En Mazatlán, tierra de venados, la expansión de la mancha urbana acaba con el hábitat de esta especie emblemática del municipio sin un Programa de Ordenamiento Ecológico Local que garantice reservas naturales y ponga límites a la urbanización. Tampoco se cuenta con corredores biológicos ni pasos de fauna para esta y otras especies afectadas por la destrucción de su entorno natural.

Empujados por la deforestación de sus territorios, venados cola blanca (Odocoileus virginianus) han sido observados con mayor frecuencia en vialidades y en los nuevos complejos residenciales y turísticos. Muchos de ellos han muerto atropellados.

Desde el 2020, Son Playas ha documentado el deplazamiento y fragmentación del hábitat de esta especie. Ese año, por ejemplo, se reportaron varios atropellamientos y avistamientos de ejemplares tanto en vialidades como al interior de desarrollos habitacionales o comerciales del norte de Mazatlán. Lee la historia completa en este enlace.

Los reportes de venados atropellados o acorralados por los nuevos desarrollos inmobiliarios continuaron sin ninguna intervención. Fue a finales de 2023, cuando un grupo de personas intentó rescatar a una familia de venados atrapados en un predio colindante con la avenida del Delfín, atrás del fraccionamiento Mediterráneo Club Residencial. Para saber los detalles de lo ocurrido en ese momento, entra aquí.

Muy cerca de ahí, en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico, se levantó un nuevo monumento al venado; el tercero de la ciudad. La develación de la escultura monumental de 14 toneladas de peso y 10.50 metros de altura se realizó el viernes 21 de junio de 2024. Días antes, un venado de carne y hueso fue atropellado en esa zona. Encuentra los detalles acá.

Para entonces, el grupo ciudadano que intentó rescatar a la familia de venados ya había hecho gestiones ante autoridades y el propietario del predio para su reubicación, pero al final no fue posible extraer a los ejemplarespor limitaciones técnicas, logísticas y por la falta de permisos para su manejo ambiental, entre otras. Después el terreno fue «limpiado», se retiró la maleza y solo se quedaron las palmeras del lugar. Los venados quedaron a su suerte.

Los avistamientos no han parado, principalmente en el norte de la ciudad, hacia donde se extienden los proyectos turísticos e inmobiliarios.

Este 2025, otro movimiento ciudadano tomó fuerza en un intento de protegerlos. La organización Interacción Luciérnaga, en alianza con otras agrupaciones ciudadanas e instituciones de investigación, ha estado realizando recorridos y actividades de educación ambiental en las inmediaciones del estero del Yugo y Cerritos para dar a conocer la biodiversidad de la zona, en la que confluyen ecosistemas de manglar, selva baja caducifolia, una laguna costera y playa.

Con ello intentan impulsar la creación de un santuario para venados, según han estado informando a través de sus redes sociales. Por el momento, el proyecto no ha logrado concretarse dado a que los predios colindantes tienen diferentes estatus de propiedad y porque aún no se logra conjuntar las voluntades de las autoridades y particulares que tienen el poder de decisión. Pero no han cesado en sus gestiones.

La representación del venado cola blanca en Mazatlán

En lengua náhuatl, Mazatlán significa tierra de venados. El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La ciudad cuenta con tres monumentos insignia, el primero se instaló en el paseo Olas Altas y el segundo en el cruce de las avenidas de los Deportes y Leonismo Internacional. El tercero, de color rojo, está en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico.

El equipo de béisbol local lleva el nombre de ese mamífero hervívoro con agudos sentidos de la vista, olfato y oído. La Isla Venados, área natural protegida ubicada frente a la bahía de Mazatlán, también le rinde honores. Además, este animal simboliza al mundo natural en la danza de origen prehispánico más representativa de Sinaloa: la danza del venado.

Pese a su simbolismo y referencias bioculturales, el venado cola blanca e infinidad de especies de flora y fauna, siguen siendo expulsadas y exterminadas por la expansión urbana descontrolada que en solo 30 años creció más del doble, según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024. Encuentra los detalles de este documento aquí.

DATO

Según datos publicados en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen 38 subespecies de venado en el continente américano, «de las cuales 14 tienen por hábitat tierras mexicanas, es decir, el 47% de las existentes desde Canadá hasta Ecuador, y ocho son endémicas de México, lo que cobra importancia global».

La entrada Venados de Mazatlán siguen siendo expulsados y nadie hace nada por ellos se publicó primero en Son Playas.

El periodo de consulta concluye el próximo martes 27 de agosto. Las solicitudes de ampliación se presentaron mediante oficio dirigido al alcalde Édgar González Zataráin y al Instituto Municipal de Planeación (Implan) entre el 22 y 29 de julio por parte de las organizaciones Viva la Ola, Maz Conciencia, Consejo Ecológico de Mazatlán, Maz Orden, Red de Educadores Ambientales de Sinaloa, Endémica y el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable, (Imdesu).

