El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó, el pasado 22 de enero, el informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026, en el que pide un cambio sustancial en la financiación mundial a favor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y la eliminación gradual de las inversiones que perjudican los ecosistemas.

De acuerdo con el informe, por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza, se gastan 30 dólares en destruirla, una conclusión que pone sobre la mesa el desequilibrio en las inversiones para proteger la naturaleza en comparación con las actividades que dañan los ecosistemas.

Según los datos de la publicación, los flujos financieros se destinan principalmente a actividades negativas para la naturaleza, que amenazan los ecosistemas, las economías y el bienestar humano. También se identifican varios actores que producen daños como los servicios públicos, la industria en general y las empresas de energía y materiales básicos. A ellos se suman ciertos sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al medio ambiente, como los combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.

“Si seguimos el rastro del dinero, vemos la magnitud del desafío que tenemos por delante. Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación: no hay punto intermedio,” señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, tras la presentación del estudio.

Andersen también indica que “este informe ofrece a las y los líderes una clara hoja de ruta para revertir esta tendencia y trabajar con la naturaleza, en lugar de hacerlo en su contra”.  La propuesta para los responsables de políticas y las empresas es que se eliminen gradualmente los subsidios perjudiciales y las inversiones destructivas en los sistemas de producción, mientras se amplían las soluciones basadas en la naturaleza y las inversiones positivas para la naturaleza.

De acuerdo con los datos del informe, tomados de 2023, las inversiones que perjudican directamente a la naturaleza alcanzaron unos 7.3 billones de dólares; mientras que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza llegaron solo a 220 000 millones de dólares.

Imagen principal: pozo petrolero en el mar de México. Los hidrocarburos son uno de los sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al ambiente, al igual que la agricultura, el agua, el transporte y la construcción. Foto: Gobierno de México.

Este texto fue publicado originalmente en Mongabay LATAM el 26 de enero de 2026. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente. Puedes ver la publicación original en este enlace.

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• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP30), Brasil y Francia anunciaron la creación del Grupo de
Trabajo Oceánico, cuyo objetivo es movilizar financiamiento público y privado y ampliar el
apoyo técnico para integrar soluciones basadas en el océano en los planes climáticos de los
países.

“Nunca antes tantos jefes de Estado se habían alineado con tanta claridad sobre la
necesidad de situar al océano en el centro de la respuesta climática global”, señaló Aloisio
de Melo, secretario nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático de Brasil.

A la iniciativa se sumaron países como Australia, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Fiji,
Indonesia, Madagascar, México, Kenia, Palaos, Portugal, Seychelles, Singapur y Reino
Unido.

La iniciativa promueve que los países integren soluciones oceánicas en las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos
que los países hacen en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y aumentar su capacidad de adaptación ante los efectos del
cambio climático.

“Se ha empezado a socializar mucho más la idea de los océanos como una herramienta
contra el cambio climático y no solo como una víctima”, señaló Marcela Gutiérrez, directora
y fundadora de Azul, una organización civil enfocada en justicia oceánica en Estados
Unidos con comunidad latina.

Durante la COP30, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsó una carta para
hacer un llamado a los representantes de los países que, además de incluir soluciones
climáticas basadas en los océanos en sus NDC, desbloquearán la financiación oceánica a
través de fondos directos a comunidades insulares y costeras, y ventanillas de financiación
azul.

México: avances y compromisos con los océanos

Para la COP30, los países debían entregar sus NDC actualizadas pero solo 120 de 198 han
entregado este documento. Aunque 9 de cada 10 países incluyeron medidas oceánicas en
sus NDC, el océano sigue estando subrepresentado en las estrategias climáticas y recibe
menos del 1% del financiamiento global.

México entregó su NDC durante la COP, y en esta incluía a los océanos por primera vez en el componente de adaptación.

El documento plantea implementar soluciones climáticas basadas en el océano para reducir su vulnerabilidad y reconoce su importancia como sumidero de carbono, es decir, como depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono de la atmósfera.

También establece fortalecer la investigación sobre acidificación y la variación de
temperatura en aguas oceánicas y continentales; ejecutar acciones de adaptación
contempladas en la Política Nacional de Mares y Costas; proteger especies marinas
vulnerables; e impulsar cooperación internacional para atender enfermedades emergentes
en corales y fenómenos como el sargazo.

“Con toda franqueza, México no ha visto a profundidad la aportación de los océanos al
cambio climático”, expresó Pedro Álvarez, titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).

Anunció que dentro de la meta que adoptó el Gobierno de México de proteger el 30% de la
superficie terrestre y marina del país para 2030, se incluye el objetivo de aumentar a 20
millones de hectáreas las áreas marinas protegidas.

Otras de las medidas impulsadas para la protección de los océanos, señaló Álvarez, han
sido el apoyo a una moratoria contra la minería submarina en 2023, y la intención de crear
corredores biológicos marinos que integren refugios pesqueros, zonas de prosperidad
marina y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Omec).

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), señaló que está en marcha el Programa Nacional de Restauración Ambiental para proteger dunas y manglares, ecosistemas fundamentales para comunidades costeras como barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos como huracanes.

Deudas con el océano

A pesar de estos avances, entre la población latina existen otras preocupaciones sobre
problemas que afectan los océanos como la extracción de petróleo y gas fósil en alta mar, la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. Esto lo descubrió la organización Azul a través de los resultados de la Encuesta Nacional Azul “Latinos y el océano” que realizó en 2024.

Para Gutiérrez, el reconocimiento del océano como parte integral de las soluciones
climáticas ha ido avanzando, primero con la creación de una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos en 2023, y esto podría acelerarse con la entrada en vigor del
“Tratado de Altamar” en enero de 2026, que busca proteger las áreas oceánicas que están
fuera de la jurisdicción de los países y que contará con un mecanismo propio de
financiamiento.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas lo replica con la auitorización correspondiente.

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El tema central del foro es “Ordenamiento territorial y prevención de desastres” y su organización está a cargo del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES), en coordinación con el Instituto de Protección Civil Estatal, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, y la Red Ciudadana Anticorrupción (REDCA).

Durante el foro se pondrá énfasis en la importancia de prevenir desastres a partir de una gestión de suelo apegada al marco normativo y técnico, lo que incluye la observancia de los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológicos, así como los Atlas de Riesgo.

Lucía Mimiaga León, Presidenta del CPC y del Comité Coordinador del SEMAES, manifestó que estas acciones preventivas buscan transparentar el quehacer público, “si tenemos más transparencia siempre vamos a poder prevenir, vamos a tener más ojos vigilantes” enfatizó en rueda de prensa desarrolla en la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Por su parte, Raquel Zapien Osuna y Emmanuel Espinoza Salcido, integrantes del CPC explicaron que la agenda está basada en acciones preventivas de transparencia proactiva, mejora de trámites y servicios gubernamentales, cultura de la legalidad y reforzamiento de la participación ciudadana en asuntos relacionados con la gestión del territorio.

“Con la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible queremos evitar la pérdida de vidas humanas, daños a los sectores productivos e infraestructura urbana”, dijo Raquel Zapien.

El foro reunirá a especialistas en gestión de riesgos, instrumentos de planeación y combate a la corrupción, quienes dialogarán sobre la importancia de reducir la vulnerabilidad de los municipios costeros de Sinaloa en un contexto de cambio climático, en el que se prevén fenómenos meteorológicos más intensos. De igual forma, se brindará información sobre los avances de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible, única en su tipo a nivel nacional.

Programa del Foro Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible

La jornada iniciará con el panel “La construcción social de los desastres asociados a fenómenos naturales”, con la participación del Mtro. Enrique Guevara Ortiz, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); el Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves, del Colegio de la Frontera Norte; y el Mtro. Héctor Briseño Arriaga, periodista de La Jornada en Acapulco, Guerrero. La moderación estará a cargo de Emmanuel Espinoza Saucedo; integrante del CPC Sinaloa.

Posteriormente, se llevará a cabo la conferencia “La importancia de la gestión integral de riesgos en tiempos de crisis climática”, a cargo del Dr. Aurelio Roy Navarrete Cuevas, Director General del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

Por último, se realizará el panel “Avance en la implementación de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible”, con la participación de la Mtra. Edna Liyán Aguilar Olguín, Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa; el Dr. Octavio Ramón Acedo Quezada, Director General de Asuntos Jurídicos de la ASE; la Lic. Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC Sinaloa; y el Mtro. José Carlos Dehesa Mitre, integrante de REDCA Sinaloa. La moderación estará a cargo de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Secretaria Técnica de la SESEA Sinaloa.

Al finalizar de la rueda de prensa, el comisionado Carlos Corrales Díaz indicó que la invitación está abierta al público en general, instituciones académicas, organismos ciudadanos y autoridades gubernamentales municipales y estatales interesados en fortalecer la transparencia y la gestión sostenible del territorio. El programa podrá ser consultado en www.seseasinaloa.gob.mx y/o https://www.cpcsinaloa.org.mx/

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Que no se talará ni podará el mangle del arroyo Jabalines es uno de los compromisos asumidos hoy entre la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, representantes de organizaciones ciudadanas, vecinos afectados por las inundaciones e integrantes del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable (Comudes).

Claudia Peraza Durán, consejera de Comudes y vecina de la colonia Jacarandas informó que Palacios Domínguez les aseguró durante el encuentro que no habrá nuevas intervenciones en el área de manglar.

Esta versión coincide con un comunicado de prensa emitido posteriormente por el Ayuntamiento, mediante el cual se informó que el Gobierno Municipal tiene apertura para trabajar por la preservación de los manglares.

En el documento también se indica que la alcaldesa dio la instrucción a la directora de Ecología y Medio Ambiente, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, “para que se esté al pendiente de los reportes que pudieran llegar de los colectivos ambientalistas, si se llega a observar que el mangle está siendo talado”.

También checa: Habrá más inundaciones si talan mangle del arroyo Jabalines: especialista de la UNAM.

Durante la semana, la presidenta municipal declaró a medios de comunicación que la tala que inició el sábado 16 de agosto se trataba de una poda. Sin embargo, en la reunión se le presentaron pruebas de que se trató de un corte para remover el mangle.

“Le explicamos que los árboles se cortaron muy cerca de la raíz, troncos grandes que no eran ramas. Eso no fue para nada un corte selectivo y cuidadoso. Le dijimos que no estamos de acuerdo con eso, que estamos conscientes de que la tala es ilegal y que debería de estar vigilando la Profepa en coordinación con Semarnat nacional”, señaló Peraza Durán.

El origen

El sábado 16 de agosto se observó a una cuadrilla de trabajadores talando mangle, hecho que fue denunciado a través de redes sociales.

Ese mismo día, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Estatal de Protección Civil confirmaron a Son Playas que se talaría el mangle de un polígono del arroyo Jabalines, luego de que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado presentó un aviso de emergencia ante la Semarnat por riesgo de inundaciones en la presente temporada de lluvias.

Días antes, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que solicitaría permiso de esa dependencia federal para podar el manglar en un tramo aproximado de 500 metros, al considerar que su presencia favorece las inundaciones en la colonia Jacarandas, como la registrada el 7 de agosto.

Inician las protestas

El 18 de agosto organizaciones ciudadanas y ambientalistas realizaron una manifestación contra la tala en el margen del arroyo y recordaron que todas las especies de manglar están protegidas según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en donde se les enlista como especies amenazadas.

También recordaron que la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.

Ese mismo día, habilitaron una petición en la plataforma Change.org y entregaron un oficio en la Presidencia Municipal solicitando una audiencia con la alcaldesa.

El manglar une a organizaciones

La mañana del miércoles 20 de agosto, un grupo de personas del ámbito académico, social y científico realizaron una rueda de prensa para señalar omisiones de parte de las autoridades, alertar de riesgos y ofrecer propuestas de solución.

“Las inundaciones en Mazatlán no se deben al manglar, sino a decisiones gubernamentales que han ignorado estudios técnicos, modificado el Atlas de Riesgo y autorizado construcciones en zonas vulnerables”, advirtió la doctora Laura Rivera Rodríguez, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.

En esta rueda de prensa también participaron Luis Alberto Bojórquez Rodríguez, director de programas de Conselva, Costas y Comunidades; Alexis Romero, encargada del proyecto de siembra de manglar del CETMAR 08; David Ocampo Peraza, presidente de la Colonia Jacarandas, Francisco Flores Verdugo, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano Mazatlán.

La comunidad científica también alza la voz

Este miércoles, más de 60 personas de la academia en activo y jubiladas de instituciones de investigación de la localidad firmaron una carta dirigida a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para manifestar su rechazo público al intento de tala de manglar en el arroyo Jabalines o en cualquier otra localidad del municipio de Mazatlán.

“Es incomprensible que mientras las autoridades municipales hacen invitaciones al sector académico para participar en campañas de limpia y mejoramiento de los manglares, así como a procesos de concientización de la población encaminados a proteger estos y otros ecosistemas, procedan a realizar acciones destructivas, bajo la falsa premisa de la emergencia, sin previa consulta, ni argumentos técnicos o legales”, señala el documento.

