• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población que establecerá los usos de suelo dentro de la zona urbana de Mazatlán, restricciones y parámetros para las edificaciones ya entró en el proceso de consulta pública por un periodo de 45 días.

El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dio el aviso de la consulta el miércoles 3 de julio. El documento estuvo oficialmente disponible el siguiente día en el portal del Ayuntamiento de Mazatlán. El enlace del documento se volvió a publicar el martes 9 de julio y a partir de entonces podrá consultarse por el lapso señalado.

Este documento con validez legal considera una prospección del año 2023 al 2050. Aquí se indica cuáles áreas de la ciudad no son urbanizables, las ya urbanizadas y las que, según el pronóstico, deberán urbanizarse en el futuro, en función del crecimiento esperado; a estos criterios se les denomina zonificación primaria.

En dicho instrumento de planeación se establecen las normas que regulan el uso del suelo y sus compatibilidades en el municipio (zonificación secundaria) y se imponen restricciones en cuanto a la ocupación y utilización del suelo, además de especificar los parámetros para
las edificaciones.

«Entonces, en todo este crecimiento inmobiliario que se está teniendo, este programa es una guía para el ordenamiento a futuro, a corto, mediano y largo plazo para que efectivamente esta pueda parecer una ciudad planeada», señaló Leticia Alvarado Fuentes, directora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

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Cualquier persona u organización podrá revisar el Programa y presentar observaciones o propuestas durante la etapa de consulta.

El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) va a sustituir al Plan Director de Desarrollo Urbano de Mazatlán que entró en vigencia el 3 de marzo de 2014 con el objetivo de guiar el desarrollo urbano ordenado a través de la zonificación de usos de suelo con base en la vocación económica y de los diferentes sectores urbanos así como en la compatibilidad entre usos de suelo.

«Es la actualización de ese documento con otro nombre de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano», precisó Alvarado.

En este caso, se contempla derogar algunos de los programas parciales que el Implan elaboró anteriormente, como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Corredor Mazatlán-Villa Unión, que se creó para marcar las directrices del desarrollo industrial y diversificación económica del municipio con una visión metropolitana.

El Programa puede descargarse en este enlace y las opiniones pueden enviarse a: vinculacion@implanmazatlan.mx o llevarse impresas a las oficinas del IMPLAN Mazatlán ubicadas en Venustiano Carranza #7, Centro (Interior del Museo de Arte). Cualquier duda favor de comunicarse al (669) 9814791.

Proyectos estratégicos ambientales y territoriales

El diagnóstico que sirvió de base para la elaboración del PDUCP que actualmente se encuentra en la etapa de consulta pública incluye un listado de 14 proyectos estratégicos con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Aquí se incluye un Programa Integral de la Cuenca Urbana, que considera impulsar y crear figuras de protección y manejo para los cuerpos de agua de la laguna del Camarón, arroyo Jabalines, estero El Infiernillo, zona sur del estero de Urías y La Sirena.

De igual forma se propone impulsar acciones para integrar canales, escurrimientos y cuerpos de agua de la ciudad; realizar un inventario de áreas verdes de la ciudad e impulsar corredores verdes urbanos; arborización en espacios abiertos y áreas verdes con especies nativas, aunado a la reposición de la masa vegetal en los cuerpos de agua principales.

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En el eje ambiental y de resiliencia territorial, se contempla un proyecto para la mitigación de riesgos de inundaciones y control de descargas de agua residual; en este rubro también se propone un programa para la gestión integral de los residuos sólidos de la ciudad.

Entre los proyectos estratégicos enmarcados en el eje social y cultural se plantea promover el crecimiento hacia el interior de la ciudad, un programa sectorial de vivienda y un plan integral de agua de la ciudad a través del cual se realicen estudios para evaluar la capacidad de recarga de la cuenca urbana; además de implementar sistemas de captación de agua pluvial a nivel macro y a nivel de vivienda.

En el ámbito institucional y de gobernanza, el PDUCP plantea la necesidad de actualizar el Reglamento de Construcción con un enfoque social y ambiental del suelo; elaborar reglamentos de imagen urbana y de estacionamientos en la vía pública; actualizar el Plan parcial del Centro Histórico y elaborar un programa de movilidad urbana sustentable.

Este eje también considera entre sus prioridades la creación del Sistema de Información Urbana de la Ciudad de Mazatlán que permita implementar un visor urbano que muestre todos los fraccionamientos que han sido aprobados al igual que las zonas de riesgo o no aptas para el desarrollo urbano, los predios vacantes y toda la información relacionada con instrumentos de planeación vigentes, así como el Atlas de Riesgo.

