Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó, el pasado 22 de enero, el informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026, en el que pide un cambio sustancial en la financiación mundial a favor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y la eliminación gradual de las inversiones que perjudican los ecosistemas.

De acuerdo con el informe, por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza, se gastan 30 dólares en destruirla, una conclusión que pone sobre la mesa el desequilibrio en las inversiones para proteger la naturaleza en comparación con las actividades que dañan los ecosistemas.

Según los datos de la publicación, los flujos financieros se destinan principalmente a actividades negativas para la naturaleza, que amenazan los ecosistemas, las economías y el bienestar humano. También se identifican varios actores que producen daños como los servicios públicos, la industria en general y las empresas de energía y materiales básicos. A ellos se suman ciertos sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al medio ambiente, como los combustibles fósiles, la agricultura, el agua, el transporte y la construcción.

“Si seguimos el rastro del dinero, vemos la magnitud del desafío que tenemos por delante. Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación: no hay punto intermedio,” señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, tras la presentación del estudio.

Andersen también indica que “este informe ofrece a las y los líderes una clara hoja de ruta para revertir esta tendencia y trabajar con la naturaleza, en lugar de hacerlo en su contra”.  La propuesta para los responsables de políticas y las empresas es que se eliminen gradualmente los subsidios perjudiciales y las inversiones destructivas en los sistemas de producción, mientras se amplían las soluciones basadas en la naturaleza y las inversiones positivas para la naturaleza.

De acuerdo con los datos del informe, tomados de 2023, las inversiones que perjudican directamente a la naturaleza alcanzaron unos 7.3 billones de dólares; mientras que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza llegaron solo a 220 000 millones de dólares.

Imagen principal: pozo petrolero en el mar de México. Los hidrocarburos son uno de los sectores que se benefician con subvenciones que perjudican al ambiente, al igual que la agricultura, el agua, el transporte y la construcción. Foto: Gobierno de México.

Este texto fue publicado originalmente en Mongabay LATAM el 26 de enero de 2026. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente. Puedes ver la publicación original en este enlace.

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Por Agencia SINC

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

Este artículo fue publicado originalmente por la agencia SINC el 21 de enero de 2026. Son Playas replica este contenido respetando los derechos de autor Creative Commons correspondientes. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.

La Organización de las Naciones UNidas (ONU) informó que este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.

Las acciones de protección y cooperación multilateral del Tratado de Altamar incluye la creación de áreas marinas protegidas, el reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales y la cooperación científica internacional, entre otras acciones.

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Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional, señaló la ONU a través de su página oficial.

«Se espera que, una vez plenamente implementado, el acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación», indicó.

La ONU informó que hasta ayer, muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. También precisó que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.

«Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas», reconoció.

México ratificó el tratado el 23 de septiembre de 2025, con lo cual se compromete a proteger los ecosistemas marinos y garantizar su salud, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades costeras, que en conjunto representan el cerca del 15% de la población nacional. El país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.

Antecedentes

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 19 de junio de 2023 en la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que se celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026. Se estima que la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor. Es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Importancia del Tratado de Altamar y primeros pasos para su implementación

AIDA, organización internacional dedicada a la defensa ambiental en América Latina, explicó que con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

«Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030», expuso a través de un comunicado.

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Detalló que existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

«En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años»

Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 

Por su parte, Naciones Unidas recordó que el acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Durante la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP30), Brasil y Francia anunciaron la creación del Grupo de
Trabajo Oceánico, cuyo objetivo es movilizar financiamiento público y privado y ampliar el
apoyo técnico para integrar soluciones basadas en el océano en los planes climáticos de los
países.

“Nunca antes tantos jefes de Estado se habían alineado con tanta claridad sobre la
necesidad de situar al océano en el centro de la respuesta climática global”, señaló Aloisio
de Melo, secretario nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Cambio Climático de Brasil.

A la iniciativa se sumaron países como Australia, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Fiji,
Indonesia, Madagascar, México, Kenia, Palaos, Portugal, Seychelles, Singapur y Reino
Unido.

La iniciativa promueve que los países integren soluciones oceánicas en las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que son los compromisos
que los países hacen en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y aumentar su capacidad de adaptación ante los efectos del
cambio climático.

“Se ha empezado a socializar mucho más la idea de los océanos como una herramienta
contra el cambio climático y no solo como una víctima”, señaló Marcela Gutiérrez, directora
y fundadora de Azul, una organización civil enfocada en justicia oceánica en Estados
Unidos con comunidad latina.

Durante la COP30, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsó una carta para
hacer un llamado a los representantes de los países que, además de incluir soluciones
climáticas basadas en los océanos en sus NDC, desbloquearán la financiación oceánica a
través de fondos directos a comunidades insulares y costeras, y ventanillas de financiación
azul.

México: avances y compromisos con los océanos

Para la COP30, los países debían entregar sus NDC actualizadas pero solo 120 de 198 han
entregado este documento. Aunque 9 de cada 10 países incluyeron medidas oceánicas en
sus NDC, el océano sigue estando subrepresentado en las estrategias climáticas y recibe
menos del 1% del financiamiento global.

México entregó su NDC durante la COP, y en esta incluía a los océanos por primera vez en el componente de adaptación.

El documento plantea implementar soluciones climáticas basadas en el océano para reducir su vulnerabilidad y reconoce su importancia como sumidero de carbono, es decir, como depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono de la atmósfera.

También establece fortalecer la investigación sobre acidificación y la variación de
temperatura en aguas oceánicas y continentales; ejecutar acciones de adaptación
contempladas en la Política Nacional de Mares y Costas; proteger especies marinas
vulnerables; e impulsar cooperación internacional para atender enfermedades emergentes
en corales y fenómenos como el sargazo.

“Con toda franqueza, México no ha visto a profundidad la aportación de los océanos al
cambio climático”, expresó Pedro Álvarez, titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).

Anunció que dentro de la meta que adoptó el Gobierno de México de proteger el 30% de la
superficie terrestre y marina del país para 2030, se incluye el objetivo de aumentar a 20
millones de hectáreas las áreas marinas protegidas.

Otras de las medidas impulsadas para la protección de los océanos, señaló Álvarez, han
sido el apoyo a una moratoria contra la minería submarina en 2023, y la intención de crear
corredores biológicos marinos que integren refugios pesqueros, zonas de prosperidad
marina y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Omec).

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), señaló que está en marcha el Programa Nacional de Restauración Ambiental para proteger dunas y manglares, ecosistemas fundamentales para comunidades costeras como barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos como huracanes.

Deudas con el océano

A pesar de estos avances, entre la población latina existen otras preocupaciones sobre
problemas que afectan los océanos como la extracción de petróleo y gas fósil en alta mar, la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. Esto lo descubrió la organización Azul a través de los resultados de la Encuesta Nacional Azul “Latinos y el océano” que realizó en 2024.

Para Gutiérrez, el reconocimiento del océano como parte integral de las soluciones
climáticas ha ido avanzando, primero con la creación de una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos en 2023, y esto podría acelerarse con la entrada en vigor del
“Tratado de Altamar” en enero de 2026, que busca proteger las áreas oceánicas que están
fuera de la jurisdicción de los países y que contará con un mecanismo propio de
financiamiento.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas lo replica con la auitorización correspondiente.

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Por Víctor R. Rodríguez

Niza, Francia.- En el Golfo de California, donde confluyen el valor ambiental, reconocido por su rica biodiversidad marina, y el económico, a partir de una actividad pesquera, ha sido difícil empatar objetivos para que los ecosistemas marinos se utilicen de forma sostenible, se conserven y generen un verdadero beneficio a las comunidades costeras.

Para lograrlo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica presentaron el modelo de Áreas de Prosperidad Marina durante la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Océano en Niza, Francia, que este año tiene como objetivo respaldar nuevas medidas urgentes para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

El panel, moderado por el científico y divulgador Octavio Aburto, contó con la participación de Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Alejandro Castillo, oficial de programa de Innovaciones Alumbra, y Carlos Correa de Conservation International. 

Bajo el concepto de Área de Prosperidad Marina, se propone una nueva aproximación a la conservación marina al poner a las comunidades costeras en el epicentro de la estrategia de sostenibilidad.

Diseñada en tres etapas, la implementación de esta herramienta comenzaría con un trabajo comunitario que implica el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado, quienes deben respaldar el proceso con apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de infraestructura y de capacidades dentro de las propias comunidades. El objetivo es alcanzar una recuperación total del ecosistema marino, con beneficios directos a las familias del lugar; pero dependerá de un trabajo constante, con visión a largo plazo, al considerar que toda recuperación de flora y fauna marina requiere de tiempo.

Ejemplos de Áreas de Prosperidad Marina

Durante el panel, se mencionó a Cabo Pulmo, Baja California Sur, como ejemplo de que un Área de Prosperidad Marina es capaz de revertir los daños de la sobreexplotación a partir de la intervención comunitaria, trayendo mayores beneficios económicos a los participantes. También sumaron los casos de El Manglito, en Baja California Sur, y La Reforma, en Sinaloa, en donde las propias comunidades participan activamente con acciones de aprovechamiento sostenible y conservación dentro de su territorio. 

Ante un público atento, los expertos coincidieron que la cooperación entre los actores involucrados es un elemento crucial para alcanzar las metas. “El gobierno debe facilitar la mediación entre las partes para empatar objetivos, siempre considerando las necesidades de la comunidad”, expresó Marina Robles de Semarnat.

Para Alejandro Castillo, de Innovaciones Alumbra, el gran reto de la iniciativa privada radica en cambiar el modo en que se entienden las inversiones en la conservación, hacia una en la que la maximización de las utilidades no sea el último objetivo. Consideró que existen modelos sostenibles de acuacultura que han tenido resultados exitosos con potencial de ser replicados en el Golfo de California.

Si bien la herramienta de conservación marina parece prometedora, implementarlo en el territorio del noroeste de México no será tarea fácil. Cada comunidad es un caso, cada sitio es un mundo. La realidad comunitaria vinculada al ecosistema marino de Cabo Pulmo es única; pocas comunidades costeras en el Golfo de California comparten las mismas variables. Cada una vive un contexto único, aspectos que van desde lo sociocultural, el tipo de pesquería desarrollada, el acceso a servicios básicos públicos, hasta temas de seguridad, como la presencia del crimen organizado, que requieren de colaboración interinstitucional. También está la falta de credibilidad, la cual ha erosionado la confianza de las comunidades hacia los esfuerzos de conservación. 

“Ante la diversidad de comunidades, necesitamos una diversidad de soluciones, todas con algo en común: que la mejor estrategia de restauración debe ser compartida con la comunidad”, expresó Marina Robles al reconocer la complejidad en el noroeste de México.

Se siente un ánimo positivo en el ambiente. Sin embargo, como todo lo que se expresa durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océanos, el reto estará en el futuro de las intenciones: que en verdad se conviertan en acciones tangibles que deriven en una auténtica prosperidad, tanto a las comunidades costeras como a los ecosistemas marinos del Golfo de California.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia.

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En altamar, una parte de la flota pesquera industrial opera bajo preocupantes niveles de opacidad. Enormes embarcaciones pesqueras con potentes motores navegan los mares internacionales en busca de cardúmenes de peces que valgan la faena y generen ganancias no solamente a la tripulación, sino mayormente a sus inversionistas.

Muchas de estas embarcaciones, según el estudio de Oceana presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia, eluden su responsabilidades legales al aprovecharse de la opacidad y falta de gobernanza para evadir reglamentos ambientales, laborales y fiscales.

Bajo este esquema de negocio, la bandera que ondea en estas embarcaciones es apenas la primera cara de un entramado laberíntico que esconde intermediarios e inversionistas repartidos alrededor del mundo.

