Durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP30), Brasil y Francia anunciaron la creación del Grupo de
Trabajo Oceánico, cuyo objetivo es movilizar financiamiento público y privado y ampliar el
apoyo técnico para integrar soluciones basadas en el océano en los planes climáticos de los
países.

“Nunca antes tantos jefes de Estado se habían alineado con tanta claridad sobre la
necesidad de situar al océano en el centro de la respuesta climática global”, señaló Aloisio
de Melo, secretario nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático de Brasil.

A la iniciativa se sumaron países como Australia, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Fiji,
Indonesia, Madagascar, México, Kenia, Palaos, Portugal, Seychelles, Singapur y Reino
Unido.

La iniciativa promueve que los países integren soluciones oceánicas en las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos
que los países hacen en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y aumentar su capacidad de adaptación ante los efectos del
cambio climático.

“Se ha empezado a socializar mucho más la idea de los océanos como una herramienta
contra el cambio climático y no solo como una víctima”, señaló Marcela Gutiérrez, directora
y fundadora de Azul, una organización civil enfocada en justicia oceánica en Estados
Unidos con comunidad latina.

Durante la COP30, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsó una carta para
hacer un llamado a los representantes de los países que, además de incluir soluciones
climáticas basadas en los océanos en sus NDC, desbloquearán la financiación oceánica a
través de fondos directos a comunidades insulares y costeras, y ventanillas de financiación
azul.

México: avances y compromisos con los océanos

Para la COP30, los países debían entregar sus NDC actualizadas pero solo 120 de 198 han
entregado este documento. Aunque 9 de cada 10 países incluyeron medidas oceánicas en
sus NDC, el océano sigue estando subrepresentado en las estrategias climáticas y recibe
menos del 1% del financiamiento global.

México entregó su NDC durante la COP, y en esta incluía a los océanos por primera vez en el componente de adaptación.

El documento plantea implementar soluciones climáticas basadas en el océano para reducir su vulnerabilidad y reconoce su importancia como sumidero de carbono, es decir, como depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono de la atmósfera.

También establece fortalecer la investigación sobre acidificación y la variación de
temperatura en aguas oceánicas y continentales; ejecutar acciones de adaptación
contempladas en la Política Nacional de Mares y Costas; proteger especies marinas
vulnerables; e impulsar cooperación internacional para atender enfermedades emergentes
en corales y fenómenos como el sargazo.

“Con toda franqueza, México no ha visto a profundidad la aportación de los océanos al
cambio climático”, expresó Pedro Álvarez, titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).

Anunció que dentro de la meta que adoptó el Gobierno de México de proteger el 30% de la
superficie terrestre y marina del país para 2030, se incluye el objetivo de aumentar a 20
millones de hectáreas las áreas marinas protegidas.

Otras de las medidas impulsadas para la protección de los océanos, señaló Álvarez, han
sido el apoyo a una moratoria contra la minería submarina en 2023, y la intención de crear
corredores biológicos marinos que integren refugios pesqueros, zonas de prosperidad
marina y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Omec).

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), señaló que está en marcha el Programa Nacional de Restauración Ambiental para proteger dunas y manglares, ecosistemas fundamentales para comunidades costeras como barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos como huracanes.

Deudas con el océano

A pesar de estos avances, entre la población latina existen otras preocupaciones sobre
problemas que afectan los océanos como la extracción de petróleo y gas fósil en alta mar, la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. Esto lo descubrió la organización Azul a través de los resultados de la Encuesta Nacional Azul “Latinos y el océano” que realizó en 2024.

Para Gutiérrez, el reconocimiento del océano como parte integral de las soluciones
climáticas ha ido avanzando, primero con la creación de una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos en 2023, y esto podría acelerarse con la entrada en vigor del
“Tratado de Altamar” en enero de 2026, que busca proteger las áreas oceánicas que están
fuera de la jurisdicción de los países y que contará con un mecanismo propio de
financiamiento.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas lo replica con la auitorización correspondiente.

La entrada Los océanos se fortalecen como solución ante el cambio climático en la COP30 se publicó primero en Son Playas.

Por: Ana Cristina Alvarado/Mongabay LATAM

En los Andes, los picos blancos de las elevaciones eran llamados nieves perpetuas. Sin embargo, desde hace años, se sabe que los glaciares están desapareciendo. Para levantar conciencia sobre la importancia de su conservación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que 2025 sea el Año Internacional de los Glaciares y el 21 de marzo Día Mundial de los Glaciares, además de su lema para el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.

Estas grandes masas de hielo, que se encuentran principalmente en los polos y en las altas montañas, “tienen un rol a escala global”, dice Constanza Espinoza, cofundadora y directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Por un lado, son reservas críticas de agua dulce y constituyen parte importante del ciclo hidrológico de la Tierra.

Por otro lado, explica Espinoza, principalmente los glaciares de la Antártica, Groenlandia y el Campo de Hielo patagónico, por su magnitud, “permiten bajar la temperatura del planeta”. Esto sucede gracias al albedo, que es la capacidad que tienen el hielo y la nieve de reflejar la radiación solar, en lugar de absorberla, como lo hacen otras superficies terrestres.

Si bien esos enormes bloques helados parecen inertes, allí también habitan diferentes tipos de organismos. Uno de ellos es el dragón de la Patagonia, un insecto de la familia de los plecópteros que realiza todo su ciclo de vida en el hielo, explica Espinoza. Asimismo, dice, su derretimiento, dentro de los parámetros normales, abastece de agua y nutrientes a ecosistemas completos.

El calentamiento global, no obstante, está amenazando a los glaciares y a la vida que sostienen. Jorge Luis Ceballos, glaciólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, dice que en todo el mundo se está experimentando “un derretimiento acelerado”.

Por la posición del planeta en relación con el sol, la situación es más crítica para los glaciares tropicales, explica Ceballos. En América del Sur, estos se encuentran alrededor de la línea ecuatorial, entre Venezuela y la frontera norte de Chile y Argentina.

A pesar de la amenaza inminente, iniciativas a lo largo de los Andes buscan estudiarlos, visibilizar los impactos de las industrias mineras y difundir su importancia para la espiritualidad de los pueblos indígenas con el fin de protegerlos.

Un mensaje desde Venezuela, la primera nación postglacial

Aunque en el Pico Humboldt, en Venezuela, todavía queda alrededor de una hectárea de hielo, un poco más que un campo de fútbol, “para los glaciólogos ya no puede considerarse un glaciar”, dice Luis Daniel Llambí, profesor titular de ecología de la Universidad de los Andes, en Mérida. Esto convierte al país, cuyos glaciares sumaban en 1910 una superficie equivalente a 300 canchas de fútbol, en la primera nación postglacial de los Andes.

Es por eso que Llambí, junto a otros científicos, inició investigaciones para entender cómo estaban cambiando los ecosistemas a medida que desaparecían los glaciares y así “mandar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático”, señala.

El científico enfatiza en la importancia de que los países andinos protejan sus glaciares y establezcan una cultura de turismo responsable en las montañas, pues cuando estas grandes masas de hielo retroceden, “se forman ecosistemas de una fragilidad enorme”.

En 2019, Llambí y la física Alejandra Melfo coordinaron el inicio de una serie de expediciones financiadas por National Geographic para documentar la desaparición de los glaciares y estudiar la colonización de la vida.

Los científicos observaron “cómo se va armando un ecosistema desde cero”. Encontraron que donde el glaciar desapareció recientemente, primero colonizaron organismos microscópicos como las bacterias. Más tarde, llegan los líquenes – la unión o simbiosis entre un hongo y un organismo fotosintético, generalmente un alga o una cianobacteria– y musgos.

Les sorprendió que cerca del glaciar dominan sobre todo los líquenes. “Con nuestro equipo descubrimos siete especies nuevas para la ciencia, lo cual en líquenes es raro, porque son de distribución bastante amplia y no es tan fácil conseguir especies nuevas”, señala.

Luego, el equipo halló que los líquenes y los musgos se asocian en biocostras que favorecen el establecimiento de las primeras plantas. Las gramíneas o pastos colonizaron esas zonas incipientes, pero inmediatamente después, aparecieron las plantas con flor. Muchos años más tarde, llegaron los primeros polinizadores.

A medida que los investigadores se alejaban del remanente de hielo del Pico Humboldt y bajaban hasta donde llegaba el glaciar en 1910, veían ecosistemas con más tiempo en desarrollo, explica Llambí. “Es interesante estudiar cómo la vida se abre paso”, afirma.

No obstante, a Llambí le preocupa que mientras el deshielo es acelerado, principalmente en los Andes tropicales, los nuevos ecosistemas se ensamblan lentamente. Luego de 100 años desde que el glaciar del Pico Humboldt empezó a retroceder, las primeras redes de plantas y sus polinizadores, todavía son “extremadamente sencillas”.

“Enfrentamos el peligro de acumular una deuda climática, porque no sabemos si los organismos van a colonizar a una velocidad suficiente para enfrentar el cambio climático”, concluye.

Chile: la ciudadanía defiende a los glaciares frente a una minera

En 2024, una minera estadounidense quiso entrar al Parque Andino Juncal, que cuenta con 24 glaciares y está al pie del glaciar Juncal, uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Esta reserva privada ubicada en la región de Valparaíso, Chile, tiene, además, seis humedales y numerosas fuentes de agua prístina. Por eso, en 2010 fue declarada sitio Ramsar, un protocolo internacional para la protección de humedales.

En el Juncal “nace el agua de la cuenca del Aconcagua y de allí proviene uno de cada cuatro litros de agua que bebemos las personas de la región de Valparaíso, donde viven dos millones de personas”, afirma Jorge Morales, vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa.

El agua recorre 150 kilómetros, desde los glaciares en el límite con Argentina, por el valle del Aconcagua hasta desembocar en el océano Pacífico. En ese recorrido, hay ecosistemas sensibles que dependen de este recurso. “Si la minería interviene el Parque Andino Juncal, se correría el riesgo de que la fauna endémica desaparezca”, asevera Constanza Espinoza.

Aunque la familia Kenrick es propietaria del Parque de 13 796 hectáreas, en Chile, eso le da propiedad solo sobre la superficie, no sobre los minerales o recursos del subsuelo. La minera adquirió 15 concesiones para la exploración y explotación de cobre y oro en 8300 hectáreas del lugar.

En Chile, antes de la exploración, se requiere que las mineras monumenten su pertenencia estableciendo hitos. Solo esta actividad ya representaría una afectación directa a la biodiversidad del Parque, por lo que la familia propietaria solicitó en primera instancia que la marcación se haga en formato digital. No obstante, en marzo de 2024, la minera estadounidense consiguió una orden judicial para entrar a la zona.

La comunidad se organizó para impedirlo. “Comenzamos cinco personas y llegamos a ser cerca de 80 organizaciones a lo largo del valle del Aconcagua”, cuenta Morales. Realizaron actividades de visibilización sobre la importancia de los glaciares e incluyeron expresiones artísticas, culturales y espirituales. La resistencia pacífica alcanzó un primer triunfo.

El 16 de abril de 2024 venció el plazo para que la empresa concretara la pertenencia minera, por lo que tendrá que reiniciar el proceso de solicitud de la concesión. Esto permitió que las organizaciones que se unieron para defender el Parque ganen tiempo.

“Tuvimos acceso a información que señala que las reservas mineras no son tan significativas para un proyecto de inversión”, asegura el vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa. Sin embargo, esto no anula la amenaza. “Puede ocurrir que el titular venda el proyecto a alguien que sí le resulte atractivo”, dice.

Por el momento, los defensores del Juncal y del Valle del Aconcagua se mantienen alertas y siguen levantando información para continuar con la protección de los glaciares una vez que la amenaza se reactive.

En Colombia, un pueblo indígena declaró intangibles a los glaciares

Para los U’wa, los glaciares son sagrados. “El Dios Sira nos dejó el glaciar para que nosotros nos conectáramos directamente con ellos”, dice Juan Tegria, asesor jurídico de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa. Se refiere al Zizuma, como es conocido en su lengua, o a la Sierra Nevada del Cocuy, en el norte de Colombia.

“Si nosotros permitimos que el glaciar sea pisado, ensuciado o disminuido, la conexión espiritual se va a acabar. Por eso no permitimos que el glaciar sea tocado”, explica el abogado. Pero no siempre fue así.

El Zizuma fue declarado como Parque Nacional Natural El Cocuy en 1977. En 2021 recibió unos 25 000 visitantes. Durante mucho tiempo, montañistas y turistas caminaban, se deslizaban, jugaban y pernoctaban sobre los glaciares. Entonces, en 2014, los U’wa iniciaron una protesta para que el Parque se cierre al turismo.

Después de años de tensiones entre el pueblo indígena U’wa y el gobierno colombiano, llegaron a un acuerdo. En 2017 se emitió una resolución en la que se autoriza el uso de tres senderos para subir hasta el borde del glaciar. En el website de Parques Nacionales de Colombia se corrobora esta decisión y se alerta la prohibición de “pisar, deslizarse sobre la nieve o manipular la misma”.

“Resulta que en 2024 volvimos a hacer una movilización”, relata Tegria. El abogado señala que les llegó información de que “hay gente sin escrúpulos” que ocupa senderos no autorizados y pasa la noche en el glaciar, aunque está prohibido. “Dijimos que tenía que volver a cerrarse el Zizuma, pero los campesinos que se benefician de las actividades turísticas no estuvieron de acuerdo. Así que nos retiramos”, cuenta.

En 2024, los U’wa ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado colombiano por la violanción a sus derechos. El caso fue motivado por el desarrollo inconsulto de una serie de proyectos hidrocarburíferos en su territorio ancestral, por la falta de reconocimiento formal de su territorio y por los conflictos sobre el manejo del Parque Nacional Natural.

La sentencia dispuso, entre otros, que Colombia asegure la participación de la Nación U’wa en la administración del área protegida. “Estamos tratando de concertar que no exista ese turismo clandestino, si van a salvaguardar el Zizuma, que se haga de manera integral”, exige Tegria.

Si bien es difícil llegar a un consenso entre la cosmovisión indígena y el deseo de los turistas de ascender los glaciares, este pueblo espera que se respete su cosmovisión. Los U’wa realizan diferentes rituales a lo largo del año con el objetivo de que se mantenga el equilibrio de la naturaleza, que a su pesar, está cambiando por el calentamiento global.

Este texto fue publicado originalmente por Mongabay LATAM y Son Playas lo replica con el permiso correspondiente. Foto principal: Glaciar Juncal Norte, en la región de Valparaíso, Chile. Foto: Parque Andino Juncal.

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• Mongabay Latam y Data Crítica cruzaron datos de información oficial sobre derrames petroleros en el Golfo de México con datos provenientes de imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras. El análisis muestra que la mayor parte de los derrames no se reportan. En los últimos seis años y medio, especialistas identificaron manchas de crudo en 74 meses, pero en 44 de ellos (60 por ciento) no existen derrames reportados oficialmente. 
• En ocasiones, los eventos reportados también son minimizados. El volumen del derrame de Ek-Balam en 2023, el más grave documentado en los últimos años en México, fue subreportado entre 10 y 200 veces, de acuerdo con cálculos de científicos a partir de capturas satelitales del desastre. 
• Entre enero de 2018 y julio de 2024, se iniciaron 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo, pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se establecieron sanciones con multa. Solo ocho de ellas han sido pagadas.