Como respuesta, a través de un oficio fechado el 30 de julio, el Implan informó que habría audiencias públicas el 14 y 16 de agosto y que estaba dispuesto a realizar una reunión de trabajo con las organizaciones interesadas, pero dentro del periodo de consulta establecido. Por otra parte, aclaró que los archivos informáticos que contienen los mapas solicitados (en formato shape) fueron elaborados por la Consultora PPI, los cuales no estaban disponibles para ser compartidos en virtud de ser planos editables de trabajo y en proceso de elaboración, según consta en el documento del cual Son Playas tiene copia.

La solicitud de recalendarización se debe a que el plazo de consulta, que abarca del 9 de julio al 27 de agosto, coincide con el periodo vacacional establecido por la SEP, 16 de julio al 26 de agosto, fechas en que la mayoría de los profesionistas interesados en el tema territorial se ausentan de la ciudad.

«El plazo establecido limita grandemente la participación de aquellos interesados en expresar su opinión, aportar información sobre los temas abordados y aumentar la calidad de las propuestas vertidas en el documento citado», expuso Maz Orden, colectivo compuesto por personas del ámbito científico y académico que se interesan en la temática.

Al no obtener una contestación positiva en el ámbito municipal, el 15 de agosto ese colectivo solicitó la ampliación de la consulta pública ante el Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) del estado, Luis Alexis García Yuriar.

Exigen «que no sea un proceso de mera simulación»

Maz Orden también pidió a la dependencia estatal los mapas legibles que indican los usos de suelo y el número máximo que se puede construir en un inmueble de la zona urbana del municipio, pues los mapas que están disponibles para la consulta pública son de baja calidad, la imagen se distorsiona y no permite que las personas puedan hacer un análisis de la información.

En ese mismo documento se enfatiza la importancia de que en el periodo de consulta se puedan plantear mejores propuestas para promover el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio de Mazatlán por lo menos para los próximos 20 años.

«Con la recalendarización los diferentes grupos de la sociedad podremos analizar el documento de manera colectiva y colegiada con expertos e interesados en diferentes disciplinas y de forma democrática construir un instrumento donde se vean reflejados nuestras garantías», se indica.

«Si el objetivo de consulta realmente es democratizar el proceso, la recalendarización y entrega de planos permitirá que la consulta logre una mayor participación e integre el punto de vista de todos los interesados en participar y asegurar los derechos de la ciudadanía y no sea un proceso de mera simulación», concluye el oficio dirigido a García Yuriar, quien dio contestación por escrito el 22 de agosto.

En su argumentación, el servidor público indica que la consulta se realizará por un total de 49 días, cumpliendo con el plazo no menor a 45 días naturales que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.

«Debido a que el calendario de la consulta pública está en conformidad con la ley vigente no es posible recalendarizarla sin contravenir las disposiciones legales establecidas», concluyó.

También lee: En consulta pública el programa que regula los usos de suelo en la zona urbana de Mazatlán.

La respuesta inconformó a las organizaciones, a las cuales Son Playas consultó hoy para corroborar su participación en la gestión de ampliación y para conocer su postura ante la negativa, en un contexto de acelerada expansión urbana y pérdida de biodiversidad en Mazatlán.

«Opinamos que está mal porque se supone que es una etapa de consulta y nosotros formalmente solicitamos que se ampliara para emitir una mejor opinión y revisar con más detalles los documentos y los recursos, en este caso los mapas, pero se nos negó ese derecho», manifestó la organización Endémica a través de su vocería.

Por su parte, Maz Orden informó que también se pidió el apoyo del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, quien a su vez solicitó al Implan, Ayuntamiento de Mazatlán y Sebides atender y dar respuesta positiva a la petición del colectivo para impulsar mecanismos efectivos de participación que favorezcan el involucramiento social en la vigilancia y rendición de cuentas de las decisiones de gobierno. Pero las gestiones no fueron suficientes para conseguir que se extendiera la fecha de consulta pública.

Proceso de consulta del Programa de Desarrollo Urbano

El aviso del inicio de consulta se dio el 3 de julio por parte del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; el enlace del documento se publicó al siguiente día en el portal del Ayuntamiento de Mazatlán, el cual volvió a cargarse en la plataforma el 9 de ese mes; a partir de ese día corre el periodo oficial de consulta, la cual concluye el martes 27 de agosto al no haberse otorgado la ampliación solicitada por especialistas en diversas disciplinas.

El artículo 97 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa indica que la unidad encargada de la planeación del municipio, en este caso el Implan, organizará, coordinará y conducirá las consultas y deliberaciones con la ciudadanía y con los grupos organizados de la sociedad civil que manifiesten interés en participar, lo que incluye la realización de talleres, consultas y un calendario de audiencias públicas «no menor a cuarenta y cinco días naturales», es decir, el plazo puede ser mayor.

