Por Raquel Zapien, Sheila Arias y César Hernández

Hace 14 años el gobierno de Mazatlán y autoridades federales anunciaron el rescate del sistema estuarino local que contemplaba al Estero de Urías, un lugar que alberga una riqueza biológica de más de 73 especies de aves acuáticas. Sin embargo, el proyecto no se implementó y hoy este cuerpo de agua es uno de los más contaminados por microplásticos en el mundo. 

El proyecto fue presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2011, durante el Encuentro Nacional de Playas Limpias Mazatlán, y llevaba por título “Saneamiento del Sistema Estuarino Urías”. El plan, prometía ser desarrollado por el gobierno local y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso, se integraron mesas de trabajo de arranque, pero nada de eso prosperó.  

“La alteración de la calidad del agua ha generado una tendencia a la baja en la captura de especies marinas que ahí se desarrollan. La limitante se extiende también al uso recreativo, originada por la desconfianza entre la población nativa y el foco de infección que el problema genera”. Así se planteaba en el proyecto la situación del sistema estuarino de Mazatlán. 

En la actualidad, el Estero de Urías recibe aguas negras de la ciudad y toneladas de basura que arrastran arroyos, canales y afluentes pluviales que cruzan la mancha urbana del destino turístico más importante de Sinaloa, conocido como “La Perla del Pacífico”.

Llantas, bolsas, sillones, carreolas, cubrebocas, esferas de navidad, refrigeradores y envases han invadido las entrañas de las 873 hectáreas de mangle rojo, negro y blanco que se extiende alrededor de esta laguna costera de aproximadamente 12.5 kilómetros de superficie.

Todas las formas posibles de contaminación pesan sobre este sistema estuarino que anualmente es visitado por unas 20 000 aves acuáticas de 73 especies diferentes, según los conteos realizados por Juanita Fonseca, especialista en aves playeras, colaboradora de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. La riqueza biológica del lugar incluye peces, moluscos, cocodrilos, tortugas, iguanas, ranas y diversas especies de serpientes.

“Muchas personas de Mazatlán no lo conocen [al estero de Urías], lo ven como un lugar sucio, como un lugar de aguas residuales”, lamenta Alexis Guadalupe Romero Osuna, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 08 (CETMAR). 

Junto a sus estudiantes, ha examinado el estómago de peces y moluscos adquiridos en los embarcaderos cercanos para constatar la presencia de microplásticos en estos organismos.

Esas pequeñas partículas, resultado de la degradación de plásticos más grandes, también están presentes en los sedimentos del Estero de Urías. Así lo indica un estudio realizado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), que detalla de forma cronológica cómo es que estos polímeros se han ido acumulando en el lecho durante los últimos 100 años, siendo el PET (tereftalato de polietileno) el más abundante hasta ahora.

La investigación revela que los niveles de microplásticos de este humedal costero se encuentran entre los más altos del mundo, junto a cuerpos de agua de Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Corea del Sur, España, Turquía, Brasil y Uruguay, donde se aplicaron metodologías de estudio similares para estimar la antigüedad de sus sedimentos. 

¿A dónde van los microplásticos?

En el agua, los plásticos encuentran diferentes destinos tras fraccionarse hasta en una milésima parte de un milímetro. Estos microplásticos se han encontrado en peces del Estero de Urías que suelen ser capturados por pescadores ribereños para el consumo humano. En 2021, por ejemplo, se reportó la presencia de partículas de plástico en los tractos digestivos de 552 especímenes de 13 especies diferentes. 

La mayoría de los desechos plásticos consistían en hebras que medían menos de un milímetro, seguidos por fragmentos de entre dos y cuatro milímetros y unos pocos pedazos de plásticos de varios centímetros.

El hallazgo se obtuvo a partir de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y la UNAM.  

En total, se recuperaron 1384 partículas de desechos plásticos de los peces. La mitad de los restos (51.2%) corresponden a fibras de nailon, un compuesto sintético que se utiliza en la fabricación de textiles y piezas industriales. Estas fibras provienen comúnmente del lavado de ropa.

Cerca de una tercera parte (36.6%) de los microplásticos detectados en la boca, estómago e intestino de los peces de aleta son de polietileno, el cual se utiliza en la fabricación de bolsas y envases. Otra porción corresponde a polipropileno (7.3%) y poliacrílico (4.9%); el primero se usa en la fabricación de enseres domésticos y el segundo en la industria de la construcción. 

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En la fauna del humedal, su acumulación puede bloquear sistemas digestivos y reducir la capacidad reproductiva; también es probable que se trasladen contaminantes al ser humano a través de su consumo con consecuencias que aún son inciertas y están siendo investigadas.

La simulación de rescate 

La posibilidad de que el estero finalmente fuera atendido surgió en agosto de 2011 con el anuncio del “Saneamiento del sistema estuarino Urías, en Mazatlán, Sinaloa”. Como indica el nombre, la promesa no consistía sólo en descontaminar el estero de Urías, sino todo el complejo lagunar, incluyendo los esteros La Sirena y el Infiernillo, entonces integrado por 18 kilómetros cuadrados que comunican con el océano Pacífico. 

El proyecto emblemático lo integraban 110 acciones divididas en cinco retos: fortalecer la cultura ambiental basada en prácticas responsables; liberar al sistema estuarino de desechos sólidos; reducir la acumulación de residuos y sustancias peligrosas; descargar aguas residuales tratadas cumpliendo con la norma y recuperar la superficie del sistema estuarino. La inversión se estimaba en 300 millones de pesos, unos 16 millones de dólares actuales, con acciones graduales al 2030.

Sin embargo, el proyecto de rescate nunca se realizó. 

Este equipo periodístico envió 12 solicitudes de información a las autoridades involucradas de los tres niveles de Gobierno, para acceder a detalles del plan de seguimiento, resultados, minutas y evidencia fotográfica de sesiones de trabajo posteriores a su anuncio. Las respuestas fueron coincidentes: no existe esa información. 

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Mongabay Latam y Causa Natura enviaron preguntas a Conagua y al Gobierno de Mazatlán para saber por qué el programa no se implementó y por qué no se han tomado medidas para sanear el Estero de Urías. Hasta la publicación de este reportaje, solo el municipio de Mazatlán respondió que “Conagua es quien dirigió el proyecto y es el encargado de operarlo”. Como gobierno local, aseguraron que únicamente participaron del proceso de planeación, específicamente en el diagnóstico.

Receptor de las aguas residuales

Este ecosistema ha sido utilizado históricamente como un receptor de los drenajes que se desbordan de alcantarillas y tuberías rotas en diversos puntos de la ciudad. Además, una cantidad no calculada de viviendas del ejido turístico de la Isla de la Piedra descarga sus aguas residuales a los manglares porque nunca han tenido el servicio de drenaje y alcantarillado.

“Todo se ha vertido siempre al estero o a la playa”, admite Silvia Lizárraga Fuentes, habitante y presidenta de la asociación civil Colonias de la Isla en Acción.

En el mismo estero descargan cuatro de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales que dan servicio a la ciudad: Santa Fe, El Castillo, Urías I y Urías II. Esta última se construyó para sustituir a la planta de El Crestón, que operaba frente al mar, y que se desmanteló a partir de 2021 porque daba mal aspecto a los miles de visitantes que transitan el área y donde se proyecta construir una nueva terminal de cruceros. 

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Las estaciones depuradoras no logran eliminar por completo todos los contaminantes de las aguas residuales, asegura Ana Carolina Ruiz Fernández, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán. Por esa razón, las descargas de aguas tratadas también aumentan la concentración de materia orgánica en la laguna costera, que a diferencia del mar, tiene menor recambio de agua y capacidad de depuración, precisa la experta en geoquímica y geocronología.

Las fibras sintéticas detectadas por la UNAM en los sedimentos y en los peces también llegan por esta vía.

“Se ha encontrado que las plantas de tratamiento traen mucho microplástico como residuo de las lavadoras. A las plantas tratadoras les llegan todas esas aguas domésticas, las concentran y las están descargando en el estero”, confirma la investigadora.

Eso explicaría por qué cerca de dos tercios de los microplásticos encontrados en el análisis de sedimentos son fibras sintéticas de ropa. 

Por si fuera poco, en el agua de la laguna también se ha documentado la presencia de hidrocarburos y de mercurio, uno de los metales pesados más peligrosos para la salud humana, que puede ingerirse a través del consumo de pescados y mariscos contaminados.

Quienes sufren esta contaminación son los más vulnerables. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de las 35 colonias cercanas al estero, en las que habitan alrededor de 50 000 mazatlecos, el 37.5 % presenta alta marginación. En estas zonas, el 31 % de la población vive en hacinamiento, el 34 % de las personas mayores de 15 años no tiene educación básica y el 22 % carece de acceso a servicios de salud.

Alexis Guadalupe Romero Osuna, ingeniera bioquímica, experta en Recursos Acuáticos, reconoce que el drenaje y la recolección de residuos son los servicios públicos que más fallan en la zona. Está carencia, sostiene, hace que las personas descarguen las aguas grises al estero y tiren basura en él. 

Además de la contaminación, esto termina afectando el sentido de pertenencia de los pobladores, pues ante la falta de atención municipal, ellos mismos ven al ecosistema como “un lugar que sirve para desechar lo que ya no les sirve”. 

En su reporte “Impactos de la basura marina en la justicia ambiental y la contaminación plástica”, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que la contaminación plástica afecta mayormente a las comunidades marginadas y a las comunidades que viven muy cerca de los sitios de producción y desechos de plástico, con riesgos a la salud asociados al consumo de mariscos infestados de micro y nanoplásticos tóxicos. 

El círculo de la desatención

Leticia Alvarado Fuentes, directora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Mazatlán, reconoció que la zona del estero ha sufrido un abandono estructural por una descoordinación entre autoridades federales y municipales. 

“Hay cualquier cantidad de omisiones porque no está claro cuáles son las atribuciones de las dependencias, particularmente de las municipales, para cuidar y proteger esa zona que está francamente en un riesgo inminente de dejar de ser un espacio natural y de convertirse en una zona muy contaminada”, afirmó.

Para la profesora Romero Osuna, la falta de atención gubernamental también genera la idea de que ese espacio natural, refugio y zona de alimentación de infinidad de seres vivos, no es importante.

“Si las personas ven que las autoridades no le dan la importancia que merece, tal vez apliquen el ‘¿por qué lo voy a cuidar yo sí otros no lo cuidan?’”, refiere. 

El desconocimiento es otro factor que favorece la falta de atención, señala Romero. “Muchas personas de Mazatlán no lo conocen y lo ven como un lugar sucio, pero cuando lo visitan se dan cuenta de que es bonito”. 

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Por eso se organizan visitas guiadas para estudiantes de primaria y universidades locales al vivero donde alumnos del CETMAR cultivan plántulas de mangle, especie protegida por la legislación ambiental mexicana. Con estas plantas, reforestan la orilla del estero que colinda con el patio de su escuela para restaurar el paisaje y transformar la conciencia de quienes participan. 

La primera oportunidad de conservación comunitaria podría llegar si la investigadora Juanita Fonseca consigue nominar al Estero de Urías como un sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, una designación que busca proteger a estas especies y sus hábitats en el continente americano. Para lograrlo, la especialista ha monitoreado en los últimos años a las aves playeras que utilizan este espacio, pero necesita aliados para actualizar la información y cumplir con los criterios de denominación, asegura. 

La recuperación aún es posible

Hasta ahora, el “rescate” del Estero de Urías recae en las acciones de limpieza que realizan organizaciones ciudadanas con el apoyo de instituciones educativas y que parecen no tener fin: así como se extraen toneladas de plásticos, así vuelven a llegar. 

En el estero son tantos los desechos atorados que un islote con mangle ya es conocido como la “Isla Basura”. Allí, la organización Viva la Ola ha realizado limpiezas masivas que incluyen todo tipo de incentivos: desde concursos y hasta safaris con asistencia de guías expertos, desayunos y pases 2×1 a espacios recreativos. 

A este esfuerzo se suman las limpiezas y la barrera flotante instalada por la organización Maz ConCiencia entre los esteros del Infiernillo y Urías para evitar que la basura llegue a los cuerpos de agua.

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Empresas y dependencias de Gobierno también se han organizado para levantar basura en los humedales de la ciudad, como parte del Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) 2025-2030, pero como no existe un programa institucional de gestión local de residuos sólidos urbanos, los desechos siguen llegando a esos lugares.

Actualmente, la única forma de confinar las casi 700 toneladas de basura que se generan al día en la ciudad es depositándola en un tiradero a cielo abierto, cerca del estero. Desde ahí, los líquidos contaminantes se filtran con la lluvia, terminan en los acuíferos o se escurren hasta el humedal. Así ha ocurrido desde hace más de 35 años. 

La doctora Ana Carolina Ruiz Fernández cree que a pesar de los altos niveles de contaminación de materia orgánica, plásticos y sustancias tóxicas, el sistema aún cumple con funciones ecológicas, aunque necesita rehabilitación.

“Hay que cerrar esas fuentes de contaminación y dejar que la propia naturaleza haga su trabajo, yo creo que sí es recuperable”, dice. 

Detener las descargas contaminantes y gestionar mejor los residuos sólidos urbanos, con una recolección, transporte, tratamiento y disposición final eficiente, ayudaría a mejorar sus condiciones ambientales, asegura la investigadora de la UNAM.

La comunidad académica, pescadores y organizaciones ya están presentes, ahora falta el rescate desde las autoridades de Gobierno. 

El estero está esperando.

Galería Estero de Urías

* Este texto es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Causa Natura. El equipo de Son Playas realizó la investigación y redacción del reportaje.

La entrada Así se aniquila al Estero de Urías, uno de los más contaminados de México y el mundo  se publicó primero en Son Playas.

• Mongabay Latam y Data Crítica cruzaron datos de información oficial sobre derrames petroleros en el Golfo de México con datos provenientes de imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras. El análisis muestra que la mayor parte de los derrames no se reportan. En los últimos seis años y medio, especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos (60 por ciento) no existen derrames reportados oficialmente. 
• En ocasiones, los eventos reportados también son minimizados. El volumen del derrame de Ek-Balam en 2023, el más grave documentado en los últimos años en México, fue subreportado entre 10 y 200 veces, de acuerdo con cálculos de científicos a partir de capturas satelitales del desastre. 
• Entre enero de 2018 y julio de 2024, se iniciaron 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo, pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se establecieron sanciones con multa. Solo ocho de ellas han sido pagadas.

Elías Naal Hernández sale, red de pesca en mano, a probar suerte en las aguas de Isla Aguada, una localidad ubicada en las costas de Campeche, donde la Laguna de Términos desemboca en el Golfo de México. El pescador no imagina la escena que el mar le mostrará esa mañana de los primeros días de abril de 2024.

“Era una enorme mancha, kilómetros y kilómetros de crudo, lo agarrábamos en los achicaderos (baldes) de agua y se llenaban de lo fuerte que estaba”, cuenta. Lo único que Elías Naal pescó ese día, a cubetadas, fue el petróleo que parecía llenar el mar entero.

Lo que describe el pescador fue detectado vía satélite por científicos que estudian desde hace años los derrames de petróleo en el Golfo, quienes observaron evidencias de posibles manchas oleosas desde el 7 de marzo de 2024. Las detecciones tenían un origen cercano a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal asignada para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México desde donde se extrae el 80% del crudo nacional.

