de la Costa, con el fin de que el primero se dedique únicamente para fines turísticos.

“Estudiamos la viabilidad de un puerto industrial comercial en San Juan de la Costa que por su ubicación estratégica y condiciones naturales permite el arribo de embarcaciones de gran calado, que sumado al proyecto del libramiento norte se enlazará a las salidas norte y sur de La Paz, reduciendo el consumo de combustibles y la emisión de GEI permitiendo el desarrollo de la vocación turística de Pichilingue”, se explicó en el video.

Retos hacia el futuro para la implementación

En el Foro se abordaron los retos para llevar a cabo estos proyectos entre los que destacó la necesidad de inversión para desplegar infraestructura necesaria en los puertos y proyectos de producción de energías renovables como el hidrógeno verde que es el más idóneo para el sector marítimo.

También se trataron problemáticas como la falta de inventarios de emisiones en los puertos, un eje fundamental para emprender acciones, señaló Paulina Ortega, Coordinadora técnica en Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca).

El foro organizado por la alianza de las organizaciones WWF México, Institute of Americas y la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) destacó el potencial de México para generar y suministrar combustibles verdes y, por otra parte, la necesidad de otorgar incentivos y robustecer el marco regulatorio para brindar mayor certidumbre a quienes inviertan en este tipo de proyecto.

Finalmente, se abordaron estrategias para acortar las cadenas de suministro conocidas como nearshoring y se advirtieron los riesgos de trasladar estas grandes industrias a territorios que pueden no contar con los recursos e infraestructura para recibirles.

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Aquí la electricidad se va a las 11 de la noche y regresa a las 6 de la mañana. En el momento en que los pescadores se levantan, las luces de decenas de casas iluminan un costado de la isla que está aún en la penumbra. En esta temporada de captura de langosta, las luces se encienden dos horas antes. Son semanas importantes para quienes habitan Isla Natividad.

Llegar a esta porción de tierra en el Pacífico norte, cerca de Baja California Sur, requiere de un viaje de 40 minutos en lancha. El único acceso es un embarcadero con el ancho de una calle que va en picada hasta el mar. Las casi 700 personas que la habitan dedican sus días a la pesca, desde la captura hasta el buceo, la planta de procesamiento y otros pequeños oficios. Aquí nadie es desconocido. Todo el mundo es primera, segunda o tercera generación; hijos, hijas, nietos y nietas de los pescadores que durante 80 años han formado la Sociedad Cooperativa de Buzos y Pescadores de Isla Natividad.

Cuando Ramón Martínez llegó después de graduarse como biólogo ya sabía que así sería su vida. Se había ido a los 9 años porque su padre se retiró y, como ocurre con el resto de los pescadores jubilados, tuvo que volver a tierra continental. “Mi papá fue socio, mi abuelo fue socio también, en este caso yo soy tercera generación”, explica cuando se le pregunta por sus familiares pescadores.

El hermano de Ramón había vuelto para convertirse en socio de la cooperativa y él, por su parte, se mudó más al norte para acudir a la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. A pesar de la distancia, no perdió el contacto con la isla y a diferencia de otros de sus compañeros que al egresar se quedan en la ciudad, él decidió volver.

Pero Ramón no regresó para subir a embarcaciones y dedicarse a la captura de langosta, blanco y abulón, que son las especies que sacan de los mares en distintas épocas del año, especies de valor comercial. Su mirada, en cambio, estaba en la ciencia.

Era 2008 y su llegada coincidió con un momento de urgencia: los pescadores llevaban desde finales de los 90 con bajos registros de captura del abulón azul y amarillo (Haliotis fulgens y H. corrugata). Ante la preocupación por uno de sus recursos más importantes, tanto económica como culturalmente, dos años antes se había realizado una consulta local y la asamblea de la cooperativa de Isla Natividad había suspendido la pesca en un par de bloques.

Una decisión voluntaria que tendría repercusiones económicas y comerciales, pero también traería una mirada al mar como no se había tenido anteriormente.

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Dejar de pescar

En el pueblo de Natividad, que apenas ocupa una décima parte de la isla, predomina la tierra y vegetación desértica, el azul frío del paisaje y las gaviotas que caminan con confianza por las calles. También hay casas, embarcaciones y uno que otro vehículo, principalmente, motos y camionetas de batea; una escuela nivel básico; una tienda de abarrotes; una clínica del seguro social —que de no ser por la pintura y los rótulos, parecería una casa más—; un restaurante y otras cafeterías improvisadas en las entradas de algunos hogares.

Para vivir en la Isla Natividad hay que administrar todos los recursos. Un ejemplo es la electricidad que se genera a base de combustible y por eso tiene horarios. También pasa con los alimentos. Lo que puede ser común para las ciudades, como vegetales, huevos y tortillas, solo se obtiene cuando llega a un almacén en la isla y se entrega por turnos dados al azar. Las porciones por familia siempre son reducidas: un kilo de jitomate, cinco manzanas, medio kilo de huevos.