Para que las personas puedan participar en la consulta del Programa de Desarrollo Urbano y presentar por escrito sus planteamientos, primero deben conocer lo que contiene el documento, por lo que el municipio debe realizar presentaciones al iniciar el periodo de consulta y ponerlo a disposición de la población. El programa está disponible en los portales del Ayuntamiento y del Implan.

Por parte de la Sebides se explicó que el proceso municipal está alineado a la actualización del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que inició el 30 de enero de este año y que implica la renovación de los instrumentos de planeación de los municipios, en donde se incluye a Mazatlán. Desde entonces se han realizado reuniones técnicas con instituciones relacionadas con la planeación y gestión territorial municipal para revisar la zonificación secundaria, según el oficio enviado a Maz Orden. En Mazatlán también se realizaron dos talleres el 19 de junio se realizaron dos talleres mientras que el 14 y 16 de agosto se realizaron dos audiencias públicas.

La entrada Niegan ampliación del plazo de consulta del Programa de Desarrollo Urbano de Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

La corrupción tiene muchas formas de manifestarse, en temas de medio ambiente  no es la excepción. La no aplicación de leyes o la distorsión de políticas públicas han propiciado la explotación de acuíferos, deforestación, degradación de ecosistemas y cambios de uso de suelo que están impidiendo un desarrollo sustentable en el municipio y el estado.

Así lo manifestaron mazatlecos y mazatlecas en el marco de la presentación de la convocatoria  para constituir la Red Ciudadana  Anticorrupción  que convoca el Consejo de Participación  Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal  Anticorrupción de Sinaloa (SEMAES).

En este encuentro, los asistentes tomaron la palabra para exponer cómo es que la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción pueden afectar el medio ambiente y para proponer que estos temas sean llevados ante el Sistema Anticorrupción a través del CPC.

Una de las principales preocupaciones manifestadas por representantes del sector académico, científico, empresarial y social es el cambio de uso de  suelo para favorecer la actividad inmobiliaria e industrial, aunado a la privación  del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación de los instrumentos de planeación correspondiente.

«En el proceso de consulta para la definición de un Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, arbitrariamente cancelaron las reuniones en Ahome y Mazatlán para centralizar las consultas en Culiacán por razones evidentes. Nos dejaron sin la posibilidad de ejercer nuestros derechos, tenemos derecho a ser consultados, tenemos derecho a participar», señaló una de las personas que acudieron al evento.

En este programa, agregó, se contempla en la Bahía de Ohuira (Ahome) un uso de suelo industrial a pesar de que es un sitio Ramsar y alberga islas que están protegidas por el decreto de Áreas Naturales Protegidas del Golfo, es decir, le están dando un uso industrial cuando debería ser de conservación, refirió.

Tambien lee: Sin manglares, Mazatlán será más vulnerable al impacto de los huracanes

Mazatlán, sin ordenamiento ecológico

Otra de las personas expuso la necesidad de que Mazatlán cuente con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, documento que regula la conservación del patrimonio natural, a propósito de la expansión  del desarrollo inmobiliario  que se vive en la ciudad y que ya alcanzó  asentamientos rurales.

«Una prioridad que hace falta en el municipio de Mazatlán es la realización del Programa de Ordenamiento Ecológico, como sabemos se está dando la construcción de los fraccionamientos, de las torres  y me acabo de enterar que no hay recursos para hacer tal instrumento, entonces qué se va a hacer si queremos evitar la omisión por parte de la autoridad, qué tenemos que hacer», apuntó.

Aunado al boom inmobiliario, se extraen grandes cantidades de recursos pétreos como la arena, grava y piedra, lo que ha ocasionado una sobreexplotación de cauces de ríos y vasos naturales.

«Todos esos hoteles que se están construyendo de dónde está saliendo el material para la construcción, están socavando todos los mantos freáticos del río Presidio para sacar arena, grava, piedra y las constructoras tiene permiso para eso»,  manifestó  otro ciudadano.

No dejes de leer: Una familia de venados quedó atrapada por el desarrollo urbano

También se habló de la necesidad de impulsar una cultura de la legalidad y de esquemas de participación ciudadana efectivos. Se cuestionó las capacidades y alcances tanto del CPC como del SEMAES para atender y dar curso a las faltas administrativas y hechos de corrupción asociados a la gestión del suelo, los impactos ambientales y obra pública.

Otro de los asistentes mencionó que la falta de mantenimiento y supervisión en la maxipista Mazatlán Culiacán debería considerarse un acto de corrupción que propicia accidentes carreteros mortales como el ocurrido la semana pasada a la altura de Elota.

En respuesta a las inquietudes, el presidente del CPC y del SEMAES, Fernando Ruiz Rangel, dijo que se requiere fortalecer la participación ciudadana organizada para incidir en las políticas públicas anticorrupción.