Pero el derrame no fue reportado por Pemex, que por ley debió hacerlo, y cuando Naal acudió a la paraestatal para denunciarlo, la empresa desestimó el evento argumentando que era una “chapopotera”, es decir, una emanación natural de petróleo, cuenta el pescador. Es una respuesta que reciben los pescadores con demasiada frecuencia frente a eventos que, de acuerdo con Naal, no tienen las características de eventos naturales.

Cuando comenzó a pescar, hace 38 años, era común que recalaran muy cerca de la costa la sierra y el peto, el besugo y la merluza, el huachinango y el atún, la mojarra y el bagre: algunas de las 300 especies que el estuario alberga, y de las que casi 80 están hoy amenazadas de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología. Con un poco de suerte, hace décadas las redes se llenaban de camarón rosado. Se veían delfines nariz de botella, tortugas caguamas y lora. Era un mar de vida.

Pero cada vez con más frecuencia, lo que Elías Naal atraviesa al buscar alimento es literalmente un mar de negrura y muerte, producto de los derrames provenientes de pozos de extracción de petróleo que en 2024 sumaron 88 más de los que había hace seis años, para un total de más de 2000.

Un equipo de Mongabay Latam y Data Crítica solicitó reportes empresariales enviados al gobierno mexicano sobre derrames petroleros para comprender la magnitud de estos incidentes, identificando sus características y afectaciones en el Golfo de México. Luego, contrastó estas cifras contra datos compartidos por científicos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes han analizado más de 3000 imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 y publicaron en octubre de 2024 una investigación académica al respecto.

Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.

De los 79 meses que equivalen a los seis años y medio analizados por los científicos, los investigadores han detectado la presencia de manchas de petróleo no naturales en el mar en 74 meses, mientras la autoridad ambiental solo tiene registrados derrames en 30 meses, el equivalente a dos años y medio, es decir, menos de la mitad de lo hallado por estos científicos.

“Estamos definitivamente en estado agónico, apenas sobreviviendo”, dice Baudelio Cruz, quien es pescador desde los siete años en la ciudad de Campeche y lleva décadas viendo el ecosistema deteriorarse. “Se pesca ya muy poco”, asegura y pide que el gobierno mexicano los voltee a mirar.

“No son chapopoteras”

Cuando Elías Naal acudió a los representantes de Pemex con un puñado de sargazo bañado en crudo como evidencia, los funcionarios le dieron el argumento de siempre: que las manchas que él veía a lo largo de kilómetros y kilómetros eran “chapopoteras”, es decir, emanaciones naturales de petróleo, aunque, según Naal, no respaldaron esa afirmación con ninguna prueba.

Pero el análisis realizado por científicos del Ecosur, el UABC, el Centro de Investigaciones del Golfo de México (Cigom) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aporta evidencia a la versión de los pescadores de que aquel petróleo encontrado entre marzo y abril de 2024, no correspondía a una emanación natural. El crudo se encontraba demasiado alejado de la chapopotera conocida de la zona, y las características espaciales de la mancha tampoco corresponden con las de una emanación natural.  Esto se basa en la descripción que hacen los científicos en su artículo publicado en 2024.

Las características de las chapopoteras versus las de los derrames se han identificado en las miles de fotografías que forman parte de la base de datos construida para esta investigación y cuyo análisis se presenta aquí.

“Tenemos una gran certeza cuando detectamos petróleo en la superficie del mar. Tenemos decenas de fotografías y videos que nos han ayudado a la validación”, sostiene Abigail Uribe, especialista de la UABC, quien analiza las imágenes satelitales junto con investigadores de Ecosur.

El petróleo de una chapopotera, por ejemplo, no se desplaza más allá de unos cuantos kilómetros, genera una mancha menos extensa y está compuesta por hilos delgados y alargados en forma de “garra”. En cambio, en los derrames, estas características cambian: “es un petróleo que se concentra más y que abarca espacios mucho más grandes”, detallan los expertos. Además, los científicos y los pescadores saben dónde están las emanaciones naturales después de años dedicados a estudiar el Golfo. De acuerdo con Uribe, si un pescador detecta petróleo lo más probable es que sea un derrame, porque las chapopoteras son pequeñas y están en zonas cercanas a plataformas donde los pescadores no pueden acercarse por ley.

https://projects.mongabay.lat/2025/derrames/

“Sabemos que no son chapopoteras”, afirma Wilbert Cosmopulos López, presidente de la federación de sociedades cooperativas de la industria de Cárdenas de Tabasco y pescador desde hace 20 años. “Frente a la costa de Magallanes, donde tenemos la pesquería, va uno en la embarcación y se percata del crudo por el olor que ya conocemos. Posteriormente ya ves en el espejo de agua un tono aceitoso brilloso. Más atrás ya vienen flotando los grumos y placas de hidrocarburo. Entre más vas avanzando hacia la mancha, ves placas más grandes de hidrocarburos. Entonces empezamos a tomar fotografías y evidencia”.

El aporte de los pescadores es clave para fortalecer los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes satelitales. El conocimiento que tienen acerca del comportamiento de las especies, la dirección de las corrientes, la ubicación de los arrecifes o los hallazgos que puedan tener, por ejemplo, de animales empetrolados, es información relevante. “Es importante porque abre otra fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo en un paisaje donde hay pocos actores. En un país como México con recursos económicos limitados para hacer una vigilancia efectiva, se vuelven indispensables estas otras fuentes de información o de datos para saber qué está sucediendo en nuestros mares”, explica Alejandro Espinoza Tenorio, investigador del Colegio de la Frontera.

Por eso, los científicos de Ecosur, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Centla (Tabasco) y la UNAM, colaboran con los pescadores en una alianza llamada “Pesca y Petróleo 2.0”.

La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.

La sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.

“Asumiendo cálculos conservadores, dejando fuera las áreas más controversiales y considerando solamente las zonas del derrame donde observamos petróleo bastante concentrado, tenemos cálculos de entre 10 y 200 veces [por encima] del volumen reportado”, señala Uribe.

Cada vez que los investigadores de la UABC y Ecosur identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. No obstante, la ASEA indicó, en respuesta a una solicitud de información, no haber sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Tampoco lo son las denuncias y evidencias enviadas por los pescadores, solamente consideran a las empresas petroleras.

El mayor impacto en el ecosistema y los millones de mexicanos que dependen de la pesca en el Golfo, coinciden especialistas y pobladores de la zona, no ocurre solo después de los grandes derrames como el de Ek-Balam, sino que es resultado de la acumulación de décadas de fugas y derrames crónicos más pequeños, la mayoría de los cuales jamás son reportados y, mucho menos, sancionados.

Solo ocho multas pagadas en seis años

Para que la Marina mexicana active el protocolo de atención a contingencias por derrames de hidrocarburos, un documento en donde se establecen claramente las rutas para la contención y remediación de un evento de esta naturaleza, es necesario que las empresas extractivas reporten los derrames. Si estas no lo hacen, nadie llega a la zona afectada. Por lo mismo, nada se hizo para intentar frenar el avance del petróleo que Elías Naal vio a inicios del 2024.

“Ahorita más o menos me dedico a pelear lo del ambientalismo, porque nos están perjudicando. La gente llega a deshoras de la noche: ‘vimos este derrame, pasó esto acá, está a siete millas, me hablan de Yucatán, que el derrame viene por abajo, que las plataformas tienen fugas y esto llega a las costas de Campeche y Yucatán por las corrientes”, denuncia Naal, quien es Presidente de la federación unidos por Isla Aguada, Campeche.

Científicas como Abigail Uribe advierten que las empresas parecen solo reportar los derrames más escandalosos, esos que tocan las costas. El resto pasa desapercibido y no llega a los oídos de la población mexicana, a menos que los pescadores lo denuncien.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan.

No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras parecen ser cajas tan opacas como el mar oleoso que atraviesan frecuentemente los pescadores, quienes aseguran deben navegar cada vez mayores distancias para sacar en sus redes cada vez menos.

“Donde creemos que está el conflicto, es que el regulado (la empresa) es juez y parte”, dice Eduardo Cuevas, investigador de la UABC, en referencia a que son las empresas las responsables de dar aviso y de aplicar las medidas de contención y emergencia. Las empresas, indica Cuevas, no tienen incentivos para reportar sus propias fallas.

En los reportes oficiales de derrames, la empresa que concentra más eventos tanto a nivel nacional como en el Golfo de México es la estatal mexicana Pemex, seguida de la empresa privada Petrofac. A nivel nacional, la privada es responsable de 15 derrames ocurridos entre el 9 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 12 fueron en el Golfo de México.

Desde 2018, Petrofac está desmantelando sus operaciones en México para dirigirlas hacia las energías renovables. Sin embargo, el movimiento de Petrofac a inversiones “verdes” dejó intacta la estructura extractiva en México que, desde octubre de 2018, es ocupada por Perenco, propiedad de una de las familias más ricas de Francia, los Perrodo. Esta es la segunda empresa privada con más derrames registrados oficialmente en el país.

El historial ambiental de Perenco no se limita a México. De hecho, de entre todas las compañías petroleras que operan en la Amazonía colombiana, esta empresa es una de las que registra el mayor número de procesos sancionadores y multas en los últimos 10 años, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregados en respuesta a una solicitud de información, no se inició ningún proceso sancionatorio contra Perenco por los derrames que ocurrieron desde su adquisición, sino solamente una sanción por incumplir su meta de barriles de producción de petróleo. Tampoco hay registro de ninguna sanción contra Petrofac por los 12 derrames registrados oficialmente en los tiempos en los que operó.

En respuesta a cuestionamientos para esta investigación, un portavoz de Perenco señaló que los derrames y fugas en México han ocurrido tierra adentro, y que la estrategia ambiental de la empresa consiste en la compra de equipos de vigilancia, pues culpa a actos vandálicos de los derrames.

“En los últimos cinco años, Perenco México ha invertido significativamente en la integridad de sus activos, así como en la mejora de la vigilancia con CCTV y drones. En consecuencia, los incidentes ambientales se han reducido en 85% desde 2019”, sostiene la empresa.

Aunque tierra adentro, al menos un derrame de las instalaciones de Perenco en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, ha tenido impacto tanto en el manglar como en el lecho del Golfo de México, como se desprende de su propio reporte a la ASEA. En el documento, la empresa indica que para detener el derrame llevó a cabo la “instalación de barreras marinas en zona de manglar para recuperación de aguas oleosas”.

Esta investigación no pudo corroborar directamente que la mayoría de derrames se deben a actos vandálicos, debido a que la ASEA no proporcionó información sobre causas de los derrames, a pesar de que esta información fue solicitada.

Esta ausencia de sanciones es representativa de lo que ocurrió en el país en los últimos seis años. De 2018 a la fecha, aunque hay 86 derrames oficialmente registrados, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo por incumplir normas tan básicas como no seguir su propio plan de exploración. Pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se estableció como sanción una multa y solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con la solicitud respondida por la CNH. Consultada sobre la impunidad de estos casos, hasta la publicación de este reportaje la CNH no respondió. Tampoco Pemex envió respuestas a las preguntas hechas por el equipo periodístico.

Cada derrame ignorado, cada denuncia desestimada, acumula impactos ecológicos que contribuyen a deshilar el tejido de la vida marina en el Golfo, de la cual también son parte cerca de 80 mil pescadores y las millones de familias mexicanas que se alimentan de lo que ellos capturan.

“Se pesca ya muy poco”

La ficha Ramsar que categoriza a la Laguna de Términos como humedal de importancia internacional, indica que cerca del 80 por ciento de los peces de la plataforma del Golfo de México dependen de sitios como este para su reproducción y alimentación.

Este ecosistema es una muestra de la biodiversidad de la región, y la mayor puerta de agua dulce de México al Golfo, que es un ecosistema crítico aún más amplio: corredor migratorio de cientos de especies de reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos de interés ambiental y comercial con decenas en categorías de amenaza como el jabirú (Jabiru mycteria), la segunda ave de mayor tamaño en el continente americano, de la que quedan unos 20 individuos en todo el territorio mexicano.

El valor ecosistémico del Golfo, apunta Eduardo Cuevas, es incalculable. Además de mantener especies de pesca como la sierra, el robalo, el atún y el huachinango, da vida a especies de tiburones protegidos como el tiburón ballena y tortugas como la lora y la laúd.

Con la contaminación, sin embargo, “no sólo se afectan ecosistemas marinos sino también terrestres”, explica Eva Coronado, especialista en sistemas socioecológicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad Autónoma Nacional, en Mérida. “Todos los contaminantes que llegan a la costa tienen afectaciones a las zonas lagunares, como la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen y a los ecosistemas de manglar que están cercanos al área”.

Pemex ocupa el lugar 20 en una lista de 57 empresas que ha generado el 80 por ciento de emisiones de carbono a nivel mundial desde la firma de los acuerdos de París, de acuerdo con el centro de investigación británico InfluenceMap. Pero mientras las petroleras contribuyen en gran medida a la crisis climática, también debilitan la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a eventos catastróficos catalizados por esa misma crisis, como los huracanes. Además, el petróleo viaja del plancton a animales más grandes, representando posibles daños al ser humano de los que no se han conducido estudios profundos, indican los especialistas. Para pescadores como Elías Naal, el valor de ecosistemas como la Laguna se sintetiza así: son toda su vida. El pescador lleva cuatro décadas mirándola desaparecer.

“Hemos visto pescado, tortugas, delfines manchados de crudo, y cuando el petróleo está a dos millas de la orilla, entonces no hay pescado, por el olor que despide. El impacto [de los derrames] es fuertísimo”, dice.

Su experiencia se multiplica por toda la costa del Golfo. De acuerdo con el Plan Nacional de Contingencia, en los procesos de respuesta ante derrames de hidrocarburos se debe tener como prioridad la vida humana, el medio ambiente y en último término la propiedad de la nación y de terceros. En la práctica, dicen los pescadores, ellos y sus demandas han sido relegados al último sitio.

“Se pesca ya muy poco, quisiéramos que nuestro gobierno actual se ponga a pensar que nosotros somos los campesinos del mar, los que traemos el sustento para los niños de México”, dice Baudelio Cruz. “Entendemos que el petróleo se necesita, pero si la pesca se acaba, si nuestro gobierno no pone los ojos también en la pesca, no sé qué va a pasar porque es comida para todo el país”, agrega el pescador que también fue testigo de la mancha kilométrica de petróleo a inicios de 2024.

“La gente me denuncia, desde Mérida hasta Nuevo Campechito me mandan reportes y yo he recolectado pruebas, pero (en PEMEX) me cierran las puertas. Vamos a pedir un recurso por la afectación y nos dicen que no hay, porque simplemente son ‘chapopoteras’, imagínese”, denuncia Naal. “Nadie toca a PEMEX. Ellos hacen y deshacen, y no podemos reclamar. Le hemos escrito hasta al presidente de la República y no nos atienden”, agrega el pescador Teodoro Wilson.

Para los pescadores, existe un antecedente inequívoco de que las empresas y las autoridades evaden la realidad con la excusa de las chapopoteras. El derrame de Ek-Balam, que se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de Pemex o las autoridades mexicanas, también intentó ser minimizado. Aseguraron que era una “chapopotera”, una versión que se derrumbó a medida que el derrame crecía. La extensión del desastre de Ek-Balam superó los 460 kilómetros cuadrados y se tiene evidencia de que viajó más de mil kilómetros a lo largo del oeste del Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz y Tamaulipas .

Pescadores e investigadores están convencidos que las tecnologías que utilizan para detectar y enfrentar los derrames, podrían convertirse en un potente mecanismo de vigilancia y monitoreo ambiental para circunnavegar las limitaciones de la regulación actual, que deja todo en manos de las empresas.