Una de cada seis embarcaciones pesqueras industriales, según el estudio de EqualSea Lab y Oceana, opera con una bandera diferente a la de la empresa apoderada, y al menos dos terceras partes de la flota pesquera industrial mundial carece documentación actualizada sobre la empresa que financia dichas operaciones.

Los números evidencian la falta de capacidad operativa en términos pesqueros de muchos países, México entre ellos, de incrementar la minuciosidad en la emisión de registros y permisos de pesca, particularmente cuando cuentan con inversiones del extranjero.

Si bien el abanderamiento de las embarcaciones es parte de un registro obligatorio en cada país, muchas empresas pesqueras tuercen el reglamento bajo un esquema de negocio internacional que premia la productividad sobre el respeto a las regulaciones y controles de cada país, entre ellas, las de sostenibilidad pesquera.

En la actualidad, los registros de embarcaciones pueden ser accedidos a través de la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las embarcaciones pesqueras no están obligadas a presentar dicho registro ante el organismo internacional, lo que da como resultado que apenas el 1% de las embarcaciones pesqueras industriales puedan ser rastreadas.

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A este limitado porcentaje, se suma la falta de datos sobre beneficiarios finales, quienes en muchos casos se encuentran a miles de kilómetros de distancia, bajo otra jurisdicción nacional. Entre la embarcación y el dueño real pueden existir varios intermediarios bajo diversas figuras jurídicas que vuelven cada vez más compleja la operación, en veces, haciendo casi imposible la rendición de cuentas de todos los participantes de operaciones pesqueras que operan bajo prácticas ilegales.

Este perjuicio al ordenamiento y la sostenibilidad pesquera incrementa en países de Latinoamérica, África y Asia, donde la infraestructura es débil y la gobernanza está sobrepasada por la corrupción. En los contados casos en que las autoridades logran llevar un caso de pesca ilegal o violación de derechos laborales ante los tribunales, capitanes y tripulación terminan por absorber las sanciones legales, sin afectar legalmente a los apoderados de la operación.

La incapacidad de implementar la justicia a todos los involucrados, principalmente a los beneficiarios finales, hace de este esquema uno que crece preocupantemente alrededor del mundo.

Transparencia de propiedad y rendición de cuentas

Según el estudio, el rezago en transparencia pesquera en México es considerable. Más de la mitad de las embarcaciones pesqueras industriales nacionales no cuentan con registro que conecte a las embarcaciones con los dueños legales. Es decir, podrían estar operando bajo un esquema internacional sin que las autoridades tengan conocimiento documental del acto.

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Conocer quiénes participan en actividades ilegales dentro de las embarcaciones pesqueras industriales requiere obligadamente de cooperación internacional. El estudio de EqualSea Lab establece que la transparencia de propiedad, la cual requeriría a los países de los beneficiarios finales la obligación de registrar, presentar y transparentar todas las actividades e inversiones en flotas pesqueras a nivel internacional, es un paso fundamental.

La creación de bases de datos, alimentadas por los países, organizaciones internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, apoyaría enormemente en la revisión constante de patrones recurrentes de embarcaciones que cambian constantemente de bandera, de quienes eluden sanciones de un país, con el objetivo de favorecer la rendición de cuentas.

Entre las recomendaciones dadas por el reporte, destaca la responsabilidad de los países de solicitar y verificar información de los propietarios o beneficiarios finales durante durante el registro de pesca y hacer de esta información de acceso público; la responsabilidad de las empresas privadas de presentar el registro de sus actividades en otras jurisdicciones, y el liderazgo de la Organización Marítima Internacional en la integración de datos para promover la rendición de cuentas.

La conjunción de todo, visto como la ruta crítica favorable, depende de la participación activa de los países involucrados, organizaciones internacionales y la iniciativa privada. Mientras tanto, una estela opaca sigue cubriendo a la flota pesquera internacional que navega bajo este esquema que promueve la ilegalidad.

Dependerá de la cooperación internacional de todas las partes el tomar riendas en el asunto si se quiere que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos pesqueros cada vez más impactados.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

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Sinaloa.- Medir el cambio climático y sus efectos es todo un reto tecnológico que se apoya en numerosas ciencias y técnicas para entender cómo las actividades humanas han afectado los ciclos naturales del planeta y generado el fenómeno del calentamiento global. 

El primer informe sobre cambio climático se publicó en 1990 por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC); gracias al avance técnico y científico, lo que al principio era una teoría, más de 30 años después son hechos comprobados.

“En la actualidad la evidencia de que las actividades de los seres humanos han modificado el clima son abrumadoras”, indica el Resumen para todo el mundo del Sexto Informe del  IPCC, un documento diseñado para acercar al público en general a la ciencia detrás de la medición y pronóstico del clima global. 

Las evidencias de esto se pueden observar en todo el sistema climático: 

• Los niveles de CO2 están en su nivel máximo en por lo menos 2 millones de años; 
• El ritmo de deshielo de los glaciares es el más rápido en 2 mil años; 
• El nivel del mar ha aumentado más rápido que en al menos 3 mil años; y 
• La cobertura de hielo en el ártico es la menor en al menos mil años. 

Además, los pronósticos advierten mayores records de días más cálidos, tormentas tropicales más intensas, periodos de sequías y lluvias extremas cada vez más frecuentes, con impactos que ya están afectando en mayor proporción a las comunidades y personas más vulnerables. 

El resumen para todos del sexto informe del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC) señala que, para medir el cambio de las temperaturas atmosféricas miles de años en el pasado y para poder avizorar los posibles escenarios futuros existen cuatro distintos tipos de evidencias. 

Estas son las: Observaciones o mediciones, evidencia paleoclimática, los modelos computacionales, y la comprensión teórica del fenómeno. 

Mientras que las observaciones o mediciones directas del clima se remontan hasta poco más de un siglo, al año de 1850, la evidencia paleoclimática puede ayudarnos a conocer el clima de hace miles o millones de años midiendo los anillos de los árboles, analizando corales marinos, o los gases capturados en las capas de hielo antiguo, entre otras técnicas. 

“Tenemos en la actualidad una mayor cantidad de datos y mejores modelos climáticos… Las simulaciones numéricas del clima han mejorado notablemente y ahora dan información mucho más detallada… Además, ahora ya hemos tenido muchas décadas de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hace que los efectos del cambio climático sean más evidentes”, añade el documento del IPCC. 

Capacidad de medición y modelos de pronóstico del cambio climático

Desde 1990 hasta 2021, año del último reporte del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, la capacidad de la ciencia humana para medir el clima ha pasado de mil 900 a más de 40 mil estaciones de medición. Además, los registros geológicos han pasado de 5 a 65 millones de años de temperatura en el pasado, de 5 a 50 millones en nivel del mar, y de 160 mil a 400 millones de años para el co2 en la atmósfera. Los satélites, además, han aumentado de capacidad y pueden medir muchas más variables climáticas. 

Los modelos de pronóstico climático también han mostrado un avance acelerado. Mientras que en 1990 estos tenían una resolución de 500 kilómetros cuadrados, para el 2021 la resolución mejoró a 100 kilómetros, y hasta los 25-50 kilómetros para modelos regionales de alta resolución. Esto significa que los modelos climáticos cada vez observan y pronostican con mayor detalle, en áreas más pequeñas, el comportamiento del clima en la tierra.

Al igual que con los satélites, los modelos también han aumentado su capacidad de pronóstico del clima a variables como la química atmosférica, la cobertura y uso de la tierra e interacciones entre nubes y aerosoles.

Cómo resultado del desarrollo de estas herramientas, los pronósticos de calentamiento global realizados a través del tiempo han ido coincidiendo con las temperaturas observadas, confirmando que las actividades humanas son un factor clave en el comportamiento de las temperaturas a nivel mundial. 

Con base en está evidencia es que el IPCC considera confirmados como hechos lo que en 1990 era una fuerte sospecha: los gases de efecto invernadero provocados por las actividades humanas elevan las temperaturas e incrementan el nivel del mar.  

¿Cómo funciona el IPCC?

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es un organismo de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de analizar e informar cómo la ciencia nos está ayudando a entender mejor el cambio climático. 

Desde su creación en 1988, el IPCC ha tenido seis ciclos de evaluación en los años de 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 y 2023, y actualmente se encuentra en su séptimo.  

Luego de cada ciclo de evaluación, el organismo publica un resumen de su informe de evaluación los cuales se pueden consultar en el sitio del IPCC: 

• Resumen del primer informe de evaluación (1990) FAR Climate Change: Synthesis — IPCC 
• Segundo Informe de Evaluación del IPCC: Síntesis de la Información Científico-Técnica Relevante para la Interpretación del Artículo 2 de la CMNUCC (1995) SAR Climate Change 1995: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del tercer informe de evaluación (2001) TAR Climate Change 2001: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del cuarto informe de evaluación (2007) AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report — IPCC 
• Informe de síntesis del quinto informe de evaluación (2014) AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC 
• Informe de síntesis del sexto informe de evaluación (2023) AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 

El IPCC está a su vez conformado por tres grupos de trabajo que analizan: 

1. los cambios climáticos físicos; 
2. los impactos en personas y ecosistemas, y cómo podemos adaptarnos;
3. y cómo mitigar el cambio climático.

Estos grupos de trabajo no realizan investigación propia sino que hacen revisiones a la nueva evidencia científica publicada para darla a conocer y ayudar a las personas del mundo y a las y los responsables de políticas públicas a actuar mejor informados. 

Las últimas publicaciones de los distintos grupos de trabajo son:  

• Cambio Climático 2021: Las Bases de la Ciencia Física AR6 Cambio Climático 2021: La Base de la Ciencia Física — IPCC
• Cambio Climático 2022: Mitigación del cambio climático AR6 Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático — IPCC
• Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad AR6 Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad — IPCC

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Por Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

Cali, Colombia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) es la reunión global de la rendición de cuentas, a la que muchos países llegaron sin cumplir con la tarea que tenían asignada desde hace dos años.

Luego de que se aprobara el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, en la COP15 realizada en 2022, los países debían entregar su Plan de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), un documento en donde deben detallar sus estrategias y acciones encaminadas a cumplir con las 23 metas con las que se comprometieron para el año 2030.

Sin embargo, al comenzar la COP16, sólo 35 de 196 naciones entregaron sus planes completos. Colombia, México, Cuba y Surinam fueron las únicas naciones latinoamericanas que hicieron la tarea, a pesar de que la presentación de los planes es uno de los puntos claves de la COP16, ya que en esta reunión se pretende analizar qué tan realistas, medibles y ambiciosas son las metas e indicadores de cada plan.

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Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, considera que tener sólo 35 NBSAP es algo preocupante, porque en el año 2022 todos los países asumieron el compromiso de revisar sus estrategias y, aquellos que ni siquiera las tenían, debían crearlas y establecer un plan. “Esto era muy importante, porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”, dice Oliveira.

La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta la experta de TNC Brasil.

La cuenca amazónica, sólo con dos planes

La Amazonía enfrenta una crisis por sequías e incendios sin precedentes, lo que ha llevado a que el río Amazonas presente caudales mínimos históricos. Este bioma es clave para la lucha contra las crisis climáticas y de biodiversidad, y aunque hay acciones para su conservación, también existe una creciente preocupación porque se está llegando al “punto de no retorno”, ese momento en el que la pérdida de bosques y servicios ecosistémicos será más acelerada que la capacidad de la Amazonía para recuperarse. En ese sentido, a los expertos les inquieta que, de los países que comparten el bioma, sólo Colombia y Surinam hayan presentado sus NBSAP.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, asegura que es vital que todos los países aceleren la presentación de sus NBSAP y que estos sean medibles, que tengan un enfoque que incluya a toda la sociedad, que involucren la transformación de los sectores productivos y que desarrollen estrategias claras de financiamiento.

“Sin financiamiento va a ser imposible implementar las metas del Marco Kunming Montreal y esto es un tema fundamental dentro de la negociación, porque hay una brecha económica muy grande que superar”, dice Barrera.