Por su parte, la comisionada Raquel Zapien mencionó que todas las acciones de autoridad implican procesos administrativos que están regulados por un marco jurídico que debe respetarse. A través de la mejora regulatoria y acciones de transparencia proactiva, añadió, podrían colocarse candados a la toma de decisiones discrecionales, incluidas aquellas relacionadas con la gestión del suelo. Este tema ya forma parte del programa de trabajo del CPC.

Rosa Elvira Jacobo Lara, Lucía Mimiaga León y Emanuel Espinoza Salcido, también integrantes del CPC, alentaron a la ciudadanía y sectores a participar en la prevención y combate a la corrupción a través de la Red, cuya convocatoria y formularios de registro se pueden consultar en este enlace.

¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana?

El Comité de Participación Ciudadana es el vínculo entre la sociedad y los entes que conforman el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Está compuesto por cinco integrantes ciudadanos que son seleccionados en un proceso abierto por parte de otros ciudadanos.

Además de la vinculación, también tiene facultades para impulsar mecanismos de participación ciudadana así como presentar propuestas e insumos para el diseño, promoción, evaluación y modificación de la política pública anticorrupción. Quien preside el CPC también encabeza el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

¿Para qué una Red Ciudadana Anticorrupción?

La Red Ciudadana Anticorrupción será un espacio para hacer propuestas y planteamientos para prevenir y combatir la corrupción , así como mejorar y evaluar las políticas públicas en la materia.

Trabajará en la elaboración de una agenda estratégica con las propuestas que se planten a través de mesas temáticas; se creará un catálogo de todos los mecanismos que ya existen para facilitar la participación ciudadana, fortalecerlos e incorporar otros.

El registro para formar parte de la red puede ser a título personal o como integrantes de una organización ciudadana, un cuerpo académico, empresarial o instancia científica a través de la pagina web www.cpcsinaloa.org.mx

También te puede interesar: Renuncian a proyecto inmobiliario y lo convierten en santuario de especies en riesgo, en Mazatlán.

La entrada Hechos de corrupción también afectan el medio ambiente se publicó primero en Son Playas.

Por Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala

Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México.

Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros.

En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal.

Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero.

En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.

En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles.

A todas estas personas las desaparecieron.

Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.

De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.

Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.

Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida. 

Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Global Witness, también consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien, tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos.

El lapso elegido para realizar esta documentación fue desde el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.

Los casos que se encontraron van desde el año 2008. El último registro que incluye esta documentación es del 1 de agosto de 2023, día en que se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Nueve días después fue localizado sin vida. El integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tenía 20 años de edad.

Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas. De las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62 (el 67 %) pertenecen a un pueblo originario.

Seis de cada diez casos que figuran en la base de datos sucedieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de agosto de 2023, se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición; 28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Entre ellos están el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz.

Territorios marcados por la desaparición

El domingo 15 de enero de 2023, las vidas del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron cubiertas por la bruma de la incertidumbre. Ese día fueron desaparecidos mientras viajaban por carretera con destino a Colima. La mañana previa a su desaparición participaron en una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena que se localiza en la región Sierra Costa de Michoacán y en donde funciona una de las minas de hierro más grandes del país.

El caso de Lagunes y Díaz recuerda una vez más que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio.

Así lo confirma el último reporte de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta los asesinatos que sufren los defensores ambientales en todo el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes, al menos, 31 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en México durante 2022. Ese año, el país se colocó —junto con Colombia, Brasil, Honduras y Filipinas— entre los cinco con la mayor cantidad de agresiones letales en contra de estos defensores.

En el caso de México hay un nivel más de violencia: el país es un territorio marcado por la desaparición. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) muestran que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, el país sumó 94 948 personas que se encontraban desaparecidas y no localizadas.

En ese contexto, la violencia de la desaparición en contra de las personas defensoras de bosques, ríos, desiertos, mares y todo lo que implica el territorio es una amenaza cada vez más visible en México.

Si se hace una revisión de lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006 se encuentra que durante el gobierno de Felipe Calderón, el año 2011 sobresale con más casos: de las diez víctimas de desaparición contabilizadas ese año en la base de datos, nueve siguen sin ser localizadas. Entre ellos están tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán.

Esas desapariciones fueron, entre otras cosas, las que detonaron que los habitantes de Cherán expulsaran a los taladores ilegales que estaban terminando con su bosque y pusieran en marcha una estrategia comunitaria para defender su autodeterminación, rescatar sus formas tradicionales de gobierno y de defensa del territorio.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2013 sumó más casos. Ese año, al menos cuatro personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, una de ellas sigue sin ser hallada.

