El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

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• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

La entrada Desafíos ambientales de México en 2026: proteger a defensores, cumplir metas climáticas y aumentar el presupuesto se publicó primero en Son Playas.

• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP30), Brasil y Francia anunciaron la creación del Grupo de
Trabajo Oceánico, cuyo objetivo es movilizar financiamiento público y privado y ampliar el
apoyo técnico para integrar soluciones basadas en el océano en los planes climáticos de los
países.

“Nunca antes tantos jefes de Estado se habían alineado con tanta claridad sobre la
necesidad de situar al océano en el centro de la respuesta climática global”, señaló Aloisio
de Melo, secretario nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático de Brasil.

A la iniciativa se sumaron países como Australia, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Fiji,
Indonesia, Madagascar, México, Kenia, Palaos, Portugal, Seychelles, Singapur y Reino
Unido.

La iniciativa promueve que los países integren soluciones oceánicas en las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos
que los países hacen en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y aumentar su capacidad de adaptación ante los efectos del
cambio climático.

“Se ha empezado a socializar mucho más la idea de los océanos como una herramienta
contra el cambio climático y no solo como una víctima”, señaló Marcela Gutiérrez, directora
y fundadora de Azul, una organización civil enfocada en justicia oceánica en Estados
Unidos con comunidad latina.

Durante la COP30, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsó una carta para
hacer un llamado a los representantes de los países que, además de incluir soluciones
climáticas basadas en los océanos en sus NDC, desbloquearán la financiación oceánica a
través de fondos directos a comunidades insulares y costeras, y ventanillas de financiación
azul.

México: avances y compromisos con los océanos

Para la COP30, los países debían entregar sus NDC actualizadas pero solo 120 de 198 han
entregado este documento. Aunque 9 de cada 10 países incluyeron medidas oceánicas en
sus NDC, el océano sigue estando subrepresentado en las estrategias climáticas y recibe
menos del 1% del financiamiento global.

México entregó su NDC durante la COP, y en esta incluía a los océanos por primera vez en el componente de adaptación.

El documento plantea implementar soluciones climáticas basadas en el océano para reducir su vulnerabilidad y reconoce su importancia como sumidero de carbono, es decir, como depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono de la atmósfera.

También establece fortalecer la investigación sobre acidificación y la variación de
temperatura en aguas oceánicas y continentales; ejecutar acciones de adaptación
contempladas en la Política Nacional de Mares y Costas; proteger especies marinas
vulnerables; e impulsar cooperación internacional para atender enfermedades emergentes
en corales y fenómenos como el sargazo.

“Con toda franqueza, México no ha visto a profundidad la aportación de los océanos al
cambio climático”, expresó Pedro Álvarez, titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).

Anunció que dentro de la meta que adoptó el Gobierno de México de proteger el 30% de la
superficie terrestre y marina del país para 2030, se incluye el objetivo de aumentar a 20
millones de hectáreas las áreas marinas protegidas.

Otras de las medidas impulsadas para la protección de los océanos, señaló Álvarez, han
sido el apoyo a una moratoria contra la minería submarina en 2023, y la intención de crear
corredores biológicos marinos que integren refugios pesqueros, zonas de prosperidad
marina y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Omec).

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), señaló que está en marcha el Programa Nacional de Restauración Ambiental para proteger dunas y manglares, ecosistemas fundamentales para comunidades costeras como barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos como huracanes.

Deudas con el océano

A pesar de estos avances, entre la población latina existen otras preocupaciones sobre
problemas que afectan los océanos como la extracción de petróleo y gas fósil en alta mar, la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. Esto lo descubrió la organización Azul a través de los resultados de la Encuesta Nacional Azul “Latinos y el océano” que realizó en 2024.

Para Gutiérrez, el reconocimiento del océano como parte integral de las soluciones
climáticas ha ido avanzando, primero con la creación de una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos en 2023, y esto podría acelerarse con la entrada en vigor del
“Tratado de Altamar” en enero de 2026, que busca proteger las áreas oceánicas que están
fuera de la jurisdicción de los países y que contará con un mecanismo propio de
financiamiento.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas lo replica con la auitorización correspondiente.

La entrada Los océanos se fortalecen como solución ante el cambio climático en la COP30 se publicó primero en Son Playas.

Cada otoño millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur para pasar el invierno. Las mariposas de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de nuestro país y del Mundo.

Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del país.

Ahora, cualquier persona puede ayudar a registrar y dar a conocer mejor este fenómeno utilizando una aplicación para Android y iPhone llamada “Project Monarch”, desarrollada por la compañía Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society. Con ella, se puede detectar la presencia de mariposas monarca que fueron equipadas con un chip que emite una señal y que podrían estar pasando por Sinaloa en estos días, según explica el biólogo Héctor Ávila Villegas, Director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México.

También checa: Así se debería proteger a las abejas en Sinaloa, según la ley

“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal con su celular en un rango de 50 hasta 400 m, generando un registro en un mapa”, mencionó el especialista.

Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como «Defensor de los Polinizadores de México» por la asociación The Pollinator Partnership, comentó que, gracias al uso de esta nueva tecnología por parte de la ciudadanía, ya se han detectado mariposas monarca con transmisores en estados donde no había plena certeza sobre su paso, como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, y que Sinaloa también podría sumarse a esta lista.

Por su parte, la Dra. Laura Beatriz Rivera Rodríguez, profesora investigadora y jefa de la carrera de Gestión de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la importancia de monitorear la biodiversidad en la entidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes y constituye el primer paso para su gestión y conservación.

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A través de un comunicado, ambos especialistas invitaron a la población sinaloense, particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.

Cabe señalar que a través de la plataforma iNaturalist Mx ya se ha registrado la presencia de mariposas monarcas (Danaus plexippus) en Mazatlán, Sinaloa, principalmente Paco´s Reserva Natural de Flora y Fauna Silvestre.

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La compañía México Pacific impulsa el proyecto Saguaro Energía, que consiste en un gasoducto de más de 800 kilómetros, desde Texas hasta Puerto Libertad, Sonora, en donde se pretende construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL), para luego ser transportado a Asia.

Aunque este proyecto pretende posicionar a México y Estados Unidos como líderes energéticos a nivel mundial, según la coalición Ballenas o Gas que agrupa a 30 organizaciones de la sociedad civil, también representa una amenaza al Golfo de California que lo volvería una zona de sacrificio para la industria fósil.

El gas fósil que recibiría Saguaro Energía provendría del fracking en Texas, sería licuado en México y tendría una producción de 14 mil millones de toneladas al año. De llevarse a cabo el proyecto, nuestro país se convertiría en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial.

Los mercados exportadores de gas en todo el mundo son Rusia, África, América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico. Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas natural, Asia es el mercado más grande y dinámico del mundo, según un informe hecho por la organización PODER en 2022.

Hasta 2021, México era el segundo mercado de importación de gas natural más grande del mundo y el principal receptor de las exportaciones de Estados Unidos, que crecieron 546% entre 2010 y 2021, según el informe de PODER. Además el informe señaló que México depende en un 90% de las importaciones de gas natural; que no hay otro país con alta dependencia de las importaciones (más del 52%) de una sola fuente; y genera más del 60% de su electricidad con gas, la mayoría de los países no pasan del 45%.

A través de sus redes sociales y comunicados, la coalición Ballenas o Gas ha insistido en que el proyecto únicamente responde a los intereses de la industria del gas fósil en Estados Unidos que busca acceder a mercados asiáticos, por lo que el gobierno mexicano debería de velar por los intereses y bienestar de la población y no por los intereses económicos de empresas extranjeras.

“El proyecto Saguaro no es más que una expresión de la codicia de las corporaciones extranjeras que siguen priorizando sus ganancias por encima del bienestar de nuestra gente nuestro territorio a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos los cuales, además acá en el desierto, son verdaderamente escasos”, dijo Carlos Mancilla, director de la organización BCSicletos, dedicada a la defensa del territorio.

Gasoducto, planta de licuefacción y exportación

Para transportar el gas desde Texas hasta Puerto Libertad, México Pacific propone la construcción del Gasoducto Sierra Madre de 800 kilómetros de largo en territorio mexicano, atravesando 16 municipios de los estados de Sonora y Chihuahua donde hay sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica, detalla uno de los comunicados expedidos por la coalición.

El gas trasladado llegará a la terminal de licuefacción que, según la empresa, medirá 400 hectáreas, un tamaño equivalente a 70 veces el Estadio Azteca. Esta mega infraestructura generará ruido y quemará gas metano en mecheros permanentemente, lo que altera las condiciones actuales de la comunidad de pescadores, señaló la coalición.

Al respecto, Jaqueline Valenzuela, directora de la organización Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA), alertó que la planta recibirá gas natural, un combustible fósil, que al igual que el carbón y el petróleo, proviene de la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años y no es renovable. En lo que respecta al gas natural, tanto su extracción, uso y aprovechamiento tiene una alta gama de emisiones de efecto invernadero.

Para licuar más fácilmente el gas, se va a quemar y eso va a generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que además genera impactos en la salud, explicó Nancy García, colaboradora de CERCA.

Una vez licuado el gas, las organizaciones civiles advierten que México Pacific usará buques de hasta 300 metros de largo para llevarlo a Asia, lo que convertiría el Golfo de California en una ruta de carga y un aumento en la frecuencia del tránsito de embarcaciones.

Esto afectaría la biodiversidad marina, incluyendo el Santuario de la Vaquita Marina; también aumentaría el riesgo de colisiones con las ballenas, ya que interferiría con la ruta migratoria de la ballena gris y jorobada, asegura la coalición.

Estas afectaciones pondrían en riesgo dos actividades que son pilares de las comunidades colindantes con el Golfo de California: la pesca y el turismo.

Saguaro se debilita

Las organizaciones están presionando a las autoridades de México para que reviertan la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Terminal GNL de Sonora en 2006 para la construcción de la planta y para que no autorice el proyecto para la construcción del gasoducto que se encuentra en evaluación.

De esta manera, señalan, se salvaguarda la vida de las comunidades y la biodiversidad del país, ya que permitir el establecimiento de este proyecto resultaría en un daño irreversible para presentes y futuras generaciones.

Ballenas o Gas, habilitó un sitio web para consultar los posibles impactos ambientales del proyecto Saguaro y también inició una petición ciudadana dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al Presidente de los Estados Unidos, que ya alcanzó las 300 mil firmas digitales.

Aunque el jueves 13 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una concesión firmada por la Secretaría de Marina (Semar) para el puerto relacionado con el proyecto Saguaro, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó a través de un comunicado que el proyecto enfrenta cinco demandas de amparo que frenan su desarrollo. Esto significa que aunque el proyecto Saguaro sigue en pie, la presión mediática y la oposición ciudadana lo están debilitando.

A principios de julio de 2025, Mexico Pacific, solicitó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) una prórroga de siete años para iniciar operaciones comerciales. Esta extensión permitiría postergar el comienzo de las exportaciones hasta 2032, en lugar de 2025 como estaba previsto inicialmente.

La empresa argumenta en el documento que no podrá iniciar exportaciones antes del 14 de diciembre de 2025 debido a “circunstancias ajenas a su voluntad”, y que esta extensión es necesaria para consolidar el financiamiento y asegurar su viabilidad a largo plazo.

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La travesía inició el 1 de julio en Tijuana, Baja California y tras pernoctar un día en Mazatlán, se reanudó este viernes 25 con rumbo al municipio de Concordia para pedalear unos 50 días más por el corazón de México y terminar en la frontera sur.

La Ruta Chichimeca es una rodada cicloturista de larga distancia, iniciada formalmente en 2003, y que tradicionalmente conecta Tijuana con Chetumal, recorriendo alrededor de 5 mil kilómetros a través de múltiples estados de México, de norte a sur.