“Estamos realmente convencidos de que esta información es útil para ellos (las autoridades), pero la práctica actual y el oscurantismo de las regulaciones no permite que haya este flujo de datos valiosos para la acción inmediata, el seguimiento y la atención a los derrames”, dice Uribe. “Nosotros no queremos enjuiciarlos — asegura— nosotros estamos aquí para entregarles información. Úsenla, incorpórenla en su toma de decisiones”.

“También existimos”: el grito de auxilio de la pesca

Elías Naal, Baudelio Cruz y Wilbert Cosmopolus, pescadores ahora convertidos involuntariamente en defensores del territorio, se aferran a su oficio. Quieren proteger el modo de vida que mantienen desde hace casi medio siglo, pero cada vez más, lo que les hace falta, además de la pesca misma, es dinero y tiempo para pescar. Dinero para nuevas redes que reemplacen las que se arruinan por llenarse de petróleo y para adquirir motores que les permitan hacer recorridos cada vez más largos.

En los últimos cinco años, los pescadores aseguran que su producción ha disminuido en un 40 por ciento, así es que no reciben más de 8000 pesos mexicanos al mes (alrededor de 400 dólares). Además, sostienen que las áreas de pesca se han reducido dado que tienen prohibido acercarse a las plataformas petroleras, incluidas las obsoletas, donde podrían extraer recursos. “Nuestras áreas de pesca han sido invadidas. Tenemos muchas áreas restringidas de pesca donde están las plataformas que ya están obsoletas, pero no podemos ir a pescar allá. Hemos estado luchando, le hemos pedido a nuestros diputados que intervengan para ver si logramos que nos den permiso para pescar en esas plataformas que ya no sirven para nada, porque hay bastante pesca ahí, pero no lo hemos logrado”, dice Baudelio Cruz.

Esta restricción estatal busca prevenir posibles intervenciones en la extracción de petróleo o ataques terroristas. Así lo declaró el expresidente, Vicente Fox, cuando en 2003 se ampliaron los kilómetros de exclusión como respuesta a los ataques de las torres gemelas de Nueva York en 2001.

El 2023 fue un año récord en inversión para pozos de exploración, de acuerdo con datos públicos de la CNH. Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto de la ASEA para las acciones de monitoreo y control disminuyeron en casi una tercera parte, pasando de 604.7 millones de pesos en 2018 (unos 26 millones 800 mil dólares al cambio de 2018) a 385.2 millones de pesos en 2024 (unos 18 millones de dólares al cambio de 2024), según datos enviados en respuesta a una solicitud de información.

Esta distribución de recursos que favorece la extracción pero que no impulsa un equitativo control para prevenir que haya derrames ni contener y mitigar sus efectos adversos, está ahogando a los pescadores que se reparten entre las actividades de monitoreo y la pesca cada vez más costosa. Si la sociedad mexicana no los mira por su valor como generadores de alimentos, reclaman, se convertirán en presa fácil para las petroleras.

De los cerca de 80 mil pescadores en la primera línea de acción frente al desastre, muchos como Naal, Cruz y Cosmopolus piden acción inmediata a las autoridades: el reconocimiento de que la generación de alimento es, al menos, tan importante para la supervivencia del país como la extracción petrolera en el mar.

Exigen que su conocimiento experto sea incorporado en la creación de políticas para balancear la generación pesquera de alimentos con la extracción de petróleo, que puedan pescar al menos cerca de las petroleras en desuso y que en caso de derrames haya reparaciones sustanciales a ecosistemas y pescadores, y no solo la entrega de una red nueva, como ha sido costumbre hasta ahora.

“Aprovecho este medio para pedirle a la autoridad de Pemex y a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ponga los ojos en los pescadores de todo México”, dice Baudelio Cruz. “Queremos un diálogo, una plática. Que no sacrifiquen a un sector por una industria como el petróleo, que es necesaria, pero nosotros existimos. Si nos tenemos que salir de nuestras áreas de pesca, que acordemos qué es lo que vamos a hacer nosotros los pecadores”.

Texto: Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere. Reportería en campo: Flavia Morales Carmona. Análisis de datos: Naomi Morato y Gibran Mena Aguilar / Data Crítica. Fotografías: Héctor Quintanar. Visualización: Eduardo Mota García. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez. Este texto se publicó originalmente por Mongabay Latam el 17 de febrero de 2025 en Mongabay Latam. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente.

*Nota del editor: el 22 de febrero 2025 añadimos información a la publicación para darle mayor contexto a la investigación realizada por los científicos. Las líneas que hemos sumado, que son mínimas, tienen como objetivo aclarar que la investigación fue promovida por Mongabay Latam y Data Crítica, medios que contactaron a los científicos para sistematizar los hallazgos de sus estudios.

La entrada Derrames impunes: imágenes satelitales revelan seis años de derrames de petróleo no reportados por las empresas en el Golfo de México se publicó primero en Son Playas.

Texto: Aleida Rueda/SciDev.Net

[CIUDAD DE MÉXICO] Cada año, millones de toneladas de desechos plásticos salen de Estados Unidos, vía mar o tierra, rumbo a países de América Latina para que, en teoría, sean reciclados.

Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región denuncian que el reciclaje es solo un pretexto que usa el país norteamericano para deshacerse de los residuos que no son aptos para reciclar, y enviarlos a países en desarrollo aprovechando su falta de regulación y control aduanero.

Aunque el fenómeno ha existido desde hace años, en 2018 hubo un cambio radical en el tablero geopolítico de desechos que agudizó el comercio de residuos plásticos de países desarrollados a los no desarrollados.

En enero de ese año, China, que recibía el 45 por ciento de los desechos plásticos del mundo, impuso restricciones a la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluyendo los plásticos.

El flujo transfronterizo de los desechos plásticos por parte de Estados Unidos y Europa, principalmente, tuvo entonces que cambiar de ruta en busca de nuevos territorios. En ese reacomodo, países del sudeste asiático, como India, Indonesia, Vietnam y Malasia, se volvieron los nuevos destinos de las miles de toneladas que antes importaba China.

Pero no fueron los únicos. Diversas organizaciones civiles de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés) han documentado en los últimos tres años que la decisión de China también está afectando a América Latina, especialmente a México, El Salvador y Ecuador, que se han convertido –en menos de cuatro años– en los recipientes emergentes de la basura plástica de EEUU.

“Muchos residuos terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”.

Informe “El colonialismo de la Basura no se detiene en América Latina”, septiembre 2022

“Es el colonialismo de la basura”, asegura GAIA en su reporte más reciente, publicado el 15 de septiembre de 2022. “Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje (…), gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos”.

El informe de GAIA dice que, en el mejor de los casos, estos residuos se reciclan, pero en muchas otras ocasiones “terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”, y propiciando problemas para la salud de las comunidades recolectoras.

Este falso reciclaje es posible porque en los países de América Latina hay condiciones que lo permiten: generalmente se tienen regulaciones débiles sobre importación de residuos, falta control en aduanas, no hay suficiente infraestructura para reciclar; además de que hay vínculos opacos entre gobiernos y empresas recicladoras, y una ausencia de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos.

Todos estos factores han vuelto a la región un terreno irónicamente fértil para recibir la basura de otros, disfrazada de “residuos reciclables”, sin prácticamente ninguna restricción.

Los datos del Import/Export Census Bureau de los Estados Unidos muestran que en 2020 y 2021 Estados Unidos exportó 200 mil toneladas de residuos plásticos a América Latina. El informe de GAIA reporta que la mayoría de ellos llegaron a tres países: México recibió 147.897 toneladas; El Salvador, 20.975; y Ecuador, 12.791 toneladas.

Esos residuos incluyeron etilenos, estirenos, PVC, botellas de politereftalato de etileno, mejor conocidas como PET, y “otros plásticos o mezclados”, pero no hay información exacta de la composición de las importaciones, ni sobre cuántos de esos plásticos fueron reciclados y cuántos terminaron acumulados, enterrados o incinerados.

El problema ha alertado, incluso, a la Organización International de Policía Criminal (Interpol). En un  reporte de agosto de 2020, la organización advirtió que el traslado de residuos plásticos estaba generando patrones criminales: se declaran falsamente como “destinados a la recuperación”, o como “no peligrosos”, cuando en realidad están contaminados o mezclados con otros flujos de residuos.

En ese informe, la Interpol advirtió que el sector de los residuos “sufre una serie de actividades ilegales, perpetradas de forma más o menos organizada con el fin de obtener beneficios evitando los costes del tratamiento adecuado de los residuos o creando oportunidades de negocio ilegales y rentables”.

Diversas situaciones están permitiendo una nueva colonización en América Latina a través de los residuos plásticos. Y una de ellas son los huecos en las regulaciones internacionales.

“Reciclaje”, ruta para evadir el Convenio de Basilea

Hace exactamente 30 años, en 1992, entró en vigor el Convenio de Basilea, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que buscaba que todos los países firmantes limitaran el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para así proteger el ambiente y la salud humana.

El Convenio fue una respuesta a un fenómeno que estaba sucediendo en los años 80:  varios buques, provenientes de países desarrollados, vertían desechos tóxicos en países en vías de desarrollo como Nigeria, Filipinas y Haití, a cambio de atractivos pagos.

Muchos años después, en 2019, tuvo efecto la Enmienda de Prohibición, que justamente prohibía que los países desarrollados exportaran residuos peligrosos a países en desarrollo.

Fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la Enmienda de Residuos Plásticos, la cual establece que antes de que los exportadores envíen “desechos plásticos contaminados, mezclados o no destinados al reciclaje ambientalmente racional”, deben obtener el consentimiento de los países receptores, y estos tienen el derecho de rechazarlos.

Ahí está la clave de lo que sucede ahora. Como existe la posibilidad de que los países receptores se nieguen a recibirlos, algunas empresas exportadoras e importadoras han encontrado una ruta para evadir la norma: por un lado, declaran los residuos como destinados al reciclaje y, por otro, esquivan los controles (si es que los hay) para verificar que sean aptos para ello.

Es una fórmula infalible: los países exportadores se deshacen así de los residuos que son difíciles y costosos de reciclar, y las empresas importadoras de los países destino reciben el pago por este reciclaje sin tener que demostrar que realmente lo hacen. Todo a la vista de gobiernos que no tienen el control o el interés de evaluar qué se transporta ni a dónde.

De acuerdo con el informe de GAIA de 2020, “las empresas de los países de ingresos altos han estado exportando al extranjero productos mixtos, muy contaminados, y residuos plásticos a menudo no reciclables para evitar los costos de rediseñar, desarrollar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor o infraestructura de reciclaje, entre otros”.

Esto también es resultado de que el reciclaje en Estados Unidos es cada vez más caro. El informe de la Interpol destaca que “las instalaciones de reciclaje estadounidenses han aumentado significativamente sus tarifas de procesamiento” debido a “los mayores niveles de impurezas en los residuos de plástico tratados en el país”.

Un ejemplo es una de las principales plantas de reciclaje, ubicada en Alabama, que, según la Interpol, ha duplicado sus tarifas de procesamiento, pasando de US$ 30 a 65 por tonelada desde octubre de 2019. De manera que resulta más barato y fácil enviarlo a otros lugares, como México.

Pero los residuos plásticos no son los únicos que se importan por fuera de las regulaciones internacionales. El Convenio de Basilea, específicamente las Directrices sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Electrónicos, tiene otros huecos que están permitiendo la exportación de residuos electrónicos muy peligrosos con fines de “reparación”.

En el punto 12, esas Directrices reconocen que muchos equipos eléctricos y electrónicos usados se exportan a países en desarrollo “supuestamente para su reutilización”, pero un elevado porcentaje de ellos “no son adecuados para su uso posterior o no son comercializables, por lo que deben eliminarse como desechos en los países receptores”.

Delegados de la organización Basel Action Network advierten en un comunicado publicado hace unos días que “mientras un exportador afirme que sus contenedores de chatarra electrónica están destinados a la reparación, todas las autoridades pueden mirar hacia otro lado, ya que Basilea no es aplicable”.

Destacan, además, que este “hueco” en la ley debe repararse y discutirse en la 11ª reunión de las Partes del Convenio de Basilea, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, en mayo de 2023, pues “el estatus quo ya es inaceptable”, dicen.

México: el vertedero de su vecino del norte

No hay otro país en la región que haya recibido en los últimos años tantas toneladas de residuos plásticos de Estado Unidos como México.

Según los datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de Comercio Exterior (SIAVI) de México, las 58.243 toneladas de residuos plásticos que el país recibió en 2017 pasaron a 130.316 toneladas en 2021.

Pero más que las cantidades, importa la forma en la que entran al país. El informe de 2022 de GAIA dice que “es posible que muchos residuos plásticos estén entrando desde Estados Unidos por la frontera terrestre, con pocos o nulos controles aduaneros”.

La abogada y defensora de derechos humanos, Darinka Carballo, coincide en esa posibilidad porque ha visto decenas de camiones anónimos que permanentemente descargan residuos en asentamientos ubicados a unos pocos kilómetros de Tijuana, Baja California, al norte de México y colindante con California, que es, por mucho, la entidad de Estados Unidos que más residuos plásticos exporta a México.

Uno de esos asentamientos es El Pueblito. “Es un asentamiento poblacional irregular que no tiene ningún servicio público, a unos 500 metros de donde los camiones de basura, tanto del Ayuntamiento de Tijuana como vehículos sin identificación, van y depositan”, informa Carballo.

Ella calcula que puede haber 400 personas viviendo en El Pueblito “en condiciones paupérrimas, sin higiene, sin servicios de salud”.

En todo ese espacio, “se observan fogatas, y personas en cuclillas, absolutamente tiznadas, realizando separación del plástico y del cobre (…) queman el plástico y se quedan con el cobre, que es de lo más caro que pueden vender”, dice la abogada.

No se tienen datos de las condiciones de salud de los habitantes de El Pueblito, pero Carballo afirma que muchas de estas familias inhalan permanentemente el humo producido en las incineraciones, por lo que podrían estar respirando dioxinas y otros compuestos relacionados.

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Una revisión sobre la incineración de plásticos, publicada en 2019 por investigadores de la Universidad Federal de Tecnología, en Nigeria, advierte que “los humos de los residuos de plástico liberan aditivos halogenados y cloruro de polivinilo, mientras que los furanos, las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) son liberados por la incineración de plásticos en el medio ambiente”.

Estar en contacto con ellos puede generar irritación en los ojos o el tracto respiratorio, pero también afectaciones más graves como efectos carcinógenos o daños en huesos, hígado, o en los sistemas nervioso, digestivo o respiratorio. Sin servicios de salud ni monitoreos médicos, es imposible saber si la gente de El Pueblito tiene alguno de esos padecimientos.

En todo caso, tampoco serían los únicos afectados. El mismo artículo dice que, “en el proceso de incineración de plásticos, se produce hollín, cenizas y diferentes polvos, que acaban depositándose en las plantas y el suelo, con el potencial de migrar al medio acuático”.

Por ejemplos como el de El Pueblito es que integrantes de la sociedad civil están exigiendo al gobierno mexicano que detenga la importación ilegal de residuos plásticos y electrónicos desde Estados Unidos, pero éste ha optado por impulsarla argumentado que será una oportunidad económica para el país.

Integrantes de las asociaciones civiles Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás y Fronteras Comunes hicieron 65 solicitudes de información a nivel federal sobre la entrada de desechos plásticos al país por diversos puertos, de las cuales solo cuatro tuvieron respuestas parciales.

De acuerdo con el informe de estas asociaciones, citado en el reporte 2022 de GAIA, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuentan con información relacionada con este movimiento de residuos plásticos, por lo que no hay certeza de su peligrosidad, ni del destino final de las importaciones de desechos plásticos una vez que entran al país.