Tres meses antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, en agosto de 2018, fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, indígena nahua y activo opositor al proyecto hidroeléctrico impulsado en la Sierra Negra de Puebla por una empresa filial al Grupo Ferrominero. “Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %, en partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que a lo largo de 2018 dieron los habitantes de las comunidades para informar de su resistencia.

La base de datos construida permite ubicar al 2021 como el año que concentró el mayor número de casos de todo el periodo analizado: 23 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, 13 fueron localizadas sin vida y 10 siguen sin aparecer.

Desde 2016, el entonces Relator de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su informe temático sobre personas ambientales señaló que “una de las causas sistemáticas de los conflictos en torno a los derechos ambientales es el desequilibrio del poder entre los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales”. 

La defensa cotidiana del territorio

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta las agresiones contra las personas y comunidades defensoras del ambiente y el territorio en México desde 2014. Para realizar el informe que cada año presenta, uno de los mayores retos que ha enfrentado la organización es que las personas “no siempre se asumen como defensoras”, destaca la abogada Luz Coral Hernández.

A partir de los casos que han documentado, los integrantes del Cemda han encontrado que en muchas comunidades “la defensa del territorio es algo que se hace de manera natural, como algo cotidiano y muy personal”.

El 14 de julio de 2021, siete integrantes de la Tribu Yaqui y tres hombres yoris —los yaquis usan esa palabra para denominar a todos aquellos que no pertenecen a la Nación Yoeme— fueron desaparecidos; se los llevaron en el trayecto de Loma de Bácum al rancho comunitario Agua Caliente, en Sonora, mientras transportaban las reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Dos meses después, siete fueron encontrados sin vida. Tres continúan desaparecidos.

“Nosotros consideramos a estos hombres defensores del territorio”, explica la abogada Anabela Carlón Flores, integrante de la Tribu Yaqui y originaria de Loma de Bácum. “Ellos resguardaban un rancho comunitario que permite tener el sustento para la comunidad cuando hay una fiesta o una emergencia”.

Carlón considera que en el ámbito de los derechos humanos muchos conceptos a veces pueden ser “muy limitados” para la compleja realidad que se vive. Esta complejidad se presenta, dice, cuando se trata de explicar lo que en las comunidades indígenas significa hacer una defensa del ambiente y el territorio.

Para los yaquis, por ejemplo, hay un concepto que engloba todo aquello que es el territorio: “Para nosotros el Juya ania es el mundo natural, es ahí en donde está la verdad antigua. Y la verdad antigua no se puede cambiar, porque no puedes vivir sin agua, sin monte, sin aire, sin el clima. Eso es parte de la verdad antigua”.

Es por ello, explica la abogada, que para cada miembro de la Tribu Yaqui resguardar el territorio es una práctica cotidiana y natural, “ahí es donde hemos aprendido a vivir, a leer el clima, a comunicarnos con nuestros ancestros, a entender nuestro mundo”.

Comunidades indígenas, las más afectadas

La base de datos muestra que de los 93 casos de personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición, 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado casos de defensores que han sufrido violencias como asesinato y desaparición en las que no puede descartarse un posible vínculo con sus labores de defensa. Sus datos muestran que desde 2019, al menos, 46 personas defensoras indígenas han sido asesinadas o desaparecidas en el país; de ellas, 32 realizaban actividades vinculadas al medio ambiente.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, detalla que de las 32 personas defensoras ambientales, siete fueron víctimas de desaparición y posteriormente encontradas muertas. Cinco continúan siendo buscadas.

“Las personas líderes de los pueblos indígenas están más expuestas a represalias o acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida”, resalta Peña Palacios.

En 2016, el entonces Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, resaltó que “el origen del creciente número de conflictos sobre el medio ambiente reside en la explotación de recursos que no atiende las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales”.

La abogada Anabela Carlón recuerda que en Sonora los yaquis históricamente han sufrido diferentes tipos de violencia, una de ellas es que se les ha negado su derecho al agua. En las últimas décadas, apunta, esa violencia se ha incrementado por lo que ella califica como “la imposición de megaproyectos”, entre ellos el Acueducto Independencia —para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo— y el gasoducto Guaymas-El Oro; este último sin concretarse, justo por la fuerte oposición de los yaquis. “Ahí comenzaron a darse desapariciones de jóvenes de la comunidad. Empezamos a ver una violencia que no habíamos visto”.

Con la llegada de estos megaproyectos, dice Carlón, también comenzó a ser más evidente la presencia del crimen organizado en la región en donde se encuentran los ocho pueblos de la Tribu Yaqui.

Una presencia cada vez más visible

México vive una “violencia generalizada y sistemática, además de una crisis en materia de derechos humanos. Y en muchos de los territorios en donde se están dando las agresiones contra defensores hay un cóctel de conflictos y presencia del crimen organizado”, afirma la abogada del Cemda, Luz Coral Hernández. 

