La dependencia federal confirmó que el representante legal, INNS de México S.A. de C.V., desistió del trámite, por lo que dio por concluido el procedimiento y archivó el expediente bajo el nombre “Bitácora de desistimiento 25/DB-0313/04/26”.

A través de una solicitud de acceso a la información, la Semarnat informó que INNS de México S.A. de C.V. notificó por escrito su desistimiento respecto al trámite ingresado en junio de 2024, por lo tanto, resolvió “poner fin al procedimiento administrativo de evaluación en materia de impacto ambiental” correspondiente a la primera fase del proyecto, relacionada con la Fase 1 sección habitacional y sótanos.

Sin embargo, en su respuesta, la Semarnat no precisó los motivos del representante legal para desistir del trámite, tampoco si el promovente podrá retomar este mismo proceso en un futuro, sólo se limitó a informar el cierre del procedimiento administrativo.

Esta construcción estaba proyectada en la Avenida Rafael Buelna, entre las avenidas La Marina y Francisco Solís, en el fraccionamiento El Toreo, una zona habitacional comercial cercana a la playa, con problemas históricos de inundación.

La “Ciudad vertical”

La construcción del World Trade Center Mazatlán era uno de los proyectos más ambiciosos anunciados por el corporativo ARHE. La inversión estimada ascendía a 1 mil 343 millones de pesos y contemplaba el desarrollo de tres torres en una superficie total de 19 mil 450 metros cuadrados, también un hotel, una plaza comercial y una clínica hospital.

Es importante precisar que el trámite presentado ante la Semarnat sólo correspondía a la primera de tres fases previstas para el desarrollo integral. En esta etapa se proyectaba la construcción de las tres torres residenciales de lujo de 25 niveles cada una, con un total de 158 condominios por edificio.

En noviembre de 2024, el Cabildo de Mazatlán aprobó modificaciones al uso de suelo para la zona de El Toreo a solicitud de la empresa INNS de México S.A. de C.V., con el objetivo de incrementar la altura de las edificaciones de este proyecto. La propuesta fue avalada durante una sesión ordinaria, permitiendo que el proyecto pasara de 25 a 30 niveles.

Con esa aprobación, el World Trade Center Mazatlán tomó mayor impulso y se perfiló como uno de los desarrollos verticales más altos del puerto.

Estas modificaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, mediante el Decreto 57 donde se formalizaron los cambios urbanísticos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Ya tenía permisos municipales

Antes de solicitar la autorización de la MIA, el proyecto World Trade Center ya contaba con permisos y dictámenes emitidos por autoridades municipales y federales, así consta en la Manifestación de Impacto Ambiental disponible para consulta pública en el portal de la Semarnat.

De acuerdo con ese expediente, el Ayuntamiento de Mazatlán otorgó el Dictamen de Uso de Suelo 3872/21, emitido en enero de 2024, mediante el cual determinó que el proyecto era compatible con los usos permitidos para la zona de El Toreo; además, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) expidió una carta de factibilidad de servicios fechada el 15 de noviembre de 2023, en la que estableció la viabilidad para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

El expediente también incluye la factibilidad para el suministro y distribución de energía eléctrica, dado por la División de Distribución Noroeste de la CFE donde notifica que existe factibilidad; prácticamente el proyecto tenía los principales permisos para avanzar hacia la autorización de la MIA.

La obra que no será

El World Trade Center fue anunciado en 2022. De acuerdo con publicaciones periodísticas, en septiembre de ese año, el presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, Juan José Arellano Hernández, informó que la meta era concluir el complejo en un plazo de cinco años. La propuesta buscaba incorporar en Mazatlán el concepto de “Ciudad Vertical”, con una inversión estimada en 200 millones de dólares.

El desarrollo prometía generar alrededor de 300 empleos temporales durante la construcción y 200 empleos permanentes una vez en operación.

En distintas plataformas de promoción empresarial y de negocios, el World Trade Center Mazatlán aparecía ya como el primer complejo de usos mixtos bajo el concepto de Ciudad Vertical dentro del Corredor Económico del Norte de México con espacios residenciales, áreas comerciales, servicios médicos, un hotel de negocios y oficinas corporativas de primer nivel, integrados en un complejo de gran altura ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del puerto.

Incluso, la Revista Forbes, publicó en octubre de 202 que la franquicia internacional World Trade Center llegaría a Mazatlán, a través de Grupo ARHE, para convertirse en un importante detonador económico en Sinaloa.

Sin embargo, pese a contar con autorizaciones municipales, factibilidades de servicios y modificaciones urbanísticas aprobadas, el promovente decidió retirar el trámite ambiental ante la Semarnat y hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las razones que motivaron el desistimiento.

Por su parte la Semarnat tampoco ha hecho público el resolutivo en su página oficial, pero sí lo entregó a Son Playas vía acceso a la información.

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Estamos evaluando cuál será el camino que debemos tomar a fin de lograr la sostenibilidad para continuar haciendo periodismo ambiental independiente al servicio de la comunidad y de la naturaleza, como lo hemos hecho desde el año 2019.

Muchas problemáticas socioambientales se han presentado y no hemos estado ahí para documentarlas e informar a nuestra comunidad porque no hemos tenido los medios para hacerlo.

Queremos avisarles que no nos hemos ido, sólo hemos bajado el ritmo de trabajo en lo que encontramos alternativas y alianzas que nos permitan seguir haciendo periodismo de calidad.