Cuando la escasez empieza, surge el intercambio. “No se paga lo que se presta, se hace trueque”, dice Viviana Quezada desde su hogar, cuya entrada fue adaptada para funcionar como cafetería, con dos mesas amplias, manteles y un televisor.

Viviana comparte que existen grupos de WhatsApp donde las mujeres pueden pedir a sus vecinas algunos alimentos, herramientas o cualquier otra necesidad que surja en el día a día. El sentido de lo que llaman “cooperativismo” es fuerte. La comunidad, liderada por la cooperativa de pescadores, es la que establece sus reglas. No hay policía, no hay gobierno, sólo un subdelegado municipal de Baja California Sur que acude a supervisar.

Fue bajo este sentimiento de comunidad que se decidió buscar alternativas para recuperar la pesquería. Antes, pescar abulón era como pescar oro. El auge de esta captura en los años 50 logró que se consolidaran pueblos pesqueros en el Pacífico norte. Isla Natividad fue uno de ellos. Sin embargo, hoy esos años quedaron en el recuerdo de una época dorada. Las explicaciones sobre la disminución del abulón van desde la sobreexplotación hasta la contaminación y la alteración en los periodos cíclicos de aguas por los fenómenos de El Niño y La Niña.

Aunque la principal preocupación era el abulón, en 2006 dos bloques llamados La Plana/Cuevas y Punta Prieta se convirtieron en reservas marinas voluntarias de las que se dejaría de extraer gradualmente. Para el 2010 se dejó de pescar por completo en estas zonas, aún teniendo una cuota de captura.

La decisión no fue precipitada y ha sido esta capacidad de prevención lo que actualmente es aplaudido por el sector pesquero de México y el mundo hacia esta pequeña comunidad del noroeste. “Mucha gente piensa que cuando las reservas se crearon el recurso estaba por los suelos, pero no era así”, “las reservas fueron una herramienta que la cooperativa implementó antes de llegar a la pérdida”, explican algunos pescadores en un recorrido por la isla.

Desde antes de las reservas marinas, buscaron el acompañamiento de organizaciones que trabajan en Baja California Sur, como Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), donde un grupo de biólogos desde aquel entonces colabora en la realización de estimaciones, monitoreos, capacitaciones y otras herramientas.

“Detener la extracción del abulón azul y amarillo, langosta espinosa, caracol, erizo, pepino de mar y algas rojas en esta área significa una inversión anual potencial de $300,000 dólares para la cooperativa, además de los $100,000 dólares destinados a la vigilancia de todas las áreas dentro de su concesión durante los 365 días del año, las 24 horas del día”, señala la asociación COBI en los primeros reportes.

“Tuvimos que convencernos de que no sólo importaba el bolsillo (dinero) en el presente. Era necesario pensar en el futuro del recurso”, recuerda Roberky Vázquez, actual secretario de administración de la cooperativa pesquera.

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De acuerdo con un informe publicado por COBI, seis años después de suspender la pesca, se reportó que las reservas marinas de La Plana/Cuevas y Punta Prieta tenían poblaciones más resistentes, tanto de abulón como de langosta.

En el caso de La Plana/Cuevas, la talla promedio del abulón del 2010 al 2016 fue mayor en la reserva marina en comparación con los otros sitios de pesca que rodean la isla. La abundancia que se reportó fue desde los 20 organismos hasta los 126 en una sola agregación. Lo que se consideró también como un indicativo positivo para que la especie se reproduzca.

Durante esos mismos años, la organización capacitó a un grupo de habitantes de Natividad como buzos monitores. A esta iniciativa se uniría más tarde un grupo de mujeres, marcando un hito en los roles dentro de la comunidad. En conjunto han trabajado en sumergirse en las aguas del Pacífico para identificar qué ocurre con las reservas. Por lo que además de revisar las especies de valor como el abulón y la langosta, también han podido documentar el incremento de otro tipo de peces, invertebrados y algas.

A pesar de los avances, existen otros factores más allá de la captura que han hecho que el proceso de mejora no sea lineal. Algunos son los cambios de temperatura en las aguas o fenómenos como la hipoxia que consisten en la disminución de oxígeno disuelto en el agua del mar.

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Arrecifes artificiales

A 15 años de su regreso a Isla Natividad, Ramón sostiene en sus manos un par de conchas de abulón amarillo y azul. Están vivos. Los ha sacado momentáneamente de unas láminas ordenadas en grandes contenedores de agua. Es un cultivo de abulón dentro del laboratorio de acuicultura del que ahora es técnico encargado.