En Mazatlán, los ciclistas hicieron una escala breve de un día para descansar, recibir apoyo logístico y preparar su siguiente etapa rumbo a Durango.

El grupo, con distintos grados de experiencia, ha logrado avanzar a un ritmo promedio de 100 kilómetros diarios, cruzando por el hermoso desierto, litorales y montañas de la península. A su paso, han compartido con comunidades locales y difundido el mensaje de la bicicleta como medio de vida y de transporte sostenible, según se informó a través de un comunicado.

Sobre la Ruta Chichimeca

Desde su primera edición en 2003, la Ruta Chichimeca ha reunido cientos de ciclistas bajo un mismo propósito: recorrer México en camaradería y autonomía, con el fin de conectar al territorio nacional a través de una ciclovía nacional segura, y para fomentar la bicicleta como medio de transporte autónomo y sustentable. Cada año, la caravana se organiza de manera autónoma, alojándose en comunidades locales, en gimnasios, escuelas, albergues rurales y estaciones de bomberos, sin inscripción formal, y con libre entrada y salida en distintos tramos.

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Por Víctor R. Rodríguez

Niza, Francia.- En el Golfo de California, donde confluyen el valor ambiental, reconocido por su rica biodiversidad marina, y el económico, a partir de una actividad pesquera, ha sido difícil empatar objetivos para que los ecosistemas marinos se utilicen de forma sostenible, se conserven y generen un verdadero beneficio a las comunidades costeras.

Para lograrlo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica presentaron el modelo de Áreas de Prosperidad Marina durante la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Océano en Niza, Francia, que este año tiene como objetivo respaldar nuevas medidas urgentes para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

El panel, moderado por el científico y divulgador Octavio Aburto, contó con la participación de Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Alejandro Castillo, oficial de programa de Innovaciones Alumbra, y Carlos Correa de Conservation International. 

Bajo el concepto de Área de Prosperidad Marina, se propone una nueva aproximación a la conservación marina al poner a las comunidades costeras en el epicentro de la estrategia de sostenibilidad.

Diseñada en tres etapas, la implementación de esta herramienta comenzaría con un trabajo comunitario que implica el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado, quienes deben respaldar el proceso con apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de infraestructura y de capacidades dentro de las propias comunidades. El objetivo es alcanzar una recuperación total del ecosistema marino, con beneficios directos a las familias del lugar; pero dependerá de un trabajo constante, con visión a largo plazo, al considerar que toda recuperación de flora y fauna marina requiere de tiempo.

Ejemplos de Áreas de Prosperidad Marina

Durante el panel, se mencionó a Cabo Pulmo, Baja California Sur, como ejemplo de que un Área de Prosperidad Marina es capaz de revertir los daños de la sobreexplotación a partir de la intervención comunitaria, trayendo mayores beneficios económicos a los participantes. También sumaron los casos de El Manglito, en Baja California Sur, y La Reforma, en Sinaloa, en donde las propias comunidades participan activamente con acciones de aprovechamiento sostenible y conservación dentro de su territorio. 

Ante un público atento, los expertos coincidieron que la cooperación entre los actores involucrados es un elemento crucial para alcanzar las metas. “El gobierno debe facilitar la mediación entre las partes para empatar objetivos, siempre considerando las necesidades de la comunidad”, expresó Marina Robles de Semarnat.

Para Alejandro Castillo, de Innovaciones Alumbra, el gran reto de la iniciativa privada radica en cambiar el modo en que se entienden las inversiones en la conservación, hacia una en la que la maximización de las utilidades no sea el último objetivo. Consideró que existen modelos sostenibles de acuacultura que han tenido resultados exitosos con potencial de ser replicados en el Golfo de California.

Si bien la herramienta de conservación marina parece prometedora, implementarlo en el territorio del noroeste de México no será tarea fácil. Cada comunidad es un caso, cada sitio es un mundo. La realidad comunitaria vinculada al ecosistema marino de Cabo Pulmo es única; pocas comunidades costeras en el Golfo de California comparten las mismas variables. Cada una vive un contexto único, aspectos que van desde lo sociocultural, el tipo de pesquería desarrollada, el acceso a servicios básicos públicos, hasta temas de seguridad, como la presencia del crimen organizado, que requieren de colaboración interinstitucional. También está la falta de credibilidad, la cual ha erosionado la confianza de las comunidades hacia los esfuerzos de conservación. 

“Ante la diversidad de comunidades, necesitamos una diversidad de soluciones, todas con algo en común: que la mejor estrategia de restauración debe ser compartida con la comunidad”, expresó Marina Robles al reconocer la complejidad en el noroeste de México.

Se siente un ánimo positivo en el ambiente. Sin embargo, como todo lo que se expresa durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océanos, el reto estará en el futuro de las intenciones: que en verdad se conviertan en acciones tangibles que deriven en una auténtica prosperidad, tanto a las comunidades costeras como a los ecosistemas marinos del Golfo de California.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia.

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Por Víctor R. Rodríguez

Niza, Francia.- Buenas olas, una frase corta de significado profundo. Decir que hay buenas olas trata de explicar la anatomía del oleaje, presumir el point break y la posibilidad de entrar en su dinámica en un ejercicio energizante. También representa un sentir: que la comunidad se reúne en su playa a celebrar las piruetas de los suyos, que el medio marino y costero está sano.

Toda esta lectura motiva a la organización civil Save the Waves Coalition a crear estrategias que favorezcan la conservación de las olas y todo lo que las rodea.

“Creamos el concepto de ecosistemas de surf porque la ola, un recurso natural súper importante, está vinculada a factores tanto ambientales como sociales. Existe una flora y una fauna asociada al espacio físico, y también está lo social, porque hay una comunidad que depende de ese espacio”, explica Mara Arroyo, encargada de ciencia y conservación de Save The Waves Coalition.

A partir del estudio de cómo interactúan estos factores, los expertos de la organización civil diseñan estrategias que avanzan hacia la conservación de estos espacios naturales tan dinámicos, altamente necesarios para el sano desarrollo de las comunidades costeras. Este esfuerzo científico y de gestión derivó en 2014 en el nombramiento de la Reserva Mundial del Surf Bahía Todos Santos, en Baja California, la cual incluye las olas en Salsipuedes, Stacks, Beans 3Ms, San Miguel y Killers, en la isla Todos Santos.

No obstante el esfuerzo por conservar estos ecosistemas de surf, los expertos han identificado factores que ponen en riesgo su existencia. Entre los desafíos, sin duda, el desarrollo urbano sin visión de sostenibilidad es el de mayor impacto. La construcción de rompeolas y demás infraestructura portuaria influyen en la calidad de las olas hasta, en el peor de los casos, propiciar su desaparición. A su vez, el desarrollo inmobiliario sin planificación, la falta de control ambiental en el desalojo de residuos industriales y carencias en el sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas alteran la calidad de las olas, incluso sumando graves riesgos a la salud de la población.

En defensa del ecosistema de surf en Ensenada

En la mañanera del jueves 5 de diciembre de 2024, el anunció de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la inversión de 5 mil 745 millones de pesos para el desarrollo de los puertos de El Sauzal y Ensenada, Baja California, tomó a la comunidad ensenadense por sorpresa.

Sin haber socializado el tema, el gobierno presumió un proyecto de infraestructura portuaria en el que se incluye la ampliación del puerto en El Sauzal, lo que implicaría la destrucción de dos emblemáticas playas investidas con olas: Stacks y 3Ms. Tal sería el grado del impacto generado por el desarrollo propuesto por las autoridades mexicanas que incluso la famosa ola en San Miguel, sitio considerado la cuna del surf en México, entraría en el rango de impacto.

Desde el anuncio presidencial, Playa 3Ms —con sus olas— se ha convertido en el epicentro de resistencia de la comunidad contra el proyecto portuario. Considerado un cunero local de surfistas, playa 3Ms es también una de las pocas playas que se mantiene de libre acceso. Además, el sitio presume un rico ecosistema costero donde crecen dos especies de pastos marinos, Phyllospadix torreyi y Phyllospadix scouleri, capaces de absorber carbono con mayor rapidez que las selvas tropicales.

Este importante hábitat intermareal, que da sustento a una rica biodiversidad costera y marina, también desaparecería con el proyecto portuario que ha encontrado un rechazo frontal de los habitantes de Ensenada.

Para el director de la organización civil ambiental, Nik Strong, existen alternativas viables disponibles para el gobierno municipal y estatal. Asegura que no se ha tomado en consideración la economía naciente alrededor del surf que, a través del turismo de baja intensidad, genera importantes ingresos que van directo a las arcas municipales. A su vez, resalta los beneficios sociales, particularmente el valor deportivo, que gana la ciudad sin requerir de una inversión alta de parte del gobierno local. Lo único que las olas necesitan, enfatiza el director y surfista, es una herramienta legal que garantice su existencia.

Apremiados por proteger su playa y olas, la comunidad ensenadense mantiene el pulso contra el proyecto portuario, protesta que se hizo pública durante el último foro “Proyectos Estratégicos del Gobierno Federal”, organizado en junio por la Administración de la Infraestructura Portuaria Nacional (Asipona) y el ayuntamiento de Ensenada.

“La comunidad respondió con un movimiento social, una coalición de muchas organizaciones que quiere ser escuchada. La ciudadanía quiere sus playas, sus espacios recreativos; lugares donde la gente pesca, donde la gente surfea”, concluye la experta.

Para saber: las olas son el resultado de la conjunción de varios factores, como la acción del viento sobre la superficie del agua, la profundidad y topografía del fondo marino. La formación y comportamiento de las olas también se ve influenciado por las corrientes marinas, mareas y fenómenos meteorológicos.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia.

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Cynthia Dehesa, directora de Ciudadan@s por la Transparencia, señaló que esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la información como derecho llave que permite la defensa de otros derechos. Subrayó que la ley debe garantizar el derecho a entender, mejorar la calidad y utilidad de la información pública y asegurar una verdadera apertura institucional.

Asimismo, hizo un llamado a que el proceso legislativo se realice bajo el principio de Parlamento Abierto, incorporando activamente la voz ciudadana en todas las etapas, e incluyendo la propuesta de 14 recomendaciones:

1. Mantener la progresividad de la ley. Garantizar que esta nueva ley amplíe derechos y no los limite.
2. El acceso a la información debe ser oportuno. Para que permita la participación pública en la toma de decisiones.
3. Armonización de las leyes. Se deben armonizar el resto de las leyes del estado en las que involucra el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana.
4. La ley debe garantizar el derecho a entender.
5. Rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones.
6. Mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
7. Garantizar la accesibilidad de toda la información pública.
8. La Reforma a la Ley de Transparencia debe garantizar la Apertura Institucional real.
9. Reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.
10. Garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental ejecutado por instituciones militares.
11. Coordinación y claridad de responsabilidades para que el sistema funcione.
12. Integrar en la ley el fortalecimiento municipal en materia de transparencia.
13. Reforma integral de los archivos,  para asegurar que la información pública esté bien gestionada, sea fácilmente accesible y esté disponible a largo plazo.
14. Acceso a la información sin excusas.  Cuidar el lenguaje de la ley: prevenir cualquier fraseo que limite el derecho a saber y definir claramente qué es La Paz Social para evitar reservas innecesarias de la información.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que estas recomendaciones fueron desarrolladas por organizaciones locales y nacionales tras un ciclo de conversatorios especializados impulsado por World Justice Project (WJP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO) y el conversatorio «Ecotransparencia» impulsado desde sociedad civil.

Por su parte, Valeria Rinderstma, presidenta de AMEXME Riviera Maya, destacó la importancia de la Ley, para el sector empresarial. Destacando que una ley clara y robusta es fundamental para fortalecer la confianza con el sector y brindar seguridad jurídica para los empresarios e inversionistas mejorando el entorno de negocios. También remarcó que el sector empresarial se suma a la vigilancia y cumplimiento de leyes más claras, que generen confianza y competitividad.