Ocasionalmente habremos de publicar algunos contenidos en esta página web y redes sociales, también participaremos en actividades presenciales, pero la producción y cobertura periodística sigue siendo incierta.

Mientras tanto, esperamos contar con su apoyo y comprensión. Agradeceremos que nos sigan leyendo y que compartan nuestros contenidos. En nuestras redes y sitio web aún hay información de utilidad y vigencia disponible para ustedes.

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Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., exigió públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o proceso de compra de terrenos hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma federal que regula la selección de sitios, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios.

A través de un comunicado, la organización ciudadana dio a conocer este domingo que la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán tiene preparado un dictamen para someter a consideración del pleno, el compromiso de compra de un predio de 225,000 m2 ubicado en la sindicatura de El Habal, en una zona conocida como “La Amapa».

«Dicho dictamen, del cual tenemos copia, podría ser discutido y votado en pleno las próximas horas», alertó. La propuesta es impulsada por la Comisión de Hacienda integrada por el regidor, Jesser Yael Martínez Otero, coordinador; y las regidoras Gladys Fabiola Torres Torres, Claudia Gabriela Luna Fernández, Alina Quintero Morales y My-Lai Quintero Beltrán.

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De acuerdo con el dictamen, se plantea un “compromiso de compra” sustentado en una opinión favorable de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), respecto a las condiciones ambientales del predio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado públicamente ningún estudio técnico y legal que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003 para determinar la viabilidad del sitio y cumplir con todos los requisitos que exige el predio donde operará el futuro relleno sanitario de Mazatlán.

«El dictamen también establece que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla ya una disponibilidad de 20 millones de pesos para la adquisición del terreno, pero el predio que se pretende comprometer para compra tiene un valor de 33.7 millones de pesos, es decir, 68.5% por ciento más de lo autorizado originalmente.

Contexto

Actualmente, los residuos de la ciudad se depositan en un tiradero a cielo abierto conocido como «el basurón», que opera desde hace más de 50 años en el Ejido de Urías sin cumplir con la normatividad ambiental. Por esa razón, autoridades ambientales y judiciales del orden estatal y federal condenaron al Ayuntamiento a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar. Por incumplir con la condena, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento en el año 2020, que a la fecha se sigue pagando, según se indica en el dictamen. Además, los incendios han sido una de las consecuencias de la falta de regulación en este sitio.

En el mismo documento, también se menciona que es necesario contar con un predio para instalar un relleno sanitario que cumpla con la normatividad. Para tal efecto, se pretende que el Ayuntamiento firme una promesa de venta, después se realizarán los estudios técnicos y de ser favorables se procederá a la compra-venta definitiva. Aún así, Observatorio Ciudadano Mazatlán enfatizó que la urgencia no puede justificar la omisión de estudios, ni limitar la participación ciudadana o comprometer el presupuesto sin justificación técnica sólida.

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Propuestas para un proceso transparente

Con relación al dictamen de la Comisión de Hacienda, el Observatorio Ciudadano Mazatlán plantea medidas de transparencia en la adquisición del predio que será utilizado para recibir más de 600 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan a diario en la ciudad:

1. Que el Gobierno de Mazatlán se abstenga de comprometer recursos públicos para adquirir cualquier terreno destinado al relleno sanitario mientras no se hayan realizado los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.
2. Que la adquisición del terreno se realice mediante Licitación Pública para garantizar transparencia y competencia, lo que permitirá evaluar otras alternativas que garanticen mejores condiciones para el interés público y no se comprometa una compra dirigida.
3. Que el Gobierno de Mazatlán explique de manera documentada el origen de los 13.7 millones de pesos adicionales necesarios para concretar la compra de un predio que supera significativamente el monto previsto en el presupuesto autorizado; y que justifique en lo más amplio la elección de ese predio en la sindicatura de El Habal.
4. Que se abra una consulta pública efectiva y proactiva con habitantes de las comunidades y poblaciones colindantes al predio propuesto, para garantizar su derecho a participar en las decisiones que impactarán su entorno y su calidad de vida.

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El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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Hasta el martes de esta semana, se habían cortado trece árboles, según se pudo constatar a través de un recorrido por el área. Se estima que en total se derribarán 18 ejemplares y que en su lugar se introducirá un ducto de desagüe que conectará con el canal pluvial del Infonavit Alarcón, como obra complementaria del puente, de acuerdo a los testimonios de trabajadores que participan en dicho proyecto.

También aseguraron que la tala está respaldada por una carta responsiva firmada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y que se plantarán nuevos arbustos como medida de compensación. Estas afirmaciones coinciden con lo expresado por personal del Departamento de Parques y Jardines que accedieron a hablar con Son Playas de forma anónima, manifestando su inconformidad por el corte.

El mismo martes, Son Playas solicitó una entrevista a la titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, Monserrat Cortés Echeagaray, sobre la tala y los permisos otorgados por esa dependencia municipal, sin embargo, la servidora pública no aceptó la entrevista y en su lugar, pidió a este medio de comunicación que solicite los datos «por la vía oficial», en referencia a la Plataforma Nacional de Transparencia, trámite que ya se encuentra en proceso.

Fuentes cercanas al proyecto del puente vehicular revelaron que la tala de árboles y la introducción del desagüe se realizará en un espacio aproximado de 300 metros, para lo cual es necesario derribar 18 árboles, de los cuales, 15 son neem, dos ficus y un guamuchil. Esta es una de las diversas obras complementarias del puente vehicular, señalaron.