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Otros proyectos estratégicos

En el documento se incluyó como proyecto estratégico la ampliación y modernización del puerto y terminal turística; lo que implica la elaboración de estudios de factibilidad, impacto ambiental y urbano para la construcción de una nueva terminal para cruceros, Ferrys y una nueva terminal portuaria de usos múltiples.

También se aborda la creación de clúster logísticos e industriales para impulsar la distribución de mercancías y el impulso de la movilidad urbana sustentable de la ciudad, lo que haría necesario definir corredores de transporte público que promuevan la integración de distintos modos de transporte y la reestructuración de las rutas de transporte público, entre otras acciones.

De igual forma se incluye un proyecto para el establecimiento de un sistema de espacios públicos de la ciudad con base en la norma NOM-001-SEDATU-2020.

Antecedentes del Programa

Derivado de las gestiones realizadas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sinaloa, SEBIDES, el pasado mes de diciembre de 2023 se firmó un Convenio de Colaboración para la realización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán (PDUCP). Este Programa fue financiado por INFONAVIT y desarrollado por la Consultora Proyectos y Planeación Integral PPI, fungiendo el IMPLAN Mazatlán como enlace y facilitador de información, datos, cartografías y levantamientos. El trabajo que ha llevado a cabo la Consultora PPI se ha visto reflejado en los siguientes documentos: Tomo I.- Fundamentación y Caracterización, Tomo II.- Modelo de Ordenamiento Territorial y Urbano, así como en 3 Anexos: Zonificación Primaria, Zonificación Secundaria y Tabla de compatibilidad, según informó el IMPLAN.

El aviso para su consulta pública forma parte fundamental en el proceso legal previo a la publicación de este documento rector para garantizar la participación ciudadana en las acciones de planeación.

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Orillados por la defensa de su territorio, ambientalistas y ciudadanos de Sinaloa anunciaron la integración de un frente único para proteger áreas naturales y reservas de cualquier proyecto comercial o desarrollos inmobiliarios que atenten contra su identidad o arrebaten espacios públicos; ésta es la primera vez que se organizan de sur a norte para visibilizar sus causas en un contexto donde México es uno de los países más riesgosos del mundo para defensores medioambientalistas.

En conferencia de prensa así lo informaron representantes de los colectivos que defienden en Mazatlán el Cerro del Crestón y la Isla de la Piedra; y en Ahome, la Bahía de Ohuira. Representantes de estos grupos se concentraron este martes en el puerto para anunciar el primer colectivo en defensa del territorio en el Estado. Su objetivo es fortalecer sus voces en los tribunales donde están en proceso amparos y demandas para detener obras y anular permisos de construcción.

“Nos están quitando nuestras reservas y ¿qué estamos haciendo?, por eso necesitamos unirnos, estar juntos, defender nuestra tierra a pesar de las amenazas”, señaló Claudia Quintero Sandoval, ella pertenece al Colectivo Aquí No que defiende la reserva de Ohuira, un espacio que pertenece a los más de 140 sitios Ramsar en México, protegido por su diversidad biológica y donde se pretende construir una planta de amoniaco desde hace diez años.

Mazatlán: “Es contra las autoridades”

El Colectivo en Defensa del Faro y Cerro del Crestón, en voz del ambientalista Gildardo Izaguirre, anunció que suman cinco amparos presentados en juzgados de Distrito de Mazatlán donde exigen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anule la autorización del permiso para la construcción de una tirolesa en la cima del Cerro del Crestón.

“No es contra un empresario, esto no es personal, es contra las autoridades porque autorizaron una Manifestación de Impacto Ambiental de manera irregular, claramente en la MIA dice que no hay especies en el Cerro y las hay; también es una zona de mucho peligro porque no cumple con la estabilidad y hay riesgo para las personas que quieran hacer uso de esa tirolesa”, comentó.

Durante la conferencia de prensa, comentó que su causa continuará el tiempo que sea necesario y esperan que las autoridades federales resuelvan sus demandas, mientras organizarán actividades para visibilizar que la tirolesa no debe asentarse en el Cerro del Crestón, sino en otra zona que tenga altura como algunas colonias del sur de Mazatlán donde hay cerros que pueden cumplir con los lineamientos.

“Ya hicieron el colado, a mediados de semana hicieron el colado (en la tirolesa), no se ha parado y tiene que ver con las autoridades, nosotros pensamos que están alineados la autoridad municipal y federal, están de acuerdo. Lo que vamos a hacer nosotros es enfocar la lucha para que se anule el manifiesto de impacto ambiental, que se haga otra vez, si se anula se detiene la obra porque cometieron dos errores: uno que hay especies con algún riesgo y la otra que echaron mentiras (con la estabilidad de la zona)”, reiteró Izaguirre.