Para la especialista de WWF Colombia, la COP16 tiene como misión dejar una ruta clara para movilizar los recursos financieros, revisar los incentivos o los subsidios a industrias que están generando consecuencias negativas sobre la biodiversidad, fortalecer los esquemas de gobernanza y garantizar el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Oliveira considera que falta mayor voluntad política con la biodiversidad: “La voluntad política con la biodiversidad no es tan fuerte. Es necesario más esfuerzo de los gobiernos para traer la agenda de la biodiversidad al nivel de la agenda del clima. Se habla mucho de clima, pero no se habla tanto de biodiversidad. Sin embargo, hoy sabemos que para enfrentar el cambio climático necesitamos de una biodiversidad cada vez más íntegra y más fuerte”.

La expectativa con el plan de Colombia

Durante el primer día de trabajos de la COP16 hubo bastante expectativa porque el gobierno colombiano, anfitrión de la conferencia, dio a conocer su Plan de Acción de Biodiversidad. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, lo presentó en rueda de prensa y aseguró que este plan “será la guía que aportará en la protección y conservación de la naturaleza al 2030, a través de cuatro apuestas, seis metas nacionales ambiciosas, medibles y alcanzables y 191 acciones formalizadas que buscan contribuir al cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal”.

Muhamad explicó que una de las metas clave es que Colombia aumente del 24 al 34 % de su territorio bajo alguna medida de protección ambiental. Además, la ministra aseguró que el país busca generar un renglón económico nuevo a través de la bioeconomía —aquellas partes de la economía que utilizan recursos biológicos renovables de la tierra y el mar— que actualmente representa solo el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para que pase al 3 % en 2030, generando medio millón de empleos.

Otros puntos importantes del NBSAP de Colombia se centran en avanzar en la reconversión de cinco millones de hectáreas a modelos productivos sostenibles y con procesos de restauración, así como en la reducción del impacto de economías ilícitas en los ecosistemas del país, “buscando tener una disminución de, por lo menos, el 50 % en los niveles de tráfico de fauna y la afectación por delitos ambientales”, aseguró la ministra de Ambiente.

Ximena Barrera, de WWF, destaca que el NBSAP de Colombia presenta cuatro grandes apuestas. La primera está enfocada en cómo fortalecer el ordenamiento territorial y la integración de las consideraciones ambientales en los sectores productivos.

La segunda es la transformación de esos sectores productivos para proteger la naturaleza y enfrentar el cambio climático. “Esto no es una agenda sólo del Ministerio de Ambiente, sino que involucra a todos los sectores de la sociedad”, dice.

La tercera apuesta tiene que ver con los delitos ambientales, corrupción e ilegalidad. “Necesitamos enfrentar esas economías ilícitas que están generando impactos en los territorios, por ejemplo, la minería ilegal y sus pasivos ambientales”, destaca Barrera.

La cuarta apuesta está enfocada en cómo fortalecer los temas de gobernanza territorial, “reconociendo no sólo la importancia de la biodiversidad, sino de la diversidad cultural”.

Por su parte, Oliveira destaca el impulso que el Plan de Acción de Colombia le da al tema de gobernanza de la cuenca amazónica, con la participación de la sociedad civil, y cree que otros países también deben incluir estrategias en sus planes para conservar los ecosistemas de agua dulce, “porque normalmente se habla de océanos, costas y tierra, pero no se habla de las aguas interiores”.

Esta información fue publicada originalmente en Mongabay Latam; Son Playas la replica con su debida autorización.

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Por Patricia Ramírez

México llegará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre cambios y ajustes. Tras seis años de gobierno, el mandatario Andrés Manuel López Obrador fue relevado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre. Bajo esta nueva administración los recién nombrados funcionarios de medio ambiente representarán al país en este evento internacional.

La COP16 de Biodiversidad reunirá a representantes de 196 países entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, Colombia. En la pasada COP15, realizada en 2022 en Canadá, las naciones se comprometieron a reducir la pérdida de biodiversidad con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 que quedaron establecidas en el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés).

Este año, los países deberán presentar sus planes nacionales para lograr dichas metas.

“Teníamos hasta el 1 de agosto de este año para subir nuestras metas nacionales al Mecanismo Facilitador de Información del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica) y México cumplió. Pudimos establecer 48 metas nacionales alineadas con el Marco Mundial (GBF)”, explicó Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en entrevista para esta publicación.

Cruz Angón junto con el biólogo Hesiquio Benítez Díaz y la coordinadora de asuntos internacionales Mónica Alegre González viajarán en representación de la CONABIO a la COP16 de Biodiversidad. La cuadrilla de asistentes de otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores aún está pendiente de hacerse pública.

Sin embargo, la estrategia se trabajó durante todo el año entre las distintas instituciones. Los especialistas de la CONABIO reportan que fue una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. “Creo que es muy importante mencionar que el contexto en el que se formularon las metas fue con el cambio de administración (elecciones presidenciales)”, señaló Cruz Angón.

Se habla de 48 metas, ya que se basan en las 23 establecidas con base en el GBF y 25 son acciones derivadas de éstas. Entre las principales se encuentran tener mecanismos de participación que incluyan a pueblos indígenas, la prevención y el control de especies invasoras, la restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la sustentabilidad en sectores como la ganadería y la pesca, entre otras. Todas de cara al año 2030.

“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas al Mecanismo Facilitador. De 196 partes, (alrededor de) 50 países cumplieron y es preocupante porque resulta en no tener metas que reportar ni que seguir”, explicó Cruz Angón.

Los temas de México

“Es una agenda muy amplia”, señaló Benítez Díaz, biólogo en CONABIO, sobre los temas a tratar en la COP16 de Biodiversidad.

“México es fuerte en cuanto a la capacidad técnica. Nos interesa que se apruebe un programa de trabajo a nivel mundial sobre biodiversidad con enfoque en salud y cómo podemos prevenir futuras pandemias”, explicó el biólogo sobre la agenda de temas que llevará el país al evento.

Además de dicho programa, los especialistas de CONABIO consideran que hay fortalezas para abordar la estrategia mundial de conservación de plantas y el uso sustentable de la vida silvestre. En este último se buscan oportunidades en zonas rurales para que sus prácticas sustentables puedan cubrir el mercado nacional e internacional.

“México ha contribuido bien en los temas de integración de la biodiversidad con otros sectores. Nosotros creemos que es un tema súper importante cómo nos relacionamos con las demás dependencias del gobierno federal, en este caso que participan con productividad primaria como la agricultura o la pesca”, expresó Benítez Díaz.

Asimismo, reconoce que hay algunos pendientes, principalmente con la biodiversidad marina y costera. Esto incluye un programa de trabajo para islas. En México existen más de cuatro mil, varias de ellas con problemas por las especies invasoras que ponen en riesgo a la vida nativa.

Sin embargo, estos temas aún deben ser revisados por el nuevo gobierno, lo que ha generado retrasos. Aunque los funcionarios de CONABIO reconocen durante la entrevista que se sienten confiados porque existe continuidad entre los servidores públicos que participan, como es el caso de la bióloga Alicia Bárcena, nueva secretaria de Medio Ambiente, que se desempeñó como canciller durante el último sexenio.

“Entrará la nueva administración, pero ya estamos ‘aceitados’, estamos trabajando y las diferentes dependencias siguen haciendo lo suyo. Entonces estamos confiados en que seguiremos haciendo las cosas como deben de ser”, agregó Benítez.

Financiamiento climático y menos dinero

Uno de los propósitos más destacados en los eventos internacionales es la conservación. Con el Marco Mundial Kunming-Montreal, que se adoptó en la COP15 de 2022, los países se comprometieron a la protección del 30% de la tierra y el 30% de los océanos para el año 2030.

Dentro del plan de acción que México llevará a la COP16 de Biodiversidad, el punto 3.1 señala que “para el 2030, México incrementa al 22% de la superficie terrestre protegida y al 30% de la superficie marina de manera efectiva a través de los sistemas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y municipales”.

En dicha meta se detalla que, hasta marzo de este año, la superficie de las ANP del país ocupa más de 28 millones de hectáreas en tierra (equivalente al 14.5 % de la superficie terrestre) y más de 70 millones en mar (lo equivalente 22.47%). Lo que significa que aún falta incrementar un 7.5% las hectáreas de protección en tierra y un 7.53% las hectáreas en mar.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador la creación de nuevas ANP federales, que son las administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, destacó en los temas de conservación. Se decretaron 43 áreas de 2018 a 2024, pero casi la mitad se anunciaron apenas en enero pasado. Con estos nombramientos fue que el gobierno de López Obrador se proclamó como el número uno con “más decretos a favor de la vida y la biodiversidad”.

Lo que pudo ser una contribución a las metas del 2030 se vio obstaculizado por la misma administración del exmandatario al disminuir el presupuesto destinado a las instituciones ambientales que se encargan de las ANP, así como ajustes institucionales que llevaron a que la CONABIO pasara de ser un organismo autónomo a una unidad de la SEMARNAT.

“México llega a la COP16 con importantes retos. Bastantes de ellos de hace muchos años, por lo menos los últimos 10, en los que podemos percibir algunas intenciones que tienden a avanzar en el cumplimiento de estos objetivos”, explicó Anaid Velasco, abogada ambiental y directora para México del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

Velasco reconoce la importancia de las nuevas áreas protegidas, así como la publicación del Acuerdo de Hábitat Crítico que es una implementación del derecho ambiental para la protección de áreas con condiciones esenciales para la sobrevivencia de las especies. En el caso de México este nombramiento se dio en 2022 a los humedales de montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, amenazados por la urbanización, la contaminación de descargas residuales y el uso de plaguicidas.

“Pero todo esto queda en una implementación débil si no cuentas con financiamiento suficiente, o sea, los medios para llevar a cabo acciones en los territorios que implican estos decretos que se hacen desde un escritorio”, señaló Velasco.

Actualmente, el presupuesto de las áreas protegidas es de 10.7 pesos (menos de un dólar) para cada hectárea destinada a la conservación, de acuerdo con el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”, elaborado por la coalición de organizaciones ambientales sin fines de lucro Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

“Llegamos a la COP16 con 226 Áreas Naturales Protegidas (federales), que es un avance sustancial en la obligación del Estado mexicano de proteger el territorio, pero llegamos con adeudos considerables en instrumentos de política ambiental como la falta de programas de manejo y en el presupuesto. No basta con decretar, necesitamos recursos constantes para poder dar la protección efectiva”, expresó Gina Chacon, directora de Políticas Públicas de México en Wildlands Network, organización integrante de NOSSA.

Además de lo destinado en la administración mexicana, también existe el financiamiento internacional. En el estudio “Financiamiento para la biodiversidad en México”, de GFLAC, se demuestra que sólo en 2021 se recibieron inversiones de hasta 284 millones de dólares, principalmente de Francia, país que ha mostrado interés en la defensa de la biodiversidad en México. Alemania y Estados Unidos también se suman a la lista.

“México es uno de los grandes receptores de financiamiento internacional que se canaliza a través de estos instrumentos. Son inversiones estratégicas, pero eso no debe invisibilizar la responsabilidad que tiene el financiamiento público (del Estado) para la conservación”, señaló Velasco.

Por su parte, Cruz Angón, de CONABIO, señaló que el financiamiento será uno de los grandes temas de la COP16 de Biodiversidad.

“Siempre es un tema por discutir porque no hay recursos que sean suficientes y por supuesto que se necesitan mayores donaciones de los países desarrollados, pero también se necesita que los países parte busquen recursos de financiamiento público y a través de la asociación con otros actores como son sector privado, comunidades, etcétera”, explicó Cruz Angón.

Sobre el presupuesto otorgado por el último sexenio a las dependencias ambientales, los especialistas de CONABIO señalan durante la entrevista que a pesar de los recortes financieros se trazaron metas acordes al financiamiento disponible.

