Michelle Carrere / Mongabay Latam

Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos“, explica.

México: científicos y pescadores buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos. 

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron», dice Ketchum. 

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa. 

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo, donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional. 

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente.

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La clausura se dio mientras cuerpos de auxilio intentaban sofocar el incendio que inició desde la tarde del lunes 29 de junio. El delegado de la dependencia en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó el cierre definitivo relacionado al rezago administrativo de largo plazo y no al siniestro, pero no dio mas detalles.

Aparte, testigos del hecho y fuentes cercanas a la dependencia revelaron a Son Playas que la clausura estaba programada para noviembre del año pasado, sin embargo, se otorgó una nueva prórroga luego de que el Ayuntamiento se comprometió a acelerar el proceso para el cierre definitivo y entrega de reportes periódicos de avances, lo cual no ocurrió. De no clausurar el basurón, la Profepa caería en un estado de omisión al incumplir su obligación legal.

Tras la clausura, el Gobierno Municipal emitió un comunicado para precisar que el Ayuntamiento cuenta con un amparo vigente con fecha del 25 de junio, el cual deja sin efectos cualquier procedimiento de clausura. «Actualmente no es posible suspender la operación del Basurón Municipal, ya que no existe otro sitio para la disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio. Por ello, el servicio de recolección y depósito de basura continuará prestándose de manera habitual», se informó.

Respecto a la contingencia por el incendio, se dio a conocer que dentro del mismo predio se habilitó un área para depositar los residuos de manera temporal sin interferir con los trabajos de control; una vez concluida la emergencia, la basura será trasladada al área correspondiente del basurón.

Sobre el incumplimiento

El Ayuntamiento de Mazatlán incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 relacionada con la disposición de final de los residuos sólidos urbanos. De acuerdo con esta regulación técnica de caracter obligatorio, los municipios que operan sitios no controlados, como el basurón de Mazatlán, deben elaborar un plan de clausura y al mismo tiempo deben abrir un relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con el fin de evitar que contaminen el medio ambiente. El cierre definitivo del basurón también requiere de obras de ingeniería y saneamiento para mitigar los impactos ambientales y a la salud pública durante el proceso de estabilización de los residuos que fueron depositados en el vertedero.

Para la construcción del próximo relleno sanitario, el gobierno municipal intentó hacer un compromiso de compra de un predio de 225,000 metros cuadrados ubicado en la comunidad de La Amapa, situada en la sindicatura de El Habal, valuado en 33.7 millones de pesos. La asociación civil Observatorio Ciudadano Mazatlán alertó que el compromiso se realizaría sin contar sin contar con estudios técnicos y ambientales, sin mecanismos de transparencia ni consulta pública.

Habitantes de la zona manifestaron su rechazo a la instalación de un relleno sanitario en ese lugar y debido a la presión social la propuesta fue retirada del orden del día de la sesión de cabildo del 8 de junio, en la cual se pretendía someter a votación. De acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento de Mazatlán en el año 2020 por operar un basurón que incumple con la normatividad. También fue condenado a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental causado por el basurón, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar, sin que hasta el momento se haya cumplido.

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• Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
• El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
• Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
• Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.

La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.

“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.

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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.

“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.

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La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).

En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.

Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.

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Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.

Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.

Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.

El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.

Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.

Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.

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En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».

La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».

Un Sitio Ramsar en riesgo

Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.

Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.

Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.

“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.

Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.

“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.

Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.

“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.

GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.

Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.

En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.

Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.

Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.

“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.

“No producirán un litro de amoniaco”

Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.

La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.

“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.

Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.

Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.

“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.

Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.

“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.

Este reportaje se publicó origialmente por Mongabay. Son Playas lo reproduce con los permisos correspondientes.

Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas

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Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., exigió públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o proceso de compra de terrenos hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma federal que regula la selección de sitios, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios.

A través de un comunicado, la organización ciudadana dio a conocer este domingo que la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán tiene preparado un dictamen para someter a consideración del pleno, el compromiso de compra de un predio de 225,000 m2 ubicado en la sindicatura de El Habal, en una zona conocida como “La Amapa».

«Dicho dictamen, del cual tenemos copia, podría ser discutido y votado en pleno las próximas horas», alertó. La propuesta es impulsada por la Comisión de Hacienda integrada por el regidor, Jesser Yael Martínez Otero, coordinador; y las regidoras Gladys Fabiola Torres Torres, Claudia Gabriela Luna Fernández, Alina Quintero Morales y My-Lai Quintero Beltrán.

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De acuerdo con el dictamen, se plantea un “compromiso de compra” sustentado en una opinión favorable de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), respecto a las condiciones ambientales del predio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado públicamente ningún estudio técnico y legal que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003 para determinar la viabilidad del sitio y cumplir con todos los requisitos que exige el predio donde operará el futuro relleno sanitario de Mazatlán.

«El dictamen también establece que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla ya una disponibilidad de 20 millones de pesos para la adquisición del terreno, pero el predio que se pretende comprometer para compra tiene un valor de 33.7 millones de pesos, es decir, 68.5% por ciento más de lo autorizado originalmente.

Contexto

Actualmente, los residuos de la ciudad se depositan en un tiradero a cielo abierto conocido como «el basurón», que opera desde hace más de 50 años en el Ejido de Urías sin cumplir con la normatividad ambiental. Por esa razón, autoridades ambientales y judiciales del orden estatal y federal condenaron al Ayuntamiento a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar. Por incumplir con la condena, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento en el año 2020, que a la fecha se sigue pagando, según se indica en el dictamen. Además, los incendios han sido una de las consecuencias de la falta de regulación en este sitio.