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Ejidatarios de la Isla de la Piedra se suman al colectivo

El caso de la Isla de la Piedra, es otro donde se ha integrado un colectivo que también defiende territorio, su causa es la defensa del Ejido donde, aseguran, se prepara la construcción de un desarrollo inmobiliario turístico que desplazaría a cientos de familias, provocando un conflicto socioambiental con impacto directo en la ciudadanía.

“Aquí se va a hacer el corredor turístico del Norte, desde Mazatlán hasta Texas, aquí el proyecto que se va hacer es un pequeño Dubai, si se dan cuenta lo edificios que se están construyendo en Mazatlán son como un pequeño Dubai, de hecho nosotros paramos porque están por iniciar dos hoteles y los paramos”, comentó Evelia Peña Sánchez, represente del Colectivo de la Isla de la Piedra.

Aseguró que estas obras comprometen más de 2 mil hectáreas y los dueños de los proyectos turísticos buscan despojarlos de su territorio para dar paso a esa construcción, incluso, ya están proyectados los diseños de esas obras turísticas. Lo que busca el Colectivo es que las autoridades federales como la Secretaría de Marina y Semarnat no autoricen construcciones en ese Ejido, de lo contrario, existe alto riesgo de que los inversionistas desplacen a los ejidatarios de la Isla para imponer desarrollos que implican inversiones millonarias y beneficio directo para quienes pondrán su capital.

Es por eso, dijo, decidieron unirse al Colectivo en Defensa del Territorio de Sinaloa para construir redes de apoyo de otros grupos ciudadanos.

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Ohuira, la obra que no se detiene

Claudia Quintero Sandoval, una de las representantes del Colectivo en Defensa de la Bahía de Ohuira, denunció en la conferencia de prensa que el Ayuntamiento de Ahome recientemente autorizó permisos para continuar con la obra de la planta de fertilizantes.

“Se supone que, en papel, en Leyes, el proyecto está detenido, sin embargo, conocemos que ellos están trabajando, el Ayuntamiento les dio el permiso para trabajar y está detenido porque hay un proceso jurídico y está detenido, sin embargo, vemos avance, de hecho, la semana pasada un grupo de compañeros fue a solicitar al Ayuntamiento la razón de porque están trabajando y ellos externan que no tienen un oficio de un juez federal para no darles el permiso”, comentó.

Esa situación, dijo, los motivó a buscar alianzas estratégicas con otros ambientalistas, así llegaron a los colectivos de Mazatlán.

“Vamos a seguir luchando, ya hace diez años que se inició, que empezaron a rellenar, a cortar mangle, hicieron la plataforma y las naves de administración y ahí se detuvo; de la planta no hubo ni un solo tornillo ahí está la plataforma, pero de la planta no hay avance desde los amparos que se nos han concedido en definitiva”, agregó.

El caso de la planta de fertilizantes de Ohuira ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha expuesto a nivel internacional por el daño que representaría al sitio Ramsar.

En este contexto, los colectivos pretenden un foro nacional donde expongan la situación en Sinaloa y llamen a las autoridades federales a revertir permisos para obras que amenazan su entorno natural y representan un alto riesgo de desplazamientos de miles de familias.

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El contexto de riesgo

En 2023 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) documentó 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, éstos se documentaron en 282 agresiones entre daños físicos y hostigamiento. De los últimos 10 años, 2023 fue el segundo con más eventos de agresión.

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Texto: Raquel Zapien/Pie de página

Los árboles se han desprendido de sus hojas en la selva baja caducifolia de Mazatlán. Aunque lo parezca, no están secos, su desnudez es una estrategia para consumir menos agua y sobrevivir a la sequía. Pero su existencia ya no depende únicamente de la capacidad de adaptarse al clima, si no de la velocidad con que se extiende la mancha urbana al norte de la ciudad, zona de mayor inversión turística e inmobiliaria.

Justo ahí se encuentra Paco´s Reserva de Flora y Fauna, una propiedad privada que fue cedida de manera voluntaria a la conservación ambiental a un plazo de 99 años por su propietario, el ingeniero agrónomo Francisco Farriols Sarabia.

