Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

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Periodistas y organizaciones ciudadanas que promueven el cuidado ambiental, la participación social y la defensa de la libertad de expresión se manifestaron de forma pacífica esta mañana para exigir que se proteja la integridad de la periodista Sheila Arias luego de ser víctima del delito de amenazas por parte de un empresario.

La manifestación se realizó en uno de los accesos de la Unidad Administrativa de Mazatlán, en donde se ubica la Vicefiscalía Regional Zona Sur. En este espacio se mostraron lonas y pancartas con leyendas de apoyo a la comunicadora y de repudio a las agresiones contra la prensa.

Durante su intervención, Sheila Arias agradeció las muestras de solidaridada y respaldo que ha recibido tras ser emedrentada por dar a conocer en sus redes sociales la existencia de un nuevo proyecto inmobiliario que se pretende edificar sobre el cerro de Punta Cerritos, a un lado de Playa Bruja, con base en información publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

«Las publicaciones que realizo como activista y periodista son información útil y lo hago de manera periódica. Este caso no es personal, no dije que estuviera mal, sólo lo visibilicé
dejando la responsabilidad en manos de las autoridades encargadas de revisar y de la
ciudadanía de vigilar que se aplique la normativa», señaló.

Recordó que la función del periodismo es investigar, documentar e informar aportando hechos verificables, contexto y voces diversas para que la sociedad se forme un criterio propio. Por eso se considera que las amenazas a periodistas también representan una grave agresión a la libertad de expresión y al derecho a informar, pues este tipo de actos buscan intimidar, silenciar y generar miedo.

Ya se investiga la denuncia por amenazas: vicefiscal

En el marco de la manifestación y acompañada por una comitiva, Sheila Arias se reunió con el Vicefiscal Regional Zona Sur, Isacc Aguayo Roacho, quien informó que la denuncia por amenazas ya está siendo investigada en colaboración con la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la periodista mencionó que espera que las autoridades investiguen el caso con seriedad y enfoque de derechos humanos.

Así se ataca a la prensa en Sinaloa

Durante la manifestación, Sibely Cañedo, Consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, tomó la palabra para expresar que de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto de 2022 —cuando se creó este organismo— hasta diciembre de 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios en Sinaloa.

De ellas, 116, casi la mitad, han sido contra periodistas en todo el estado. La amenaza es la agresión más frecuente, acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones
físicas y, en los casos más graves, desplazamiento forzado. El 37% de estas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado; un 27% por particulares (empresarios o ciudadanos en general); y un alarmante 36% por funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Añadió que en Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido en el contexto de una “narcoguerra” sin tregua, las agresiones al gremio periodístico han aumentado. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han documentado 61 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo ataques armados a instalaciones de prensa.

Aumenta el riesgo para el periodismo ambiental en Mazatlán

Por su parte, Raquel Zapien, directora de Son Playas indicó que el riesgo para periodistas que cubren temas ambientales y territoriales va en aumento en Mazatlán, debido a que los vacíos de autoridad han generado condiciones para la expansión urbana desordenada, la devastación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos que no cumplen con la normatividad ambiental o no se alinean a los instrumentos de planeación.

Estas omisiones alientan a quienes actúan fuera del marco legal y fomentan la impunidad. En ese contexto, dijo, es más probable que se amedrente a periodistas que documentan estas problemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente. Lo ocurrido con Sheila, es un ejemplo.

«La inacción de la autoridad está haciendo que el riesgo para la ciudadanía que se atreve a denunciar y el riesgo para periodistas se incremente», refirió la también cofundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión.

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El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó, el pasado 22 de enero, el informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026, en el que pide un cambio sustancial en la financiación mundial a favor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y la eliminación gradual de las inversiones que perjudican los ecosistemas.

De acuerdo con el informe, por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza, se gastan 30 dólares en destruirla, una conclusión que pone sobre la mesa el desequilibrio en las inversiones para proteger la naturaleza en comparación con las actividades que dañan los ecosistemas.

Según los datos de la publicación, los flujos financieros se destinan principalmente a actividades negativas para la naturaleza, que amenazan los ecosistemas, las economías y el bienestar humano. También se identifican varios actores que producen daños como los servicios públicos, la industria en general y las empresas de energía y materiales básicos. A ellos se suman ciertos sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al medio ambiente, como los combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.

“Si seguimos el rastro del dinero, vemos la magnitud del desafío que tenemos por delante. Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación: no hay punto intermedio,” señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, tras la presentación del estudio.

Andersen también indica que “este informe ofrece a las y los líderes una clara hoja de ruta para revertir esta tendencia y trabajar con la naturaleza, en lugar de hacerlo en su contra”.  La propuesta para los responsables de políticas y las empresas es que se eliminen gradualmente los subsidios perjudiciales y las inversiones destructivas en los sistemas de producción, mientras se amplían las soluciones basadas en la naturaleza y las inversiones positivas para la naturaleza.

De acuerdo con los datos del informe, tomados de 2023, las inversiones que perjudican directamente a la naturaleza alcanzaron unos 7.3 billones de dólares; mientras que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza llegaron solo a 220 000 millones de dólares.

Imagen principal: pozo petrolero en el mar de México. Los hidrocarburos son uno de los sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al ambiente, al igual que la agricultura, el agua, el transporte y la construcción. Foto: Gobierno de México.

Este texto fue publicado originalmente en Mongabay LATAM el 26 de enero de 2026. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente. Puedes ver la publicación original en este enlace.

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De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

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Por Agencia SINC

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

Este artículo fue publicado originalmente por la agencia SINC el 21 de enero de 2026. Son Playas replica este contenido respetando los derechos de autor Creative Commons correspondientes. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.

La Organización de las Naciones UNidas (ONU) informó que este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.

Las acciones de protección y cooperación multilateral del Tratado de Altamar incluye la creación de áreas marinas protegidas, el reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales y la cooperación científica internacional, entre otras acciones.

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Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional, señaló la ONU a través de su página oficial.

«Se espera que, una vez plenamente implementado, el acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación», indicó.

La ONU informó que hasta ayer, muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. También precisó que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.

«Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas», reconoció.

México ratificó el tratado el 23 de septiembre de 2025, con lo cual se compromete a proteger los ecosistemas marinos y garantizar su salud, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades costeras, que en conjunto representan el cerca del 15% de la población nacional. El país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.

Antecedentes

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 19 de junio de 2023 en la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que se celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026. Se estima que la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor. Es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Importancia del Tratado de Altamar y primeros pasos para su implementación

AIDA, organización internacional dedicada a la defensa ambiental en América Latina, explicó que con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

«Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030», expuso a través de un comunicado.

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Detalló que existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

«En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años»

Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 

Por su parte, Naciones Unidas recordó que el acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Hagamos Composta Mazatlán se encarga de brindar este servicio bajo la coordinación de dos investigadoras: Carolina Delgado Álvarez y Daniela Alvarado Zambrano, ambas doctoras con especialidad en evaluación de riesgos a la salud por contaminantes potencialmente tóxicos.