En el mismo documento, también se menciona que es necesario contar con un predio para instalar un relleno sanitario que cumpla con la normatividad. Para tal efecto, se pretende que el Ayuntamiento firme una promesa de venta, después se realizarán los estudios técnicos y de ser favorables se procederá a la compra-venta definitiva. Aún así, Observatorio Ciudadano Mazatlán enfatizó que la urgencia no puede justificar la omisión de estudios, ni limitar la participación ciudadana o comprometer el presupuesto sin justificación técnica sólida.

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Propuestas para un proceso transparente

Con relación al dictamen de la Comisión de Hacienda, el Observatorio Ciudadano Mazatlán plantea medidas de transparencia en la adquisición del predio que será utilizado para recibir más de 600 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan a diario en la ciudad:

1. Que el Gobierno de Mazatlán se abstenga de comprometer recursos públicos para adquirir cualquier terreno destinado al relleno sanitario mientras no se hayan realizado los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.
2. Que la adquisición del terreno se realice mediante Licitación Pública para garantizar transparencia y competencia, lo que permitirá evaluar otras alternativas que garanticen mejores condiciones para el interés público y no se comprometa una compra dirigida.
3. Que el Gobierno de Mazatlán explique de manera documentada el origen de los 13.7 millones de pesos adicionales necesarios para concretar la compra de un predio que supera significativamente el monto previsto en el presupuesto autorizado; y que justifique en lo más amplio la elección de ese predio en la sindicatura de El Habal.
4. Que se abra una consulta pública efectiva y proactiva con habitantes de las comunidades y poblaciones colindantes al predio propuesto, para garantizar su derecho a participar en las decisiones que impactarán su entorno y su calidad de vida.

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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Hasta el martes de esta semana, se habían cortado trece árboles, según se pudo constatar a través de un recorrido por el área. Se estima que en total se derribarán 18 ejemplares y que en su lugar se introducirá un ducto de desagüe que conectará con el canal pluvial del Infonavit Alarcón, como obra complementaria del puente, de acuerdo a los testimonios de trabajadores que participan en dicho proyecto.

También aseguraron que la tala está respaldada por una carta responsiva firmada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y que se plantarán nuevos arbustos como medida de compensación. Estas afirmaciones coinciden con lo expresado por personal del Departamento de Parques y Jardines que accedieron a hablar con Son Playas de forma anónima, manifestando su inconformidad por el corte.

El mismo martes, Son Playas solicitó una entrevista a la titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, Monserrat Cortés Echeagaray, sobre la tala y los permisos otorgados por esa dependencia municipal, sin embargo, la servidora pública no aceptó la entrevista y en su lugar, pidió a este medio de comunicación que solicite los datos «por la vía oficial», en referencia a la Plataforma Nacional de Transparencia, trámite que ya se encuentra en proceso.

Fuentes cercanas al proyecto del puente vehicular revelaron que la tala de árboles y la introducción del desagüe se realizará en un espacio aproximado de 300 metros, para lo cual es necesario derribar 18 árboles, de los cuales, 15 son neem, dos ficus y un guamuchil. Esta es una de las diversas obras complementarias del puente vehicular, señalaron.

La tala de árboles se ha realizado durante las noches, para lo cual se ha cerrado un carril. Mientras tanto, otros árboles fueron marcados con color rojo previo a su corte.

Por su parte, vecinos del Parque Lineal mostraron su indignación por la remoción de los árboles, considerando que tardan en crecer, que son necesarios para dar sombra y para contrarrestar las altas teperaturas que ya se sienten en la ciudad.

Además, recordaron que el canal pluvial del Infonavit Alarcón, con el cual se pretende conectar el nuevo ducto de desagüe, se rebosa durante la temporada de lluvias, mientras que las calles se inundan. Opinaron que en esas circunstancias, es muy probable que la obra por la cual se cortaron los árboles, no cumplirá con su función.

«¿Por dónde va a salir el agua si todo eso se inunda?; ni los carros pueden pasar por ahí», dijo una señora mientras paseaba a sus perros.

«Estos árboles ya tenían muchos años aquí, ¿para qué los cortan?; mejor hubieran abierto la banqueta», secundó un transeunte

Por último, criticaron la falta de información oficial y el que no se tome en cuenta la opinión de la población antes de intervenir un espacio público que es utilizado todos los días por cientos de personas, ya sea para ejercitarse, por recreación o para trasladarse a sus centros de trabajo y centros de estudio a pie y en bicicleta.

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Más allá de las jornadas de limpieza, Mazatlán no cuenta con estrategias de protección y cuidado a largo plazo de su principal capital natural: las playas.

La presencia de basura afecta el atractivo natural de las playas, altera el paisaje al generar contaminación visual, daña al ecosistema y representa un riesgo para la fauna marina que podría ingerirlos o enredarse en ellos, por mencionar algunas afectaciones.

Para este tipo de contaminación no se han anunciado estrategias integrales salvo las labores de recolección de residuos y sensibilización que desde junio de 2025 se inscriben en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

La meta de dicha estrategia es eliminar la totalidad de los desechos plásticos de estos ecosistemas en el año 2030, pero en el caso de Mazatlán solo se realizan jornadas de limpieza periódicas que no resuelven el problema de fondo, pues la ciudad carece de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que impida que la basura llegue de nuevo a las playas, esteros y manglares.

Pese a que estos residuos son una de las principales fuentes contaminantes, no se ha limitado la expedición de plásticos de un solo uso, que en el caso de Sinaloa fueron prohibidos en 2020 tras una reforma legal, y mientras su distribución continúa, se siguen acumulando en las playas y en el mar.

Pese a las limpiezas, la basura sigue llegando a las playas, esteros y manglares. Fotos: Archivo Son Playas.