El compromiso de no talar

En un contexto de presión social y rechazo a la tala de manglar, la alcaldesa hizo el compromiso de que no habría tala ni poda, ante las organizaciones e integrantes del Comudes que solicitaron la audiencia, informó Claudia Peraza Durán.

La presidenta municipal también les instó a crear un plan de manejo y darle seguimiento, dijo.

Otra preocupación expuesta por el grupo ciudadano fue el uso del concepto de “emergencia” por parte de Protección Civil para justificar la intervención en el manglar, cuando jurídicamente esto solo se aplica cuando se trata de un suceso o situación que se presenta de improviso y requiere de una atención inmediata.

“Y las inundaciones no son sorpresa. Sabemos que hay una alta probabilidad de inundación en cada temporada de lluvias y por 40 años ha sucedido esto”, expresó Peraza Durán.

Por lo pronto, este jueves 21 de agosto las organizaciones ciudadanas que han defendido el manglar del arroyo Jabalines realizarán una jornada de limpieza a la altura del puente del CBTIS 51 a partir de las 5:00 de la tarde.

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Si las autoridades remueven el manglar del arroyo Jabalines no van a resolver el problema de inundaciones, lo van a incrementar, advirtió Francisco Javier Flores Verdugo, especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

«El manglar sí amortigua las inundaciones, eso ya está discutido en muchos foros internacionales; funcionan como esponja», dijo Flores Verdugo, uno de los pioneros en el estudio de los manglares en México.

Pese a que el mangle del arroyo Jabalines se encuentra en una zona impactada por la basura, descargas de drenaje y expansión urbana, añadió, todavía cumple una importante función de amortiguamiento de las inundaciones, mientras que sus raíces y hojas filtran los sedimentos, metales pesados y otros contaminantes del agua.

Si lo talan, no solo aumentarán las inundaciones; también la contaminación y mala calidad del agua que llega hasta los esteros del Infiernillo y Urías, expuso el investigador, cuyas contribuciones científicas han servido de base para otras investigaciones sobre manglares en el Pacífico y Caribe mexicano.

«En realidad el manglar está prosperando ahí porque hay una gran fuente de nutrientes, si tu quitas el manglar la contaminación va a llegar directamente al estero de Urías. Remueve dos o tres veces más contaminantes que cuando no está el manglar; es un biofiltro», detalló.

En este lugar, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado intenta cortar el mangle bajo el argumento de que esta medida ayudará a reducir las inundaciones, para lo cual presentó un aviso de emergencia ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Debido a esto, ambientalistas y organizaciones ciudadanas han implementado acciones de protesta.

Flores Verdugo refirió que existen muchas investigaciones científicas a nivel internacional que corroboran que además de amortiguar las inundaciones, los manglares filtran los contaminantes del agua y absorben el dióxido de carbono que es responsable de elevar la temperatura de la atmósfera, por lo que su conservación es vital para afrontar el cambio climático.

Además, los manglares mantienen una elevada diversidad de aves, reptiles, peces, crustáceos y moluscos, algunos de importancia pesquera para la zona marina adyacente. Aquí también es posible encontrar aves migratorias y fauna amenazada de extinción; razón por la cual se les considera entre los ecosistemas más productivos del planeta.

La basura que llega al arroyo, ya sea porque las personas la arrojan o porque la ciudad carece de una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, se atora en las ramas de los mangles, pero eso no es culpa del ecosistema, aclaró.

«Ese lugar es bellísimo realmente, solo que la gente hace una porquería porque tira la basura en los manglares. Sí hay contaminación, pero va a haber más contaminación si lo remueven porque es un biofiltro excelente», señaló.

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Puente Juárez, el «cuello de botella»

El arroyo Jabalines conecta con el estero del Infiernillo y este a su vez con el estero de Urías. La zona de transición de este sistema estuarino se ha reducido con el paso de los años a la altura del puente Juárez, sobre la avenida Gabriel Leyva. De los 250 metros que se tenían en la década de 1950, ahora solo se tienen cerca de 40 metros.

Cuestionado al respecto, el investigador de la UNAM consideró que mientras no se amplíe la boca del estero del Infiernillo y se tomen otras medidas, como la gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos y el uso de vegetación para absorber, filtrar y almacenar el agua de lluvia, no habrá manera de reducir los riesgos de inundación.

«Sí quitan el mangle no van a resolver el problema de las inundaciones, se va a seguir inundando y va a estar peor; el problema es que no tiene desfogue por el puente Juárez», apuntó.

Checa: Otra vez talarán mangle en arroyo Jabalines; Profepa vigilará el proceso y Protección Civil está de acuerdo.

Es necesario, agregó, que se desarrollen estrategias de humedales naturales y artificiales basados en el modelo de «ciudad esponja» para que las inundaciones sean menos críticas.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), en las ciudades esponja se aplican soluciones basadas en la naturaleza, como techos verdes, pavimentos permeables, restauración de humedales y ríos urbanos. También se limpian ambientes contaminados mediante el uso de organismos vivos, como bacterias, hongos o plantas (bioremediación) y se mitigan los impactos negativos de la urbanización sobre los ecosistemas naturales.

Así, en lugar de inundar las calles o acabar en el desagüe, el agua se conserva para su eventual reutilización.

El especialista enfatizó que talar el manglar del arroyo Jabalines lo único que va a lograr es que las inundaciones se incrementen ahí o en otro punto; no existen estudios que digan lo contrario.

«Si antes nos inundabamos un metro en tres días, ahora nos vamos a inundar tres metros pero en un solo día» aseveró.

Francisco Flores Verdugo cuenta con una licenciatura como Químico Farmacéutico Biólogo; maestría y doctorado en Oceanografía Biológica y Pesquera por la UNAM. También es integrante del Comité Mexicano de Manglares, asociación civil dedicada a la protección, aprovechamiento sustentable, conservación y recuperación de los manglares de México, mediante la generación de conocimiento y aplicación de tecnologías validadas para el mantenimiento y mejora de estos ecosistemas.

«El que quites el manglar no va a resolver el problema de las inundaciones, las va a empeorar porque sí se sabe que el manglar es como una esponja»

Francisco Javier Flores Verdugo, investigador de la UNAM, pionero en el estudio de los manglares en México.

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Las personas inconformes también entregaron una carta en la oficina de la Presidencia Municipal, dirigida a la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y habilitaron una petición de alto a la tala de mangle en Change.org

“El Arroyo Jabalines es la zona de principal descarga pluvial de todo el municipio y es muchísima el agua que encausa, no se puede resolver el tema de la inundación cortando mangle, ni abordar sólo un tramo, se necesita todo un análisis”, declaró Claudia Peraza Durán, bióloga, ambientalista y vecina del fraccionamiento Jacarandas, donde se comenzó el corte de mangle.

La manifestación, realizada en una zona que históricamente ha estado propensa a inundaciones, contó con la participación de vecinos, activistas y colectivos ambientalistas; todos cuestionaron a las autoridades de los tres ordenes de gobierno por apoyar el corte de esta especie protegida.

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Refirieron que las autoridades han manifestado que existe una situación de emergencia por riesgo de inundación y que el mangle aumenta el peligro, cuando en realidad, esta especie es reguladora y reduce la vulnerabilidad en zonas costeras.

Que muestren la evidencia

Hasta el momento, ninguna autoridad ha mostrado públicamente los permisos, avisos, estudios, análisis o cualquier otro documento oficial que justifique la tala de manglar. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se ha tomado esta decisión en un asunto de interés público, cuestionaron.

En ese sentido, Peraza Durán declaró que los trámites que supuestamente realizó el Gobierno del Estado ante la Semarnat para retirar el mangle deben exponerse públicamente para que la población pueda saber si existe legalidad o alguna violación a leyes y reglamentos en la materia.

“Mientas no hay una ciudadanía que esté vigilando esta situación, sucede en muchos casos, se comenten abusos de poder de los gobiernos, no se tienen los permisos adecuados, no se involucra la Conagua que es la encargada de los cuerpos de agua; hacen lo que quieren y mientras la gente sepa menos, las cosas se hacen más rápido”, sostuvo.

La bióloga también recordó que la limpieza en los arroyos debe ser constante durante todo el año para evitar taponamientos por basura y la reducción del cauce del arroyo por azolve. La autoridad no debe esperar a que llegue la temporada de lluvias, se presente el problema de inundaciones y pretenda «resolverlo» quitando el poco mangle que queda en la ciudad y que cumple una función ambiental.

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El sábado pasado SonPlayas informó que autoridades de la Profepa, Semarnat y Protección Civil confirmaron que talarían mangle de un polígono del arroyo Jabalines y que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado fue quien presentó el aviso de emergencia ante el riesgo de inundaciones en esta temporada de lluvias, una acción que no avalan los colectivos ambientalistas y exigen, por lo tanto, que paren estas acciones por considerarlas ilegales.

Durante la mañana y tarde de este lunes ambientalistas vigilaron la actividad en el arroyo Jabalines, fue así como detectaron la llegada de una cuadrilla de trabajadores acompañados del secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos; y el titular de Protección Civil Municipal, Oscar Osuna, quienes al ser abordados por dos personas reiteraron que hay permisos tramitados por el Gobierno del Estado. Ahí mismo, Ríos reconoció que el corte del mangle debe cumplir con criterios técnicos especiales de poda, pero sin comprometerse a detener la obra, según informaron los vecinos.

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La carta a la alcaldesa

En una carta dirigida a la presidenta municipal, señalaron que la zona se encuentra identificada como de alto riesgo de inundación en el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio de Mazatlán, por lo que las inundaciones corresponden a una serie de factores estructurales que van más allá de la existencia de manglar en el arroyo.

“Este problema requiere estudios técnicos de fondo por parte de especialistas en la materia que aminoren los impactos que cada año sufrimos (…) Por tanto, solicitamos una audiencia con usted, el secretario del H. Ayuntamiento y la directora de Ecología y Medio Ambiente, donde le mostremos evidencia como vecinos que talar el manglar no ha solucionado las inundaciones en todas éstas décadas. Así mismo, definir qué estrategias de corto a largo plazo podemos construir en coordinación”, expusieron ambientalistas en el documento dirigido a Estrella Palacios Domínguez.

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Recolectan firmas

En otra acción colectiva para defender el manglar, como uno de los ecosistemas más productivos del mundo, ciudadanos habilitaron una petición en la plataforma Change.org donde exponen su causa y solicitan firmas para lograr mayor presión mediática y social. El tema se ha vuelto viral en redes sociales. El próximo miércoles prevén una conferencia de prensa para informar avances de sus gestiones y las respuestas de las autoridades.

Derecho a la información en asuntos ambientales

Las personas tienen el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, según los artículos 1 y 2 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México forma parte.

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Autoridades de la Profepa, Semarnat y Protección Civil confirmaron que se talará el mangle de un polígono del arroyo Jabalines, en Mazatlán, luego de que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado presentó un aviso de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la presente temporada de lluvias.

La tala inició este sábado por la mañana, pero inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la detuvieron temporalmente en tanto se verificaba la existencia del trámite legal. Mas tarde, el delegado de esa dependencia en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó a Son Playas que la Secretaría de Obras Públicas presentó el aviso de emergencia ante la oficina local de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por lo tanto, las obras se reanudarán el lunes 18 de agosto bajo la supervición de los inspectores de la Profepa para evitar que se trabaje fuera del polígono autorizado y que se generen otras afectaciones.

«Decidimos que mejor se haga de manera más coordinada y con supervisión (…) Nosotros vamos a percatarnos de que se cumpla lo que está especificado», dijo.

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Por su parte, el delegado de la Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcantar, informó que entre miércoles y jueves de esta semana, la Secretaría de Obras Públicas le presentó un documento en el cual se informa que se procederá a talar el mangle de un polígono para desfogar el agua del arroyo, argumentando una situación de emergencia.

«Dieron un aviso de emergencia en donde van a hacer trabajos para poder facilitar la salida del agua y con eso evitar que haya un desbordamiento y que haya inundaciones en toda la zona que es Jacarandas y López Mateos como siempre ha habido», declaró a este medio sin especificar las dimenciones del polígono que será intervenido.

Ocampo Alcantar mencionó que los estados y municipios están facultados para implementar acciones de protección civil cuando la población se encuentre en riesgo y el aviso de emergencia es uno de esos mecanismos. Solo en estas circunstancias no se requiere tramitar permisos ni presentar manifestaciones de impacto ambiental.

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Protección Civil está de acuerdo

Para poder presentar el aviso de emergencia, la Secretaría de Obras Públicas consultó previamente al Instituto Estatal de Protección Civil, quien emitió un documento a través del cual se recomienda realizar obras para la reducción de la vulnerabilidad de las familias.

Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto, explicó que esa instancia solo emite la recomendación en apego a la Ley General de Protección Civil, pero sin especificar el tipo de trabajo que debe realizarse porque la Secretaría es la responsable de identificar, analizar y evaluar la medida más viable.

«Ellos tienen que ver qué normativa aplica para reducir esa vulnerabilidad (…) ellos tienen que saber porque ellos tienen los especialistas para reducir esa vulnerabilidad y porque ellos tienen la maquinaria y equipo. Los cálculos, los trazos, los hacen desde Obras Públicas», precisó.

Con la recomendación de Protección Civil, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado elaboró el aviso que fue presentado ante la oficina local de la Semarnat.

¿Y el mangle?

Todas las especies de mangle están protegidas en nuestro país por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de «amenazadas». Además, en el artículo 60 ter. de la Ley General de Vida Silvestre se prohíbe la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.

Sin embargo, para el director del Instituto Estatal de protección Civil, la tala de estos árboles de importancia ecológica sí está justificada en este caso en particular para aumentar la capacidad del volumen de agua (caudal) del arroyo Jabalines ante la posibilidad de que llueva en los próximos días.

Entre el 7 y 8 de agosto del presente año, en Mazatlán se registraron intensas lluvias con un acumulado de 118 milímetros en 24 horas, segun datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que generó inundaciones en diversos puntos de la ciudad. En ese lapso, Protección Civil recibió 127 llamadas de auxilio por parte de la población que se vio afectada, incluyendo familias que quedaron atrapadas en el agua, narró Roy Navarrete.

En ese instante, el criterio que prevalece es el de proteger la vida humana; puntualizó.

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¿Qué dice la ley?

La tala de mangle sin autorización previa solo está permitida en casos de emergencia y ante la inminencia de un desastre, según lo establece el artículo 7° del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En estas circunstancias, basta con que se envíe un aviso a la Semarnat en un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de que inicien los trabajos.

En el artículo 8° del mismo reglamento también se indica que quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de emergencia deben presentar, en un plazo de 20 días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación o compensación que se aplicarán.

Aparte, el articulo 21 de la Ley General de Protección Civil , establece que «en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil». También se especifica que las actividades de auxilio deben informarse a las instancias especializadas de protección civil.

Los casos que requieren de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre, son los originados por los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativos, según el articulo 24 del reglamento correspondiente.

Dicen no a la tala de mangle en arroyo Jabalines

Ambientalistas han declarado que las inundaciones no son ocasionadas por el mangle, sino por la basura que provoca taponamientos, así como por los rellenos y falta de una adecuada planeación y ordenamiento territorial. Especialistas en gestión costera también han advertido que los manglares son la primera barrera natural contra las marejadas y que sin ellos, Mazatlán será más vulnerable a los efectos de los huracanes.

Talas de mangle que no han resuelto nada

Esta no es la primera vez en que se tala el mangle del arroyo Jabalines bajo el aviso de riesgo. Estas son las más recientes:

• El 23 de agosto de 2019 inició la tala de mangle en el arroyo Jabalines en un tramo de 948 metros.
• En 2018, el Gobierno del Estado colocó lozas de concreto en un tramo de 580 metros lineales previamente deforestados.
• Durante el arranque oficial de esa obra, realizado el 16 de julio de 2018, el entonces gobernador, Quirino Ordáz Coppel, informó que el proyecto contemplaba el revestimiento de tres kilómetros en total para evitar inundaciones y focos de infección, pero la obra no avanzó de acuerdo a lo anunciado.
• Grupos ambientalistas advirtieron que la obra fue un ecocidio y que no resolvería el problema de fondo.
• Las lluvias registradas entre el 7 y 8 de agosto de 2025 provocaron que el nivel del agua subiera a la máxima capacidad del arroyo Jabalines y se registraron inundaciones en diversos puntos de la ciudad.
• El 12 de agosto de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró a medios de comunicación locales que solicitaría permiso a la Semarnat para talar otro tramo de mangle, desde la calle Fresnos, hasta la avenida Insurgentes para prevenir inundaciones.
• El sábado 16 de agosto del año en curso, una cuadrilla de la Secretaría de Obras Públicas empezó a talar mangle. La remoción continuará el lunes.

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La actividad humana ha alterado y sobreexplotado los recursos naturales como al agua y el suelo, aunado a la contaminación y destrucción de los ecosistemas, provocando su degradación y pérdida de biodiversidad. Para prevenir sus impactos devastadores, el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU) fomenta la educación ambiental y la corresponsabilidad.

Esta labor se realiza desde el 2015, año en que 193 países adoptaron la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, un plan de acción global que implica el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo.

A partir de entonces, la bióloga Lorena Páez Brito, fundó IMDESU y se convirtió en una promotora de dicha agenda, además de adherirse a la Red Internacional de promotores ODS México y del Acuerdo de Escazú.

IMDESU es una organización de la sociedad civil que busca contribuir a la sustentabilidad mediante la participación activa y comprometida en acciones de protección al ambiente, la educación, el aprovechamiento sostenible y el desarrollo humano, con una visión integral sociedad- naturaleza.

«El desarrollo sostenible, en palabras sencillas, es hacer un uso de los recursos naturales de una forma cuidadosa, respetando que estos recursos naturales también sean perdurables para las futuras generaciones», explicó Páez Brito, actual directora del Instituto.

Entre sus proyectos están los talleres de hidroponía, en el que las personas aprenden a cultivar hortalizas, alimentos sanos y nutritivos, libres de pesticidas y con ahorro de agua en espacios pequeños como parte del Programa Educativo para el Desarrollo Sostenible.

Detalló que la hidroponía es una técnica de cultivo urbana para espacios pequeños, como el balcón de un apartamento y donde a diferencia de la agricultura tradicional no se usan pesticidas y el ahorro del agua es hasta del 80%.

«Nosotros lo estamos promoviendo para los ODS, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible, el ODS-2 «hambre cero» a través de cultivar tus hortalizas, llámese en tierra o llámese en agua para sitios que son reducidos, pero también fomentas el ODS-3, que es el de «salud y bienestar», dijo.

«En la seguridad de tu casa o de tu escuela pues puedes cultivar tus propios alimentos, tus propias hortalizas, que no van a tener pesticidas alimentos más seguros para tu salud», agregó.

IMDESU también ha capacitado a más de 500 niños, jóvenes y docentes de escuelas de Mazatlán y de algunas comunidades rurales de Cosalá, por medio de sus proyectos educativos, en el marco del ODS-4 «educación de calidad».

«Se imparte el taller de Agenda 2030 del Programa Educación para el Desarrollo Sostenible basados en los ODS a alumnos adscritos a las carreras de la Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Educación. En el taller se abordan temas educativos, sociales, económicos y políticos de índole local, nacional y mundial, para concienciar en las problemáticas, fomentar los valores y accionar».

Los alumnos que ya han sido capacitados, continuó, capacitan a escuelas de educación básica, maestros y alumnos y los niños en educación ambiental.

«Ese es nuestro propósito, que las personas tengan mayor conciencia, pero no nada más es eso, sino que también puedan realizar acciones, de qué nos sirve estar bien informados, ser conscientes, pero no hacer acciones», expresó.

Reproducir árboles nativos

Uno de los principales problemas que enfrenta Mazatlán en materia de medio ambiente es la pérdida de árboles en espacios urbanos y la deforestación de la selva baja caducifolia.

Los árboles introducidos, también conocidos como no nativos o exóticos, están cada vez más presentes en camellones, parques y áreas verdes , mientras que la expansión de la marcha urbana está amenazando la cubierta vegetal de bosque tropical caducifolio.

Páez Brito mencionó que una de las principales proyectos que llevan a cabo es enseñar a niños y jóvenes la reproducción de árboles nativos, desde
escoger una vaina, cómo seleccionar la semilla, preparar el sustrato, hasta lograr su crecimiento y plantación.

Y es que la escasez de árboles nativos no sólo se debe a la falta de planificación en espacios urbanos o los cambios de uso de suelo en áreas naturales, sino también al déficit de producción de especies regionales, ya que los viveros están más enfocados al cultivo de plantas u arbustos de ornato.

«Para nosotros eso es lo importante, porque podemos informar pero también podemos hacer acciones de la importancia del árbol, de los servicios ecosistémicos y con eso nosotros estamos considerando que son acciones para proteger los ecosistemas, porque no solamente es ‘informitis’, no, nosotros hacemos acciones», comentó.

En los talleres que se imparten, agregó, se les explica la importancia de proteger la biodiversidad y el patrimonio biocultural a través de plantación de árboles nativos, pues son las especies que se deben de reproducir preferentemente, ya que, de acuerdo a su biología, son las más idóneas que pueden soportar adversos cambios climáticos como la sequía al consumir menos agua. Algunas especies regionales son: amapa rosa, guayacán, mauto, ébano, tecomate y guanacaste.

Advierte sobre el uso de árboles exóticos

La también Maestra en Ciencias, apuntó que aunque la intención es buena, cuando se plantan árboles exóticos puede ser incluso contraproducente para el ecosistema. Algunas especies no nativas son: el neem, la lluvia de oro, el tabachín.

Recordó que en Mazatlán ya ha habido programas forestales donde se han sembrado especies que no son nativas, que aunque son muy bonitos a la vista, requieren de mas recursos como el agua para adaptarse y pueden volverse invasivas y amenazar la biodiversidad local.

Por ejemplo, en los fraccionamientos, si bien es cierto que están obligados a destinar cierto porcentaje de superficie para área verde, en muchas ocasiones no hay vegetación, apuntó, simplemente dejan el espacio sin construir y cuando llegan a arborizar suelen usar especies introducidas.

Ante este panorama Páez Brito consideró que es necesario y urgente contar con un agua o manual de arbolado, donde la ciudadanía pueda consultar cuál es la especie más adecuada para plantar según sus necesidades.

«En los camellones de Mazatlán se pueden hacer corredores biológicos intraurbanos con especies nativas porque también serviría como un proceso de enseñanza a la sociedad, cuando nosotros preguntamos en las escuelas a los niños qué árboles nativos conocen, casi nunca te dicen una amapa, un tecomate, un ébano, normalmente te mencionan al neem», propuso.

El IMDESU trabaja en colaboración con el vivero del Consejo Ecológico de Mazatlán, reproduciendo árboles e impartiendo talleres en su vivero.

Por su trabajo a favor de la educación ambiental, reforestación y acciones sostenibles, Lorena Páez Brito recibirá la medalla conmemorativa «Jornadas Heroicas 2025» por parte del Ayuntamiento de Mazatlán y será homenajeada en sesión solemne de Cabildo este mes de junio.

Consultoría

El IMDESU elabora proyectos de actividades económicas, con enfoque de desarrollo sostenible en materia de conservación y aprovechamiento de recursos naturales y agropecuarios. Es asesor de diversas organizaciones pesqueras y acuícolas, semi intensivas e intensivas de camarón, tilapia y ostión para promover técnicas sostenibles.

«Somos también consultoría, somos una organización civil, pero también nos dedicamos a hacer proyectos de acuacultura, de pesca, de agricultura, impactos ambientales, y la labor voluntaria es la parte educativa», informó.

Colaboraciones

Pese a ser una organización relativamente joven, IMDESU ha realizado numerosas colaboraciones con diferentes instituciones en variados proyectos.

Ha colaborado con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) en el Proyecto de Ordenamiento Acuícola de Ostión Crassostrea gigas en Sinaloa, financiado por CONAPESCA en la realización del modelo técnico sostenible y financiero y en la elaboración del Plan de ordenamiento de lineamientos y acciones.

Recientemente ha suscrito un contrato con el CIAD para la adquisición de crías de robalo y una colaboración con la unidad acuícola Aquacultivos Loreimy para el cultivo de esta importante especie con el objetivo de diversificar la acuacultura sostenible en Sinaloa y difundir los resultados para beneficio del sector.

Participa con otras organizaciones como MAZORDEN y CONNATURALEZA en temas y proyectos con acciones en conservación, protección y aprovechamiento de recursos naturales, de mares y océanos, ordenamiento urbano y ecológico, entre otros.

Colabora en la organización, logística y exposición de los Congresos Científicos Infantiles desde 2021, que son impulsados por la maestra Teresa Romero, de la Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES). En este espacio, ha impartido talleres como Nuestro Mar ODS 14 Vida Submarina, en las escuelas primarias Genaro Estrada, Antonio Pantoja y Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre otras.
IMDESU fue co-organizador del Primer y Segundo Foro para la Defensa y Protección de los Océanos en alianza con la Universidad Autónoma de Sinaloa con la Unidad de Bienestar Universitario, Red Internacional de Promotores ODS RIPO y PNUMA ONU México.

De igual forma se involucró en la organización del Primer Foro Internacional para el Desarrollo Sostenible de los Océanos Universidad Autónoma de Sinaloa 2023. Por cuatro años consecutivos, también ha participado en la Expo Ambiental Son Playas con la impartición de talleres, exposición de proyectos y apoyo logístico.