Con apoyo de su equipo, recolectan los desechos orgánicos de los domicilios y los transforman en composta para luego ser entregada a los usuarios, lista para aplicarse como abono.

A nivel nacional, Hagamos Composta fue fundada en 2017 por Gerardo Montes de Oca en Toluca, Estado de México, logrando expandir el modelo en más de 23 ciudades del país. Carolina y Daniela replicaron este proyecto social a nivel local desde julio de 2023. Al inicio contaban con 10 registros y actualmente suman 70.

¿Cómo funciona?

Las personas o empresas interesadas en contratar el servicio en Mazatlán deben solicitarlo a través del WhatsApp 6691 23 70 54, para lo cual se aplica un cobro de inscripción de 350 pesos. A cambio se entrega un kit de dos cubetas de 19 litros y otra de cinco, así como un folleto con instrucciones.

Una vez confirmado el registro, se establece el día y hora de recolección, el cual puede ser semanal o quincenal, dependiendo del volumen de residuos orgánicos que se genere. El día asignado se recoge la cubeta con los residuos y en su lugar se deja otra limpia para repetir el proceso.

En cada colecta se aplica una cuota de 80 pesos y al paso de 15 recolecciones la persona usuaria recibirá una cubeta de composta.

Entre los productos orgánicos que pueden compostarse están:

El abono orgánico se obtiene mediante la degradación de la materia orgánica que realizan microorganismos como bacterias y hongos. Este proceso de descomposición natural mineraliza los residuos, para lo cual se requiere un control de humedad, calor y oxígeno.

No es necesario tener conocimientos previos de compostaje para que te registres en este proyecto; tu única labor como usuario del servicio será separar los residuos orgánicos, colocarlos en las cubetas y entregarlos el día y hora acordada.

Así te beneficia el compostaje

Carolina Delgado señaló que el interés de replicar el modelo de Hagamos Composta surgió luego de observar que en Mazatlán no existe un sistema de gestión de residuos en general. En este contexto, se optó por impulsar la colecta y descomposición de residuos orgánicos para crear abono, lo que a su vez ayuda a reducir la generación de basura y el uso de bolsas plásticas; regresar nutrientes a la tierra y fomentar una cultura sustentable.

«Nace del interés genuino de querer hacer algo por la comunidad», dijo.

Antes de poner en marcha el proyecto, las investigadoras hicieron un estudio sobre el tipo de basura orgánica que se genera en Mazatlán a fin de adaptar el proceso de compostaje. También se tramitaron permisos ante la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sostenible (SEBIDES) y se obtuvo la Cédula de Operación Anual Municipal.

Hagamos Composta entrega manifiestos de disposición final, un registro del manejo de los residuos desde su generación hasta su disposición final que sirve para el cumplimiento de normas ambientales. Para las empresas, este documento es una forma de demostrar su compromiso con el medio ambiente.

De igual forma se proporciona un cálculo del dióxido de carbono que se dejó de arrojar a la atmósfera y las bolsas plásticas que se dejaron de utilizar gracias al compostaje.

Para este año, la meta es aumentar el numero de usuarios y empezar a recolectar excretas de perros y gatos. Puedes seguir sus redes sociales en este enlace.

El compostaje también es conocido como valorización de residuos y entre sus principales beneficios está el de transformar materiales de desecho en un nuevo producto, evitando que contaminen y acaben en vertederos.

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• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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En Mazatlán, tierra de venados, la expansión de la mancha urbana acaba con el hábitat de esta especie emblemática del municipio sin un Programa de Ordenamiento Ecológico Local que garantice reservas naturales y ponga límites a la urbanización. Tampoco se cuenta con corredores biológicos ni pasos de fauna para esta y otras especies afectadas por la destrucción de su entorno natural.

Empujados por la deforestación de sus territorios, venados cola blanca (Odocoileus virginianus) han sido observados con mayor frecuencia en vialidades y en los nuevos complejos residenciales y turísticos. Muchos de ellos han muerto atropellados.

Desde el 2020, Son Playas ha documentado el deplazamiento y fragmentación del hábitat de esta especie. Ese año, por ejemplo, se reportaron varios atropellamientos y avistamientos de ejemplares tanto en vialidades como al interior de desarrollos habitacionales o comerciales del norte de Mazatlán. Lee la historia completa en este enlace.

Los reportes de venados atropellados o acorralados por los nuevos desarrollos inmobiliarios continuaron sin ninguna intervención. Fue a finales de 2023, cuando un grupo de personas intentó rescatar a una familia de venados atrapados en un predio colindante con la avenida del Delfín, atrás del fraccionamiento Mediterráneo Club Residencial. Para saber los detalles de lo ocurrido en ese momento, entra aquí.

Muy cerca de ahí, en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico, se levantó un nuevo monumento al venado; el tercero de la ciudad. La develación de la escultura monumental de 14 toneladas de peso y 10.50 metros de altura se realizó el viernes 21 de junio de 2024. Días antes, un venado de carne y hueso fue atropellado en esa zona. Encuentra los detalles acá.

Para entonces, el grupo ciudadano que intentó rescatar a la familia de venados ya había hecho gestiones ante autoridades y el propietario del predio para su reubicación, pero al final no fue posible extraer a los ejemplarespor limitaciones técnicas, logísticas y por la falta de permisos para su manejo ambiental, entre otras. Después el terreno fue «limpiado», se retiró la maleza y solo se quedaron las palmeras del lugar. Los venados quedaron a su suerte.

Los avistamientos no han parado, principalmente en el norte de la ciudad, hacia donde se extienden los proyectos turísticos e inmobiliarios.

Este 2025, otro movimiento ciudadano tomó fuerza en un intento de protegerlos. La organización Interacción Luciérnaga, en alianza con otras agrupaciones ciudadanas e instituciones de investigación, ha estado realizando recorridos y actividades de educación ambiental en las inmediaciones del estero del Yugo y Cerritos para dar a conocer la biodiversidad de la zona, en la que confluyen ecosistemas de manglar, selva baja caducifolia, una laguna costera y playa.

Con ello intentan impulsar la creación de un santuario para venados, según han estado informando a través de sus redes sociales. Por el momento, el proyecto no ha logrado concretarse dado a que los predios colindantes tienen diferentes estatus de propiedad y porque aún no se logra conjuntar las voluntades de las autoridades y particulares que tienen el poder de decisión. Pero no han cesado en sus gestiones.

La representación del venado cola blanca en Mazatlán

En lengua náhuatl, Mazatlán significa tierra de venados. El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La ciudad cuenta con tres monumentos insignia, el primero se instaló en el paseo Olas Altas y el segundo en el cruce de las avenidas de los Deportes y Leonismo Internacional. El tercero, de color rojo, está en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico.

El equipo de béisbol local lleva el nombre de ese mamífero hervívoro con agudos sentidos de la vista, olfato y oído. La Isla Venados, área natural protegida ubicada frente a la bahía de Mazatlán, también le rinde honores. Además, este animal simboliza al mundo natural en la danza de origen prehispánico más representativa de Sinaloa: la danza del venado.