La tala de árboles se ha realizado durante las noches, para lo cual se ha cerrado un carril. Mientras tanto, otros árboles fueron marcados con color rojo previo a su corte.

Por su parte, vecinos del Parque Lineal mostraron su indignación por la remoción de los árboles, considerando que tardan en crecer, que son necesarios para dar sombra y para contrarrestar las altas teperaturas que ya se sienten en la ciudad.

Además, recordaron que el canal pluvial del Infonavit Alarcón, con el cual se pretende conectar el nuevo ducto de desagüe, se rebosa durante la temporada de lluvias, mientras que las calles se inundan. Opinaron que en esas circunstancias, es muy probable que la obra por la cual se cortaron los árboles, no cumplirá con su función.

«¿Por dónde va a salir el agua si todo eso se inunda?; ni los carros pueden pasar por ahí», dijo una señora mientras paseaba a sus perros.

«Estos árboles ya tenían muchos años aquí, ¿para qué los cortan?; mejor hubieran abierto la banqueta», secundó un transeunte

Por último, criticaron la falta de información oficial y el que no se tome en cuenta la opinión de la población antes de intervenir un espacio público que es utilizado todos los días por cientos de personas, ya sea para ejercitarse, por recreación o para trasladarse a sus centros de trabajo y centros de estudio a pie y en bicicleta.

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Lo anterior de acuerdo con el resolutivo con clave 25SI2019TD118 que corresponde a este proyecto, el cual puede consultarse de manera pública en la Gaceta Ecológica de Semarnat. Sin embargo, éste no es el único desarrollo que ha sido negado en los últimos meses, en 2025 la dependencia federal tampoco autorizó la construcción de un complejo habitacional de alta gama de cuatro torres para 75 departamentos en la avenida Ernesto Coppel Campaña, al norte del puerto, porque comprometía el sitio RAMSAR Playa Tortuguera El Verde Camacho.

En ambos casos los particulares pretendían edificar en zonas costeras de alto valor ecológico, esto confirma la existencia de inversionistas interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en espacios naturales, dispuestos a enfrentar procesos largos para lograr permisos de la Semarnat.

Torre Crestón y su propuesta de “rellenar”

En diciembre de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto denominado “Torre Crestón”, cuya inversión prevista era de 20 millones de pesos; el documento de 199 páginas fue ingresado a una primera evaluación en la Delegación Sinaloa, de acuerdo con la información disponible en la Gaceta Ecológica.

La MIA revela que el proyecto consistía en la construcción de una torre condominal de cinco niveles en un predio de 3,880.309 metros cuadrados, ubicado en la calle Capitán Joel Montes Camarena s/n, en un espacio clasificado como zona federal marítimo terrestre y zona marina, aproximadamente a 300 metros del Cerro del Crestón, un espacio natural de identidad emblemática para los mazatlecos.

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De acuerdo con el documento, el proyecto contemplaba áreas verdes, elevador, palapas, albercas, caseta de vigilancia y banquetas propias. Sin embargo, uno de los elementos relevantes era la modificación del litoral costero a través de un relleno en la superfie marítima.

“El terreno donde se desarrollará el proyecto será un terreno que se ganará al mar mediante un relleno de una parte de su superficie”, así lo señala la MIA en la descripción del proyecto. En el documento el promovente también argumentó que uno de los “beneficios” del desarrollo sería evitar la generación de asentamientos irregulares y cambios en el uso de suelo que causan daño a los recursos naturales.

En el apartado de justificación, el particular señaló que la zona donde pretendía las obras se encontraba en área urbana alejada del movimiento portuario, sin afectación a las áreas de pesquería y que la zona enfrentaba altos niveles de contaminación, incluso señaló que, en ese mismo polígono, ya existe infraestructura como el Instituto de Limnología de la UNAM y la planta tratadora de aguas residuales, la cual fue reubicada en Urías en 2021.

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La respuesta de la Semarnat

El enero de 2020 la Semarnart realizó una primera revisión de la MIA, ese mismo año solicitó información adicional llamada “datos de calidad” al promovente, lo que derivó en la suspensión temporal del procedimiento. Sin embargo, el proceso se reactivó en 2021, de acuerdo con la cronología pública del caso.

Ese mismo año, la Semarnat realizó una segunda evaluación y después amplió el plazo de análisis; en junio de 2021 llevó a cabo una tercera revisión del proyecto y no hubo más información pública del seguimiento. La cronología del proceso revela que el caso entró en pausa por más de cuatro años, hasta el pasado 26 de marzo de 2026 cuando la Semarnat hizo público el resolutivo y la notificación al promovente.

En dicho resolutivo -disponible en la Gaceta Ecológica- la dependencia federal informó que el particular no respondió a la petición de información adicional solicitada desde octubre de 2020 y, luego de las evaluaciones, determinó desechar el trámite de la MIA y archivar el expediente como un asunto “totalmente concluido”.

Lo Semarnat también precisó que el promovente mantiene el derecho de retomar el proceso que duró más de seis años, mientras tanto, no podrá realizar ninguna obra relacionada en la zona federal, de lo contrario, será sancionado.

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Otro caso similar: Proyecto de lujo en sitio RAMSAR

El norte de Mazatlán es una de las zonas de mayor plusvalía y desarrollo inmobiliario del puerto, aquí una construcción de lujo buscó el aval de la Semarnat para la construcción de un complejo habitacional frente al mar.