“¿A dónde van estos plásticos que se están importando? ¿Se están yendo a cementeras, a rellenos sanitarios, a tiraderos clandestinos? No sabemos. Hemos preguntado a gobiernos municipales y gobiernos estatales. Nadie sabe quién está reciclando residuos plásticos importados aquí en México”, dice a SciDev.Net José Manuel Arias, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. y uno de los autores del reporte del caso México.

Arias está convencido de que “es necesario desmontar esa política pública que promueve a México como el vertedero de nuestro vecino del norte. Solo el poder ciudadano puede lograrlo y estamos trabajando en ello”.

Ecuador: los opacos vínculos entre empresas y gobierno

En junio de 2019, el gobierno ecuatoriano lanzó un comunicado de prensa en el que aseguraba: “Ecuador no es, ni será receptor de basura de ningún país del mundo”. Era su respuesta a una denuncia periodística sobre los flujos globales de residuos plásticos que incluyó al país como el único latinoamericano en la lista de los 13 mayores receptores de estos residuos por parte de Estados Unidos.

Pero los datos más recientes, publicados en febrero de 2022 por la Alianza Basura Cero de Ecuador, en coordinación con GAIA, muestran lo contrario: entre 2018 y enero de 2022, Ecuador importó 48.473 toneladas de desechos plásticos que entraron al país en transporte marítimo; de ellas, 27.338 toneladas (57 por ciento) provinieron de Estados Unidos, convirtiéndose así en el tercer país de América Latina que más desechos importó de dicho país.

Las investigadoras a cargo de ese estudio: María Fernanda Solíz Torres, de la Universidad Simón Bolívar, en Quito, y la periodista de investigación, Susana Morán Gómez, integrantes de la Alianza Basura Cero de Ecuador, reportan en su informe que el 75 por ciento de los desechos plásticos que entraron al país por la partida arancelaria 3915 lo hicieron bajo la denominación “desperdicios plásticos”, clasificación ambigua que impide conocer con mayor detalle el tipo de desecho que ingresa al Ecuador.

“El gobierno ha negado constantemente que Ecuador importe desechos plásticos. En realidad, lo que dice es que el Estado no importa, sino que lo hacen empresas ecuatorianas recicladoras en su gran mayoría”, expresa Morán Gómez a SciDev.Net.

Esa es la esencia del problema, porque las empresas recicladoras “consideran que están haciendo un trabajo a favor del ambiente al recuperar desechos o incluso importarlos para sus procesos productivos, y en eso coinciden con el Estado. Entonces el gobierno los ampara muchísimo”, explica Morán.

En su libro La partida 3915. Importación de desechos plásticos en Ecuador, publicado en 2021, Fernanda Solíz expone que en 2020 el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, puso “candado a los datos relacionados con las empresas que exportan desechos”, usando el pretexto de que se trataba de información personal que debía solicitarse a cada empresa.

Así que Solíz lo hizo. Junto con Susana Morán, contactaron a las 13 empresas recicladoras más importantes del país en busca de información sobre el tipo y volumen de sus importaciones de plásticos. La mayoría de las compañías se negó a dar información.

Las pocas que lo hicieron confirmaron varias inconsistencias sobre la importación de plásticos. Un ejemplo son las tuberías para riego que se usan en la industria agrícola de Estados Unidos, y que trae la principal importadora de plásticos del país.

“Los directivos reconocieron que este tipo de desechos agrícolas vienen muy sucios al Ecuador. Por ejemplo, si ellos importan 10 kilos, 5 kilos son de tierra, porque las tuberías de riego están en la tierra y los agricultores norteamericanos no se dan el trabajo de lavar las tuberías para mandarlas a países subdesarrollados como Ecuador. Entonces acá, los empresarios traen estas tuberías plásticas sucias y las lavan con nuestros propios recursos naturales”, subraya Morán.

“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base”.

Susana Morán, periodista de investigación de Ecuador

En una respuesta por escrito a SciDev.Net, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador afirma que, con base en la Ley de Plásticos de un solo uso, la importación de residuos plásticos está prohibida. Sin embargo, existe una “dispensa temporal”, cuyo mecanismo de ejecución fue publicado el 3 de octubre de 2022.

Esta dispensa permite importar residuos plásticos siempre que se cumplan tres requisitos: “1. Cuando el fin solamente sea el aprovechamiento; 2. Cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con ello se garantice la adecuada gestión ambiental, y 3. Hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad efectiva de los residuos plásticos generados en el país”.

De acuerdo con la investigación de la Alianza Basura Cero de Ecuador, estos requisitos no se han venido cumpliendo pues estas empresas aseguran que importan plásticos para sus propios procesos productivos cuando, según varias entidades ecuatorianas, más del 90 por ciento de los residuos se entierran.

La ironía parece obvia: las empresas importan plásticos para reciclar cuando en el país hay un exceso de plásticos que no se reciclan.

“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base que existen en la ciudad”, dice Morán.

Los vínculos entre gobierno y empresas también impactan en las revisiones en aduana. Las investigadoras destacan que en 2021 el gobierno ecuatoriano hizo algunas inspecciones, pero sin mucho éxito porque, por un lado, las hicieron en traslados por tierra, cuando el 94 por ciento de las importaciones de residuos plásticos suceden por mar. Y, por otro lado, fueron esfuerzos aislados que se suspendieron debido a la presión de las empresas.

“A la fecha no existe ningún informe, al menos público, de que se hayan hecho esas inspecciones y de que, efectivamente, se haya verificado que todo lo que importaron fue usado en sus cadenas de producción por las empresas”, señala Morán.

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Argentina y Chile: diferentes residuos, patrones similares

A pesar de que México y Ecuador, además de El Salvador, del que todavía no se tienen muchos datos, han sido los recipientes emergentes de los residuos plásticos de Estados Unidos, eso no significa que no haya señales similares en otros países.

En Argentina, por ejemplo, la Alianza Basura Cero consiguió datos de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos (DNSyPQ) que muestran un aumento considerable de las importaciones de residuos de PET (el único tipo de residuo plástico que informan): en 2011-2015 se importaron 200 toneladas de residuos de PET, mientras que en 2016-2020 fueron 1.864 toneladas.

La mayoría proviene de Estados Unidos y Brasil, y son importadas por empresas de empaques como Tetra Pak, Petropack, Dupont y Dak Americas.

No hay datos sobre aumentos en las importaciones de otros residuos plásticos, pero Cecilia Bianco, ingeniera y coordinadora del área de Tóxicos en la organización Taller Ecologista, en Argentina, plantea que el patrón es el mismo que Ecuador: el país importa residuos que abundan en el país.

“Es injusto importar residuos de papel, cartón, plásticos, cuando los hay en abundancia. Sólo que hay que gestionarlos debidamente. Los residuos sólidos urbanos son propiedad de los municipios y comunas, pero se recicla sólo el 10 por ciento”, dice a SciDev.Net.

“Y esta es una realidad en toda Latinoamérica: la ausencia de gestión es la que habilita la importación”, indica Bianco. Las importaciones seguirán “si no hay una legislación clara que prohíba el ingreso de residuos” y sin que “exista una aduana que lo controle”.

Por su parte, en Chile ocurre algo paradójico: las organizaciones chilenas que abogan por una mejor gestión de los residuos están más preocupadas por las exportaciones que las importaciones de residuos plásticos.

El informe más reciente de la Alianza Basura Cero en Chile, publicado en junio de 2022, advierte que de 2015-2017 a 2018-2020 las exportaciones de estos materiales disminuyeron en 5 mil toneladas.

Esto, dice el documento, “abre dudas preocupantes sobre el destino final de estos residuos”, porque si esos residuos no salieron del país y tampoco fueron reciclados dado que la tasa de reciclaje no aumentó, “¿dónde terminaron? ¿rellenos sanitarios, vertederos, ríos, lagos, playas, se incineraron?”.

“Nuestra hipótesis es que se están disponiendo en vertederos”, comenta a SciDev.Net Matías Roa, ingeniero de transportes y analista de datos de la Alianza en Chile. “Por ahora no tenemos más que los datos, pero el siguiente paso de la investigación es averiguar dónde están esos residuos”.

Aunque no da cifras, el informe de la Interpol del 2020 revela que Chile es uno de los países en los que la disposición ilegal de residuos en vertederos, así como su incineración, aumentó desde 2018.

Roa dice que si bien la importación de residuos plásticos desde Estados Unidos hacia Chile es mínima por ahora, está detonando cambios en su gestión. “Se vuelve un terreno fértil para la inversión privada para implementar nuevos sistemas de gestión de residuos, como por ejemplo la incineración o la ‘valorización de residuos’”.

Incluso, dice Roa, en Chile han aumentado los permisos para que las empresas cementeras puedan disponer de los residuos, lo que está propiciando nuevas discusiones sobre cómo las sustancias contaminantes producto de la incineración pueden afectar la salud de las comunidades y los ecosistemas que están cerca de las incineradoras.

“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero, tienen todo desordenado, sucio, contaminado”.

Matías Roa, Alianza Basura Cero, Chile

La solución

Aunque las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos importantes para visibilizar la importación de residuos plásticos de Estados Unidos a América Latina, su trabajo no ha impactado en las políticas públicas y en obligar a los gobiernos a respetar la Enmienda de Desechos Plásticos del Convenio de Basilea.

“Me llama la atención el desconocimiento de las autoridades de este comercio transfronterizo, cuando ellos deberían estar a la vanguardia de estos fenómenos internacionales”, reconoce Susana Morán.

“La lógica colonialista es lo que define bastante bien lo que estamos viviendo los países latinoamericanos”, apunta el chileno Matías Roa.

“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero tienen todo desordenado, sucio, contaminado. Y, tristemente, nosotros somos parte de ese patio trasero sucio”, añade.

Para él, como para muchas de las personas que están monitoreando estos traslados de residuos plásticos en los últimos tres años, la solución está en el nivel sociopolítico. “Lo mejor que podemos hacer es exponer estos temas, educar al respecto y lograr incidencia a nivel político”, dice Roa.

Susana Morán pone el foco en la esencia del problema o, mejor dicho, en su solución: el mundo sigue pensando a dónde llevar los plásticos, en lugar de pensar cómo dejar de consumirlos.

Para ella, “fue un descubrimiento saber que existe un movimiento, un comercio internacional de desechos plásticos, cuando lo que lo que deberíamos propender, como sociedades en general, es disminuir el consumo de este tipo de productos”. Y, sobre todo, “exigir que las empresas que los producen sean responsables con su entorno”.

*Para este reportaje se solicitaron entrevistas con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de México, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a dicha solicitud. También se solicitó entrevista con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador; la entrevista fue negada, pero enviaron por escrito respuestas a las temáticas planteadas para la entrevista.

Este reportaje fue producido  por la Edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net

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Texto: Víctor R. Rodríguez

David Alonso Andazola, guardaparques en jefe de las Reservas Naturales de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín, México, observa con serenidad las colinas arenosas que separan a la playa de La Chorera, de los humedales El Arco, en el punto norte de Bahía Falsa.

Entrar a la Reserva Natural de Punta Mazo, una barra de humedales y tierra volcánica donde merodean aves como el chorlito nevado (Charadrius nivosus), el cuitlacoche californiano (Toxosloma redivivum) y la pardela mexicana (Puffinus opisthomelas), requiere transitar por la playa La Chorera, un sitio popular entre locales el cual suelen visitar durante los fines de semana. Un lugar con poca vigilancia policial donde las reglas sobre el tipo de convivencia es ambiguo: lo mismo hay campamentos con familias que jóvenes que beben cerveza y manejan sus carros 4×4 a toda velocidad.

“Hay personas que no respetan la señalética e ingresan en sus carros todoterreno dentro del área de protección. Nos vemos obligados a alcanzarlos y explicarles amablemente que no pueden hacer esa actividad y los invitamos a salir del lugar”, explica el guardaparques.

Un equipo de 5 guardaparques que labora en la organización civil Terra Peninsular se encarga de vigilar un área de 1633 hectáreas que suman las reservas de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín. Además de vigilancia, los guardaparques apoyan con el mantenimiento de caminos y senderos, recolección de basura e informar las reglas del lugar a los turistas que llegan a las reservas naturales.

La sola existencia de esta lengüeta arenosa —La Chorera— es el resultado de la extracción imparable, desde 2019, de piedra bola de mano de personas que sin permiso gubernamental la colocaron en el mercado de la decoración de exteriores y la construcción. Los guardaparques, limitados en su actuar a los terrenos privados que sirven de reservas naturales, sólo les queda denunciar ante las autoridades lo que sucede fuera de su jurisdicción. Debido a la poca vigilancia y control de las autoridades, esta playa que colinda con la entrada de la Reserva de Punta Mazo fue totalmente desprovista del material pétreo que ahí existió.

La extracción de piedra frente a la reserva de Punta Mazo se suma a una lista de conflictos ambientales en la región como la calidad del agua en las bahías, el desarrollo urbano, el desmonte de terrenos para la agricultura, el uso recreativo de vehículos todoterreno, el saqueo ilegal de suelo volcánico, los impactos por la falta de recolección de basura y conflictos territoriales en algunos puntos donde las reservas naturales colindan con las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); una figura federal de uso del suelo que controla las zonas de mareas en toda la costa mexicana.

Estos conflictos, consecuencia inevitable de un ecosistema en contacto con la actividad humana, le parecen a César Guerrero, director ejecutivo de Terra Peninsular, una oportunidad para fortalecer el diálogo y defender una herramienta de conservación del suelo que ofrece protección a la biodiversidad y beneficios económicos por igual. Explica que un ecosistema costero saludable permite que los nutrientes y el agua saludable fluyan por las bahías, un aspecto clave para la actividad acuícola y el crecimiento de pastos marinos, lo que garantiza una fuente de alimento para la branta negra.

“La industria del cultivo de ostras es el mejor aliado de la conservación, ya que necesita aguas limpias y una bahía saludable para producir ostras de calidad”, dice el director.

Granjas ostrícolas vs desarrollo inmobiliario

Bahía de San Quintín es un municipio extenso con poca infraestructura pública. Se encuentra 284 kilómetros al sur de Tijuana, lejos del ajetreo económico y el auge inmobiliario que caracteriza a la metrópoli fronteriza. Contrario al frenesí superpoblado de Tijuana, Bahía de San Quintín es una localidad de perfil agrícola y pesquero con apenas 117,568 habitantes, según el censo federal de 2020.

La agricultura, que genera 11.460 millones de pesos al año (574 millones USD), según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es una de tantas amenazas a la flora local en la medida que se expande y despeja terrenos para aumentar su área de trabajo. Sin embargo, la certificación de tierras que reciben las áreas naturales protegidas les impide ser cultivadas.

En tanto, la industria ostrícola (especializada en Crassostrea gigas y Crassostrea sikamea), genera anualmente 35 millones de pesos (1 millón 755 USD), según datos de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California.

Dado que la acuicultura es tan importante para la economía de Bahía de San Quintín, los productores de ostras tenían dudas sobre los impactos de un megaproyecto inmobiliario, Cabo San Quintín, en 1999. Diseñado como un complejo turístico alrededor de los volcanes y la costa de Punta Mazo, incluía un lujoso hotel, campo de golf, puerto deportivo y centro comercial.

“Las ostras son demasiado frágiles. No estoy a favor de las aguas residuales de los hoteles ni de las desaladoras en la bahía. Este tipo de proyecto [de desarrollo] no me trae ningún beneficio”, dice Cristóbal Murillo, ostricultor con 23 años de experiencia.