Para conocer mejor este problema, la base de datos construida por esta alianza de medios registró si en la zona en donde ocurrió la desaparición hay presencia del crimen organizado, de acuerdo con lo reportado por las fuentes periodísticas. Además, se documentó si existe algún conflicto agrario ya sea porque las comunidades buscan que se reconozca parte de su territorio, por diferencias con otras comunidades o porque al interior del ejido o comunidad agraria hay divisiones provocadas, entre otras cosas, porque no se ha respetado la correcta elección de sus representantes.

En 71 de los 93 casos se encontró que hay presencia de grupos del crimen organizado; en 46 había algún conflicto agrario y en 31 se identificaron ambas situaciones. 

A partir de su trabajo como responsable del programa de personas defensoras en la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Sofía Parra identifica que las regiones en donde se da el mayor número de violencias confluyen tres actores: los militares, las empresas extractivistas y las redes ilegales. “Cuando confluyen esas tres cosas es que existe una disputa por el territorio y ahí es donde se dan la mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras”.

Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), observa que en el contexto actual hay dos nuevos retos que enfrentan quienes defienden el ambiente y el territorio. El primero es la dificultad de distinguir las diversas redes de poder que existen en las regiones que habitan, sobre todo ante la extendida presencia del crimen organizado. El segundo es “la invisibilidad de su labor y el menosprecio que se ha generado, desde el poder político, para la defensa de los derechos comunitarios. Eso ha puesto en un grado más de vulnerabilidad a los defensores”.

Cartografía de las desapariciones

En el mapa nacional hay lugares que destacan por integrar aquello que la fotógrafa mexicana Mónica González denominó la Geografía del dolor. Sitios en donde los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones dejan una huella en el territorio y en quienes lo habitan.

En ese mapa aparecen varias regiones en donde hoy se desarrolla una lucha por la defensa del ambiente y el territorio; en donde, además, personas defensoras han sido víctimas de desaparición.

En esa cartografía hay, al menos, 42 municipios ubicados en 15 estados del país. Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco son las entidades que concentran el mayor número de casos de personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición, de acuerdo con la documentación realizada para este trabajo. Con once casos, Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, es el municipio que concentra el mayor número.

Chilapa de Álvarez es un municipio en donde 29.5 % de su población es indígena, sobre todo nahua. En ese territorio, el 31.4 % de la población vive en condición de pobreza extrema y 64.9 % no tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 publicado por la Secretaría de Bienestar.

Este municipio, como muchos de los localizados en esa región de la montaña baja de Guerrero, tiene una alta presencia de grupos del crimen organizado. Ahí, además, se han dado diferentes procesos de organización para la defensa del territorio, entre ellos la creación de las primeras policías comunitarias que surgieron en el país.

Chilapa de Álvarez también es un sitio en donde la violencia de la desaparición ha tocado a familias completas, incluidos menores de edad.

La abogada Luz Coral Hernández destaca que, al realizar la documentación para el informe anual sobre defensores del Cemda, han observado que en los últimos años las agresiones también se extienden a las familias de los defensores del ambiente y el territorio.

El 19 de diciembre de 2018, por ejemplo, personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse en el lugar, pero la comunidad no lo permitió. Antes de abandonar el sitio, el grupo armado se llevó a Alberto Espiridión Ignacio, a su madre, a sus dos hermanos, a su esposa y a sus hijos. En total fueron 12 personas, entre ellos nueve menores de edad que, en el momento en que los desaparecieron, tenían entre 17 y 3 años. Eso provocó desplazamiento forzado y que el poblado quedara abandonado.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, dichos pueblos también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”, comenta Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH.

Chilapa de Álvarez —municipio de donde se llevaron a la familia— se encuentra en un corredor estratégico para el cultivo de amapola y trasiego de droga. Además, es una zona en donde hay importantes recursos forestales y minerales.

De hecho para este proyecto periodístico, el GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó un mapa de las concesiones mineras en Guerrero. Y encontró que en todo el territorio de Chilapa de Álvarez y los municipios aledaños hay trámites para concesiones mineras.

En Chilapa de Álvarez hay trámites para dos enormes concesiones que cubren aproximadamente el 94 % de la superficie total del municipio.

La base de datos creada para este trabajo periodístico también permite conocer que en 19 casos se había denunciado tala ilegal en la zona. Esta amenaza se encuentra presente y en mayor escala en Michoacán y Oaxaca.

En el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca, la indígena mixteca Irma Galindo Barrios empezó a denunciar desde 2019 la tala de árboles en un área comunal, desde entonces sufrió agresiones y amenazas. De ella no se sabe nada desde octubre de 2021.

Empresas mineras dominan el paisaje

Al menos 20 personas defensoras que fueron víctimas de desaparición residían en municipios en donde había un conflicto relacionado con la actividad minera; seis de ellas están aún desaparecidas y a cinco las encontraron sin vida. Entre ellos está Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, a quien desaparecieron el 1 de abril de 2023. Tres días después, encontraron su cadáver.