La obra estaba proyectada en la Avenida Ernesto Coppel Campaña, sin embargo, la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto que ya tenía el nombre de “Mazalaya Beach Condos” y constaba de cuatro torres; seis niveles para 75 departamentos, roof garden, alberca, cancha de pádel, restaurantes, bar, incluso, zona para fogatas.

Lo anterior, de acuerdo con la MIA que un particular -en representación de una empresa inmobiliaria- ingresó a la Semarnat en junio de 2024, la cual está a consulta pública con el número de proyecto 25SI2024UD033. En el documento consta que la torre de lujo tenía prevista una inversión de 274 millones de pesos y se pretendía construir en la zona costera conocida como Playa Delfín, en el polígono que compromete el sitio RAMSAR Playa Tortuguera El Verde Camacho, un sitio de refugio para tortugas marinas, reconocido como área de importancia mundial para la conservación ambiental.

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El propio documento reconoce que, parte del predio para la obra, se ubica en zona federal marítimo terrestre y que al momento del estudio ya había trabajos de limpieza, nivelación y delimitación.

La información de la Gaceta Ecológica de la Semarnat revela que este trámite estuvo más de un año en proceso, pasó por tres etapas de evaluación hasta que en abril del año pasado resolvió a negar la autorización y archivar el expediente como asunto concluido. El motivo único fue que este complejo “no es ambientalmente viable” después del analizar la normativa aplicable.

En un contexto de expansión inmobiliaria que enfrenta Mazatlán a partir de la última década, la vigilancia de estos proyectos y la exigencia del cumplimiento de la normativa ambiental y urbana a las autoridades son determinantes para garantizar que el desarrollo urbano se construya bajo criterios ambientales y de sostenibilidad.

De acuerdo con información publicada por Revista Espejo hasta 2024 había un registro de más de mil torres de departamentos para renta vacacional en Mazatlán con permisos del Ayuntamiento, algunas incluso, en áreas sensibles. Es una realidad que detrás del “boom” inmobiliario hay presión a los ecosistemas como ya se percibe en la zona norte, Zona Dorada, el Malecón y el Centro Histórico.

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Por César Ernesto Hernández / Redacción Son Playas

Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán cuenta con un total de 10 playas certificadas que en conjunto suman 3 mil 814 metros. De estos tramos, siete colindan con hoteles, dos se ubican en playas de la avenida Del Mar y uno se localiza en un área natural protegida.

De las 10 playas certificadas, una cuenta con la acreditación de la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 mientras que las nueve restantes tienen la categoría Platino, un distintivo basado en la misma norma, pero más flexible en requisitos y niveles de cumplimiento.

Con el paso del tiempo, las certificaciones de playa en Mazatlán han cambiado tanto en número, como en categoría y extensión. Por ejemplo, el Santuario Playa El Verde Camacho, un área natural protegida dedicada a la conservación de la tortuga golfina, fue certificada por primera vez en 2012 con base en la norma y una extensión de seis kilómetros, cuya extensión se redujo a la mitad en el año 2022, manteniendo la categoría de prioritaria para la conservación.

En noviembre de 2025, la certificación de esa playa disminuyó a 700 metros y se cambió a Platino en la categoría de protección y ornato, modalidad A, que se enfoca en la limpieza e instalación de señalética y contenedores, mientras que la modalidad B suma acciones de seguridad y protección de flora y fauna. La modificación se debió a los costos, según se informó.

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El Verde Camacho se certificó por primera vez en el 2012 con 6 kilómetros. Foto: Archivo Son Playas.

Otro ejemplo de los cambios en materia de certificación es el siguiente: En el año 2022, las playas Luna Bonita (El Sábalo) y Estrella de Mar perdieron la certificación que tenían de acuerdo a la norma mexicana en la categoría recreativa con una longitud de 514 metros y 2 mil 172 metros respectivamente. Años después volvieron a validarse pero como Platino con 82 y 700 metros de extensión, en el orden mencionado. Es decir, también hubo una reducción en la extensión y en el cumplimiento de estándares.

Hasta el 2024, Mazatlán contaba con siete playas certificadas, dos de ellas con bandera Blanca y cinco con Platino, las cuales han refrendado, perdido, recuperado o cambiado sus certificaciones.

A finales de 2025 se validaron tres segmentos nuevos en la modalidad Platino para sumar un total de 10; uno de ellos mide 600 metros de longitud y se ubica entre el Hotel Olas Altas Inn y el Monumento a los Lobos Marinos. El segundo trecho es de 700 metros y abarca del Hotel Holiday Inn Resort a la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO); por último está una franja de 300 metros del Hotel Viaggio al Hotel El Cid, en la Zona Dorada.

Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas (OAP), aseguró que Mazatlán alcanzará el tercer lugar nacional en cuanto a extensión de playas certificadas. Estas acciones están consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 dentro del Eje Estratégico “Mazatlán Moderno y Sostenible”.

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Para cristalizar el logro, añadió, solo falta llevar a cabo la ceremonia oficial de certificación prevista para el mes de mayo.

“El dictamen nos lo entregaron en octubre. Están por llegarnos los certificados y el banderín, y está pendiente el evento de entrega que hacemos cada año”, dijo el administrador a Son Playas.

Pero más allá de la longitud de playas que cuentan con un certificado, existen diferencias entre la validación de NMX-AA-120-SCFI-2016 y Playa Platino. En ambos casos son de cumplimiento voluntario y el organismo certificador es el Instituto Mexicano de Estandarización y Evaluación de la Conformidad (IMEEC), antes Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

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Playa Gaviotas tiene dos tramos certificados como Platino (izquierda) y uno con base en la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 (derecha) Foto: Archivo Son Playas.