Murillo —como todos los ostricultores— requiere de agua de buena calidad para mantener el ritmo de producción de su granja. El año pasado, Murillo registró 60.000 docenas de ostiones que vendió en Ensenada, Tijuana y Mexicali, las principales ciudades de Baja California.

Si bien el desarrollo inmobiliario no continuó por problemas financieros internos, el riesgo latente de que surgieran nuevos proyectos impulsó la fundación de la asociación civil ambientalista Terra Peninsular en 2001. “Después de analizar cuidadosamente los cursos de acción, los miembros determinaron que para establecer un modelo de conservación duradero en el sitio, era necesario convertirnos en propietarios de la tierra”, dijo Guerrero.

Comprar el terreno, la mejor forma de proteger la biodiversidad de San Quintín

El grupo conservacionista centró su atención en una herramienta de conservación que implica la adquisición de terrenos para luego certificarlos como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), la mejor opción disponible cuando el terreno que buscaban proteger ya tenía dueño.

“Este modelo de conservación permite a ciudadanos, organizaciones civiles o grupos indígenas destinar tierras de su dominio a la conservación. Es una excelente herramienta que ha impulsado el gobierno para ampliar el territorio protegido a nivel nacional”, explica Susana Alfaro, enlace de turismo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Lo cierto es que el reto inherente a esta herramienta de conservación de tierras está en la obtención del título de propiedad. Si los propietarios no están abiertos a la idea de utilizar sus tierras para la conservación, la única opción disponible es comprar la tierra y certificarla ante las instituciones ambientales. Oficialmente, el gobierno mexicano ha aprobado 384 ADVC, un modelo que ha agregado 631,743 hectáreas de tierra protegida.

Luego de recaudar fondos de fundaciones internacionales y donaciones, en 2012 la organización civil completó la compra de 830 hectáreas de costa de lo que sería la Reserva Natural Punta Mazo. Cuatro años después, en 2016, adquirieron otras 803 hectáreas para la creación de la Reserva Natural Monte Ceniza.

Los títulos de propiedad de los terrenos fueron presentados a la CONANP para obtener la certificación de cada uno como ADVC. La aprobación, otorgada únicamente por esta agencia ambiental federal, dio a los terrenos privados un estatus de protección ambiental con respaldo legal. La certificación de tierras también ofrece a los propietarios la oportunidad de crear alianzas con el gobierno y fundaciones internacionales para nuevas oportunidades de financiamiento, así como con otras organizaciones civiles y la academia para apoyo técnico.

La Reserva Natural Punta Mazo recibió el certificado CONANP-379/2014, mientras que la Reserva Natural Monte Ceniza fue certificada con el folio CONANP-407/2017. Cuatro años después nació la tercera área de conservación, la ADVC San Quintín, ubicada al norte de Monte Ceniza, certificada con folio CONANP-468/2021, bajo la custodia del gobierno de Baja California.

Este innovador modelo de protección territorial ayudó a frenar la expansión de proyectos agrícolas e inmobiliarios en las reservas. Al proteger los hábitats terrestres de San Quintín y custodiar casi toda la costa frente a Bahía Falsa, protegió la integridad de la línea costera y, por lo tanto, la calidad del agua para los ostricultores y el crecimiento de los pastos marinos, una planta acuática que constituye la dieta de un invitado especial: la branta negra.

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Provincia invernal de la branta negra

Bahía de San Quintín, conocida por las caprichosas curvas de sus humedales y su complejo de 10 volcanes extintos, está formada por planicies costeras y dos lagunas —Bahía San Quintín y Bahía Falsa— donde convergen una variedad de hábitats que la hacen altamente biodiversa.

Sula Vanderplank, investigadora asociada del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Estatal de San Diego, explica por qué esta región es de especial interés para los conservacionistas, al ser parte de la Provincia Florística de California, considerada un hotspot debido a que alberga una gran diversidad de especies vegetales, como la siempreviva (Dudleya anthonyi), el alicoche de Ensenada (Echinocereus maritimus) y Leptosiphon laxus.

“San Quintín está ubicado en un ecotono o punto de transición entre dos ecosistemas, entonces hay una enorme riqueza natural. Es un espacio donde conviven plantas que se han adaptado a climas mediterráneos con otras de ambientes desérticos creando una mezcla única”, explica Vanderplank, botánica experta en vegetación del noroeste de México, quien durante años ha estudiado las especies de flora de esta región de la península de Baja California.

“Aquí hay un pico de endemismo local, es decir, hay plantas restringidas a este lugar”, dice Vanderplank. Actualmente existe un registro de 435 especies de plantas, siendo 357 plantas nativas y 67 endémicas, que viven dentro y fuera de las reservas naturales de la Bahía de San Quintín, según la cuenta Vanderplank en su artículo científico “La Flora del Gran San Quintín, Baja California.»

A este importante registro biológico, se debe agregar que ambas reservas —Punta Mazo y Monte Ceniza— se encuentran dentro del sitio Ramsar número 1775, considerados humedales de importancia internacional y por lo tanto protegidos por la legislación mexicana. Este rico ecosistema costero es particularmente conocido por recibir aves migratorias como la branta negra (Branta bernicla) y el chorlito nevado (Charadrius nivosus).

Además de 100 especies de aves residentes y migratorias, Bahía de San Quintín alberga 18 especies de mamíferos, 13 de reptiles y 64 de peces, según datos de Terra Peninsular. Especies como la rata canguro (Dipodomys gravipes), el gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis beldingi), el chorlito nevado (Charadrius nivosus) y el águila real (Aquila chrysaetos) son especies en peligro de extinción protegidas por la NOM-059-SEMARNAT, la ley ambiental mexicana.

“San Quintín es una joya. Los humedales, las praderas de pastos marinos, las dunas y las marismas se conectan con las corrientes oceánicas para crear un espacio rico en nutrientes. No en vano, la branta negra llega en bandadas desde el hemisferio norte a este lugar durante la temporada de invierno”, dice Guerrero.

Con un pico poblacional récord de 24.000 ejemplares, la branta negra cubre un recorrido de 4.500 kilómetros, desde el Ártico hasta Baja California. Las aves permanecen en el interior de las bahías, de noviembre a abril, gracias a la existencia de pastos marinos (Zostera marina), su principal fuente de alimento que cubre el 46% de la superficie de la bahía. “La sola presencia de estas aves todos los años sirve como indicador de salud costera”, dice Eduardo Palacios Castro, investigador del Centro de Investigaciones Científicas y de Estudios Superiores (CICESE) especializado en ecología de la conservación de aves.

“Además de su valor natural, la branta negra ofrece oportunidades económicas sostenibles para la comunidad de San Quintín, tanto en el aspecto ecoturístico, a través de la observación de aves, como en actividades de caza deportiva”, dice el investigador.

René Duarte, odontólogo local y miembro del grupo de Servicios Turísticos y Pesca Comercial Los Volcanes, que administra la Unidad de Manejo Ambiental (PPF) de la Propiedad Federal de la Bahía de San Quintín, es un fuerte promotor de la caza deportiva, práctica que ofrece ingresos extras durante el invierno.

Dicho grupo coopera activamente con científicos como Eduardo Palacios en el programa de monitoreo de la branta negra y con organismos gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Cada temporada, la Semarnat nos comparte las tasas de caza permitidas. Cada persona puede cazar solo tres animales por permiso. Y nosotros somos responsables de cómo se lleva a cabo la actividad para mantener la especie. Solo hay salidas de caza los fines de semana y durante las seis horas de marea alta para estresar lo menos posible a la población de aves”, apunta el empresario.

Con una clientela mayoritariamente proveniente de Estados Unidos y Canadá, el precio por salida de caza deportiva es de 4.500 pesos (225 USD). En la temporada 2021, con un récord de 100 personas visitando durante la temporada de caza, significó un ingreso de 450.000 pesos (22.565 USD) a la comunidad. Este exitoso modelo de explotación sostenible de la branta negra conlleva una serie de obligaciones. Para mantener las actividades de caza, el grupo debe realizar actividades de sensibilización en las escuelas locales, campañas de limpieza de playas y participar como vigilantes auxiliares en la zona.

“Hace años hubo algunos casos de cazadores ilegales, la mayoría locales, pero gracias a nuestra relación con la comunidad, en colaboración con la policía municipal, pudimos detenerlos. El año pasado solo tuvimos un caso de caza ilegal. Conocíamos al tipo, así que hablamos con él y nos prometió que no lo volvería a hacer”, dijo Duarte.

El regreso de la naturaleza en San Quintín

Veinte años después de que se realizara el primer monitoreo de especies en 2002, un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja California, el Museo Natural de San Diego y la Universidad de Idaho reveló una importante recuperación de la rata canguro (Dipodomys gravipes), que se consideraba extinta en Bahía de San Quintín desde 1986. El redescubrimiento de la especie permitió a los científicos especular que seguramente otras conectados en la cadena alimentaria, tanto plantas como animales, comenzarán a mejorar sus números gracias a la recuperación de los hábitats dentro de las reservas.

Mientras tanto, los chorlitos nevados corren en grupos por las playas de arena de Punta Mazo. Un lugar donde la actividad humana es mínima, ha permitido que estas aves crezcan en número y convivan ajenas al enorme esfuerzo por mantener intacto su hábitat. “La población de chorlitos nevados en Bahía de San Quintín es la más estable de Baja California, por lo que es la más importante de toda la península”, dice Eduardo Palacios Castro.

Castro no tiene duda de que el modelo de conservación territorial, apoyado de herramientas públicas y privadas, ha motivado la protección de los hábitats costeros y lugares de anidación del chorlito nevado y el charrán mínimo. “El proyecto de conservación ha dado un respaldo legal importante para que no haya impactos indeseables en la zona; manteniendo el hábitat no solo sobreviven las aves, sino toda la biodiversidad”, concluye el experto.

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Otras voces se suman para explicar los beneficios que las reservas naturales ofrecen a la biodiversidad local. El hecho de que las poblaciones de flora y fauna se mantengan estables en Bahía de San Quintín, o al menos dentro de Punta Mazo y Monte Ceniza, para Sula Vanderlplank es un reflejo de la resiliencia del ecosistema, es decir, de la propiedad para adaptarse a los cambios en el entorno. “La resiliencia está en la presencia de la especie, incluso cuando hay intervención humana. Siguen ahí, a pesar de todo”, explica el botánico.

Terra Peninsular mantiene un activo programa anual con hombres y mujeres de Bahía de San Quintín para consolidar la protección del entorno natural a largo plazo. Programas de contratación temporal para la elaboración de rutas de senderismo, capacitación a grupos de vigilancia comunitaria, talleres a microempresarios de servicios turísticos, son algunas de las acciones implementadas a lo largo del año.

Miembros de la comunidad como Francisco Murillo, de 17 años, se mantiene optimista sobre el trabajo que se está realizando en la zona. “He sido voluntario en el monitoreo de branta negra y limpieza de playas desde que tenía 12 años. Este lugar fue un patio de recreo en mi infancia, los volcanes y las playas, y quiero que se quede así por muchos años más”, dice.

A pesar de los avances, proteger los ecosistemas costeros de la Bahía de San Quintín conlleva una lucha diaria. Aquí, el trabajo no acaba, y eso parece ser el mejor incentivo para continuar. “Es un lugar que merece ser preservado; humedales, dunas y actividades productivas como el cultivo de ostras pueden convivir de manera sostenible”, dice confiado César Guerrero.

Pronto llegará el otoño y con esta estación comenzará la prometida llegada de la branta negra para alimentarse de los pastos marinos. Cae la noche sobre Bahía de San Quintín, ahora sin ostricultores ni turistas. Todo se mece suavemente, casi en silencio. Sólo queda el canto de la fauna nocturna que corre entre los matorrales costeros en su danza de supervivencia, y la presencia vigilante de los guardaparques de Punta Mazo y Monte Ceniza que, estoicos como volcanes, no cesan de velar por esta importante ciudad mexicana. santuario natural.

Este artículo fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.

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Baja California Sur es una entidad de México que destaca por la amplia oferta de platillos culinarios del mar. Aunque no existe una pesquería específica, existen especies como el pez perico que son apreciadas por el sabor de su carne. La alta demanda es una realidad que hoy abre un debate entre académicos, investigadores, autoridades y comerciantes sobre si es necesaria una veda o medidas preventivas para proteger al pez loro.

Entre la arena fina, atardeceres de película y un mar color turquesa, pescadores paceños desarrollan sus actividades para ganarse el sustento diario. Ellos son los principales testigos de las condiciones de las poblaciones de especies con mayor demanda en restaurantes, pescaderías y demás comercios.

Antonio Gómez, pescador desde hace tres décadas por tradición familiar, comenta que la carne de pez loro es un producto que se paga muy bien, es por eso que se convierte en un nicho de explotación atractivo.

El precio puede variar, pero es un hecho de que va en aumento, comparte. Se vende desde 150 pesos por kilo a empresas y en restaurantes su valor puede llegar hasta los 200 pesos por kilo.

A pesar de que se trata de una gran oportunidad económica para quienes viven de la explotación de productos del mar, considera que hay un riesgo para la especie. El pescador da testimonio de que ya no se observa al pez perico como antes en las aguas de la Bahía de La Paz.

“Todo ha bajado, mucho ha bajado toda la especie… tiene que ser así porque ya somos muchos pescadores”, mencionó.

“¿Lo piden mucho los restaurantes?”, se le pregunta al pescador, a lo que responde: “Lo piden mucho, la demanda es alta. Es carne de primera, es como la cabrilla”.

Aunque restauranteros, chefs y pescadores promueven desde hace unos años evitar el consumo de pez loro, lo cierto es que hay formas de burlar estas iniciativas ciudadanas.

No hay una revisión estricta, ni regulación por parte de las autoridades correspondientes. En este escenario, hay pescadores que reportan la carne de pez perico como cabrilla para evitar el debate moral sobre su consumo ya que no existe una ley o regulación que prohíba la venta y explotación de la especie.

Aunque reconocen que se trata de un producto muy apreciado, restauranteros y cocineros niegan que se solicite la carne de pez loro para satisfacer la demanda de turistas; sin embargo, los testimonios de pescadores relatan que se busca, se pesca y se vende en filete porque el sector turístico lo pide.

En esta parte del país existen cuatro especies de pez perico: scarus compressus, scarus ghobban, scarus perrico y scarus rubroviolaceus, de acuerdo con la investigación Regulación de Peces Herbívoros Asociados a Arrecifes Coralinos en el Golfo de California, realizada por las y los investigadores Daniel Camilo Thompson Poo, Jenny Carolina Rodríguez-Villalobos, Arturo Ayala-Bocos y Héctor Reyes-Bonilla.

Analizan posible veda

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada) de Baja California Sur, José Alfredo Bermúdez Beltrán, expuso que aunque la especie no está en peligro, los índices de población “llaman la atención”.

En este escenario, confirmó que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) lleva a cabo un estudio minucioso para analizar la situación del pez loro y con ello determinar si es necesario establecer una veda para su protección.

Recordó que las vedas se instalan para asegurar la reproducción y garantizar que el volumen de la población no disminuya, y que no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Para determinar una protección de este tipo también será necesaria la intervención de la academia e instituciones especialistas.

Desde su perspectiva como servidor público señaló que se ha topado con un cambio de pensamiento en la manera en que las cooperativas y pescadores independientes actúan. Expone que ahora apuestan por la sustentabilidad y el cuidado de las especies para “no matar a la gallina de los huevos de oro”, por lo que no duda que, en caso de aplicarse una veda, habrá colaboración por parte de productores y comerciantes.