“Ya ha habido algunas expresiones de la nueva administración sobre la necesidad de elevar el presupuesto del sector ambiental, pero los compromisos que México estableció en relación con las metas globales se hicieron pensando en usar lo que tenemos. Además, las instituciones de la Administración Pública Federal han estado realizando muchos trabajos incluso con el reto de tener poco presupuesto”, agregó Cruz Angón.

Una mirada al futuro

El llevar las metas a la COP16 no será suficiente. Dentro de las acciones de interés para México se encuentra el marco de monitoreo con los indicadores que van a ser utilizados para evaluar el cumplimiento de las mismas.

“Esto es qué tanto se pudo cumplir el Marco Mundial con estas 23 metas y cómo vamos a estar reportando las metas que México acordó con los diferentes participantes. Ahora sí que el pez por la boca cae”, dijo  Benítez, biólogo de CONABIO.

La especialista de GFLAC hace énfasis en que será indispensable incluir a los pueblos indígenas de México y aprovechar las áreas de oportunidad que vienen con la nueva presidenta de México y su gabinete.

“(Sobre) la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sabemos que tiene un currículum que habla por sí mismo, un interés bastante notorio (en lo ambiental) y que dio muchísimos resultados cuando estuvo en su gestión en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entonces nos encantaría ver que su gestión tenga resultados a la altura de estos retos”, agregó Velasco.

A nivel administrativo, desde la noticia de que CONABIO pasaría a integrarse a la SEMARNAT se ha hablado de la desaparición de esta comisión, aunque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum no ha informado al respecto.

“Lo que nos han indicado es que por el momento estamos igual y vendrá un proceso de evaluación con la nueva administración para ver el futuro de la CONABIO. Por ahora seguimos trabajando como siempre”, concluyó Cruz Angón.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación

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Con miras a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector marítimo, organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, organismos públicos y privados comentaron el potencial de un corredor verde que conecte los puertos de Baja California, Baja California Sur y California, en el marco del primer Foro Binacional sobre Transporte y Puertos Marítimos Sustentables en las Tres Californias, organizado en La Paz.

Un corredor verde es aquel que conecta a dos o más puertos verdes o sostenibles, es decir, aquellos que implementan prácticas y tecnologías ambientalmente responsables para minimizar su impacto en los océanos y reducir su huella de carbono. Para esto establecen estrategias de gestión de residuos, de consumo de energía, calidad del agua y  conservación de biodiversidad marina.

México tiene el compromiso de reducir las emisiones de GEI en un 50% para el 2050 y las actividades marítimas representan el 2.9% de las emisiones de GEI nacionales, según el estudio La transición energética del transporte marítimo: Oportunidades estratégicas en México de la organización Global Maritime Forum.

Para cumplir con esta meta resulta indispensable transicionar hacia la adopción de combustibles con cero emisiones de carbono, según Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos.

Integración de La Paz al corredor verde

El corredor verde mencionado podría conectar La Paz, Baja California Sur, con el puerto de Ensenada que es el puerto mixto (pasajeros y mercancía) más importante de México, de acuerdo con su director general, Manuel Gutiérrez, y con el puerto de Los Ángeles, California.

Los puertos del Pacífico integrados al Sistema Portuario Nacional trasladaron 127 millones 492 mil 945 toneladas de carga a través de buques en el 2023.

En vías de preparar a Baja California Sur para estas nuevas tendencias de puertos sostenibles y corredores verdes, Narciso Agúndez, director general del puerto de La Paz, presentó el proyecto de modernización del puerto de Pichilingue.

“Frente a estos desafíos estamos en construcción de una administración portuaria integral y eficaz que navega con visión de futuro rumbo a puertos sostenibles con la modernización de la infraestructura portuaria, obras de bienestar social y en tecnologías para reducir el impacto ambiental”, señaló Agúndez.

Estas obras de modernización consisten principalmente en mejorar la logística de embarque, desembarque y la instalación de sistemas de iluminación con tecnología LED y en algunos casos con luminarias con paneles solares.

También incluyen la implementación de un inventario de gases de efecto invernadero en todo los puertos y el desarrollo de un plan de reducción de emisiones que se sume a los esfuerzos de los puertos mexicanos a mediano plazo.

En el mismo foro Agúndez presentó un video donde plantea trasladar la actividad comercial del Puerto de Pichilingue al Puerto de San Juan de la Costa, con el fin de que el primero se dedique únicamente para fines turísticos.

“Estudiamos la viabilidad de un puerto industrial comercial en San Juan de la Costa que por su ubicación estratégica y condiciones naturales permite el arribo de embarcaciones de gran calado, que sumado al proyecto del libramiento norte se enlazará a las salidas norte y sur de La Paz, reduciendo el consumo de combustibles y la emisión de GEI permitiendo el desarrollo de la vocación turística de Pichilingue”, se explicó en el video.

Retos hacia el futuro para la implementación

En el Foro se abordaron los retos para llevar a cabo estos proyectos entre los que destacó la necesidad de inversión para desplegar infraestructura necesaria en los puertos y proyectos de producción de energías renovables como el hidrógeno verde que es el más idóneo para el sector marítimo.

También se trataron problemáticas como la falta de inventarios de emisiones en los puertos, un eje fundamental para emprender acciones, señaló Paulina Ortega, Coordinadora técnica en Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca).

El foro organizado por la alianza de las organizaciones WWF México, Institute of Americas y la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) destacó el potencial de México para generar y suministrar combustibles verdes y, por otra parte, la necesidad de otorgar incentivos y robustecer el marco regulatorio para brindar mayor certidumbre a quienes inviertan en este tipo de proyecto.

Finalmente, se abordaron estrategias para acortar las cadenas de suministro conocidas como nearshoring y se advirtieron los riesgos de trasladar estas grandes industrias a territorios que pueden no contar con los recursos e infraestructura para recibirles.

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Por: en15dias.com para Son Playas*

¿Has pensado cuál es el impacto ambiental de las actividades humanas? ¿Cuánto espacio y recursos utilizamos para cubrir nuestras necesidades? ¿Hemos sacado “crédito” con la naturaleza?

Según los datos de las organizaciones internacionales, la huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas, es decir, cada ser humano requiere, al año, de 2.7 hectáreas con recursos naturales para sobrevivir.

La huella ecológica es un indicador para conocer el grado de impacto de la sociedad sobre el ambiente.

Es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber los desechos que se generan, usando la tecnología actual.

Pero entonces, ¿tenemos planeta para cubrir estas necesidades?

No. Nuestro planeta tan sólo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas.

“Esta diferencia indica que cada uno de nosotros utiliza más espacio para cubrir sus necesidades de lo que el planeta puede darnos”, señala la organización internacional World Wildlife Fund.

A este fenómeno se le ha llamado “sobregiro ecológico”.

El “sobregiro ecológico” es la demanda anual de recursos por parte de las actividades del ser humano que excede lo que la tierra puede regenerar cada año.

Es decir, el sobregiro ecológico significa que los seres humanos, para cubrir nuestras necesidades, cortamos árboles más rápido de lo que pueden crecer; pescamos a un ritmo mayor al que un área puede repoblarse o emitimos más CO2 del que puede ser absorbido.

Actualmente, a la tierra le toma un año y cinco meses regenerar lo que utilizamos en un año.  

Pero ¿Cómo se calcula el “sobregiro ecológico”?

De acuerdo con Global Footprint Network, el sobregiro ecológico se calcula dividiendo la biocapacidad del planeta, es decir, la cantidad de recursos ecológicos que la Tierra puede generar ese año, por la Huella Ecológica de la humanidad, es decir, por la demanda de la humanidad para ese año, y multiplicado por 365, el número de días en un año.

Biocapacidad de la Tierra / Huella ecológica de la humanidad x 365 = Día del sobregiro de la Tierra.

¿Cuáles son las consecuencias?

Una de las consecuencias del “sobregiro ecológico” implica que muchas especies vean degradado su hábitat y, por lo tanto, se reduzca la disponibilidad de agua, alimento y refugio, cambiando así las condiciones climáticas en las cuales las especies (incluyendo la humana) se han desarrollado y adaptado.

Datos desde 1971 de Earth Overshoot Day

Una mirada a los datos históricos de Global Footprint Network muestra que en 1971 el sobregiro se dio el 25 diciembre y para finales de los 80, esta fecha se reportó en octubre.

En el siglo actual, para 2006, los recursos los habíamos agotado el 21 de agosto y en la década actual, sólo en 2020 -a raíz de la pandemia- se retrasó esta fecha al 22 de agosto. Este año repite, junto a 2018, como la fecha más rápida en que esto ocurre.

En 2022, la organización indicó que el día del “sobregiro ecológico” llegó el 28 de julio. Lo cual significó que la cantidad de recursos y servicios ambientales que se requirieron para abastecer nuestras necesidades equivalieron a 1.75 planetas Tierra, esto significa que usamos en 2022, 75% más de recursos naturales de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar en un año.

¿Cuántos planetas tierras significará nuestra existencia este 2023?

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Todos hemos hablado de “La Niña” y “El Niño”, pero ¿sabemos qué son?, ¿sus diferencias?, ¿cómo se originan?, ¿y cómo nos afectan? Acá te lo explicamos.

Primero tenemos que entender que hay una condición normal en el Océano Pacífico que se caracteriza por la actividad de “vientos alisios” que soplan hacia el oeste a lo largo del ecuador, llevando agua cálida de América del Sur hacia Asia. 

Los vientos alisios son corrientes de viento que soplan de forma casi constante durante el verano del hemisferio Norte y más irregular, en el invierno. 

En la “condición normal” el agua cálida que va de América del Sur hacia Asia reemplaza el agua tibia, haciendo que el agua fría suba desde las profundidades, y genere un proceso llamado afloramiento.

Esta “condición normal” puede ser modificada por un patrón oceánico-atmosférico que se caracteriza, principalmente, por la variabilidad de la temperatura superficial del océano, por las modificaciones de los vientos alisios y por la termoclina, que es la zona donde la temperatura cambia muy rápidamente con la profundidad y limita la zona de aguas profundas de las superficiales.

Este patrón atmosférico es llamado “El Niño – Oscilación del Sur (ENOS)” y se presenta a lo largo del Pacífico Ecuatorial de manera irregular, con ciclos que varían de 2 a 7 años.

Según la Comisión Nacional del Agua, el término “El Niño” “originalmente se aplicó a un débil calentamiento en la temperatura superficial del mar (TSM) a lo largo de costas de Perú y Ecuador, que se observaba cercano al periodo Navideño (de ahí el nombre del “El Niño” asociado a El Niño Jesús)”.

En las últimas décadas, se ha observado que este calentamiento de la temperatura superficial del mar se presenta en una región mucho más extensa que se extiende desde el Pacífico central hacia el Pacífico tropical del este a lo largo de la línea ecuatorial modificando patrones climáticos globales.

Actualmente, los científicos han llamado a este fenómeno natural como “El Niño-Oscilación del Sur”, o ENOS, el cuál se puede presentar en dos fases muy distintas entre sí: “La Niña”, y “El Niño”.

Entonces, podemos decir, que ENOS, se refiere a todo el ciclo de calentamientos y enfriamientos en el pacífico ecuatorial, siendo “El Niño” la fase cálida y “La Niña” la fase fría. 

Pero ¿Cuáles son las características de estos patrones naturales?

El Niño, fase cálida 

Según la National Oceanic and Atmospheric Administration, el origen del nombre “El Niño” se remonta a 1800, “cuando los pescadores de la costa del Pacífico de América del Sur notaron que una corriente oceánica cálida aparecía cada pocos años”. 

“El nombre completo que usaron fue El Niño de Navidad, porque “El Niño” suele alcanzar su punto máximo alrededor de diciembre”.

¿Cómo se representa? “El Niño” se caracteriza por un calentamiento en el centro y este del Pacífico ecuatorial.