Otros retos locales son: frenar por completo la contaminación de playas a causa del unicel que se utiliza en la construcción de torres a lo largo del paseo costero y la reactivación del Comité de Playas Limpias, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, debería encargarse de promover el saneamiento de las playas y acuíferos en las zonas costeras para prevenir la contaminación y conservar estos espacios naturales.

Tampoco operan los comités para atender la erosión costera y no se tienen registros oficiales disponibles de la operación del Comité Técnico de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre), una instancia de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, de lo cual no existe una delimitación actualizada.

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Las deficiencias en la infraestructura de drenaje y alcantarillado de la ciudad también tienen un impacto indirecto en los ecosistemas costeros, pues desde siempre, los derrames de aguas negras van a parar a los canales, arroyos, esteros, playas y finalmente al mar, favoreciendo la proliferación de mareas rojas, según reportes de la UNAM.

Por el momento, recoger la basura que otros tiran sin ninguna sanción es una acción que se impulsa a nivel municipal antes, durante y después de periodos vacacionales con la participación de organizaciones ciudadanas, centros educativos y empresas.

Estas labores se complementan con la certificación de tramos de playa, principalmente en la categoría Platino, un distintivo que implica limpieza, vigilancia e instalación de infraestructura. Un problema para dichas regulaciones técnicas es que colindan con otros tramos de playa que no reciben el mismo cuidado, lo que termina afectándolos. En estas circunstancias, la certificación como estrategia tampoco tiene impactos de largo alcance.

Las playas certificadas cuentan con algunas señaléticas que brindan información sobre sus características; pero el resto carece de letreros con datos sobre el ecosistema y las especies de fauna que lo habitan, incluyendo aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo o protección, como las tortugas marinas, pelícanos y aves playeras.

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Además, en Mazatlán suele registrarse un acaparamiento de espacios por la ampliación de palapas o renta de mobiliario, en tanto que los contenedores de basura en accesos de playa llegan a resultar insuficientes en temporadas altas de turismo como Semana Santa, época en la que se llega a generar el doble de desechos en la ciudad, principalmente en la franja costera.

Semana Santa: playas llenas, sin protección ni sanción

Las playas de este municipio costero de Sinaloa recibirán más de un millón de visitantes en Semana Santa 2026; pero no está claro cómo se protegerán de la presión del turismo.

De acuerdo con datos del Gobierno de Mazatlán y la Secretaría de Turismo, en esta temporada se espera una derrama económica estimada en mil 130 millones de pesos y una ocupación hotelera de 84 por ciento; lo que no se informó es una política integral que garantice la protección de playas y los recursos naturales frente al impacto que representa la alta afluencia de usuarios.

Hasta el momento, se han anunciado campañas temporales de limpieza y sensibilización, como las que cada año realiza la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán con la ayuda de estudiantes de diversos planteles educativos.

También se sabe que las 12 playas más visitadas de este destino turístico son aptas para bañistas en Semana Santa 2026, de acuerdo con el monitoreo de calidad del agua realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese monitoreo se centra principalmente en la presencia de bacterias fecales que llegan al océano por medio de aguas residuales, pero no se consideran otras fuentes contaminantes derivadas de la actividad humana, como plásticos y basura en general.

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La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP) intensifica las jornadas de limpieza durante los periodos vacacionales con apoyo de instituciones educativas. Fotos: OAP

A pesar que las playas y los espacios naturales son el principal atractivo de Mazatlán, es común que en cada temporada vacacional se implementen medidas temporales ante la ausencia de programas institucionales para su preservación o sanciones para quien los contamina. Actualmente no hay antecedentes públicos de multas ejemplares a usuarios por ensuciar estos ecosistemas.

Para este periodo vacacional las autoridades tampoco informan públicamente cómo se controlarán, por ejemplo, los accesos a reservas naturales en días de alta concentración de visitantes, zonas de anidación de especies o mecanismos para evitar el ingreso de autos en las playas.

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¿Por qué es importante?

Contar con un plan institucional coordinado y multidisciplinario es importante para proteger, limpiar y preservar las playas y otros ecosistemas costeros de Mazatlán de forma permanente.

La Asociación Civil Mejora Tu Playa, que organiza limpiezas en diversas entidades del país, reconoce que «cuidar las playas va mucho más allá de tener un lugar bonito para vacacionar. Se trata de preservar ecosistemas vitales, proteger la vida marina, garantizar la salud pública y mantener activa una economía que depende del turismo costero».

Por su parte, la oceanóloga especialista en gestión costera, Luana Portz, precisa que «las playas son ecosistemas vitales que no solo ofrecen un espacio para la recreación, sino que
también desempeñan roles ecológicos fundamentales, como la protección contra tormentas y la conservación de la biodiversidad».

Sin embargo, advierte que estos entornos están cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, la urbanización y el turismo masivo, según un artículo publicado en el portal del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS).

Por su parte, organizaciones locales que participan en jornadas de limpieza han reconocido que esta medida es como un «cuento de nunca acabar» si no se acompañan de acciones que frenen las fuentes contaminantes, si no se ordena el uso de la franja costera y no se protegen los recursos naturales de los cuales dependen las principales actividades económicas de Mazatlán.

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Ella fue seleccionada por el proyecto “Rescate de Isla Basura: restauración ambiental y economía circular”, que se enfoca en la prevención de la contaminación marina mediante la recuperación, transformación y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos que son extraídos de los manglares del estero de Urías, Mazatlán, a través de jornadas de limpieza en la que también participa la Unión de Pescadores de Playa Sur, instituciones académicas, comunidades locales y ciudadanía en general.

“Gracias a este trabajo, fui seleccionada para representar a México en el Global Leadership and Innovation Summit, donde jóvenes líderes de todo el mundo nos reuniremos para dialogar sobre transición energética y desarrollo sostenible”, señala Berenice Lizárraga, ingeniera en biotecnología por la Universidad Politécnica de Sinaloa y estudiante de maestría en manejo ambiental en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán.