Pese a su simbolismo y referencias bioculturales, el venado cola blanca e infinidad de especies de flora y fauna, siguen siendo expulsadas y exterminadas por la expansión urbana descontrolada que en solo 30 años creció más del doble, según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024. Encuentra los detalles de este documento aquí.

DATO

Según datos publicados en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen 38 subespecies de venado en el continente américano, «de las cuales 14 tienen por hábitat tierras mexicanas, es decir, el 47% de las existentes desde Canadá hasta Ecuador, y ocho son endémicas de México, lo que cobra importancia global».

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La obra consiste en aproximadamente nueve pilotes de concreto edificados en la arena, contiguos a una palapa con venta de mariscos. Dicha edificación colinda con la avenida Del Mar, casi esquina con Rotarismo, cerca del Monumento al Pescador.

El sabado 13 de diciembre, el delegado de la PROFEPA en Sinaloa, Marco Antonio Moreno, compartió una fotografía en su cuenta de Facebook, en donde se observa a varias personas construyendo los pilotes en el área de playa.

«En PROFEPA Sinaloa tenemos cero tolerancia a obras no autorizadas en zona federal. Personalmente revisaré esta obra», publicó.

En respuesta a los comentarios de los usuarios de esta red social, el funcionario manifestó que no se han autorizado nuevas concesiones en playas de Mazatlán y que las concesiones otorgadas en administraciones anteriores pueden revocarse si no cumplen con sus condicionantes, aunado a que se aplicarán sanciones.

«Actualmente no se otorgan nuevas concesiones y estamos revisando a detalle las ya existentes; si incumplen se revocarán».

En la mañana del domingo 14 de diciembre, se observaron más pilotes en el área de playa, así como dos sellos de suspensión de obra colocados por el Ayuntamiento de Mazatlán, sin especificar la fecha. Los pilotes levantados in situ fueron cubiertos con sombrillas y el área estaba delimitada por varillas.

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Cuestionado al respecto, el delegado de la PROFEPA se limitó a responder que la obra fue suspendida por el Ayuntamiento porque al parecer no contaba con permiso de construcción y que sería este lunes cuando el área a su cargo revisaría si se cuenta con una concesión en orden.

Cabe señalar que en este espacio ya se han suspendido obras de ampliación con anterioridad, sin que logren detenerse. En el año 2023, por ejemplo, la remodelación de la palapa contigua fue suspendida, pero la obra avanzó. Luego, en 2014, en el lugar que hoy ocupan los pilotes había una plataforma sobre la cual se daba servicio de alimentos. Esa plataforma se derrumbó con las marejadas que se registaron en octubre de este año, ocasionando daños a varias palapas y la pérdida de arena en un sector de la playa.

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A partir de los años cuarenta, la pesca artesanal prosperó en este sitio, a donde las familias acuden en busca de pescado fresco. Gran parte de estas especies de valor comercial se refugian, alimentan y reproducen en el manto rocoso de la playa.

Esas rocas conforman un arrecife que se sumerge en agua durante la marea alta y queda expuesto cuando el nivel del mar vuelve a bajar. Justo aquí habitan las langostas azul (Panulirus inflatus) y verde (Panulirus gracilis) cuando apenas son larvas.

Esta información fue compartida el jueves 4 de diciembre durante la visita guiada organizada por Son Playas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el marco del 8° Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se celebró en 17 sedes de México y Latinoamérica.

En la actividad titulada “Reencuentro con Playa Norte” participaron cerca de 200 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de la Universidad Pedagógica del Estado (UPES) y habitantes de la ciudad. A través de charlas, el público pudo conocer la relevancia histórica, cultural, social y ecológica de este espacio natural, ligado a la identidad de la población local.

«Por varias razones está zona es extraordinariamente simbólica para Mazatlán”, afirmó el cronista Enrique Vega Ayala durante su intervención.

Aquí se realizaron los primeros desembarques de las exploraciones españolas y de piratas. “La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos y para allegar a esas poblaciones bienes y equipos indispensables”, relató.

Ostras, perlas y peces de Playa Norte

La segunda charla en el área de playa fue impartida por Fanny Zebadúa González, Liliana López Reyes y Lesly Desiree Acosta Ibarra, integrantes de la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp).

A unos metros del embarcadero y cerca de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), explicaron que este sector de Playa Norte corresponde a una playa rocosa en donde habitan una gran cantidad de especies de moluscos, invertebrados, peces y larvas que forman parte del plancton. Entre las especies comerciales que transitan por esta zona se encuentran: cochito, sierra, pargo, chino mero, pargo alazán, botete, morena pinta y pajarito.

Peces de importancia comercial

Entre la extensión rocosa que se adentra al mar, conocida como Punta Tiburón, también es posible encontrar una almeja que produce perlas: Pinctada mazatlanica, una especie nativa que se encuentra catalogada como especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Jocopp recordó que en este sitio también abunda el alga parda (Padina durvillei), un tipo de sargazo que vive sujeto al fondo marino y que es arrastrado hacia la orilla por la marea entre los meses de mayo y octubre.

Playa Norte, sede de la pesca artesanal

El recorrido concluyó en el embarcadero con Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, quien mostró la estructura de las pequeñas pangas que utiliza esta organización, la forma en que se operan y las artes de pesca artesanal que consisten en anzuelos, cuerdas, plomadas y curricanes.

Mientras que las redes conocidas como chinchorros capturan por volumen, la pesca con anzuelo solo permite sacar un pez a la vez. Si la especie o el tamaño no es el adecuado, se regresa al mar, explicó.

“Hay que dejarlo que crezca para cuando crezca ya capturarlo y entonces si ya va para la cazuela”, expresó Édgar Moya ante la mirada curiosa del público.

Para la pesca de sierra, se utilizan señuelos conocidos como curricanes que ellos mismos elaboran, los cuales son colocados en cuerdas provistas de un alambre para que el pez no lo troce. Esta pesca se realiza mientras la embarcación está en marcha; lo mismo se hace cuando se capturan los pargos rojos, pero con otro tipo de señuelo.

Exposición y otras actividades durante la visita guiada

Sobre la banqueta del malecón, junto a la playa, se instalaron mamparas con carteles y reseñas periodísticas sobre Playa Norte que Son Playas seleccionó de su archivo para esta ocasión y recopiló la opinión de la juventud respecto al estado actual de ese ecosistema costero.

En este mismo espacio, el Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlan expuso maquetas y respondió preguntas de los estudiantes en torno a su labor de conservación.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar mostraron por primera vez los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de Playa Norte elaborada como parte de su materia y Paola Luevanos,  ganadora del premio Incubate MX 2024 por su emprendimiento “Fortaleza del Mar”, dio a conocer su emprendimiento, basado en el aprovechamiento de los residuos de pescado que son desechados en el embarcadero de Playa Norte para transformarlos en colágeno.

Raquel Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, agradeció la participación de los expositores, estudiantes, docentes, periodistas y habitantes de Mazatlán que acudieron a redescubrir el valor de este espacio natural de gran valor.