Elías Naal Hernández sale, red de pesca en mano, a probar suerte en las aguas de Isla Aguada, una localidad ubicada en las costas de Campeche, donde la Laguna de Términos desemboca en el Golfo de México. El pescador no imagina la escena que el mar le mostrará esa mañana de los primeros días de abril de 2024.

“Era una enorme mancha, kilómetros y kilómetros de crudo, lo agarrábamos en los achicaderos (baldes) de agua y se llenaban de lo fuerte que estaba”, cuenta. Lo único que Elías Naal pescó ese día, a cubetadas, fue el petróleo que parecía llenar el mar entero.

Lo que describe el pescador fue detectado vía satélite por científicos que estudian desde hace años los derrames de petróleo en el Golfo, quienes observaron evidencias de posibles manchas oleosas desde el 7 de marzo de 2024. Las detecciones tenían un origen cercano a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal asignada para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México desde donde se extrae el 80% del crudo nacional.

Pero el derrame no fue reportado por Pemex, que por ley debió hacerlo, y cuando Naal acudió a la paraestatal para denunciarlo, la empresa desestimó el evento argumentando que era una “chapopotera”, es decir, una emanación natural de petróleo, cuenta el pescador. Es una respuesta que reciben los pescadores con demasiada frecuencia frente a eventos que, de acuerdo con Naal, no tienen las características de eventos naturales.

Cuando comenzó a pescar, hace 38 años, era común que recalaran muy cerca de la costa la sierra y el peto, el besugo y la merluza, el huachinango y el atún, la mojarra y el bagre: algunas de las 300 especies que el estuario alberga, y de las que casi 80 están hoy amenazadas de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología. Con un poco de suerte, hace décadas las redes se llenaban de camarón rosado. Se veían delfines nariz de botella, tortugas caguamas y lora. Era un mar de vida.

Pero cada vez con más frecuencia, lo que Elías Naal atraviesa al buscar alimento es literalmente un mar de negrura y muerte, producto de los derrames provenientes de pozos de extracción de petróleo que en 2024 sumaron 88 más de los que había hace seis años, para un total de más de 2000.

Un equipo de Mongabay Latam y Data Crítica solicitó reportes empresariales enviados al gobierno mexicano sobre derrames petroleros para comprender la magnitud de estos incidentes, identificando sus características y afectaciones en el Golfo de México. Luego, contrastó estas cifras contra datos compartidos por científicos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes han analizado más de 3000 imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 y publicaron en octubre de 2024 una investigación académica al respecto.

Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.

De los 79 meses que equivalen a los seis años y medio analizados por los científicos, los investigadores han detectado la presencia de manchas de petróleo no naturales en el mar en 74 meses, mientras la autoridad ambiental solo tiene registrados derrames en 30 meses, el equivalente a dos años y medio, es decir, menos de la mitad de lo hallado por estos científicos.

“Estamos definitivamente en estado agónico, apenas sobreviviendo”, dice Baudelio Cruz, quien es pescador desde los siete años en la ciudad de Campeche y lleva décadas viendo el ecosistema deteriorarse. “Se pesca ya muy poco”, asegura y pide que el gobierno mexicano los voltee a mirar.

“No son chapopoteras”

Cuando Elías Naal acudió a los representantes de Pemex con un puñado de sargazo bañado en crudo como evidencia, los funcionarios le dieron el argumento de siempre: que las manchas que él veía a lo largo de kilómetros y kilómetros eran “chapopoteras”, es decir, emanaciones naturales de petróleo, aunque, según Naal, no respaldaron esa afirmación con ninguna prueba.

Pero el análisis realizado por científicos del Ecosur, el UABC, el Centro de Investigaciones del Golfo de México (Cigom) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aporta evidencia a la versión de los pescadores de que aquel petróleo encontrado entre marzo y abril de 2024, no correspondía a una emanación natural. El crudo se encontraba demasiado alejado de la chapopotera conocida de la zona, y las características espaciales de la mancha tampoco corresponden con las de una emanación natural.  Esto se basa en la descripción que hacen los científicos en su artículo publicado en 2024.

Las características de las chapopoteras versus las de los derrames se han identificado en las miles de fotografías que forman parte de la base de datos construida para esta investigación y cuyo análisis se presenta aquí.

“Tenemos una gran certeza cuando detectamos petróleo en la superficie del mar. Tenemos decenas de fotografías y videos que nos han ayudado a la validación”, sostiene Abigail Uribe, especialista de la UABC, quien analiza las imágenes satelitales junto con investigadores de Ecosur.

El petróleo de una chapopotera, por ejemplo, no se desplaza más allá de unos cuantos kilómetros, genera una mancha menos extensa y está compuesta por hilos delgados y alargados en forma de “garra”. En cambio, en los derrames, estas características cambian: “es un petróleo que se concentra más y que abarca espacios mucho más grandes”, detallan los expertos. Además, los científicos y los pescadores saben dónde están las emanaciones naturales después de años dedicados a estudiar el Golfo. De acuerdo con Uribe, si un pescador detecta petróleo lo más probable es que sea un derrame, porque las chapopoteras son pequeñas y están en zonas cercanas a plataformas donde los pescadores no pueden acercarse por ley.

https://projects.mongabay.lat/2025/derrames/

“Sabemos que no son chapopoteras”, afirma Wilbert Cosmopulos López, presidente de la federación de sociedades cooperativas de la industria de Cárdenas de Tabasco y pescador desde hace 20 años. “Frente a la costa de Magallanes, donde tenemos la pesquería, va uno en la embarcación y se percata del crudo por el olor que ya conocemos. Posteriormente ya ves en el espejo de agua un tono aceitoso brilloso. Más atrás ya vienen flotando los grumos y placas de hidrocarburo. Entre más vas avanzando hacia la mancha, ves placas más grandes de hidrocarburos. Entonces empezamos a tomar fotografías y evidencia”.

El aporte de los pescadores es clave para fortalecer los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes satelitales. El conocimiento que tienen acerca del comportamiento de las especies, la dirección de las corrientes, la ubicación de los arrecifes o los hallazgos que puedan tener, por ejemplo, de animales empetrolados, es información relevante. “Es importante porque abre otra fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo en un paisaje donde hay pocos actores. En un país como México con recursos económicos limitados para hacer una vigilancia efectiva, se vuelven indispensables estas otras fuentes de información o de datos para saber qué está sucediendo en nuestros mares”, explica Alejandro Espinoza Tenorio, investigador del Colegio de la Frontera.

Por eso, los científicos de Ecosur, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Centla (Tabasco) y la UNAM, colaboran con los pescadores en una alianza llamada “Pesca y Petróleo 2.0”.

La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.

La sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.

“Asumiendo cálculos conservadores, dejando fuera las áreas más controversiales y considerando solamente las zonas del derrame donde observamos petróleo bastante concentrado, tenemos cálculos de entre 10 y 200 veces [por encima] del volumen reportado”, señala Uribe.

Cada vez que los investigadores de la UABC y Ecosur identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. No obstante, la ASEA indicó, en respuesta a una solicitud de información, no haber sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Tampoco lo son las denuncias y evidencias enviadas por los pescadores, solamente consideran a las empresas petroleras.

El mayor impacto en el ecosistema y los millones de mexicanos que dependen de la pesca en el Golfo, coinciden especialistas y pobladores de la zona, no ocurre solo después de los grandes derrames como el de Ek-Balam, sino que es resultado de la acumulación de décadas de fugas y derrames crónicos más pequeños, la mayoría de los cuales jamás son reportados y, mucho menos, sancionados.

Solo ocho multas pagadas en seis años

Para que la Marina mexicana active el protocolo de atención a contingencias por derrames de hidrocarburos, un documento en donde se establecen claramente las rutas para la contención y remediación de un evento de esta naturaleza, es necesario que las empresas extractivas reporten los derrames. Si estas no lo hacen, nadie llega a la zona afectada. Por lo mismo, nada se hizo para intentar frenar el avance del petróleo que Elías Naal vio a inicios del 2024.

“Ahorita más o menos me dedico a pelear lo del ambientalismo, porque nos están perjudicando. La gente llega a deshoras de la noche: ‘vimos este derrame, pasó esto acá, está a siete millas, me hablan de Yucatán, que el derrame viene por abajo, que las plataformas tienen fugas y esto llega a las costas de Campeche y Yucatán por las corrientes”, denuncia Naal, quien es Presidente de la federación unidos por Isla Aguada, Campeche.

Científicas como Abigail Uribe advierten que las empresas parecen solo reportar los derrames más escandalosos, esos que tocan las costas. El resto pasa desapercibido y no llega a los oídos de la población mexicana, a menos que los pescadores lo denuncien.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan.

No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras parecen ser cajas tan opacas como el mar oleoso que atraviesan frecuentemente los pescadores, quienes aseguran deben navegar cada vez mayores distancias para sacar en sus redes cada vez menos.

“Donde creemos que está el conflicto, es que el regulado (la empresa) es juez y parte”, dice Eduardo Cuevas, investigador de la UABC, en referencia a que son las empresas las responsables de dar aviso y de aplicar las medidas de contención y emergencia. Las empresas, indica Cuevas, no tienen incentivos para reportar sus propias fallas.

En los reportes oficiales de derrames, la empresa que concentra más eventos tanto a nivel nacional como en el Golfo de México es la estatal mexicana Pemex, seguida de la empresa privada Petrofac. A nivel nacional, la privada es responsable de 15 derrames ocurridos entre el 9 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 12 fueron en el Golfo de México.

Desde 2018, Petrofac está desmantelando sus operaciones en México para dirigirlas hacia las energías renovables. Sin embargo, el movimiento de Petrofac a inversiones “verdes” dejó intacta la estructura extractiva en México que, desde octubre de 2018, es ocupada por Perenco, propiedad de una de las familias más ricas de Francia, los Perrodo. Esta es la segunda empresa privada con más derrames registrados oficialmente en el país.

El historial ambiental de Perenco no se limita a México. De hecho, de entre todas las compañías petroleras que operan en la Amazonía colombiana, esta empresa es una de las que registra el mayor número de procesos sancionadores y multas en los últimos 10 años, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregados en respuesta a una solicitud de información, no se inició ningún proceso sancionatorio contra Perenco por los derrames que ocurrieron desde su adquisición, sino solamente una sanción por incumplir su meta de barriles de producción de petróleo. Tampoco hay registro de ninguna sanción contra Petrofac por los 12 derrames registrados oficialmente en los tiempos en los que operó.

En respuesta a cuestionamientos para esta investigación, un portavoz de Perenco señaló que los derrames y fugas en México han ocurrido tierra adentro, y que la estrategia ambiental de la empresa consiste en la compra de equipos de vigilancia, pues culpa a actos vandálicos de los derrames.

“En los últimos cinco años, Perenco México ha invertido significativamente en la integridad de sus activos, así como en la mejora de la vigilancia con CCTV y drones. En consecuencia, los incidentes ambientales se han reducido en 85% desde 2019”, sostiene la empresa.

Aunque tierra adentro, al menos un derrame de las instalaciones de Perenco en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, ha tenido impacto tanto en el manglar como en el lecho del Golfo de México, como se desprende de su propio reporte a la ASEA. En el documento, la empresa indica que para detener el derrame llevó a cabo la “instalación de barreras marinas en zona de manglar para recuperación de aguas oleosas”.

Esta investigación no pudo corroborar directamente que la mayoría de derrames se deben a actos vandálicos, debido a que la ASEA no proporcionó información sobre causas de los derrames, a pesar de que esta información fue solicitada.

Esta ausencia de sanciones es representativa de lo que ocurrió en el país en los últimos seis años. De 2018 a la fecha, aunque hay 86 derrames oficialmente registrados, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo por incumplir normas tan básicas como no seguir su propio plan de exploración. Pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se estableció como sanción una multa y solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con la solicitud respondida por la CNH. Consultada sobre la impunidad de estos casos, hasta la publicación de este reportaje la CNH no respondió. Tampoco Pemex envió respuestas a las preguntas hechas por el equipo periodístico.

Cada derrame ignorado, cada denuncia desestimada, acumula impactos ecológicos que contribuyen a deshilar el tejido de la vida marina en el Golfo, de la cual también son parte cerca de 80 mil pescadores y las millones de familias mexicanas que se alimentan de lo que ellos capturan.

“Se pesca ya muy poco”

La ficha Ramsar que categoriza a la Laguna de Términos como humedal de importancia internacional, indica que cerca del 80 por ciento de los peces de la plataforma del Golfo de México dependen de sitios como este para su reproducción y alimentación.

Este ecosistema es una muestra de la biodiversidad de la región, y la mayor puerta de agua dulce de México al Golfo, que es un ecosistema crítico aún más amplio: corredor migratorio de cientos de especies de reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos de interés ambiental y comercial con decenas en categorías de amenaza como el jabirú (Jabiru mycteria), la segunda ave de mayor tamaño en el continente americano, de la que quedan unos 20 individuos en todo el territorio mexicano.

El valor ecosistémico del Golfo, apunta Eduardo Cuevas, es incalculable. Además de mantener especies de pesca como la sierra, el robalo, el atún y el huachinango, da vida a especies de tiburones protegidos como el tiburón ballena y tortugas como la lora y la laúd.

Con la contaminación, sin embargo, “no sólo se afectan ecosistemas marinos sino también terrestres”, explica Eva Coronado, especialista en sistemas socioecológicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad Autónoma Nacional, en Mérida. “Todos los contaminantes que llegan a la costa tienen afectaciones a las zonas lagunares, como la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen y a los ecosistemas de manglar que están cercanos al área”.

Pemex ocupa el lugar 20 en una lista de 57 empresas que ha generado el 80 por ciento de emisiones de carbono a nivel mundial desde la firma de los acuerdos de París, de acuerdo con el centro de investigación británico InfluenceMap. Pero mientras las petroleras contribuyen en gran medida a la crisis climática, también debilitan la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a eventos catastróficos catalizados por esa misma crisis, como los huracanes. Además, el petróleo viaja del plancton a animales más grandes, representando posibles daños al ser humano de los que no se han conducido estudios profundos, indican los especialistas. Para pescadores como Elías Naal, el valor de ecosistemas como la Laguna se sintetiza así: son toda su vida. El pescador lleva cuatro décadas mirándola desaparecer.

“Hemos visto pescado, tortugas, delfines manchados de crudo, y cuando el petróleo está a dos millas de la orilla, entonces no hay pescado, por el olor que despide. El impacto [de los derrames] es fuertísimo”, dice.

Su experiencia se multiplica por toda la costa del Golfo. De acuerdo con el Plan Nacional de Contingencia, en los procesos de respuesta ante derrames de hidrocarburos se debe tener como prioridad la vida humana, el medio ambiente y en último término la propiedad de la nación y de terceros. En la práctica, dicen los pescadores, ellos y sus demandas han sido relegados al último sitio.