Actualmente se construyen las instalaciones de IMDESU en el poblado de Tecomate de Siqueros para promover proyectos regionales.

¿Cómo contactar a IMDESU?
A través de su página web:
https://www.imdesu.com/

Correo electrónico:
imdesu6@gmail.com

Redes sociales:
Facebook «Imdesu»
Instagram «Imdesu.sc»

La entrada IMDESU, organización que fomenta la sustentabilidad y la participación activa se publicó primero en Son Playas.

Sinaloa.- Medir el cambio climático y sus efectos es todo un reto tecnológico que se apoya en numerosas ciencias y técnicas para entender cómo las actividades humanas han afectado los ciclos naturales del planeta y generado el fenómeno del calentamiento global. 

El primer informe sobre cambio climático se publicó en 1990 por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC); gracias al avance técnico y científico, lo que al principio era una teoría, más de 30 años después son hechos comprobados.

“En la actualidad la evidencia de que las actividades de los seres humanos han modificado el clima son abrumadoras”, indica el Resumen para todo el mundo del Sexto Informe del  IPCC, un documento diseñado para acercar al público en general a la ciencia detrás de la medición y pronóstico del clima global. 

Las evidencias de esto se pueden observar en todo el sistema climático: 

• Los niveles de CO2 están en su nivel máximo en por lo menos 2 millones de años; 
• El ritmo de deshielo de los glaciares es el más rápido en 2 mil años; 
• El nivel del mar ha aumentado más rápido que en al menos 3 mil años; y 
• La cobertura de hielo en el ártico es la menor en al menos mil años. 

Además, los pronósticos advierten mayores records de días más cálidos, tormentas tropicales más intensas, periodos de sequías y lluvias extremas cada vez más frecuentes, con impactos que ya están afectando en mayor proporción a las comunidades y personas más vulnerables. 

El resumen para todos del sexto informe del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC) señala que, para medir el cambio de las temperaturas atmosféricas miles de años en el pasado y para poder avizorar los posibles escenarios futuros existen cuatro distintos tipos de evidencias. 

Estas son las: Observaciones o mediciones, evidencia paleoclimática, los modelos computacionales, y la comprensión teórica del fenómeno. 

Mientras que las observaciones o mediciones directas del clima se remontan hasta poco más de un siglo, al año de 1850, la evidencia paleoclimática puede ayudarnos a conocer el clima de hace miles o millones de años midiendo los anillos de los árboles, analizando corales marinos, o los gases capturados en las capas de hielo antiguo, entre otras técnicas. 

“Tenemos en la actualidad una mayor cantidad de datos y mejores modelos climáticos… Las simulaciones numéricas del clima han mejorado notablemente y ahora dan información mucho más detallada… Además, ahora ya hemos tenido muchas décadas de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hace que los efectos del cambio climático sean más evidentes”, añade el documento del IPCC. 

Capacidad de medición y modelos de pronóstico del cambio climático

Desde 1990 hasta 2021, año del último reporte del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, la capacidad de la ciencia humana para medir el clima ha pasado de mil 900 a más de 40 mil estaciones de medición. Además, los registros geológicos han pasado de 5 a 65 millones de años de temperatura en el pasado, de 5 a 50 millones en nivel del mar, y de 160 mil a 400 millones de años para el co2 en la atmósfera. Los satélites, además, han aumentado de capacidad y pueden medir muchas más variables climáticas. 

Los modelos de pronóstico climático también han mostrado un avance acelerado. Mientras que en 1990 estos tenían una resolución de 500 kilómetros cuadrados, para el 2021 la resolución mejoró a 100 kilómetros, y hasta los 25-50 kilómetros para modelos regionales de alta resolución. Esto significa que los modelos climáticos cada vez observan y pronostican con mayor detalle, en áreas más pequeñas, el comportamiento del clima en la tierra.

Al igual que con los satélites, los modelos también han aumentado su capacidad de pronóstico del clima a variables como la química atmosférica, la cobertura y uso de la tierra e interacciones entre nubes y aerosoles.

Cómo resultado del desarrollo de estas herramientas, los pronósticos de calentamiento global realizados a través del tiempo han ido coincidiendo con las temperaturas observadas, confirmando que las actividades humanas son un factor clave en el comportamiento de las temperaturas a nivel mundial. 

Con base en está evidencia es que el IPCC considera confirmados como hechos lo que en 1990 era una fuerte sospecha: los gases de efecto invernadero provocados por las actividades humanas elevan las temperaturas e incrementan el nivel del mar.  

¿Cómo funciona el IPCC?

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es un organismo de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de analizar e informar cómo la ciencia nos está ayudando a entender mejor el cambio climático. 

Desde su creación en 1988, el IPCC ha tenido seis ciclos de evaluación en los años de 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 y 2023, y actualmente se encuentra en su séptimo.  

Luego de cada ciclo de evaluación, el organismo publica un resumen de su informe de evaluación los cuales se pueden consultar en el sitio del IPCC: 

• Resumen del primer informe de evaluación (1990) FAR Climate Change: Synthesis — IPCC 
• Segundo Informe de Evaluación del IPCC: Síntesis de la Información Científico-Técnica Relevante para la Interpretación del Artículo 2 de la CMNUCC (1995) SAR Climate Change 1995: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del tercer informe de evaluación (2001) TAR Climate Change 2001: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del cuarto informe de evaluación (2007) AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del quinto informe de evaluación (2014) AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC 
• Informe de síntesis del sexto informe de evaluación (2023) AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 

El IPCC está a su vez conformado por tres grupos de trabajo que analizan: 

1. los cambios climáticos físicos; 
2. los impactos en personas y ecosistemas, y cómo podemos adaptarnos;
3. y cómo mitigar el cambio climático.

Estos grupos de trabajo no realizan investigación propia sino que hacen revisiones a la nueva evidencia científica publicada para darla a conocer y ayudar a las personas del mundo y a las y los responsables de políticas públicas a actuar mejor informados. 

Las últimas publicaciones de los distintos grupos de trabajo son:  

• Cambio Climático 2021: Las Bases de la Ciencia Física AR6 Cambio Climático 2021: La Base de la Ciencia Física — IPCC
• Cambio Climático 2022: Mitigación del cambio climático AR6 Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático — IPCC
• Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad AR6 Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad — IPCC

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La organización advierte que mientras la demanda de ese recurso se incrementa de forma acelerada en Mazatlán, en los últimos trece años la disponibilidad de agua superficial del río Presidio se redujo 56.6%, lo que significa que el embalse recibe menos de la mitad de los aportes que se registraban en sus inicios. Las aguas subterráneas ya no son una opción para el municipio debido a que los acuíferos se encuentran sobreexplotados.

En un escenario de cambio climático, la provisión de agua superficial del río Presidio podría disminuir otro 27.6% en los próximos cinco años (2030) y hasta 49.3% menos en los siguientes 25 años (2050), según los estudios de vulnerabilidad socioambiental de Mazatlán realizados por Conselva con el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Proyecto Pares, Fundación Gonzalo Río Arronte e Implan Mazatlán.

Como parte de esa evaluación, se identificó que la vegetación de la cuenca se ha degradado y ha dejado de retener el suelo con sus raíces debido a las actividades agropecuarias de la zona. Al quedar desnudo, el suelo es arrastrado por las lluvias provocando el azolvamiento progresivo del embalse. Conforme se acumulan los sedimentos en el fondo de la presa, disminuye su capacidad de almacenamiento de agua.

Declaratoria de área de conservación

Ante un panorama adverso, y para asegurar la disponibilidad de agua de la presa Picachos para el futuro de Mazatlán, Conselva propone que se declare como área de conservación a la cuenca aportadora, ubicada en el polígono norte, en donde se encuentran ocho núcleos agrarios. Para proteger el área de contribución de ese embalse, ya se dispone de un estudio técnico con un avance del 90%, pero aún se requieren 100 mil pesos para concluirlo, según el documento proporcionado por la organización ambientalista.

De forma complementaria, se plantea la necesidad de que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Mazatlán, que aún no se elabora, integre las propuestas de manejo de cuenca desarrollada por Conselva, lo que incluye un programa de ganadería regenerativa para la restauración del paisaje con sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y silvopastoriles.

Cabe señalar que el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán, publicado el 20 de enero de 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, reconoce en su artículo tercero que se considera de interés público el Ordenamiento Ecológico Municipal así como las acciones necesarias para su implementación; la promoción del desarrollo sustentable, el establecimiento de áreas naturales protegidas y zonas de preservación ecológica municipal, así como el establecimiento de medidas para la conservación, preservación y restauración de la flora y fauna en el territorio municipal.

E Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que entró en vigor el 31 de octubre de 2024 también reconoce que Mazatlán necesita un Plan Integral de Agua.

Soluciones basadas en la naturaleza

La agenda hídrica presentada por Conselva ante autoridades municipales y diversos sectores también contempla soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a las microcuencas para reducir la aportación de sedimento a la presa, incrementar la cosecha de agua y su infiltración en beneficio de las comunidades rurales con desabasto. Todas las acciones mencionadas podrían financiarse de forma concurrente.

Para la zona urbana se sugiere «infraestructura verde» que permita que el agua pase al subsuelo, se reduzcan las inundaciones y se aproveche el agua de lluvia. Por ejemplo: bosques urbanos, renaturalización de ríos, humedales urbanos naturales y artificiales; espacios y edificios verdes; jardines de lluvia, pozas de infiltración y banquetas infiltrantes o permeables; playas y marismas en buen estado para regular las inundaciones costeras.

Estas soluciones basadas en la naturaleza incluyen la cosecha de agua de lluvia para el abastecimiento de poblados, entre otras acciones que convertirían a Mazatlán en una «ciudad esponja», termino utilizado para las urbes diseñadas para absorber, filtrar y almacenar el agua de lluvia.

Competencia por el agua: campo vs ciudad

El abasto hídrico de Mazatlán enfrenta otro problema: la capacidad de almacenamiento de la presa Picachos es menor que el volumen asignado y concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para uso agrícola y consumo humano, pues el embalse tiene una capacidad de almacenaje de 322 millones de metros cúbicos, pero las asignaciones y concesiones ascienden a 437.92 millones de metros cúbicos en total, lo que representa un déficit de -115.92 millones.

El volumen asignado por Conagua se divide de la siguiente manera: 327.7 millones de metros cúbicos para el Distrito de Riego 111, 94.6 millones para el consumo humano y sectores económicos de Mazatlán; 2.6 millones para el municipio de Concordia y 13 millones para el gasto ecológico del río Presidio (agua que se deja correr para que el río se mantenga vivo).

Conselva advierte que la demanda para la agricultura es superior a la asignada, mientras que en la ciudad, el consumo se incrementa de forma acelerada no solo por el crecimiento poblacional, sino por la población flotante; pues tan solo el año pasado el destino recibió a 6 millones 121 mil 572 turistas noche, lo que implica un impacto en la disponibilidad del agua, ya que se estima que los visitantes la gastan seis veces más que la población local.

Con base en las tendencias de disponibilidad de agua y demanda, la organización prevé una eventual competencia por este recurso natural entre la ciudad y el sector agropecuario.

Para que el agua alcance para todos los sectores, la agenda hídrica plantea mecanismos para asegurar la disponibilidad de agua en la presa; el uso eficiente en el Distrito de Riego 111 y reducir la vulnerabilidad por falta de agua en Mazatlán. Sandra Guido, directora de Conselva, informó recientemente que en el transcurso de marzo de este año se reunió con la alcaldesa Estrella Palacios para exponerle la agenda, esperando que la acepte y la impulse.

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Por: Ana Cristina Alvarado/Mongabay LATAM

En los Andes, los picos blancos de las elevaciones eran llamados nieves perpetuas. Sin embargo, desde hace años, se sabe que los glaciares están desapareciendo. Para levantar conciencia sobre la importancia de su conservación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que 2025 sea el Año Internacional de los Glaciares y el 21 de marzo Día Mundial de los Glaciares, además de su lema para el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.

Estas grandes masas de hielo, que se encuentran principalmente en los polos y en las altas montañas, “tienen un rol a escala global”, dice Constanza Espinoza, cofundadora y directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Por un lado, son reservas críticas de agua dulce y constituyen parte importante del ciclo hidrológico de la Tierra.

Por otro lado, explica Espinoza, principalmente los glaciares de la Antártica, Groenlandia y el Campo de Hielo patagónico, por su magnitud, “permiten bajar la temperatura del planeta”. Esto sucede gracias al albedo, que es la capacidad que tienen el hielo y la nieve de reflejar la radiación solar, en lugar de absorberla, como lo hacen otras superficies terrestres.

Si bien esos enormes bloques helados parecen inertes, allí también habitan diferentes tipos de organismos. Uno de ellos es el dragón de la Patagonia, un insecto de la familia de los plecópteros que realiza todo su ciclo de vida en el hielo, explica Espinoza. Asimismo, dice, su derretimiento, dentro de los parámetros normales, abastece de agua y nutrientes a ecosistemas completos.