“Hoy Playa Norte se expresará a través de las charlas de nuestros invitados”, dijo.

Playa Norte fue seleccionada para esta visita guiada por su relevancia y porque es una de las playas más contaminadas por plásticos y otros tipos de desechos, explicó. Además, en este sitio se presentan problemáticas sociales vinculadas con la falta de vigilancia, presencia de personas en situación de calle y adiciones, según han reportado autoridades y pescadores del área.

Valorar este espacio y cuidarlo, es una acción necesaria, opinó. Poner esta información al alcance de la ciudadanía a través del periodismo especializado, es la base para propiciar ese reconocimiento y el involucramiento social, concluyó.

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Una reciente consulta aplicada por estudiantes de la Lic. en Biología Pesquera de la Facultad de Ciencias del Mar, UAS, revela que, aunque el arraigo y la identidad recreativo-pesquera de Playa Norte se mantienen fuertes, también lo es la percepción de degradación del ecosistema.

Por definición, los servicios ecosistémicos se refieren a los beneficios que los ecosistemas proveen al hombre, bienes tangibles como el alimento e intangibles como el valor estético.

Estos servicios se clasifican en cuatro tipos:

• Provisión. Recursos alimenticios, materias primas, agua.
• Regulación. Protección ante eventos naturales como los huracanes, ciclos hidrológicos y de nutrientes, almacenamiento de carbono.
• Soporte. Biodiversidad, áreas de crianza.
• Culturales. Recreación, turismo, valoración espiritual y estéticos.

Dada la importancia de Playa Norte como sitio recreativo, de pesca, de identidad local, comercial y de investigación, estudiantes del Curso de Introducción al Buceo Científico, que se imparte a los grupos 2-1 y 2-2 de la Licenciatura en Biología Pesquera, realizaron trabajo de campo y una encuesta en Playa Norte con el objetivo de analizar la percepción y el conocimiento de usuarios y visitantes sobre la biodiversidad, uso y problemáticas ambientales del sitio.

Perfil demográfico

En total se aplicaron 54 encuestas, de las cuales el 64% corresponde a personas nacidas en Mazatlán, predominando edades menores a 20 años (34%) y mayores a 60 años (17%). Con respecto al género, la mayoría son hombres (70%), con una escolaridad universitaria en su mayoría (41.5%).

Uso de la playa

La mayoría de los encuestados son usuarios del sitio (90.5 %), indicando que la principal actividad que realizan corresponde a la pesca (34%), seguida por el descanso (22.6%), la investigación (20.8%) y la natación (11.3%), siendo resultados que destacan su valor económico, científico y recreativo.

Biodiversidad

Playa Norte se caracteriza por presentar un arrecife rocoso de tipo parche (formaciones rocosas discontinuas y fondo arenoso), somero, en donde varias especies acuáticas aún encuentran refugio.

Estudios anteriores han reportado en esta área larvas pertenecientes a diferentes grupos, como los anfípodos (pulgas de agua), bivalvos (ostiones), braquiuros (cangrejos), carideos (camarones), equinodermos (pepinos de mar, erizos, estrellas quebradizas, galletas de mar), gasterópodos (quitones, caracoles), opistobranquios (babosas de mar, liebres de mar), poliquetos (gusanos anélidos), palinúridos (langostas). Ver: https://sonplayas.com/playas/la-vida-invisible-de-playa-norte/. También especies como la madre perla (Pinctada mazatlanica) y el callo de hacha (Atrina matura).

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En las prácticas de campo realizadas de septiembre a noviembre de 2025 por los estudiantes fue posible identificar en esta zona especies como: pez erizo pecoso (Diodontidae), erizos (Echinoidea), pepino de mar (Holothuridae), langostas (Palinuridae), corales blandos (Octocorallia), pargo amarillo (Lutjanidae), en su mayoría con baja abundancia. Además de macroalgas, generalmente del género Padina sp., las cuales han incrementado su biomasa en años recientes (https://sonplayas.com/playas/aumenta-arribazon-de-algas-en-playas-de-mazatlan/).

Langosta. Este es un recurso importante en el sitio. El 81.1% de los encuestados indicó que es un recurso que se pesca ahí. Sin embargo, el 64.2% mencionó que su presencia ha disminuido y un 39.6% respondió que ahora son «más pequeñas».

Tortugas marinas. Si bien no es un evento frecuente, se tienen registros de tortugas marinas desovando en esta playa, donde un 26% de los encuestados reportó ser testigo de estos eventos. De acuerdo con el BP. José Barrón Hernández, de Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, los registros de anidación en Playa Norte son esporádicos, así como en áreas cercanas como Pinitos, hasta la altura del parque Ciudades Hermanas.

Otra fauna. Al preguntar sobre las especies que consideran que se encuentran en este lugar, en las respuestas predominaron las siguientes menciones referentes a peces: pargos (Lutjanidae), lisas (Mugilidae), sierras (Scombridae), curvinas (Sciaenidae), mojarras (Gerreidae), botetes (Tetradontidae), meros (Serranidae), robalos (Centropomidae), y cochitos (Balistidae).

También, mencionaron especies de otros grupos como pulpos (Octopodidae), equinodermos (Echinodermata), así como aves de ambientes marinos como los pelícanos (Pelicanidae), gaviotas (Laridae) y fragatas (Fregatidae).

Vegetación

En el caso de la vegetación, el 89% de los encuestados mencionó que reconoce algún tipo de alga, predominando las pardas (26%) y verdes (20%). Sobre la ausencia de especies que se consideran comunes en la zona, la mayoría de los encuestados respondió que no tiene conocimiento sobre ello, y en las respuestas afirmativas se mencionó al mero (Serranidae), robalo (Centropomidae), pajarito (Hemiramphidae), caracoles como el perteneciente a la especie Conus purpurascens.

También se hizo mención sobre el caso de los lobos marinos (Otariidae), ya que existen registros ocasionales en Playa Norte, ya sea en tránsito o descanso temporal.

Sobre la posibilidad de que Playa Norte sea área de crianza para algunas especies, “langosta” tuvo el mayor número, siendo mencionados también “alevines”, “pajarito”, entre otras, aunque poco más del 50% de los encuestados desconoce sobre este tema.

También se encuestó la preferencia de consumo de alimentos en la zona, predominando pescados y mariscos, principalmente el camarón, ostión, pulpo, langosta, y peces como el pargo y la sierra.

Otros registros de fauna

Naturalista es una plataforma de ciencia ciudadana, que para Playa Norte (considerando el área entre la Facultad de Ciencias del Mar y el monumento al Pescador) reporta un listado de aproximadamente 221 especies marinas con etiquetado de grado de investigación (es decir, es información de calidad por brindar datos de ubicación, integridad, relevancia e idoneidad de un registro), siendo reportadas aves (35), invertebrados (52), mamíferos marinos (1), moluscos (56), peces (66), macroalgas (6), entre otras.

Cabe mencionar que algunos de estos datos corresponden a registros esporádicos, ya sea por varamientos o presencia ocasional.