“Se pesca ya muy poco, quisiéramos que nuestro gobierno actual se ponga a pensar que nosotros somos los campesinos del mar, los que traemos el sustento para los niños de México”, dice Baudelio Cruz. “Entendemos que el petróleo se necesita, pero si la pesca se acaba, si nuestro gobierno no pone los ojos también en la pesca, no sé qué va a pasar porque es comida para todo el país”, agrega el pescador que también fue testigo de la mancha kilométrica de petróleo a inicios de 2024.

“La gente me denuncia, desde Mérida hasta Nuevo Campechito me mandan reportes y yo he recolectado pruebas, pero (en PEMEX) me cierran las puertas. Vamos a pedir un recurso por la afectación y nos dicen que no hay, porque simplemente son ‘chapopoteras’, imagínese”, denuncia Naal. “Nadie toca a PEMEX. Ellos hacen y deshacen, y no podemos reclamar. Le hemos escrito hasta al presidente de la República y no nos atienden”, agrega el pescador Teodoro Wilson.

Para los pescadores, existe un antecedente inequívoco de que las empresas y las autoridades evaden la realidad con la excusa de las chapopoteras. El derrame de Ek-Balam, que se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de Pemex o las autoridades mexicanas, también intentó ser minimizado. Aseguraron que era una “chapopotera”, una versión que se derrumbó a medida que el derrame crecía. La extensión del desastre de Ek-Balam superó los 460 kilómetros cuadrados y se tiene evidencia de que viajó más de mil kilómetros a lo largo del oeste del Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz y Tamaulipas .

Pescadores e investigadores están convencidos que las tecnologías que utilizan para detectar y enfrentar los derrames, podrían convertirse en un potente mecanismo de vigilancia y monitoreo ambiental para circunnavegar las limitaciones de la regulación actual, que deja todo en manos de las empresas.

“Estamos realmente convencidos de que esta información es útil para ellos (las autoridades), pero la práctica actual y el oscurantismo de las regulaciones no permite que haya este flujo de datos valiosos para la acción inmediata, el seguimiento y la atención a los derrames”, dice Uribe. “Nosotros no queremos enjuiciarlos — asegura— nosotros estamos aquí para entregarles información. Úsenla, incorpórenla en su toma de decisiones”.

“También existimos”: el grito de auxilio de la pesca

Elías Naal, Baudelio Cruz y Wilbert Cosmopolus, pescadores ahora convertidos involuntariamente en defensores del territorio, se aferran a su oficio. Quieren proteger el modo de vida que mantienen desde hace casi medio siglo, pero cada vez más, lo que les hace falta, además de la pesca misma, es dinero y tiempo para pescar. Dinero para nuevas redes que reemplacen las que se arruinan por llenarse de petróleo y para adquirir motores que les permitan hacer recorridos cada vez más largos.

En los últimos cinco años, los pescadores aseguran que su producción ha disminuido en un 40 por ciento, así es que no reciben más de 8000 pesos mexicanos al mes (alrededor de 400 dólares). Además, sostienen que las áreas de pesca se han reducido dado que tienen prohibido acercarse a las plataformas petroleras, incluidas las obsoletas, donde podrían extraer recursos. “Nuestras áreas de pesca han sido invadidas. Tenemos muchas áreas restringidas de pesca donde están las plataformas que ya están obsoletas, pero no podemos ir a pescar allá. Hemos estado luchando, le hemos pedido a nuestros diputados que intervengan para ver si logramos que nos den permiso para pescar en esas plataformas que ya no sirven para nada, porque hay bastante pesca ahí, pero no lo hemos logrado”, dice Baudelio Cruz.

Esta restricción estatal busca prevenir posibles intervenciones en la extracción de petróleo o ataques terroristas. Así lo declaró el expresidente, Vicente Fox, cuando en 2003 se ampliaron los kilómetros de exclusión como respuesta a los ataques de las torres gemelas de Nueva York en 2001.

El 2023 fue un año récord en inversión para pozos de exploración, de acuerdo con datos públicos de la CNH. Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto de la ASEA para las acciones de monitoreo y control disminuyeron en casi una tercera parte, pasando de 604.7 millones de pesos en 2018 (unos 26 millones 800 mil dólares al cambio de 2018) a 385.2 millones de pesos en 2024 (unos 18 millones de dólares al cambio de 2024), según datos enviados en respuesta a una solicitud de información.

Esta distribución de recursos que favorece la extracción pero que no impulsa un equitativo control para prevenir que haya derrames ni contener y mitigar sus efectos adversos, está ahogando a los pescadores que se reparten entre las actividades de monitoreo y la pesca cada vez más costosa. Si la sociedad mexicana no los mira por su valor como generadores de alimentos, reclaman, se convertirán en presa fácil para las petroleras.

De los cerca de 80 mil pescadores en la primera línea de acción frente al desastre, muchos como Naal, Cruz y Cosmopolus piden acción inmediata a las autoridades: el reconocimiento de que la generación de alimento es, al menos, tan importante para la supervivencia del país como la extracción petrolera en el mar.

Exigen que su conocimiento experto sea incorporado en la creación de políticas para balancear la generación pesquera de alimentos con la extracción de petróleo, que puedan pescar al menos cerca de las petroleras en desuso y que en caso de derrames haya reparaciones sustanciales a ecosistemas y pescadores, y no solo la entrega de una red nueva, como ha sido costumbre hasta ahora.

“Aprovecho este medio para pedirle a la autoridad de Pemex y a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ponga los ojos en los pescadores de todo México”, dice Baudelio Cruz. “Queremos un diálogo, una plática. Que no sacrifiquen a un sector por una industria como el petróleo, que es necesaria, pero nosotros existimos. Si nos tenemos que salir de nuestras áreas de pesca, que acordemos qué es lo que vamos a hacer nosotros los pecadores”.

Texto: Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere. Reportería en campo: Flavia Morales Carmona. Análisis de datos: Naomi Morato y Gibran Mena Aguilar / Data Crítica. Fotografías: Héctor Quintanar. Visualización: Eduardo Mota García. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez. Este texto se publicó originalmente por Mongabay Latam el 17 de febrero de 2025 en Mongabay Latam. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente.

*Nota del editor: el 22 de febrero 2025 añadimos información a la publicación para darle mayor contexto a la investigación realizada por los científicos. Las líneas que hemos sumado, que son mínimas, tienen como objetivo aclarar que la investigación fue promovida por Mongabay Latam y Data Crítica, medios que contactaron a los científicos para sistematizar los hallazgos de sus estudios.

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Por Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

Cali, Colombia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) es la reunión global de la rendición de cuentas, a la que muchos países llegaron sin cumplir con la tarea que tenían asignada desde hace dos años.

Luego de que se aprobara el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, en la COP15 realizada en 2022, los países debían entregar su Plan de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), un documento en donde deben detallar sus estrategias y acciones encaminadas a cumplir con las 23 metas con las que se comprometieron para el año 2030.

Sin embargo, al comenzar la COP16, sólo 35 de 196 naciones entregaron sus planes completos. Colombia, México, Cuba y Surinam fueron las únicas naciones latinoamericanas que hicieron la tarea, a pesar de que la presentación de los planes es uno de los puntos claves de la COP16, ya que en esta reunión se pretende analizar qué tan realistas, medibles y ambiciosas son las metas e indicadores de cada plan.

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Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, considera que tener sólo 35 NBSAP es algo preocupante, porque en el año 2022 todos los países asumieron el compromiso de revisar sus estrategias y, aquellos que ni siquiera las tenían, debían crearlas y establecer un plan. “Esto era muy importante, porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”, dice Oliveira.

La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta la experta de TNC Brasil.

La cuenca amazónica, sólo con dos planes

La Amazonía enfrenta una crisis por sequías e incendios sin precedentes, lo que ha llevado a que el río Amazonas presente caudales mínimos históricos. Este bioma es clave para la lucha contra las crisis climáticas y de biodiversidad, y aunque hay acciones para su conservación, también existe una creciente preocupación porque se está llegando al “punto de no retorno”, ese momento en el que la pérdida de bosques y servicios ecosistémicos será más acelerada que la capacidad de la Amazonía para recuperarse. En ese sentido, a los expertos les inquieta que, de los países que comparten el bioma, sólo Colombia y Surinam hayan presentado sus NBSAP.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, asegura que es vital que todos los países aceleren la presentación de sus NBSAP y que estos sean medibles, que tengan un enfoque que incluya a toda la sociedad, que involucren la transformación de los sectores productivos y que desarrollen estrategias claras de financiamiento.

“Sin financiamiento va a ser imposible implementar las metas del Marco Kunming Montreal y esto es un tema fundamental dentro de la negociación, porque hay una brecha económica muy grande que superar”, dice Barrera.

Para la especialista de WWF Colombia, la COP16 tiene como misión dejar una ruta clara para movilizar los recursos financieros, revisar los incentivos o los subsidios a industrias que están generando consecuencias negativas sobre la biodiversidad, fortalecer los esquemas de gobernanza y garantizar el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Oliveira considera que falta mayor voluntad política con la biodiversidad: “La voluntad política con la biodiversidad no es tan fuerte. Es necesario más esfuerzo de los gobiernos para traer la agenda de la biodiversidad al nivel de la agenda del clima. Se habla mucho de clima, pero no se habla tanto de biodiversidad. Sin embargo, hoy sabemos que para enfrentar el cambio climático necesitamos de una biodiversidad cada vez más íntegra y más fuerte”.

La expectativa con el plan de Colombia

Durante el primer día de trabajos de la COP16 hubo bastante expectativa porque el gobierno colombiano, anfitrión de la conferencia, dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, lo presentó en rueda de prensa y aseguró que este plan “será la guía que aportará en la protección y conservación de la naturaleza al 2030, a través de cuatro apuestas, seis metas nacionales ambiciosas, medibles y alcanzables y 191 acciones formalizadas que buscan contribuir al cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal”.

Muhamad explicó que una de las metas clave es que Colombia aumente del 24 al 34 % de su territorio bajo alguna medida de protección ambiental. Además, la ministra aseguró que el país busca generar un renglón económico nuevo a través de la bioeconomía —aquellas partes de la economía que utilizan recursos biológicos renovables de la tierra y el mar— que actualmente representa solo el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para que pase al 3 % en 2030, generando medio millón de empleos.

Otros puntos importantes del NBSAP de Colombia se centran en avanzar en la reconversión de cinco millones de hectáreas a modelos productivos sostenibles y con procesos de restauración, así como en la reducción del impacto de economías ilícitas en los ecosistemas del país, “buscando tener una disminución de, por lo menos, el 50 % en los niveles de tráfico de fauna y la afectación por delitos ambientales”, aseguró la ministra de Ambiente.

Ximena Barrera, de WWF, destaca que el NBSAP de Colombia presenta cuatro grandes apuestas. La primera está enfocada en cómo fortalecer el ordenamiento territorial y la integración de las consideraciones ambientales en los sectores productivos.

La segunda es la transformación de esos sectores productivos para proteger la naturaleza y enfrentar el cambio climático. “Esto no es una agenda sólo del Ministerio de Ambiente, sino que involucra a todos los sectores de la sociedad”, dice.

La tercera apuesta tiene que ver con los delitos ambientales, corrupción e ilegalidad. “Necesitamos enfrentar esas economías ilícitas que están generando impactos en los territorios, por ejemplo, la minería ilegal y sus pasivos ambientales”, destaca Barrera.

La cuarta apuesta está enfocada en cómo fortalecer los temas de gobernanza territorial, “reconociendo no sólo la importancia de la biodiversidad, sino de la diversidad cultural”.

Por su parte, Oliveira destaca el impulso que el Plan de Acción de Colombia le da al tema de gobernanza de la cuenca amazónica, con la participación de la sociedad civil, y cree que otros países también deben incluir estrategias en sus planes para conservar los ecosistemas de agua dulce, “porque normalmente se habla de océanos, costas y tierra, pero no se habla de las aguas interiores”.

Esta información fue publicada originalmente en Mongabay Latam; Son Playas la replica con su debida autorización.

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Por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam

Cali, Colombia. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad y la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), Astrid Schomaker, dieron inicio oficial a todas las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre se realizará en la ciudad de Cali, considerada la capital del Pacífico colombiano.

“La comunidad mundial debe aprovechar este momento para garantizar que la biodiversidad no sólo se preserve, sino que también se restaure y se valore por el papel crucial que desempeña en el sostenimiento de la vida en la Tierra. La COP16 es el momento de pasar de las palabras a los hechos. El futuro de la vida en nuestro planeta depende de ello”, dijo Schomaker.

Se estima que a Colombia llegaron cerca de 23 000 personas delegadas de 141 países que tienen participación presencial confirmada en esta cumbre. El segmento de alto nivel, donde se darán las negociaciones de los países parte del CDB, contará con la presencia de los presidentes de Brasil, Guinea Bisáu, Guatemala, Mozambique, Perú, Surinam y Haití; los vicepresidentes y viceprimeros ministros de Bolivia, Gabón, Cuba y Kenia, así como decenas de cancilleres.

La COP16 también tendrá cuatro foros temáticos a nivel ministerial: implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal; financiamiento; paz con la naturaleza, y biodiversidad y cambio climático. El evento finalizará el 1 de noviembre con la sesión plenaria donde se hará el reporte, tanto de las negociaciones del segmento de alto nivel como de las conclusiones de la Zona Verde, un espacio interactivo para la participación de la sociedad civil, que espera recibir un promedio de 13 000 visitantes diarios.

Según la ministra Muhamad, la Zona Verde tendrá incidencia formal en el espacio de alto nivel. La ministra de Ambiente de Colombia aseguró que “en esta COP tenemos que dar las herramientas multilaterales para facilitar que los países y toda la sociedad en el mundo puedan implementar las acciones que protejan de fondo la biodiversidad”.

Schomaker espera que el 1 de noviembre se tengan, por lo menos, cuatro resultados concretos. Para ella, la creación del fondo para la repartición de beneficios de recursos genéticos, que están en bases de datos digitales, sería el primer hito de la COP16, porque abre el camino a que el sector privado mundial contribuya económicamente a través de mecanismos multilaterales, cuando se beneficia de los recursos que tienen los países.

El segundo resultado sería la generación de una arquitectura institucional financiera transparente que realmente logre acumular recursos en forma efectiva para la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal.

Se espera que ese mecanismo financiero vaya más allá de la meta 19 propuesta en el Marco Kunming Montreal, que plantea un financiamiento de por lo menos 200 000 millones de dólares.

El tercer logro sería la aprobación del programa de trabajo para los pueblos indígenas y comunidades locales. “Esto implica el empoderamiento político de lo que llamamos los guardianes de la naturaleza, aquellas comunidades en la primera línea de la crisis y el cuidado de la biodiversidad en el mundo que no pueden ser simples beneficiarios de programas, sino que deben ser protagonistas políticos del proceso de conservación, tener una silla en la mesa de decisiones y capacidad de manejar recursos”, dijo Muhamad.

El cuarto resultado esperado es lograr un análisis profundo de cómo van los compromisos nacionales para cumplir las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal en el 2030, a través de mecanismos solidarios e internacionales.

Hasta el 21 de octubre, 108 países habían entregado algunas metas nacionales encaminadas a cumplir con las metas del Marco Kunming Montreal, sin embargo, sólo 35 entregaron completos sus Planes Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés).