El calentamiento global, no obstante, está amenazando a los glaciares y a la vida que sostienen. Jorge Luis Ceballos, glaciólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, dice que en todo el mundo se está experimentando “un derretimiento acelerado”.

Por la posición del planeta en relación con el sol, la situación es más crítica para los glaciares tropicales, explica Ceballos. En América del Sur, estos se encuentran alrededor de la línea ecuatorial, entre Venezuela y la frontera norte de Chile y Argentina.

A pesar de la amenaza inminente, iniciativas a lo largo de los Andes buscan estudiarlos, visibilizar los impactos de las industrias mineras y difundir su importancia para la espiritualidad de los pueblos indígenas con el fin de protegerlos.

Un mensaje desde Venezuela, la primera nación postglacial

Aunque en el Pico Humboldt, en Venezuela, todavía queda alrededor de una hectárea de hielo, un poco más que un campo de fútbol, “para los glaciólogos ya no puede considerarse un glaciar”, dice Luis Daniel Llambí, profesor titular de ecología de la Universidad de los Andes, en Mérida. Esto convierte al país, cuyos glaciares sumaban en 1910 una superficie equivalente a 300 canchas de fútbol, en la primera nación postglacial de los Andes.

Es por eso que Llambí, junto a otros científicos, inició investigaciones para entender cómo estaban cambiando los ecosistemas a medida que desaparecían los glaciares y así “mandar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático”, señala.

El científico enfatiza en la importancia de que los países andinos protejan sus glaciares y establezcan una cultura de turismo responsable en las montañas, pues cuando estas grandes masas de hielo retroceden, “se forman ecosistemas de una fragilidad enorme”.

En 2019, Llambí y la física Alejandra Melfo coordinaron el inicio de una serie de expediciones financiadas por National Geographic para documentar la desaparición de los glaciares y estudiar la colonización de la vida.

Los científicos observaron “cómo se va armando un ecosistema desde cero”. Encontraron que donde el glaciar desapareció recientemente, primero colonizaron organismos microscópicos como las bacterias. Más tarde, llegan los líquenes – la unión o simbiosis entre un hongo y un organismo fotosintético, generalmente un alga o una cianobacteria– y musgos.

Les sorprendió que cerca del glaciar dominan sobre todo los líquenes. “Con nuestro equipo descubrimos siete especies nuevas para la ciencia, lo cual en líquenes es raro, porque son de distribución bastante amplia y no es tan fácil conseguir especies nuevas”, señala.

Luego, el equipo halló que los líquenes y los musgos se asocian en biocostras que favorecen el establecimiento de las primeras plantas. Las gramíneas o pastos colonizaron esas zonas incipientes, pero inmediatamente después, aparecieron las plantas con flor. Muchos años más tarde, llegaron los primeros polinizadores.

A medida que los investigadores se alejaban del remanente de hielo del Pico Humboldt y bajaban hasta donde llegaba el glaciar en 1910, veían ecosistemas con más tiempo en desarrollo, explica Llambí. “Es interesante estudiar cómo la vida se abre paso”, afirma.

No obstante, a Llambí le preocupa que mientras el deshielo es acelerado, principalmente en los Andes tropicales, los nuevos ecosistemas se ensamblan lentamente. Luego de 100 años desde que el glaciar del Pico Humboldt empezó a retroceder, las primeras redes de plantas y sus polinizadores, todavía son “extremadamente sencillas”.

“Enfrentamos el peligro de acumular una deuda climática, porque no sabemos si los organismos van a colonizar a una velocidad suficiente para enfrentar el cambio climático”, concluye.

Chile: la ciudadanía defiende a los glaciares frente a una minera

En 2024, una minera estadounidense quiso entrar al Parque Andino Juncal, que cuenta con 24 glaciares y está al pie del glaciar Juncal, uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Esta reserva privada ubicada en la región de Valparaíso, Chile, tiene, además, seis humedales y numerosas fuentes de agua prístina. Por eso, en 2010 fue declarada sitio Ramsar, un protocolo internacional para la protección de humedales.

En el Juncal “nace el agua de la cuenca del Aconcagua y de allí proviene uno de cada cuatro litros de agua que bebemos las personas de la región de Valparaíso, donde viven dos millones de personas”, afirma Jorge Morales, vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa.

El agua recorre 150 kilómetros, desde los glaciares en el límite con Argentina, por el valle del Aconcagua hasta desembocar en el océano Pacífico. En ese recorrido, hay ecosistemas sensibles que dependen de este recurso. “Si la minería interviene el Parque Andino Juncal, se correría el riesgo de que la fauna endémica desaparezca”, asevera Constanza Espinoza.

Aunque la familia Kenrick es propietaria del Parque de 13 796 hectáreas, en Chile, eso le da propiedad solo sobre la superficie, no sobre los minerales o recursos del subsuelo. La minera adquirió 15 concesiones para la exploración y explotación de cobre y oro en 8300 hectáreas del lugar.

En Chile, antes de la exploración, se requiere que las mineras monumenten su pertenencia estableciendo hitos. Solo esta actividad ya representaría una afectación directa a la biodiversidad del Parque, por lo que la familia propietaria solicitó en primera instancia que la marcación se haga en formato digital. No obstante, en marzo de 2024, la minera estadounidense consiguió una orden judicial para entrar a la zona.

La comunidad se organizó para impedirlo. “Comenzamos cinco personas y llegamos a ser cerca de 80 organizaciones a lo largo del valle del Aconcagua”, cuenta Morales. Realizaron actividades de visibilización sobre la importancia de los glaciares e incluyeron expresiones artísticas, culturales y espirituales. La resistencia pacífica alcanzó un primer triunfo.

El 16 de abril de 2024 venció el plazo para que la empresa concretara la pertenencia minera, por lo que tendrá que reiniciar el proceso de solicitud de la concesión. Esto permitió que las organizaciones que se unieron para defender el Parque ganen tiempo.

“Tuvimos acceso a información que señala que las reservas mineras no son tan significativas para un proyecto de inversión”, asegura el vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa. Sin embargo, esto no anula la amenaza. “Puede ocurrir que el titular venda el proyecto a alguien que sí le resulte atractivo”, dice.

Por el momento, los defensores del Juncal y del Valle del Aconcagua se mantienen alertas y siguen levantando información para continuar con la protección de los glaciares una vez que la amenaza se reactive.

En Colombia, un pueblo indígena declaró intangibles a los glaciares

Para los U’wa, los glaciares son sagrados. “El Dios Sira nos dejó el glaciar para que nosotros nos conectáramos directamente con ellos”, dice Juan Tegria, asesor jurídico de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa. Se refiere al Zizuma, como es conocido en su lengua, o a la Sierra Nevada del Cocuy, en el norte de Colombia.

“Si nosotros permitimos que el glaciar sea pisado, ensuciado o disminuido, la conexión espiritual se va a acabar. Por eso no permitimos que el glaciar sea tocado”, explica el abogado. Pero no siempre fue así.

El Zizuma fue declarado como Parque Nacional Natural El Cocuy en 1977. En 2021 recibió unos 25 000 visitantes. Durante mucho tiempo, montañistas y turistas caminaban, se deslizaban, jugaban y pernoctaban sobre los glaciares. Entonces, en 2014, los U’wa iniciaron una protesta para que el Parque se cierre al turismo.

Después de años de tensiones entre el pueblo indígena U’wa y el gobierno colombiano, llegaron a un acuerdo. En 2017 se emitió una resolución en la que se autoriza el uso de tres senderos para subir hasta el borde del glaciar. En el website de Parques Nacionales de Colombia se corrobora esta decisión y se alerta la prohibición de “pisar, deslizarse sobre la nieve o manipular la misma”.

“Resulta que en 2024 volvimos a hacer una movilización”, relata Tegria. El abogado señala que les llegó información de que “hay gente sin escrúpulos” que ocupa senderos no autorizados y pasa la noche en el glaciar, aunque está prohibido. “Dijimos que tenía que volver a cerrarse el Zizuma, pero los campesinos que se benefician de las actividades turísticas no estuvieron de acuerdo. Así que nos retiramos”, cuenta.

En 2024, los U’wa ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado colombiano por la violanción a sus derechos. El caso fue motivado por el desarrollo inconsulto de una serie de proyectos hidrocarburíferos en su territorio ancestral, por la falta de reconocimiento formal de su territorio y por los conflictos sobre el manejo del Parque Nacional Natural.

La sentencia dispuso, entre otros, que Colombia asegure la participación de la Nación U’wa en la administración del área protegida. “Estamos tratando de concertar que no exista ese turismo clandestino, si van a salvaguardar el Zizuma, que se haga de manera integral”, exige Tegria.

Si bien es difícil llegar a un consenso entre la cosmovisión indígena y el deseo de los turistas de ascender los glaciares, este pueblo espera que se respete su cosmovisión. Los U’wa realizan diferentes rituales a lo largo del año con el objetivo de que se mantenga el equilibrio de la naturaleza, que a su pesar, está cambiando por el calentamiento global.

Este texto fue publicado originalmente por Mongabay LATAM y Son Playas lo replica con el permiso correspondiente. Foto principal: Glaciar Juncal Norte, en la región de Valparaíso, Chile. Foto: Parque Andino Juncal.

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Mazatlán, Sinaloa.- Un incendio en la zona norte del municipio de Mazatlán se encuentra activo y afectando un área de más de 10 kilómetros cuadrados, indica el Sistema de Alerta de Incendios de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO).

Consultado por Son Playas, este sistema de alerta señala hasta 59 puntos de calor ubicados al norte de la Presa Picachos, los cuales estarían afectando zonas de selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia cerca de los poblados de Agua Caliente del Zapote, Las Salvias y Guaymas, al norte de Mazatlán. Además, la plataforma de seguimiento meteorológico Windy indica que el siniestro abarca un área de más de 10 kilómetros cuadrados.

Roy Navarrete Cuevas, Director de Protección Civil Sinaloa, confirmó que había recibido reporte del mismo, pero este se descartó al consultar con pobladores de los alrededores. Sin embargo, el funcionario no afirmó haber acudido a la zona.

Al solicitar información a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), la dependencia no emitió comentarios al respecto.

Incluso, Roy Navarrete aseguró que por el momento no se cuenta con ningún incendio activo en Sinaloa. Sin embargo, indicó que el instituto sigue pendiente del tema ya que es común que estos se reinicien.

Mientras tanto, en el centro de Sinaloa se ha identificado otro incendio en Culiacán, específicamente al norte de la presa Sanalona. Al respecto, en el marco de la conferencia semanal del gobernador Rubén Rocha Moya, la titular de SEBIDES confirmó la existencia de incendios en zonas de difícil acceso a las que no se puede dar atención por encontrarse en laderas. Las autoridades esperan que el fuego se extinga solo al llegar a nivel de carretera.

Antecedentes y riesgos de incendios

El recientemente presentado Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa indica que la sequía extrema que afecta a Sinaloa incrementa el riesgo de incendios forestales en extremo en municipios como Ahome, Angostura, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Badiraguato, Elota y Mazatlán. En 2023, se reconoce, Sinaloa tuvo la cifra más alta de la que se tenga registro y sus causas fueron en 44.2% desconocidas, por la realización de actividades agrícolas y pecuarias (20.9%), incendios intencionales (23.3%) y el porcentaje restante por otras causas.

Los incendios forestales pueden alterar el ciclo hidrológico y agravar la sequía

Los incendios forestales son importantes porque la pérdida de vegetación altera el ciclo hidrológico, erosiona el suelo y se reduce la capacidad de filtrar agua al subsuelo, afectando la recarga de los acuíferos. La situación de sequía podría agravarse por este tipo de fenómenos, según información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (link)

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En los manglares que aún existen en los bordes de la Isla de la Piedra, junto al canal de navegación y el estero de Urías, hay aves migratorias que descansan y se alimentan; también hay una capa de basura que se mezcla con la vegetación, el agua y la fauna. Con el propósito de hacer visible ese problema de contaminación, 139 personas llegaron en lancha esta mañana para limpiar el área y extraer más de una tonelada de desechos, por invitación de la organización Maz Conciencia.

Entre los desechos que se retiraron de la zona de manglar había de todo: envases de alimentos, bebidas, insecticidas, detergentes y combustibles; zapatos, garrafones, redes de pesca, pañales y hasta partes automotrices. También había juguetes, bloques de unicel, baldes, hieleras y llantas, más una infinidad de bolsas y utensilios desechables prohibidos en la legislación de Sinaloa desde el 2020, los mismos que abundan en las playas de la localidad.

Algunos envases plásticos se desbarataban en las manos al ser tocados, fragmentándose en pedacitos, tostados por el sol.

«Lo importante es que cada uno de nosotros salgamos allá afuera y difundamos lo que vimos el día de hoy, usen sus redes para llevar el mensaje a más personas», manifestó una de las fundadoras de Maz Conciencia, María Esther Juárez, ante decenas de personas voluntarias de diversas instituciones educativas, empresas, y agrupaciones ciudadanas.