Desde hace nueve años, Meyatzin Velasco y otros integrantes del Centro Prodh asesoran a los habitantes de San Juan Huitzontla que buscan que el Estado cancele las concesiones mineras que hay en todo su territorio. Eustacio Alcalá era uno de los líderes más activos en contra de la minería.

San Juan Huitzontla se encuentra en el municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán. En Aquila, el municipio vecino, está una de las minas de hierro más grandes del país.

En ese municipio, al menos nueve personas defensoras del ambiente y el territorio que vivían o trabajaban en Aquila han sido víctimas de desaparición; de ellas seis siguen sin ser localizadas.

Los habitantes de San Juan Huitzontla detectaron que había trabajos de exploración minera en sus terrenos al encontrar vacas muertas a las orillas de uno de los ríos. Poco tiempo después se enteran que hay varias concesiones mineras en su territorio; algunas entregadas a las empresas Las Encinas, filial de Ternium —la mayor productora de acero en Latinoamérica—  y a Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente.

En una asamblea realizada en 2017, la comunidad declaró su territorio libre de minería. A partir de ahí, junto con los abogados del Centro Prodh, comenzaron una lucha jurídica reclamando el reconocimiento del territorio indígena y la cancelación de las concesiones. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas.

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

“No desligarse de su responsabilidad”

Desde hace 20 años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documenta abusos cometidos por las empresas en contra de defensores de derechos humanos en todo el mundo. A partir de 2015, la organización no gubernamental comenzó a realizar una base de datos sobre ataques en contra de personas defensoras y que estén relacionados con un sector empresarial, algún proyecto económico o una empresa específica. 

Desde 2015 y hasta julio de 2023, el centro había documentado 4,815 ataques a personas defensoras en todo el mundo, 3,488 habían sido en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

El centro también ha documentado que, al menos, 33 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el mundo han sido víctimas de desaparición. La mayoría de esos casos (26) ocurrieron en América Latina. En México, el centro tiene el registro de seis personas defensoras del ambiente y el territorio que están desaparecidas.

“Estas cifras son la punta del iceberg, ya que sólo muestran aquellos casos que se pudieron documentar a través de fuentes públicas”, explica Hannah Matthews, investigadora del equipo de libertades cívicas y personas defensoras de derechos humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Matthews resalta que, en su documentación, “la minería ha sido consistentemente el sector más peligroso para las personas defensoras desde que comenzamos el monitoreo en 2015”. Tan sólo en 2022, casi el 30 % del total de casos que documentaron estuvieron relacionados con la minería.

“Si bien no podemos asegurar una relación directa de las empresas con esas desapariciones, muchas veces sí existe un beneficio directo para la empresa al silenciar a las personas defensoras que se oponen a sus proyectos”, apunta la investigadora del centro.

Matthews menciona que las empresas “no pueden desligarse de su responsabilidad en lugares con conflictividad social… Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, pero también de hacer procesos rigurosos de debida diligencia antes, durante y después de sus actividades”.

Un mecanismo de protección sin eficacia

Desde junio de 2012, México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El abogado Ricardo Lagunes Díaz, desaparecido en enero de 2023, contaba con medidas de protección del mecanismo, debido a las amenazas que ya había recibido por su trabajo como defensor de derechos humanos, acompañando legalmente desde personas que han sido encarceladas injustamente hasta comunidades que luchan para evitar el despojo de sus tierra común o en contra de las empresas eólicas.

“El mecanismo no está logrando garantizar un entorno seguro para las personas defensoras”, resalta la abogada Luz Coral Hernández, de Cemda.

Para Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, el Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. “Es necesario que otras autoridades se involucren”, dice, sobre todo porque fortalecer el Mecanismo sería una acción insuficiente si no se acompaña de otras medidas “tendientes a la creación de una política pública integral” y, en especial si no se investigan, juzgan y sancionan las agresiones que sufren los defensores.

Esto último es otra de las deudas que tiene el país. Omar Esparza, director del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), recuerda que “hay una lista enorme de defensores de tierra y territorio que han sido asesinados o desaparecidos y que sus crímenes siguen en total impunidad”.

Además del mecanismo, México es uno de los países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2022 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

“El Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta muy útil para cambiar este panorama que estamos observando”, dice Hernández. Y pone un ejemplo: el Poder Judicial podría utilizar Escazú para suspender proyectos que están afectando a comunidades y en donde los datos muestran que han existido agresiones en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

“Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”

En el idioma Yaqui existen palabras para referirse a quienes “se perdieron” o a quienes “se acabaron” o fallecieron, pero no hay una palabra para nombrar a quienes desaparecieron.