La Conagua señala que cuando el ENOS se encuentra en la fase de “El Niño”, “los vientos del este (alisios) en el Pacífico se debilitan y el agua cálida del Pacífico oeste se recorre hacia el este a lo largo de la línea ecuatorial, aumentando la temperatura superficial del mar lo suficiente para transportar calor a la atmósfera y generar nubes de convección profunda, llevando ahora las zonas de lluvias hacia el este”. 

¿Cuál es el impacto? “El Niño” puede provocar que llueva más en regiones donde es común que llueva poco, mientras que pueda llover menos donde solía llover más. 

La lluvia se activa en el centro-este, donde está el calentamiento, lo que produce inundaciones sobre las islas centrales del Pacífico y en la costa oeste de América del Sur. 

La ausencia de vientos también debilita el afloramiento en el este por lo que las aguas profundas no ascienden a la superficie, intensificando el calentamiento de dicha región. Este calentamiento a su vez, disminuye la diferencia de presión Este-Oeste, debilitando aún más los alisios.

En estos momentos las aguas se mantienen cálidas. Un satélite que estudia los niveles del mar observó las primeras señales del calentamiento entre marzo y abril de este año, según un informe de la NASA (National Aeronautics and Space Administration).

La Niña, fase fría 

“La Niña” es conocida, también, como “El Viejo”, “anti-El Niño”, o simplemente «un evento frío».

La National Oceanic and Atmospheric Administration señalan que “La Niña” tiene el efecto opuesto de “El Niño”.  “Es un enfriamiento en el centro y este del Pacífico ecuatorial. Los vientos alisios se fortalecen alejando la reserva de agua caliente más hacia el oeste”. 

¿Cuál es el impacto? La zona de lluvias se sitúa a su vez a la parte más occidental del Pacífico, dando lugar a abundantes lluvias sobre Indonesia. 

Durante “La Niña”, las aguas de la costa del Pacífico son más frías y contienen más nutrientes de lo habitual. Este entorno es compatible con más vida marina y atrae a más especies de aguas frías, como calamares y salmones, a lugares como la costa de California.

*Convenio de colaboración editorial entre Son Playas y en15dias.com; prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Referencias:

Conagua, consultado julio de 2023. https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia, https://public.wmo.int/en, WMO (2006) Catalogue of Indices and Definitions of El Niño and la Niña in Operational Use. World Meteorological Organization. https://public.wmo.int/es/el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1a-hoy, National Oceanic and Atmospheric Administration. https://www.noaa.gov/education/resource-collections/weather-atmosphere/el-nino, Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica https://www.pmel.noaa.gov/

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Este año hemos sentido más calor que otros, sin embargo, necesariamente ¿hace más calor? Y si es así ¿Por qué?

Este año y este mes, fueron definidos como los más calurosos en la historia de la medición de las temperaturas en el mundo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea confirmaron hace dos días que julio será el mes más caluroso jamás registrado. 

Según los datos de estos organismos, este mes de julio experimentó un “lapso de tres semanas más caluroso, los tres días más calientes y las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año que se hayan documentado nunca”.

Históricamente, las olas de calor ocurrían una a dos veces por año y su afectación se limitaba a un par de países y áreas geográficas dentro de estos países. Sin embargo, entre los años 2000 y 2018 se ha observado un incremento de la magnitud, duración e intensidad de las olas de calor a nivel global, según el reporte The Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health of nations for centuries to come.

En México, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 1953 a la fecha, los meses de mayo y junio de 2023 se ubicaron como los meses más cálidos, solamente superado por los periodos de 2022, 2020, 2017 y 2018.

Pero ¿qué son las olas de calor?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Mundial de Meteorología (OMM), no hay un consenso en la definición de ola de calor, sin embargo, como definición operacional se entiende como “un periodo inusualmente caliente, seco o húmedo, de día o de noche, que se inicia y termina de forma abrupta, con una duración de por lo menos dos días a tres días, con un impacto discernible en los seres humanos y los sistemas naturales”.

Para el doctor Bladimir Salomón Montijo, encargado de la Estación Climatológica ubicada en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una ola de calor “es un evento sostenido de temperatura extremadamente alta para una región determinada que se mide con relación a la temperatura promedio considerada para el área”.

Es decir, son temperaturas máximas por encima de las habituales para una región específica, según se explica en un artículo de difusión de esa institución educativa.

Entonces, ¿por qué hace más calor?

Para responder esta pregunta, debemos hablar de “el efecto invernadero”, un fenómeno que se produce en la Tierra de forma natural, lo que permite contar con una temperatura templada, esto hace posible el desarrollo de la vida en nuestro planeta.

Sin embargo, a partir de la revolución industrial, un aumento en la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocada por la acción del hombre, generaron cambios en la temperatura de la Tierra. Los científicos han llamado a este fenómeno “calentamiento global”.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo internacional encargado de evaluar la información científica en materia de cambio climático y de sus potenciales impactos ambientales y socioeconómicos, concluye, en sus informes, que “la evolución de la temperatura global muestra que el planeta se calienta debido a las emisiones de dióxido de carbono y a los gases de efecto invernadero producidos por los seres humanos”.

Algunos de los gases de efecto invernadero son de origen natural, pero otros son compuestos artificiales creados por el hombre. A continuación te compartimos una lista de los principales gases que afectan a la atmósfera

• CO2 – dióxido de carbono
• CH4 – metano
• N2O – óxido nitroso
• CFC – clorofluorcarbonos
• HFC – hidrofluorocarbonos
• PFC – perfluorocarbonos 
• SF6 – hexafluoruro de azufre 

Como ya comentamos, este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero son a causa de algunas actividades humanas. De las que más afectan a la atmósfera son la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, el transporte y la actividad industrial; los cambios en el uso de la tierra (deforestación y expansión de la frontera agrícola) y la generación de desechos domiciliarios e industriales.

Los expertos del panel acerca del Cambio Climático señalan que “el aumento de la temperatura provocado por esta mayor concentración de estos gases, provoca un desequilibrio en el sistema climático del planeta, produciendo cambios en los patrones tradicionales del clima, conocido como cambio climático y que se manifiesta, entre otras cosas, con un mayor aumento en las temperaturas”, es decir más calor. 

*Convenio de colaboración editorial entre Son Playas y en15dias.com; prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Referencias: Organización Meteorológica Mundial, IPCC, www.lavanguardia.com, www.fundacionaquae.org, www.un.org, Noticias ONU, dcs.uas.edu.mx.

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“¡Estamos en el Antropoceno!”, gritó Paul Crutzen, Premio Nobel de Química en una reunión en febrero del año 2000, en la ciudad de Cuernavaca, en México, después de que “se impacientó al escuchar que se mencionaba al Holoceno como la época geológica actual y de manera espontánea exclamó: ¡estamos viviendo en el Antropoceno!”.

Era la primera vez, que se escuchaba públicamente el término, ya que, desde la década de 1980, el biólogo estadounidense Eugene F. Stoermer utilizaba informalmente la palabra Antropoceno entre sus alumnos y colegas.

Crutzen data el comienzo del Antropoceno en 1784, con la invención de la máquina de vapor por el escocés James Watt (1736-1819).

Sin embargo, meses después, en mayo de 2000, los dos investigadores publicarían su hipótesis acerca de una nueva era geológica en el Global Change News Letter, el boletín del Programa Internacional Geosfera-Biosfera.

Según la literatura científica, ambos autores advirtieron que desde el siglo XIX, distintos científicos llamaron la atención sobre la huella del ser humano en los ecosistemas a la que caracterizaron como “una fuerza geológica importante”.

Subrayan que estudios, realizados en la década de 1920, habían demostrado que de 30 a 50 por ciento de la superficie terrestre había sido transformada por la acción humana.

En ese texto ubican el inicio de la nueva etapa a finales del siglo XVIII, período en el que se evidenció el crecimiento de concentraciones de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono y el metano.

¿Cómo se define el antropoceno?

Antropoceno, se deriva de los términos griegos “antrophos” (humano) y “kainos” (nuevo).

La Real Academia Española señala que es el “Dicho de una época: Que es la más reciente del período cuaternario, abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días y está caracterizada por la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales por la acción humana”.

Es un término utilizado para caracterizar las transformaciones que han sido provocadas por factores como la urbanización, la utilización de combustibles fósiles, la devastación de bosques, la demanda de agua o la explotación de recursos marítimos.

El Grupo de Trabajo sobre Antropoceno, creado en 2009, examina el Antropoceno como una unidad de tiempo geológico y una adición potencial a la Escala de Tiempo Geológico, de acuerdo con la propuesta original de Crutzen y Stoermer.

Sin embargo, actualmente no es una unidad geológica formalmente definida dentro de la Escala de Tiempo Geológico; oficialmente todavía vivimos dentro de la Época del Holoceno.

El 13 de julio de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Antropoceno dio una conferencia para anunciar que finalmente llegaron a la propuesta oficial –que presentará ante las autoridades de la comunidad geológica– para modificar la escala de tiempo e incorporar el Antropoceno como época oficial (desde 1950).

La razón por la que los geólogos no declararon el Antropoceno como el inicio de una medida de tiempo más grande y mucho más importante, como un periodo, es que el actual periodo cuaternario, que comenzó hace unos 2.6 millones de años, se basa en el hielo permanente de los polos de la Tierra, que sigue existiendo.

¿Qué sostiene la hipótesis?

De acuerdo con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP), existen factores que sostienen la hipótesis sobre el Antropoceno como una nueva era geológica determinada por el ser humano.

Entre los más destacados están que en los últimos 150 años la humanidad ha agotado 40 por ciento de las reservas petroleras conocidas. Éstas tomaron cientos de millones de años para generarse.

Además de que cerca de 50 por ciento de la superficie terrestre ha sido transformada por acción humana directa y que más de la mitad del agua dulce disponible es utilizada por el hombre y los recursos acuíferos subterráneos se están agotando rápidamente en diversas áreas.

*Convenio de colaboración editorial entre Son Playas y en15dias.com

Referencias: Antropoceno debate científico, Unesco, 2018/Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria, Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno, 2019/Trischler, Helmuth. (2017). El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?. Desacatos, (54), 40-57. Recuperado en 19 de julio de 2023/Scientists say new epoch marked by human impact — the Anthropocene — began in 1950s/International Union of Geological Sciences/Why I Resigned from the Anthropocene Working Group

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En esta contienda amistosa se involucraron 482 ciudades de 46 países distribuidos en seis continentes, con una participación total de 66 mil 394 personas que en conjunto realizaron 1.8 millones de observaciones de flora y fauna en la plataforma Naturalista, de acuerdo a los resultados oficiales que fueron anunciados este lunes.

En la categoría de especies, el municipio de Cosalá, Sinaloa, se colocó en tercer lugar internacional con un total de 3 mil 912 registros que en su gran mayoría fueron realizados por estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). El primer lugar de esta categoría lo obtuvo La Paz, Bolivia; Hong Kong quedó en segundo; Cape Town, Sudáfrica, en cuarto y Houston-Galveston, Texas, USA, en quinto.

Por número de observaciones, el primer lugar fue para La Paz, Bolivia; mientras que Cape Town, Sudáfrica, quedó en segundo; Dallas/Fort Worth, Texas USA en tercero; Mazatlán alcanzó el cuarto sitio y Houston-Galveston, Texas, el quinto.

En lo que respecta al número de participantes, el top cinco también lo encabeza La Paz, Bolivia, seguida de San Francisco Bay, California, USA; Los Ángeles County, California; Zona Metropolitana de Monterrey y Washington DC, USA.

Resultados nacionales

A nivel nacional se inscribieron 77 ciudades. Mazatlán obtuvo el primer lugar en número de observaciones, el tercero por cantidad de especies y el segundo por número de observadores participantes. Esta es la cuarta ocasión en que Mazatlán gana el primer lugar nacional y destaca a nivel internacional por número de observaciones (2019, 2021, 2022 y 2023).