Este predio de 10 hectáreas, valuado en unos 80 millones de pesos, pudo haberse destinado a la construcción de residencias y torres de condominios que en poco tiempo han cambiado el paisaje urbano por el auge inmobiliario que se vive en el destino turístico. Sin embargo, la familia Farriols decidió resguardarlo. Cambiaron el plan maestro de un fraccionamiento que ya les había autorizado el Cabildo por árboles de amapas, guayacanes, jacarandas, ébanos, robles y papelillos.

Tras un proceso de reforestación de flora nativa y endémica que les llevó casi 30 años, la reserva fue certificada como Área Natural Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en febrero de 2017 bajo la característica de alta biodiversidad, lo que significa que la cantidad de especies presentes en este sitio es elevada.

Estos territorios destinados a la protección de la diversidad biológica son reconocidos como áreas naturales protegidas de competencia federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En México existen 374 áreas certificadas vigentes que están distribuidas en 26 estados con una superficie total de 606 mil 132.11 hectáreas de diferentes tipos de ecosistemas, como bosques, matorrales, pastizales, selvas, humedales y manglares.

En este caso, Paco´s Reserva fue creada para conservar y documentar la vida silvestre de la selva baja caducifolia, vegetación predominante en la zona media del Pacífico mexicano, considerada como uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados del país debido a la deforestación que provocan las actividades agropecuarias y el turismo, según reconoce la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en su portal de internet.

Pero al ser incorporada al sistema de áreas naturales protegidas, la reserva, la única en su tipo en Mazatlán, se ha convertido en un santuario para más de 61 especies de animales y plantas mexicanas catalogadas en riesgo por normas nacionales e internacionales. Actualmente, la ADVC alberga un total de 3 mil 197 especies de flora y fauna que han sido registradas en la plataforma NaturaLista.

Entre sus visitantes asiduos destacan las charas sinaloenses, pájaros carpinteros, caciques, hurracas y venados. Hasta guacamayas y coas mexicanas que habitan zonas altas han sido observadas ocasionalmente. Bajan porque encuentran alimento.

«Si tienes la flora tienes la fauna», es el lema de la familia Farriols; por eso se han empeñado en rescatar semillas, reforestar y restaurar el área no solo de la reserva sino de otras 20 hectáreas aledañas de su propiedad y de algunos compradores que no han sido urbanizadas todavía porque existe el interés de evitar al máximo su intervención.

El monte, -como se le llama comúnmente a este tipo de selva seca-, tiene vida. En estos días en que la temperatura empieza a ascender se escuchan chasquidos; no es que la tierra reseca se queje, son las vainas del palo prieto y las habas que revientan para liberar las semillas previo a la temporada de lluvias.

El paisaje sonoro se complementa con la vocalización de las urracas y el picoteo de las charas sinaloenses que intentan abrir los cacahuates que el dueño del terreno les deja para mitigar el estrés alimenticio que ha generado la deforestación en la zona circundante.

El riesgo de concreto que rodea la reserva

La reserva empieza a ser rodeada por desarrollos residenciales que no dejan espacios para que la fauna terrestre se repliegue o se dirija a otro hábitat. Farriols Sarabia advierte que la reserva no tiene capacidad para recibir y alimentar a más animales y que en caso de aumentar el número de ejemplares habría mayor competencia entre ellos y depredación. 

Una solución podría ser la designación de más áreas naturales conectadas por corredores que permitan el libre tránsito de la fauna. De lo contrario, las especies desplazadas por el desarrollo inmobiliario estarán destinadas a morir porque miles de árboles han sido talados y su entorno natural está siendo modificado.

Desde su punto de vista, la solución de fondo solo puede lograrse con una política ambiental.

Sin embargo, las acciones del Gobierno Municipal para el cuidado del medio ambiente no son claras ni se apegan a lo que establece el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático publicado el 20 de enero del 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. El documento contempla el establecimiento de un Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable encargado de asesorar al alcalde en materia de conservación de los recursos naturales, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático, además de opinar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras funciones.

A un año y medio de haberse expedido el reglamento, el Consejo no se ha instituido, de manera que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024, presentado el pasado 29 de abril, no contó con la asesoría ni evaluación que exige el citado reglamento.

En el Eje 3 del Plan, destinado a los Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sustentable, se reconoce que uno de los principales desafíos que enfrenta Mazatlán en materia de sustentabilidad es «incorporar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad». La medida que se plantea es construir políticas de desarrollo territorial y ordenamiento urbano. En las metas e indicadores de este apartado se menciona la regeneración de áreas verdes en espacios públicos y vialidades. Sin mayor detalle también se contempla la infraestructura verde, así como el cuidado y control de fauna doméstica del municipio (perros y gatos).