Campaña de recaudación

Para hacerlo realidad, actualmente impulsa una campaña para cubrir sus vuelos, a través de una rifa de un kit turco personalizado que será seleccionado en Estambul y entregado en México. También realiza una recaudación y una campaña en GoFundMe donde cada aportación suma, por eso, por cada 10 pesos recaudados se compromete a retirar un kilo de basura de los ecosistemas mazatlecos. 

Para Berenice, esta oportunidad representa no solo un logro personal, sino la posibilidad de poner a Mazatlán como ejemplo de que sí es posible restaurar ecosistemas y promover modelos de economía circular comunitarios para transformar residuos en oportunidades.

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Trayectoria

Berenice Lizárraga Lizárraga es impulsora de proyectos de economía circular en Mazatlán. Su trabajo se enfoca en la regeneración ambiental y en darle una segunda vida a los residuos.

Junto con Nithzia Yulen Pineda Mendoza, cofundó Rescate Isla Basura, una iniciativa que busca recuperar la vitalidad de un sitio altamente contaminado por residuos sólidos que viajan desde la ciudad hasta el mar. Por este proyecto, ambas fueron seleccionadas en 2025 para formar parte del Programa Generación de Líderes Ambientales que reúne a jóvenes de Canadá, Estados Unidos y México que han desarrollado soluciones a los desafíos ambientales. 

En 2024, Berenice Lizárraga fue reconocida con el premio Rostros del Medio Ambiente que entrega anualmente la organización Causa Natura. Recientemente fue seleccionada como embajadora de México en la Cumbre Mundial de Liderazgo e Innovación 2026 (Global Leadership and Innovation Summit Turkey 2026), un encuentro internacional que reúne a jóvenes líderes para impulsar soluciones con impacto social y ambiental.

Su trabajo también se enfoca en una de las principales fuentes de contaminación: los residuos orgánicos, que se transforman en biofertilizantes, hidrolizados y biogás mediante procesos como el compostaje, ensilaje y digestión anaerobia. Esta iniciativa se ha llevado a comunidades como Palmillas y Teacapán, y también a colaboraciones con actores locales como la cervecería Tres Islas, dentro de un modelo de economía circular que le ha valido reconocimientos personales y colectivos junto con Viva la Ola A.C., del cual forma parte.

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El monitoreo del agua de mar que realizó Cofepris abarcó el periodo del 03 al 12 de marzo en 289 playas de los principales destinos turísticos de México, en coordinación con instituciones que son parte de la Red Nacional de Salud Pública, como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el objetivo es identificar si alguna playa representa riesgos para la salud pública. En este monitore 2026 sólo la playa Tijuana, en Tijuana, Baja California resultó no apta.

Los enterococos que se buscan son bacterias fecales que llegan a las playas por distintas vías y son causantes de enfermedades graves como infecciones urinarias o intraabdominales como la peritonitis, a su vez, causante de infecciones graves en humanos, de acuerdo con la Cofepris.

En el caso de Mazatlán se tomaron muestras de agua en las playas Cerritos y Zona Dorada en playas conocidas como Playas Zona Dorada I, III, IV y VI, de éstas ninguna rebasó los 22 enterococos por 100 mililitros de agua, resultando sin riesgos para la salud pública, ya que se considera de alto riesgo cuando los enterococos rebasan los 200/100 ml de agua. 

En el caso del monitoreo en Playa del Mar, Playa Norte, Playa Los Pinos (conocida como Pinitos); Playa Olas Altas, Isla de Chivo, Isla El Venado y la Isla de la Piedra resultaron entre 35 y 53 enterococos por cada 100 ml de agua de mar, aunque concentraron mayor cantidad de bacterias que las anteriores, siguen estando dentro del rango bajo permitido por la Cofepris.

¿Cómo saber si una playa es apta para bañarte? | Son Playas

Estos resultados colocan a las principales playas de Mazatlán como aptas para bañistas en estos días de Semana Santa y Semana de Pascua. El siguiente monitoreo está previsto para el periodo vacacional de verano.

En el caso de Sinaloa, se analizó la calidad del agua de un total de 22 tramos de playa; todas resultaron aptas. Puedfes revisar los resultados del monitoreo prevacacional de playas en el estado de Sinaloa, Semana Santa 2026 en este enlace.

ANTECEDENTES

Aunque este primer trimestre de 2026 las playas locales resultaron con bajos niveles de bacterias, en otros periodos vacacionales no fue así, en 2024 Playa Norte estuvo a punto de ser declarada no apta para bañistas previo a Semana Santa, al resultar con 178 enterococos por 100 mililitros de agua, siendo la más sucia de Mazatlán, aún así dentro del rango máximo permitido.

Unos meses antes, en diciembre de 2023, Playa Olas Altas, una de las más emblemáticas del puerto, resultó la más contaminada de Sinaloa con resultados de 829 enterococos por cada 100 mililitros de agua en el monitoreo del periodo Invierno, eso la colocó entre las cinco playas más contaminas de México por sus altos niveles de bacterias fecales concentradas, esto provocó que fuera cerrada por una semanas para disminuir las bacterias por la actividad turística.

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El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

La entrada Son Playas celebró su séptimo aniversario con expo ambiental se publicó primero en Son Playas.

La exposición estará abierta al público en general desde las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. El programa se complementa con dos charlas, una sobre manglares y otra sobre la plataforma iNaturalist; previstas a las 10:00 y 11:00 respectivamente. la primera estará a cargo de la organización Conciencias mientras que la segunda será impartida por el biólogo Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de iNaturalist Mx.