Diferencias en la certificación

Mientras que la NMX es el estándar técnico mexicano de mayor exigencia, la certificación Playa Platino plantea menos requerimientos técnicos.

Para obtener la certificación apegada a la norma mexicana se debe cumplir con una serie de requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en dos modalidades: prioritaria para la conservación o uso recreativo. En estos casos, se toma en cuenta la calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios; contaminación por ruido y educación ambiental.

La principal diferencia entre ambas certificaciones se ve reflejado en la dificultad para obtener cada una, pues mientras que la NMXexige requisitos técnicos como sistemas de gestión ya implementados y estudios geográficos detallados en su primer nivel, el distintivo Playa Platino puede obtenerse aplicando jornadas de limpieza periódicas, señalética básica y botes de basura.

En lo que respecta a la vigilancia de la calidad del agua, Playa Platino utiliza las mediciones que ya realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del programa Playas Limpias, mientras que la NMX exige presentar resultados de 12 muestreos semanales continuos realizados durante los tres meses anteriores a la visita de auditoría como condición para iniciar el proceso de acreditación.

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Además, la NMX también requiere de trámites legales y técnicos como un plano georreferenciado, croquis de la microcuenca relacionada y un inventario detallado de flora y fauna. Por su parte, en Playa Platino el proceso se centra en la firma de una carta de interés, un contrato de prestación de servicios y convenios de colaboración con patrocinadores; y su evaluación incluye el envío de evidencia mensual (fotos y videos) de las limpiezas.

En cuanto a sus similitudes, ambas certificaciones clasifican las playas como uso recreativo (actividades de esparcimiento) y de protección o conservación (ubicadas en áreas naturales protegidas o zonas de anidación). También comparten criterios fundamentales como la tenencia legal de la tierra (Concesión o Acuerdo de Destino), monitoreo de calidad del agua (Enterococos) y la gestión integral de residuos sólidos.

Otros esquemas de certificación

Además de la norma NMX y la certificación Playa Platino, en México también operan otros esquemas de validación como la certificación internacional Blue Flag, además del Programa Playas Limpias de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), este último de caracter obligatorio.

El Programa Playas Limpias tiene el objetivo principal de proteger la salud de los usuarios a través del monitoreo de la calidad del agua de las playas mexicanas. Estos monitoreos se realizan de manera recurrente, sobre todo previo a los periodos vacacionales y, en su última revisión dada a conocer apenas este 30 de marzo, la calidad del agua en las playas de Mazatlán se encontró dentro de los parámetros permitidos.

En el caso de Blue Flag, distintivo evaluado por la Foundation for Environmental Education (FEE), es considerado como de los más altos estándares de calidad, y se otorga solo a playas que demuestren excelencia en las áreas de gestión y el manejo ambiental, seguridad, higiene, calidad del agua y educación e información ambiental. Actualmente, Blue Flag reporta 80 playas, 1 marina y 41 embarcaciones certificadas en México, ninguna de ellas en Sinaloa.

Por su parte, desde el ámbito local, en el 2023 el Ayuntamiento de Mazatlán y la Operadora y Administradora de Playas (OAP Mazatlán), promovieron la certificación municipal Azul Océano, diseñado para tramos cortos de playa como frentes de hoteles, con trámites más accesibles y sin costo. Hasta el momento no se reporta ninguna playa con esa validación.

¿Qué dice la ciencia?

Además de estas certificaciones, existe un esfuerzo internacional que, año con año, evalúa y rankea las mejores playas del mundo utilizando criterios científicos, en una propuesta metodológica que busca la conservación ambiental y en la que participan profesionales en el área de la oceanografía, ingenierías, geografía, química, entre otros.

Realizado por el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, el ranking de mejores playas revisa aspectos sanitarios, de protección, conservación y recreación. “Una metodología que combina indicadores ecológicos, sociales, culturales y económicos, permitiendo un análisis sistémico de las playas como territorios complejos y estratégicos”, indica la presentación de la edición 2025 del ranking.

En esta última edición se revisaron 200 playas en 11 países, poco más de 10 mexicanas entre las cuales destacaron las de Jalisco, así como Punta Banda, en Ensenada Baja California, y Anclote en Bahía de Banderas, Nayarit.

A nivel Iberoamérica, solo una playa mexicana se posicionó en el top 10 con el sitio 9 y una calificación de 0.78 en escala 0 a 1. En este caso se trata de la Playa Garza Blanca, ubicada al sur de Puerto Vallarta, Jalisco. Cabe destacar que ninguna playa de Sinaloa fue evaluada en la última edición de este estudio.

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Más allá de las jornadas de limpieza, Mazatlán no cuenta con estrategias de protección y cuidado a largo plazo de su principal capital natural: las playas.

La presencia de basura afecta el atractivo natural de las playas, altera el paisaje al generar contaminación visual, daña al ecosistema y representa un riesgo para la fauna marina que podría ingerirlos o enredarse en ellos, por mencionar algunas afectaciones.

Para este tipo de contaminación no se han anunciado estrategias integrales salvo las labores de recolección de residuos y sensibilización que desde junio de 2025 se inscriben en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

La meta de dicha estrategia es eliminar la totalidad de los desechos plásticos de estos ecosistemas en el año 2030, pero en el caso de Mazatlán solo se realizan jornadas de limpieza periódicas que no resuelven el problema de fondo, pues la ciudad carece de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que impida que la basura llegue de nuevo a las playas, esteros y manglares.