Sofía Trejo, otra de las iniciadoras de la organización, dijo que planean seguir trabajando en la limpieza de ese sector hasta que el cambio sea notorio, para lo cual propuso a los asistentes verse cada mes en el mismo lugar.

«Esto no es todo, aquí no se termina, esto tiene que continuar porque si no, en uno, dos o tres meses se vuelve a poner así», mencionó.

Por su parte, el buzo Ignacio Zataraín, uno de los integrantes activos de la agrupación, guio a los voluntarios hasta el área en donde la basura convive con las aves que cada año vienen desde Norteamérica a descansar y alimentarse mientras pasa el invierno; también mostró cómo es que la marea arrastra la basura que se mezcla con las raíces de los mangles y la arena. «Aquí es donde la belleza se rompe», lamentó.

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Las aves del manglar de la Isla de la Piedra

José Ramón Ávalos y Gisela Cabanilla, coordinadores de la organización Bird Watching, colocaron una cámara con tripié para que las personas pudieran observar de lejos a las aves, sin perturbarlas. En una hora, los especialistas lograron identificar 30 especies diferentes, entre las cuales destacan las migratorias: Correlimos de Alaska, Martín Gigante Norteamericano, Colimbo Grande, Charrán de Forster, Playero Aliblanco, Zarapito Americano, Zarapito Trinador y el Chorlito Gris que suele anidar en la tundra ártica, entre otras. También se identificó una diversidad de garzas, garcetas, pelícanos y gaviotas.

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Esta actividad se realizó en el marco del Día Mundial de los Humedales, una celebración que busca crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas que se caracterizan por ser zonas de transición entre el agua y la tierra; áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente, como por ejemplo, lagunas, marismas, manglares, lagunas, lagos, ríos, deltas, arroyos y playas.

Para poder realizar la limpieza fue necesario dar aviso a la Secretaría de Marina por cuestiones de seguridad, logística y para el retiro de la basura recolectada, informó Maz Conciencia.

Organizaciones participantes

GALERÍA

Fotos: Son Playas.

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Redacción Son Playas/3 de 5 partes.

Para impulsar un desarrollo sostenible de Mazatlán, el nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) propone en el segundo de sus cinco ejes estratégicos, la implementación de un Sistema de Información Territorial y Urbano de acceso público y un Plan Integral de Agua como líneas de acción para fortalecer la normatividad del crecimiento futuro de la ciudad.

Este documento rector para el Municipio fue publicado el pasado 30 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente; identifica debilidades institucionales en instrumentos jurídicos vinculados con el crecimiento de la ciudad y, para fortalecerlos, propone actualizar prácticamente todos los planes de desarrollo y crear nuevos que aborden también la planeación de las sindicaturas.

Titulado “Marco normativo y certeza jurídica”, los objetivos de este segundo eje son propiciar asentamientos humanos seguros, legales y de baja huella ecológica; vincular la planeación urbana al manejo integral de cuencas para optimizar los recursos hídricos y fomentar el acceso a una vivienda adecuada a cualquier ciudadano para reducir asentamientos humanos irregulares.

Son Playas mantiene una serie de publicaciones sobre los cinco ejes estratégicos que integran el nuevo PMOTDU. En su edición pasada abordó el eje uno titulado “vida digna en los asentamientos humanos”; y a continuación, la segunda de las cinco entregas.

Sistemas de información territorial

Ante la debilidad normativa que identifica el nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano desde lo institucional, propone cuatro soluciones fácticas, la primera es la implementación del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) de acceso público que sería coordinado por Instituto Municipal de Planeación (Implan) en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y los diferentes comités de participación ciudadana, esto permitirá impulsar un desarrollo urbano sostenible.

Este Sistema operaría en línea como una acción a mediano plazo, sin embargo, no es un programa propio, pues el SITU ya existe en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano del Gobierno federal como una plataforma digital que permite almacenar, organizar, procesar y difundir información geográfica, documental y estadística actualizada para el diseño e implementación de políticas públicas en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y movilidad. La propuesta es que Mazatlán construya su propia plataforma con información local.

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La segunda solución fáctica que propone el nuevo PMOTDU es conformar Comités de Desarrollo en Sindicaturas, pues mientras en el eje uno identifica carencias y debilidades en la zona rural, en este segundo eje propone incluirlas en capacitaciones y seguimiento a los planes de desarrollo, así como generar un mapa de espacios públicos con acceso a internet incorporado a los sistemas de acceso a la información y transparencia.

La tercera es la difusión amplia, accesible y transparente de ese nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su versión completa.

La última solución fáctica en este segundo eje estratégico es elaborar e implementar un Programa de Reubicación de Asentamientos Humanos que se encuentran en zonas de riesgo de acuerdo con el Atlas de Riesgos Naturales municipal, éste lo propone como una acción a corto plazo con recursos tripartidas y con intervención de autoridades estatales y federales, pues ha identificado en este documento que hay 66 asentamientos irregulares.

Soluciones normativas para los próximos 20 años

Este segundo eje también propone una serie de soluciones normativas para las nuevas necesidades de crecimiento, ya que proyecta que, en los próximos 20 años, la ciudad tendrá 167 mil habitantes más y 3,274 nuevas hectáreas de suelo urbano.

En ese contexto, propone la actualización de instrumentos de planeación; esto implica revisar y ajustar a las nuevas necesidades el Plan Director de Desarrollo Urbano y Plan Parcial Centro Histórico. En el caso de la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Corredor Mazatlán-Villa Unión y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Acceso Libramiento Norte considera una inversión de dos millones de pesos de recurso tripartita para concretarlos a mediana plazo.

En esa misma propuesta establece elaborar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa Unión, para lo cual se destinarían 1.5 millones de pesos y propone el involucramiento del Cabildo para cumplirlo.

En el caso de las sindicaturas, establece crear un nuevo Esquema Simplificado de Planeación para Mármol, El Quelite, La Noria de San Antonio, El Recodo, Siqueros y El Roble, un proyecto a largo plazo que requerirá una inversión de 4.5 millones de pesos, en aras de incluirlos en el orden normativo y control como zona rural.

Proyecciones de la demanda de suelo

De acuerdo al escenario de crecimiento demográfico medio, se contempla que para el año 2050 el municipio de Mazatlán habrá crecido 5,447.5 hectáreas adicionales; 5,155.5 corresponderán a la ciudad de Mazatlán y 291.9 en las sindicaturas, siendo Villa Unión la de mayor superficie con 383.12 hectáreas.

Planificar el uso del agua

Como parte de ese nuevo Sistema de Ordenamiento, el nuevo PMOTDU propone, además, que el Gobierno Municipal elabore Planes de Acción de Manejo de Cuenca (PAMIC) de las subcuencas Río Quelite, La Ventana, Caimanera, Mazatlán, Río Piaxtla y Río Presidio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático, las PAMIC son un instrumento de diagnóstico, planeación y gestión del territorio que articula esfuerzos para proponer el desarrollo de acciones prioritarias de conservación, restauración y adecuación de prácticas.

A la par, propone elaborar el Plan Integral del Agua del Municipio de Mazatlán, donde sugiere que se involucre al Cabildo y al Gobierno federal para concretarlo a largo plazo, en esta acción considera necesario invertir un millón de pesos de recurso tripartita; es importante destaca que un Plan Integral de Agua es un instrumento que marca objetivos, estrategias y acciones para lograr metas de sustentabilidad y sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos que requiere la coordinación entre Gobierno y sociedad civil organizada.

Vivienda, construcciones y atlas de riesgo

La vivienda es un tema vulnerable de la ciudad que identifica el PMOTDU ante factores como expansión urbana acelerada y asentamientos humanos irregulares, en ese sentido, propone elaborar el Programa Sectorial de Vivienda en Mazatlán para mayor control en abasto de servicios básicos, infraestructura y tenencia de la propiedad. Esto en un contexto donde la mayor cantidad de uso de suelo que está dentro de alguna categoría de riesgo, es precisamente el habitacional.

Actualmente no hay antecedentes de un programa similar en la ciudad que haya iniciado estas acciones de regulación de zonas vulnerables.

Actualizar el Reglamento de Construcción es otra propuesta puntual para que se incorporen los términos de infraestructura verde y azul, es decir, espacios al aire libre con vegetación y con agua, respectivamente, como parques, corredores ecológicos, lagunas, arroyos, ríos o esteros.  El reconocimiento de estos espacios deberá ser tomado en cuenta para la futura aprobación de construcciones, en apego a la visión y los principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; y a las normas oficiales aplicables.

Esto implicaría que se considere, desde la normativa local, que la infraestructura verde y azul también es necesaria para captar y filtrar el agua de lluvia y para la gestión sostenible de recursos hídricos.

En este apartado el nuevo PMOTDU destaca la necesidad de determinar parámetros de capacidad de carga para los destinos turísticos y edificios de departamentos sujetos a una mayor presión o que se encuentran en zonas ambientalmente frágiles y vulnerables al cambio climático; de esta forma se prevé un mejor control de las zonas de crecimiento de Mazatlán y las condiciones en que se dará la expansión urbana. Es por ello que propone que se actualice el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio.

Lo anterior identifica debilidades normativas institucionales y, al mismo tiempo, abre la oportunidad a que las autoridades atiendan estas propuestas y encaminen el crecimiento de Mazatlán a condiciones más prósperas y equilibradas en los próximos años.

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El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU) fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 30 de octubre. En este documento oficial con validez legal se reconoce que la expansión urbana es el factor más crítico del municipio, luego de que la ciudad creció más del doble (2.39 veces) entre 1990 y 2020.

De igual forma se menciona que ante el cambio climático, y debido al crecimiento de la zona urbanizada, el municipio presenta vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundación y deslaves.

Tras su publicación, el PMOTDU deja sin efecto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 2014 para identificar ahora nuevas necesidades de la ciudad, entre ellas, el impacto de las construcciones verticales, serias preocupaciones en temas de medio ambiente, abasto de agua y una urgente estrategia de movilidad integral. Además de exponer las problemáticas de la ciudad, este documento rector propone soluciones y las bases para el ordenamiento socio-territorial de los próximos 20 años.

Son Playas ha preparado una serie de cinco entregas para compartir con la comunidad los aspectos más destacados de este instrumento que debe ser tomado en cuenta por el Ayuntamiento al momento de expedir licencias de construcción, cambios de uso de suelo o factibilidad de servicios, entre otros. Hoy empezamos con un resumen general.

¿Qué contiene el documento?

El nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) está dividido en cinco ejes estratégicos: Vida digna en los asentamientos humanos; marco normativo y certeza jurídica; integración socio-territorial; infraestructura amigable con el medio ambiente, y movilidad y desarrollo económico para todos.

Este documento es de alta utilidad social, ya que permite conocer la problemática de la ciudad y vigilar las acciones de la autoridad municipal para que se acate y se de seguimiento a este instrumento a fin de garantizar el crecimiento planeado de la ciudad.

Su objetivo es “crear un instrumento de planeación que sea la base del ordenamiento y la integración socio-territorial de las localidades que componen el municipio de Mazatlán en armonía con su medio natural a través de reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos en materia urbana».

En su proceso de elaboración, el Instituto Municipal de Planeación Municipal (IMPLAN) realizó una consulta pública y foros ciudadanos con actores claves. El contenido plasma las preocupaciones de los grupos sociales respecto a la expansión urbana y sus consecuencias. El PMOTDU también incluye un plan de seguimiento de cada uno de los cinco ejes estratégicos e indicadores para su medición.

¿Cuánto ha crecido la mancha urbana?

Sobre la proliferación de la ciudad hacia la periferia, se detalla que en 30 años, la superficie urbana de Mazatlán se incrementó más del doble. En 1990 se contaba con una superficie urbana total de 3 mil 903.81 hectáreas con 314 mil 345 habitantes, mientras que para el 2020 la superficie territorial ascendió a 9 mil 325.03 hectáreas, contando con 501 mil 441 habitantes, lo que significa que la población se multiplicó 1.60 veces pero la mancha urbana 2.39

Al respecto, el documento señala que esta desproporción «pone en evidencia un proceso de dispersión urbana más allá de lo necesario sin llegar a actualizar de forma proporcional la prestación de los servicios públicos. Este incremento ha provocado varios problemas en la cabecera municipal, como el incremento del parque vehicular, presión para la dotación de servicios públicos e invasiones»

En la proyección poblacional a futuro, el Programa destaca que, si Mazatlán continúa con un crecimiento demográfico bajo como hasta ahora, en 2050 su población podría llegar a 750 mil habitantes; en caso contrario, si el crecimiento es alto, este municipio costero de Sinaloa podría superar el millón de habitantes en ese proyección a largo plazo. Actualmente la población registrada es de 501,441 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI.