Ramón pasea entre los contenedores y muestra las diferentes tallas mientras habla de ovocitos, semillas y fertilización; de las diferencias entre los abulones cultivados y los silvestres que crecen en el mar; de cómo han experimentado soltando algunas larvas y juveniles que han sido capturados años después como especies maduras.

“Creemos que podemos volver a aportar para que el abulón sea ese recurso del que se sacaban toneladas y toneladas”, dice Ramón desde el laboratorio que tras las mantas de protección permite ver el océano en el horizonte. Allí también han trabajado con pepino de mar y langosta. Éste es el aporte que desde sus años universitarios tuvo en mente.

La intención no es sólo recuperar la especie que crece en el mar, sino ayudar a cultivar desde el laboratorio. Sólo que a la par de las nuevas metas, permean las necesidades.

“Necesitamos crecer pero es una inversión grandísima y el gobierno no nos apoya para absolutamente nada. De Bahía Tortugas (en Baja California Sur) para acá prácticamente somos la comunidad más olvidada de todo el estado”, expresa Ramón.

A esto agrega que las particularidades de vivir en una isla, como la falta de conexión y las limitaciones con el suministro de electricidad, son características del lugar que se convierten en obstáculos. Si el laboratorio estuviera en otro sitio, es probable que los abulones tuvieran las posibilidades de crecer más allí mismo, pero se necesita de energía para mantenerlos a bajas densidades y lograr el objetivo.

Por lo que el plan es criarlos en el laboratorio y posteriormente llevarlos a arrecifes artificiales con los que ya se cuenta gracias a un convenio con una especialista de Estados Unidos que les donó las estructuras. En México, este tipo de mecanismos se han implementado en lugares como Veracruz ya que permiten que sirvan como hábitat y refugio de las especies. Y esta es la primera vez que llegan a Isla Natividad bajo una iniciativa comunitaria.

“Lo importante era empezar el proyecto porque tampoco íbamos a esperar a que nos construyeran los arrecifes para hacerlo”, afirma Ramón.

Por ahora, describe, los arrecifes son como cúpulas montables que lograron armar bajo el agua. El plan es que para diciembre tendrán 10 de este tipo y se dará un monitoreo constante con el objetivo de que crezca a una talla comercial. En promedio, se pueden poner entre 300 y 400 abulones por estructura.

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“Si no nos cuida el gobierno…”

Para vivir en la Isla Natividad hay que seguir los acuerdos. El principal es no pescar todo el producto que exista. Cada temporada se estipulan programas de captura internos para establecer las cuotas de lo que se extraerá, de lo contrario, habrá amonestaciones. Lo que menos se tolera es la pesca desmedida.

El objetivo es seguir cuidando e invirtiendo. Se invierte en recuperar especies, pero también en la inspección y vigilancia de toda la isla para evitar que pescadores furtivos acaben con los recursos. En México, que exista supervisión por parte de las autoridades correspondientes ha ido a la baja, cada vez existen menos inspectores, por lo que Isla Natividad ha tenido que destinar una parte de sus gastos a compensarlo.

“Si no nos cuida el gobierno, nos cuidamos nosotros”, dice Roberky Vázquez, secretario de administración de la cooperativa pesquera, desde una habitación con radio, monitores y sensores para detectar embarcaciones. Todos componentes de su sistema de vigilancia. También tienen una embarcación con vigilantes que se turnan para realizar rondines en el mar.

Así como se vigila, se ha decidido invertir en la ciencia y la educación. El regreso de Ramón a la isla fue una pauta en el retorno de jóvenes que querían estudiar en una licenciatura y volver a la isla. Actualmente se tienen 27 estudiantes en la Universidad Autónoma de Baja California a quienes la cooperativa pesquera destina una beca según cumplan con los requisitos como un buen promedio, cuenta Roberky.

A la isla llegan las nuevas generaciones de pescadores, pero también de biólogos, administradores y contadores. Se trabaja para que el abulón se recupere. Y así como cambian los proyectos y los retos, también la mirada al mar de las casi 700 personas que forman la Isla Natividad.

*Este artículo fue publicado originalmente en Causa Natura Media. Son Playas reproduce el contenido con autorización de la organización y de la autora.

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De acuerdo con los testimonios de varios de los participantes, cerca de 30 personas, entre patrones y empleados, asistieron a los cursos que se programaron lunes y martes de las últimas tres semanas.

En la capacitación se les instruyó sobre el daño que genera la basura que dejan los visitantes, el impacto de la contaminación marina y la forma en que se deben separar y retirar los residuos sólidos.

En las primeras sesiones aprendieron sobre el tipo de plantas y animales nativos de la isla, así como las amenazas que implica la introducción de fauna ajena a ese ecosistema, tal es el caso de los coatíes que actualmente depredan y ponen en riesgo a otras especies silvestres.