Desde el enfoque ambiental, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua, remarcó la importancia de incluir referencias claras a las características de las poblaciones locales y mecanismos efectivos de participación para defender los recursos naturales del estado, mencionó que las comunidades deben de contar con información útil y real para la defensa del agua, el territorio y el futuro ambiental del estado y enfatizó que si no hay una ciudadanía informada no habrá una sostenibilidad real.

Finalmente, Aarón Siller, director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), recalcó que la transparencia ambiental debe garantizarse como un derecho humano, conforme al Acuerdo de Escazú. Reconoció que hay sesgos desde la ley anterior, y que esta reforma es una oportunidad para mejorar. Mencionó que actualmente, en cada solicitud de información que se realiza, se lleva a cabo el proceso de recurso de revisión porque no existe la voluntad de facilitar a la ciudadanía la información, sobre todo en asuntos ambientales. Por último, hace un llamado a reconocer la naturaleza del estado con ecosistemas únicos y que son clave para el turismo, y que estas particularidades deben de reflejarse en la ley.

La sesión finalizó con un llamado al Congreso del Estado para garantizar un proceso legislativo abierto, transparente y con verdadera participación ciudadana. Invitaron a la ciudadanía, medios y actores institucionales a difundir la propuesta, construida colectivamente.

Las organizaciones participantes son: Ciudadan@s por la Transparencia, AMEXME Riviera Maya, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Centinelas del Agua, CIMAC Cozumel y Amigos de Sian Ka’an se suman para presentar

Consulta la transmisión en vivo:

ttps://www.facebook.com/reel/1415352039595419

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El 11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), da cuenta de que el 2024 fue, nuevamente, un año muy violento para las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas en contra de personas defensoras del medio ambiente.

Si bien durante el año 2024 disminuyó el número total de agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el número de asesinatos que documentamos en ese año se incrementó de 20 a 25 con relación al 2023.  Es importante señalar que, para efectos metodológicos, en un mismo evento de agresión pueden cometerse distintas agresiones específicas.

En 2024 se documentaron 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales. El total de agresiones letales es, entonces, para ese año, de 25, cifra que, junto con el año 2021, se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años.  Las cifras de agresiones letales documentadas durante el 2024, sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas de agresiones letales.

En los últimos 10 años en CEMDA se documentaron 189 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio.  Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones a nivel internacional, como es el caso de Global Witness, la cual coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente.  En el mismo sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que, entre 2019 y 2023, 138 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país.

Nuevamente, las personas defensoras que más sufrieron agresiones durante 2024 pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o campesina. Respecto de los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en 2024 se encuentran la minería (11 víctimas), el forestal (5 víctimas) y el agropecuario (3 víctimas).

Se ha documentado, nuevamente, que el principal agente agresor fue el Estado, con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94. Esto equivale al 65.9% del total de agresiones. Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue del 49.5%. Resalta también el incremento en el número de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con participación en un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.

De las víctimas contabilizadas en el presente informe, 91 corresponden al sexo masculino y 55 al sexo y género femenino. En cuanto al resto de víctimas, no fue posible determinar el sexo de la víctima debido a la falta de disponibilidad de información personal de la víctima en las fuentes consultadas.

Entre los tipos de agresión específica que se documentaron durante el año 2024 se encuentran: intimidación (27), hostigamiento (23), homicidio (21), estigmatización (20), criminalización (20) y difamación (19). Muchos de estos casos están relacionados con la represión al ejercicio del derecho a la protesta en asuntos ambientales. Con relación a las agresiones graves cometidas en contra de personas defensoras del medio ambiente y el territorio, durante el 2024 se documentaron 4 casos de desaparición.

En cuanto a las agresiones por entidad federativa, encabezan la lista Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1%. En estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8%. Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5).  Llama la atención el caso de Baja California Sur pues, en los últimos diez años únicamente se habían contabilizado 6 eventos de agresión, mientras que tan solo en 12 meses casi se alcanzó dicha cifra.

Es importante precisar que, el hecho de que algunas entidades federativas no arrojen registros de agresiones no significa que las personas y comunidades defensoras no estén en situaciones de riesgo. Algunas de las razones pueden estar vinculadas con la falta de visibilización de la labor de defensa de derechos humanos, al hecho de que las agresiones se documenten como casos de delincuencia común, a información pública no verificada o al impedimento de las personas víctimas, directas o indirectas, de compartir su información por motivos de seguridad, entre otras. Es por ello que el Informe no es limitativo respecto de la cantidad de agresiones documentadas.

Destacan como los megaproyectos asociados con el mayor número de agresiones, las granjas porcícolas (10), distintas edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales (10), la tala forestal ilegal (11), distintos proyectos mineros como La Revancha y Natividad (6), el Tren Maya (4), el relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula (4), y la pesca ilegal (3).

Gustavo Alanís Ortega, Fundador y Director Ejecutivo del CEMDA, señaló que “desde el CEMDA hacemos nuevamente un llamado respetuoso a las autoridades del  Estado mexicano, empezando por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, a garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente y se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario.”

Desde el CEMDA se hizo un llamado a todas las autoridades relacionadas con los asuntos ambientales a implementar una política que contenga el enfoque preventivo así como la atención de los riesgos que sufren quienes defienden el medio ambiente en México.

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La pesca artesanal emplea a 60 millones de personas en el mundo y, aún así, es un trabajo del que se habla poco, que gobiernos ignoran y en el que hacen falta políticas públicas para mejorar las condiciones de derechos laborales, considera Xavier Basurto, profesor del departamento de Ciencias Sociales Ambientales de la Universidad de Stanford y coautor del estudio “Iluminando las Cosechas Desconocidas”. 

“No se ha hecho el esfuerzo de hacer mucha ciencia enfocada a esta realidad y casi no hay políticas internacionales que afecten, positivamente, a estos pescadores. Entonces, a nivel práctico de política pública, es un sector invisible”, describió Basurto.

La pesca de pequeña escala representa, al menos, el 40% de las capturas mundiales y contribuye a la seguridad alimentaria de 2 mil 300 millones de personas en costas o cuerpos de agua interiores, de acuerdo con el estudio de la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Universidad de Duke y la organización WorldFish. El estudio involucró a más de 800 personas en 58 países.

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“Se trata de una pesca que no se hace precisamente en un barco, sino comúnmente son dos personas máximo en una canoa, remando o mujeres caminando en la playa recolectando mejillones o almejas, también hombres que van en su embarcación con un motor fuera de borda y con su propia fuerza tiran las redes. Y casi todo el pescado que comemos viene de esa pesca en la que frecuentemente son dueños de sus propias embarcaciones pequeñas y que mucho de su trabajo lo hacen con sus manos, usando poca tecnología”, mencionó. 

Basurto, junto con el equipo de investigadores, registró el aporte de la pesca artesanal de micronutrientes esenciales para beneficio de la salud de comunidades vulnerables.

Esta pesca se caracteriza porque los pescadores salen al mar y al regresar a las costas venden su producto a un comprador, además, en muchas ocasiones hay pocos intermediarios para que los productos lleguen a los hogares. 

A pesar de la importancia de este tipo de captura, el investigador resaltó que los pescadores artesanales frecuentemente operan sin derechos formales de participación en la gestión de los recursos pesqueros, aun cuando en muchos casos son los habitantes originarios de las zonas.   

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“En donde viven quizá hay una clínica, pero el doctor nunca va; quizás hay una escuela, pero el maestro nunca va…. Son áreas marginalizadas entonces la única opción económica para esas comunidades es pescar”, dijo el investigador. 

Esto los deja en una situación de vulnerabilidad frente a aquellos con intereses económicos en zonas costeras, como la pesca industrial que domina el diseño de políticas internacionales y nacionales, ya que la falta de regulaciones y apoyo institucional permite que grandes flotas pesqueras exploten los recursos marinos sin garantizar la equidad en el acceso y uso de estos.

El hecho de que las políticas públicas den preponderancia a la pesca industrial deja en cierto desamparo a pescadores artesanales que son conscientes de su entorno.

“No hay que romantizar. Si el pescador no utiliza bien su red, puede pescar todo. Entonces puede tener un efecto bastante negativo. Sin embargo, es importante decir que los pescadores tienen mucho conocimiento y pueden evitar esos efectos. Muchas veces no los evitan porque no tienen ningún incentivo, pero de manera natural piensan ‘si sobrepesco, me quedo sin chamba’. En cuanto a la pesca industrial, esta puede causar mucha contaminación o por ejemplo, la pesca de arrastre de camarón daña todo el fondo marino”, consideró.

Una de las finalidades del estudio es generar evidencia para que los gobiernos comprendan que no deben ignorar más a los pescadores de pequeña escala porque, además de las afectaciones económicas, también hay impactos ambientales considerables.

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Mujeres en la pesca artesanal: el trabajo minimizado

A pesar de que no todas las mujeres salen al mar, el 40% de los 60 millones de pescadores artesanales son mujeres. 

Con tan sólo una búsqueda de la palabra ‘pesca’ en Google el resultado arroja fotografías de hombres en embarcaciones, pero en este estudio se contempla incluso a las que preparan el almuerzo de los pescadores.

Muchas limpian, preparan y comercializan el pescado. Estas actividades, aunque esenciales, son excluidas de la definición tradicional de pesca, lo que contribuye a que el trabajo femenino en el sector sea minimizado.

“Muchas mujeres sí salen a pescar, pero muchas otras participan en procesos que suceden una vez que el pescado se trajo a la costa, ya sea fileteando, separando, limpiando, llevando al mercado. En la mente de algunas personas eso no es pescar, piensan que pescar es solo lo que sucede en el agua”, describió el investigador.

En comunidades costeras alrededor del mundo, las mujeres juegan un papel clave en la economía pesquera, se aseguran de que los productos del mar lleguen a los mercados y consumidores.

Sin embargo, la ausencia de reconocimiento de su trabajo se traduce en la falta de acceso a beneficios sociales, capacitación o créditos financieros para mejorar sus condiciones laborales.

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México: una excepción con avances y desafíos

En el contexto global, México se distingue por contar con un marco legal que permite una mayor participación de los pescadores en la toma de decisiones del manejo pesquero. 

A pesar de estos avances, aún faltan mecanismos eficaces para que los pescadores artesanales ejerzan plenamente sus derechos.

“Sorpresivamente, en México la situación es mucho mejor porque los pescadores en muchos casos sí tienen el derecho  de involucrarse en la gestión de sus recursos. Como mexicanos pensamos siempre que están mal las cosas, pero cuando hicimos este estudio y vimos la situación a nivel mundial, nos dimos cuenta de que México no está al fondo en términos de darles derechos e involucramiento a los pescadores para la toma de decisiones”, mencionó.

Los mayores retos que enfrentan los pescadores en el país son las barreras burocráticas y la falta de representación efectiva en las decisiones gubernamentales, consideró Basurto. Mientras tanto, persisten otros desafíos como la regulación de las vedas, la supervisión del cumplimiento de normas ambientales y la prevención de la pesca ilegal. 

Las comunidades pesqueras en México requieren mayor capacitación y apoyo institucional para garantizar que sus prácticas sean sostenibles y que sus productos compitan en mercados cada vez más demandantes.

De esta forma, la falta de apoyo gubernamental, la marginación de las comunidades pesqueras y la competencia con la pesca industrial ponen en riesgo la sustentabilidad de la pesca artesanal.

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Enfoque integral

La inclusión de las y los pescadores en la toma de decisiones, el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el sector y el establecimiento de zonas de exclusión para la pesca industrial son algunas de las estrategias clave para asegurar un futuro más equitativo y sostenible para millones de personas que dependen de esta actividad, apuntó.

