El libre tránsito en esta playa, frecuentada por surfistas, se ha visto obstruido con la instalación de cercas y un contenedor.
La Operadora y Administradora de Playas del Ayuntamiento de Mazatlán solicitó por escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) su intervención en el caso del cierre del acceso a la playa El Camarón por parte de un particular para que investigue y, en su caso, sancione por la obstrucción del libre paso y por iniciar obras sin autorización.
En un documento oficial dirigido al biólogo Pedro Luis León Rubio, encargado del Despacho de la Profepa en Sinaloa, la Operadora de Playas le pidió que realice un procedimiento de inspección y administración procedente como autoridad competente para regular lo que corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la posible invasión a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
En el oficio, con fecha 10 de diciembre de 2024, también se precisa que el Ayuntamiento de Mazatlán es coadyuvante con la Federación para impulsar acciones que garanticen el saneamiento, limpieza, conservación y cumplimiento de la normatividad federal.
Lo anterior, luego de que el pasado 21 de noviembre pescadores, buzos, vendedores, colectivos y organizaciones de surfistas se manifestaron contra el cierre del acceso a esta playa ubicada en la avenida Camarón Sábalo. Ese día, los manifestantes abrieron la malla metálica y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Municipal colocó sellos de clausura, ya que la cerca instalada para impedir el paso no tenía permiso de construcción.
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“Entendemos que la Profepa tiene sólo dos inspectores para el sur de Sinaloa, por eso como parte de nuestras facultades de coadyuvancia con la Federación estamos dándole vista en términos legales para que proceda, porque aparentemente hay una invasión al a zona federal por el lado de la playa por el cercado que hicieron y una construcción que ya la clausuró Planeación que es ilegal», explicó Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas (OAP).
Además, agregó, en este caso es necesario hacer el deslinde de la zona federal para definir si hay invasión y verificar si se cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como marca la normatividad, lo cual, al parecer, no existe.
«Todas las obras desarrolladas en las zonas costeras deben tener un estudio de impacto ambiental autorizado por la Semarnat, que no es el caso, y entre otros muchos requisitos, es solicitar la licencia de construcción ante el Ayuntamiento, no lo hicieron», enfatizó.
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A través del oficio que recibió la Profepa, se sustenta la petición de intervención en la Ley General de Bienes Nacionales que mandata a los particulares “garantizar el derecho para el goce y disfrute de las playas marítimas” establecida en los Artículos 8, 127 y 154; también alude al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar que, en su Artículo 17, establece el procedimiento para proceder a la expropiación del acceso necesario para ingresar a las playas, además al inicio de un proceso penal por la Fiscalía General de la República de ser el caso.
“Entonces, serían dos peticiones: que evalúen el impacto ambiental con el cerco colindante con la zona federal y la otra que procedan», apuntó.
Ponen contenedor para obstruir el paso
A finales de noviembre se colocó una cerca metálica para delimitar el perímetro del predio que colinda con la playa El Camarón, abarcando parte de la zona federal marítimo terrestre.
Después, durante la media noche del martes 10 de diciembre, un contenedor fue instalado en el pasillo de acceso a esa playa reduciendo el ancho del acceso a unos 70 centímetros aproximadamente. Justo aquí, se había colocado la cerca que fue derribada por manifestantes y clausurada por la autoridad municipal el 21 de noviembre.
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Al respecto, García Contreras consideró que estas accion representa un obstáculo directo a los usuarios. Pero no solo eso, pues desde hace días los particulares han trabajado en otras obras de cimentación en esa zona.
Aclaró que el desconocimiento de la Ley no exime de su responsabilidad y que el Gobierno municipal está abierto al diálogo con la Profepa y los particulares para no afectar la principal actividad económica del puerto que es el turismo y «que ellos mismos no pongan en riesgo, a corto plazo, sus propias inversiones”.