También repasaron el reglamento que establece que no se debe dejar basura, encender fogatas ni generar ruidos que alteren a las aves que habitan el lugar, entre otras medidas que se deben acatar por parte de turistas y empresas que promueven paseos a Isla Venados, quienes además deben contar con permiso de la Conanp para realizar esa actividad.

Con estos conocimientos, los prestadores de servicios turísticos que acrediten haber concluido el curso podrán desempeñarse como guías de turistas a partir del periodo vacacional de invierno.

«Son guías que van a estar recibiendo a la gente para explicarles cuál es el cuidado de las islas, qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer» , explicó el biólogo pesquero Césareo Chávez Castrellón, propietario de la empresa Aqua Aventura que presta el servicio de transporte a la reserva desde hace 26 años.

Aseguró que su personal sí explica a los visitantes que la isla es una área natural protegida y que deben recoger sus residuos y regresar con ellos al puerto. Adicionalmente se realizan impiezas constantes.

«Siempre hemos tenido el criterio y el concepto bien claro de lo que se tiene que hacer», afirmó.

-Pero no todos lo tienen, se le cuestionó.

«Lo que pasa es que ha habido nuevos integrantes con negocios y a esos hay que irlos asesorando sobre cómo se debe de trabajar, por eso ha habido descontrol, pero ahorita ya se está trabajando en eso por parte de las autoridades, están dando cursos para certificar guías que realmente conozcan cuál es el manejo de las tres islas», respondió.

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Refuerzan vigilancia y limpieza

Otros prestadores de servicios consultados por separado coincidieron en señalar que a partir de agosto de este año la Conanp reforzó el control en el número de embarcaciones y visitantes que pueden desembarcar al día, con un límite máximo de 400 personas.

Admitieron que desde que los problemas de contaminación, fecalismo y sobrecarga de bañistas se hicieron virales en redes sociales, la limpieza y la supervisión se intensificó por parte de esa dependencia, la cual cuenta con brigadas que a diario visitan la ínsula y verifican que las embarcaciones cuenten con permiso. Sin embargo, el problema persiste cuando la isla queda sin vigilancia o cuando la afluencia de visitantes se incrementa, tal es el caso de los fines de semana y temporadas vacacionales.

Ante esa situación, el gerente general de la empresa touroperadora Huanacoa, Alonso Gárate, señaló que han optado por limpiar la playa momentos antes de llevar grupos a practicar kayak y snorkel e inmediatamente después de concluir el recorrido.

«Siempre que vamos la encontramos sucia. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con el tema de la limpieza pero otros no», declaró el también gerente general de Tropical Tours, empresa que brinda servicios a cruceristas.

Señaló que por su parte se brindan visitas guiadas con la supervisión permanente de personal capacitado. A los grupos solo se les ofrece agua y fruta y no se les permite transportar alimentos empacados que puedan convertirse en residuos.

Desde su punto de vista, la contaminación por basura se suscita en el momento en que se transporta personas a la isla y se les deja sin supervisión. «La guía hace la diferencia» opinó.

Durante un recorrido realizado en Isla Venados el martes de esta semana por Son Playas, se pudo constatar la presencia de plásticos, papeles y residuos fecales en las veredas de la reserva.

También se apreciaron señaléticas en mal estado y varias fincas, una de las cuales fue clausurada a mediados de este año por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sin embargo, en al área de playa hay otras dos construcciones en operación, una se utiliza como bodega y la otra como sanitario.

De acuerdo al testimonio anónimo de uno de los empleados del lugar y de tour operadores, estas edificaciones son propiedad del Grupo El Cid, dato que no fue posible verificar directamente con el corporativo.

Los prestadores de servicios reconocieron que la isla debe cuidarse, pero cuestionaron el hecho de que se permita la existencia de construcciones en el área natural protegida para el uso de una empresa privada.

También admitieron que no todos los prestadores de servicios utilizan los baños portátiles que hace tiempo les entregó la Conanp.

Adicionalmente, uno de los entrevistados que pidió omitir su nombre refirió que la basura no es un problema que aqueje solo a esta reserva natural protegida, pues lo mismo ocurre en todas las playas y acantilados de Mazatlán.

En reiteradas ocasiones, Son Playas ha solicitado entrevistas con autoridades de Conanp para conocer las acciones que se tienen consideradas para regular la actividad turística en la reserva natural y para prevenir daños al ecosistema, pero no se ha obtenido respuesta.

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Texto: Víctor R. Rodríguez

David Alonso Andazola, guardaparques en jefe de las Reservas Naturales de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín, México, observa con serenidad las colinas arenosas que separan a la playa de La Chorera, de los humedales El Arco, en el punto norte de Bahía Falsa.