Factores críticos identificados

El PMOTDU destaca que los esfuerzos de planeación de Mazatlán deben de centrarse en factores críticos, siendo la expansión urbana como el de mayor impacto, seguido por otros como: asentamientos humanos, desarrollos inmobiliarios irregulares y en zonas de riesgo; segregación socio-territorial; cambio de uso de suelo; migración de población, desigualdades entre el campo y la ciudad, incremento de la población, inundaciones, deforestación, sistema de drenaje y manejo de residuos sólidos; y atención de grupos vulnerables.

Además, se indica que debido a la pérdida de los espacios naturales se registra un déficit de áreas verdes, problemas de deforestación y procesos de desertificación del territorio y escasez de agua.

Como dato relevante, el PMOTDU destaca que, ante el cambio climático, y debido a la expansión urbana, el municipio presenta vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundación y deslaves.

Alternativas de solución

Entre los principales retos que implica este panorama, se destaca que es necesario vincular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con el ordenamiento ecológico; mayor control en los cambios de uso de suelo y aplicabilidad de la normativa; reducir la desigualdad territorial, conservar y aprovechar los servicios ecosistémicos de las áreas naturales; definir normas urbanas, garantizar espacios públicos suficientes, prohibir construcciones en zonas de riesgo, sumar participación ciudadana en los sectores de desarrollo urbano e inmobiliario y atender las causas de migración de la población hacia la ciudad.

Factores críticos ordenados por nivel de criticalidad

A continuación, la tabla con el orden jerárquico de los 50 Factores Críticos plasmados en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán, a través de una matriz de influencias elaborada por el IMPLAN con base en los resultados de foros y consultas. Este ejercicio revela, por ejemplo, que detrás de la expansión urbana que experimenta la ciudad hay otras preocupaciones sociales como déficit de áreas verdes, erosión, deforestación y la pérdida general de espacios naturales; también pone de manifiesto cómo los cambios de uso de suelo contribuyen a esta dispersión.

1. Expansión urbana.
2. Asentamientos humanos irregulares.
3. Asentamientos humanos en zonas de riesgos
4. Segregación socio-territorial
5. Cambio de uso de suelo
6. Migración de población
7. Desigualdad en la relación del campo y la ciudad
8. Incremento de la población
9. Falta de servicios públicos
10. Desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo
11. Pérdida de espacios naturales.
12. Falta de aplicabilidad de la normativa
13. Contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos
14. Contaminación del suelo
15. Inundación
16. Falta de autoridad y mal manejo de espacios naturales y las ANP, Áreas de Conservación y Sitios Ramsar.
17. Falta de ordenamiento en las actividades económicas
18. Déficit de áreas verdes
19. Erosión/desertificación
20. Deforestación
21. Mal manejo de residuos sólidos, peligrosos, especiales
22. Sistema de drenaje ineficiente.
23. Falta de atención de los grupos vulnerables
24. Falta de servicios públicos y de infraestructura para la zona rural (Sector administrativo y de salud)
25. Déficit de equipamientos
26. Normatividad municipal desactualizada
27. Mazatlán con gran vocación industrial
28. Mal manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
29. Falta de sistemas de abastecimiento de agua potable y plantas potabilizadoras
30. Localidades marginadas
31. Falta de mantenimiento de espacios públicos
32. Contaminación visual
33. Falta de criterios hídricos en el ordenamiento territorial e infraestructura
34. Sequía
35. Contaminación de playas
36. Deficiencias de la infraestructura vial
37. No se potencializa el turismo rural.
38. Contaminación del aire
39. Falta de certeza jurídica en la propiedad
40. Aumento del flujo vehicular
41. Quemas y tiraderos de basura
42. Inadecuada interacción Puerto – Ciudad
43. Falta de regulación de la vivienda en renta para uso turístico.
44. Desaprovechamiento de las actividades primarias
45. Inadecuada interacción urbana con el ferrocarril
46. Inadecuada interacción urbana con el ferrocarril
47. Falta de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales
48. Falta de regulación de la imagen urbano rural
49. Falta de mantenimiento y rehabilitación en los inmuebles con características patrimoniales
50. Gobierno y ciudadanía.

DESCARGA Y CONSULTA

El PMOTDU ya está disponible en la página del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), luego de que el pasado 30 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado; previamente, el 11 octubre, fue aprobado en sesión de Cabildo. Descárgalo dando clic aquí.

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Por Patricia Ramírez

México llegará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre cambios y ajustes. Tras seis años de gobierno, el mandatario Andrés Manuel López Obrador fue relevado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre. Bajo esta nueva administración los recién nombrados funcionarios de medio ambiente representarán al país en este evento internacional.

La COP16 de Biodiversidad reunirá a representantes de 196 países entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, Colombia. En la pasada COP15, realizada en 2022 en Canadá, las naciones se comprometieron a reducir la pérdida de biodiversidad con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 que quedaron establecidas en el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés).

Este año, los países deberán presentar sus planes nacionales para lograr dichas metas.

“Teníamos hasta el 1 de agosto de este año para subir nuestras metas nacionales al Mecanismo Facilitador de Información del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica) y México cumplió. Pudimos establecer 48 metas nacionales alineadas con el Marco Mundial (GBF)”, explicó Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en entrevista para esta publicación.

Cruz Angón junto con el biólogo Hesiquio Benítez Díaz y la coordinadora de asuntos internacionales Mónica Alegre González viajarán en representación de la CONABIO a la COP16 de Biodiversidad. La cuadrilla de asistentes de otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores aún está pendiente de hacerse pública.

Sin embargo, la estrategia se trabajó durante todo el año entre las distintas instituciones. Los especialistas de la CONABIO reportan que fue una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. “Creo que es muy importante mencionar que el contexto en el que se formularon las metas fue con el cambio de administración (elecciones presidenciales)”, señaló Cruz Angón.

Se habla de 48 metas, ya que se basan en las 23 establecidas con base en el GBF y 25 son acciones derivadas de éstas. Entre las principales se encuentran tener mecanismos de participación que incluyan a pueblos indígenas, la prevención y el control de especies invasoras, la restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la sustentabilidad en sectores como la ganadería y la pesca, entre otras. Todas de cara al año 2030.

“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas al Mecanismo Facilitador. De 196 partes, (alrededor de) 50 países cumplieron y es preocupante porque resulta en no tener metas que reportar ni que seguir”, explicó Cruz Angón.

Los temas de México

“Es una agenda muy amplia”, señaló Benítez Díaz, biólogo en CONABIO, sobre los temas a tratar en la COP16 de Biodiversidad.

“México es fuerte en cuanto a la capacidad técnica. Nos interesa que se apruebe un programa de trabajo a nivel mundial sobre biodiversidad con enfoque en salud y cómo podemos prevenir futuras pandemias”, explicó el biólogo sobre la agenda de temas que llevará el país al evento.

Además de dicho programa, los especialistas de CONABIO consideran que hay fortalezas para abordar la estrategia mundial de conservación de plantas y el uso sustentable de la vida silvestre. En este último se buscan oportunidades en zonas rurales para que sus prácticas sustentables puedan cubrir el mercado nacional e internacional.

“México ha contribuido bien en los temas de integración de la biodiversidad con otros sectores. Nosotros creemos que es un tema súper importante cómo nos relacionamos con las demás dependencias del gobierno federal, en este caso que participan con productividad primaria como la agricultura o la pesca”, expresó Benítez Díaz.

Asimismo, reconoce que hay algunos pendientes, principalmente con la biodiversidad marina y costera. Esto incluye un programa de trabajo para islas. En México existen más de cuatro mil, varias de ellas con problemas por las especies invasoras que ponen en riesgo a la vida nativa.

Sin embargo, estos temas aún deben ser revisados por el nuevo gobierno, lo que ha generado retrasos. Aunque los funcionarios de CONABIO reconocen durante la entrevista que se sienten confiados porque existe continuidad entre los servidores públicos que participan, como es el caso de la bióloga Alicia Bárcena, nueva secretaria de Medio Ambiente, que se desempeñó como canciller durante el último sexenio.

“Entrará la nueva administración, pero ya estamos ‘aceitados’, estamos trabajando y las diferentes dependencias siguen haciendo lo suyo. Entonces estamos confiados en que seguiremos haciendo las cosas como deben de ser”, agregó Benítez.

Financiamiento climático y menos dinero

Uno de los propósitos más destacados en los eventos internacionales es la conservación. Con el Marco Mundial Kunming-Montreal, que se adoptó en la COP15 de 2022, los países se comprometieron a la protección del 30% de la tierra y el 30% de los océanos para el año 2030.

Dentro del plan de acción que México llevará a la COP16 de Biodiversidad, el punto 3.1 señala que “para el 2030, México incrementa al 22% de la superficie terrestre protegida y al 30% de la superficie marina de manera efectiva a través de los sistemas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales”.

En dicha meta se detalla que, hasta marzo de este año, la superficie de las ANP del país ocupa más de 28 millones de hectáreas en tierra (equivalente al 14.5 % de la superficie terrestre) y más de 70 millones en mar (lo equivalente 22.47%). Lo que significa que aún falta incrementar un 7.5% las hectáreas de protección en tierra y un 7.53% las hectáreas en mar.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador la creación de nuevas ANP federales, que son las administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, destacó en los temas de conservación. Se decretaron 43 áreas de 2018 a 2024, pero casi la mitad se anunciaron apenas en enero pasado. Con estos nombramientos fue que el gobierno de López Obrador se proclamó como el número uno con “más decretos a favor de la vida y la biodiversidad”.

Lo que pudo ser una contribución a las metas del 2030 se vio obstaculizado por la misma administración del exmandatario al disminuir el presupuesto destinado a las instituciones ambientales que se encargan de las ANP, así como ajustes institucionales que llevaron a que la CONABIO pasara de ser un organismo autónomo a una unidad de la SEMARNAT.

“México llega a la COP16 con importantes retos. Bastantes de ellos de hace muchos años, por lo menos los últimos 10, en los que podemos percibir algunas intenciones que tienden a avanzar en el cumplimiento de estos objetivos”, explicó Anaid Velasco, abogada ambiental y directora para México del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

Velasco reconoce la importancia de las nuevas áreas protegidas, así como la publicación del Acuerdo de Hábitat Crítico que es una implementación del derecho ambiental para la protección de áreas con condiciones esenciales para la sobrevivencia de las especies. En el caso de México este nombramiento se dio en 2022 a los humedales de montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, amenazados por la urbanización, la contaminación de descargas residuales y el uso de plaguicidas.

“Pero todo esto queda en una implementación débil si no cuentas con financiamiento suficiente, o sea, los medios para llevar a cabo acciones en los territorios que implican estos decretos que se hacen desde un escritorio”, señaló Velasco.

Actualmente, el presupuesto de las áreas protegidas es de 10.7 pesos (menos de un dólar) para cada hectárea destinada a la conservación, de acuerdo con el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”, elaborado por la coalición de organizaciones ambientales sin fines de lucro Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

“Llegamos a la COP16 con 226 Áreas Naturales Protegidas (federales), que es un avance sustancial en la obligación del Estado mexicano de proteger el territorio, pero llegamos con adeudos considerables en instrumentos de política ambiental como la falta de programas de manejo y en el presupuesto. No basta con decretar, necesitamos recursos constantes para poder dar la protección efectiva”, expresó Gina Chacon, directora de Políticas Públicas de México en Wildlands Network, organización integrante de NOSSA.

Además de lo destinado en la administración mexicana, también existe el financiamiento internacional. En el estudio “Financiamiento para la biodiversidad en México”, de GFLAC, se demuestra que sólo en 2021 se recibieron inversiones de hasta 284 millones de dólares, principalmente de Francia, país que ha mostrado interés en la defensa de la biodiversidad en México. Alemania y Estados Unidos también se suman a la lista.

“México es uno de los grandes receptores de financiamiento internacional que se canaliza a través de estos instrumentos. Son inversiones estratégicas, pero eso no debe invisibilizar la responsabilidad que tiene el financiamiento público (del Estado) para la conservación”, señaló Velasco.

Por su parte, Cruz Angón, de CONABIO, señaló que el financiamiento será uno de los grandes temas de la COP16 de Biodiversidad.

“Siempre es un tema por discutir porque no hay recursos que sean suficientes y por supuesto que se necesitan mayores donaciones de los países desarrollados, pero también se necesita que los países parte busquen recursos de financiamiento público y a través de la asociación con otros actores como son sector privado, comunidades, etcétera”, explicó Cruz Angón.

Sobre el presupuesto otorgado por el último sexenio a las dependencias ambientales, los especialistas de CONABIO señalan durante la entrevista que a pesar de los recortes financieros se trazaron metas acordes al financiamiento disponible.

“Ya ha habido algunas expresiones de la nueva administración sobre la necesidad de elevar el presupuesto del sector ambiental, pero los compromisos que México estableció en relación con las metas globales se hicieron pensando en usar lo que tenemos. Además, las instituciones de la Administración Pública Federal han estado realizando muchos trabajos incluso con el reto de tener poco presupuesto”, agregó Cruz Angón.