En Latinoamérica, hasta el comienzo de la COP16, sólo lo hicieron Colombia, México, Cuba y Surinam.“Si la COP16 logra estos cuatro resultados, habrá generado un aporte significativo para la implementación del Marco Global”, aseguró Muhamad.

El gobierno de Colombia también busca impulsar la coalición Paz con la Naturaleza, que propone proteger la biodiversidad con la movilización de todos los gobiernos y de toda la sociedad. Colombia ha generado una declaración, que hará pública hacia el final de la COP16, y que espera sea firmada por varios países y sectores sociales.“Creemos firmemente que la movilización de la sociedad es la real catalizadora del cambio y que eso hace que los gobiernos también puedan tomar decisiones políticas que no son nada fáciles”, concluyó Muhamad.

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• ¿Cómo evitar que las tortugas marinas mueran por su captura incidental? En América Latina hay acciones que trabajan en ello a través de la colaboración con pescadores para generar información, la creación de redes de pesca amigables con las especies marinas e impulsar normativas adecuadas.

Los océanos del planeta son el hogar de, al menos, siete especies de tortugas marinas conocidas. Todas, en mayor o menor grado, están en peligro. La contaminación de los océanos, el cambio climático, el comercio ilegal, la pérdida de hábitat y su captura incidental en las redes de pesca las han puesto en riesgo de desaparecer.

“La captura incidental se ha identificado como la mayor amenaza a la sobrevivencia de las tortugas marinas a nivel mundial. Esto se da por el traslape entre áreas de pesca y áreas en donde se encuentran las tortugas, tanto alimentándose como nadando para llegar a sus playas de anidación”, resalta Agnese Mancini, coordinadora científica de la organización no gubernamental mexicana Grupo Tortuguero de las Californias.

La evaluación global más reciente sobre los efectos de la pesca de escala industrial en las poblaciones de tortugas marinas —publicada en 2010 por expertos como Bryan Wallace—, reportó que entre 1980 y 2008, al menos 85 000 tortugas a nivel mundial fueron víctimas de la captura incidental.

Los especialistas apuntan que esta cifra podría subestimar la magnitud del problema, pues el porcentaje de flotas pesqueras observadas y reportadas fue menor al 1 %, mientras que existe además una falta mundial de información sobre capturas incidentales de las pesquerías artesanales, por lo que el total real sería al menos del doble.

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“Existen varios trabajos que muestran que las pesquerías artesanales, a pesar de usar embarcaciones más pequeñas, de no ser tan mecanizadas y tener una menor capacidad de carga de pescado, pueden ser dañinas como la industrial, principalmente por el tamaño de las flotillas, el hecho de usar zonas costeras muy productivas y que hay menos vigilancia”, afirma Mancini.

La bióloga Verónica Cáceres, secretaria de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) —tratado internacional que entró en vigor hace 22 años y que hoy cuenta con 16 países parte que han acordado acciones para mitigar los efectos de las pesquerías en estas especies—, señala que la mitigación de la captura incidental requiere la colaboración decidida de una variedad de sectores que incluyen no sólo al gubernamental y ambiental, sino también al pesquero y a la industria pesquera.

“Es un reto porque son sectores bastante grandes y, a veces, con intereses diferentes. Por ello hay necesidad de implementar medidas regionales, no sólo a nivel nacional. El resultado no lo podemos percibir de manera inmediata y es difícil de cuantificar de manera rápida, porque ocurre en el océano. Si uno está en el escritorio, la única forma de saber es mejorar la colecta de datos del sector pesquero”, asevera Cáceres.

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La captura incidental afecta, sobre todo, a tortugas adultas. Al ser capturadas en el océano, no tienen oportunidad de volver a sus sitios de anidación, con lo que se corta su ciclo de vida, agrega la experta.

Para evitar que la captura incidental siga afectando a estas especies, se han puesto en marcha numerosas iniciativas que trabajan, sobre todo, con las pesquerías artesanales de Latinoamérica.

Este 16 de junio, fecha en que se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, Mongabay Latam te presenta tres esfuerzos para proteger a estas especies en Latinoamérica.

Grupo Tortuguero de las Californias: pensar global, actuar local

Antes de que se implementara la veda de tortugas marinas en México, en 1990, Jesús Lucero solía capturarlas. Su venta y consumo, aunado a las actividades de pesca cotidianas, era un medio de subsistencia para los pescadores de aquellos años. “Pero hay momentos que te ponen en un lugar en donde no te imaginas estar”, narra don Chuy, como la gente lo conoce en Baja California Sur. “El derribo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, fue lo que me trajo acá”.

Con el atentado, las pesquerías se detuvieron en López Mateos, el pueblo de donde Lucero es originario. “Toda la producción que sacamos se estaba yendo a Estados Unidos, pero cerraron las fronteras y no pudimos seguir pescando. Lo que hice fue buscar otras maneras de trabajar”, explica.

Así llegó al Parque Nacional Cabo Pulmo, en donde el pescador aprendió sobre las tortugas y se capacitó en la protección de sus playas de anidación. Todo su conocimiento como pescador, lo trasladó hacia la conservación. Para 2006, con cuatro años de trabajo en esos sitios, don Chuy se integró al equipo del Grupo Tortuguero de las Californias (GTC). Hoy es el coordinador de actividades de campo de la organización que comenzó a gestarse desde 1999, como una red de iniciativas que tienen en común la conservación de las tortugas.

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“Ahora tengo mucho que agradecer a las tortugas. Por ellas he conocido otros países y mucha gente que difícilmente hubiera podido conocer dedicándome a la pesca. Ahora he ampliado mis conocimientos con relación a las especies y su conservación”, explica Lucero, quien tiene como función principal supervisar todos los sitios de monitoreo en las zonas de alimentación de las tortugas, que los equipos cuenten con lo necesario para el monitoreo dentro del agua y brindar capacitación a los nuevos grupos que se integran a la red del GTC.

Esta gran red tiene presencia en más de 50 comunidades que vigilan a las tortugas marinas en las costas mexicanas, desde Baja California hasta Michoacán. También colaboran con otros grupos a nivel internacional en Estados Unidos, Japón, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Ecuador. Trabajan principalmente en la protección de las tortugas prieta (Chelonia mydas), golfina (Lepidochelys olivacea), carey (Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermochelys coriacea).

“Como pescador, puedo asegurar que, hace 40 años que yo me dedicaba completamente a la pesca, había más tortugas en aquellos años que ahora. Curiosamente, en ese entonces había muy poca o casi nula pesca incidental. Los factores tienen que ver directamente con las pesquerías”, dice Lucero.

Uno de los principales objetivos del GTC es el involucramiento de pescadores en los trabajos de conservación, así como en la modificación de las artes de pesca para que sean menos riesgosas para los quelonios.

“La intención de modificar un arte de pesca es evitar que caigan tortugas, pero que los pescadores sigan capturando las especies objetivo. Por ejemplo, se busca disminuir el número de boyas en las redes, para que no se levanten tanto del fondo del mar y que haya menos posibilidad de que capturen tortugas”, explica Lucero. Es decir, una red sin boyas deja espacio para que las tortugas puedan pasar por encima. Otra de las pruebas consiste en la implementación de luces en las redes, con la intención de que las tortugas puedan verlas y las eviten.

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Lucero destaca que ahora hay pescadores involucrados en los monitoreos de tortugas, ya que ven la ventaja de cuidarlas, “porque pueden proporcionarles alguna ganancia económica por el sólo hecho de trabajar con ellas. Hay una frase conocida: cuando quieres hacer algo en la vida, piensa globalmente, pero actúa localmente. Si nos sumamos haciendo lo propio en nuestro lugar, el impacto y los beneficios serán para todos. Así lo entiendo”.

MarEs Comunidad: empujar el diálogo

Jeffrey Seminoff tiene claro que los pescadores podrían ser mejores biólogos marinos que quienes estudiaron esa profesión. Pasar tanto tiempo dentro del mar —dice el especialista en tortugas marinas—, les ha dado experiencia como a nadie. Por ello, en 2020 y junto a otros colegas, fundó la iniciativa MarEs Comunidad, un esfuerzo colaborativo de conservación entre Estados Unidos y México, que pone el foco en lo que se puede lograr trabajando con los pescadores artesanales y sus comunidades en las costas mexicanas.

Su principal objetivo es disminuir la presión de la pesca insostenible y fomentar la adopción de tecnologías innovadoras para mitigar la captura incidental, así como prácticas de pesca amigables con las tortugas. En consecuencia, se busca asegurar poblaciones saludables, principalmente, de tortugas caguamas (Caretta caretta) del Pacífico Norte y tortugas laúd (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental, aunque los esfuerzos también están beneficiando a otras especies como la carey (Eretmochelys imbricata), prieta (Chelonia mydas) y golfina (Lepidochelys olivacea).

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Seminoff, jefe del Programa de Evaluación y Ecología de Tortugas Marinas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA Fisheries, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, resalta que los pescadores quieren ser socios de la conservación, pero no han tenido oportunidad de tener un diálogo contínuo con el gobierno y quienes impulsan las leyes.

Con MarEs Comunidad, lo que se intenta es invertir la fórmula en el flujo de la información para la creación de las normativas que, hasta ahora, sólo han sido impuestas por el gobierno, dice el experto.

Sus estrategias incluyen realizar encuestas en las comunidades pesqueras para comprender las causas de la captura incidental. También se involucran con los pescadores artesanales y las comunidades donde ocurre la captura incidental, para identificar los enfoques más viables para reducir el problema. Allí mismo se desarrollan, prueban e implementan acciones identificadas con la participación de la comunidad y los pescadores. Además, se trabaja con las comunidades para fomentar prácticas de pesca sostenibles y medios de vida alternativos. El ecoturismo, por ejemplo, es una opción que ha mostrado resultados positivos.

“Como todos sabemos, las poblaciones de peces están bajando. Los pescadores, cada año, con mayor esfuerzo, pescan menos producto. Si como pescador puedo aumentar mi salario con otras actividades y no tengo que pescar cuando hay una tormenta afuera, cuando los intermediarios están pagando un precio bajo o cuando no hay peces porque estamos fuera de la temporada, alternativas como el ecoturismo son muy importantes. No es la llave de oro, pero hay bastante potencial”, explica el especialista.

De acuerdo con la información obtenida de estas conversaciones con los pescadores, desde 2020 y hasta la fecha, se sabe de al menos 774 personas que reportaron capturas incidentales de tortugas marinas en las costas de 11 estados de la República mexicana —desde Baja California hasta Chiapas—, donde la mayoría de los casos tienen que ver con la interacción de las especies con redes de enmalle, seguidas de las redes de mano, palangres y redes de arrastre, como las más riesgosas para los quelonios.

“No queremos ser colonialistas y llegar para sacar datos y hacer pruebas, sino compartir los logros de los esfuerzos. Estamos comprometidos en mantener una estancia en las comunidades, para cultivar la amistad, la confianza y que los pescadores y las comunidades entiendan que los biólogos no están ahí sólo para capturar datos y salir, sino para ser socios, para ayudarles a largo plazo en la búsqueda de soluciones a la captura incidental”, afirma Seminoff.

Aunque la iniciativa es bastante joven y todavía se encuentra recabando datos, se apunta a que el camino para entablar el diálogo entre todos los actores sea cada vez menos complicado. Todo con base en información científica obtenida con el trabajo en equipo.

“Nuestro último paso es la divulgación de la información a los pescadores y las autoridades. Lo que queremos hacer es tener talleres de divulgación con todos y empujar la conversación, que los pescadores tengan voz y manejen sus propios recursos. Quizás así los pescadores tendrán más respeto a las autoridades y este sea un camino para cambiar la normativa, que sea más beneficiosa para los pescadores”, dice Seminoff.

En ningún lugar del mundo se ha logrado un manejo perfecto de las pesquerías y, en el caso mexicano, lo mínimo que se puede hacer es intentar mejorar las prácticas para reducir la mortalidad de las tortugas, agrega el especialista.

“Las tortugas son muy resilientes. Si les damos un poco de ayuda, la van a aprovechar y se van a recuperar, tenemos evidencia de esto con las tortugas verdes y golfinas en el Pacífico mexicano. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, particularmente, con la tortuga laúd; ojalá que pronto tengamos a todas las especies de México recuperadas”, concluye.

Equilibrio Azul: ciencia ciudadana para generar información

Un pescador se acercó a los científicos para notificarles su hallazgo en el mar ecuatoriano. En su faena de pesca, en 2015, habían caído cuatro enormes tortugas laúd (Dermochelys coriacea) en su red. “Para nosotros era impresionante. Nunca vemos las laúdes porque están en aguas abiertas, lejos, y cuatro en una sola red es un número bien alto”, narra Cristina Miranda.

La bióloga y ecóloga marina, coordinadora científica de la organización no gubernamental Equilibrio Azul, en Ecuador, explica que este fue el inicio —por pura coincidencia—, de un proyecto grande para colectar datos que no existían y conocer el estado de conservación de esta especie, para reducir, en consecuencia, su captura incidental en las pesquerías artesanales.

“Conversando con él, le dijimos: ‘Veamos cuántas caen. Trabajamos con tus familiares y con tus amigos para saberlo’. Y así arrancó. Los pescadores participaron como científicos ciudadanos y, cada vez que una tortuga caía en sus redes, ellos tomaban fotos, tomaban el punto GPS y nos enviaban esa información”, explica la especialista.

Esta información tan importante ha sido reunida, por ejemplo, en un informe publicado en 2020 por la Red Laúd del Océano Pacífico Oriental (Red Laúd OPO), un grupo de científicos y comunidades creado en 2012 —del que Equilibrio Azul es uno de los fundadores—, para recuperar esta población de tortugas en esa enorme fracción del océano que abarca desde Estados Unidos hasta Chile.

En este documento, se afirma que las tortugas laúd del Pacífico Oriental podrían ser la población de tortugas marinas en mayor peligro de extinción del mundo, de entre las siete especies que habitan los océanos. A pesar de los numerosos esfuerzos, la situación es tan crítica, dice el informe, que de no reforzar las medidas de conservación, la tortuga laúd podría desaparecer del planeta en los próximos 60 años.

“Uno de mis miedos más grandes es verlas extinguirse, sabiendo que hay tan poquitas ahora. Cuando nosotros analizamos los datos —que ahora tenemos de muchos años—, ya podemos ver tendencias sobre cuándo bajan, cuándo suben. Pero, a largo plazo, lo que quisiéramos, es ver más tortugas”, agrega la experta.

La información que han recopilado les ha permitido tener una idea de cuántas laúdes interactúan con los pescadores al año, cuántas de ellas mueren y cuántas son liberadas vivas. Además, el hecho de que los pescadores graben videos ha proporcionado datos a los especialistas sobre cómo es la manipulación para liberar a las tortugas y así utilizarla, con ellos mismos, para generar prácticas que no les causen daño a los quelonios. Lo que cada vez es más evidente —dice Miranda—, es el cambio de actitud de las personas que viven de los recursos del mar.

“Ahora, cuando los pescadores ven a una tortuga, ya no la ven como un animal que tienen que matar y que no pasa nada, sino que están conscientes de que las tortugas están en peligro y que hay que tratar de salvarlas”, asegura la científica.