Entrar a la Reserva Natural de Punta Mazo, una barra de humedales y tierra volcánica donde merodean aves como el chorlito nevado (Charadrius nivosus), el cuitlacoche californiano (Toxosloma redivivum) y la pardela mexicana (Puffinus opisthomelas), requiere transitar por la playa La Chorera, un sitio popular entre locales el cual suelen visitar durante los fines de semana. Un lugar con poca vigilancia policial donde las reglas sobre el tipo de convivencia es ambiguo: lo mismo hay campamentos con familias que jóvenes que beben cerveza y manejan sus carros 4×4 a toda velocidad.

“Hay personas que no respetan la señalética e ingresan en sus carros todoterreno dentro del área de protección. Nos vemos obligados a alcanzarlos y explicarles amablemente que no pueden hacer esa actividad y los invitamos a salir del lugar”, explica el guardaparques.

Un equipo de 5 guardaparques que labora en la organización civil Terra Peninsular se encarga de vigilar un área de 1633 hectáreas que suman las reservas de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín. Además de vigilancia, los guardaparques apoyan con el mantenimiento de caminos y senderos, recolección de basura e informar las reglas del lugar a los turistas que llegan a las reservas naturales.

La sola existencia de esta lengüeta arenosa —La Chorera— es el resultado de la extracción imparable, desde 2019, de piedra bola de mano de personas que sin permiso gubernamental la colocaron en el mercado de la decoración de exteriores y la construcción. Los guardaparques, limitados en su actuar a los terrenos privados que sirven de reservas naturales, sólo les queda denunciar ante las autoridades lo que sucede fuera de su jurisdicción. Debido a la poca vigilancia y control de las autoridades, esta playa que colinda con la entrada de la Reserva de Punta Mazo fue totalmente desprovista del material pétreo que ahí existió.

La extracción de piedra frente a la reserva de Punta Mazo se suma a una lista de conflictos ambientales en la región como la calidad del agua en las bahías, el desarrollo urbano, el desmonte de terrenos para la agricultura, el uso recreativo de vehículos todoterreno, el saqueo ilegal de suelo volcánico, los impactos por la falta de recolección de basura y conflictos territoriales en algunos puntos donde las reservas naturales colindan con las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); una figura federal de uso del suelo que controla las zonas de mareas en toda la costa mexicana.

Estos conflictos, consecuencia inevitable de un ecosistema en contacto con la actividad humana, le parecen a César Guerrero, director ejecutivo de Terra Peninsular, una oportunidad para fortalecer el diálogo y defender una herramienta de conservación del suelo que ofrece protección a la biodiversidad y beneficios económicos por igual. Explica que un ecosistema costero saludable permite que los nutrientes y el agua saludable fluyan por las bahías, un aspecto clave para la actividad acuícola y el crecimiento de pastos marinos, lo que garantiza una fuente de alimento para la branta negra.

“La industria del cultivo de ostras es el mejor aliado de la conservación, ya que necesita aguas limpias y una bahía saludable para producir ostras de calidad”, dice el director.

Granjas ostrícolas vs desarrollo inmobiliario

Bahía de San Quintín es un municipio extenso con poca infraestructura pública. Se encuentra 284 kilómetros al sur de Tijuana, lejos del ajetreo económico y el auge inmobiliario que caracteriza a la metrópoli fronteriza. Contrario al frenesí superpoblado de Tijuana, Bahía de San Quintín es una localidad de perfil agrícola y pesquero con apenas 117,568 habitantes, según el censo federal de 2020.

La agricultura, que genera 11.460 millones de pesos al año (574 millones USD), según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es una de tantas amenazas a la flora local en la medida que se expande y despeja terrenos para aumentar su área de trabajo. Sin embargo, la certificación de tierras que reciben las áreas naturales protegidas les impide ser cultivadas.

En tanto, la industria ostrícola (especializada en Crassostrea gigas y Crassostrea sikamea), genera anualmente 35 millones de pesos (1 millón 755 USD), según datos de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California.

Dado que la acuicultura es tan importante para la economía de Bahía de San Quintín, los productores de ostras tenían dudas sobre los impactos de un megaproyecto inmobiliario, Cabo San Quintín, en 1999. Diseñado como un complejo turístico alrededor de los volcanes y la costa de Punta Mazo, incluía un lujoso hotel, campo de golf, puerto deportivo y centro comercial.

“Las ostras son demasiado frágiles. No estoy a favor de las aguas residuales de los hoteles ni de las desaladoras en la bahía. Este tipo de proyecto [de desarrollo] no me trae ningún beneficio”, dice Cristóbal Murillo, ostricultor con 23 años de experiencia.

Murillo —como todos los ostricultores— requiere de agua de buena calidad para mantener el ritmo de producción de su granja. El año pasado, Murillo registró 60.000 docenas de ostiones que vendió en Ensenada, Tijuana y Mexicali, las principales ciudades de Baja California.