Pese a que estos residuos son una de las principales fuentes contaminantes, no se ha limitado la expedición de plásticos de un solo uso, que en el caso de Sinaloa fueron prohibidos en 2020 tras una reforma legal, y mientras su distribución continúa, se siguen acumulando en las playas y en el mar.

Pese a las limpiezas, la basura sigue llegando a las playas, esteros y manglares. Fotos: Archivo Son Playas.

Otros retos locales son: frenar por completo la contaminación de playas a causa del unicel que se utiliza en la construcción de torres a lo largo del paseo costero y la reactivación del Comité de Playas Limpias, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, debería encargarse de promover el saneamiento de las playas y acuíferos en las zonas costeras para prevenir la contaminación y conservar estos espacios naturales.

Tampoco operan los comités para atender la erosión costera y no se tienen registros oficiales disponibles de la operación del Comité Técnico de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre), una instancia de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, de lo cual no existe una delimitación actualizada.

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Las deficiencias en la infraestructura de drenaje y alcantarillado de la ciudad también tienen un impacto indirecto en los ecosistemas costeros, pues desde siempre, los derrames de aguas negras van a parar a los canales, arroyos, esteros, playas y finalmente al mar, favoreciendo la proliferación de mareas rojas, según reportes de la UNAM.

Por el momento, recoger la basura que otros tiran sin ninguna sanción es una acción que se impulsa a nivel municipal antes, durante y después de periodos vacacionales con la participación de organizaciones ciudadanas, centros educativos y empresas.

Estas labores se complementan con la certificación de tramos de playa, principalmente en la categoría Platino, un distintivo que implica limpieza, vigilancia e instalación de infraestructura. Un problema para dichas regulaciones técnicas es que colindan con otros tramos de playa que no reciben el mismo cuidado, lo que termina afectándolos. En estas circunstancias, la certificación como estrategia tampoco tiene impactos de largo alcance.

Las playas certificadas cuentan con algunas señaléticas que brindan información sobre sus características; pero el resto carece de letreros con datos sobre el ecosistema y las especies de fauna que lo habitan, incluyendo aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo o protección, como las tortugas marinas, pelícanos y aves playeras.

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Además, en Mazatlán suele registrarse un acaparamiento de espacios por la ampliación de palapas o renta de mobiliario, en tanto que los contenedores de basura en accesos de playa llegan a resultar insuficientes en temporadas altas de turismo como Semana Santa, época en la que se llega a generar el doble de desechos en la ciudad, principalmente en la franja costera.

Semana Santa: playas llenas, sin protección ni sanción

Las playas de este municipio costero de Sinaloa recibirán más de un millón de visitantes en Semana Santa 2026; pero no está claro cómo se protegerán de la presión del turismo.

De acuerdo con datos del Gobierno de Mazatlán y la Secretaría de Turismo, en esta temporada se espera una derrama económica estimada en mil 130 millones de pesos y una ocupación hotelera de 84 por ciento; lo que no se informó es una política integral que garantice la protección de playas y los recursos naturales frente al impacto que representa la alta afluencia de usuarios.

Hasta el momento, se han anunciado campañas temporales de limpieza y sensibilización, como las que cada año realiza la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán con la ayuda de estudiantes de diversos planteles educativos.

También se sabe que las 12 playas más visitadas de este destino turístico son aptas para bañistas en Semana Santa 2026, de acuerdo con el monitoreo de calidad del agua realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese monitoreo se centra principalmente en la presencia de bacterias fecales que llegan al océano por medio de aguas residuales, pero no se consideran otras fuentes contaminantes derivadas de la actividad humana, como plásticos y basura en general.

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La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP) intensifica las jornadas de limpieza durante los periodos vacacionales con apoyo de instituciones educativas. Fotos: OAP

A pesar que las playas y los espacios naturales son el principal atractivo de Mazatlán, es común que en cada temporada vacacional se implementen medidas temporales ante la ausencia de programas institucionales para su preservación o sanciones para quien los contamina. Actualmente no hay antecedentes públicos de multas ejemplares a usuarios por ensuciar estos ecosistemas.

Para este periodo vacacional las autoridades tampoco informan públicamente cómo se controlarán, por ejemplo, los accesos a reservas naturales en días de alta concentración de visitantes, zonas de anidación de especies o mecanismos para evitar el ingreso de autos en las playas.

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¿Por qué es importante?

Contar con un plan institucional coordinado y multidisciplinario es importante para proteger, limpiar y preservar las playas y otros ecosistemas costeros de Mazatlán de forma permanente.

La Asociación Civil Mejora Tu Playa, que organiza limpiezas en diversas entidades del país, reconoce que «cuidar las playas va mucho más allá de tener un lugar bonito para vacacionar. Se trata de preservar ecosistemas vitales, proteger la vida marina, garantizar la salud pública y mantener activa una economía que depende del turismo costero».

Por su parte, la oceanóloga especialista en gestión costera, Luana Portz, precisa que «las playas son ecosistemas vitales que no solo ofrecen un espacio para la recreación, sino que
también desempeñan roles ecológicos fundamentales, como la protección contra tormentas y la conservación de la biodiversidad».

Sin embargo, advierte que estos entornos están cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, la urbanización y el turismo masivo, según un artículo publicado en el portal del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS).