En el área de exposiciones se abordarán diversas temáticas, como la cadena alimentica marina, aves, tortugas, economía circular, ecoturismo, compostaje, cultura forestal, ordenamiento territorial, contaminación lumínica, ecoturismo, manglares, jaguares, venados, caracolas, monitoreo de costa, cuidado del agua y parásitos de peces.

También se mostrará cómo se usan los drones en la investigación científica y la relevancia de la selva baja caducifolia que es destruida por la expansión urbana en Mazatlán, ecosistema al que se dedicará la edición de este año, por ser uno de los más amenazados del mundo, particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.

Hasta la tarde del martes 17 de marzo se habían inscrito 56 participantes.

Este evento se realiza anualmente de forma autogestiva como parte de los festejos de aniversario de Son Playas para hacer visible la utilidad pública del periodismo especializado, que además de informar, sirve como conducto para que la población encuentre opciones de participación ciudadana, educación ambiental, vinculación y atención.

Novedades de la expo ambiental

Por primera vez se contará con la participación de seis áreas naturales protegidas en diversas categorías: Juan M. Banderas ubicada en Escuinapa; Meseta de
Cacaxtla localizada entre San Ignacio y Mazatlán; Huizache-Caimanero,
correspondiente a Rosario y Mazatlán; además del Santuario Tortuguero El Verde
Camacho, Mazatlán. De igual forma se suma Paco’s Reserva de Flora y Fauna, un
área natural protegida destinada voluntariamente a la conservación que se localiza al
norte de la ciudad. Adicionalmente, se contará con la participación de la Reserva de la
Biosfera Islas Marías.

La Expo Ambiental Son Playas se realiza regularmente en espacios públicos de la ciudad de Mazatlán, pero desde el 2025 se trasladó a universidades locales para acercar la muestra a las juventudes, según dio a conocer su directora fundadora, Raquel Zapien, durante una rueda de prensa en la cual también participaron David Noriega Urquídez, director de ITMAZ, y Lorena Páez Brito, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU), quienes invitaron a todos los sectores a visitar la muestra.

Por un mismo fin

David Noriega manifestó que por parte del ITMAZ existe el compromiso de fomentar la sostenibilidad entre la comunidad estudiantil y académica, de ahí que aceptó ser la sede de la Expo Ambiental Son Playas de este año.

Por su parte, Lorena Páez reconoció que el periodismo y las acciones de vinculación que realiza Son Playas desde hace siete años contribuyen a la educación ambiental y fomentan la participación ciudadana. Finalmente hizo un llamado a los sectores productivos, colegios de ingenieros y arquitectos; así como a las cámaras empresariales e instituciones educativas, para que visiten la expo y adquieran información que les ayude a contribuir con el desarrollo sostenible que necesita Mazatlán.

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PARTICIPANTES

1. Reserva de la Biosfera Islas Marías.
2. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Juan M Banderas.
3. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla.
4. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Huizache-Caimanero.
5. Santuario Tortuguero El Verde Camacho.
6. Paco’s Reserva de Flora y Fauna.
7. Santuario Tortuguero Estrella del Mar.
8. Biodiversidad del Ejido Barrón.
9. Museo del Jaguar (San Ignacio).
10. Conselva, Costas y Comunidades A.C.
11. Viva la Ola A.C./Isla Basura.
12. Humedales Sustentables A.C.
13. Plataforma iNaturalist Mx (CDMX).
14. Colectivo conCiencias (CDMX).
15. Mantarrayas Team.
16. AstroNat.
17. Connaturaleza.
18. Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable.
19. Jóvenes Por la Conservación del Pacífico (JOCOPP).
20. Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.
21. Comité de Natación de Aguas Abiertas de Mazatlán.
22. Hagamos Composta Mazatlán.
23. El Macetero.
24. Cerritos Sea Turtle Rescue.
25. La Cochinilla Teatro.
26. Charas Sinaloa.
27. Interacción Luciérnaga y Santuario de los venados playa selva Sak Nikté
    Mazatlán.
28. Mazorden
29. Mi jardín polinizador.
30. Bird Watching Mazatlán.
31. Colonias de la Isla en Acción A.C.
32. Faro Defensa Ambiental.
33. Endémica
34. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal
    Anticorrupción de Sinaloa.
35. ECON
36. CEMAZ
37. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
38. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
39. Instituto Tecnológico de Mazatlán – TecNM.
40. Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.
41. Unidad de Bienestar Universitario de la UAS.
42. Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés (CIO)
43. Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC).
44. Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES).
45. Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMyS).
46. CETMAR 08
47. Voluntariado IAM The Change (Instituto Anglo Moderno).
48. Lumina Vidas (Instituto Anglo Moderno).
49. Ecocuadrillas del Centro de Atención Múltiple (CAM) N° 25 Laboral.
50. Tirado’s Oil
51. Programa de reciclaje de redes de pesca Ola México de INPLARSA.
52. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
53. Operadora y Administradora de Playas (OAP).
54. Secretaría de Turismo de Sinaloa.
55. Departamento de Cultura del Agua de la JUMAPAM.
56. IMPLAN Mazatlán.

La entrada Expo Ambiental Son Playas 2026; lista para el 26 de marzo en el ITMAZ de Pradera Dorada se publicó primero en Son Playas.

Este evento es organizado por ECON Mazatlán, un colectivo dedicado a la educación
ambiental integral y ecoturismo responsable, en colaboración con la Facultad de
Ciencias del Mar (FACIMAR) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), instituciones comprometidas con la formación de profesionistas en ciencias
ambientales y sostenibilidad.

El objetivo es crear un espacio de intercambio, difusión y discusión de trabajos de investigación, divulgación científica y educación ambiental, en torno a la biodiversidad y la conservación.