Solo a través de un enfoque integral de aspectos ecológicos, económicos y sociales se podrá garantizar la continuidad de esta actividad fundamental para las comunidades pesqueras en el mundo.

“Es fundamental invertir en tecnologías de pesca sostenible, fortalecer las cooperativas pesqueras y promover el consumo responsable de productos provenientes de la pesca artesanal”, consideró el investigador Basurto.

Este artículo fue originalmente publicado en Causa Natura Media y Son Playas lo replica con la debida autorización.

La entrada La pesca artesanal representa el 40% de las capturas mundiales: estudio se publicó primero en Son Playas.

• Mongabay Latam y Data Crítica cruzaron datos de información oficial sobre derrames petroleros en el Golfo de México con datos provenientes de imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras. El análisis muestra que la mayor parte de los derrames no se reportan. En los últimos seis años y medio, especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos (60 por ciento) no existen derrames reportados oficialmente. 
• En ocasiones, los eventos reportados también son minimizados. El volumen del derrame de Ek-Balam en 2023, el más grave documentado en los últimos años en México, fue subreportado entre 10 y 200 veces, de acuerdo con cálculos de científicos a partir de capturas satelitales del desastre. 
• Entre enero de 2018 y julio de 2024, se iniciaron 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo, pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se establecieron sanciones con multa. Solo ocho de ellas han sido pagadas.

Elías Naal Hernández sale, red de pesca en mano, a probar suerte en las aguas de Isla Aguada, una localidad ubicada en las costas de Campeche, donde la Laguna de Términos desemboca en el Golfo de México. El pescador no imagina la escena que el mar le mostrará esa mañana de los primeros días de abril de 2024.

“Era una enorme mancha, kilómetros y kilómetros de crudo, lo agarrábamos en los achicaderos (baldes) de agua y se llenaban de lo fuerte que estaba”, cuenta. Lo único que Elías Naal pescó ese día, a cubetadas, fue el petróleo que parecía llenar el mar entero.

Lo que describe el pescador fue detectado vía satélite por científicos que estudian desde hace años los derrames de petróleo en el Golfo, quienes observaron evidencias de posibles manchas oleosas desde el 7 de marzo de 2024. Las detecciones tenían un origen cercano a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal asignada para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México desde donde se extrae el 80% del crudo nacional.

Pero el derrame no fue reportado por Pemex, que por ley debió hacerlo, y cuando Naal acudió a la paraestatal para denunciarlo, la empresa desestimó el evento argumentando que era una “chapopotera”, es decir, una emanación natural de petróleo, cuenta el pescador. Es una respuesta que reciben los pescadores con demasiada frecuencia frente a eventos que, de acuerdo con Naal, no tienen las características de eventos naturales.

Cuando comenzó a pescar, hace 38 años, era común que recalaran muy cerca de la costa la sierra y el peto, el besugo y la merluza, el huachinango y el atún, la mojarra y el bagre: algunas de las 300 especies que el estuario alberga, y de las que casi 80 están hoy amenazadas de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología. Con un poco de suerte, hace décadas las redes se llenaban de camarón rosado. Se veían delfines nariz de botella, tortugas caguamas y lora. Era un mar de vida.

Pero cada vez con más frecuencia, lo que Elías Naal atraviesa al buscar alimento es literalmente un mar de negrura y muerte, producto de los derrames provenientes de pozos de extracción de petróleo que en 2024 sumaron 88 más de los que había hace seis años, para un total de más de 2000.

Un equipo de Mongabay Latam y Data Crítica solicitó reportes empresariales enviados al gobierno mexicano sobre derrames petroleros para comprender la magnitud de estos incidentes, identificando sus características y afectaciones en el Golfo de México. Luego, contrastó estas cifras contra datos compartidos por científicos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes han analizado más de 3000 imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 y publicaron en octubre de 2024 una investigación académica al respecto.

Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.

De los 79 meses que equivalen a los seis años y medio analizados por los científicos, los investigadores han detectado la presencia de manchas de petróleo no naturales en el mar en 74 meses, mientras la autoridad ambiental solo tiene registrados derrames en 30 meses, el equivalente a dos años y medio, es decir, menos de la mitad de lo hallado por estos científicos.

“Estamos definitivamente en estado agónico, apenas sobreviviendo”, dice Baudelio Cruz, quien es pescador desde los siete años en la ciudad de Campeche y lleva décadas viendo el ecosistema deteriorarse. “Se pesca ya muy poco”, asegura y pide que el gobierno mexicano los voltee a mirar.

“No son chapopoteras”

Cuando Elías Naal acudió a los representantes de Pemex con un puñado de sargazo bañado en crudo como evidencia, los funcionarios le dieron el argumento de siempre: que las manchas que él veía a lo largo de kilómetros y kilómetros eran “chapopoteras”, es decir, emanaciones naturales de petróleo, aunque, según Naal, no respaldaron esa afirmación con ninguna prueba.

Pero el análisis realizado por científicos del Ecosur, el UABC, el Centro de Investigaciones del Golfo de México (Cigom) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aporta evidencia a la versión de los pescadores de que aquel petróleo encontrado entre marzo y abril de 2024, no correspondía a una emanación natural. El crudo se encontraba demasiado alejado de la chapopotera conocida de la zona, y las características espaciales de la mancha tampoco corresponden con las de una emanación natural.  Esto se basa en la descripción que hacen los científicos en su artículo publicado en 2024.

Las características de las chapopoteras versus las de los derrames se han identificado en las miles de fotografías que forman parte de la base de datos construida para esta investigación y cuyo análisis se presenta aquí.

“Tenemos una gran certeza cuando detectamos petróleo en la superficie del mar. Tenemos decenas de fotografías y videos que nos han ayudado a la validación”, sostiene Abigail Uribe, especialista de la UABC, quien analiza las imágenes satelitales junto con investigadores de Ecosur.

El petróleo de una chapopotera, por ejemplo, no se desplaza más allá de unos cuantos kilómetros, genera una mancha menos extensa y está compuesta por hilos delgados y alargados en forma de “garra”. En cambio, en los derrames, estas características cambian: “es un petróleo que se concentra más y que abarca espacios mucho más grandes”, detallan los expertos. Además, los científicos y los pescadores saben dónde están las emanaciones naturales después de años dedicados a estudiar el Golfo. De acuerdo con Uribe, si un pescador detecta petróleo lo más probable es que sea un derrame, porque las chapopoteras son pequeñas y están en zonas cercanas a plataformas donde los pescadores no pueden acercarse por ley.

https://projects.mongabay.lat/2025/derrames/

“Sabemos que no son chapopoteras”, afirma Wilbert Cosmopulos López, presidente de la federación de sociedades cooperativas de la industria de Cárdenas de Tabasco y pescador desde hace 20 años. “Frente a la costa de Magallanes, donde tenemos la pesquería, va uno en la embarcación y se percata del crudo por el olor que ya conocemos. Posteriormente ya ves en el espejo de agua un tono aceitoso brilloso. Más atrás ya vienen flotando los grumos y placas de hidrocarburo. Entre más vas avanzando hacia la mancha, ves placas más grandes de hidrocarburos. Entonces empezamos a tomar fotografías y evidencia”.

El aporte de los pescadores es clave para fortalecer los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes satelitales. El conocimiento que tienen acerca del comportamiento de las especies, la dirección de las corrientes, la ubicación de los arrecifes o los hallazgos que puedan tener, por ejemplo, de animales empetrolados, es información relevante. “Es importante porque abre otra fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo en un paisaje donde hay pocos actores. En un país como México con recursos económicos limitados para hacer una vigilancia efectiva, se vuelven indispensables estas otras fuentes de información o de datos para saber qué está sucediendo en nuestros mares”, explica Alejandro Espinoza Tenorio, investigador del Colegio de la Frontera.

Por eso, los científicos de Ecosur, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Centla (Tabasco) y la UNAM, colaboran con los pescadores en una alianza llamada “Pesca y Petróleo 2.0”.

La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.

La sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.

“Asumiendo cálculos conservadores, dejando fuera las áreas más controversiales y considerando solamente las zonas del derrame donde observamos petróleo bastante concentrado, tenemos cálculos de entre 10 y 200 veces [por encima] del volumen reportado”, señala Uribe.

Cada vez que los investigadores de la UABC y Ecosur identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. No obstante, la ASEA indicó, en respuesta a una solicitud de información, no haber sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Tampoco lo son las denuncias y evidencias enviadas por los pescadores, solamente consideran a las empresas petroleras.

El mayor impacto en el ecosistema y los millones de mexicanos que dependen de la pesca en el Golfo, coinciden especialistas y pobladores de la zona, no ocurre solo después de los grandes derrames como el de Ek-Balam, sino que es resultado de la acumulación de décadas de fugas y derrames crónicos más pequeños, la mayoría de los cuales jamás son reportados y, mucho menos, sancionados.

Solo ocho multas pagadas en seis años

Para que la Marina mexicana active el protocolo de atención a contingencias por derrames de hidrocarburos, un documento en donde se establecen claramente las rutas para la contención y remediación de un evento de esta naturaleza, es necesario que las empresas extractivas reporten los derrames. Si estas no lo hacen, nadie llega a la zona afectada. Por lo mismo, nada se hizo para intentar frenar el avance del petróleo que Elías Naal vio a inicios del 2024.

“Ahorita más o menos me dedico a pelear lo del ambientalismo, porque nos están perjudicando. La gente llega a deshoras de la noche: ‘vimos este derrame, pasó esto acá, está a siete millas, me hablan de Yucatán, que el derrame viene por abajo, que las plataformas tienen fugas y esto llega a las costas de Campeche y Yucatán por las corrientes”, denuncia Naal, quien es Presidente de la federación unidos por Isla Aguada, Campeche.

Científicas como Abigail Uribe advierten que las empresas parecen solo reportar los derrames más escandalosos, esos que tocan las costas. El resto pasa desapercibido y no llega a los oídos de la población mexicana, a menos que los pescadores lo denuncien.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan.

No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras parecen ser cajas tan opacas como el mar oleoso que atraviesan frecuentemente los pescadores, quienes aseguran deben navegar cada vez mayores distancias para sacar en sus redes cada vez menos.

“Donde creemos que está el conflicto, es que el regulado (la empresa) es juez y parte”, dice Eduardo Cuevas, investigador de la UABC, en referencia a que son las empresas las responsables de dar aviso y de aplicar las medidas de contención y emergencia. Las empresas, indica Cuevas, no tienen incentivos para reportar sus propias fallas.

En los reportes oficiales de derrames, la empresa que concentra más eventos tanto a nivel nacional como en el Golfo de México es la estatal mexicana Pemex, seguida de la empresa privada Petrofac. A nivel nacional, la privada es responsable de 15 derrames ocurridos entre el 9 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 12 fueron en el Golfo de México.

Desde 2018, Petrofac está desmantelando sus operaciones en México para dirigirlas hacia las energías renovables. Sin embargo, el movimiento de Petrofac a inversiones “verdes” dejó intacta la estructura extractiva en México que, desde octubre de 2018, es ocupada por Perenco, propiedad de una de las familias más ricas de Francia, los Perrodo. Esta es la segunda empresa privada con más derrames registrados oficialmente en el país.

El historial ambiental de Perenco no se limita a México. De hecho, de entre todas las compañías petroleras que operan en la Amazonía colombiana, esta empresa es una de las que registra el mayor número de procesos sancionadores y multas en los últimos 10 años, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregados en respuesta a una solicitud de información, no se inició ningún proceso sancionatorio contra Perenco por los derrames que ocurrieron desde su adquisición, sino solamente una sanción por incumplir su meta de barriles de producción de petróleo. Tampoco hay registro de ninguna sanción contra Petrofac por los 12 derrames registrados oficialmente en los tiempos en los que operó.