Por su parte, organizaciones locales que participan en jornadas de limpieza han reconocido que esta medida es como un «cuento de nunca acabar» si no se acompañan de acciones que frenen las fuentes contaminantes, si no se ordena el uso de la franja costera y no se protegen los recursos naturales de los cuales dependen las principales actividades económicas de Mazatlán.

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Ella fue seleccionada por el proyecto “Rescate de Isla Basura: restauración ambiental y economía circular”, que se enfoca en la prevención de la contaminación marina mediante la recuperación, transformación y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos que son extraídos de los manglares del estero de Urías, Mazatlán, a través de jornadas de limpieza en la que también participa la Unión de Pescadores de Playa Sur, instituciones académicas, comunidades locales y ciudadanía en general.

“Gracias a este trabajo, fui seleccionada para representar a México en el Global Leadership and Innovation Summit, donde jóvenes líderes de todo el mundo nos reuniremos para dialogar sobre transición energética y desarrollo sostenible”, señala Berenice Lizárraga, ingeniera en biotecnología por la Universidad Politécnica de Sinaloa y estudiante de maestría en manejo ambiental en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán.

Campaña de recaudación

Para hacerlo realidad, actualmente impulsa una campaña para cubrir sus vuelos, a través de una rifa de un kit turco personalizado que será seleccionado en Estambul y entregado en México. También realiza una recaudación y una campaña en GoFundMe donde cada aportación suma, por eso, por cada 10 pesos recaudados se compromete a retirar un kilo de basura de los ecosistemas mazatlecos. 

Para Berenice, esta oportunidad representa no solo un logro personal, sino la posibilidad de poner a Mazatlán como ejemplo de que sí es posible restaurar ecosistemas y promover modelos de economía circular comunitarios para transformar residuos en oportunidades.

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Trayectoria

Berenice Lizárraga Lizárraga es impulsora de proyectos de economía circular en Mazatlán. Su trabajo se enfoca en la regeneración ambiental y en darle una segunda vida a los residuos.

Junto con Nithzia Yulen Pineda Mendoza, cofundó Rescate Isla Basura, una iniciativa que busca recuperar la vitalidad de un sitio altamente contaminado por residuos sólidos que viajan desde la ciudad hasta el mar. Por este proyecto, ambas fueron seleccionadas en 2025 para formar parte del Programa Generación de Líderes Ambientales que reúne a jóvenes de Canadá, Estados Unidos y México que han desarrollado soluciones a los desafíos ambientales. 

En 2024, Berenice Lizárraga fue reconocida con el premio Rostros del Medio Ambiente que entrega anualmente la organización Causa Natura. Recientemente fue seleccionada como embajadora de México en la Cumbre Mundial de Liderazgo e Innovación 2026 (Global Leadership and Innovation Summit Turkey 2026), un encuentro internacional que reúne a jóvenes líderes para impulsar soluciones con impacto social y ambiental.

Su trabajo también se enfoca en una de las principales fuentes de contaminación: los residuos orgánicos, que se transforman en biofertilizantes, hidrolizados y biogás mediante procesos como el compostaje, ensilaje y digestión anaerobia. Esta iniciativa se ha llevado a comunidades como Palmillas y Teacapán, y también a colaboraciones con actores locales como la cervecería Tres Islas, dentro de un modelo de economía circular que le ha valido reconocimientos personales y colectivos junto con Viva la Ola A.C., del cual forma parte.

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El monitoreo del agua de mar que realizó Cofepris abarcó el periodo del 03 al 12 de marzo en 289 playas de los principales destinos turísticos de México, en coordinación con instituciones que son parte de la Red Nacional de Salud Pública, como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el objetivo es identificar si alguna playa representa riesgos para la salud pública. En este monitore 2026 sólo la playa Tijuana, en Tijuana, Baja California resultó no apta.

Los enterococos que se buscan son bacterias fecales que llegan a las playas por distintas vías y son causantes de enfermedades graves como infecciones urinarias o intraabdominales como la peritonitis, a su vez, causante de infecciones graves en humanos, de acuerdo con la Cofepris.

En el caso de Mazatlán se tomaron muestras de agua en las playas Cerritos y Zona Dorada en playas conocidas como Playas Zona Dorada I, III, IV y VI, de éstas ninguna rebasó los 22 enterococos por 100 mililitros de agua, resultando sin riesgos para la salud pública, ya que se considera de alto riesgo cuando los enterococos rebasan los 200/100 ml de agua. 

En el caso del monitoreo en Playa del Mar, Playa Norte, Playa Los Pinos (conocida como Pinitos); Playa Olas Altas, Isla de Chivo, Isla El Venado y la Isla de la Piedra resultaron entre 35 y 53 enterococos por cada 100 ml de agua de mar, aunque concentraron mayor cantidad de bacterias que las anteriores, siguen estando dentro del rango bajo permitido por la Cofepris.

¿Cómo saber si una playa es apta para bañarte? | Son Playas

Estos resultados colocan a las principales playas de Mazatlán como aptas para bañistas en estos días de Semana Santa y Semana de Pascua. El siguiente monitoreo está previsto para el periodo vacacional de verano.

En el caso de Sinaloa, se analizó la calidad del agua de un total de 22 tramos de playa; todas resultaron aptas. Puedfes revisar los resultados del monitoreo prevacacional de playas en el estado de Sinaloa, Semana Santa 2026 en este enlace.

ANTECEDENTES

Aunque este primer trimestre de 2026 las playas locales resultaron con bajos niveles de bacterias, en otros periodos vacacionales no fue así, en 2024 Playa Norte estuvo a punto de ser declarada no apta para bañistas previo a Semana Santa, al resultar con 178 enterococos por 100 mililitros de agua, siendo la más sucia de Mazatlán, aún así dentro del rango máximo permitido.