Se trata de una labor de concientización que, aseguran restauranteros y cocineros, ya inició en negocios de la ciudad de La Paz.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Olivas, subrayó que cuentan con campañas internas para evitar la compra de peces en veda temporal y permanente.

Reiteró que hoy en día, las y los consumidores son muy críticos con restaurantes que vendan platillos con base en animales que estén catalogados en peligro de extinción o su población corra algún riesgo.

Por su parte, el chef Donaldo Martínez precisó que desde hace dos años inició esta campaña interna en contra del consumo de pez loro.

Chefs, así como propietarios de restaurantes de la zona costera de La Paz, evitan la compra y la solicitud a pescadores, aclaró. “No lo manejamos, estamos en contra del consumo por protección, pero no existe una ley que te lo prohíbe”.

Según su experiencia, la compra y venta de este producto se llega a suscitar de forma clandestina en otros rubros, en marisquerías conocidas como palaperas o en puntos de desembarque cuando arriban pescadores al finalizar sus jornadas diarias.

En 2020, integrantes de la Federación de Cooperativas Pesqueras (Fedecoop) se manifestaron a favor de las tareas de conservación del pez loro, evitando la extracción de la especie para venta comercial.

No obstante, al solicitar entrevistas con líderes de la Fedecoop en Baja California Sur para confirmar si sigue en pie el apoyo a los trabajos de protección no hubo respuesta.

Datos de captura

El informe de política Regulación de Peces Herbívoros Asociados a Arrecifes Coralinos en el Golfo de California detalla que México inició con una regulación incluyendo 10 especies de peces loro en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de especies en riesgo en 2019.

De esta cuenta la especie se halla Sujeta a Protección Especial y existe una prohibición de pescar la familia Scaridae en la Reserva de la Biosfera del Caribe mexicano. Sin embargo, en el Golfo de California no existe una regulación específica por falta de caracterización de la especie, destaca el informe.

Jenny Carolina Rodríguez Villalobos, doctora en Ciencias en Ecología Marina y profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), precisó que, aunque las cuatro especies de pez perico que habitan en el Golfo de California no entraron en la norma, ésta fue el parteaguas para investigar cuál es la situación en esta región del país.

En un esfuerzo por la inclusión de las especies de pez perico en el Caribe, la doctora se ha dedicado los últimos tres años a analizar las poblaciones de peces herbívoros en el llamado “acuario del mundo”.

La investigadora relata que como resultado de los estudios se ha detectado que existe una disminución tanto en la densidad, como en la biomasa, de las cuatro especies que habitan en la zona sur del Golfo de California, que abarca desde los municipios de La Paz y Los Cabos.

 Señaló que el análisis de la norma coincide con los datos de Conapesca de los últimos 15 años que demuestran que hay una disminución en la captura total de los peces loro.

Puntualizó que dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los refugios pesqueros que se encuentran en el Golfo la situación es diferente, ya que tanto en biomasa o densidad las especies se encuentran estables o en aumento.

De acuerdo con datos de los avisos de arribo de la Conapesca el peso total del pez perico desembarcado, aquel que conserva el producto al ser declarado, en Baja California Sur en 2020 ascendió a 72,494 kilogramos. Esto es un incremento de 12.2 % con relación al registrado en 2015.

En ese mismo periodo, el valor del pez perico desembarcado pasó de 791,653 pesos en 2015 a registrar 3 millones 291 mil pesos en 2020, ésta última cantidad es equivale a 2 millones 598 mil pesos del 2015 en términos reales.

En la investigación Regulación de Peces Herbívoros Asociados a Arrecifes Coralinos en el Golfo de California señalan que en la zona de Cabo Pulmo se reporta una disminución en el tamaño de los ejemplares y de la población, mientras que en las inmediaciones de la isla Cerralvo se detecta un decrecimiento en la abundancia. 

El estudio destaca que La Paz se convierte en una zona de investigación importante ya que las y los académicos reconocen que la capital de Baja California Sur es la que concentra la mayor pesquería de la familia Scaridae en México.

Importancia ecológica

La relevancia del pez perico no queda únicamente en su valor comercial, sino que también juega un papel importante en la conservación de arrecifes coralinos, ecosistemas que son pieza clave en la lucha contra la crisis climática global, expone la doctora Jenny Carolina Rodríguez Villalobos.

En el estudio recalcan que los corales son parte del ecosistema marino con mayor riesgo a desaparecer debido a la crisis climática.

Anticipan que, incluyendo sistemas que se encuentran en el Golfo de California, experimentará un blanqueamiento anual severo que podría traer consecuencias drásticas, como la disminución de los recursos que los arrecifes proporcionan al humano.

La académica explica que las especies de peces loro tienen la función ecológica de controlar el crecimiento de las macroalgas, que son competidores directos de los corales.

“El mantener las algas sobre control permite que los corales puedan crecer y establecerse en los ecosistemas. El ecosistema requiere un equilibrio ecológico para poder brindar las funciones y servicios que nos prestan a los humanos”, añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Ojeda Ruiz, profesor investigador de la UABCS, señaló que con el calentamiento global se han enfocado los esfuerzos en proteger ecosistemas productivos, aquellos que generen energía, que capturan nitrógeno o carbono; entre ellos destacan los corales.

El pez perico, reiteró, permite que los arrecifes tengan un nivel de funcionamiento eficiente sin exceso de algas, manteniéndolos en buen estado. Además, lo que produce en sus excreciones es el tipo de arena blanca que se conoce en las playas de Baja California Sur.

Si el pez perico desapareciera habría una afectación ecológica importante, puntualiza el profesor. No obstante, considera que la autoridad pesquera debe hacer un análisis muy serio antes de decretar una medida y reconocer que el efecto más importante de pesca no es tanto por la actividad, sino por el consumo.

Falta información

Pese a que existe la intención de establecer cuál es la situación real de las especies de pez perico que habitan el Golfo de California, académicos coinciden en que no hay información 100% confiable por parte de las instituciones encargadas de analizar y vigilar la captura.

Los datos de pesca no son suficientemente completos para hacer una análisis fino respecto al estado de las poblaciones, dice la doctora Rodríguez Villalobos.

Se ha demostrado que existe pesca ilegal. Desafortunadamente no ha tenido un seguimiento que brinde la información completa de la problemática.

“Creemos que disminuyendo la pesca ilegal y también caracterizando esta pesca incidental, que sepamos exactamente dónde y cuánto están saliendo de manera incidental los peces perico, sería una manera de manejo apropiada hasta el momento”, enfatiza.

En el informe de política Regulación de Peces Herbívoros Asociados a Arrecifes Coralinos en el Golfo de California se subraya que es necesario mejorar la declaración de avisos de arribos, se trata de reportes que realizan pescadores sobre las capturas del día y, con esto, habrá un mejor monitoreo de la peca y trazabilidad de productos.

Como resultado de la investigación en donde se examinó a cinco entidades federativas en el Golfo de California se estableció que Baja California Sur generó el 76% de la captura de peces herbívoros y 79% en su valor total en la región.

Aquí las y los investigadores describen un error en los datos ya que la autoridad pesquera señala que existen sólo tres especies de pez perico que son comerciales: scarus perrico, Nicholsina usta y scarus guacamaia; sin embargo, esta última no tiene distribución en el Océano Pacífico, sólo en el Caribe.

“Sin duda, es un recurso natural que podría mejorar su regulación, declararse adecuadamente y contar con el debido control de sus capturas y trazabilidad”, recalcan en el estudio.

Asimismo, el profesor investigador Miguel Ángel Ojeda Ruiz coincide en que no hay mucha información publicada en cuanto a pesquerías de pez loro. Se sabe que tiene un alto valor comercial y que tiene mucha presión de mercado, sobre todo por la influencia turística en ciudades de La Paz y Los Cabos.

Insiste en que este contexto afecta a la toma de decisiones sobre las especies de perico, ya que la única forma de saber cómo se encuentra una pesquería en México es por medio de los avisos de arribo de los propios pescadores.

“Se requeriría muchísimo dinero hacer estudios oceanográficos, poblacionales, que no se aplican más que para recursos de alto valor comercial como la langosta o el atún. Cuando se hace captura incidental, lo que han observado es que no la reportan los pescadores o se reporta menos de lo que se captura”, observa.

Hacia posibles soluciones

Ojeda Ruiz expone que es necesario manejar políticas mixtas para establecer si procede una protección de espacio o tiempo, o una veda; una protección de talla o una mezcla de varios esquemas, incluyendo medidas de control de mercado.

Recordó que hay antecedentes de cómo dar un valor agregado a los productos y restringir otros para que ingresen a los mercados, a través de procesos de facturación, movilización y compra, pero, sobre todo, tiene que ver con un tema de cultura de consumo.

“Creo que es parte de ir cambiando un poco la cultura, creo que el perico es una especie muy carismática, muy bonita, muy atractiva. Podríamos pensar en este esquema donde a través de la educación, la cultura y control de mercado pudiéramos evitar lo que motiva su pesca: el alto pago del producto”, comentó.

En este sentido, la doctora Jenny Carolina Rodríguez Villalobos está convencida de que el manejo de los peces perico debería considerarse dentro del marco de la buena gobernanza e incluir a todos los sectores.

Es necesario crear campañas para explicar a los pescadores la importancia de reportar cada vez que sacan a los animales y transparentar el tamaño y peso, así como a las cooperativas de pesca deportiva.

Recalcó que no se puede señalar al pescador como el malo de la película porque finalmente está haciendo una actividad que necesita para subsistir, pero sí es necesaria más información para saber con certeza cuál es la condición de las poblaciones.

* Este trabajo contó con el apoyo de la Red de Periodismo del Mar (Repemar), impulsada por Causa Natura con ayuda de la Earth Journalism Network de Internews.

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Pejerreynas: La misión de salvar a un pez dentro y fuera del agua

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Es el atardecer en el Golfo de Santa Clara y la combinación del mar, los rayos del sol y el sonido del agua crean una imagen casi inmaculada que se ve manchada por la marca de neumáticos en la arena, de un lado a otro por toda la ribera.

La presencia constante de automóviles, sea por convivencia familiar, reunión entre amigos o para retirar las pequeñas embarcaciones, han puesto en peligro de extinción a un pez que sólo desova en este lugar: el pejerrey

El Golfo de Santa Clara es un pueblo pesquero que se encuentra en Sonora, aproximadamente a 590 kilómetros de Hermosillo, la ciudad capital, y forma parte del Alto Golfo de California, en donde forma un vértice con Baja California.

Durante abril y mayo se presenta en este lugar un espectáculo natural que atrae a turistas mexicanos y extranjeros: el desove del pez pejerrey (Leuresthes sardina), el único pez que pone sus huevos fuera del agua.

El pejerrey, también conocido como gruñón del Golfo, es un animal parecido a la sardina, de color azul-pleateado, con una distribición histórica desde el municipio de Guaymas, en Sonora, hasta Bahía Concepción, en Baja California, y que aunque vive en diferentes territorios, desova únicamente en el Golfo de Santa Clara por las condiciones de sus playas.

Las actividades de impacto humano, como la pesca descontrolada y el turismo irresponsable, han afectado y reducido las poblaciones del pejerrey, llevándolo a ingresar en 2019 a la lista de la Norma Oficial Mexicana 059, en la categoría Peligro de Extinción.

La perturbación por parte de turistas que atrapan a los peces por diversión, el uso de transporte motorizado en la orilla del mar, las personas paseando y por consecuencia la compactación de la arena, han ocasionado una disminución de población pero también de tiempo de desove y la talla de los reproductores.

Mientras que entre 1968 y 1973 la duración promedio del desove era de 81.23 minutos, según una investigación realizada por Donald Thomson y Kevin Muench (1976), otra verificación realizada en 2015 arrojó un resultado de 10 minutos menos de desove.

“Actualmente, la diferencia entre las longitudes y la duración de los desoves indica la urgencia de regular la extracción y proteger los sitios de incubación de la especie”, escribían ya desde 2017 los autores Roberto Carmona, Adriana Hernández-Alvarez, Betsy Martínez-Reséndiz, Gorgonio Ruíz-Campos, José de la Cruz-Agüero, Ricardo Saldierna, Víctor M. Cota-Gómez, Martín Hernández-Riva y Gustavo D. Danemann en el artículo “Biología y conservación del pejerrey (Atherinopsidae, Leuresthes sardina)”, publicado por la Revista Ciencia Pesquera del Instituto Nacional de Pesca.

En el mismo, señalaron que son tres los factores intrínsecos que hacen en particular vulnerable a la especie del pejerrey: su limitado intervalo geográfico de distribución reproductiva, su dependencia reproductiva de las playas arenosas de la zona y su estrategia reproductiva.

El asentamiento de granjas acuaculturales, que modifican el suelo y alteran patrones hidrológicos, también arroja como resultado a una especie actualmente en alto grado de vulnerabilidad.

La propuesta de inclusión del pejerrey como un animal en peligro de extinción no busca prohibir su pesca, pero sí brindarle protección a través de la regulación de ciertas actividades como el consumo, para que se limite sólo a los meses fuera de la época de grandes desoves.

La bióloga Adriana Hernández Álvarez colaboró desde 2017 en la elaboración de la propuesta para la inclusión del pejerrey en la NOM-059-SEMARNAT junto a otros nueve expertos en el tema.

“Lo que habíamos tomado sobre la estructura poblacional, la longitud, el peso, las hembras, los machos y las edades, lo comparamos con los únicos otros datos que existen que son de hace 50 años generados por investigadores de la Universidad de Arizona y las diferencias que encontramos daban a notar que los peces son más pequeños ahora y que desovan por menos tiempo”, comentó.

“Estas respuestas son las primeras que presenta una población cuando está bajo una presión fuerte, y en temas de pesquerías es cuando una población está sobreexplotada, y aunque el pejerrey no se pesca de manera comercial, no era una sobreexplotación lo que está afectando pero sí creemos que el tránsito de vehículos genera que los huevos no eclosionen y hay menos individuos, lo que provoca que se reproduzcan más pequeños”.

El pez pejerrey sirve de alimento para 36 especies de aves y siete de ellas, es decir, el 20 por ciento, están incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010: cuatro bajo protección especial, dos amenazadas y otra más en peligro de extinción.

“La pareja con la que más hemos visto que tiene relación estrecha es con el playero rojizo, que se alimenta de los huevos que deja el pejerrey, pero no es la única con la que está conectada. Es también presa de la totoaba, corvina, tiburones y otras 36 especies de aves”.

“Sin lugar a dudas, con la desaparición las especies que se verían más afectadas son las aves playeras y en particular el playero rojizo, porque este sitio mantiene a cerca del 50 por ciento de su población. Para la especie sería peligroso la pérdida de equilibrio ecológico”, compartió Hernández Álvarez.

Esta realidad es la que impulsó la creación del grupo autodenominado “Pejerreynas del Golfo de Santa Clara”, una comunidad de diez mujeres y dos hombres dedicados a proteger la especie a través de actividades de sensibilización y trabajos de conservación.

En 2014 decidieron unir esfuerzos junto a la oficina regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con quienes han trabajado sin pausa durante ocho años. También han colaborado con biólogos de la comunidad, la asociación civil Pronatura Noroeste y con el Centro Intercultural para el Estudio de Desiertos y Océanos (CEDO).

Ciry Aldama Rivera es la líder de la agrupación. Entre todos los presentes, las miradas se dirigen a ella para escucharla y aprender. No solo los lidera. Los orienta. Los auxilia. Los organiza e impulsa en cada actividad.