En respuesta a cuestionamientos para esta investigación, un portavoz de Perenco señaló que los derrames y fugas en México han ocurrido tierra adentro, y que la estrategia ambiental de la empresa consiste en la compra de equipos de vigilancia, pues culpa a actos vandálicos de los derrames.

“En los últimos cinco años, Perenco México ha invertido significativamente en la integridad de sus activos, así como en la mejora de la vigilancia con CCTV y drones. En consecuencia, los incidentes ambientales se han reducido en 85% desde 2019”, sostiene la empresa.

Aunque tierra adentro, al menos un derrame de las instalaciones de Perenco en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, ha tenido impacto tanto en el manglar como en el lecho del Golfo de México, como se desprende de su propio reporte a la ASEA. En el documento, la empresa indica que para detener el derrame llevó a cabo la “instalación de barreras marinas en zona de manglar para recuperación de aguas oleosas”.

Esta investigación no pudo corroborar directamente que la mayoría de derrames se deben a actos vandálicos, debido a que la ASEA no proporcionó información sobre causas de los derrames, a pesar de que esta información fue solicitada.

Esta ausencia de sanciones es representativa de lo que ocurrió en el país en los últimos seis años. De 2018 a la fecha, aunque hay 86 derrames oficialmente registrados, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo por incumplir normas tan básicas como no seguir su propio plan de exploración. Pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se estableció como sanción una multa y solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con la solicitud respondida por la CNH. Consultada sobre la impunidad de estos casos, hasta la publicación de este reportaje la CNH no respondió. Tampoco Pemex envió respuestas a las preguntas hechas por el equipo periodístico.

Cada derrame ignorado, cada denuncia desestimada, acumula impactos ecológicos que contribuyen a deshilar el tejido de la vida marina en el Golfo, de la cual también son parte cerca de 80 mil pescadores y las millones de familias mexicanas que se alimentan de lo que ellos capturan.

“Se pesca ya muy poco”

La ficha Ramsar que categoriza a la Laguna de Términos como humedal de importancia internacional, indica que cerca del 80 por ciento de los peces de la plataforma del Golfo de México dependen de sitios como este para su reproducción y alimentación.

Este ecosistema es una muestra de la biodiversidad de la región, y la mayor puerta de agua dulce de México al Golfo, que es un ecosistema crítico aún más amplio: corredor migratorio de cientos de especies de reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos de interés ambiental y comercial con decenas en categorías de amenaza como el jabirú (Jabiru mycteria), la segunda ave de mayor tamaño en el continente americano, de la que quedan unos 20 individuos en todo el territorio mexicano.

El valor ecosistémico del Golfo, apunta Eduardo Cuevas, es incalculable. Además de mantener especies de pesca como la sierra, el robalo, el atún y el huachinango, da vida a especies de tiburones protegidos como el tiburón ballena y tortugas como la lora y la laúd.

Con la contaminación, sin embargo, “no sólo se afectan ecosistemas marinos sino también terrestres”, explica Eva Coronado, especialista en sistemas socioecológicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad Autónoma Nacional, en Mérida. “Todos los contaminantes que llegan a la costa tienen afectaciones a las zonas lagunares, como la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen y a los ecosistemas de manglar que están cercanos al área”.

Pemex ocupa el lugar 20 en una lista de 57 empresas que ha generado el 80 por ciento de emisiones de carbono a nivel mundial desde la firma de los acuerdos de París, de acuerdo con el centro de investigación británico InfluenceMap. Pero mientras las petroleras contribuyen en gran medida a la crisis climática, también debilitan la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a eventos catastróficos catalizados por esa misma crisis, como los huracanes. Además, el petróleo viaja del plancton a animales más grandes, representando posibles daños al ser humano de los que no se han conducido estudios profundos, indican los especialistas. Para pescadores como Elías Naal, el valor de ecosistemas como la Laguna se sintetiza así: son toda su vida. El pescador lleva cuatro décadas mirándola desaparecer.

“Hemos visto pescado, tortugas, delfines manchados de crudo, y cuando el petróleo está a dos millas de la orilla, entonces no hay pescado, por el olor que despide. El impacto [de los derrames] es fuertísimo”, dice.

Su experiencia se multiplica por toda la costa del Golfo. De acuerdo con el Plan Nacional de Contingencia, en los procesos de respuesta ante derrames de hidrocarburos se debe tener como prioridad la vida humana, el medio ambiente y en último término la propiedad de la nación y de terceros. En la práctica, dicen los pescadores, ellos y sus demandas han sido relegados al último sitio.

“Se pesca ya muy poco, quisiéramos que nuestro gobierno actual se ponga a pensar que nosotros somos los campesinos del mar, los que traemos el sustento para los niños de México”, dice Baudelio Cruz. “Entendemos que el petróleo se necesita, pero si la pesca se acaba, si nuestro gobierno no pone los ojos también en la pesca, no sé qué va a pasar porque es comida para todo el país”, agrega el pescador que también fue testigo de la mancha kilométrica de petróleo a inicios de 2024.

“La gente me denuncia, desde Mérida hasta Nuevo Campechito me mandan reportes y yo he recolectado pruebas, pero (en PEMEX) me cierran las puertas. Vamos a pedir un recurso por la afectación y nos dicen que no hay, porque simplemente son ‘chapopoteras’, imagínese”, denuncia Naal. “Nadie toca a PEMEX. Ellos hacen y deshacen, y no podemos reclamar. Le hemos escrito hasta al presidente de la República y no nos atienden”, agrega el pescador Teodoro Wilson.

Para los pescadores, existe un antecedente inequívoco de que las empresas y las autoridades evaden la realidad con la excusa de las chapopoteras. El derrame de Ek-Balam, que se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de Pemex o las autoridades mexicanas, también intentó ser minimizado. Aseguraron que era una “chapopotera”, una versión que se derrumbó a medida que el derrame crecía. La extensión del desastre de Ek-Balam superó los 460 kilómetros cuadrados y se tiene evidencia de que viajó más de mil kilómetros a lo largo del oeste del Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz y Tamaulipas .

Pescadores e investigadores están convencidos que las tecnologías que utilizan para detectar y enfrentar los derrames, podrían convertirse en un potente mecanismo de vigilancia y monitoreo ambiental para circunnavegar las limitaciones de la regulación actual, que deja todo en manos de las empresas.

“Estamos realmente convencidos de que esta información es útil para ellos (las autoridades), pero la práctica actual y el oscurantismo de las regulaciones no permite que haya este flujo de datos valiosos para la acción inmediata, el seguimiento y la atención a los derrames”, dice Uribe. “Nosotros no queremos enjuiciarlos — asegura— nosotros estamos aquí para entregarles información. Úsenla, incorpórenla en su toma de decisiones”.

“También existimos”: el grito de auxilio de la pesca

Elías Naal, Baudelio Cruz y Wilbert Cosmopolus, pescadores ahora convertidos involuntariamente en defensores del territorio, se aferran a su oficio. Quieren proteger el modo de vida que mantienen desde hace casi medio siglo, pero cada vez más, lo que les hace falta, además de la pesca misma, es dinero y tiempo para pescar. Dinero para nuevas redes que reemplacen las que se arruinan por llenarse de petróleo y para adquirir motores que les permitan hacer recorridos cada vez más largos.

En los últimos cinco años, los pescadores aseguran que su producción ha disminuido en un 40 por ciento, así es que no reciben más de 8000 pesos mexicanos al mes (alrededor de 400 dólares). Además, sostienen que las áreas de pesca se han reducido dado que tienen prohibido acercarse a las plataformas petroleras, incluidas las obsoletas, donde podrían extraer recursos. “Nuestras áreas de pesca han sido invadidas. Tenemos muchas áreas restringidas de pesca donde están las plataformas que ya están obsoletas, pero no podemos ir a pescar allá. Hemos estado luchando, le hemos pedido a nuestros diputados que intervengan para ver si logramos que nos den permiso para pescar en esas plataformas que ya no sirven para nada, porque hay bastante pesca ahí, pero no lo hemos logrado”, dice Baudelio Cruz.

Esta restricción estatal busca prevenir posibles intervenciones en la extracción de petróleo o ataques terroristas. Así lo declaró el expresidente, Vicente Fox, cuando en 2003 se ampliaron los kilómetros de exclusión como respuesta a los ataques de las torres gemelas de Nueva York en 2001.

El 2023 fue un año récord en inversión para pozos de exploración, de acuerdo con datos públicos de la CNH. Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto de la ASEA para las acciones de monitoreo y control disminuyeron en casi una tercera parte, pasando de 604.7 millones de pesos en 2018 (unos 26 millones 800 mil dólares al cambio de 2018) a 385.2 millones de pesos en 2024 (unos 18 millones de dólares al cambio de 2024), según datos enviados en respuesta a una solicitud de información.

Esta distribución de recursos que favorece la extracción pero que no impulsa un equitativo control para prevenir que haya derrames ni contener y mitigar sus efectos adversos, está ahogando a los pescadores que se reparten entre las actividades de monitoreo y la pesca cada vez más costosa. Si la sociedad mexicana no los mira por su valor como generadores de alimentos, reclaman, se convertirán en presa fácil para las petroleras.

De los cerca de 80 mil pescadores en la primera línea de acción frente al desastre, muchos como Naal, Cruz y Cosmopolus piden acción inmediata a las autoridades: el reconocimiento de que la generación de alimento es, al menos, tan importante para la supervivencia del país como la extracción petrolera en el mar.

Exigen que su conocimiento experto sea incorporado en la creación de políticas para balancear la generación pesquera de alimentos con la extracción de petróleo, que puedan pescar al menos cerca de las petroleras en desuso y que en caso de derrames haya reparaciones sustanciales a ecosistemas y pescadores, y no solo la entrega de una red nueva, como ha sido costumbre hasta ahora.

“Aprovecho este medio para pedirle a la autoridad de Pemex y a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ponga los ojos en los pescadores de todo México”, dice Baudelio Cruz. “Queremos un diálogo, una plática. Que no sacrifiquen a un sector por una industria como el petróleo, que es necesaria, pero nosotros existimos. Si nos tenemos que salir de nuestras áreas de pesca, que acordemos qué es lo que vamos a hacer nosotros los pecadores”.

Texto: Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere. Reportería en campo: Flavia Morales Carmona. Análisis de datos: Naomi Morato y Gibran Mena Aguilar / Data Crítica. Fotografías: Héctor Quintanar. Visualización: Eduardo Mota García. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez. Este texto se publicó originalmente por Mongabay Latam el 17 de febrero de 2025 en Mongabay Latam. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente.

*Nota del editor: el 22 de febrero 2025 añadimos información a la publicación para darle mayor contexto a la investigación realizada por los científicos. Las líneas que hemos sumado, que son mínimas, tienen como objetivo aclarar que la investigación fue promovida por Mongabay Latam y Data Crítica, medios que contactaron a los científicos para sistematizar los hallazgos de sus estudios.

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Por Daniela Reyes / Causa Natura Media

La ciencia en Baja California Sur sobre manglares ha pasado de cuantificar las pérdidas del presente y el pasado a predecir los riesgos futuros. Una metodología que anticipa qué bosques de manglar son más vulnerables a la actividad humana, con la intención de revertir la tendencia de desaparición en el noroeste de México y a nivel global.

El 50 % de los bosques de manglar en el mundo están en riesgo de colapsar para el 2025, de acuerdo con la primera evaluación mundial de manglares para la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La LRE evalúa y monitorea la «salud» de los ecosistemas globales, las amenazas que enfrentan estos entornos y las formas de reducir los riesgos y la pérdida de biodiversidad. En la evaluación de la UICN, la mayoría de los manglares mexicanos se encuentran vulnerables.