Incluso, ya se les escucha gritar en los videos: “Si es necesario, ¡corta la red! ¡Corta la red para liberarla!”, afirma Miranda. “Eso significa que ellos están dispuestos a invertir, a perder dinero para salvar una tortuga. Yo sí creo que, a futuro, ese cambio de actitud, nos va a ayudar a salvar a las tortugas”.

Imagen principal:Es poco lo que se sabe de la tortuga carey desde que nace hasta que alcanza su madurez sexual. Foto: Equilibrio Azul

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Hoy se publicó un ranking de las mejores playas de Latinoamérica basado en criterios científicos de gestores y académicos de más de 10 países de la región. De acuerdo con el reporte del Centro Internacional de Formación, Gestión y Certificación de Playas, México ocupa el tercero y cuarto sitio en las categorías de playas urbanas con Punta Esmeralda, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, y El Corsario, de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Punta Esmeralda también obtuvo el cuarto lugar en la categoría de las mejores playas de El Caribe.

La evaluación considera 20 indicadores, entre los que se encuentran la calidad del agua y la arena; basura y residuos, servicios sanitarios, calidad ambiental, especies y condiciones del hábitat;  servicios e infraestructura, capacidad de carga, valor escénico, seguridad, vulnerabilidad y riesgo, entre otros.

El ranking tiene diferentes categorías: urbanas, rurales y de poblados; también se tiene un top ten general de las mejores playas de Latinoamérica, El Caribe y del Atlántico Sur. 

Adicionalmente, se elaboró un listado de las mejores cinco playas por cada uno de los países que fueron incluidos en los primeros sitios del ranking general. En el caso de México, las cinco mejores playas por orden de importancia son: Punta Esmeralda, El Corsario, Del Holi (Puerto Vallarta), Acapulquito  (Cabo San Lucas) y Camarones (Puerto Vallarta).

Según el documento, Cuba, Brasil, México y Argentina se ubican entre las cinco primeras posiciones del listado general.

El reporte de evaluación se puede descargar gratuitamente de la página web del Centro Internacional de Formación, Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS); aquí se pueden identificar las mejores playas por región geográfica, por tipo de playa y por país.

Además, cada playa tiene una ficha de evaluación y listado de los evaluadores. En resumen, se trata de una guía para que los turistas puedan escoger con tranquilidad la mejor playa a visitar, además de ser una herramienta para los responsables de gestionar esos espacios naturales.

“Este nuevo ranking tiene de todo: playas urbanas totalmente equipadas para una visita confortable, playas en poblados con el encanto de lo auténtico y playas rurales más agrestes y naturales. Playas para todos los gustos”, señala el comunicado.

Criterios de evaluación

Usualmente, los rankings de playas se han basado en criterios de mercadotecnia y opiniones de usuarios, pero sin un rigor metodológico, técnico o científico. Otros de las evaluaciones más comunes tienen que ver con el color del agua y arenas o el valor paisajístico en sentido general. También se da relevancia a la facilidad de acceso, oferta de servicios o la ostentación de certificaciones y estándares, dejando de lado aspectos ambientales.

“Lo que sucede es que en la inmensa mayoría de los rankings que vemos muchas veces se pierde de vista que las playas son, esencialmente, sistemas, o más precisamente: ecosistemas costeros. Significa que son mucho más que arena y mar”, señala.

A diferencia de otras clasificaciones, este nuevo ranking considera a la naturaleza y sus servicios ecosistémicos de forma integrada.

La transmisión del lanzamiento de las mejores playas de Latinoamérica se puede ver en la cuenta de Facebook de CIFPLAYAS https://fb.watch/l1JAq99W0Q/

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Autor: Yvette Sierra / Mongabay Latam

Cada año se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo.  De esa cantidad, por lo menos la mitad está destinada a utilizarse sólo una vez. Bolsas plásticas, botellas que se utilizan como envases de agua y bebidas gaseosas, sorbetes o popotes, envolturas y otros tantos productos se desechan a los pocos minutos u horas de haberlos adquirido y terminan acumulándose en ríos, lagos, océanos y suelos.

El informe Ahogarse en plásticos-Basura marina y residuos plásticos,  publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ofrece más datos preocupantes. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares.  Además, el plástico que llega a los vertederos y se quema produce humo tóxico que constituye una amenaza más para las personas y el planeta.

Las imágenes de islas gigantescas formadas por residuos plásticos flotando en los mares del mundo muestran la magnitud del problema que enfrenta la humanidad. Una de esas islas se encuentra frente a las costas de Chile y Perú, en el océano Pacífico, y tiene una dimensión de  2.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 260 millones de hectáreas.

El problema de contaminación por plástico no se restringe a mares y suelos. Partículas plásticas se han encontrado en  los alimentos que consumimos e, incluso,  en el aire, lo que representa un peligro para la salud de las personas por las sustancias y aditivos peligrosos con los que se producen estos materiales dúctiles.

El mundo está inundado por plásticos, señala la Organización de las Naciones Unidas en su publicación por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora desde hace 50 años cada 5 de junio y que en este 2023 se centra en difundir las soluciones para disminuir la contaminación por plásticos.

Uno de los pasos para encontrar estas soluciones ha ocurrido en París entre el lunes 29 de mayo y el viernes 2 de junio, cuando representantes de 175 países del mundo se reunieron en el segundo Comité Intergubernamental de Negociación para establecer un tratado vinculante que ponga fin a la contaminación por plástico.

La reunión en París

Encontrar soluciones para enfrentar el problema de la contaminación de plásticos es un  reto  inmenso, “pero no es insuperable», dijo el diplomático peruano Gustavo Meza-Cuadra Velásquez, presidente del comité que se reunió en París, Francia.

Al comienzo del encuentro mundial, Meza-Cuadra explicó que el objetivo de la  reunión era iniciar los debates para establecer qué elementos deben incluirse en un tratado que atienda la contaminación del plástico e identificar «los puntos de convergencia, los que necesitan más discusiones e investigaciones», así como los «puntos más delicados».

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“Definitivamente estamos ante un problema muy grave y por eso es tan importante dar paso a este tratado. Si vemos las cifras nos sentimos pesimistas, pero creo que, por el contrario, tenemos que ser ambiciosos en los acuerdos para, efectivamente, poner freno a la cantidad de plástico que estamos produciendo, consumiendo y arrojando al ambiente. Es la única manera de parar la contaminación”, dijo Carmen Heck, abogada especializada en derecho pesquero, ambiental y de recursos naturales de la organización Oceana, en Perú a Mongabay Latam.

Para Heck es importante que los países que participan en las negociaciones sean lo suficientemente ambiciosos para “lograr reducir esta marea plástica que está en nuestros océanos y en nuestro ambiente en general, incluso nuestro propio cuerpo. Pero al mismo tiempo creemos que es importante que los países sean consecuentes con este interés que se está mostrando a nivel internacional y se pongan a trabajar en la implementación de su ley de plástico”.

En ese sentido, Heck menciona lo que ha sucedido en Perú. En 2018, el país aprobó la Ley que regula el uso de plástico de un solo uso, sin embargo, señala la abogada, su implementación ha sido muy baja. “Perú empezó bien, aprobando esta ley que en su momento fue de vanguardia para Latinoamérica. Lamentablemente en su implementación no hemos tenido el mismo ímpetu ni el mismo liderazgo”, agrega la experta que precisó que aún están pendientes de aprobación una serie de instrumentos para que la ley y su reglamento puedan ser efectivos.

Durante las negociaciones en París surgieron  algunos obstáculos para encontrar consensos. Hasta ahora, países como Arabia Saudita, Rusia, China, India y Brasil se oponen a que el tratado se apruebe por dos tercios de las votaciones. “Nos estamos perdiendo lo que nos une aquí, que es la contaminación plástica”, dijo la representante de la delegación de México, Camila Zepeda, ante las trabas que se estarían presentando. «Estamos perdiendo el tiempo y la energía en discusiones que dan vueltas», agregó.

Según el estudio Comercio mundial de plásticos: perspectivas de la primera base de datos del su ciclo de vida, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los mayores exportadores de formas primarias de plástico son Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Arabia Saudí y Corea del Sur, mientras que China es el principal exportador de productos manufacturados intermedios y finales derivados, incluidos los textiles sintéticos y los envases de plástico vacíos. También es el principal importador de plásticos primarios.

El informe también indica que “el comercio mundial de plásticos supera la enorme cifra de un trillón de dólares al año [un millón de millones], es decir, el 5 % del comercio total de mercancías. Esta cifra es un 40 % superior a las estimaciones anteriores e involucra a prácticamente todos los países”.

En un comunicado del 2 de junio, la organización ambientalista Greenpeace señaló  que “está claro que los países productores de petróleo y la industria de los combustibles fósiles harán todo lo que esté a su alcance para debilitar el tratado y retrasar el proceso. Y es que se estima que para el 2030, el 20 % de la producción total mundial de petróleo será utilizada para la fabricación de plástico”.

El petróleo crudo y el gas natural proporcionan la materia prima para alrededor del 99 % de todos los plásticos. Los gránulos de polipropileno y polietileno que resultan de ambos combustibles fósiles son moldeados y transformados en envases de plástico de un solo uso.

El estudio “Ahogarse en plásticos”, realizado por la ONU, advierte que “si no se toman medidas significativas, se prevé que los flujos de residuos plásticos hacia los ecosistemas acuáticos casi se tripliquen, pasando de unos 11 millones de toneladas en 2016 a unos 29 millones de toneladas en 2040”.

El encuentro en París que se realizó durante la última semana de mayo fue la segunda de las cinco etapas establecidas para llegar a un acuerdo sobre el ciclo de vida del plástico y el fin de su propagación para el año 2040. La iniciativa surgió en febrero de 2022, durante el quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se realizó en Nairobi, Kenia.

En esta cita se aprobó una resolución internacional con miras a establecer un acuerdo vinculante, es decir, que obligue su cumplimiento a los países firmantes, y se definió que dicho tratado debe concretarse para el año 2024.

Un mundo de plástico

“La contaminación plástica y el petróleo, al final, es lo mismo. Está todo conectado, porque la contaminación plástica que vemos en las playas es básicamente un derrame de petróleo ya que el 90 % de todos los plásticos de un solo uso, y que encontramos en las playas de todo el planeta, son básicamente plásticos derivados del petróleo”, señala Juan Pablo Muñoz-Pérez, investigador del Galapagos Science Center de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.

Lo que estamos viendo —continúa Muñoz-Pérez—  es un derrame de petróleo que debería ser tratado como tal, pues el plástico, los nanoplásticos y los microplásticos son contaminantes persistentes derivados del petróleo y la legislación debe considerarlos así. “Espero que eso se incluya en el tratado que se está negociando”.

El investigador Muñoz-Pérez señala que las Islas Galápagos, un área protegida en Ecuador, no es la excepción a los niveles de contaminación por plástico que impactan en el mar. “Son las áreas más alejadas, las más prístinas y las más protegidas, a las que menos personas tienen acceso en el planeta, pero lamentablemente también están contaminadas. La razón es que, de alguna manera, todo el planeta está contaminado con plástico”.

En la investigación científica Galápagos y el problema del plástico, elaborada por Muñoz-Pérez en colaboración con otros once científicos y publicada en marzo de este año, se indica que “las cinco biorregiones de Galápagos muestreadas están contaminadas con plástico a lo largo de sus costas… Según la información de identificación encontrada en los artículos examinados, el tereftalato de polietileno (PET) fue el tipo de plástico más predominante procedente de productos de consumo y de la pesca provenientes principalmente de Perú, China y Ecuador”. Según el estudio, estos productos provienen principalmente de fabricantes como AjeCroup, Coca-Cola y Tingy Holding Corporation. 

El estudio permitió documentar la exposición a plásticos en 52 especies, 20 de ellas endémicas, tanto terrestres como marinas, que resultaban afectadas por enredo o ingestión de productos de plástico. Fueron ocho especies de reptiles, 13 de aves, 4 de  mamíferos y 27 peces.

Los resultados indicaron que las especies con mayor riesgo, debido a los enredos, fueron las tortugas marinas verdes, iguanas marinas, tiburones ballena, móbulas de cola de espina y pinzones terrestres. La ingestión de plásticos afectan más a las tortugas de Santa Cruz, las salemas de rayas negras, los leones marinos de Galápagos, así como a las tortugas marinas verdes y las iguanas marinas.

Muñoz-Perez también menciona que en Galápagos se aprobó una ley para prohibir  la venta de bebidas en envases plásticos de un solo uso. “La única manera para que se vendan bebidas, aquí en Galápagos, es en envases retornables y está funcionando, pero Galápagos tiene una población pequeña y el impacto a nivel mundial es mínimo. Si logramos que empresas grandes vuelvan a los envases retornables en todo el mundo, estaríamos de alguna manera ayudando a solucionar el problema”.

El científico Martin Thiel, de la Facultad Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN) y del centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), ambas en Coquimbo, Chile, señala que aún se desconoce la real dimensión de los impactos por la contaminación por plásticos.

“Sabemos que algunas especies están más impactadas que otras y que hay algunas regiones donde se acumulan todos los plásticos. Pero, además, todos los estudios que se están haciendo indican que los plásticos van a aumentar en los próximos años. Aunque hoy paremos de usar plásticos, la exposición seguirá aumentando”, dice Thiel.

La investigación Una creciente nube tóxica de plástico estimada en más de 170 billones de partículas de plástico que flotan en los océanos del mundo: se requieren soluciones urgentes—publicada en marzo de 2023 en la revista científica Plos One—,en la que participó Thiel junto a otros nueve científicos, presenta esta cifra escalofriante sobre la cantidad de plástico acumulado en los océanos del planeta.

El investigador indica que en el año 2014 se realizó un primer diagnóstico de los océanos en el que se encontró, en algunas zonas, cantidades altas de plástico. Sin embargo, en los últimos años el “aumento es realmente dramático”, asegura Thiel, “es como 30 veces más de lo que vimos diez años atrás. Estamos muy preocupados porque hemos visto efectos en muchos lugares. Y no es todo lo que hay en el océano”.

Thiel señala que además del plástico que se puede observar en la superficie de los océanos, también hay acumulación en zonas más profundas. “Todos los plásticos que se hunden en el océano profundo o que están incorporados en los sedimentos o en los organismos, no los estamos captando. Estamos realmente preocupados por este resultado y  hacemos un llamado a que realmente se tomen medidas significativas”.

La presencia de plásticos no está sólo en las playas y mares. Thiel explica  que los estudios inicialmente se enfocaron en los océanos y en las playas de arena, pero que luego se percataron del rol que tienen los ríos para transportar plásticos y basura desde el interior de la tierra hacia los mares. “Ahora estamos empezando también a mirar en la tierra. Sabemos que en las ciudades donde vivimos se genera mucho de este plástico… pero también en tierras de agricultura intensiva donde, por ejemplo, se producen verduras con sistemas de cobertura de plástico”.

El científico también menciona las áreas protegidas que están expuestas a esta contaminación. “En los mares en el Pacífico tenemos áreas marinas protegidas muy extensas, con estándares de conservación muy altos como Rapa Nui, Galápagos y Hawai, pero a las que llegan los plásticos de todas partes, por las corrientes que las rodean y que trasladan esta basura”.