Si bien el desarrollo inmobiliario no continuó por problemas financieros internos, el riesgo latente de que surgieran nuevos proyectos impulsó la fundación de la asociación civil ambientalista Terra Peninsular en 2001. “Después de analizar cuidadosamente los cursos de acción, los miembros determinaron que para establecer un modelo de conservación duradero en el sitio, era necesario convertirnos en propietarios de la tierra”, dijo Guerrero.

Comprar el terreno, la mejor forma de proteger la biodiversidad de San Quintín

El grupo conservacionista centró su atención en una herramienta de conservación que implica la adquisición de terrenos para luego certificarlos como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), la mejor opción disponible cuando el terreno que buscaban proteger ya tenía dueño.

“Este modelo de conservación permite a ciudadanos, organizaciones civiles o grupos indígenas destinar tierras de su dominio a la conservación. Es una excelente herramienta que ha impulsado el gobierno para ampliar el territorio protegido a nivel nacional”, explica Susana Alfaro, enlace de turismo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Lo cierto es que el reto inherente a esta herramienta de conservación de tierras está en la obtención del título de propiedad. Si los propietarios no están abiertos a la idea de utilizar sus tierras para la conservación, la única opción disponible es comprar la tierra y certificarla ante las instituciones ambientales. Oficialmente, el gobierno mexicano ha aprobado 384 ADVC, un modelo que ha agregado 631,743 hectáreas de tierra protegida.

Luego de recaudar fondos de fundaciones internacionales y donaciones, en 2012 la organización civil completó la compra de 830 hectáreas de costa de lo que sería la Reserva Natural Punta Mazo. Cuatro años después, en 2016, adquirieron otras 803 hectáreas para la creación de la Reserva Natural Monte Ceniza.

Los títulos de propiedad de los terrenos fueron presentados a la CONANP para obtener la certificación de cada uno como ADVC. La aprobación, otorgada únicamente por esta agencia ambiental federal, dio a los terrenos privados un estatus de protección ambiental con respaldo legal. La certificación de tierras también ofrece a los propietarios la oportunidad de crear alianzas con el gobierno y fundaciones internacionales para nuevas oportunidades de financiamiento, así como con otras organizaciones civiles y la academia para apoyo técnico.

La Reserva Natural Punta Mazo recibió el certificado CONANP-379/2014, mientras que la Reserva Natural Monte Ceniza fue certificada con el folio CONANP-407/2017. Cuatro años después nació la tercera área de conservación, la ADVC San Quintín, ubicada al norte de Monte Ceniza, certificada con folio CONANP-468/2021, bajo la custodia del gobierno de Baja California.

Este innovador modelo de protección territorial ayudó a frenar la expansión de proyectos agrícolas e inmobiliarios en las reservas. Al proteger los hábitats terrestres de San Quintín y custodiar casi toda la costa frente a Bahía Falsa, protegió la integridad de la línea costera y, por lo tanto, la calidad del agua para los ostricultores y el crecimiento de los pastos marinos, una planta acuática que constituye la dieta de un invitado especial: la branta negra.

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Provincia invernal de la branta negra

Bahía de San Quintín, conocida por las caprichosas curvas de sus humedales y su complejo de 10 volcanes extintos, está formada por planicies costeras y dos lagunas —Bahía San Quintín y Bahía Falsa— donde convergen una variedad de hábitats que la hacen altamente biodiversa.

Sula Vanderplank, investigadora asociada del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Estatal de San Diego, explica por qué esta región es de especial interés para los conservacionistas, al ser parte de la Provincia Florística de California, considerada un hotspot debido a que alberga una gran diversidad de especies vegetales, como la siempreviva (Dudleya anthonyi), el alicoche de Ensenada (Echinocereus maritimus) y Leptosiphon laxus.

“San Quintín está ubicado en un ecotono o punto de transición entre dos ecosistemas, entonces hay una enorme riqueza natural. Es un espacio donde conviven plantas que se han adaptado a climas mediterráneos con otras de ambientes desérticos creando una mezcla única”, explica Vanderplank, botánica experta en vegetación del noroeste de México, quien durante años ha estudiado las especies de flora de esta región de la península de Baja California.

“Aquí hay un pico de endemismo local, es decir, hay plantas restringidas a este lugar”, dice Vanderplank. Actualmente existe un registro de 435 especies de plantas, siendo 357 plantas nativas y 67 endémicas, que viven dentro y fuera de las reservas naturales de la Bahía de San Quintín, según la cuenta Vanderplank en su artículo científico “La Flora del Gran San Quintín, Baja California.»

A este importante registro biológico, se debe agregar que ambas reservas —Punta Mazo y Monte Ceniza— se encuentran dentro del sitio Ramsar número 1775, considerados humedales de importancia internacional y por lo tanto protegidos por la legislación mexicana. Este rico ecosistema costero es particularmente conocido por recibir aves migratorias como la branta negra (Branta bernicla) y el chorlito nevado (Charadrius nivosus).