“Las Pejerreynas del Golfo de Santa Clara somos un grupo de la comunidad que nos comenzamos a formar poco a poco y aquí estamos desde 2014 hasta la fecha del día de hoy. Empezamos como un grupo voluntario y así nos fuimos sumando de uno a uno y ya somos 12, esperando sean más”, dijo Aldama Rivera.

“Nosotros ya sabemos la fecha y la hora en la que va a desovar, cuánto tiempo va a tardar, a qué hora se va a ir, ya tenemos el calendario. Todo con base a la experiencia que hemos obtenido en estos ocho años”.

Norma Soraida González Bernal es otra de las mujeres que integran la agrupación y junto a sus compañeros trabajan no solo durante mayo y abril, sino todo el año en diferentes campañas informativas a la orilla de la playa, con pláticas en escuelas para acercar a las y los niños a temas ambientales y sobre todo de concientización, encaminados en crear un acercamiento entre los residentes del lugar y la especie.

“Estamos realizando -también- levantamiento de chinchorros por toda la orilla de la playa porque ahí es donde se atoran las aves y cuando el pejerrey desova también se queda atorado y no puede terminar de hacer su función”.

“Hacemos campañas de limpieza por la orilla de la playa para retirar la basura. Hemos encontrado vasos y botellas con pejerreyes dentro y huevecillos por fuera”, dijo.

Actualmente la agrupación está integrada por Alejandra Ramos, Mariel Aguilar, Jesús García, Ciry Aldama, Teresita Félix, Elizabeth Carrillo, Alma Sánchez, Yasmin Flores, Yabiel Ocegueda, Lorena Tapia, Sory González y Elena Bernal. 

Cuando se conformaron, en 2014, la respuesta ciudadana no fue lo que esperaban. El desconocimiento y la incertidumbre por parte de otros pobladores generaron un rechazo hacia las Pejerreynas del Golfo de Santa Clara.

Sin embargo, a ocho años de su creación, el impacto positivo de las actividades desarrolladas por el grupo y respaldadas por diferentes instituciones, ha sido reconocido por organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente en Sonora.

Nélida Barajas Acosta, directora ejecutiva del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO) en Puerto Peñasco, aseguró que estas mujeres y hombres han logrado un cambio local en su papel como guardianas del pez.

“Simplemente estamos hablando del pejerrey y ellas son las pejerreynas, las guardianas de los pejerreyes. No es de ir y simplemente de poner restricciones de quién los ve, cómo los ven, sino también hacen acciones de educación ambiental”, aseguró.

“Las corridas donde se ve la reproducción se tienen en un periodo específico y no solo trabajan en esas épocas. También hacen monitoreo de aves costeras, reciben al visitante, entonces vuelves una actividad de todos los días en una acción de vida”.

Donald A. Thomson, fallecido en mayo de 2022, fue un importante investigador de CEDO y aportó información relevante sobre la especie, sobre todo en un contexto donde se desconocía hasta la información básica de la misma. Sus hallazgos fueron pieza importante en la investigación que logró integrar al pejerrey a la NOM-059-SEMARNAT, aseguró Barajas Acosta.

“Esta fue una de sus pasiones compartidas. Él estaba muy interesado en el tema de peces y este era uno muy peculiar, que salía del agua y en un ambiente megadiverso hacía algo diferente a los demás”.

“Una manera en la que queremos honrar su memoria es que cada año vamos a ofrecer un acompañamiento técnico y educativo con las Pejerreynas del Golfo de Santa Clara en su honor”.

A través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se destina un recurso económico como parte del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST) que se utiliza específicamente en las actividades de conservación que realiza la agrupación.

Según declaraciones de las y los integrantes, no existe otro apoyo económico y el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, al que pertenece el Golfo de Santa Clara, no cuenta con un programa o recurso específico destinado para la protección del pejerrey. 

Proyecto Puente solicitó entrevista con el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para obtener información sobre los apoyos otorgados al grupo de Pejerreynas, sin haber obtenido respuesta al momento de esta publicación.

Actualmente los 12 integrantes realizan trabajos de limpieza en la playa para cuidar el área previo a la próxima temporada de desove, y expusieron necesitar del apoyo económico de los tres niveles de gobierno para poder continuar con las diferentes labores que van desde recoger hasta transportar los residuos.

Madres de familia, voluntarias, educadoras. Salvan al pejerrey de la extinción todos los días a través de su labor informativa, de conservación, con su acercamiento a los ciudadanos y su constante capacitación.

Las Pejerreynas del Golfo de Santa Clara han marcado un antes y un después en su localidad, pero también se convierten constantemente en un ejemplo para otras comunidades pesqueras que buscan proteger a sus propias especies.

Este trabajo contó con el apoyo de la Red de Periodismo del Mar (Repemar) entregado por Causa Natura y la Earth Journalism Network de Internews.

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Una de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que existen en Sinaloa es isla Venados, refugio de aves marinas migratorias, junto con las islas Pájaro y Lobo. Esta zona federal es resguardada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con el objetivo de preservar la naturaleza existente.

Por decreto, está prohibida la destrucción o modificación de la vegetación, así como realizar cualquier tipo de construcción ya sea habitacional, turística o industrial, ingresar o extraer flora y fauna. Sin embargo, la creciente actividad turística, que incluye la observación de aves, paisaje y buceo, ha provocado la contaminación gradual de este sitio, ya que al no existir depósitos para la basura ni servicio sanitario, los visitantes optan por dejar sus desechos en cualquier lugar y hacer sus necesidades al aire libre.

Las ínsulas de Mazatlán forman parte de las Islas del Golfo de California, que además de proteger la línea de costa, son sitios de anidación significativos para 13 especies de aves marinas, como el pelícano café, la fragata magnífica, el cormorán orejudo, el bobo patas azules, la pagaza pico negro, además de servir como sitio de descanso para otras especies migratorias.

La isla Venados, conocida también como isla de en medio, es uno de los espacios recreativos más populares de la bahía de Mazatlán y es posible llegar a ella por medio de lanchas, veleros, kayak y motos acuáticas.

La tranquilidad y condición de aislamiento ofrece una playa tranquila, sin olas y agua cristalina ideal para bucear y conocer el fondo marino.

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Contaminación y alteración del entorno

La basura y el fecalismo es común en esta área natural protegida que se oferta como atractivo turístico y se comercializa a través de redes sociales. Pero esa no ha sido la única forma en que se ha alterado el entorno del sitio.

En abril de 2018 el Gobierno del Estado invirtió 11.2 millones de pesos en la colocación de lámparas con la intención de incluir las islas como un atractivo más dentro del Tianguis Turístico que tuvo como sede este puerto.

 A poco más de un año de haber sido colocadas y retiradas las lámparas de la isla, de la que se dijo no existió ninguna afectación, Son Playas solicitó la Conanp conocer las condiciones en las que se encuentra actualmente esta ANP.

Sí hay control: Conanp

Con fecha 29 de abril 2019, la Conanp  informó que,  en lo que compete a la Dirección Regional y a la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, Sinaloa, adscrita a la misma, lleva a cabo acciones de conservación y restauración consistentes en el control y erradicación de especies exóticas invasoras.

“Estas especies exóticas invasoras tienen diversas vías de introducción natural o por la actividad humana. En la Isla Venados se ha erradicado la cabra feral y durante los años 2016, 2017 y 2018 se realizó el monitoreo post-erradicación confirmando la ausencia de esta especie exótica invasora en la isla”, informó mediante una solicitud de acceso a la información pública.

La dependencia federal  aseguró que para el 2019 se tiene previsto llevar a cabo acciones de control de vegetación exótica presente en la isla por causas diversas, como naturales o por la actividad humana.

Se indicó que la Conanp cuenta con un protocolo de bioseguridad insular que está siendo socializado entre los usuarios, y que el área natural protegida conforme a lo establecido en su decreto de creación, comprende el territorio insular, no la zona marina.

En la isla existen dos construcciones, en una de ellas se ofrece servicio exclusivo a huéspedes de un hotel local, sin embargo, la Conanp informó que es sus archivos no obra información relativa al  nombre de las personas a las que se les otorgó concesión y que tienen instalaciones construidas ahí.

La vigilancia le corresponde a Profepa

Otra pregunta que se hizo a la Conanp fue conocer  quién regula la correcta disposición de basura así como la extracción e introducción de flora y fauna de la isla. La dependencia respondió que desarrolla actividades de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, incluyendo el territorio insular; se realizan jornadas de limpieza y se proporciona información a los usuarios y prestadores de servicios turísticos exhortándolos a cumplir con la normatividad, incluyendo la recolección de basura y traslado fuera de la isla.

“De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT), la acciones de inspección y vigilancia relativas al cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)”, agregó.

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Desconocen los daños provocados por afluencia turística

Respecto al impacto causado en la isla por la presencia de turistas, la Conanp respondió que no cuenta con información relativa a afectaciones causadas por las personas que visitan y hacen actividades deportivas acuáticas en la Isla Venados.

El equipo de Son Playas acudió a este lugar el pasado 1 de mayo de 2019, día de asueto. La presencia de turistas en la isla fue notoria; decenas de familias se instalaron para pasar el día en este espacio recreativo.

Durante un recorrido que se hizo por la playa, fue posible observar indicios de fogatas entre las piedras; cables y envoltorios de frituras entre los matorrales; vasos, platos y cubiertos desechables, envases de vidrio, latas y papel aluminio. Un poco más adentro de la zona de flora había heces humanas, bolsas de plástico y papel.

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Entre los visitantes, la “basura del día” incluía globos de látex tirados a la orilla del mar y aros de latas de aluminio.

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Contaminación y omisión

La falta de vigilancia y una campaña permanente que contribuyan a mantener limpia la isla, alimentan la omisión e indolencia de los visitantes a acatar las restricciones y recomendaciones, pues son evidentes las malas prácticas para una correcta disposición de desechos y un buen uso de este espacio rico en flora y fauna.

El anuncio de “Bienvenidos a la Isla” que fue colocado en el lugar, indica cuáles son las restricciones: no construir, no hacer fogatas, no arrojar basura ni aceite, no transportar especies silvestres de flora y fauna, ni introducir mascotas o cazar.

La bienvenida incluye un recordatorio en el que se pide a los visitantes sacar su basura de la isla, no alimentar a los animales ni dejar comida, no colectar organismos, ni perturbar a los animales.

En otro cartel, la Conanp pide a los visitantes que antes de embarcar  a la isla atiendan las siguientes indicaciones:

• No llevar mascotas.
• Limpiar tierra y semillas de ropa y calzado.
• Empacar bien las pertenencias.
• Revisar y limpiar cualquier clase de equipo.
• Revisar y la embarcación y mantenerla libre de plagas.
• Asegurarse de que, si lleva redes, no tengan animales escondidos.

Medidas preventivas al llegar a la isla:

• No anclar a menos de 100 metros de la isla ni amarrar una embarcación directamente a la isla.
• Nunca arrojar roedores vivos al mar ya que pueden nadar hasta la isla.
• No desembarcar en la noche ya que los roedores son más activos.
• Mantener limpia la embarcación y campamento.
• Desempacar comestibles en una lona y cerciorarse de que están libre de insectos.
• No dejar basura, ni siquiera biodegradable en la isla, regresarla siempre a tierra firme.
• Los plásticos deben de guardarse en una caja o contenedor a prueba de roedores y después sacarlos de la isla.
• Si se cuenta con espacio, recoger y sacar la basura que se encuentre.

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En los primeros días del mes se corrió la voz anunciando la llegada de los pajaritos, una de las pesquerías más entrañables para los mazatlecos. Como todos los años, las familias han acudido todas las tardes a los puntos de arribo cargando su balde para tratar de comprar unos cuantos kilos de esta especie al igual que los revendedores, sin embargo, no todos los días hubo suerte.

En 2019 las capturas iniciaron el día 6 de mayo. Algunas embarcaciones lograron reportar una producción de 100 kilos, la cual se vendió en 70 pesos el kilo; pese a ello, los volúmenes de capturas han sido muy variables, pues se han presentado días donde las embarcaciones regresan vacías y las familias y revendedores tienen que retirarse con las cubetas y hieleras vacías.

Cuando la especie se ausentó seis años de Mazatlán, entre 2012 y 2017, los investigadores hicieron hincapié sobre la necesidad de establecer criterios de regulación de esta pesquería con el objetivo de garantizar su subsistencia, sin lograr ningún avance en esta materia.

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La especie se ausenta

En 2012, un año antes de la gran ausencia, las capturas iniciaron el 3 de mayo con 200 kilos, el 14 de mayo se registraron 238 kilos y el 30 de mayo 2 mil 516 kilos; la embarcación siguió pescando haya el día 2 de junio. Los cinco años siguientes los pescadores no lograron avistar a la especie.

El regreso del pez pajarito

En 2018 el pajarito sorprendió a los pescadores con su regreso, ese año, la embarcación que tomamos como referencia para tener una idea de los montos de producción, inició sus capturas el día 1 de mayo con un total de 400 kilos mientras que el 8 de mayo se obtuvieron 3 mil 664 kilos, la embarcación concluyó su pesca hasta el día 29 de mayo. En 2019 las capturas iniciaron el 6 de mayo con un registro de 100 kilos y la temporada se ha caracterizado por ser muy irregular, ya que un día las embarcaciones pueden lograr buenas capturas y al día siguiente regresar vacías.

Años de omisión

En 2008, cinco años antes de que se registrará la ausencia del pajarito, la Conapesca impulsó la regulación de la pesca de especies de escama, en ese entonces, Raúl Villaseñor, director general adjunto de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, dio a conocer que tras creación de la Norma Oficial para la pesca de escama se buscaría reglamentar otras pesquerías por su impacto a nivel regional como era el caso de especies como el pajarito, la sierra, el mero y el peto.

De acuerdo a información publicada en medios locales, Villaseñor explicaba que la importancia de reglamentar la explotación de estas especies radicaba en que son la base de las pesquerías de algunas regiones del país y de ellas dependían un gran número de pescadores. 

«Se busca reglamentarlas, no porque estén sobre explotadas, sino porque soportan pesquerías importantes a nivel regional o local», señala en el artículo publicado en ese año.

Con la reglamentación se pretendía establecer las características de los sistemas de pesca permitidos (artes de pesca), así como las tallas mínimas de captura y la obligatoriedad de las bitácoras de pesca para tener un mayor control de la información de los permisionarios. 

Lamentablemente este proyecto nunca se concretó y 5 años después la especie se ausentó por 6 largos años, situación que tanto  la autoridad pesquera como los investigadores atribuyen al daño que el sobre esfuerzo pesquero y las artes de pesca provocaron al proceso de reproducción de la especie, ya que el pajarito acude a nuestras costas a desovar.

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Laguna regulatoria

Las pesquerías en México se regulan a través de un catálogo de especies denominado Carta Nacional Pesquera, este documento, cuya última actualización se realizó en 2017, congrega a un total de 35 especies de pesquerías marinas y costeras, 23  del Litoral  Pacífico y 12 del Golfo de México y Mar Caribe, así como 65 fichas técnicas adicionales , 45 de especies que se capturan en Áreas Protegidas y 20 Especies Marinas Prioritarias sujetas a protección y conservación.

Cesar Julio Saucedo, director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, informó que hasta la fecha la pesquería del pajarito no cuenta con ningún tipo de regulación para su explotación y que la especie no ha recibido el estatus de recurso pesquero por lo cual no forma parte del contenido de la Carta Nacional Pesquera.