El programa del ENBIO está compuesto por ponencias magistrales impartidas por especialistas destacados en distintas áreas de la biología que compartirán los avances científicos de sus proyectos, experiencias de investigación, así como perspectivas actuales sobre conservación, biodiversidad y sostenibilidad. También incluye mesas redondas sobre problemáticas ambientales actuales, fomentando el análisis crítico y la participación activa de la comunidad académica.

Se incluye una sesión de póster científico para que estudiantes y jóvenes investigadores presenten sus proyectos de investigación, además de un concurso de fotografía, dibujo y pintura que busca integrar el arte como medio de expresión científica y ambiental, resaltando la belleza y la importancia de la biodiversidad. Las convocatorias siguen abiertas en las reedes sociales de ECON.

El último día se realizará la Expo Ambiental Latente, una muestra interactiva donde organizaciones, colectivos, instituciones, emprendimientos y proyectos presentarán iniciativas enfocadas en la conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible. En el programa también se incluyen actividades recreativas y experiencias en campo que permitirán vivir la ciencia fuera del aula y conectar con el entorno natural.

Se espera que ENBIO reuna a estudiantes, investigadores, artistas, divulgadores y amantes de la naturaleza. Este evento tiene como antecedente el Encuentro de Biología: Observando Ciencia (ENBOC). La cuota de recuperación para estudiantes es de 200 pesos y de 350 para docentes y público en general.

Sede y programa

• 13 de marzo. Ponencias magistrales y presentación de póster científico, de 9:00 am a 6:00 pm en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional (Palacio Federal).
• 14 de marzo. Mesas redondas y concursos de fotografía, dibujo y pintura, de 10:00 am a 1:00 pm, auditorio del Instituto Politécnico Nacional.
• 15 de marzo. Expo Ambiental “LATENTE”, de 9:00 am a 5:00 pm en el Parque Ciudades Hermanas.

La entrada Mazatlán será sede del ENBIO: ciencia, diálogo y arte por la biodiversidad se publicó primero en Son Playas.

A través de una carta abierta, la Comunidad Mazatleca Santuario de los Venados Playa Selva Sak-Nikté, pidió que se conserve un predio colindante al Estero del Yugo por su alto valor ecológico, dado que en la misma zona existen diferentes ecosistemas, tal es el caso de selva baja caducifolia, manglar, playa, estero y laguna costera. Además, este lugar está en la zona de influencia del Sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, que abarca desde Cerritos hasta Marmol.

«Ya no existe en la ciudad un lugar así, que albergue estos ecosistemas y la protección de los venados», señalaron a través de un comunicado que se difundió a través de redes sociales con la esperanza de llamar la atención de Sheinbaum Pardo, durante su gira por Sinaloa.

Para hacer visible su riqueza natural y promover la conservación de este lugar, el colectivo ha realizado senderismo, campañas de limpieza, observación de estrellas, difusión científica, liberación de tortugas marinas, yoga y actividades de educación ambiental desde hace aproximadamente cuatro años con la participación de centros de investigación, planteles educativos y autoridades.

«Este espacio, además de ser apoyado y protegido por jóvenes y mujeres, es un espacio que ha funcionado como un modelo replicable de educación, de trabajo en comunidad y colectividad, de recolecta de semillas nativas, de ejemplo de modelo de turismo sostenible en Mazatlán; un espacio de transformación de conciencia e identidad», señala el comunicado que fue difundido a través de redes sociales.

Durante estos años también se han reportado avistamientos de venados cola blanca (Odocoileus virginianus) que se encuentran atrapados en polígonos cercanos por la fragmentación de su territorio a causa del desarrollo inmobiliario o que son atropellados.

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Entre las agrupaciones que apoyan la creación de un santuario se encuentran Tierra Resonante, Ecos Yoga, Luna Jaguar, Sirenas Negras, Real del Pulque e Interacción Luciérnaga. Todas ellas formaron un colectivo que ahora pide la intervención del gobierno federal, pues desde el 15 de septiembre de 2025 solicitaron una audiencia con la presidenta municipal para tratar el tema y no han sido atendidos, según se informó.

De entrada, el colectivo busca orientación sobre el proceso legal y técnico que debe seguirse para gestionar la creación de una reserva natural, además del compromiso formal por parte de las autoridades para darle continuidad y concretar el proyecto.

¿Por qué se necesita un santuario para venados?

Por tratarse de una especie ligada a la cultura e identidad local, el venado cola blanca ha sido tomado como un emblema por parte de agrupaciones ambientalistas para pugnar por la protección de los ecosistemas en los que habita.

Sin embargo, la urbanización también amenaza a diversas especies de flora y fauna silvestre, incluyendo aquellas que se encuentran protegidas como el mangle o en peligro de extinción como la chara sinaloense (Cyanocorax beecheii), ave endémica de nuestro estado.

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Los nuevos desarrollos inmobiliarios que se extienden hacia el norte de Mazatlán, cerca de la costa, también han cercado al Estero del Yugo, un área de conservación ecológica a cargo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) destinada a la investigación científica, en donde se han identificado 1304 especies de plantas y animales, según se indica en la plataforma iNaturalist. La misma amenaza enfrenta Paco´s Reserva de Flora y Fauna, la única Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de Mazatlán, con 3477 especies registradas.

Según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024, la mancha urbana de Mazatlán creció más del doble en los últimos 30 años. En ese contexto, la fauna silvestre ha sido expulsada o erradicada sin que se implementen mecanismos para su protección.

DATO

En lengua náhuatl, Mazatlán significa «tierra de venados». El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La entrada Piden a Claudia Sheinbaum un santuario para venados en Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

El tema se abordó durante el panel «Gobernanza Costera: retos y oportunidades en la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Mazatlán», organizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) local.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Este espacio es un bien nacional de acceso público cuya administración está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encarga de vigilar que su uso y aprovechamiento se realice en apego al marco legal.