En México, la única herramienta oficial que existe para evaluar los bosques de manglar es el Sistema de Monitoreo de Manglares de México que indica que Baja California Sur tiene una disminución constante de superficie de manglar desde el 2010 y que la región Pacífico Norte, de la que forma parte, ha perdido 6300 hectáreas de manglar entre 2015 y 2020, que equivalen a la superficie de casi 9000 canchas de fútbol del Estadio Azteca.

Con la idea de ir más allá de cuantificar las pérdidas, Valentina Platzgummer, investigadora en el Centro para Biodiversidad Marina y la Conservación (CBMC) junto a Fabio Favoretto, experto en Ciencia Marina y Octavio Aburto, científico, buzo y fotógrafo, desarrollaron una herramienta para identificar cuáles son los bosques de manglar susceptibles a disminuir a causa de la actividad humana y así anticiparse al riesgo y prevenirlo.

“La ciencia es muy buena en cuantificar las pérdidas, pero podemos ser más proactivos como comunidad científica y proporcionar herramientas que ayuden a conocer el estado de salud de los ecosistemas, a priorizar las intervenciones basadas en el nivel de riesgo y que fomenten políticas que prevean la anticipación”, consideró Platzgummer.

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IAM, un ejemplo de ciencia proactiva

El primer acercamiento a los bosques de manglar mexicanos fue en las playas de Bahía Banderas, ubicadas entre los estados de Jalisco y Nayarit. Platzgummer regresaba cada año a vacacionar y atestiguó cómo la construcción de hoteles desaparecía uno a uno los parches de manglar y la vida que albergan. Veía como un pajarito era sustituido por un camastro y los parches de manglar por clubes de playa de los hoteles.

“En ese momento yo ya tenía clara la relación que existe entre la productividad pesquera y los manglares como hábitat de crianza de especies de peces de importancia comercial gracias a los estudios del científico Aburto”, explicó Platzgummer.

El interés personal por hacer algo que redujera los impactos a los bosques de manglar a nivel global la llevó a desarrollar, junto a Favoretto y Aburto, una manera de evaluar el riesgo de pérdida de manglar en su tesis de maestría.

De entre más de 3000 variables concluyeron que la forma más sencilla de calcular el riesgo era a través de un catálogo que considera la distancia de las amenazas antrópicas, entendidas como aquellas que son producidas por la actividad humana, como carreteras, viviendas, hoteles, proyectos de acuacultura, entre otros, con respecto al parche de manglar en un horizonte temporal de 10 años. A este cálculo le denominaron Índice de Amenaza de Manglares (IAM). Entre más lejos esté la amenaza, menor es el riesgo de pérdida del manglar.

“No sólo la reducción de área traduce el impacto de las actividades antropogénicas en el manglar, pero era la medida más sencilla que teníamos de averiguar, a simple vista, si habían impactos o no”, dijo Platzgummer.

Para validar la efectividad del IAM se calculó el riesgo de pérdida para todos los manglares del estado de Sinaloa en 2010: el 78% de los manglares analizados tenían un alto riesgo de perderse.

Posteriormente se comparó con los manglares que, efectivamente, se perdieron en 2020, y resultó que el 98 % del 78% que estaba en alto riesgo, perdieron cobertura.

También se calculó el riesgo de pérdida para todos los manglares del mundo en el mismo periodo y obtuvieron resultados similares a los de Sinaloa, por lo que Platzgummer señaló que es una herramienta que funciona a nivel regional y global.

Una vez hecho el cálculo del riesgo, Fabio Favoretto, experto en ciencia de datos, creó un plugin o extensión que se agrega al QGIS, un software libre para el manejo y visualización de información geográfica, para hacer la herramienta accesible a todo público, de manera que sea útil para la toma de decisiones.

“Es una herramienta que permite calcular de manera sencilla las distancias y a partir de esas distancias, crear un índice relativo a la zona que estás analizando, que te devuelve valores entre 0 y 1. Los valores más altos (de 0.7 a 1) indican parches de manglar que tienen un mayor riesgo de pérdida, por su mayor proximidad a las amenazas antrópicas alrededor”, indicó Platzgummer y agregó que la idea es que la herramienta final se pueda utilizar desde el móvil, como app, para que decisores políticos, grupos ciudadanos y cualquier tipo de usuario puedan usarla de manera sencilla, sin tener que entender de sistemas geoespaciales.

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Hay otras formas de medir el riesgo que utilizan metodologías diferentes y que implican procesos muy largos y complejos. Aunque Platzgummer reconoce que son valiosas, se vuelven poco prácticas para la toma de decisiones y para frenar el impacto provocado por la actividad humana.

La científica comentó que otros índices se centran en evaluar el pasado o las condiciones actuales de los manglares, por lo que proyectar a futuro y anticipar la pérdida es lo que caracteriza al IAM. “Estamos conscientes de que el tema es más complejo, y aunque esta medida simplifica muchísimo la realidad, ayuda a tomar decisiones urgentes y rápidas, y se puede aplicar anualmente, lo que ayuda a incidir en las políticas de planificación”, señaló.

Platzgummer también aclaró que el IAM no garantiza que se va a perder extensión de un manglar inevitablemente, sino que indica la probabilidad de que esto suceda.

Este tipo de análisis ya se aplica por ejemplo para los impactos del cambio climático, donde por ejemplo, se menciona que hay un mayor riesgo ante huracanes y eventos climáticos extremos, lo cual no indica que necesariamente habrán huracanes cada año sino que es más probable que aumenten en frecuencia e intensidad.

Crear comunidad para conservar manglares

La ciudad de La Paz es la capital del estado de Baja California Sur, al noroeste de México. Alberga 17 comunidades de manglar, de las cuales 16 se encuentran bajo presión por el crecimiento urbano de la ciudad.

Para evaluar el riesgo, en mayo de 2024, el CBMC aplicó el IAM a 16 de los manglares de la Bahía de La Paz, considerados más cercanos a la urbanización, y obtuvo que el 51 % están bajo la categoría de “alto riesgo”; el 7.84 % en riesgo medio-alto; el 23.53 % en riesgo medio; y el 17.65 % en bajo riesgo de pérdida.

Los factores de presión resultaron similares en todos los puntos: desarrollo urbano y cambio de uso de suelo vinculado a la expansión urbana.

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De los resultados que obtuvieron, notaron que el bosque de manglar de El Conchalito presentó el menor riesgo de pérdida. Esto se lo atribuyen a las acciones de restauración pasiva que realizan Las Guardianas de El Conchalito, un grupo de 14 mujeres que desde 2015 se organizaron para proteger este ecosistema a través de vigilancia, delimitación con rocas para impedir el acceso de vehículos al manglar y letreros para educar a los usuarios.

“La restauración pasiva que hicieron en El Conchalito se reflejó en un índice de riesgo más bajo en el manglar, a pesar de su cercanía a la mancha urbana. Esto se debe a que las piedras disminuyen el impacto del acceso de carros. En este caso el IAM nos dice cómo esa medida de restauración pasiva sí funciona a la hora de bajar el riesgo de pérdida, porque aumenta la distancia entre el impacto antropogénico (los caminos) del manglar”, señaló Platzgummer.

Por otra parte, el bosque de manglar de El Comitán arrojó el riesgo más alto en toda la bahía y por lo tanto se determinó que era prioritario atenderlo. El equipo del CBMC, inspirado en el ejemplo de Las Guardianas, impulsó en marzo de 2024 el proyecto Futuro desde las Raíces que tiene por objetivo ampliar la conservación de manglares a través de la participación ciudadana y acercar la ciencia a la población.

“Desde hace varios años el CBMC ha impulsado la diplomacia científica, lo cual significa que la ciencia no se quede sólo en un nivel académico, sino que se ponga a disposición de la sociedad en general”, comentó Marisol Plascencia, directora de la organización.

A raíz del caso de Las Guardianas, Magali Ramírez, coordinadora del monitoreo ecológico en el CBMC, identificó que era importante la participación de la comunidad para el éxito de la conservación de un manglar. Por eso convocaron a una reunión pública con las personas interesadas en colaborar en la conservación de El Comitán.

“Uno de los objetivos principales es el co-diseño de una estrategia de conservación anticipada por los vecinos y los usuarios de la playa y el manglar de El Comitán. Después de dos sesiones de talleres participativos con los vecinos se crearon tres ejes de acción principales: la estrategia de restauración pasiva a través de las piedras; la gestión de residuos; y la educación ambiental”, explicó Platzgummer.

A la primera reunión acudió Alejandra Chávez, que vive en El Comitán desde 1998, bióloga e integrante del Centro de Asesoría para la Sustentabilidad Ambiental, una asociación dedicada a la conservación ambiental.

El Comitán es su “patio trasero”. Acude a caminar, a pasear a sus perros, a ver las estrellas, o para reunirse con la familia y amistades. Es un espacio para despejar su mente y para apreciar la naturaleza.

“Cuando llegué a La Paz, prácticamente llegué a vivir a esta colonia. Me enamoré del desierto, del contraste del desierto con el mar, la zona costera, un apego fuertísimo, porque además es mi área de estudio”, dijo Chávez.

Durante las reuniones, Chávez ha aportado de manera voluntaria sus conocimientos como bióloga para definir los sitios de conservación; mapear los caminos que deberían quedar habilitados para el tránsito de autos que no pongan en riesgo al manglar; pintar y colocar letreros y limpiar la playa. En estas actividades también colaboran otras iniciativas con las que hacen sinergias como la plataforma Es Mi Playa, Mi Barrio y Mar Libre.

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En Semana Santa, la playa recibe a cientos de familias sudcalifornianas que acuden a acampar, como es tradición en Baja California Sur.

También hay una colonia vecina que está integrada en un gran número por residentes extranjeros, principalmente jubilados y provenientes de los Estados Unidos y Canadá que ocupan las residencias una temporada del año. El manglar además colinda con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), por lo que es un epicentro de visitas y residencia de personas científicas. En general, Plascencia señala que es una comunidad particular y receptiva.

“La mayoría de quienes acuden a las reuniones son vecinos y reflejan la composición social del barrio de El Comitán, una zona donde también hay mucha gentrificación y muchos vecinos flotantes. En el primer taller hubo choques culturales, pero en el proceso se superaron gracias a que el objetivo común es cuidar el manglar y la playa, la zona común que usan. Por otro lado, ha sido un reto involucrar a los usuarios de playa. La idea es que haya un balance entre vecinos y usuarios en las reuniones, para que sea un escenario más representativo de la realidad”, señaló Platzgummer.

En el caso de El Comitán las principales amenazas son la construcción de casas y calles cada vez más cerca del manglar. El riesgo de pérdida aumenta debido a que se compacta el suelo y esto impide que las raíces de la flora crezcan.

“Antes no eran tan frecuentes los vehículos todo terreno en la playa y el mangle, pero se han intensificado fuertemente en los últimos diez años. También ha aumentado la visita de las playas y la población de la colonia. Incluso, la colonia quiere expandirse y están lotificando e invadiendo la zona de inundación. Por eso los parches de manglar se han reducido y están en peligro todas esas áreas. Espero que logremos frenar el desarrollo desorganizado y masivo que se nos viene encima”, indicó Chávez.

Además, de acuerdo con Plascencia, el riesgo no es sólo hacia el manglar, sino hacia quienes construyen, ya que es una zona inundable que arriesga el patrimonio de quien edifica.

Para evitar que se agrave el riesgo del manglar en El Comitán se requieren dos cosas: reducir los caminos y evitar que se construya cada vez más adentro del estero. Precisamente, los vecinos encendieron las alarmas por la posible lotificación de terrenos allí.

Los expertos esperan que la falta de acceso de carros al salitral descompacte el suelo y que, con las lluvias e inundaciones, puedan reducirse las amenazas antrópicas y que El Comitán obtenga un mejor resultado en el IAM aproximadamente en uno o dos años.