Ante esta excesiva contaminación, Thiel considera que lo mejor es reducir el consumo de los plásticos desechables o de un solo uso. “Hay un consenso en el mundo científico de que estos plásticos los tenemos que abandonar y regresar a un sistema con productos reutilizables”. Sin embargo, manifiesta que hay intereses y presiones económicas que se interponen ante esta solución.

Eso no significa que se deba rechazar todos los productos de plástico, dice el científico, sino aquellos de un solo uso. “Lo estamos utilizando de forma equivocada y eso genera todos los problemas, pero soluciones hay. Por eso es importante que los gobiernos implementen esas soluciones”.

*Este texto se publicó originalmente en Mongabay Latam. Son Playas reproduce el contenido con autorización del medio de comunicación.

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Por: Raquel Zapien/Son Playas

Quito, Ecuador.- A un año y medio de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se dio inicio al diseño del plan de acción para la protección, acceso a la justicia y reparación de daños a personas defensoras del medio ambiente, documento que deberá presentarse para su aprobación en el 2024, durante la celebración de la Conferencia de las Partes.

De esta manera se pretende que los Estados signatarios del tratado regional garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Acuerdo.

Las líneas de acción que serán incorporadas en el documento se discutieron en las mesas de trabajo que se realizaron durante el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, con sede en Quito, Ecuador, el 22 y 23 de noviembre y con la participación de más de 120 personas de 20 países.

El foro de dos días inició y concluyó con denuncias de agresiones, desplazamiento, asesinatos y criminalización, expuestas por líderes indígenas de Colombia, Brasil y Guatemala.

“En el continente todos los pueblos originarios no tenemos acceso a la justicia, se nos sigue tratando con mucha discriminación y con mucho racismo. En Guatemala se han impuesto megaproyectos en donde despojan y saquean los bienes de la vida que nosotros venimos cuidando”, advirtió Bernardo Caal, líder del pueblo maya q’qeqchí, quien hace siete meses salió de la cárcel tras cuatro años de prisión. Su detención se dio después de firmar un amparo en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas de la compañía Oxec sobre el río sagrado Cahabón.

El maestro, víctima de criminalización, acusó al Estado de estar al servicio de quienes despojan y saquean a los pueblos, sin tomar en cuenta a sus habitantes. Algo similar ocurre en la Amazonía brasileña, en donde empresas mineras y madereras invaden los territorios de las familias indígenas, según denunció la representante de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kakinde, Neidinha Cardoso.

“La situación que vivimos en Brasil es extremadamente seria, la minería ha matado a niños, mujeres y hombres indígenas, ha asesinado a defensores del medio ambiente y en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Bolsonaro, vivimos momentos de verdadero terror sin que los pobres indígenas, los afrodescendientes y la población que lucha por los derechos humanos del medio ambiente puedan vivir de una forma tranquila”, señaló durante el primer panel del foro.

Dijo que en la Amazonía hay 14 pueblos indígenas aislados que sufren la amenaza de genocidio sin ningún tipo de protección. Las mujeres, niñas y niños, son la población más vulnerable ante estos peligros.

“Niñas y niños están siendo violados para que las empresas y personas se enriquezcan”, alertó.

Las mujeres, niñas y niños del departamento andino-amazónico Putumayo, en Colombia, también han sido los más vulnerables ante la llegada de empresas mineras que buscan cobre y de grupos armados que atacan a sus pobladores obligándoles a abandonar sus tierras, según el testimonio de Elvira Jossa, líder indígena de la Asociación de Pensamientos Ancestrales ‘Oh Corey’.

“Es duro, no es fácil ser mujer, ser indígena y ser desplazada y tener que salir de tu territorio; no es fácil enfrentarte a esta vida”

Elvira Jossa

Horas más tarde, otra de las líderes participantes del foro, Zulma Yulier Ulcre, del pueblo Nasa de Colombia, recibió la noticia de que dos de sus compañeros fueron asesinados por defender el territorio. Ella misma hizo público el suceso durante la clausura del evento que reunió a representantes de pueblos indígenas, organizaciones ciudadanas, instancias internacionales y de los gobiernos signatarios del Acuerdo de Escazú. Después, la audiencia se puso de pie y guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Entonces, el representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América del Sur, Francisco Xavier Mena, reconoció que en Latinoamérica se registran tres de cada cuatro asesinatos de defensores ambientales que se reportan a nivel mundial y urgió a los países a adherirse al tratado y proteger a las y los defensores.

Pese a la relevancia del tema, no se programó la cobertura de medios de comunicación en el evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

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Las estadísticas

Por otra parte, los registros de la organización Global Witness indican que en los últimos 10 años han sido asesinadas al menos 1733 personas defensoras de la tierra y del ambiente en el mundo. Tan solo el año pasado se documentó el asesinato de 200 personas, lo que representa un promedio de casi cuatro crímenes por semana. En esta ocasión, México ocupó el primer lugar con un total de 54 asesinatos, de los cuales, más del 40% corresponde a indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

De acuerdo con el informe presentado en septiembre de este año por esa organización, los ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras “que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.

Durante un panel del foro, Francisca Stuardo, asesora de Global Witness, manifestó que muchos de estos asesinatos podrían haberse evitado si se contara con políticas públicas de protección, pues una parte de las víctimas ya había denunciado de forma pública y ante autoridades los riesgos a los que se enfrentaban.

Las propuestas

A través de mesas de trabajo, las personas que asistieron al foro propusieron medidas de prevención, protección, respuesta y acceso a la justicia para quienes defienden el medio ambiente, así como mecanismos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Se destacó la necesidad de que se capacite en temas de derechos humanos y asuntos ambientales a servidores públicos de todos los poderes y ámbitos de gobierno, incluyendo a policías y fuerzas armadas. También se hizo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información clara y oportuna; que todas las acciones previstas en el plan tengan perspectiva de género e intercultural y que se reconozca la labor de las personas defensoras.

En las conclusiones se incluyó la creación o fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y comisiones nacionales de seguimiento y vigilancia. Además de echar a andar estrategias de prevención y protección, se pide que los Estados signatarios incluyan presupuestos suficientes, mecanismos de ejecución rápidos y que respondan a diferentes situaciones y/o contextos.

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En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas que cubren temas de medio ambiente deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del citado tratado internacional, especialmente quienes laboran en medios de comunicación locales y de forma independiente.

Todas estas propuestas serán incluidas, junto con la opinión de expertos, en un plan de acción que establecerá mecanismos para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho documento será presentado para su aprobación por los estados signatarios en la Conferencia de las Partes  (COP) que se realizará en el 2024.

Previamente, se presentará un informe del primer foro en el marco de la COP 2023 que está programada para abril en Argentina, mientras que el borrador del plan de acción será expuesto para su revisión en noviembre de ese mismo año en un segundo foro.

Participación ciudadana

La participación de las organizaciones ciudadanas ha sido y será un motor para que el primer tratado ambiental de la región avance, aseveró Olimpia Castillo Blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental S.C., quien ha participado desde los orígenes de esta iniciativa.

“El Acuerdo de Escazú podrá ser el mejor instrumento del mundo pero si no movilizamos para que se cumpla no va a suceder nada”

Olimpia Castillo Blanco.

Mencionó que si bien existe una amplia representación de organizaciones civiles en el proceso, hay defensoras y defensores que no se han podido integrar a la discusión por limitantes geográficas y digitales. Otro reto es garantizar que las mujeres sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación del plan de acción del Acuerdo con una perspectiva de género.

Sobre este último tema, la organización Veredas A.C. advirtió que aún falta que se reconozca el liderazgo de las mujeres que están en la primera línea de defensa del territorio. A través de un posicionamiento, también señaló que los avances del Gobierno mexicano han sido limitados, entre otras cosas, porque hasta el momento no existe un diagnóstico de la situación de las personas defensoras y porque en las dos reuniones que se han realizado para validar el tratado ha faltado mayor representatividad de las personas defensoras de comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, Irene Murillo, una de las seis personas electas como representante del público para integrar el grupo de trabajo del Acuerdo de Escazú, manifestó que la sociedad civil seguirá estando representada para hacer planteamientos a los Estados, como ha ocurrido desde el principio.

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Sobre el Acuerdo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y un año después se realizó la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1).

Este tratado regional busca garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó a Son Playas que de los 33 países de la región, 24 han signado el Acuerdo y 12 lo han ratificado; se espera que Colombia también lo ratifique al contar con la aprobación de las cuatro instancias de debate legislativo de ese país.

Su implementación en México

México ratificó el tratado el 22 de abril del 2021. Anteriormente, ha signado otros tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel nacional se dispone de un marco jurídico aplicable al Acuerdo de Escazú, tal es el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de leyes ambientales. Con el Acuerdo de Escazú, se espera que las leyes mexicanas se perfeccionen, se impulsen, se apliquen y se eleven los niveles de efectividad en la protección de las y los defensores del medio ambiente.

DATOS

• El portal de periodismo ambiental mexicano, Son Playas, participó en un panel y mesa de trabajo para exponer la necesidad de que se considere la labor de periodistas ambientales en los mecanismos de protección del tratado.
• El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú para dar cumplimiento al artículo 9 del tratado.

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Texto: Aleida Rueda/SciDev.Net

[CIUDAD DE MÉXICO] Cada año, millones de toneladas de desechos plásticos salen de Estados Unidos, vía mar o tierra, rumbo a países de América Latina para que, en teoría, sean reciclados.

Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región denuncian que el reciclaje es solo un pretexto que usa el país norteamericano para deshacerse de los residuos que no son aptos para reciclar, y enviarlos a países en desarrollo aprovechando su falta de regulación y control aduanero.

Aunque el fenómeno ha existido desde hace años, en 2018 hubo un cambio radical en el tablero geopolítico de desechos que agudizó el comercio de residuos plásticos de países desarrollados a los no desarrollados.

En enero de ese año, China, que recibía el 45 por ciento de los desechos plásticos del mundo, impuso restricciones a la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluyendo los plásticos.

El flujo transfronterizo de los desechos plásticos por parte de Estados Unidos y Europa, principalmente, tuvo entonces que cambiar de ruta en busca de nuevos territorios. En ese reacomodo, países del sudeste asiático, como India, Indonesia, Vietnam y Malasia, se volvieron los nuevos destinos de las miles de toneladas que antes importaba China.

Pero no fueron los únicos. Diversas organizaciones civiles de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés) han documentado en los últimos tres años que la decisión de China también está afectando a América Latina, especialmente a México, El Salvador y Ecuador, que se han convertido –en menos de cuatro años– en los recipientes emergentes de la basura plástica de EEUU.

“Muchos residuos terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”.

Informe “El colonialismo de la Basura no se detiene en América Latina”, septiembre 2022

“Es el colonialismo de la basura”, asegura GAIA en su reporte más reciente, publicado el 15 de septiembre de 2022. “Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje (…), gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos”.

El informe de GAIA dice que, en el mejor de los casos, estos residuos se reciclan, pero en muchas otras ocasiones “terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”, y propiciando problemas para la salud de las comunidades recolectoras.

Este falso reciclaje es posible porque en los países de América Latina hay condiciones que lo permiten: generalmente se tienen regulaciones débiles sobre importación de residuos, falta control en aduanas, no hay suficiente infraestructura para reciclar; además de que hay vínculos opacos entre gobiernos y empresas recicladoras, y una ausencia de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos.

Todos estos factores han vuelto a la región un terreno irónicamente fértil para recibir la basura de otros, disfrazada de “residuos reciclables”, sin prácticamente ninguna restricción.

Los datos del Import/Export Census Bureau de los Estados Unidos muestran que en 2020 y 2021 Estados Unidos exportó 200 mil toneladas de residuos plásticos a América Latina. El informe de GAIA reporta que la mayoría de ellos llegaron a tres países: México recibió 147.897 toneladas; El Salvador, 20.975; y Ecuador, 12.791 toneladas.

Esos residuos incluyeron etilenos, estirenos, PVC, botellas de politereftalato de etileno, mejor conocidas como PET, y “otros plásticos o mezclados”, pero no hay información exacta de la composición de las importaciones, ni sobre cuántos de esos plásticos fueron reciclados y cuántos terminaron acumulados, enterrados o incinerados.

El problema ha alertado, incluso, a la Organización International de Policía Criminal (Interpol). En un  reporte de agosto de 2020, la organización advirtió que el traslado de residuos plásticos estaba generando patrones criminales: se declaran falsamente como “destinados a la recuperación”, o como “no peligrosos”, cuando en realidad están contaminados o mezclados con otros flujos de residuos.

En ese informe, la Interpol advirtió que el sector de los residuos “sufre una serie de actividades ilegales, perpetradas de forma más o menos organizada con el fin de obtener beneficios evitando los costes del tratamiento adecuado de los residuos o creando oportunidades de negocio ilegales y rentables”.

Diversas situaciones están permitiendo una nueva colonización en América Latina a través de los residuos plásticos. Y una de ellas son los huecos en las regulaciones internacionales.

“Reciclaje”, ruta para evadir el Convenio de Basilea

Hace exactamente 30 años, en 1992, entró en vigor el Convenio de Basilea, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que buscaba que todos los países firmantes limitaran el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para así proteger el ambiente y la salud humana.

El Convenio fue una respuesta a un fenómeno que estaba sucediendo en los años 80:  varios buques, provenientes de países desarrollados, vertían desechos tóxicos en países en vías de desarrollo como Nigeria, Filipinas y Haití, a cambio de atractivos pagos.

Muchos años después, en 2019, tuvo efecto la Enmienda de Prohibición, que justamente prohibía que los países desarrollados exportaran residuos peligrosos a países en desarrollo.

Fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la Enmienda de Residuos Plásticos, la cual establece que antes de que los exportadores envíen “desechos plásticos contaminados, mezclados o no destinados al reciclaje ambientalmente racional”, deben obtener el consentimiento de los países receptores, y estos tienen el derecho de rechazarlos.

Ahí está la clave de lo que sucede ahora. Como existe la posibilidad de que los países receptores se nieguen a recibirlos, algunas empresas exportadoras e importadoras han encontrado una ruta para evadir la norma: por un lado, declaran los residuos como destinados al reciclaje y, por otro, esquivan los controles (si es que los hay) para verificar que sean aptos para ello.

Es una fórmula infalible: los países exportadores se deshacen así de los residuos que son difíciles y costosos de reciclar, y las empresas importadoras de los países destino reciben el pago por este reciclaje sin tener que demostrar que realmente lo hacen. Todo a la vista de gobiernos que no tienen el control o el interés de evaluar qué se transporta ni a dónde.

De acuerdo con el informe de GAIA de 2020, “las empresas de los países de ingresos altos han estado exportando al extranjero productos mixtos, muy contaminados, y residuos plásticos a menudo no reciclables para evitar los costos de rediseñar, desarrollar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor o infraestructura de reciclaje, entre otros”.

Esto también es resultado de que el reciclaje en Estados Unidos es cada vez más caro. El informe de la Interpol destaca que “las instalaciones de reciclaje estadounidenses han aumentado significativamente sus tarifas de procesamiento” debido a “los mayores niveles de impurezas en los residuos de plástico tratados en el país”.