Adicionalmente, otras dependencias de gobierno federales, estatales y municipales pueden coordinarse para su aprovechamiento, limpieza, preservación y uso sustentable.

Sin embargo, esta zona enfrenta problemáticas como la edificación de torres o palapas sin autorizaciones en materia de impacto ambiental, aunado al acaparamiento de espacios con renta de mobiliario, contaminación de diverso tipo, tala de mangle, erosión, pérdida de playa, obstrucción de accesos y delimitación desfasada.

El ejemplo más reciente es la torre inmobiliaria que Profepa clausuró el 13 de febrero por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por cortar mangle; adicionalmente, esa dependencia tiene detenidas las obras de cuatro palapas.

Hay otros impactos menos visibles que ya han sido registrados en instituciones de investigación: alteración de los ecosistemas y de la calidad del agua por contaminación microbiológica, así como la ausencia de playas incluyentes para las personas con alguna discapacidad, advirtió Omar Calvario Martínez, investigador responsable del Laboratorio de Química y Productividad Acuática del CIAD, uno de los panelistas.

Importante: Las playas de la Zona Dorada de Mazatlán han perdido 23 metros en las últimas dos décadas.

Autoridades no se coordinan

Los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con facultades concurrentes en playas no están operando actualmente, lo que contribuye al desorden y mal uso de estos espacios naturales, refirió la periodista ambiental Raquel Zapien, durante el panel.

Por ejemplo, dijo, no existen registros recientes de la operación del Comité Técnico de Zofemat, cuya función es aprobar los programas para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación, limpieza y correcta aplicación de los recursos que se recaudan por cobro de derechos y que se destinan al Fondo Zofemat.

A la fecha, tampoco se ha reactivado el Comité de Playas Limpias, una instancia auxiliar de la Comisión Nacional del Agua que permite que los diferentes sectores sociales y económicos participen junto con las autoridades en el saneamiento y cuidado ambiental de las playas y los cuerpos de agua relacionados.

En lugar de trabajar en objetivos comunes, se han dado casos en que las autoridades actúan de forma contrapuesta. Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, reconoció durante su participación que el Gobierno Municipal ha llegado a otorgar permisos de construcción en zona federal sin que exista previamente la autorización de impacto ambiental que expide la Semarnat.

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También hay lagunas legales que no favorecen la protección de la zona federal desde el ámbito local. Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP), explicó que para tramitar un permiso o una concesión ante Semarnat, es necesario que el solicitante presente un dictamen de uso de suelo expedido por el Gobierno Municipal, en el cual se indica si el proyecto es compatible con el entorno urbano. Sin embargo, esta opinión técnica no considera la capacidad de carga ni otros criterios técnicos de la playa adyacente.

Para evitar que este documento se entrege de manera discrecional sin considerar las características de la zona federal, se requiere modificar el Reglamento de Construcción, el cual también debería obligar a los desarrolladores a contemplar servidumbre de paso a la playa en sus proyectos, acorde con la Ley General de Bienes Nacionales, por lo cual ya se elabora una iniciativa de reforma, comentó durante su intervención.

«Falta mayor coordinación y mayor ingerencia de los tres niveles de gobierno en la regulación de la Zona Federal Marítimo Terrestre», reconoció.

Desorden y omisión

Todos los integrantes del panel coincidieron en que la actividad inmobiliaria y turística ha impactado a las playas y otros ecosistemas costeros.

Al respecto, el delegado de la Profepa señaló que hay desarrollos que prefieren «pedir perdón que pedir permiso», de tal forma que optan por construir sin las autorizaciones que marca la ley aunque tengan que pagar multas. En otras ocasiones, también existe deconocimiento de la tramitología que deben realizar en materia ambiental.

«La ciudadanía mazatleca tiene que estar preparada porque hay un desarrollo muy pujante en Mazatlán y ojalá no se detenga; pero lo importante es que estemos vigilantes de que ese desarrollo sea en el marco normativo ambiental y sobre todo en el respeto de nuestros ecosistemas que es lo más importante que tiene Mazatlán», expresó.

Sobre este tema, Raquel Zapien consideró que el desorden e impacto ambiental en la Zofemat se ha agudizado a lo largo del tiempo por la omisión de autoridades que en su momento no cumplieron con su deber legal de actuar y porque no se han activado los mecanismos de coordinación interinstitucional para administrar y proteger la zona.

«Este no es un tema de cultura ambiental, es un tema de omisión y de legalidad», apuntó.

En consecuenia, Mazatlán tiene playas con contaminación, erosión y acaparamiento de espacios por actividades comerciales, añadió. Un nuevo problema es la creciente expansión inmobiliaria sobre el sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia mundial que abarca desde Punta Cerritos hasta Mármol, al norte del municipio.

Pero eso no es todo, las omisiones y la falta de sanciones por parte de autoridades, también han incrementado la vulnerbilidad de la ciudad y los riesgos de desastre ante el impacto de un huracán. Paralelamente, esta impunidad podría alentar a personas que actúan fuera del marco legal a agredir a periodistas, activistas y grupos académicos que se atreven a investigar y señalar estas problemáticas, advirtió la fundadora de Son Playas.

Por su parte, Marco Moreno advirtió que las sanciones para los desarrolladores que no cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley General del Equlibrio Ecológico y Protección al Ambiente serán cada vez más estrictas. Además se les emplazará para que cumplan las condicionantes ambientales y de no hacerlo se les revocará el permiso. Son procesos tanto administrativos como jurídicos.

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Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

La entrada Que no se otorguen nuevas concesiones mineras es positivo para las comunidades y el medio ambiente: organizaciones se publicó primero en Son Playas.

