Si no fuera por los vecinos del Centro Histórico que han gestionado la intervención de autoridades en el problema de inundaciones y aguas negras que implican el colector Roosevelt, el tema no estaría en los medios de comunicación ni en la agenda pública. Es evidente que la presión social logra mucho más de lo que imaginamos, el punto es decidirse y tomar acción.
La sociedad organizada y cualquier persona en lo individual tiene derecho a llevar los problemas comunitarios al escritorio de las autoridades responsables de garantizar servicios públicos básicos para mantener condiciones dignas de vida; también tiene derecho de exigir soluciones, cuentas claras del presupuesto que se invierte en esos proyectos y vivir en un ambiente sano, así lo puntualizan los DESCA, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales reconocidos y protegidos por el Estado.
Pongo en contexto el tema, por la reciente queja pública de vecinos del Centro Histórico sobre fugas subterráneas y filtración de aguas negras al colector Roosevelt lo que ha ocasionado pestilencia en la zona y temor de inundaciones en esta temporada de lluvias. El colector ha sido cuestionado en su utilidad y funcionamiento desde que se construyó en 2020 como alternativa para evitar y disminuir inundaciones en esa zona, sin embargo, se han hecho públicos en redes sociales videos y fotografías donde exhiben que, a pesar del colector, las inundaciones persisten en el Centro Histórico.
Esta situación ha hecho que los ciudadanos cuestionen la calidad de la obra y duden de las autoridades para resolver o, al menos, mitigar el problema y el alto riesgo de inundaciones, no sólo en el Centro Histórico, en toda la ciudad, porque más allá de vivir encima de marismas y en condiciones hidrológicas específicas y propias de un puerto, históricamente Mazatlán no tiene un proyecto institucional, integral y con presupuesto específico orientado a resolver el problema de inundaciones. Hoy persiste la insuficiencia en la capacidad de colectores, tuberías viejas, insuficientes y con fugas.
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Lo más grave es el contexto: El problema de tuberías viejas y colectores poco funcionales persiste en medio de un crecimiento urbano acelerado que enfrenta Mazatlán, al menos, desde hace una década con el “boom” inmobiliario. Hoy al mismo tiempo que tenemos infraestructura sanitaria insuficiente y de baja calidad tenemos decenas de nuevas construcciones de torres, condominios y fraccionamientos autorizados, sí, por la propia autoridad responsable de garantizar mejores colectores, tuberías y servicios. Así nunca vamos a transitar a mejorar todo lo que implica un servicio de agua de calidad ni se mitigará pronto el problema de las inundaciones, y no es un tema de voluntad política, es un tema de dinero, de intereses económicos por encima de las necesidades ciudadanas.
Es sencillo deducir que la ciudad no tiene la capacidad de infraestructura para el abastecimiento de agua en colonias, sindicaturas, nuevos polos comerciales, ampliación de hoteles y restaurantes; y menos para nuevas y modernos desarrollos inmobiliarios que se multiplican de manera autoritaria, sí, porque se autorizan sin ninguna consulta pública, la ciudadanía no tiene voz ni voto en esas autorizaciones, es sólo la autoridad. Sin embargo, las nuevas obras siguen y avanzan, esto también representa dinero, pues en los últimos años han aumentado de manera exorbitante los millones de pesos que ingresan a las arcas municipales por impuestos de los nuevos desarrollos, son ingresos excedentes al presupuesto autorizado por el Congreso local y de los que nadie nos rinde cuentas.
Lo que debemos saber del colector Roosevelt
La construcción del colector inició en 2020 y, de acuerdo con notas periodísticas, la obra quedó abandonada por meses. Aquí les comparto quién hizo la obra, cuánto costó y qué periodo debió cumplir. Estos datos los localicé en la lista de expedientes públicos de Compranet federal, me costó trabajo porque es una lista muy grande, pero se logró y aquí la pongo a su disposición.
La convocatoria indica que la obra se realizó con recursos del Fideicomiso de Administración y pago denominado Fondo Metropolitano (FIFONMETRO), y la licitó la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en ese tiempo bajo la responsabilidad, de Osvaldo López Angulo, es importante identificarlo porque, después de dejar el cargo en el Estado, fue nombrado Gerente General de la Jumapam, así que asumió el cargo con amplio conocimiento de la problemática en el Centro Histórico, sin embargo, se fue en noviembre del año pasado sin dar solución.
La obra costó 69 millones de pesos más el IVA y, de acuerdo con la convocatoria, debió iniciar el 16 de diciembre de 2019 y terminar el 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, el banderazo oficial se dio hasta el 11 de enero de 2020 y en marzo de 2022 todavía no terminaba. De acuerdo con la nota periodística publicada en El Sol de Mazatlán [1] en esa fecha la obra permaneció en abandono en la Avenida Emilio Barragán, con montículos de tierra que entorpecían la vialidad. Es evidente que, desde el principio, hubo fallas en la obra, de la supervisión no se sabe más porque no hay actas públicas sobre eso.
Ahora sabemos quién construyó la obra y a quién hay que pedirle cuentas. También les comparto que el tema del drenaje es la segunda preocupación de los mazatlecos y así lo refleja el Estudio de Medios 2023 que mandó realizar el Ayuntamiento de Mazatlán, en marzo; este diagnóstico costó 280 mil pesos y se pagó con recursos del erario. El estudio revela que, en general, los servicios públicos son el principal problema de la ciudad. Lo que no queremos es que se quede ahí, en el papel, exigimos solución, posturas, compromisos públicos, realidades, hechos. De veras, de palabrerías, ya estamos cansados.
Nota de la edición
El pasado sábado 2 de julio, directivos de la Jumapam presentaron ante vecinos del Centro Histórico un proyecto que podría resolver los problemas de la red de drenaje, específicamente por la calle Roosevelt, entre Aquiles Serdán y Belisario Domínguez. El proyecto consiste en la reposición 600 metros lineales de alcantarillado y 600 metros lineales para agua potable, trabajos que tendrían un costo de 5 millones de pesos. Sin embargo, no se dio fecha para su ejecución.
*Sheila Arias es periodista y tallerista en temas de Transparencia y Acceso a la información pública; estudia Sociología y DDHH.
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