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Servicios culturales

A pesar de la situación ambiental que prevalece en el sitio, cabe destacar que Playa Norte genera principalmente emociones positivas, como son la alegría (43%), mientras que 21% le genera nostalgia y/o tristeza (11%), ansiedad (4%), o ninguna (21%).

El arraigo y vínculo de las personas encuestadas fue evidente, al responder la mayoría (68%) que sí recomiendan el sitio para realizar actividades recreativas a pesar de la notable contaminación.

El 62.3% ha visto obras artísticas (pintura, escultura o foto) inspiradas en Playa Norte. En particular, destaca el uso de la zona como sitio de reunión para practicar natación en aguas abiertas (Club Playa Norte).

Percepción ambiental y problemáticas

Uno de los datos más sobresalientes de la encuesta fue la preocupación ambiental. La mayoría consideró que la playa se encuentra sucia (77%) y que han observado descargas de aguas negras en el sitio (79%), confirmando que es un problema actual que requiere atención.

Una de las principales problemáticas ecológicas en playas a nivel mundial es la recolección de conchas para uso ornamental y para colección personal. Las conchas proveen carbonato de calcio para el ecosistema acuático, sustrato para diversas especies, alimento, así como protección a lo largo del ciclo de vida, como es el caso del cangrejo ermitaño (Diogeneidae), el cual al no encontrar una concha acorde a su tamaño puede morir o utilizar desechos que se encuentran en el medio como tapas de plástico, entre otros.

En Playa Norte, el 41% de los encuestados respondió que suele recoger conchas, lo que denota una contribución negativa de los usuarios para la ecología del sitio.

Con referencia al turismo, poco más de la mitad de los encuestados (53%) consideró que el turismo afecta, contribuyendo a la contaminación de Playa Norte y a la pérdida de hábitat para las especies (25%).

Se cuestionó sobre la presencia de restaurantes a pie de playa y la respuesta fue dividida: un 54.7% está en contra (por temor a una mayor contaminación), frente a un 45.3% a favor, lo que podría indicar que los usuarios reconocen la importancia de mantener estas fuentes de empleo, pero que al mismo debe ser ordenada para no modificar más este lugar.

La mayoría (59%) mencionó que Playa Norte ha sufrido cambios, principalmente asociados a incremento en la temperatura, contaminación y oleaje. En el caso de los contaminantes, predominó la mención de la palabra “plásticos”, “basura”, “aguas residuales”.

Cabe destacar que, aunque no fue mencionado por los encuestados, en la zona también existe contaminación por unicel, derivado tanto de desechables como por obras de construcción.

En las prácticas realizadas por estudiantes de los grupos 2-1 y 2-2 de la Lic. en Biología Pesquera, fue posible identificar principalmente plásticos y latas de cerveza, las cuales en ocasiones terminan incrustadas en el arrecife rocoso.

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En el caso de eventos naturales, los encuestados coincidieron en reconocer un incremento en el oleaje (72%) y más de la mitad (54.7%) ha observado mareas rojas en la zona.

Gestión y responsabilidad

¿A quién le corresponde la limpieza? La corresponsabilidad fue la respuesta popular (83%), al indicar que es tarea de autoridades municipales y ciudadanos, denotando una creciente conciencia de corresponsabilidad social.

Futuro de la Playa Norte

Con referencia al escenario futuro de Playa Norte, el 57% opinó que visualiza que, lamentablemente Playa Norte será un sitio más perturbado, un 37% más conservado, 4% sin cambio, 2% desconoce.

Conclusiones

Los resultados de la encuesta aplicada en Playa Norte reafirman su relevancia ecológica, económica, social y cultural. Y aunque se reconoce su importancia como área de crianza para varias especies, también se enfatiza la alta presión urbana al que se somete este ecosistema.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo brindado por los estudiantes que participaron en la aplicación de la encuesta, así como en la realización de fotografía subacuática (Lic. en Biología Pesquera, grupos 2-1 y 2-2). Especialmente agradecemos a Son Playas y a la Lic. Raquel Zapién Osuna por la oportunidad de compartir la información generada durante el curso Introducción al Buceo Científico (Responsable: Dra, Mercedes Marlenne Manzano Sarabia).

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La actividad se enmarca en la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se realizó en 17 sedes nacionales e internacionales, incluyendo Mazatlán.

El recorrido se realizará de forma gratuita en el tramo de playa que se ubica a la altura de las calles 5 de Mayo y Belisario Domínguez, con el objetivo de mostrar el valor cultural, histórico, social y ambiental de este espacio natural que forma parte de la identidad local.

¿De qué se trata? Para empezar, el cronista Enrique Vega Ayala dará una breve charla sobre la historia y relevancia cultural de este sitio. Posteriormente, la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp) explicará el valor ambiental y biológico de esta playa rocosa. 

Adicionalmente, el presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, Édgar Mota Acosta, mostrará cómo se practica la pesca artesanal y por qué se considera de menor impacto ambiental.

En el sitio, Son Playas expondrá material informativo relacionado con Playa Norte mientras que los estudiantes de materia de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar (Facimar) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) darán a conocer los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de esa playa.  Aquí mismo, la Operadora y Administradora de Playas (OAP) instalará un módulo informativo sobre las actividades de limpieza y conservación de tortugas marinas que se realizan por parte de ese organismo paramunicipal.

Registra tu asistencia en este enlace.

Con esta actividad concluyen los trabajos de la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que este año lleva por nombre “Historias+allá del laboratorio”, y se centra en formas de conocimiento que van más allá de la ciencia académica, incluyendo los saberes de pueblos originarios, comunidades costeras y rurales.

La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia ha organizado el foro durante ocho años para reflexionar y discutir sobre la importancia de la ciencia como fuente de información, con la participación de profesionales de diversas áreas, periodistas de ciencia, salud, medio ambiente y periodismo de investigación. También personas profesoras, escritoras, científicas, estudiantes y público interesado en el periodismo.

En el caso particular de la Ciudad de México (CDMX) como sede principal, el foro se realizó del 27 al 29 de noviembre. Adicionalmente se incluyeron actividades simultáneas en 17 sedes nacionales e internacionales, con el objetivo de descentralizar las discusiones y el aprendizaje en torno al quehacer periodístico especializado en ciencia.

Participación de Sinaloa

Mazatlán se suma a estas acciones a través de Son Playas, cuya fundadora, Raquel Zapien Osuna, es integrante regular de la RedMPC y representante del nodo Sinaloa. En este contexto, Zapien Osuna también fue invitada a participar en un encuentro con periodistas de América Latina para desarrollar una caja de herramientas que le sean de utilidad a cualquier persona que quiera cubrir temas de ciencia en la región, para lo cual se cuenta con el apoyo de la la Schmidt Science Communication Catalyst Grant, la Universidad de Santa Cruz California, EurekAlert! y The Open Notebook.

La artista escénica Lucía Zapien Osuna, colaboradora de este medio de comunicación especializado en medio ambiente y directora de la compañía La Cochinilla Teatro, también participó en el programa del foro, al presentar su monólogo «Teresa Urrea, del olvido y la memoria» el 29 de noviembre en las instalaciones del antiguo Colegio de San Idelfonso, CDMX.