Un ejemplo es una de las principales plantas de reciclaje, ubicada en Alabama, que, según la Interpol, ha duplicado sus tarifas de procesamiento, pasando de US$ 30 a 65 por tonelada desde octubre de 2019. De manera que resulta más barato y fácil enviarlo a otros lugares, como México.

Pero los residuos plásticos no son los únicos que se importan por fuera de las regulaciones internacionales. El Convenio de Basilea, específicamente las Directrices sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Electrónicos, tiene otros huecos que están permitiendo la exportación de residuos electrónicos muy peligrosos con fines de “reparación”.

En el punto 12, esas Directrices reconocen que muchos equipos eléctricos y electrónicos usados se exportan a países en desarrollo “supuestamente para su reutilización”, pero un elevado porcentaje de ellos “no son adecuados para su uso posterior o no son comercializables, por lo que deben eliminarse como desechos en los países receptores”.

Delegados de la organización Basel Action Network advierten en un comunicado publicado hace unos días que “mientras un exportador afirme que sus contenedores de chatarra electrónica están destinados a la reparación, todas las autoridades pueden mirar hacia otro lado, ya que Basilea no es aplicable”.

Destacan, además, que este “hueco” en la ley debe repararse y discutirse en la 11ª reunión de las Partes del Convenio de Basilea, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, en mayo de 2023, pues “el estatus quo ya es inaceptable”, dicen.

México: el vertedero de su vecino del norte

No hay otro país en la región que haya recibido en los últimos años tantas toneladas de residuos plásticos de Estado Unidos como México.

Según los datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de Comercio Exterior (SIAVI) de México, las 58.243 toneladas de residuos plásticos que el país recibió en 2017 pasaron a 130.316 toneladas en 2021.

Pero más que las cantidades, importa la forma en la que entran al país. El informe de 2022 de GAIA dice que “es posible que muchos residuos plásticos estén entrando desde Estados Unidos por la frontera terrestre, con pocos o nulos controles aduaneros”.

La abogada y defensora de derechos humanos, Darinka Carballo, coincide en esa posibilidad porque ha visto decenas de camiones anónimos que permanentemente descargan residuos en asentamientos ubicados a unos pocos kilómetros de Tijuana, Baja California, al norte de México y colindante con California, que es, por mucho, la entidad de Estados Unidos que más residuos plásticos exporta a México.

Uno de esos asentamientos es El Pueblito. “Es un asentamiento poblacional irregular que no tiene ningún servicio público, a unos 500 metros de donde los camiones de basura, tanto del Ayuntamiento de Tijuana como vehículos sin identificación, van y depositan”, informa Carballo.

Ella calcula que puede haber 400 personas viviendo en El Pueblito “en condiciones paupérrimas, sin higiene, sin servicios de salud”.

En todo ese espacio, “se observan fogatas, y personas en cuclillas, absolutamente tiznadas, realizando separación del plástico y del cobre (…) queman el plástico y se quedan con el cobre, que es de lo más caro que pueden vender”, dice la abogada.

No se tienen datos de las condiciones de salud de los habitantes de El Pueblito, pero Carballo afirma que muchas de estas familias inhalan permanentemente el humo producido en las incineraciones, por lo que podrían estar respirando dioxinas y otros compuestos relacionados.

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Una revisión sobre la incineración de plásticos, publicada en 2019 por investigadores de la Universidad Federal de Tecnología, en Nigeria, advierte que “los humos de los residuos de plástico liberan aditivos halogenados y cloruro de polivinilo, mientras que los furanos, las dioxinas y los bifenilos policlorados (PCB) son liberados por la incineración de plásticos en el medio ambiente”.

Estar en contacto con ellos puede generar irritación en los ojos o el tracto respiratorio, pero también afectaciones más graves como efectos carcinógenos o daños en huesos, hígado, o en los sistemas nervioso, digestivo o respiratorio. Sin servicios de salud ni monitoreos médicos, es imposible saber si la gente de El Pueblito tiene alguno de esos padecimientos.

En todo caso, tampoco serían los únicos afectados. El mismo artículo dice que, “en el proceso de incineración de plásticos, se produce hollín, cenizas y diferentes polvos, que acaban depositándose en las plantas y el suelo, con el potencial de migrar al medio acuático”.

Por ejemplos como el de El Pueblito es que integrantes de la sociedad civil están exigiendo al gobierno mexicano que detenga la importación ilegal de residuos plásticos y electrónicos desde Estados Unidos, pero éste ha optado por impulsarla argumentado que será una oportunidad económica para el país.

Integrantes de las asociaciones civiles Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás y Fronteras Comunes hicieron 65 solicitudes de información a nivel federal sobre la entrada de desechos plásticos al país por diversos puertos, de las cuales solo cuatro tuvieron respuestas parciales.

De acuerdo con el informe de estas asociaciones, citado en el reporte 2022 de GAIA, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuentan con información relacionada con este movimiento de residuos plásticos, por lo que no hay certeza de su peligrosidad, ni del destino final de las importaciones de desechos plásticos una vez que entran al país.

“¿A dónde van estos plásticos que se están importando? ¿Se están yendo a cementeras, a rellenos sanitarios, a tiraderos clandestinos? No sabemos. Hemos preguntado a gobiernos municipales y gobiernos estatales. Nadie sabe quién está reciclando residuos plásticos importados aquí en México”, dice a SciDev.Net José Manuel Arias, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. y uno de los autores del reporte del caso México.

Arias está convencido de que “es necesario desmontar esa política pública que promueve a México como el vertedero de nuestro vecino del norte. Solo el poder ciudadano puede lograrlo y estamos trabajando en ello”.

Ecuador: los opacos vínculos entre empresas y gobierno

En junio de 2019, el gobierno ecuatoriano lanzó un comunicado de prensa en el que aseguraba: “Ecuador no es, ni será receptor de basura de ningún país del mundo”. Era su respuesta a una denuncia periodística sobre los flujos globales de residuos plásticos que incluyó al país como el único latinoamericano en la lista de los 13 mayores receptores de estos residuos por parte de Estados Unidos.

Pero los datos más recientes, publicados en febrero de 2022 por la Alianza Basura Cero de Ecuador, en coordinación con GAIA, muestran lo contrario: entre 2018 y enero de 2022, Ecuador importó 48.473 toneladas de desechos plásticos que entraron al país en transporte marítimo; de ellas, 27.338 toneladas (57 por ciento) provinieron de Estados Unidos, convirtiéndose así en el tercer país de América Latina que más desechos importó de dicho país.

Las investigadoras a cargo de ese estudio: María Fernanda Solíz Torres, de la Universidad Simón Bolívar, en Quito, y la periodista de investigación, Susana Morán Gómez, integrantes de la Alianza Basura Cero de Ecuador, reportan en su informe que el 75 por ciento de los desechos plásticos que entraron al país por la partida arancelaria 3915 lo hicieron bajo la denominación “desperdicios plásticos”, clasificación ambigua que impide conocer con mayor detalle el tipo de desecho que ingresa al Ecuador.

“El gobierno ha negado constantemente que Ecuador importe desechos plásticos. En realidad, lo que dice es que el Estado no importa, sino que lo hacen empresas ecuatorianas recicladoras en su gran mayoría”, expresa Morán Gómez a SciDev.Net.

Esa es la esencia del problema, porque las empresas recicladoras “consideran que están haciendo un trabajo a favor del ambiente al recuperar desechos o incluso importarlos para sus procesos productivos, y en eso coinciden con el Estado. Entonces el gobierno los ampara muchísimo”, explica Morán.

En su libro La partida 3915. Importación de desechos plásticos en Ecuador, publicado en 2021, Fernanda Solíz expone que en 2020 el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, puso “candado a los datos relacionados con las empresas que exportan desechos”, usando el pretexto de que se trataba de información personal que debía solicitarse a cada empresa.

Así que Solíz lo hizo. Junto con Susana Morán, contactaron a las 13 empresas recicladoras más importantes del país en busca de información sobre el tipo y volumen de sus importaciones de plásticos. La mayoría de las compañías se negó a dar información.

Las pocas que lo hicieron confirmaron varias inconsistencias sobre la importación de plásticos. Un ejemplo son las tuberías para riego que se usan en la industria agrícola de Estados Unidos, y que trae la principal importadora de plásticos del país.

“Los directivos reconocieron que este tipo de desechos agrícolas vienen muy sucios al Ecuador. Por ejemplo, si ellos importan 10 kilos, 5 kilos son de tierra, porque las tuberías de riego están en la tierra y los agricultores norteamericanos no se dan el trabajo de lavar las tuberías para mandarlas a países subdesarrollados como Ecuador. Entonces acá, los empresarios traen estas tuberías plásticas sucias y las lavan con nuestros propios recursos naturales”, subraya Morán.

“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base”.

Susana Morán, periodista de investigación de Ecuador

En una respuesta por escrito a SciDev.Net, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador afirma que, con base en la Ley de Plásticos de un solo uso, la importación de residuos plásticos está prohibida. Sin embargo, existe una “dispensa temporal”, cuyo mecanismo de ejecución fue publicado el 3 de octubre de 2022.

Esta dispensa permite importar residuos plásticos siempre que se cumplan tres requisitos: “1. Cuando el fin solamente sea el aprovechamiento; 2. Cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con ello se garantice la adecuada gestión ambiental, y 3. Hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad efectiva de los residuos plásticos generados en el país”.

De acuerdo con la investigación de la Alianza Basura Cero de Ecuador, estos requisitos no se han venido cumpliendo pues estas empresas aseguran que importan plásticos para sus propios procesos productivos cuando, según varias entidades ecuatorianas, más del 90 por ciento de los residuos se entierran.

La ironía parece obvia: las empresas importan plásticos para reciclar cuando en el país hay un exceso de plásticos que no se reciclan.

“Para los empresarios es mucho más sencillo importar que promover prácticas de reciclaje o de fortalecimiento de los recicladores de base que existen en la ciudad”, dice Morán.

Los vínculos entre gobierno y empresas también impactan en las revisiones en aduana. Las investigadoras destacan que en 2021 el gobierno ecuatoriano hizo algunas inspecciones, pero sin mucho éxito porque, por un lado, las hicieron en traslados por tierra, cuando el 94 por ciento de las importaciones de residuos plásticos suceden por mar. Y, por otro lado, fueron esfuerzos aislados que se suspendieron debido a la presión de las empresas.

“A la fecha no existe ningún informe, al menos público, de que se hayan hecho esas inspecciones y de que, efectivamente, se haya verificado que todo lo que importaron fue usado en sus cadenas de producción por las empresas”, señala Morán.

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Argentina y Chile: diferentes residuos, patrones similares

A pesar de que México y Ecuador, además de El Salvador, del que todavía no se tienen muchos datos, han sido los recipientes emergentes de los residuos plásticos de Estados Unidos, eso no significa que no haya señales similares en otros países.

En Argentina, por ejemplo, la Alianza Basura Cero consiguió datos de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos (DNSyPQ) que muestran un aumento considerable de las importaciones de residuos de PET (el único tipo de residuo plástico que informan): en 2011-2015 se importaron 200 toneladas de residuos de PET, mientras que en 2016-2020 fueron 1.864 toneladas.

La mayoría proviene de Estados Unidos y Brasil, y son importadas por empresas de empaques como Tetra Pak, Petropack, Dupont y Dak Americas.

No hay datos sobre aumentos en las importaciones de otros residuos plásticos, pero Cecilia Bianco, ingeniera y coordinadora del área de Tóxicos en la organización Taller Ecologista, en Argentina, plantea que el patrón es el mismo que Ecuador: el país importa residuos que abundan en el país.

“Es injusto importar residuos de papel, cartón, plásticos, cuando los hay en abundancia. Sólo que hay que gestionarlos debidamente. Los residuos sólidos urbanos son propiedad de los municipios y comunas, pero se recicla sólo el 10 por ciento”, dice a SciDev.Net.

“Y esta es una realidad en toda Latinoamérica: la ausencia de gestión es la que habilita la importación”, indica Bianco. Las importaciones seguirán “si no hay una legislación clara que prohíba el ingreso de residuos” y sin que “exista una aduana que lo controle”.

Por su parte, en Chile ocurre algo paradójico: las organizaciones chilenas que abogan por una mejor gestión de los residuos están más preocupadas por las exportaciones que las importaciones de residuos plásticos.

El informe más reciente de la Alianza Basura Cero en Chile, publicado en junio de 2022, advierte que de 2015-2017 a 2018-2020 las exportaciones de estos materiales disminuyeron en 5 mil toneladas.

Esto, dice el documento, “abre dudas preocupantes sobre el destino final de estos residuos”, porque si esos residuos no salieron del país y tampoco fueron reciclados dado que la tasa de reciclaje no aumentó, “¿dónde terminaron? ¿rellenos sanitarios, vertederos, ríos, lagos, playas, se incineraron?”.

“Nuestra hipótesis es que se están disponiendo en vertederos”, comenta a SciDev.Net Matías Roa, ingeniero de transportes y analista de datos de la Alianza en Chile. “Por ahora no tenemos más que los datos, pero el siguiente paso de la investigación es averiguar dónde están esos residuos”.

Aunque no da cifras, el informe de la Interpol del 2020 revela que Chile es uno de los países en los que la disposición ilegal de residuos en vertederos, así como su incineración, aumentó desde 2018.

Roa dice que si bien la importación de residuos plásticos desde Estados Unidos hacia Chile es mínima por ahora, está detonando cambios en su gestión. “Se vuelve un terreno fértil para la inversión privada para implementar nuevos sistemas de gestión de residuos, como por ejemplo la incineración o la ‘valorización de residuos’”.

Incluso, dice Roa, en Chile han aumentado los permisos para que las empresas cementeras puedan disponer de los residuos, lo que está propiciando nuevas discusiones sobre cómo las sustancias contaminantes producto de la incineración pueden afectar la salud de las comunidades y los ecosistemas que están cerca de las incineradoras.

“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero, tienen todo desordenado, sucio, contaminado”.

Matías Roa, Alianza Basura Cero, Chile

La solución

Aunque las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos importantes para visibilizar la importación de residuos plásticos de Estados Unidos a América Latina, su trabajo no ha impactado en las políticas públicas y en obligar a los gobiernos a respetar la Enmienda de Desechos Plásticos del Convenio de Basilea.

“Me llama la atención el desconocimiento de las autoridades de este comercio transfronterizo, cuando ellos deberían estar a la vanguardia de estos fenómenos internacionales”, reconoce Susana Morán.

“La lógica colonialista es lo que define bastante bien lo que estamos viviendo los países latinoamericanos”, apunta el chileno Matías Roa.

“Son lógicas comerciales sin sentido, en las que países del norte venden una imagen y un camino hacia el futuro, mientras, por detrás, en su patio trasero tienen todo desordenado, sucio, contaminado. Y, tristemente, nosotros somos parte de ese patio trasero sucio”, añade.

Para él, como para muchas de las personas que están monitoreando estos traslados de residuos plásticos en los últimos tres años, la solución está en el nivel sociopolítico. “Lo mejor que podemos hacer es exponer estos temas, educar al respecto y lograr incidencia a nivel político”, dice Roa.