De acuerdo al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables la Carta Nacional Pesquera debe incluir en su contenido los siguientes puntos:

I. El inventario de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;

II. El esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de especies en un área determinada;

III.  Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca;

IV. Las normas aplicables en materia de preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, y

V. La demás información que se determine en el Reglamento de la presente Ley.

Las autoridades responsables de evaluar qué especies deben ser incluidas en este catálogo son Conapesca en el caso de las pesquerías y Semarnat en el enfoque de protección y conservación de las especies, sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad ha iniciado un estudio para conocer el estado de la especie e impulsar su protección.

No hay permisos

Aunque no se cuenta con un estudio técnico sobre la especie y una reglamentación para su explotación, existe evidencia de que en 2014, la autoridad pesquera otorgó un permiso para la pesca de fomento PFP/DGOPA-024/14, folio 024/14 para la especie denominada pájarito en la región de Los Cabos en Baja California Sur, tal como lo marca el oficio CP2R2A.-3252, que fue dirigido a la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por parte del entonces Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

En dicho documento se solicita información pormenorizada del permiso otorgado, el cual generó inconformidad en un grupo de pescadores se opusieron a tal autorización debido a que se beneficiaba a una sola persona y a que las capturas para este efecto se realizarían con chinchorro, lo que representaba un daño importante para el entorno marino de la zona.

Actualmente no existe ningún permiso específico para esta especie, según informó Saucedo Barrón.

“No hay permisos para pajarito, para que un permiso se otorgue tiene que estar por opinión técnica del INAPESCA o tiene que estar establecido en la Carta Nacional Pesquera, la Carta Nacional Pesquera no contempla al pájarito como un recurso pesquero, tiene que tener esa categoría primero para que en ese documento se establezca cual puede ser el esfuerzo que se pueda autorizar”, afirmó.

El Director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola explicó que para que esta especie pueda ingresar al catálogo de la Carta Nacional Pesquera deben cumplirse  varios indicadores como ser una pesquería bien definida, para lo cual debe realizarse un estudio biológico pesquero por parte del Instituto Nacional de Pesca.

“Esa atribución la tiene por Ley el INAPESCA, después de las evaluaciones es el que tiene que decir: está especie tiene la categoría de recurso pesquero, por tanto se puede explotar en estás dimensiones, con éstas a artes de pesca y con estas características”, explicó.

La bitácora del pescador

Está claro que de manera oficial no existe información sobre la pesquería de pajarito, empezando por el hecho de que la pesca se realiza bajo el amparo de un permiso de escama , por lo  que se desconoce cual es el sobre esfuerzo pesquero (cuantas embarcaciones lo capturan). También se ignora cuáles son las cuotas de captura, puesto que no existe un control de los arribos y tampoco existe certeza sobre el uso de otro arte de pesca además de la atarraya y el chinchorro.

En Son Playas tuvimos acceso a la bitácora de una de las embarcaciones, sin embargo, las cifras se concentran en el ingreso recaudado diariamente, lo que hace difícil conocer la cantidad de kilos del producto capturado.

Su precio varía dependiendo de la demanda, así, en días de abundancia una cubeta con más de 10 kilos puede costar hasta 20 pesos y en días de bajas capturas el kilo puede venderse hasta en 80 pesos.

Las pequeñas libretas que guardan las anotaciones de años de capturas nos muestran que en 2011 la pesca del pajarito inició el 8 de mayo y concluyó hasta el 17 de junio de ese año. En algunas fechas sí hay registro de la cantidad de producto capturada, por ejemplo, el 8 de mayo la producción fue de 113 kilos y el 9 de mayo de 70 kilos; para el 17 de mayo las capturas se incrementaron a 2 mil 70 kilos, y de acuerdo a una anotación ese día, la cubeta se vendió en 40 pesos.

Ese año las capturas se extendieron hasta mediados de junio. La bitácora señala que el 1 de junio se lograron capturar 200 kilos; la mayor producción se registró el día 4 de junio con un total de 3 mil 600 kilos; el 5 de junio se obtuvieron 2 mil 413 kilos, el 6 de junio 2 mil 25 kilos y el registro cerró el 17 de junio como último día de pesca.

Otras amenazas para el «pajarito»

El tema de la regulación de la pesquería ha estado en la mesa de las autoridades en diferentes ocasiones. De acuerdo a información publicada en medios locales en 2008, se planteó la necesidad de crear una norma oficial que regulara la pesca de esta especie; en 2011 la autoridad pesquera inicio un monitoreo del recurso, sin embargo, nuevamente el proyecto no tuvo seguimiento.

Héctor Plasencia González, investigador asociado del Laboratorio de Ictiología y Biodiversidad del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Mazatlán, señaló que la ausencia de seis años de las tres especies de pajarito que suelen arribar a este puerto es una señal de alarma para impulsar su conservación, la cual se encuentra en riesgo debido a la falta de regulación pesquera, el cambio climático y la contaminación marina, entre otros factores.

En 2018 Luis Antonio Salcido Guevara, de la Facultad de Ciencias del Mar, señaló ante un medio local la necesidad de establecer un plan de manejo que incluyera veda, ya sea espacial o temporal, así como el cambio a artes de pesca menos nocivas para el ecosistema marino.

Los especialistas coinciden en que las capturas deben realizarse con artes de pesca menos nocivas, pues la atarraya, al contener en sus extremos pesos de plomo para llegar al fondo, produce el arrastre de los florecimientos de algas donde se deposita la hueva de la especie, afectando así la población de futuros ejemplares.

En este sentido, la recomendación de los especialistas es el uso del arte de pesca tradicional conocido como cucharón, pues la consideran la más adecuada para preservar la especie y el entorno marino.

¿Qué se puede hacer para conservar al pez pajarito?

Plasencia González reiteró que es necesario que las autoridades implementen acciones para la conservación de esta especie, no sólo por su valor como pesquería sino por el papel que juega dentro del equilibrio ecológico. Para el investigador es importante establecer algunos lineamientos.

1. Establecer un ordenamiento de regulación pesquera.
2. Decretar periodos y zonas de veda (en este caso se pesca en las zonas y época de reproducción de estas especies).
3. Evaluar el tamaño de las poblaciones para establecer los volúmenes de captura (cuotas) permisibles,  para evitar la sobreexplotación y colapso. De esta forma, se daría oportunidad a la especie de reproducirse.
4. Una ordenación pesquera racional basada en restricción del libre acceso a la pesquería.
5. Regulación de los tipos de artes de pesca.
6. Asesores técnicos de pesca que participen en las acciones de inspección y vigilancia.

La pesquería del pajarito es una tradición que los mazatlecos han disfrutado por décadas , sin embargo, la falta de medidas de regulación ponen en riesgo la subsistencia de esta especie migratoria, que cada año arriba al puerto para cumplir con su ciclo de reproducción.

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Al menos 15 Estados y nueve Municipios de México han modificado sus legislaciones para prohibir o regular el uso de bolsas de plástico, artículos de unicel, popotes y hasta globos.

En todos los casos, se pretende disminuir los impactos ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos plásticos.

La mayor parte de esas disposiciones legales permiten e incentivan el uso de materiales biodegradables, excepto el municipio de Tijuana, que también los prohíbe.

En algunos casos se restringe el uso, entrega y venta de plásticos de un solo uso, pero en otros, solo se limita su entrega gratuita al público en general y se permite su venta. También hay casos en que se permite la venta de bolsas de plástico pero con la condición de que un porcentaje del material con el que fueron elaboradas sea reciclado. Así, mientras que Sonora establece el 10 por ciento cómo mínimo y Colima el 30, Nuevo León exige el 50 por ciento.

Por razones de higiene, salud y conservación, parte de las leyes y reglamentos aprobados permiten el uso de plástico para el manejo y empaquetado de productos alimenticios, tal es el caso de carnes, embutidos y dulces.

Estrategias a seguir

Las medidas restrictivas van acompañadas de campañas preventivas y de concientización, además de otorgar plazos para que los establecimientos comerciales realicen una sustitución progresiva antes de aplicar sanciones por incumplimiento.

Por ejemplo, en Sonora se contempla la implementación del Programa Estatal de Reemplazo de Bolsas de Plástico por bolsas degradables, además de un Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de bolsas biodegradables en el que deberán inscribirse todos los proveedores de estos productos.

Como parte de las estrategias para reducir la contaminación por plásticos también se promueve la reutilización, reciclado y sustitución.

En el caso de los estados que han reformado sus leyes para establecer este tipo de prohibiciones, se ha instruido a los municipios para que emitan la reglamentación correspondiente al ser ellos los que se encargarán de sancionar el incumplimiento de la ley.

Sinaloa también dice no a los plásticos de un solo uso

Sinaloa se incluye en la lista, pues desde septiembre del 2018, el Congreso del Estado aprobó Ley de Residuos del Estado de Sinaloa que sanciona el uso de bolsas de plásticos en establecimientos, sin embargo, esta medida aún no se aplica.

En Mazatlán, la Comisión de Ecología del Cabildo ya manifestó interés en sacar adelante un reglamento que prohíba los plásticos de un solo uso, después de que un grupo de científicos hizo la propuesta pública, la cual también cuenta con el apoyo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal.

La propuesta surgió después de que un estudio realizado por investigadores de la UNAM confirmó la presencia de microplásticos en playas, bahía y esteros de Mazatlán.

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Estados que ya dijeron no a los plásticos de un solo uso:

• Veracruz, fue primer estado costero del país en prohibir bolsas y popotes de plástico en todos los establecimientos comerciales de su territorio. En mayo de 2018, el Congreso del Estado reformó y realizó adiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial  para impedir que se entreguen bolsas de plásticos de un solo uso a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado al consumidor final. Sí se permiten los materiales biodegradables.

• El Periódico Oficial del Estado de Nuevo León publicó en enero de 2019 la prohibición del uso de popotes de plástico a partir de 2020. Y en marzo de este año, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Ambiente para prohibir la entrega de bolsas de plástico en supermercados a partir del próximo año.

• En marzo de 2019, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó por unanimidad la prohibición del uso de popotes, bolsas y unicel en toda la entidad. La medida entró en vigor a partir del 15 de abril.

• El Congreso del Estado de Guerrero  prohibió el uso y entrega de envases de polietileno expandido (unicel), popotes, cucharas y vasos de plástico en establecimientos comerciales, mediante la reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos realizada en marzo de 2019.

Al menos 15 Estados y nueve Municipios de México han modificado sus legislaciones para prohibir o regular los plásticos de un solo uso.

• El 18 de julio de 2018, el Congreso del Estado de Baja California Sur prohibió la entrega o venta de unicel, bolsas, popotes y contendores de plástico en los establecimientos comerciales de toda la entidad tras reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente del Estado. La medida entrará en vigor en agosto de este año.

• En septiembre de 2018, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó modificaciones a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para prohibir el uso y venta de unicel, bolsas de plástico y popotes. También se instruyó a los Ayuntamientos para que modifiquen sus reglamentos, los cuales debieron entrar en vigor a partir de enero de 2019. Las sanciones económicas y administrativas por incumplimiento se aplicarán a partir del 2020 y estarán a cargo de los municipios.

• El Congreso de Sonora prohibió la fabricación, distribución y uso de bolsas de plástico no biodegradables en abril del 2018 y el uso de popotes de plástico en establecimientos de alimentos y bebidas en septiembre del mismo año tras reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Las primeras modificaciones contemplan la creación de un Programa Estatal de Reemplazo de Bolsas de Plástico por bolsas degradables, además de un Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de bolsas biodegradables.

• En agosto de 2018, el Congreso del Estado de Chihuahua prohibió el uso de popotes de plástico en establecimientos al reformar la Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ; solo podrán utilizarse de materiales biodegradables.

• En septiembre de 2018, el Congreso del Estado de Durango reformó la Ley de Gestión Ambiental Sustentable, con lo cual se prohíbe la entrega y uso de bolsas de plástico para transportar o carga artículos en cualquier acto comercial.

• La Ley de Residuos Sólidos del estado de Colima se reformó y adicionó en septiembre de 2018 para prohibir el uso de popotes y bolsas de plástico en establecimientos mercantiles. El documento establece que deberán emplearse bolsas de plástico con un mínimo de 30 por ciento de material reciclado y ágil degradación. Estas disposiciones serán consideradas para la expedición de la licencia de funcionamiento comercial por parte de los ayuntamientos.

• En diciembre de 2018, el Congreso del Estado de Coahuila reformó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para restringir la venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas. También se prohíbe el uso de popotes plásticos. El decreto entrará en vigor 12 meses después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

• Por decreto del Congreso del Estado de Tamaulipas, a partir del primero de enero de este año quedó prohibido el uso de bolsas de plástico que no tengan al menos el 30 por ciento de material reciclable. Habrá un proceso de 24 meses de transición para los establecimientos y las multas se aplicarán a partir de septiembre de 2020.

• Oaxaca ya prohíbe el uso y venta de plásticos y unicel en establecimientos comerciales luego de que el Congreso del Estado reformó la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos en abril de este año. Los establecimientos tienen un año de plazo para eliminar sus inventarios de plástico desechable y unicel y adecuarse a este nuevo ordenamiento legal.

• Ciudad de México es la más reciente; en mayo de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa de ley para prohibir la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico a partir de enero del 2020. A partir del 2021, se aplicará la misma restricción a los cubiertos, platos y vasos de un solo uso, incluso globos, bastoncillos de hisopos de algodón, recipientes para transportar alimentos y aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico.

Municipios que prohíben bolsas y popotes de plástico

• Con la modificación al Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, aprobada en 2017 por el Cabildo del municipio de Querétaro, se prohibió el uso de bolsas de plástico en tiendas a partir del primero de agosto del 2018 y de popotes de plástico a partir de marzo de 2019.

• El Cabildo de Ensenada, Baja California, prohibió el uso y obsequio de plásticos de un solo uso en julio del año pasado. La medida entró en vigor en enero de 2019.

• El 23 de agosto de 2018, el Cabildo de Tijuana aprobó adiciones al Reglamento de Protección al Ambiente para prohibir la venta o entrega de bolsas de plásticos, de polímeros e incluso las biodegradables en establecimientos comerciales. La medida entró en vigor el 6 de marzo de 2019.

• El Cabildo de Aguascalientes aprobó en octubre de 2018 un reglamento que prohíbe la expedición de bolsas de plástico, desechables y popotes en comercios. La medida entrará en vigor en octubre de 2019.

• En marzo de 2019, el Cabildo de Mexicali prohibió el obsequio de bolsas y popotes de plástico en establecimientos, pero sí se permite su venta. La medida entrará en vigor en junio del mismo año.

La Comisión de Ecología del Cabildo de Mazatlán ya trabaja en la elaboración de un reglamento para restringir el uso de plásticos de un solo uso

• En abril de 2019 el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla acordó prohibir de manera progresiva la venta, uso y entrega de bolsas de plástico y popotes en establecimientos comerciales. Ese mismo mes,
  la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla. Las medidas entrarán en vigor en el 2020.

• En enero de 2019, el Cabildo de Toluca prohibió el uso de bolsas, vasos y popotes de plástico en establecimientos comerciales.

• El 28 de enero de 2019, el Cabildo de Tlalnepantla, Estado de México, prohibió el uso de bolsas y popotes de plástico en establecimientos comerciales de su jurisdicción.

En enero de 2019, Pátzcuaro se convirtió en el primer municipio de Michoacán en prohibir el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel. Para restringir el uso de los derivados del petróleo, el Cabildo modificó el Reglamento para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos. La medida restrictiva se aplicará de forma gradual de tal manera que para septiembre de este año se cumpla al cien por ciento.

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