“Es muy importante usar ese índice sobre todo a la hora de planificar. Hay que identificar muy bien cuáles son las zonas clave que hay que dejar en paz. Si ya el riesgo de pérdida es muy alto, por qué subirlo con más construcciones. Claramente hay que hacer una estimación de coste y oportunidad. El manglar te está dando peces, está limpiando la bahía y te está protegiendo contra el huracán, ¿lo vas a sacrificar por un proyecto turístico o inmobiliario?”, señaló Platzgummer.

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Desde abril de 2024 la organización comunitaria empezó con intervenciones en El Comitán. Este espacio ha recibido mayor atención de parte de otras instituciones como el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) y del departamento de Zona Federal Marítimo Terrestre del Ayuntamiento de La Paz, quienes recientemente han hecho limpiezas en la zona y han colocado letreros, palapas y botes de basura.

En una siguiente etapa del proyecto Futuro desde las Raíces, el CBMC junto a las organizaciones y personas voluntarias realizarán la colocación de piedras para delimitar el área y restringir el acceso de autos en ciertas áreas. Para eso, Plascencia hizo un llamado a que las autoridades les apoyen facilitando permisos y colocando más señalética.

Las reuniones de planeación que iniciaron en abril con diez personas, actualmente asciende a 50 colaboradores. Entre ellos un grupo de jóvenes voluntarios que entrenan béisbol 5, una versión urbana del béisbol clásico, quienes por invitación de su entrenador Héctor Contreras, se sumaron a las actividades. Él ha sido un personaje clave para involucrar a las nuevas generaciones en estos procesos comunitarios.

Contreras siempre ha vivido en El Centenario, un barrio colindante con El Comitán, por lo que siempre ha recurrido a este último como espacio recreativo. Como entrenador, se ha empeñado en involucrar a su grupo, de alrededor de 25 jóvenes de 15 a 18 años, en el ordenamiento del área de manglar como parte de su formación y retribución social. De esa manera les inculca la importancia de la playa como espacio público y espera que sean ellos quienes más adelante lideren actividades de conservación en estos ecosistemas.

“Quiero fomentar no solamente la parte física, sino también la parte social y comunitaria. Quiero que se sientan parte de este lugar y que ayuden. Involucrarse en la conservación del manglar tiene un impacto en sus vidas. Aquí es casa de todos y debería de ser cuidada por todos”, afirmó Contreras.

Al final, el proyecto pretende que sea la comunidad la que, con la ayuda del CBMC, haga su estrategia de conservación y la ponga en práctica. Posteriormente buscarán que se replique a nivel estatal, priorizando los manglares de acuerdo a los resultados del IAM, señaló Magali Ramírez.

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El futuro del IAM

Los ecosistemas de carbono azul, entre ellos los manglares, mitigan el impacto del cambio climático. Por eso, conservarlos saludables ofrecerá mejor protección contra el aumento del nivel del mar y contra los impactos, tierra adentro, de fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes ante los cuales Baja California Sur es altamente vulnerable, de acuerdo con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC).

Lo ideal para Platzgummer es que, en un futuro, el IAM se vincule como una herramienta legal a nivel de agendas en diferentes países y sea un criterio para impulsar políticas internacionales y locales que anticipen el riesgo de pérdida de manglar y las responsabilidades por aumento del riesgo de pérdida.

Una de las políticas más importantes sería determinar cuáles son las distancias entre las amenazas antropogénicas con respecto al manglar y, a partir de eso, hacer una planeación para minimizar el riesgo de pérdida.

“¿Por qué no evaluamos el riesgo de pérdida de un ecosistema y, sobre la base de eso, planificamos para minimizarlo? Así nos aseguramos que lo que queda de ecosistemas sanos e íntegros, y los servicios ecosistémicos, se mantengan y no los deterioramos más”, sugirió Platzgummer.

Al tener una planeación, también se pueden determinar responsabilidades civiles y penales por no cumplirla, ya que actualmente no hay ninguna herramienta legal que ayude a vincular la responsabilidad sobre la pérdida de manglar.

“Hay que prever una responsabilidad en los decisores políticos que permiten o no ciertas acciones que aumentan el riesgo. También hay una responsabilidad civil y penal cuando pasa una catástrofe y no se respetaron los criterios que conlleva el hecho de que esa zona tenga, por ejemplo, riesgo sísmico”, comentó Platzgummer, y añadió que si se crean leyes que protegen el manglar, se detecta un riesgo de pérdida y aún así se hacen construcciones, se podría establecer una responsabilidad.

Este reportaje fue seleccionado por la beca de Mongabay Latam para contar historias de océanos y publicado originalmente en Causa Natura Media y Mongabay Latam.

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En México el “Día de Muertos” “Todos santos” o “Xantolo” engloba varias celebraciones cuyo motivo actual es el de recordar y celebrar a los fieles difuntos.

El Día de Muertos se festeja o conmemora de formas muy distintas en todo el país, ocurriendo generalmente los días 1 y 2 de noviembre, pero empezando desde el 30 de octubre en algunas localidades y extendiéndose en otras hasta el 30 de noviembre.

Según información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), a lo largo y ancho del país, las distintas plantas, animales u hongos que se encuentran disponibles constituyen los elementos decorativos, espirituales o son ingredientes de platillos y bebidas que se dispondrán en tumbas, arcos, altares y ofrendas. 

Para documentar los elementos naturales que se emplean en festividades mexicanas como esta, la Conabio invita a la población a tomar fotografías y proporcionar datos que serán utilizados para crear un mosaico de la riqueza biocultural de nuestras celebraciones de raíces mexicanas.

Sí quieres participar de forma voluntaria, podrás subir tus fotografías a una plataforma habilitada con esa finalidad dando clic aquí.

Festividades y celebraciones de raíces mexicanas

Según la Conabio, México es reconocido a nivel mundial como un país megadiverso, pues en nuestro territorio confluye una gran diversidad biológica en todos sus niveles, desde los genes y las especies hasta los ecosistemas. Al mismo tiempo, nuestro país alberga una gran riqueza cultural que es el resultado del sincretismo y la reinterpretación entre una herencia prehispánica larga y profunda y el rico legado que nos fue traído de diversas partes del mundo.

Es así como ambos, diversidad natural y cultural, se han transformado a través del tiempo y del espacio para constituir el patrimonio biocultural del que somos parte y con el que convivimos todos los días, en los campos y en las ciudades, en nuestros platillos y bebidas, en la ropa que vestimos, en las actividades que realizamos cotidianamente y hasta en los sitios que frecuentamos, todo ello refleja las distintas maneras en que las personas convivimos con la naturaleza.

El patrimonio biocultural es un mosaico de expresiones y rasgos culturales de las diferentes regiones de nuestro país, que se recrean de forma individual y colectiva, y que en su conjunto constituyen la identidad cultural de nuestro pueblo. Esto se ve reflejado en las diversas festividades, cada una con sus particularidades de acuerdo con el significado de los elementos naturales existentes en cada territorio.

Calendario Biocultural

De acuerdo a información que la Conabio pública en su portal, nuestro patrimonio e identidad biocultural están enmarcados por los cambios estacionales que ocurren a lo largo del año y que determinan la disponibilidad de los elementos naturales que integran nuestras fiestas.

Los pueblos originarios tenían un vasto conocimiento de esos ciclos naturales que se aplicaron en los calendarios agrícolas en torno a los cuales giraba su modo de vida y que hoy siguen siendo la base de muchas festividades, como la fiesta de San Miguel Arcángel que coincide con las primeras cosechas de maíz de temporal.

Relación entre manifestación cultural y biodiversidad

Las festividades nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos y hasta que morimos, éstas están siempre asociadas de elementos de la biodiversidad, tales como plantas, animales u hongos que se emplean como alimentos, artesanías, medicinas, combustible, ornamento y ceremonias y es así como disfrutamos de nuestra diversidad biológica y riqueza cultural.

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Por Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

Cali, Colombia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) es la reunión global de la rendición de cuentas, a la que muchos países llegaron sin cumplir con la tarea que tenían asignada desde hace dos años.

Luego de que se aprobara el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, en la COP15 realizada en 2022, los países debían entregar su Plan de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), un documento en donde deben detallar sus estrategias y acciones encaminadas a cumplir con las 23 metas con las que se comprometieron para el año 2030.

Sin embargo, al comenzar la COP16, sólo 35 de 196 naciones entregaron sus planes completos. Colombia, México, Cuba y Surinam fueron las únicas naciones latinoamericanas que hicieron la tarea, a pesar de que la presentación de los planes es uno de los puntos claves de la COP16, ya que en esta reunión se pretende analizar qué tan realistas, medibles y ambiciosas son las metas e indicadores de cada plan.

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Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, considera que tener sólo 35 NBSAP es algo preocupante, porque en el año 2022 todos los países asumieron el compromiso de revisar sus estrategias y, aquellos que ni siquiera las tenían, debían crearlas y establecer un plan. “Esto era muy importante, porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”, dice Oliveira.

La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta la experta de TNC Brasil.

La cuenca amazónica, sólo con dos planes

La Amazonía enfrenta una crisis por sequías e incendios sin precedentes, lo que ha llevado a que el río Amazonas presente caudales mínimos históricos. Este bioma es clave para la lucha contra las crisis climáticas y de biodiversidad, y aunque hay acciones para su conservación, también existe una creciente preocupación porque se está llegando al “punto de no retorno”, ese momento en el que la pérdida de bosques y servicios ecosistémicos será más acelerada que la capacidad de la Amazonía para recuperarse. En ese sentido, a los expertos les inquieta que, de los países que comparten el bioma, sólo Colombia y Surinam hayan presentado sus NBSAP.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, asegura que es vital que todos los países aceleren la presentación de sus NBSAP y que estos sean medibles, que tengan un enfoque que incluya a toda la sociedad, que involucren la transformación de los sectores productivos y que desarrollen estrategias claras de financiamiento.

“Sin financiamiento va a ser imposible implementar las metas del Marco Kunming Montreal y esto es un tema fundamental dentro de la negociación, porque hay una brecha económica muy grande que superar”, dice Barrera.

Para la especialista de WWF Colombia, la COP16 tiene como misión dejar una ruta clara para movilizar los recursos financieros, revisar los incentivos o los subsidios a industrias que están generando consecuencias negativas sobre la biodiversidad, fortalecer los esquemas de gobernanza y garantizar el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Oliveira considera que falta mayor voluntad política con la biodiversidad: “La voluntad política con la biodiversidad no es tan fuerte. Es necesario más esfuerzo de los gobiernos para traer la agenda de la biodiversidad al nivel de la agenda del clima. Se habla mucho de clima, pero no se habla tanto de biodiversidad. Sin embargo, hoy sabemos que para enfrentar el cambio climático necesitamos de una biodiversidad cada vez más íntegra y más fuerte”.

La expectativa con el plan de Colombia

Durante el primer día de trabajos de la COP16 hubo bastante expectativa porque el gobierno colombiano, anfitrión de la conferencia, dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, lo presentó en rueda de prensa y aseguró que este plan “será la guía que aportará en la protección y conservación de la naturaleza al 2030, a través de cuatro apuestas, seis metas nacionales ambiciosas, medibles y alcanzables y 191 acciones formalizadas que buscan contribuir al cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal”.

Muhamad explicó que una de las metas clave es que Colombia aumente del 24 al 34 % de su territorio bajo alguna medida de protección ambiental. Además, la ministra aseguró que el país busca generar un renglón económico nuevo a través de la bioeconomía —aquellas partes de la economía que utilizan recursos biológicos renovables de la tierra y el mar— que actualmente representa solo el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para que pase al 3 % en 2030, generando medio millón de empleos.