Con el impulso del biólogo Diego Barrales y de Paco´s Reserva de Flora y Fauna, este fue el primer municipio de la entidad en participar en el Reto Naturalista Urbano y en posicionarse de forma consecutiva en el primer sitio de dicha categoría.

Por su parte, Cosalá logró el primer lugar en especies, y el segundo en número de observaciones a nivel país de acuerdo al marcador final. Entre las especies registradas se encuentra un jaguar clasificado en peligro de extinción entre otras especies en categoría de riesgo.

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La Zona Metropolitana de Monterrey se colocó en la primera posición por número de personas participantes, el segundo por número de especies y el tercero por número de observaciones.

Las personas que más observaciones registraron en la plataforma Naturalista a nivel nacional son de Cosalá: Guillermo Millán Otero con el primer lugar, Mauro Aguirre en segundo y Julieta Montenegro en tercero.

Sinaloa fue la entidad federativa que más observaciones y especies aportó a México en el Reto Naturalista Urbano 2023 (City Nature Challenge), con un total de 13 municipios participantes. Otras de las localidades que destacaron en esta contienda son Elota y Culiacán, que se posicionaron en el sexto y séptimo lugar nacional respectivamente, tanto por número de observaciones como por de especies registradas.

La participación de cientos de estudiantes de diversas instituciones educativas ha contribuido de forma significativa al posicionamiento de la entidad en el mapa nacional y mundial de la biodiversidad.

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Texto: Eva Rodríguez/Agencia SINC

La instantánea de una tortuga boba atrapada entre redes de pesca o la de un caballito de mar que se aferra a un bastoncillo para los oídos dieron la vuelta al mundo. No fue solo por el premio fotográfico que recibieron sus autores, sino también por ser una alegoría del daño que causamos a los ecosistemas marinos. Pero si nos impactan estas y otras imágenes, como la de cetáceos atiborrados de plásticos que varan en la costa, esa es solo una realidad de lo visible. Existe otra más pequeña que casi no se percibe ni se retrata: la de los microplásticos que también los amenazan.

Estas diminutas partículas de menos de 5 mm se han extendido hasta los lugares más remotos del planeta, pueden perdurar durante más de cinco décadas en las cadenas tróficas y muchas especies están en riesgo de ingerirlos. 

Cada vez más estudios se centran en analizar su presencia, como biomarcadores del estado de nuestros océanos, para conocer el riesgo que suponen a los humanos o el impacto en la salud de los animales. Se ha descrito su presencia en más de 690 especies, principalmente marinas, 200 de las cuales son comestibles.

Sus consecuencias tóxicas se han comprobado, por ejemplo, en gusanos marinos que han visto reducidas sus funciones vitales; en experimentos en laboratorio se ha descrito estrés oxidativo, respuestas inmunológicas, menor fecundidad o aumento de la mortalidad. Además, en contra de lo que se podría pensar, a menor tamaño mayor toxicidad. Una posible explicación sería que las partículas más grandes son expulsadas más rápidamente tras la ingestión.

Sus consecuencias tóxicas van desde ver reducidas funciones vitales, estrés oxidativo, menor fecundidad o aumento de la mortalidad.

Los depredadores son especialmente vulnerables a los microplásticos de origen antropogénico debido a su elevada posición trófica y a que su presencia en nuestros océanos no para de crecer. Ponen en jaque a grandes mamíferos como la ballena azul que consumen grandes cantidades de alimentos y están en peligro de extinción, pero no son una excepción.

Una amenaza para la foca monje del Mediterráneo

Hubo un tiempo en que este mamífero marino (Monachus monachus) habitaba toda la costa Mediterránea. Sin embargo, en la actualidad está catalogada como “en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), con menos de mil ejemplares en el mundo. Científicos y grupos de conservación llevan años trabajando en su recuperación, pero continúa en la lista de las diez especies de mamíferos más amenazados del planeta.

Su distribución es escasa y fragmentada, solo se encuentra en dos áreas geográficamente separadas: el Atlántico oriental (costa sahariana y Madeira), y en el Mar Egeo (Chipre, Grecia y Turquía).

La Universidad de Lisboa lidera una investigación reciente que ha estudiado las poblaciones de la isla portuguesa de Madeira para conocer cómo les afectan estas partículas. Hasta ahora se desconocía la dinámica de acumulación de estos pequeños fragmentos en depredadores marinos de islas apartadas.

«Los organismos marinos insulares tienen mayor riesgo de ingerir microplásticos y otros contaminantes que los de entornos más abiertos»

Ashlie McIvor, investigadora en la Universidad de Lisboa

“Los archipiélagos son más susceptibles a la acumulación de plásticos. Están situados en medio de vastas corrientes y giros oceánicos que pueden llevar grandes cantidades de residuos. Como consecuencia, los organismos marinos insulares corren un mayor riesgo de ingerir microplásticos y otros contaminantes que los que viven en entornos más abiertos”, explica Ashlie McIvor, autora principal del estudio, que atiende a SINC mientras participa en la 34 Conferencia de la Sociedad Europea de Cetáceos que se acaba de celebrar en Galicia.

Este trabajo, publicado en la revista Science of The Total Environment, se basó en el análisis de los excrementos del animal. El 100 % de las muestras contenía estos restos en su interior. En total, recogieron 18 muestras recolectadas entre 2014 y 2021 y se utilizó un método de espectroscopia infrarroja para su estudio. Se recuperaron un total de 390 partículas microplásticas, formadas principalmente por fragmentos (69 %) de diversos tamaños y compuesta por polímeros. La prevalencia fue superior a la registrada anteriormente mediante análisis basados en excrementos en otras especies de pinnípedos.

“Los niveles de contaminación por estas partículas en la red alimentaria costera en Madeira son relativamente altos, lo que coloca a los animales de nivel trófico superior en mayor riesgo de consumo, incluidos los humanos”, añade.

La investigación supone un primer acercamiento a la exposición de microplásticos de las focas monje de Madeira y el impacto en el organismo para su supervivencia a largo plazo. Sus autores esperan que pueda contribuir a futuras decisiones de gestión de la especie. 

“Aunque nos centramos en un ecosistema relativamente aislado y protegido, trabajos anteriores han demostrado que este tipo de tóxicos están muy extendidos en el Mediterráneo. Es muy probable que los mamíferos marinos de esta región estén muy expuestos y queremos contribuir a protegerlos”, subraya McIvor.

Microplásticos en el eslabón final: los tiburones

Los grandes escualos tampoco escapan a esta amenaza. Este es el caso de un depredador superior amenazado y poco conocido, el marrajo negro (Isurus paucus). Su baja fecundidad, su madurez sexual tardía, así como otras amenazas antropogénicas, lo han llevado al riesgo de extinción.

Su estudio no es fácil, debido a la escasez de ejemplares, pero la Universidad Oceánica de Shanghai (China) ha conseguido analizar el contenido estomacal  de esta especie en un ejemplar capturado accidentalmente en el Océano Pacífico.

“Proporcionamos una base importante sobre la ingestión de plásticos en este tiburón. Este trabajo aporta una medida cuantitativa preliminar que podría utilizarse en futuros estudios sobre el riesgo en depredadores superiores”, dice a SINC Yi Gong, que lidera este trabajo.

«Nuestro estudio proporciona una base importante sobre la ingestión de plásticos de este tiburón y aporta una medida cuantitativa que podría usarse en futuras investigaciones»

Yi Gong, científico de la Universidad Oceánica de Shanghai

Examinaron los plásticos en este espécimen hembra (1,22 m de longitud) y sus presas para evaluar el potencial de transferencia trófica de microplásticos. En el estómago de I. paucus hallaron envases de polipropileno de botellas y piruletas, peces lanceta (Alepisaurus ferox) y calamares. Aunque no se observaron lesiones internas aparentes, estos contaminantes no podían atravesar la unión entre el estómago y el píloro, y le podrían haber causado obstrucciones en el sistema digestivo o la muerte.

“Actualmente, no existe un protocolo estandarizado para evaluar sistemáticamente los riesgos potenciales de los microplásticos en los tiburones pelágicos. Además, no se ha determinado el riesgo ecológico potencial, porque los estudios de laboratorio se ven obstaculizados por condiciones de exposición poco realistas”, asegura el científico.

Los fragmentos y gránulos de estos tóxicos, confirmados por espectroscopia infrarroja directa con láser, se hallaron en el sistema digestivo de los calamares intactos ingeridos, por lo que podría producirse una transferencia trófica entre el tiburón y la presa.

“En mi opinión, la abundancia, el tamaño y el polímero de los microplásticos podrían tenerse en cuenta para evaluar su riesgo potencial. Por ejemplo, el policloruro de vinilo (PVC) se considera uno de los más nocivos en el medio acuático, y puede liberar agentes cancerígenos y plastificantes intrínsecos a los organismos marinos. Por otro lado, los restos más pequeños, como los nanoplásticos, podrían atravesar la barrera intestinal y llegar a otros órganos mediante endocitosis intracelular o paracelular, lo que provocaría un efecto letal para los tiburones”, recalca Yi Gong.

«Los nanoplásticos podrían atravesar la barrera intestinal y llegar a otros órganos, lo que provocaría un efecto letal para los tiburones» 

Yi Gong, Universidad Oceánica de Shanghai

Esta no es la única especie de tiburón que ha analizado este científico y su equipo. En otro trabajo recurrieron a la tintorera (Prionace glauca) para determinar que cerca del 40% de los ejemplares estudiados tenían microplásticos en su organismo, uno de ellos con un nivel de riesgo ecológico alto debido a la gran presencia de PVC.

El charrán rosado, un ave ya castigada por la gripe aviar

El pasado año, miles de aves marinas murieron en Reino Unido debido a una mutación de la gripe aviar, una crisis que se ha extendido hasta este 2023 en varios puntos del planeta. En la isla de Coquet una de las más aves afectadas fue el charrán rosado (Sterna dougallii). Este animal figura en la lista de especies en peligro de extinción en EE UU y está protegida legalmente, pero aún no está incluido como vulnerable en la Lista Roja de la UICN. En Europa está en vías de recuperación, pero su presencia es escasa.

Aliya Caldwell, de la Universidad de New Hampshire (EE UU) encabeza una investigación sobre la incidencia en la ingestión de fibras microplásticas en charranes comunes (Sterna hirundo) y rosados que crían en el Atlántico Noroccidental.

“Hemos observado que los rosados ingieren más plásticos que los comunes. Aunque las dos especies consumen especies similares de peces, sus dietas varían”, apunta a SINC Caldwell. “Aislamos los plásticos mediante una reacción de oxidación con peróxido húmedo y luego los identificamos mediante un espectrómetro de infrarrojos y con microscopio”, continúa.

«Hemos observado que los charranes rosados ingieren más plásticos que los comunes. Deberíamos centrarnos en un muestreo robusto de las microfibras ingeridas por sus presas»

Aliya Caldwell, científica de la Universidad de New Hampshire

Los resultados apuntan a que las aves podrían estar ingiriendo microplásticos de origen antropogénico de forma secundaria, a través de las distintas especies de peces de las que se alimentan. La variación en la dieta daría lugar a diferentes niveles de exposición al contaminante, ya que consumen principalmente lanzón americano, arenque atlántico y de río, caballa atlántica, merluza blanca y plateada, bacalao atlántico, gallineta nórdica o pez mantequilla atlántico, entre otros.

“Nuestro trabajo en el futuro debería centrarse en un muestreo robusto de las microfibras ingeridas por estas presas”, apunta la científica.

El caso de la angula en España

Además de trasmitirse estos productos tóxicos entre aves acuáticas y peces, también se ha detectado el paso de microplásticos de origen marino a los ríos. Así lo probó la Universidad de Oviedo a través del estudio en anguilas europeas ( Anguilla anguilla), un animal catalogado como ‘en peligro crítico’ por la IUCN.