GALERÍA

La entrada Visita guiada en Playa Norte este jueves 4 de diciembre; no faltes se publicó primero en Son Playas.

Cada otoño millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur para pasar el invierno. Las mariposas de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de nuestro país y del Mundo.

Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del país.

Ahora, cualquier persona puede ayudar a registrar y dar a conocer mejor este fenómeno utilizando una aplicación para Android y iPhone llamada “Project Monarch”, desarrollada por la compañía Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society. Con ella, se puede detectar la presencia de mariposas monarca que fueron equipadas con un chip que emite una señal y que podrían estar pasando por Sinaloa en estos días, según explica el biólogo Héctor Ávila Villegas, Director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México.

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“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal con su celular en un rango de 50 hasta 400 m, generando un registro en un mapa”, mencionó el especialista.

Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como «Defensor de los Polinizadores de México» por la asociación The Pollinator Partnership, comentó que, gracias al uso de esta nueva tecnología por parte de la ciudadanía, ya se han detectado mariposas monarca con transmisores en estados donde no había plena certeza sobre su paso, como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, y que Sinaloa también podría sumarse a esta lista.

Por su parte, la Dra. Laura Beatriz Rivera Rodríguez, profesora investigadora y jefa de la carrera de Gestión de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la importancia de monitorear la biodiversidad en la entidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes y constituye el primer paso para su gestión y conservación.

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A través de un comunicado, ambos especialistas invitaron a la población sinaloense, particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.

Cabe señalar que a través de la plataforma iNaturalist Mx ya se ha registrado la presencia de mariposas monarcas (Danaus plexippus) en Mazatlán, Sinaloa, principalmente Paco´s Reserva Natural de Flora y Fauna Silvestre.

La entrada Llaman a participar en el monitoreo ciudadano de la Mariposa Monarca en Sinaloa se publicó primero en Son Playas.

Culiacán, Sin., a 17 de noviembre de 2025.- Cerca de la mitad del territorio
sinaloense se encuentra en condiciones de silencio informativo. En al menos nueve
municipios —Concordia, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Navolato, Escuinapa,
Cosalá, Rosario y Sinaloa— el periodismo está limitado por la violencia criminal.

En estos territorios, el control del crimen organizado, la falta de infraestructura, la
marginación y el abandono institucional impiden la labor informativa y han desplazado
o intimidado a quienes intentan ejercerla. En contraste, Culiacán, Mazatlán y Ahome
concentran más del 84% de la actividad periodística y de los medios locales, lo que
genera una profunda desigualdad informativa: mientras las ciudades mantienen cierto
nivel de pluralidad, las comunidades rurales y serranas permanecen invisibilizadas.

Estos fueron parte de los hallazgos de la investigación “Voces en resistencia: libertad
de expresión y zonas silenciadas en Sinaloa”, realizada por Iniciativa Sinaloa con
apoyo de la Embajada de Noruega en México, presentada el viernes 14 de noviembre en Culiacán en el marco del Foro “Libertad de Expresión bajo fuego: desafíos y alternativas en
Sinaloa”.

El estudio examinó las condiciones en que se ejerce el periodismo en el estado y las
consecuencias del silenciamiento informativo derivado de la violencia criminal y de la
censura institucional, lo que se identificó como una censura de “doble cerrojo” en el
estado, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

El propósito de la investigación fue visibilizar las regiones donde la inseguridad, la
censura y el miedo han reducido al mínimo la cobertura periodística, afectando el
derecho de la sociedad a estar informada y debilitando la democracia, comentó Sibely
Cañedo, coordinadora de Iniciativa Sinaloa y coautora del estudio.

Para lograr esto, explicó, se utilizó una metodología mixta que incluyó tanto técnicas
cuantitativas como cualitativas, entrevistas a profundidad con periodistas, monitoreo de
medios y análisis estadístico, así como la aplicación de una escala de silenciamiento
con base en indicadores como la falta de acceso territorial, nivel de agresiones a la
prensa, ausencia de periodistas y medios, registro de amenazas del crimen
organizado, entre otros.

“El contenido informativo, en buena medida, replica narrativas oficiales. Cerca del 50%
de los medios analizados fueron clasificados como oficialistas, mientras que solo el 6%
realiza periodismo de investigación. Temas cruciales como corrupción, violaciones a
derechos humanos, narcotráfico o seguridad pública han desaparecido de la agenda
pública en numerosos municipios”, detalló Cañedo.

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Por su parte, la periodista Sheila Arias Martínez, quien colaboró en la investigación,
destacó las dificultades para hacer periodismo en las regiones de la sierra y
comunidades rurales, donde informar puede poner la vida en riesgo, además de que
esto representa hacer el periodismo en soledad, muchas veces sin apoyo de sus
empresas ni de las autoridades.

“Hay casos muy impactantes de periodistas que resisten para seguir informando, sobre
todo en territorios vulnerables, periodistas que en años no han recibido ninguna
capacitación ni cuentan con respaldo de sus empresas, también sienten a las
instituciones muy lejanas a su problemática”, relató la también activista, quien se
encargó de realizar más de 30 entrevistas con periodistas de todo el estado.

A pesar de ello, la investigación también identifica formas de resistencia y resiliencia
entre periodistas locales. Muchos de ellos han desarrollado estrategias de
autoprotección, alianzas entre colegas, acompañamiento con organizaciones civiles y
uso responsable de las redes digitales para continuar informando.

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Destacan relevancia del estudio

Durante la presentación, se contó con los comentarios de Belem Angulo, periodista de
Noroeste, de José Manuel Salas, director del portal Link Sinaloa y con amplia
trayectoria en la cobertura de temas de seguridad, así como de Jan-Albert Hootsen,
representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés).

Entre los hallazgos de la investigación, Belem Angulo destacó que existan municipios
sin ningún periodista, lo cual consideró grave, ya que es una función muy importante
en cualquier sociedad democrática.

Por su parte, Manuel Salas indicó que la investigación refleja gran parte de la realidad
que viven los periodistas en el actual contexto de “narcoguerra”, en el que a pesar de
todos los peligros, hay reporteros que persisten en la cobertura de calle, verificando en
campo los reportes que circulan en redes sociales y que muchas veces resultan falsos.

En opinión de Jan-Albert Hootsen, el estudio es único en su tipo y aporta luces sobre
este fenómeno y que debe ser tomado en cuenta para las acciones de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar al
periodismo independiente.

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, las investigadoras expusieron que las consecuencias del silenciamiento
informativo van más allá del ámbito periodístico.
La falta de información sobre las violaciones a derechos humanos, los abusos de autoridad o la corrupción contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar las luchas sociales, especialmente las encabezadas por mujeres buscadoras, defensoras y comunidades desplazadas.

En las zonas donde la prensa ha desaparecido, el crimen organizado no solo
domina el territorio, sino también busca controlar la narrativa pública, mediante la
desinformación y la propaganda digital.