La araña saltarina

Una nueva especie de arácnido fue descubierto en Paco´s Reserva y descrita científicamente por Edwards en 2020: la araña saltarina de Mazatlán (Phidippus pacosauritus). Aparte se estudia un alacrán del género Centruroides y una tarántula del género Aphonopelma ante la posibilidad de que se trate de especies no conocidas por la ciencia. Sin embargo, aún se encuentran en etapa de investigación y no existen elementos suficientes para asegurar son especies nuevas, precisó el aracnólogo Diego Barrales Alcalá, encargado de administrar el lugar.

Pero antes de que una araña le hiciera el honor con la nomenclatura científica, la reserva pasó por un largo proceso de reforestación con las semillas recolectadas por niños de la Escuela Primaria Benito Juárez de la sindicatura de El Quelite y un detallado estudio de la flora nativa con la ayuda de un ejidatario de nombre Enrique Flores Islas.

Hasta entonces se inició la reforestación y se llevó un registro fotográfico de la flora y fauna. Las observaciones se subieron a la plataforma Naturalista para identificar a las especies con la ayuda de especialistas además de promover el uso de esta herramienta de ciencia ciudadana.

“Empecé a subir fotos y empezaron a clasificármelas de todo el mundo, gente de Corea, Alemania, de Estados Unidos y muchos de México; para mi fue muy impactante, un sueño, porque así pude conocer lo que tengo”, relata.

Así es como la reserva logró colocarse varias veces como el sitio con mayor número de observaciones de Sinaloa y de México a partir del 2015, motivo por el cual se le difunde como un caso de éxito y se le han otorgado reconocimientos por parte de la Conabio y de la Fundación Carlos Slim.

Esta es una tarea que se ha transmitido de una generación a otra. Francisco Farriols Sarabia fundó el proyecto que ahora dirige su hijo Francisco Farriols Estrada con la ayuda de Diego Barrales.

Tras obtener la certificación como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, en el 2017, se han convertido en promotores del Reto Naturalista Urbano que a su vez forma parte de la competencia mundial amistosa City Nature Challenge. Este año, por tercera ocasión, Mazatlán se colocó como el municipio de México con mayor número de observaciones (fotos) de flora y fauna silvestre registrada en la plataforma Naturalista.

Farriols Sarabia señala que los reconocimientos y la proyección que se ha logrado dar al estado y municipio a través de su biodiversidad no han sido suficientes para captar el interés de alcaldes y gobernadores. Hasta ahorita, ninguno ha pisado la reserva. Y aunque es visitada y conocida por observadores de naturaleza nacionales y extranjeros, tampoco se le incorpora en las campañas de promoción turística para diversificar la oferta del destino que por ahora se enfoca prioritariamente al segmento de sol y playa.

Por el momento, la reserva ofrece recorridos dirigidos a grupos no mayores de cinco personas bajo el concepto de “ecolturismo”, una mezcla de ecología, cultura y turismo para personas que desean conocer y disfrutar los atractivos naturales como el de la selva baja caducifolia que cubre cerca del 11.7% del territorio nacional.

Een México, este ecosistema se compone por alrededor de 6 mil especies de plantas, de las cuales cerca del 40% son endémicas, lo que significa que solo se les encuentra en estos ambientes, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Entre sus habitantes destacan felinos como el jaguar, puma, jaguarundi y ocelote, además de coyotes y lagartos de chaquira.

Después de las primeras lluvias, Paco´s recuperará su verdor. Pero aún sin hojas, esconde belleza para quien la quiere ver. Los juncos, cacahuananches, bejucos y palos de rosa amarilla ofrecen sus flores a los polinizadores y contrastan con todo lo que les rodea. Así contrasta el azul rey en el dorso de las charas sinaloenses, esa especie endémica sujeta a protección especial, que busca cacahuates en la reserva cuando la selva seca ya no les ofrece alimento suficiente.

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DATOS

• Las ADVC son consideradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación.
• En México existen 374 áreas certificadas vigentes que están distribuidas en 26 estados con una superficie total de 606 mil 132.11 hectáreas.
• El 90 % de esas propiedades pertenecen a ejidos y comunidades; el 8% son propiedad pública, el 1% pertenecen a personas morales y el 1% a personas físicas, como la de Paco´s Reserva.
• A nivel nacional, Oaxaca Campeche y Guerrero son las entidades con más Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), por orden de importancia.
• Las ADVC están contempladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ADVC DE SINALOA

Fuente: Conanp

GALERÍA

Foto principal: Carpintero Pico Plateado (Campephilus guatemalensis), especie sujeta a protección Especial en México de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Crédito: Francisco Farriols Sarabia

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