Además de 100 especies de aves residentes y migratorias, Bahía de San Quintín alberga 18 especies de mamíferos, 13 de reptiles y 64 de peces, según datos de Terra Peninsular. Especies como la rata canguro (Dipodomys gravipes), el gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis beldingi), el chorlito nevado (Charadrius nivosus) y el águila real (Aquila chrysaetos) son especies en peligro de extinción protegidas por la NOM-059-SEMARNAT, la ley ambiental mexicana.

“San Quintín es una joya. Los humedales, las praderas de pastos marinos, las dunas y las marismas se conectan con las corrientes oceánicas para crear un espacio rico en nutrientes. No en vano, la branta negra llega en bandadas desde el hemisferio norte a este lugar durante la temporada de invierno”, dice Guerrero.

Con un pico poblacional récord de 24.000 ejemplares, la branta negra cubre un recorrido de 4.500 kilómetros, desde el Ártico hasta Baja California. Las aves permanecen en el interior de las bahías, de noviembre a abril, gracias a la existencia de pastos marinos (Zostera marina), su principal fuente de alimento que cubre el 46% de la superficie de la bahía. “La sola presencia de estas aves todos los años sirve como indicador de salud costera”, dice Eduardo Palacios Castro, investigador del Centro de Investigaciones Científicas y de Estudios Superiores (CICESE) especializado en ecología de la conservación de aves.

“Además de su valor natural, la branta negra ofrece oportunidades económicas sostenibles para la comunidad de San Quintín, tanto en el aspecto ecoturístico, a través de la observación de aves, como en actividades de caza deportiva”, dice el investigador.

René Duarte, odontólogo local y miembro del grupo de Servicios Turísticos y Pesca Comercial Los Volcanes, que administra la Unidad de Manejo Ambiental (PPF) de la Propiedad Federal de la Bahía de San Quintín, es un fuerte promotor de la caza deportiva, práctica que ofrece ingresos extras durante el invierno.

Dicho grupo coopera activamente con científicos como Eduardo Palacios en el programa de monitoreo de la branta negra y con organismos gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Cada temporada, la Semarnat nos comparte las tasas de caza permitidas. Cada persona puede cazar solo tres animales por permiso. Y nosotros somos responsables de cómo se lleva a cabo la actividad para mantener la especie. Solo hay salidas de caza los fines de semana y durante las seis horas de marea alta para estresar lo menos posible a la población de aves”, apunta el empresario.

Con una clientela mayoritariamente proveniente de Estados Unidos y Canadá, el precio por salida de caza deportiva es de 4.500 pesos (225 USD). En la temporada 2021, con un récord de 100 personas visitando durante la temporada de caza, significó un ingreso de 450.000 pesos (22.565 USD) a la comunidad. Este exitoso modelo de explotación sostenible de la branta negra conlleva una serie de obligaciones. Para mantener las actividades de caza, el grupo debe realizar actividades de sensibilización en las escuelas locales, campañas de limpieza de playas y participar como vigilantes auxiliares en la zona.

“Hace años hubo algunos casos de cazadores ilegales, la mayoría locales, pero gracias a nuestra relación con la comunidad, en colaboración con la policía municipal, pudimos detenerlos. El año pasado solo tuvimos un caso de caza ilegal. Conocíamos al tipo, así que hablamos con él y nos prometió que no lo volvería a hacer”, dijo Duarte.

El regreso de la naturaleza en San Quintín

Veinte años después de que se realizara el primer monitoreo de especies en 2002, un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja California, el Museo Natural de San Diego y la Universidad de Idaho reveló una importante recuperación de la rata canguro (Dipodomys gravipes), que se consideraba extinta en Bahía de San Quintín desde 1986. El redescubrimiento de la especie permitió a los científicos especular que seguramente otras conectados en la cadena alimentaria, tanto plantas como animales, comenzarán a mejorar sus números gracias a la recuperación de los hábitats dentro de las reservas.

Mientras tanto, los chorlitos nevados corren en grupos por las playas de arena de Punta Mazo. Un lugar donde la actividad humana es mínima, ha permitido que estas aves crezcan en número y convivan ajenas al enorme esfuerzo por mantener intacto su hábitat. “La población de chorlitos nevados en Bahía de San Quintín es la más estable de Baja California, por lo que es la más importante de toda la península”, dice Eduardo Palacios Castro.

Castro no tiene duda de que el modelo de conservación territorial, apoyado de herramientas públicas y privadas, ha motivado la protección de los hábitats costeros y lugares de anidación del chorlito nevado y el charrán mínimo. “El proyecto de conservación ha dado un respaldo legal importante para que no haya impactos indeseables en la zona; manteniendo el hábitat no solo sobreviven las aves, sino toda la biodiversidad”, concluye el experto.