En sus conclusiones, el estudio sostiene que la violencia, la desigualdad territorial y la
fragilidad institucional han consolidado un mapa de silencios estructurales que limita la
participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia.

Frente a ello, Iniciativa Sinaloa propone fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que ejercen en territorios marginales; abatir la impunidad en casos de crímenes y agresiones contra periodistas; y promover políticas que impulsen el periodismo local, independiente y con perspectiva de derechos humanos.

Propuestas para la política de protección:
● Monitoreo continuo de cambios por municipio (picos de riesgo) y revisión
trimestral de protocolos.
● Protección diferenciada: instrumentación de protocolos especiales para
periodistas de frontera para prevenir y atender amenazas y/o agresiones, así
como monitoreos continuos en coyunturas de conflicto.
● Fortalecimiento de periodismo local: emprender campañas para el
reconocimiento de periodistas de frontera, quienes reportean en territorios de
riesgo y marginales, como en los pueblos de la sierra.
● Periodismo comunitario: Impulsar capacitación para periodistas
comunitarios en diferentes regiones del estado de Sinaloa, en especial en las
zonas silenciadas.

Consulta el estudio completo en este enlace.

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La pérdida de playa no solo se evidencia en la ausencia de arena, sino también en la reducción del espacio transitable. Desde hace días, la marea permanece alta, lo que impide caminar por ciertos segmentos de la costa, completamente cubiertos por el agua. Aunque este fenómeno natural ocurre de manera cíclica, este año la erosión ha sido más severa que en temporadas anteriores, según se constató en recorridos realizados por la zona.

El fuerte oleaje continúa golpeando las palapas del paseo costero, muchas de las cuales presentan daños considerables. Algunas estructuras colapsaron por completo, mientras que otras quedaron sin techo o sin piso debido a la fuerza de las olas. También se han detectado muros agrietados, difíciles de identificar a simple vista, y varios accesos han sido cerrados como medida preventiva.

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Una palapa que recientemente había sido ampliada y reforzada terminó por desplomarse. Durante su construcción, el Ayuntamiento colocó sellos de clausura; hoy, de aquella estructura solo quedan escombros. Otros establecimientos, en un intento por proteger su mobiliario de las marejadas, lo han colocado sobre las rampas de los accesos públicos, obstruyendo el paso en algunos puntos.

Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP), confirmó que la erosión costera en esta zona es más notoria que en años anteriores. También ratificó que algunos tramos de playa han desaparecido bajo el agua debido a que la marea permanece alta, especialmente en segmentos de la Zona Dorada, donde el fenómeno se aprecia con mayor claridad.

Esta situación también ha impactado al Programa Permanente a la Protección a las Tortugas Marinas. Ante la falta de playas, las crías nacidas en las incubadoras de la paramunicipal no pueden ser liberadas en el mismo sitio donde sus madres depositaron los huevos. Por ello, en esta temporada de anidación se han buscado playas arenosas en la zona de Cerritos para liberar a las crías cuyo instinto las guía hacia el mar.

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¿Por qué se pierde la playa?

Diversos estudios indican que la erosión costera es un fenómeno natural, sin embargo, la construcción de obras que impiden o modifican la circulación de las mareas y de la arena afectan el balance entre la remoción y el depósito de arena en las playas. Algunas modificaciones que aumentan la erosión costera son la construcción de obras paralelas a la línea de costa, la remoción de ecosistemas que almacenan arena y la construcción de presas que impiden el libre depósito de arena en las costas.

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Además, las playas arenosas cuentan con un reservorio natural de arena: Las dunas costeras, que son acumulaciones de arena por acción del viento y de la vegetación que la retiene, estos ecosistemas protegen a la playa en caso de que el aporte de arena se reduzca o bien en escenarios de tormentas cuando la remoción de arena es más intensa. Sin embargo, cuando se construyen obras que buscan estar cerca del mar, estos ecosistemas son removidos y entonces la playa se queda desprotegida.

En Mazatlán, las dunas y la vegetación que las conserva han sido removidas y sustituidas por construcciones en prácticamente todas las playas urbanas. Y aunque en 2015 se anunció la creación de un comité para contener la erosión costera, no se cumplió el objetivo. Más información en este enlace.

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Fotos: Son Playas

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En total se identificaron 179 especies, pero en la obra se incluyen las fichas de 119 de ellas, que contienen imágenes e información sobre sus características y estado de conservación. También aportan información sobre los usos más frecuentes de las plantas, así como la época de floración, fructificación y caída de las hojas.

Adicionalmente, se incluye una propuesta de especies de flora silvestre del Crestón que podrían utilizarse en proyectos de reforestación y ajardinamiento de la ciudad. Para hacer más fácil su lectura, el documento también cuenta con un glosario de términos.

Esta guía fue escrita por José Adrián Beltrán Magallanes, profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Armando Cervantes Estévez, egresado de la misma institución y Raquel Briseño Dueñas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMYL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán.

El trabajo de campo y la publicación del libro fueron financiados por el extinto patronato del Parque Natural Faro Mazatlán (IAP). Los primeros recorridos para la realización del inventario iniciaron en 2020 y tras cinco años de trabajo, la obra fue presentada hoy jueves 9 de octubre.

Además de contribuir a la divulgación del conocimiento de la riqueza natural del Crestón, se espera que esta guía sea utilizada por los visitantes como parte de las actividades de senderismo y que sirva de base para futuros programas de manejo y conservación del cerro.

El documento será puesto a disposición del público en general de forma virtual en los próximos días dado a que el tiraje fue limitado. Se espera que alguna institución u organización se interese en imprimirla posteriormente para su distribución, según se informó durante el evento de presentación.

Aporte científico

Raquel Briseño Dueñas mencionó que la guía es una herramienta educativa y de conservación que proporciona una valiosa conexión histórica y científica, pues para su elaboración se estudiaron herbarios que contienen partes de plantas colectadas en el Crestón del año 1932 hasta 1971, para posteriormente compararlas con las que se documentaron del 2021 al 2023.

Dicha comparación permitió corroborar que hay algunas especies que permanecen en el sitio sin cambios mientras que otras han evolucionado o se han adaptado a las condiciones actuales de su hábitat, explicó.

Al respecto, José Adrián Beltrán Magallanes precisó que los recorridos exploratorios para documentar las especies vegetales del Crestón iniciaron en agosto de 2020. En este proceso, el especialista encontró especies florísticas que no había visto en los últimos 30 años.

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Especies protegidas

En la guía también se hace referencia a seis especies que tienen algún tipo de protección nacional o internacional, señaló aparte el biólogo José Armando Cervantes Estévez. Por ejemplo, cuatro están protegidas por la norma mexicana NOM-159-SEMARNAT-2010, tal es el caso del guayacán (Guaiacum coulteri) y amapa rosa (Handroanthus impetignosus), que están en la categoría de amenazadas; la cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii) que se encuentra en peligro de extinción y el algodón mexicano (Gossypium hirsutum), sujeto a protección especial.