Una mirada al futuro

El llevar las metas a la COP16 no será suficiente. Dentro de las acciones de interés para México se encuentra el marco de monitoreo con los indicadores que van a ser utilizados para evaluar el cumplimiento de las mismas.

“Esto es qué tanto se pudo cumplir el Marco Mundial con estas 23 metas y cómo vamos a estar reportando las metas que México acordó con los diferentes participantes. Ahora sí que el pez por la boca cae”, dijo  Benítez, biólogo de CONABIO.

La especialista de GFLAC hace énfasis en que será indispensable incluir a los pueblos indígenas de México y aprovechar las áreas de oportunidad que vienen con la nueva presidenta de México y su gabinete.

“(Sobre) la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sabemos que tiene un currículum que habla por sí mismo, un interés bastante notorio (en lo ambiental) y que dio muchísimos resultados cuando estuvo en su gestión en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entonces nos encantaría ver que su gestión tenga resultados a la altura de estos retos”, agregó Velasco.

A nivel administrativo, desde la noticia de que CONABIO pasaría a integrarse a la SEMARNAT se ha hablado de la desaparición de esta comisión, aunque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no ha informado al respecto.

“Lo que nos han indicado es que por el momento estamos igual y vendrá un proceso de evaluación con la nueva administración para ver el futuro de la CONABIO. Por ahora seguimos trabajando como siempre”, concluyó Cruz Angón.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación

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El 23 de julio, Día de las Ballenas y los Delfines, iniciaron los recorridos guiados, que tienen una duración de alrededor de 30 minutos, después de los cuales los visitantes están en libertad de recorrer las salas e interactuar con sistemas tecnológicos que muestran la vida y trascendencia de ballenas y delfines.

La exhibición de osamentas de las diferentes especies de estos cetáceos está distribuida en la mayoría de las 12 salas que componen este museo. Una de estas fue dedicada especialmente a los niños y a fomentar la lectura en torno a los mamíferos marinos.

La entrada a Munba tiene un costo de 300 pesos adultos y 250 los niños de 4 a 12 años. El horario de operación es de 10:00 am a 18:00 horas de martes a domingo.

Este atractivo es producto de una colaboración entre el Museo Observatorio 1873 de esta ciudad y el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, de la Paz, Baja California Sur. El director del Munba es el oceanólogo Óscar Guzón Zararáin y el objetivo general es la educación para la conservación de las ballenas y los delfines. Más información en este enlace.

Fotos: Leda Garrido/Son Playas

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Por Dr. Francisco Amador Cruz, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM.

Hace un par de meses, me encontraba caminando cerca de la Ciudad de México. Por una necesidad administrativa requería una copia de mi identificación oficial, pero al ser día feriado, tardé en encontrar una papelería abierta.

Cuando hallé una, entré. En el estante principal vi un sobre blanco que tenía escrito, a mano, ¿quién podrá corregir el cambio climático? Entenderán que ese sobre despertó mi curiosidad, ya que soy biólogo-ecólogo y estoy sumamente interesado en la conservación de los recursos naturales.

La persona que me atendió me dijo que podía tomar un sobre, que eran gratis.

Así lo hice. Lo guardé junto con mi credencial y la copia. 

Al llegar a casa, abrí el sobre. Me sorprendí al ver el enfoque de esa única hoja. En esta se leía, citó textualmente: “Bueno en vista que los científicos se ven imposibilitados a corregir el cambio climático, es apropiado dirigirse al registro bíblico”.

¿Cambio climático desde una perspectiva religiosa? era algo nuevo para mí.

Continúe leyendo el documento, intrigado por cuál sería esa respuesta, pero también me interesaba saber desde qué fecha había un registro de las palabras “cambio climático”. Desafortunadamente, esto nunca fue mencionado. El autor de dicha carta, concluía en que el diablo es el principal promotor del calentamiento global, y que Jesucristo es el único con el poder necesario para corregirlo.

Allí no se detuvo mi curiosidad y me dirigí directamente al Libro, considerado el más leído del mundo. Nuevamente las palabras “cambio climático” nunca fueron mencionadas. Lo cual me desconcertó.

En la biblia se lee que Dios nos puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo (Génesis 2:15), eso nos ha dotado de la responsabilidad de administrar sabía y cuidadosamente los recursos de la creación de Dios (Génesis 1:28). Sin embargo, debido a la excesiva explotación y descuido, nos encontraremos sufriendo hasta la redención (Romanos 8:19-22).

Desafortunadamente, en mi exploración de la Biblia, no hallé nada que realmente respondiera la pregunta ¿quién podrá corregir el cambio climático?, es así que me surgieron las siguientes interrogantes: ¿La sociedad comprende el cambio climático?, ¿los científicos han logrado descifrar sus complejas publicaciones en información más simple de comprender?, ¿qué hacen los científicos para corregir el cambio climático?, ¿qué hacemos como sociedad para corregir el cambio climático?

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Comprender el cambio climático no resulta sencillo desde una perspectiva teórica. Pero desde un punto de vista práctico todos lo hemos percibido. Vivimos días más calurosos o más fríos; temporadas menos lluviosas en algunas regiones e inundaciones en otras; ya no sabemos si llevar o no chamarra, porque amanece “fresco” pero a medio día el calor es insoportable, y “¿para cargar la chamarra?, que flojera”.

El cambio climático es eso, una modificación en el clima. Pero, ¿qué es el clima? De manera breve, MUY breve, es la interacción de temperatura y lluvia. Así, nosotros los científicos, podemos decir, “Ah, ese es un clima seco, semiseco, templado, cálido o frío “. Tienen que pasar al menos diez años para que podamos definir qué tipo de clima es uno u otro. Entonces, en los últimos años se han observado cambios en la temperatura y frecuencia de lluvias, de modo que, los climas, están cambiando.

Pero, ¿a cuáles climas se dirige el cambio?

Responder esa pregunta sería muy aventurero. Podemos revisar artículos que los científicos publicamos y darnos una idea de cómo zonas calientes pasan a ser frías, o viceversa, áreas con nieve todo el año han comenzado a descongelarse. Pregúntele a alguien que haya subido al Iztaccíhuatl o al Nevado de Toluca, si esto es verdad.

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Los investigadores del cambio climático desconocen si un ambiente templado pasará a uno seco, cálido o frío. Lo que sí se sabe, es que la información publicada se basa en modelos. Los modelos son predicciones del comportamiento del clima, a diferentes concentraciones de dióxido de carbono (principal gas asociado al cambio climático). Estos son creados en computadora y, aunque suelen tener buena calidad, la exactitud de ellos depende de una serie de coincidencias en la temperatura y las lluvias.

Estos modelos se basan en, al menos, tres grandes escenarios sobre la producción de dióxido de carbono:

1. Optimistas, en las que los seres humanos hacemos un cambio de 180° en temas de contaminación (lo cual parece imposible; deberíamos prescindir de una gran cantidad de comodidades, como: carros, cierta comida, viajes en avión o tren, etc.)
2. Mantenemos la contaminación en los números actuales (esto evitaría el crecimiento urbano, proyectado para ciertas localidades, o el industrial, con la subsecuente ausencia de empleos).
3. La contaminación incrementa (este es el escenario más seguro, según lo que se observa).

Un sin número de laboratorios hacen sus modelos de cómo se comportará el dióxido de carbono en los siguientes años (y su efecto sobre el clima). Se habla de miles de modelos. Por eso, no hay una única conclusión sobre qué podría deparar el futuro en temas del clima.

Una vez que un grupo de científicos, de alguna parte del mundo, decide usar uno u otro de esos miles de modelos, puede proceder a dar recomendaciones sobre cómo mitigar o prevenir los cambios drásticos en la temperatura y lluvia, así como los posibles efectos que conlleva. Los más evidentes: inundaciones, sequías, altas y/o bajas temperaturas. Otros menos evidentes, pero igual de importantes, serían: incremento de enfermedades, reducción en la disponibilidad de alimentos, así como disminución en cantidad de agua potable y calidad del aire.

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Hay decenas de proyectos contra el cambio climático

Se ha investigado, por ejemplo:

1.- Las consecuencias que tiene el manejo adecuado de aguas residuales, particularmente las sanitarias, sobre el calentamiento global. Los resultados muestran que podría haber una reducción de 126 Kg de gases de efecto invernadero (en particular, dióxido de carbono), al año por persona. Si esto se escala a nivel global, se reduciría entre el 13-44 % el metano producido por el sector sanitario (10.1038/s41558-020-0782-4)

2.- Se han diseñado jardines de corales, con la finalidad de mejorar la adaptación de esos animales al cambio climático. Si bien esto no es una actividad que busque contrarrestar el cambio climático, pretende mitigar los efectos que tiene este fenómeno sobre este ecosistema, de gran importancia ambiental y para la industria del turismo.

3.- Se sabe que prácticas destinadas a aumentar la producción de alimentos de manera sostenible (mayor cantidad de alimento en la misma, o menor, superficie) tienen una disminución de casi 13 mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Para no saturar al lector con otras decenas de ejemplos que se han reportado, les recomendamos leer el artículo de Sharifi (2021), de la universidad de Hiroshima, Japón, dónde se exponen otros más de 50 ejemplos de soluciones científicas aplicadas para mitigar, o adaptar a los ecosistemas, al inminente cambio climático. Es una pena que esté en inglés, pero bueno al menos no está en japonés, idioma con el que no todos estamos familiarizados.

A nivel sociedad, nos enfrentamos a un problema de escala global. De modo que, algunos investigadores advierten que las acciones amigables con el clima, que puede realizar una o dos personas, incluso un pequeño grupo de individuos, no podrían tener un efecto alentador sobre el cambio climático, debido a la magnitud de este. ¿Y esto a qué se debe? Bueno a qué la mayoría de la personas estarían manteniendo sus actividades de manera cotidiana. Ese esfuerzo es sólo una gota en un océano.

Sin embargo, se han sugerido propuestas que, cómo sociedad, podemos llevar a cabo para contrarrestar, en cierta medida, este cambio climático. Por ejemplo:

1. Compartir el vehículo con compañeros de trabajo, esto contribuye no sólo en la producción de menos contaminación atmosférica, también mejora la eficiencia del vehículo, reduce el consumo de gasolina, llantas y filtros de aire.
2. En regiones donde el uso de aire acondicionado, o calefacción, es vital para la vida diaria, se recomienda mejorar los sistemas de ventilación de sus viviendas o lugares de trabajo, así como instalar sistemas más eficientes.
3. Uso de sistemas de energía solar para calentar el agua.
4. Reemplazar focos incandescentes por focos fluorescentes. Así como sustituir los focos 100 watt a 75 watt, principalmente en la cocina.
5. Instalar un refrigerador más eficiente y mantener la temperatura mínima en -17°C y la máxima entre 0.5 – 3°F.
6. Lavar ropa sólo con agua fría y evitar el uso de la secadora de ropa durante los meses de más calor. 
7. Reducir el uso de la televisión. Además, es recomendable tener aparatos de proyección y no de plasma.

Hay acciones que como sociedad nos toca hacer

Finalmente, este documento pretende resaltar las actividades que los científicos realizan para corregir el cambio climático, que ¿por qué se ven imposibilitados? La respuesta sencilla es que, realmente se desconoce cuál de los miles de modelos predice mejor el comportamiento del clima, frente a las concentraciones de dióxido de carbono. Es así que, se podrían implementar medidas con base al modelo x o con base al modelo y, pero si el comportamiento varía a lo que se espera, las acciones podrían ser ineficientes.

En mi opinión, realizar las actividades que nos toca cómo sociedad es un paso para contrarrestar el cambio climático. No podemos ser sólo espectadores y aguardar por el “milagro” que corrija este fenómeno, que cómo humanidad, hemos ocasionado en el último siglo.

Finalmente, comparto con ustedes algunas referencias bibliográficas, por si el tema les parece interesante. De gran parte de estos documentos es que se extrajeron los ejemplos e información presentada previamente.

Bain, P. G., Hornsey, M. J., Bongiorno, R., & Jeffries, C. (2012). Promoting pro-environmental action in climate change deniers. Nature Climate Change, 2(8), 600-603. https://doi.org/10.1038/nclimate1532

Gardner, G. T., & Stern, P. C. (2008). The Short List: The Most Effective Actions U.S. Households Can Take to Curb Climate Change. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 50(5), 12-25. https://doi.org/10.3200/ENVT.50.5.12-25

Rinkevich, B. (2021). Augmenting coral adaptation to climate change via coral gardening (the nursery phase). Journal of Environmental Management, 291(1), 112727. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112727

Smith, P. & colaboradores. (2019). Which practices co-deliver food security, climate change mitigation and adaptation, and combat land degradation and desertification? Global Change Biology, 26(3), 1532-1575. https://doi.org/10.1111/gcb.14878

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