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Otras voces se suman para explicar los beneficios que las reservas naturales ofrecen a la biodiversidad local. El hecho de que las poblaciones de flora y fauna se mantengan estables en Bahía de San Quintín, o al menos dentro de Punta Mazo y Monte Ceniza, para Sula Vanderlplank es un reflejo de la resiliencia del ecosistema, es decir, de la propiedad para adaptarse a los cambios en el entorno. “La resiliencia está en la presencia de la especie, incluso cuando hay intervención humana. Siguen ahí, a pesar de todo”, explica el botánico.

Terra Peninsular mantiene un activo programa anual con hombres y mujeres de Bahía de San Quintín para consolidar la protección del entorno natural a largo plazo. Programas de contratación temporal para la elaboración de rutas de senderismo, capacitación a grupos de vigilancia comunitaria, talleres a microempresarios de servicios turísticos, son algunas de las acciones implementadas a lo largo del año.

Miembros de la comunidad como Francisco Murillo, de 17 años, se mantiene optimista sobre el trabajo que se está realizando en la zona. “He sido voluntario en el monitoreo de branta negra y limpieza de playas desde que tenía 12 años. Este lugar fue un patio de recreo en mi infancia, los volcanes y las playas, y quiero que se quede así por muchos años más”, dice.

A pesar de los avances, proteger los ecosistemas costeros de la Bahía de San Quintín conlleva una lucha diaria. Aquí, el trabajo no acaba, y eso parece ser el mejor incentivo para continuar. “Es un lugar que merece ser preservado; humedales, dunas y actividades productivas como el cultivo de ostras pueden convivir de manera sostenible”, dice confiado César Guerrero.

Pronto llegará el otoño y con esta estación comenzará la prometida llegada de la branta negra para alimentarse de los pastos marinos. Cae la noche sobre Bahía de San Quintín, ahora sin ostricultores ni turistas. Todo se mece suavemente, casi en silencio. Sólo queda el canto de la fauna nocturna que corre entre los matorrales costeros en su danza de supervivencia, y la presencia vigilante de los guardaparques de Punta Mazo y Monte Ceniza que, estoicos como volcanes, no cesan de velar por esta importante ciudad mexicana. santuario natural.

Este artículo fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.

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Islas, lagunas costeras, aves, crustáceos, ballenas, cactus y dunas componen la colección de 20 piezas fotográficas que fue montada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Estas imágenes corresponden a uno de los mares más bellos y productivos del mundo, de ahí que observarlas es como realizar un viaje visual que nos conecta con la naturaleza. El autor se detiene en los detalles más sencillos para mirar lo invisible y encontrar grandeza en ellos.

“Sumergirse en la naturaleza nos permite realizar el viaje más extraordinario a nuestro universo interior. La experiencia con los ecosistemas de flora y fauna es también el camino de encuentro con nuestros ancestros, quienes la contemplaron, respetaron y aprendieron de ella” señala Salvador Herrera.

Sobre las Islas del Golfo de California

Las Islas del Golfo de California son Área de Protección de Flora y Fauna y forman parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

Se trata de un conjunto de más de 900 islas, islotes e isletas que se distribuyen a lo largo de cuatro estados colindantes con el Golfo de California: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Estas áreas naturales protegidas son sitios estratégicos para la alimentación, reproducción y descanso e invernación de numerosas especies de aves marinas y playeras, mamíferos y tortugas marinas, entre una amplia variedad de organismos.

Las dunas costeras, extensas playas, matorrales y manglares presentes en el ecosistema insular, albergan la riqueza natural que se presenta en esta galería fotográfica capturada por la lente de Salvador Herrera.

Sinaloa y las Islas del Golfo de California

En la costa de Sinaloa hay 502 ínsulas, esto es más del 50 por ciento de las áreas naturales protegidas mencionadas anteriormente. Destaca la presencia de islas de barrera que entre otras funciones proporcionan protección contra tormentas y huracanes a los asentamientos humanos en la zona costera.

Sobre el autor

Salvador Herrera Espinosa es fotógrafo profesional dedicado a los temas de naturaleza, cultura y conservación; es director general de NOA Exploraciones y miembro activo de la plataforma Naturalista; en 2019 recibió el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por el Claustro Doctoral en México por su trayectoria personal y profesional. Fundador del proyecto Alas y Raíces de México, Museo Estudio Salvador Herrera.

“Es momento de elevar nuestro espíritu y acercarnos a ese ser humano que deseamos ser, regenerando nuestra conciencia para integrarnos en armonía en lo profundo del universo”

Salvador Herrera

Si permaneces en casa, aquí puedes apreciar la exposición.

Puedes disfrutar de más fotos en la cuenta de Instagram de Salvador Herrera

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