En esta lista se encuentra la cactácea conocida como tasajo o pitayo sina (Stenocereus alamosensis) cuyo fruto es una pitaya que en langua cahíta se nombraba «sina», lo que dio origen al nombre de Sinaloa. Esta especie endémica de nuestro estado se considera vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La otra especie considerada vulnerable por esta norma internacional es el palo amarillo (Esenbeckia hartmanii).

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Contexto histórico

La presentación de la «Guía para un viaje botánico por los caminos del Crestón» se realizó en el auditorio del ICMYL de la UNAM y los comentarios sobre la obra estuvieron a cargo del historiador Luis Antonio Martínez Peña y Ana Cecilia Lerma Arredondo, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la UAS.

En su intervención Martínez Peña recordó que los cerros del Crestón y del Vigía eran islas que con el paso del tiempo se unieron para construir un puerto. «Los mazatlecos estamos íntimamente ligados a los cerros», afirmó.

Hubo un tiempo en que los cerros fueron deforestados porque la población obtenía leña de sus árboles y arbustos, relató. Por esa razón, el impulsor de la primera Ley Forestal de México, Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, promovió campañas de reforestación en Mazatlán durante su visita en 1934.

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Durante su intervención, la académica Ana Cecilia Lerma Arredondo, destacó que en el Cerro del Crestón existen cuatro tipos de vegetación actualmente: bosque tropical seco, bosque espinoso, vegetación halófila (que crece en suelos salinos) y pastizales, en donde se identificaron tres especies invasoras.

Ambos comentaristas coincidieron en que la flora silvestre nativa es una opción viable para utilizarse en futuros proyectos de reforestación y ajardinado de la ciudad, tanto en camellones, jardines y parques, en pérgolas y muros verdes, o como barreras vegetales para delimitar terrenos, evitar la erosión y proporcionar refugio a la fauna.

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Durante el recorrido realizado el domingo 5 de octubre fue posible observar la gran diversidad de vida silvestre que aún existe en esta comunidad ubicada al sur del municipio, cerca de la desembocadura del río.

Esta actividad local fue coordinada por Melipsa Guzman García, coordinadora del proyecto ecoturístico Biodiversidad del Ejido Barrón que promueve el cuidado y la conservación del entorno natural. En la organización también participaron las organizaciones Monitoras Comunitarias «Las Charas» y Amazilias: Red de Observadoras de Aves capítulo Sinaloa; la agencia Sinaloa Adventures y el Programa Enamórate de Sinaloa que impulsa la Secretaría de Turismo del Estado.

Las fotografías que se tomaron durante el recorrido fueron compartidas en la plataforma iNaturalist por los participantes.

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Resultados del Reto Naturalista México Otoño 2025

Este año, el Reto Naturalista de Otoño se realizó el 3 al 6 de octubre y según los resultados oficiales de la plataforma, la Ciudad de México se colocó en primer lugar al registrar la mayor cantidad de observaciones, seguida de Culiacán, Sinaloa; Ensenada, Baja California; Compostela, Nayarit; Tzimín,Yucatán y Mazatlán, Sinaloa, en sexto lugar, concentrando las observaciones que se realizaron en diversos puntos de este municipio.

En el Reto Naturalista se celebra dos veces por año a nivel mundial, las personas de todas las edades y niveles de experiencia salen a parques, jardines, reservas y entornos naturales para fotografiar plantas, animales y hongos, contribuyendo con datos valiosos para la ciencia ciudadana.

El reto busca no solo sumar observaciones, sino también fortalecer el vínculo entre la gente y la naturaleza, fomentando el conocimiento, la valoración y la conservación de nuestra riqueza biológica, según datos de la plataforma.

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Fotos: Son Playas.

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Por Germán Méndez Lugo.

Teresa Urrea se unió a las luchas de los pueblos yaquis, mayos y tomochitecos, defensores de la tierra y el agua. Ante una visión crítica hacia el poder y el clero de la época porfirista, fue perseguida, encarcela y exiliada junto con su padre don Tomás.

Esta mujer nacida en 1873, en Ocoroni, Sinaloa, es el eje de la historia que la artista escénica Lucía Zapien Osuna desarrolla en un monólogo escrito y actuado por ella, producto de una extensa investigación documental.

Siendo muy joven, Teresa Urrea se fue a vivir con su familia a Cabora, Sonora. Ahí demostró habilidades para curar enfermedades con la medicina tradicional.

Teresa Urrea fue perseguida porque sus enseñanzas espirituales y su práctica de curación fueron vistas como una amenaza por la Iglesia Católica. El Gobierno porfirista la consideró una figura subversiva que podía incitar a la rebelión de los pueblos indígenas y los sectores marginados. También fue acusada de brujería y de realizar rituales “paganos”, lo que aumentó la persecución en su contra.

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Teresa Urrea, del olvido y la memoria, se presentará en el Museo Regional de Concordia el sábado 11 de octubre a las 7:00 de la tarde en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025 con la actuación y dramaturgia de Lucía Zapien; en la música Iris Belén con la guitarra, violonchelo y percusiones. Asistente de dirección: Laura Ríos.

De la investigación documental al teatro

Lucía Zapien hace algunos años leyó el libro Yaquis, de Paco Ignacio Taibo II; ahí “descubrió” por primera vez a Teresa Urrea.

Interesada en el tema, Lucía empezó a investigar y encontró la novela Tomochic (1899), de Heriberto Frías; después, emocionada con el tema de aquella mujer a la que llamaron “La Santa de Cabora”, continuó con su investigación y encontró una novela histórica que para ella resultó determinante: La insólita historia de la Santa de Cabora, de la escritora Brianda Domecq (Nueva York, 1942), quien aprendió español desde niña gracias a que su familia se mudó a México por asuntos de negocios.

A los meses Lucía encontró una novela intitulada La hija de la chuparrosa, escrita por un descendiente –quizá bisnieto o tataranieto– de Teresa Urrea, cuyo nombre es Luis Alberto Urrea, de origen estadounidense y de prestigio en el ámbito de la cultura norteamericana.

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El trabajo escénico y de investigación de Lucía aún no concluye; cada día encuentra materiales que aportan nuevos elementos a esta puesta en escena, escrita, actuada y dirigida por ella misma: Teresa Urrea, del olvido y la memoria.

Lo sorprendente de lo que narra Zapien Osuna en su dramaturgia es que la situación en los grupos originarios mayos, yaquis y rarámuris, entre otros, en aquella época —finales del siglo XIX y principios del XX, en plena dictadura porfirista— es muy similar a lo que acontece hoy en el siglo XXI: despojo de los recursos naturales: agua y tierra, solo por mencionar algunos.

PARA SABER

• Hasta el momento, el monólogo se ha presentado en cuatro ocasiones en diversos escenarios de Mazatlán: Museo de Arte de Mazatlán, Casa Haas y Teatro Universitario de la UAS. La próxima presentación será en Museo Regional de Concordia el sábado 11 de octubre a las 7:00 de la tarde.
• Además de fundar y dirigir la Compañía La Cochjinilla Teatro, Lucía Zapien colabora en Son Playas con la coordinación de las actividades culturales de este medio de comunicación.

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