Anabela Carlón recuerda que cuando desaparecieron  los hombres yaquis de Loma de Bácum, en la comunidad hubo mucha empatía y solidaridad con las familias de los desaparecidos. “La misma comunidad comenzó a cuidarse más y se afianzó aún más el proceso de defensa del territorio”.

Eso no sucede en todos los casos. Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, dice: “La desaparición de una persona defensora tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo comunidad del cual era parte, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”.

Anabela Carlón considera que la defensa del ambiente y del territorio no se debe detener cuando una persona defensora fue asesinada o desaparecida: “Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”. 

Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, resalta que los defensores de ambiente y territorio “son fundamentales para ayudarnos a imaginar alternativas no sólo de gestión gubernamental, sino también de soluciones de cuidado de la tierra, porque lo poco que nos queda, ellos lo han resguardado”.

Ellos, enfatiza Velasco, “siguen generando una articulación comunitaria que nos muestra que solos no podemos. Los necesitamos para poder cuidar lo poco que nos queda si queremos seguir viviendo en el planeta Tierra”.

Por ello, cada vez que asesinan o desaparecen a una persona que defiende su ambiente y territorio, esta pérdida es colectiva. Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, lo plantea de esta forma: “Perdemos todos: quienes los acompañamos, la sociedad, los bienes naturales, las comunidades. Perdemos una oportunidad para encontrar soluciones para vivir mejor”.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración: Tobías Arboleda. Diseño de visualizaciones: Rocío Puga. Programación de visualizaciones: Daniel Gómez Hernández. Análisis de base de datos: Andrés de la Peña y Efraín Tzuc. Mapas: GeoComunes

También te puede interesar:

Maíz criollo, la otra cara del campo sinaloense

Comunidades rurales cuidan la Meseta de Cacaxtla

Deforestación daña los acuíferos que nos surten de agua

La entrada A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México se publicó primero en Son Playas.

El evento presencial y gratuito, organizado por Son Playas con el apoyo de del Fondo de Acción Solidaria (FASOL) y Bosque a Salvo I.A.P., tuvo un registro formal de 92 personas, aunque la asistencia rebasó los cien asistentes.

Durante dos días, se expuso ante la audiencia cuáles son los instrumentos de planeación territorial urbana y ambiental en el ámbito nacional, estatal y municipal, su marco jurídico, importancia y alcances.

También se explicó que existen diferentes vías para gestionar la protección del ambiente y el territorio, ya sea mediante la prevención, la acción contenciosa o reparación del daño.

Con base en este conocimiento es posible que la ciudadanía realice una defensa social y legal de los bienes comunes, tanto ambientales como territoriales, además de incidir en la construcción de la agenda ambiental y territorial de los gobiernos, señaló el abogado Tripp Rivera, quien ha sido asesor de organismos internacionales, dependencias públicas de los tres niveles de gobierno, núcleos agrarios y de comunidades indígenas, con relación al marco jurídico y a la gestión ambiental, territorial y de los recursos naturales.

Se interesan en la gestión del suelo y participación social

Como parte del programa anunciado previamente, se abordaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de la base constitucional de desarrollo urbano y las atribuciones que los municipios tienen en esta materia. Por ejemplo, el artículo 115 constitucional establece que los municipios están facultados para:

• Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal.
• Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
• Otorgar licencias y permisos para construcciones.
• Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

Posteriormente se expuso el sistema de competencias de cada nivel de gobierno en torno al ordenamiento territorial y finalmente se hizo referencia a las etapas para la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial Urbano de Mazatlán, el cual se encuentra en etapa de elaboración tras un proceso de consulta pública por parte del Instituto Municipal de Planeación (Implan), y del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (que aún no existe).

En el transcurso del curso se mencionó que los poderes públicos sólo pueden hacer aquello que disponen las leyes (bajo el principio de legalidad) y de lo contrario, sus actos serán inválidos.

Este curso forma parte del programa de capacitación que Son Playas impulsa desde el año pasado para apoyar el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, luego de que lectoras y lectores de este medio de comunicación han manifestado su interés en participar a favor del entorno natural, entre otros temas de interés común, pero no saben cómo lograrlo. Este es el segundo curso que Manuel Tripp Rivera imparte en coordinación con Son Playas.

GALERÍA

El curso se realizó en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, gracias a la gestión de la doctora Laura Rivera, coordinadora de la carrera en Gestión Costera de la Facultad de Ciencias del Mar.

Notas relacionadas:

Muestran esfuerzos a favor del medio ambiente en aniversario de Son Playas

Son Playas obtiene mención honorífica en Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2021

Comparten sus experiencias al trabajar con temas de medio ambiente y ciencia en aniversario de Son Playas

Jornada de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente, en el aniversario de Son Playas

Son Playas invita a Curso de Gestión Social para la Protección del Ambiente

La entrada Aprenden sobre participación social en temas ambientales y de gestión del suelo se publicó primero en Son Playas.