El trabajo demuestra que los ejemplares jóvenes o angulas entraron en los ríos europeos ya transportando algunos microplásticos marinos y adquirieron más del agua fluvial. “Las anguilas, como otros peces migradores, están haciendo de vehículos para la contaminación por plástico”, declara a SINC Eva García Vázquez, investigadora de la Universidad de Oviedo y coautora de este estudio.

Además, “las larvas que aún no comen incorporan en sus tejidos fragmentos de plástico, lo que es un indicador del tremendo grado de contaminación en los lugares de puesta y desarrollo de estos peces. En el caso de la anguila europea, el Mar de los Sargazos”, agrega la científica.

«Las larvas que aún no comen incorporan en sus tejidos fragmentos de plástico, un indicador del tremendo grado de contaminación en los lugares de puesta»

Eva G. Vázquez, investigadora de la Universidad de Oviedo

Por su parte, Alba Ardura Gutierrez, de la misma universidad, añade: “Durante el largo viaje hasta Europa se ven expuestas a una amplia gama de compuestos e introducen en el ambiente de agua dulce contaminantes nuevos, como pintura para barcos, que entrarían en la cadena trófica del río”.

Los investigadores hallaron materiales plásticos potencialmente perjudiciales, algunos de ellos peligrosos para la vida acuática según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), lo que confirma que son una amenaza potencial para la especie. 

“La ingesta de plástico puede conllevar la rotura de tejidos, comprometer su integridad y resultar en su muerte. Por otro lado, puede ser letal también debido a la generación de una sensación de saciedad, principalmente, en organismo de pequeño tamaño”, indica la científica.

«La ingesta de plástico puede conllevar la rotura de tejidos, comprometer su integridad y resultar en su muerte»

Alba Ardura Gutierrez, investigadora de la Universidad de Oviedo

Los daños para la salud descritos en las angulas varían desde problemas nutricionales —al ocupar lugar en su tracto digestivo y no aportar nutrientes—; toxicidad por sí mismos, como ocurre con el poliestireno; por los elementos y compuestos de metales pesados que llevan adheridos; o por sustancias como el bisfenol A que liberan al fragmentarse y erosionarse. Además, son capaces de provocar daños en el ADN y estrés oxidativo, entre otros. 

“En el caso concreto de larvas, con fragmentos de plástico incorporados en el tejido muscular, es más que probable que interfieran también con su capacidad de natación y movimiento”, subraya García Vázquez. 

Los autores del trabajo recalcan la necesidad de un cambio productivo y social para reducir la dependencia del plástico y un tratamiento adecuado de los desechos. “Hay que poner atención en la población. Una educación ambiental comprensible y didáctica, que suponga el acercamiento de la gente al problema, tendría un impacto en la reducción o cese de los plásticos de un solo uso”, enfatiza Ardura Guitierrez.

“Hay que controlar las plantas de tratamiento de agua, ya que muchos microplásticos son fibras de tejidos artificiales que se desprenden con el lavado. Además, urge crear una economía circular real, reducir los desechos, cambiar la forma de consumo y evitar productos con microesferas. En resumen, aplicar los imperativos R: reducir consumo, reciclar, reutilizar, reparar”, concluye García Vázquez. 

Aproximaciones en salud humana

Una de las vías principales de investigación que comienza a emerger ahora es la de las consecuencias en especies comestibles y caladeros de pesca. El objetivo es evaluar, en última instancia, el impacto potencial en la salud de los seres humanos.

En abril de este año se publicaba un estudio en peces y moluscos comestibles del Mediterráneo, concretamente en anchoa, dorada (salvaje y de piscifactoría), salmonete y lenguado, así como en mejillones. Los investigadores hallaron microplásticos en todas las muestras de todas las especies. “Nuestros datos arrojan luz por primera vez sobre la preocupante ingesta diaria estimada, tanto para adultos como para niños, de partículas de plástico debido al consumo de marisco al sur del Mediterráneo”, afirman los autores del artículo.

Sin embargo, la identificación, cuantificación y caracterización de microplásticos en nuestros tejidos u órganos sigue siendo muy limitada. Así lo indica un trabajo reciente en muestras humanas, liderado por Guilherme Malafaia, del Instituto Federal Goiano (Brasil), en colaboración con el Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA-CERCA).

“Aunque diversas investigaciones han indicado la plausibilidad de la ingesta —a través del marisco, sales de mesa, agua potable o azúcar— y por inhalación, las formas de acumulación, la translocación al sistema circulatorio y a tejidos distantes, y los riesgos para la salud están aún lejos de ser comprendidos”, destacan los investigadores.

En esta línea, otro estudio sobre la contaminación en sangre humana, realizado con 22 voluntarios sanos, demostró que las partículas de plástico están biodisponibles para su absorción en el torrente sanguíneo, pero sin determinar con qué riesgos. “Si estas partículas de plástico son transportadas por células inmunitarias, se plantea la cuestión de si tales exposiciones pueden afectar potencialmente a la predisposición a enfermedades inmunológicas”, concluyen.

Fuente: SINC

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• Tras 20 años de negociaciones, los países miembros de Naciones Unidas terminaron el texto del Tratado de Alta Mar, un paso clave para la protección de los océanos, aseguran los especialistas.
• Cuando el tratado entre en vigor, será posible crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, los Estados que quieran desarrollar proyectos en alta mar deberán realizar un estudio de impacto ambiental y nadie podrá apropiarse de los  recursos genéticos marinos. 
• Al mismo tiempo que se desarrollaba esta reunión en Nueva York, en Panamá los participantes de una segunda conferencia mundial hicieron 341 compromisos por un valor de casi 20 mil millones de dólares para contribuir a la conservación de la vida marina. Ahí, el país anfitrión anunció la protección de más del 54% de su mar territorial. Ecuador, por su parte, anunció que las primeras ocho millas de toda su franja costera continental serán declaradas reserva marina.

La primera semana de marzo fue decisiva para el futuro del planeta puesto que, en dos conferencias, los líderes y representantes de los países llegaron a acuerdos que son fundamentales para detener las amenazas y presiones que afectan actualmente a los océanos del mundo entero.

Una de las conferencias, la Our Oceans, ocurrió en Panamá y el presidente del país anfitrión, Laurentino Cortizo, firmó un decreto ejecutivo que amplía el Área de Recursos Manejados Banco Volcán, en el Caribe panameño. Con el anuncio, el país centroamericano pasa a proteger el 54,33 % de su territorio marítimo, lo que es considerado por los expertos “un paso esencial para la protección regional a gran escala de la biodiversidad marina”.

La otra conferencia se desarrolló en Nueva York, donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) terminaron, tras 20 años de negociaciones, el texto del Tratado de Alta Mar que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales, es decir, en todas las porciones de los océanos que no están dentro de las jurisdicciones nacionales de los países. Se trata de un paso clave para lograr la meta de proteger el 30 % de los océanos al 2030.

Las aguas internacionales o alta mar representan dos tercios del total del área ocupada por los océanos en el planeta y cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que la que ocupan todos los continentes juntos. Diferentes stocks pesqueros dependen, en determinadas etapas de sus ciclos biológicos, de ecosistemas que se ubican en alta mar. La conectividad existente entre estos lugares del océano, los ecosistemas costeros y las economías de los diversos países es hoy innegable. Sin embargo, actualmente solo el 1% de estos océanos globales está protegido. El Tratado de Alta Mar espera poder corregir, con urgencia, esa deficiencia.

Para lograrlo, el tratado acordado por la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales; obliga a los países que quieran desarrollar proyectos en alta mar a ejecutar estudios de impacto ambiental; y reconoce que los recursos genéticos marinos —es decir, el material biológico de plantas y animales en el océano que pueda ser utilizado para la creación de productos farmacéuticos, procesos industriales u otros— son patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, son inapropiables.

Según los expertos consultados, “es un tratado que tiene dientes”. Max Bello, miembro de la organización internacional Mission Blue, asegura que tiene todos los elementos que los conservacionistas buscaban para que, en la práctica, las medidas que establece el texto puedan implementarse efectivamente.

Lo que sigue es que el tratado sea ratificado por los países para que entre en vigencia, tras lo cual habrá que poner en marcha una institucionalidad eficiente que pueda llevar adelante la tarea. Los detalles sobre cómo se ejecutarán los acuerdos del tratado “van a tener que alinearse a través de reuniones periódicas, tal como lo hace la Conferencia de las Partes (COP) de cambio climático”, explica Bello. “Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrentan la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

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La creación de áreas marinas protegidas

Uno de los puntos importantes es que la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) podrá crear áreas marinas protegidas en alta mar, aún cuando otros organismos internacionales tengan injerencia en el área que se busca proteger.

Por ejemplo, existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que organiza y controla las actividades de exploración y explotación de los recursos en los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales. También existe la Organización Marítima Internacional, encargada de promover la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. Además, también existen las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), que son instancias intergubernamentales encargadas de administrar ciertos recursos pesqueros en diferentes espacios de alta mar.

En algún momento de la discusión, explica el abogado Cristian Laborda —experto en derecho del mar y que ha participado del proceso de creación del Tratado de Alta Mar— se pensó en la posibilidad de que solo se pudieran crear áreas marinas protegidas en zonas donde no existiera participación de una OROP, lo que acotaba en gran medida el espacio total susceptible de ser protegido. Eso, sin embargo, quedó descartado en el texto final y la BBNJ podrá crear áreas protegidas en cualquier lugar de alta mar.

Sin embargo, en caso de que en el área de interés ya exista la participación de otros actores, como por ejemplo de una OROP, “habrá que entrar en un proceso de coordinación y cooperación”, explica Laborde. En ese escenario, señala Mariamalia Rodríguez —experta en asuntos Latinoamericanos del High Seas Alliance, que reúne a 27 organizaciones no gubernamentales y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)— “el secretariado de una OROP tiene la oportunidad de aportar sus consideraciones sobre la creación de un área marina protegida (AMP) y el proponente de la AMP deberá responder a los comentarios”. Sin embargo, precisa la experta, ”el secretariado de una OROP no puede detener el proceso de establecimiento de la AMP”.

Lo mismo ocurrirá con todas las organizaciones regionales o globales que tengan algún tipo de competencia en el espacio que se busca proteger, asegura Laborde: “Se tendrá que dar un proceso de consulta y de intercambio de información, cuyos detalles se desarrollarán cuando el tratado entre en vigor y empiecen las reuniones de la conferencia de las partes”.

Además, “cuando se propone la creación de un área marina protegida también tiene que incluirse un borrador de plan de manejo”, agrega Rodríguez. Eso, dice la especialista, es importante para que no se declaren áreas donde luego no se implementen medidas para asegurar su efectiva protección.

En América Latina, hay al menos dos espacios en aguas internacionales que los expertos esperan que sean protegidos en cuanto entre en vigor el tratado. Uno de ellos es el llamado Agujero Azul, una zona que se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a más de 300 kilómetros de la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia. Se trata de un área con una extraordinaria riqueza marina y que, por lo mismo, está sometida a una gran presión pesquera por cientos de barcos chinos, coreanos, españoles, portugueses, entre otras nacionalidades, que todos los años se reúnen ahí para pescar.

“El tratado es una herramienta muy importante para poder proteger estos ecosistemas, donde la falta de gobernanza que existe en aguas internacionales habilita en este lugar un total descontrol por parte de la industria pesquera, incluyendo pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, dice Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace en Argentina.

Chile, por su parte, “tiene una propuesta en la zona de Nazca, una de las cordilleras submarinas más grandes del planeta y que es riquísima en biodiversidad”, asegura Bello. Aunque Chile ya protege dos zonas de esta cordillera que están dentro de su mar territorial, con el Parque Marino Nazca-Desventuradas y el Parque Marino Motu Motiro Hiva, “toda la parte intermedia de esta cordillera está en aguas internacionales”, precisa Bello.  Chile, asegura, está buscando proteger esta área.