Susana Morán pone el foco en la esencia del problema o, mejor dicho, en su solución: el mundo sigue pensando a dónde llevar los plásticos, en lugar de pensar cómo dejar de consumirlos.

Para ella, “fue un descubrimiento saber que existe un movimiento, un comercio internacional de desechos plásticos, cuando lo que lo que deberíamos propender, como sociedades en general, es disminuir el consumo de este tipo de productos”. Y, sobre todo, “exigir que las empresas que los producen sean responsables con su entorno”.

*Para este reportaje se solicitaron entrevistas con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de México, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a dicha solicitud. También se solicitó entrevista con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador; la entrevista fue negada, pero enviaron por escrito respuestas a las temáticas planteadas para la entrevista.

Este reportaje fue producido  por la Edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net

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Por: Michelle Carrere/Mongabay

Hoy empieza la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el encuentro anual más importante sobre acción climática que este año se realiza en la ciudad costera egipcia de Sharm el-Sheikh.

Jefes de Estado, ministros y negociadores, junto con activistas climáticos y representantes de la sociedad civil, deberán avanzar en los resultados obtenidos el año pasado en la COP26, para adoptar medidas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo y en un sistema de credibilidad para asegurar el avance y cumplimiento de las metas.

Mongabay Latam conversó con Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente peruano y actual líder de Clima y Energía para la organización no gubernamental WWF, sobre cuáles son los principales temas que deberán abordarse en la COP 27 y lo que se espera de ella. Además, el experto analizó en qué condiciones se presentarán a estas negociaciones algunos de los países de América Latina.

En su opinión, mientras naciones como Chile y Colombia han establecido satisfactoriamente metas de descarbonización ambiciosas, posicionándose como líderes en el debate climático, países como Perú y México se mantienen ausentes del debate y “no son considerados”, debido al poco y casi nulo avance que han tenido en sus compromisos. “Somos un país casi paria”, dijo el especialista refiriéndose al lugar que ocupa Perú en el escenario internacional latinoamericano.

—¿Cuál es el escenario en el que se desarrolla esta COP?

—Hemos llegado a la COP 27 en una situación gravísima de crisis a nivel global. Tenemos una guerra, una crisis energética, crisis de alimentos y eso está enmarcando el cómo el mundo está moviendo la acción climática.

Lo que espero, y creo que sería un indicador de éxito, es que esta COP mantenga muy vivo el proceso y siga incrementando la ambición climática incluso en tiempos de emergencia. Lo que esta COP tiene que demostrar es que aún cuando estamos en tiempos de emergencia y de crisis política y económica, el proceso no solamente está vivo, sino que el proceso sigue siendo irreversible.

—¿Qué es lo que debe cumplir esta COP?

—Esta es una COP que se celebra sin muchas expectativas de mandatos nuevos. Esta va a ser más bien una COP de implementación, que está fuertemente enmarcada por la demanda de los más vulnerables, para que se siga incrementando la capacidad de definir una meta global en adaptación, pero en especial para una nueva meta global de financiamiento.

—¿De qué se trata esa meta global de financiamiento? 

—En el acuerdo de París se estableció que al 2020 debíamos tener fondos de al menos 100 000 millones de dólares anuales para sustentar la acción climática (de los países en vías de desarrollo y más vulnerables) y que esos fondos debían provenir fundamentalmente de los países desarrollados.

El año pasado se mostró que este financiamiento climático de 100 000 millones de dólares anuales no se ha cumplido. Ahora entonces hay dos retos: cumplir con esa meta y empezar a negociar una nueva, porque todos somos conscientes de que 100 000 millones de dólares anuales es poco dinero para el costo real de la transición. Se espera que en esta COP también se empiece ya a definir con mayor precisión de cuánto sería.

—A inicios de este año, un informe del IPCC señaló que aunque América Latina ya está sintiendo los impactos del cambio climático, no está preparada para adaptarse a él. ¿Cuáles son entonces los temas referentes a adaptación que deben concretarse?

—A la fecha, de casi 200 países en el mundo, solo 37 han presentado planes nacionales de adaptación. En América Latina no son más de 15. Entonces hay mucho reconocimiento del nivel de vulnerabilidad de América Latina, pero América Latina no está cumpliendo su parte que es tener buenos planes nacionales de adaptación.

Por otro lado, el gran problema de la adaptación es que, comparado a la mitigación, no tiene métrica clara. Hay una demanda en el mundo de que se defina una mayor y mejor métrica para medir progreso en adaptación. Es lo que se ha llamado el Global Goal on Adaptation y debe concretarse en la próxima COP28.

En esta COP, entonces, se debe avanzar en el Global Goal on Adaptation, se debe seguir animando a los países a que presenten sus planes nacionales de adaptación y se debe avanzar en recursos financieros para la adaptación. El secretario general de Naciones Unidas ha venido diciendo todo el último año que los fondos para el clima deberían ser 50 % para mitigación y 50 % para adaptación y estamos muy lejos de ello porque la mayoría de recursos están para la mitigación.

—Justamente en temas de financiamiento, ya se han reportado malas prácticas en proyectos de carbono. ¿Será uno de los temas a tratar? 

—La COP26 levantó lo que se llamó la credibilidad. Por un lado está la credibilidad en la parte pública o de los Estados, que tiene que ver con la verificación de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (los NDC, que son los planes en donde cada país expone de qué manera y en cuánto disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero) avancen, tengan metas que estén realmente bien sustentadas y que se pueda medir progreso. Por otro lado está también la credibilidad en la parte privada y es ahí donde está el problema mayor.

El gran debate es que, en primer lugar, no todas las corporaciones forman parte, por ejemplo, de la entidad que está definiendo todo el paquete de estándares. Además, hay un conjunto de corporaciones que están utilizando offsets (sistemas de compensación).

—¿A qué se refiere?

—Muchas organizaciones se oponen fuertemente a los offsets porque en vez de reducir las emisiones de tu propia cadena de valor, más bien sales al mercado a comprar bonos o a compensar tus emisiones con la actividad de un tercero. Lo que sucede entonces es que se desvía la atención del objetivo, que es que haya una reducción real de emisiones en la propia actividad. Ese debate sobre offsets, sobre el rol que pueden cumplir los mercados de carbono y sobre cómo debemos seguir haciendo los estándares más mandatorios, va a enmarcar fuertemente esta COP.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, muy al inicio de este año convocó a un grupo de expertos, un grupo de alto nivel, para tratar este tema. Este grupo está liderado por la ministra de Ambiente de Canadá, Catherine McKenna, que en esta COP va a presentar su reporte. Hay mucha expectativa sobre qué es lo que puede decir ella como recomendaciones para mejorar la credibilidad.

Estamos en un año donde la credibilidad todavía no se ha resuelto, pero esperamos que se avance fuertemente en ella.

—En el tema de ir avanzando en la ambición, ¿qué tanto se ha cumplido? 

—A nivel global han sido muy pocos los países que en el 2022 han presentado metas mejoradas de ambición, es decir de mitigación. A nivel global, el gran déficit es China que no ha presentado su NDC. Estados Unidos, si bien es cierto no ha presentado un nuevo NDC, dictó una ley que, aún cuando está vinculada a la reducción de la inflación, es un gran paquete climático en especial de promoción de energías renovables. Es un buen modelo de implementación muy concreta de una meta. India también ha dado una señal positiva aunque no lo suficientemente ambiciosa.

—¿Y a nivel de América Latina? 

—A nivel de América Latina ha habido muy poco progreso. La COP26 dejó mandatos claros para el futuro del proceso y uno de ellos es que los países deben presentar sus planes de largo plazo y esto es bien importante.

La mayoría de las NDC están hechas con metas al 2030, mientras que la estrategia a largo plazo es la meta al 2050. Son dos planes distintos. Pero las NDC no van a ser útiles si no están atadas a la visión a largo plazo de los países de cómo van a alcanzar la carbono neutralidad. Y hay países de la región todavía pendientes con sus estrategias de largo plazo. Perú es uno de ellos.

—¿Cómo llega Perú a estas negociaciones luego de las críticas que ha recibido el gobierno en cuanto al manejo de la crisis ambiental provocada por el derrame de Repsol, por ejemplo?

—Perú llega muy mal. Si bien es cierto que al inicio del gobierno hubo un par de buenas señales, una de ellas el decreto supremo que declaró emergencia climática e incorporó un conjunto de buenos propósitos, pero hasta la época no hay ningún avance.

Perú es el único país de la Alianza del Pacífico (conformada por Chile, Colombia, México y Perú) que no tiene su estrategia de largo plazo al 2050, lo que es un poco vergonzoso y el Perú no está para nada en el radar de los países políticamente importantes en el debate climático. Es una pena porque todo lo que construimos camino al Acuerdo de París se destruyó irremediablemente y Perú es un país absolutamente ausente, y no considerado en lo más mínimo en el debate climático internacional. Somos un país casi paria.

—¿Qué impactos pueden tener, en las negociaciones, los constantes anuncios del gobierno colombiano de desincentivar la exploración y explotación de hidrocarburos?

—Creo que es una buena señal. Pero creo que América Latina está muy estática en la transición energética, debido a nuestra disponibilidad abundante de fuentes fósiles. Estamos atrapados en la abundancia de combustibles fósiles, en especial petróleo y en muchos casos gas natural, y eso nos ha limitado la conducción de una visión clara hacia las energías renovables, no convencionales o a las energías alternativas tipo el hidrógeno.

Uno de los pocos países que ha avanzado en ese sentido es Chile y probablemente la razón es que es uno de los países con menos fuentes energéticas fósiles, pero los otros países están atrapados y no están mirando el futuro.

—¿Qué cambios cree que puede tener el nuevo gobierno de Petro frente a los compromisos del gobierno anterior? 

— Colombia ha avanzado significativamente. Creo que los presidentes Santos y Duque, a nivel del debate climático y a nivel del compromiso, fueron líderes en América Latina. El presidente Petro en ese sentido tiene la vara bastante alta y creo que sería un avance significativo si él es capaz de llevar a la práctica los compromisos que Colombia tiene en su estrategia al 2050.

Colombia tiene ya una meta bastante ambiciosa. Lo que queremos ahora es ver su concreción en políticas públicas reales, en leyes, en mecanismos financieros, en acciones tangibles.

—Chile está avanzando a paso firme en la transmisión energética y también en la electromovilidad. ¿Qué significa eso en términos de mitigación para la región?

—Chile es un modelo. Hay que tener en cuenta que Chile empezó esto hace muchos años. Probablemente en un inicio la lógica estuvo más orientada a controlar la contaminación en ciudades como Santiago y trabajaron mucho en sistemas orientados a mejorar la calidad del aire. Pero luego incorporaron una variable climática y mejoraron la electromovilidad y las políticas para promover energías renovables. Entonces, Chile tiene claridad de hacia dónde caminar y está absolutamente alineado a la tendencia económica del proceso.

—Sin embargo, Chile tiene serios problemas ambientales ligados a la minería de recursos como el litio que, justamente, son claves para la transición energética. ¿Cómo se puede avanzar en el cumplimiento de los objetivos, pero al mismo tiempo proteger los ecosistemas que contienen estos recursos?

—Todos sabemos que hay una necesidad de extracción de metales para la transición climática: cobre, litio, grafito, cobalto. Y lo que hay es una fuerte presión para que esa minería se haga de una manera distinta. Hoy ya se habla de Smart Mining (minería inteligente) que establece cuáles son las condiciones bajo las cuales debería hacerse esa minería. Para empezar tiene que ser realizada con una fuente de energía que sea renovable. No puedes realizar minería para un metal necesario para la transición energética, si tu fuente de energía es la quema de carbón, no tiene ningún sentido. Entonces hay un conjunto de condiciones de lo que sería esta Smart Mining, en especial para estos metales que van a ser absolutamente necesarios para las transiciones.

—En México se está construyendo una refinería y se sigue apostando a energía fósiles. ¿Qué consecuencias trae esa postura?

—México es un país que se detuvo desde que ingresó Andrés Manuel López Obrador al poder. México tuvo una fuerte y muy interesante dinámica para subastar energías renovables no convencionales y eso se detuvo para seguir apostando a los combustibles fósiles.

Creo que a países como México, no es que los va a sancionar el Acuerdo de París, los va a sancionar el mercado. La economía cada vez más se está conduciendo por consideraciones climáticas. Eso es lo que yo siempre le digo a los gobernantes de América Latina: esto no se trata de que haya un acuerdo que te va a sancionar, quién te va a sancionar es la economía del mundo.

Cuando uno ve que Europa está discutiendo lo que se llama Ajustes de Carbón en Frontera, cuya meta sería establecer un cargo económico a productos que llegan a Europa con alta carga de carbono, ahí tú te das cuenta hacia dónde van las tendencias de la economía y es la economía la que va sancionar a países como México que no tengan responsabilidad climática.

*Imagen principal: futuro 360

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En el marco de la emergencia sanitaria nacional, la pesca es considerada una actividad esencial que no debe parar por ser un sector fundamental en la economía del país, necesario para mantener la producción y abasto de alimentos para la población.

Por esa razón, la producción pesquera, agrícola y pecuaria no se incluyó en la suspensión de actividades que ordenó la Secretaría de Salud.

Recordemos que el pasado 31 de marzo se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar y controlar la transmisión del virus Covid-19 en la comunidad.

El mismo decreto establece que solo podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, tal es el caso de todas las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria (salud), las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; los sectores fundamentales en la economía, las relacionadas con los programas sociales y con el mantenimiento de la infraestructura pública.

En este enlace puedes descargar el decreto y consultar de forma detallada todos los sectores involucrados y las condiciones en las que podrán seguir operando durante la contingencia.

En Mazatlán siguen trabajando

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria, hecha por la Secretaría de Salud, los pescadores del sector social no han dejado de trabajar, aunque la actividad sí ha disminuido, informó Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte.

Debido a la disminución en la demanda y tras la declaratoria de emergencia nacional, algunas pangan solo salen cada tercer día, comentó.

Por otro lado, pescadores reportaron que la actividad en el embarcadero de la Isla de la Piedra también continúa . Entre las personas consultadas se manifestó incertidumbre sobre la situación económica, pues les preocupa que la demanda de producto se deplome.

En lo que respecta al sector industrial, la empresa Pesca Azteca, líder en producción atunera en Latinoamérica, informó que sus plantas mantienen operaciones para abastecer la demanda de alimentos durante la contingencia sanitaria.

Para ello se han implermentado medidas de prevención y bioseguridad tanto en las instalaciones, como abordo de las embarcaciones, en coodrinación con la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss)

Entre las acciones preventivas se incluyen estaciones de sanitización, filtros de control médico en accesos y esquema de trabajo en casa (home office) en los casos en que es posible. También se difunden las buenas prácticas al interior de la empresa y cuarentenas voluntarias para aquellos trabajadores que han viajado a lugares de alto riesgo como Estados Unidos y Europa, entre otras medidas preventivas que también son aplicadas a los tripulantes de las embarcaciones.

DATOS DEL SECTOR PESCA

• 66 mil toneladas de producción pesquera nacional en 2019
• 58 productos pesqueros
• 3.15 millones de km2 de superficie marítima

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