Periodistas y organizaciones ciudadanas que promueven el cuidado ambiental, la participación social y la defensa de la libertad de expresión se manifestaron de forma pacífica esta mañana para exigir que se proteja la integridad de la periodista Sheila Arias luego de ser víctima del delito de amenazas por parte de un empresario.

La manifestación se realizó en uno de los accesos de la Unidad Administrativa de Mazatlán, en donde se ubica la Vicefiscalía Regional Zona Sur. En este espacio se mostraron lonas y pancartas con leyendas de apoyo a la comunicadora y de repudio a las agresiones contra la prensa.

Durante su intervención, Sheila Arias agradeció las muestras de solidaridada y respaldo que ha recibido tras ser emedrentada por dar a conocer en sus redes sociales la existencia de un nuevo proyecto inmobiliario que se pretende edificar sobre el cerro de Punta Cerritos, a un lado de Playa Bruja, con base en información publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

«Las publicaciones que realizo como activista y periodista son información útil y lo hago de manera periódica. Este caso no es personal, no dije que estuviera mal, sólo lo visibilicé
dejando la responsabilidad en manos de las autoridades encargadas de revisar y de la
ciudadanía de vigilar que se aplique la normativa», señaló.

Recordó que la función del periodismo es investigar, documentar e informar aportando hechos verificables, contexto y voces diversas para que la sociedad se forme un criterio propio. Por eso se considera que las amenazas a periodistas también representan una grave agresión a la libertad de expresión y al derecho a informar, pues este tipo de actos buscan intimidar, silenciar y generar miedo.

Ya se investiga la denuncia por amenazas: vicefiscal

En el marco de la manifestación y acompañada por una comitiva, Sheila Arias se reunió con el Vicefiscal Regional Zona Sur, Isacc Aguayo Roacho, quien informó que la denuncia por amenazas ya está siendo investigada en colaboración con la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la periodista mencionó que espera que las autoridades investiguen el caso con seriedad y enfoque de derechos humanos.

Así se ataca a la prensa en Sinaloa

Durante la manifestación, Sibely Cañedo, Consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, tomó la palabra para expresar que de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto de 2022 —cuando se creó este organismo— hasta diciembre de 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios en Sinaloa.

De ellas, 116, casi la mitad, han sido contra periodistas en todo el estado. La amenaza es la agresión más frecuente, acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones
físicas y, en los casos más graves, desplazamiento forzado. El 37% de estas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado; un 27% por particulares (empresarios o ciudadanos en general); y un alarmante 36% por funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Añadió que en Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido en el contexto de una “narcoguerra” sin tregua, las agresiones al gremio periodístico han aumentado. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han documentado 61 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo ataques armados a instalaciones de prensa.

Aumenta el riesgo para el periodismo ambiental en Mazatlán

Por su parte, Raquel Zapien, directora de Son Playas indicó que el riesgo para periodistas que cubren temas ambientales y territoriales va en aumento en Mazatlán, debido a que los vacíos de autoridad han generado condiciones para la expansión urbana desordenada, la devastación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos que no cumplen con la normatividad ambiental o no se alinean a los instrumentos de planeación.

Estas omisiones alientan a quienes actúan fuera del marco legal y fomentan la impunidad. En ese contexto, dijo, es más probable que se amedrente a periodistas que documentan estas problemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente. Lo ocurrido con Sheila, es un ejemplo.

«La inacción de la autoridad está haciendo que el riesgo para la ciudadanía que se atreve a denunciar y el riesgo para periodistas se incremente», refirió la también cofundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión.

La entrada Periodistas y organizaciones ciudadanas protestan por amenazas a Sheila Arias se publicó primero en Son Playas.

El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó, el pasado 22 de enero, el informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026, en el que pide un cambio sustancial en la financiación mundial a favor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y la eliminación gradual de las inversiones que perjudican los ecosistemas.

De acuerdo con el informe, por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza, se gastan 30 dólares en destruirla, una conclusión que pone sobre la mesa el desequilibrio en las inversiones para proteger la naturaleza en comparación con las actividades que dañan los ecosistemas.

Según los datos de la publicación, los flujos financieros se destinan principalmente a actividades negativas para la naturaleza, que amenazan los ecosistemas, las economías y el bienestar humano. También se identifican varios actores que producen daños como los servicios públicos, la industria en general y las empresas de energía y materiales básicos. A ellos se suman ciertos sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al medio ambiente, como los combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.

“Si seguimos el rastro del dinero, vemos la magnitud del desafío que tenemos por delante. Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación: no hay punto intermedio,” señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, tras la presentación del estudio.

Andersen también indica que “este informe ofrece a las y los líderes una clara hoja de ruta para revertir esta tendencia y trabajar con la naturaleza, en lugar de hacerlo en su contra”.  La propuesta para los responsables de políticas y las empresas es que se eliminen gradualmente los subsidios perjudiciales y las inversiones destructivas en los sistemas de producción, mientras se amplían las soluciones basadas en la naturaleza y las inversiones positivas para la naturaleza.

De acuerdo con los datos del informe, tomados de 2023, las inversiones que perjudican directamente a la naturaleza alcanzaron unos 7.3 billones de dólares; mientras que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza llegaron solo a 220 000 millones de dólares.

Imagen principal: pozo petrolero en el mar de México. Los hidrocarburos son uno de los sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al ambiente, al igual que la agricultura, el agua, el transporte y la construcción. Foto: Gobierno de México.

Este texto fue publicado originalmente en Mongabay LATAM el 26 de enero de 2026. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente. Puedes ver la publicación original en este enlace.

La entrada Finanzas ambientales: por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza se gastan 30 dólares en destruirla se publicó primero en Son Playas.

De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

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