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La obligación de Estudios de Impacto Ambiental

Otro de los puntos clave que establece el Tratado de Alta Mar es que los Estados que busquen desarrollar proyectos en aguas internacionales —como, por ejemplo, una exploración minera, de petróleo o gas— deberán obligatoriamente realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Se trata de un logro importante, aseguran los expertos, aunque precisan que podría haber quedado mejor.

Según Laborda, países como Chile y Costa Rica planteaban que la decisión de autorizar el proyecto debía quedar en manos de la conferencia de las partes, ”lo que habría sido lógico porque se reconoce que alta mar es un bien común universal”, dice el abogado.

“Lamentablemente, los países desarrollados y también algunos otros como Brasil y Argentina presionaron fuertemente para que ese enfoque no primara”, cuenta Laborda. Finalmente se llegó al consenso de que los Estados titulares de los proyectos que realicen el Estudio de Impacto Ambiental, serán también los que evalúen dicho estudio según su propia legislación nacional y decidan si el proyecto puede o no ser ejecutado.

Sin embargo, Rodríguez agrega que los Estados titulares del proyecto deberán poner a disposición y de manera pública toda la información que tiene que ver con esa evaluación puesto que, dentro del tratado, se estableció que existirá una plataforma de acceso a la información a la que cualquier persona tendrá acceso. Además, Rodríguez añade que “si hay un Estado que está haciendo una evaluación de impacto ambiental y hay otro Estado que considera que esa evaluación está mal hecha, este último puede decirle al Comité Científico Técnico de BBNJ que la revise y que dé recomendaciones. Pero hasta ahí llega, nadie le puede decir al Estado que no puede proceder, que no puede hacer esa actividad”.

Laborda, no obstante, precisa que el hecho de que exista esa posibilidad “cobra especial relevancia cuando estás frente a Estados muy potentes en el aspecto económico, cuyas empresas quieren desarrollar proyectos frente al límite marítimo de un Estado pequeño y con menos fuerza”. A modo de ejemplo, dice, “en el caso hipotético de que una empresa quiera instalar plataformas petroleras muy cerca del mar chileno, Chile en este momento no podría exigir absolutamente nada a ese país y ni a esa empresa más que tratar de, bilateralmente, tener alguna injerencia”. Con el tratado, continúa el abogado, “Chile puede llevar el problema a este foro internacional y generar un intercambio de información conforme a los estándares que se puedan ir desarrollando en la BBJN”.

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Los recursos genéticos marinos

El tercer punto del tratado, pero no menos importante, es el reconocimiento de que los recursos genéticos marinos son patrimonio de toda la humanidad. De esa manera, “si alguien encuentra, por ejemplo, una cura a alguna enfermedad en corales de aguas profundas —explica Max Bello— en lugar de patentarse y que alguien se haga millonario, esa patente no podría sacarse porque ese recurso no le pertenece a la farmacéutica que lo encontró o lo desarrolló, sino que le pertenece a toda la humanidad”.

En ese sentido, agrega Rodríguez, el tratado establece un mecanismo de distribución de los beneficios que provengan de la comercialización del producto en específico, además de compromisos para colaborar en la creación de capacidades y transferencia de tecnologías.

Para que el Tratado de Alta Mar entre en vigencia deberá ser ratificado por 60 países. Para acelerar el proceso, diversas organizaciones encabezadas por Bloomberg Philanthropies donaron cerca de 80 millones de dólares para ayudar con la ratificación e implementación del tratado. La Unión Europea también sumó otros 42 millones de dólares. “Hay países que van a necesitar recursos porque hay varias consultas que deben hacer. Para muchos países significa también transformar esto en una ley interna”, explica Bello. El mensaje que se busca transmitir es que sí va a haber financiamiento para estas primeras reuniones, dice Rodríguez, y para que el tratado empiece a entrar con fuerza.

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Nuevas áreas protegidas en Panamá y Ecuador

Al mismo tiempo que se acordaba cuál iba a ser el texto final del Tratado de Alta Mar, en Panamá se desarrolló una segunda reunión, la Conferencia Anual Our Ocean que nació en 2014, como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, para llamar la atención internacional sobre las graves amenazas que enfrentan los océanos del mundo y comprometerse con acciones concretas en todo el mundo para apoyar la conservación marina y el desarrollo sostenible.

Los delegados internacionales que acudieron a esta conferencia hicieron 341 compromisos por un valor de casi 20 mil millones de dólares, incluido el financiamiento para expandir y mejorar las áreas marinas protegidas y los corredores de biodiversidad.

Uno de los más importantes anuncios fue el que hizo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que firmó un decreto ejecutivo que amplía el Área de Recursos Manejados Banco Volcán, en el Caribe panameño, pasando de 14 000 a 93 000 kilómetros cuadrados su extensión.

Se trata de un área que abarca cuatro cordilleras submarinas, así como planicies profundas y formaciones geológicas vinculadas a una alta biodiversidad que incluye especies pelágicas altamente migratorias y en peligro de extinción.

Con la ampliación de esta  área marina, Panamá pasa a proteger el 54,33 % de su Zona Económica Exclusiva. “Es un paso esencial para la protección regional a gran escala de la biodiversidad marina”, dijo el director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), Joshua Tewksbury. “Se requerirá, agregó, mucha más ciencia por nuestra parte y por parte de otros para garantizar el monitoreo de esta enorme área y asegurar que las políticas establecidas realmente nos brinden los ecosistemas sostenibles que todos queremos”.

Ecuador también anunció que las primeras ocho millas de toda su franja costera continental serán declaradas reserva marina donde solo estará permitida la pesca artesanal y las actividades vinculadas al turismo, la ciencia y la educación. Aunque por ley Ecuador ya protege este espacio al considerarlo de uso exclusivo para la pesca artesanal, el ministro del ambiente, Gustavo Manrique, sostuvo en entrevista con Mongabay Latam que “el año pasado los asambleístas estuvieron discutiendo para reducir la protección de ocho millas a tres millas”, por eso, aseguró el ministro, “el presidente Guillermo Lasso decidió elevar (la protección de las primeras ocho millas) al máximo grado que da la Constitución, para que ya no haya más diálogos sobre reducir la protección […] le hemos puesto un chaleco antibalas a las primeras ocho millas”.

El resguardo efectivo de estos espacios está por verse. En octubre del 2022, Mongabay Latam publicó una investigación que reveló que entre fines del año 2020 e inicios del 2022, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) detectó al menos 44 alertas de pesca no autorizada dentro de las ocho primeras millas de la Reserva Marina Cantagallo – Machalilla.

“Nosotros estamos claros de nuestros talones de Aquiles […] No voy a ocultar el sol con un dedo con lo de Cantagallo – Machalilla, pero son tantos los problemas que se necesita tiempo para resolverlos y estamos en eso, estamos avanzando”, dijo el ministro.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay el 10 de marzo de 2023.

Foto principal: Volker Lekies-Pixabay

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Texto:Alberto Payo/Agencia SINC

La presencia de microplásticos en el medio marino es un grave problema para el medio ambiente. Pese a que aún falta investigación para comprender plenamente las implicaciones que puede tener para la salud humana lo cierto es que seguimos comiendo, bebiendo y respirando nuestros residuos plásticos.

Comprender la acumulación de este material en los océanos puede proporcionar una línea de base crítica para ayudar a abordar esta forma de contaminación.

Estudios previos se han centrado principalmente en los océanos del hemisferio norte, próximos a las naciones más industrializadas del mundo, mientras que otros se han enfocado en este problema en períodos de tiempo cortos.

Ahora, una investigación internacional ha aunado un conjunto de datos global sobre la contaminación por plástico de los océanos entre 1979 y 2019, revelando un aumento rápido y sin precedentes de estos materiales desde 2005. El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, está liderado por Marcus Eriksen, de The 5 Gyres Institute (EE UU).

Pudimos recopilar datos —algunos publicados, otros inéditos— de todo el mundo para reconstruir una tendencia temporal

Lisa Erdle

Para realizar la investigación se analizaron los datos sobre la contaminación por plástico desde finales de los años setenta, procedentes de 11.777 estaciones de seis regiones marinas: Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Índico y Mediterráneo.

«En el proceso participaron muchas expediciones e investigadores diferentes. Al principio, los científicos se encontraban estudiando otros temas, como el plancton de los océanos, y acababan recogiendo muestras de plástico», dice a SINC Lisa Erdle, directora de Ciencia e Innovación de The 5 Gyres y coautora del estudio.

«Pudimos recopilar datos —algunos publicados, otros inéditos— de todo el mundo para reconstruir una tendencia temporal. Se trata de un esfuerzo de colaboración entre muchos científicos, lo cual es apasionante», añade.

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Razones del crecimiento desde 2005

Tras considerar aspectos como el viento, la selección de los emplazamientos y los sesgos debido a un muestreo insuficiente, el modelo empleado mostró un aumento significativo y acelerado desde 2005 de la abundancia y distribución de plásticos en la capa superficial del océano.

Se calcula que en 2019 flotaban en los océanos entre 82 y 358 billones de partículas de plástico, lo que dejaría una media de 171 billones de partículas de plástico, principalmente microplásticos. Estas tendrían un peso de entre 1,1 y 4,9 millones de toneladas (2,3 millones de toneladas como promedio).

En cuanto al incremento desde 2005, hay que tener en cuenta que la relativa falta de datos entre 1979 y 1990 impidió el análisis de tendencias durante dicho intervalo, mientras que de 1990 a 2005 los niveles de plásticos mostraron fluctuaciones sin una tendencia clara.

También se ha producido una fragmentación del plástico existente en el medio ambiente y una mala gestión de los residuos en todo el mundo

Lisa Erdle

Los autores del estudio reconocen que los resultados estarían sesgados hacia las tendencias en el Pacífico Norte y el Atlántico Norte, ya que en dichas regiones se recogieron la mayoría de los datos. No obstante, sugieren que a partir de 2005 se refleja claramente el gran crecimiento de la producción de plástico o los cambios en la generación y gestión de residuos.

«Es probable que varios factores hayan contribuido a esta tendencia, entre ellos, el rápido aumento de la producción de plásticos. También se ha producido una fragmentación del plástico existente en el medio ambiente y una mala gestión de los residuos en todo el mundo. Es evidente que se necesitan intervenciones para invertir esta tendencia», apostilla la coautora del estudio.

Actuación ágil y global

Si no existen cambios generalizados, los investigadores creen que el ritmo al que los plásticos están entrando en nuestras aguas crecerá 2,6 veces de aquí a 2040. «Si extrapolamos la tendencia actual en el aumento de microplásticos en los océanos, nuestro medio marino puede verse abrumado por el plástico si no se producen cambios políticos rápidos«, asegura Erdle.

«Generalmente, puede haber barreras a la hora de comprometerse con acuerdos internacionales audaces, pero los plásticos son claramente un problema global y requerirán una solución global», concluye.

Puede haber barreras a la hora de comprometerse con acuerdos internacionales audaces, pero los plásticos son claramente un problema global y requerirán una solución global

Lisa Erdle

Por su parte, Eriksen, cofundador e investigador de The 5 Gyres Institute, pide un Tratado Mundial de las Naciones Unidas sobre la contaminación por plásticos y que sea «jurídicamente vinculante para detener el problema en su origen».

En este sentido, la directora de Ciencia e Innovación de The 5 Gyres recuerda que, aunque queda mucho por investigar, se sabe lo suficiente como para que los mandatarios de todo el mundo empiecen a aplicar medidas y puedan identificar «intervenciones previas que eviten que los plásticos lleguen al medio ambiente».

Referencia:

Eriksen M, et al. “A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world’s oceans—Urgent solutions required”. PLoS ONE

Fuente: SINC

Derechos: Creative Commons.

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