Otros puntos importantes del NBSAP de Colombia se centran en avanzar en la reconversión de cinco millones de hectáreas a modelos productivos sostenibles y con procesos de restauración, así como en la reducción del impacto de economías ilícitas en los ecosistemas del país, “buscando tener una disminución de, por lo menos, el 50 % en los niveles de tráfico de fauna y la afectación por delitos ambientales”, aseguró la ministra de Ambiente.

Ximena Barrera, de WWF, destaca que el NBSAP de Colombia presenta cuatro grandes apuestas. La primera está enfocada en cómo fortalecer el ordenamiento territorial y la integración de las consideraciones ambientales en los sectores productivos.

La segunda es la transformación de esos sectores productivos para proteger la naturaleza y enfrentar el cambio climático. “Esto no es una agenda sólo del Ministerio de Ambiente, sino que involucra a todos los sectores de la sociedad”, dice.

La tercera apuesta tiene que ver con los delitos ambientales, corrupción e ilegalidad. “Necesitamos enfrentar esas economías ilícitas que están generando impactos en los territorios, por ejemplo, la minería ilegal y sus pasivos ambientales”, destaca Barrera.

La cuarta apuesta está enfocada en cómo fortalecer los temas de gobernanza territorial, “reconociendo no sólo la importancia de la biodiversidad, sino de la diversidad cultural”.

Por su parte, Oliveira destaca el impulso que el Plan de Acción de Colombia le da al tema de gobernanza de la cuenca amazónica, con la participación de la sociedad civil, y cree que otros países también deben incluir estrategias en sus planes para conservar los ecosistemas de agua dulce, “porque normalmente se habla de océanos, costas y tierra, pero no se habla de las aguas interiores”.

Esta información fue publicada originalmente en Mongabay Latam; Son Playas la replica con su debida autorización.

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Por Patricia Ramírez

México llegará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre cambios y ajustes. Tras seis años de gobierno, el mandatario Andrés Manuel López Obrador fue relevado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre. Bajo esta nueva administración los recién nombrados funcionarios de medio ambiente representarán al país en este evento internacional.

La COP16 de Biodiversidad reunirá a representantes de 196 países entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, Colombia. En la pasada COP15, realizada en 2022 en Canadá, las naciones se comprometieron a reducir la pérdida de biodiversidad con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 que quedaron establecidas en el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés).

Este año, los países deberán presentar sus planes nacionales para lograr dichas metas.

“Teníamos hasta el 1 de agosto de este año para subir nuestras metas nacionales al Mecanismo Facilitador de Información del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica) y México cumplió. Pudimos establecer 48 metas nacionales alineadas con el Marco Mundial (GBF)”, explicó Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en entrevista para esta publicación.

Cruz Angón junto con el biólogo Hesiquio Benítez Díaz y la coordinadora de asuntos internacionales Mónica Alegre González viajarán en representación de la CONABIO a la COP16 de Biodiversidad. La cuadrilla de asistentes de otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores aún está pendiente de hacerse pública.

Sin embargo, la estrategia se trabajó durante todo el año entre las distintas instituciones. Los especialistas de la CONABIO reportan que fue una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. “Creo que es muy importante mencionar que el contexto en el que se formularon las metas fue con el cambio de administración (elecciones presidenciales)”, señaló Cruz Angón.

Se habla de 48 metas, ya que se basan en las 23 establecidas con base en el GBF y 25 son acciones derivadas de éstas. Entre las principales se encuentran tener mecanismos de participación que incluyan a pueblos indígenas, la prevención y el control de especies invasoras, la restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la sustentabilidad en sectores como la ganadería y la pesca, entre otras. Todas de cara al año 2030.

“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas al Mecanismo Facilitador. De 196 partes, (alrededor de) 50 países cumplieron y es preocupante porque resulta en no tener metas que reportar ni que seguir”, explicó Cruz Angón.

Los temas de México

“Es una agenda muy amplia”, señaló Benítez Díaz, biólogo en CONABIO, sobre los temas a tratar en la COP16 de Biodiversidad.

“México es fuerte en cuanto a la capacidad técnica. Nos interesa que se apruebe un programa de trabajo a nivel mundial sobre biodiversidad con enfoque en salud y cómo podemos prevenir futuras pandemias”, explicó el biólogo sobre la agenda de temas que llevará el país al evento.

Además de dicho programa, los especialistas de CONABIO consideran que hay fortalezas para abordar la estrategia mundial de conservación de plantas y el uso sustentable de la vida silvestre. En este último se buscan oportunidades en zonas rurales para que sus prácticas sustentables puedan cubrir el mercado nacional e internacional.

“México ha contribuido bien en los temas de integración de la biodiversidad con otros sectores. Nosotros creemos que es un tema súper importante cómo nos relacionamos con las demás dependencias del gobierno federal, en este caso que participan con productividad primaria como la agricultura o la pesca”, expresó Benítez Díaz.

Asimismo, reconoce que hay algunos pendientes, principalmente con la biodiversidad marina y costera. Esto incluye un programa de trabajo para islas. En México existen más de cuatro mil, varias de ellas con problemas por las especies invasoras que ponen en riesgo a la vida nativa.

Sin embargo, estos temas aún deben ser revisados por el nuevo gobierno, lo que ha generado retrasos. Aunque los funcionarios de CONABIO reconocen durante la entrevista que se sienten confiados porque existe continuidad entre los servidores públicos que participan, como es el caso de la bióloga Alicia Bárcena, nueva secretaria de Medio Ambiente, que se desempeñó como canciller durante el último sexenio.

“Entrará la nueva administración, pero ya estamos ‘aceitados’, estamos trabajando y las diferentes dependencias siguen haciendo lo suyo. Entonces estamos confiados en que seguiremos haciendo las cosas como deben de ser”, agregó Benítez.

Financiamiento climático y menos dinero

Uno de los propósitos más destacados en los eventos internacionales es la conservación. Con el Marco Mundial Kunming-Montreal, que se adoptó en la COP15 de 2022, los países se comprometieron a la protección del 30% de la tierra y el 30% de los océanos para el año 2030.

Dentro del plan de acción que México llevará a la COP16 de Biodiversidad, el punto 3.1 señala que “para el 2030, México incrementa al 22% de la superficie terrestre protegida y al 30% de la superficie marina de manera efectiva a través de los sistemas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales”.

En dicha meta se detalla que, hasta marzo de este año, la superficie de las ANP del país ocupa más de 28 millones de hectáreas en tierra (equivalente al 14.5 % de la superficie terrestre) y más de 70 millones en mar (lo equivalente 22.47%). Lo que significa que aún falta incrementar un 7.5% las hectáreas de protección en tierra y un 7.53% las hectáreas en mar.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador la creación de nuevas ANP federales, que son las administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, destacó en los temas de conservación. Se decretaron 43 áreas de 2018 a 2024, pero casi la mitad se anunciaron apenas en enero pasado. Con estos nombramientos fue que el gobierno de López Obrador se proclamó como el número uno con “más decretos a favor de la vida y la biodiversidad”.

Lo que pudo ser una contribución a las metas del 2030 se vio obstaculizado por la misma administración del exmandatario al disminuir el presupuesto destinado a las instituciones ambientales que se encargan de las ANP, así como ajustes institucionales que llevaron a que la CONABIO pasara de ser un organismo autónomo a una unidad de la SEMARNAT.

“México llega a la COP16 con importantes retos. Bastantes de ellos de hace muchos años, por lo menos los últimos 10, en los que podemos percibir algunas intenciones que tienden a avanzar en el cumplimiento de estos objetivos”, explicó Anaid Velasco, abogada ambiental y directora para México del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

Velasco reconoce la importancia de las nuevas áreas protegidas, así como la publicación del Acuerdo de Hábitat Crítico que es una implementación del derecho ambiental para la protección de áreas con condiciones esenciales para la sobrevivencia de las especies. En el caso de México este nombramiento se dio en 2022 a los humedales de montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, amenazados por la urbanización, la contaminación de descargas residuales y el uso de plaguicidas.

“Pero todo esto queda en una implementación débil si no cuentas con financiamiento suficiente, o sea, los medios para llevar a cabo acciones en los territorios que implican estos decretos que se hacen desde un escritorio”, señaló Velasco.

Actualmente, el presupuesto de las áreas protegidas es de 10.7 pesos (menos de un dólar) para cada hectárea destinada a la conservación, de acuerdo con el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”, elaborado por la coalición de organizaciones ambientales sin fines de lucro Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

“Llegamos a la COP16 con 226 Áreas Naturales Protegidas (federales), que es un avance sustancial en la obligación del Estado mexicano de proteger el territorio, pero llegamos con adeudos considerables en instrumentos de política ambiental como la falta de programas de manejo y en el presupuesto. No basta con decretar, necesitamos recursos constantes para poder dar la protección efectiva”, expresó Gina Chacon, directora de Políticas Públicas de México en Wildlands Network, organización integrante de NOSSA.

Además de lo destinado en la administración mexicana, también existe el financiamiento internacional. En el estudio “Financiamiento para la biodiversidad en México”, de GFLAC, se demuestra que sólo en 2021 se recibieron inversiones de hasta 284 millones de dólares, principalmente de Francia, país que ha mostrado interés en la defensa de la biodiversidad en México. Alemania y Estados Unidos también se suman a la lista.

“México es uno de los grandes receptores de financiamiento internacional que se canaliza a través de estos instrumentos. Son inversiones estratégicas, pero eso no debe invisibilizar la responsabilidad que tiene el financiamiento público (del Estado) para la conservación”, señaló Velasco.

Por su parte, Cruz Angón, de CONABIO, señaló que el financiamiento será uno de los grandes temas de la COP16 de Biodiversidad.

“Siempre es un tema por discutir porque no hay recursos que sean suficientes y por supuesto que se necesitan mayores donaciones de los países desarrollados, pero también se necesita que los países parte busquen recursos de financiamiento público y a través de la asociación con otros actores como son sector privado, comunidades, etcétera”, explicó Cruz Angón.

Sobre el presupuesto otorgado por el último sexenio a las dependencias ambientales, los especialistas de CONABIO señalan durante la entrevista que a pesar de los recortes financieros se trazaron metas acordes al financiamiento disponible.

“Ya ha habido algunas expresiones de la nueva administración sobre la necesidad de elevar el presupuesto del sector ambiental, pero los compromisos que México estableció en relación con las metas globales se hicieron pensando en usar lo que tenemos. Además, las instituciones de la Administración Pública Federal han estado realizando muchos trabajos incluso con el reto de tener poco presupuesto”, agregó Cruz Angón.

Una mirada al futuro

El llevar las metas a la COP16 no será suficiente. Dentro de las acciones de interés para México se encuentra el marco de monitoreo con los indicadores que van a ser utilizados para evaluar el cumplimiento de las mismas.

“Esto es qué tanto se pudo cumplir el Marco Mundial con estas 23 metas y cómo vamos a estar reportando las metas que México acordó con los diferentes participantes. Ahora sí que el pez por la boca cae”, dijo  Benítez, biólogo de CONABIO.

La especialista de GFLAC hace énfasis en que será indispensable incluir a los pueblos indígenas de México y aprovechar las áreas de oportunidad que vienen con la nueva presidenta de México y su gabinete.

“(Sobre) la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sabemos que tiene un currículum que habla por sí mismo, un interés bastante notorio (en lo ambiental) y que dio muchísimos resultados cuando estuvo en su gestión en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entonces nos encantaría ver que su gestión tenga resultados a la altura de estos retos”, agregó Velasco.

A nivel administrativo, desde la noticia de que CONABIO pasaría a integrarse a la SEMARNAT se ha hablado de la desaparición de esta comisión, aunque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no ha informado al respecto.

“Lo que nos han indicado es que por el momento estamos igual y vendrá un proceso de evaluación con la nueva administración para ver el futuro de la CONABIO. Por ahora seguimos trabajando como siempre”, concluyó Cruz Angón.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación

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