Vecinos de diversos fraccionamientos de Mazatlán exigen que se reabra el acceso de playa en un sector de la avenida Sábalo-Cerritos, junto a la torre de condominios Pearl Tower, luego de que se construyeron bardas sobre dicho andador para impedir el paso de las personas.
Los muros fueron derrumbados por los habitantes de la zona el jueves y viernes de la semana pasada por considerar que obstaculizar el libre tránsito a este espacio público es ilegal. Sin embargo, se levantó otra pared y se añadió una cerca electrificada, según se pudo observar ayer por la tarde durante un recorrido realizado por Son Playas.
Ahí mismo se encontraba un guardia de seguridad privada y una lona con el nombre de un Director Responsable de Obra (DRO), Joaquín Xamán Rodríguez. En el letrero también aparece el logo del Colegio de Arquitectos de Mazatlán A.C. y se hace referencia a un permiso de construcción con el número 158458, cuya vigencia es de 31 de julio del 2014 al 31 de julio de 2025.
El permiso de construcción al que se hace referencia en el letrero fue otorgado el 31 de julio de este año con el nombre de Real del Mar y clave catastral 11-000-025-003-432-001, según la evidencia mostrada por los inconformes.
Entrevistadas por separado, las personas afectadas aseguraron que el citado desarrollo vertical ha intentado apropiarse del paso de playa en varias ocasiones; el año pasado, por ejemplo, se instaló una malla metálica que también fue retirada por los vecinos.
Informaron que en esta agrupación vecinal participan habitantes de los fraccionamientos Villas del Mar, Royal Country, Villa Marina, Villa Cerritos, Villa Tranquila, Coto Diamante y Coto Mareta, además de dos edificios de condominios ubicados sobre la calle de acceso.
Este conflicto se ha denunciado públicamente y ante autoridades desde el 2022. Ese mismo año, cerca de 200 personas de diversos sectores de la ciudad dieron sus firmas para interponer una demanda colectiva a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública contra la ampliación de palapas y construcciones en playas y sus accesos. Pese a esta acción colectiva, la problemática continúa.
En busca de una solución a este caso en particular, se espera que mañana se realice una reunión entre los representantes del desarrollo inmobiliario y los vecinos inconformes con el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Municipal, Paúl Galindo Maldonado.
¿El acceso de playa tiene propietario?
En octubre de 2022, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Municipal informó a través de una solicitud de acceso a la información pública que el pase de playa en disputa no contaba con registro de propiedad privada.
En ese mismo documento se precisa que la vialidad que sirve de acceso a los condominios circundantes, identificada como «Calle Circunvalación Pórtico de Acceso», formaba parte de la vía pública para beneficio común, aunque carecía de escritura pública. Pese a ello, en dicha calle ya se han construido dos edificios de departamentos mientras que el acceso de playa ha sido cerrado en varias ocasiones.
Quienes están en contra del cierre del andador presentaron una copia digital del título de concesión que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó por quince años al Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V. (desarrollador inmobiliario que construyó la torre) en el año 2006, el cual venció en 2021. La concesión DGZF-120/07 muestra el número de expediente 1490/SIN/2006.
Argumentan que aún y cuando la concesión estuviera vigente, no habría razón en cerrar el paso, pues la Ley General de Bienes Nacionales establece en su artículo octavo que «el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento».
Además, en el artículo 127 se especifica que en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, «los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento».
Las sanciones para quienes impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas va de los 325 mil 590 pesos a 1 millón 302 mil pesos, según la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente. En caso de reincidencia podría revocarse la concesión, autorización o permiso, según el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
Piden que autoridades rindan cuentas
Los vecinos advirtieron que seguirán manifestándose en tanto no se libere el acceso de playa y de ser posible, que se le declare oficialmente y por escrito como servidumbre de paso para evitar que a futuro se intente cerrar otra vez; también demandarán que se frene la contaminación por basura y descargas de aguas negras en las playas de esa zona.
Adelantaron que en su lista de peticiones incluirán que se revise la declaración patrimonial, de intereses y fiscal de los funcionarios municipales, según lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, para descartar un probable enriquecimiento ilícito asociado al otorgamiento de permisos de construcción u omisiones a lo largo de toda la franja costera y otros sectores con fuerte demanda en el mercado inmobiliario. De acuerdo al artículo 33 de dicha ley, los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial al inicio de sus funciones, cuando haya una modificación y al concluir su cargo.