Unos meses antes, en diciembre de 2023, Playa Olas Altas, una de las más emblemáticas del puerto, resultó la más contaminada de Sinaloa con resultados de 829 enterococos por cada 100 mililitros de agua en el monitoreo del periodo Invierno, eso la colocó entre las cinco playas más contaminas de México por sus altos niveles de bacterias fecales concentradas, esto provocó que fuera cerrada por una semanas para disminuir las bacterias por la actividad turística.

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El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

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La exposición estará abierta al público en general desde las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. El programa se complementa con dos charlas, una sobre manglares y otra sobre la plataforma iNaturalist; previstas a las 10:00 y 11:00 respectivamente. la primera estará a cargo de la organización Conciencias mientras que la segunda será impartida por el biólogo Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de iNaturalist Mx.

En el área de exposiciones se abordarán diversas temáticas, como la cadena alimentica marina, aves, tortugas, economía circular, ecoturismo, compostaje, cultura forestal, ordenamiento territorial, contaminación lumínica, ecoturismo, manglares, jaguares, venados, caracolas, monitoreo de costa, cuidado del agua y parásitos de peces.

También se mostrará cómo se usan los drones en la investigación científica y la relevancia de la selva baja caducifolia que es destruida por la expansión urbana en Mazatlán, ecosistema al que se dedicará la edición de este año, por ser uno de los más amenazados del mundo, particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.

Hasta la tarde del martes 17 de marzo se habían inscrito 56 participantes.

Este evento se realiza anualmente de forma autogestiva como parte de los festejos de aniversario de Son Playas para hacer visible la utilidad pública del periodismo especializado, que además de informar, sirve como conducto para que la población encuentre opciones de participación ciudadana, educación ambiental, vinculación y atención.

Novedades de la expo ambiental

Por primera vez se contará con la participación de seis áreas naturales protegidas en diversas categorías: Juan M. Banderas ubicada en Escuinapa; Meseta de
Cacaxtla localizada entre San Ignacio y Mazatlán; Huizache-Caimanero,
correspondiente a Rosario y Mazatlán; además del Santuario Tortuguero El Verde
Camacho, Mazatlán. De igual forma se suma Paco’s Reserva de Flora y Fauna, un
área natural protegida destinada voluntariamente a la conservación que se localiza al
norte de la ciudad. Adicionalmente, se contará con la participación de la Reserva de la
Biosfera Islas Marías.

La Expo Ambiental Son Playas se realiza regularmente en espacios públicos de la ciudad de Mazatlán, pero desde el 2025 se trasladó a universidades locales para acercar la muestra a las juventudes, según dio a conocer su directora fundadora, Raquel Zapien, durante una rueda de prensa en la cual también participaron David Noriega Urquídez, director de ITMAZ, y Lorena Páez Brito, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU), quienes invitaron a todos los sectores a visitar la muestra.

Por un mismo fin

David Noriega manifestó que por parte del ITMAZ existe el compromiso de fomentar la sostenibilidad entre la comunidad estudiantil y académica, de ahí que aceptó ser la sede de la Expo Ambiental Son Playas de este año.

Por su parte, Lorena Páez reconoció que el periodismo y las acciones de vinculación que realiza Son Playas desde hace siete años contribuyen a la educación ambiental y fomentan la participación ciudadana. Finalmente hizo un llamado a los sectores productivos, colegios de ingenieros y arquitectos; así como a las cámaras empresariales e instituciones educativas, para que visiten la expo y adquieran información que les ayude a contribuir con el desarrollo sostenible que necesita Mazatlán.

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PARTICIPANTES

1. Reserva de la Biosfera Islas Marías.
2. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Juan M Banderas.
3. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla.
4. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Huizache-Caimanero.
5. Santuario Tortuguero El Verde Camacho.
6. Paco’s Reserva de Flora y Fauna.
7. Santuario Tortuguero Estrella del Mar.
8. Biodiversidad del Ejido Barrón.
9. Museo del Jaguar (San Ignacio).
10. Conselva, Costas y Comunidades A.C.
11. Viva la Ola A.C./Isla Basura.
12. Humedales Sustentables A.C.
13. Plataforma iNaturalist Mx (CDMX).
14. Colectivo conCiencias (CDMX).
15. Mantarrayas Team.
16. AstroNat.
17. Connaturaleza.
18. Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable.
19. Jóvenes Por la Conservación del Pacífico (JOCOPP).
20. Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.
21. Comité de Natación de Aguas Abiertas de Mazatlán.
22. Hagamos Composta Mazatlán.
23. El Macetero.
24. Cerritos Sea Turtle Rescue.
25. La Cochinilla Teatro.
26. Charas Sinaloa.
27. Interacción Luciérnaga y Santuario de los venados playa selva Sak Nikté
    Mazatlán.
28. Mazorden
29. Mi jardín polinizador.
30. Bird Watching Mazatlán.
31. Colonias de la Isla en Acción A.C.
32. Faro Defensa Ambiental.
33. Endémica
34. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal
    Anticorrupción de Sinaloa.
35. ECON
36. CEMAZ
37. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
38. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
39. Instituto Tecnológico de Mazatlán – TecNM.
40. Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.
41. Unidad de Bienestar Universitario de la UAS.
42. Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés (CIO)
43. Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC).
44. Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES).
45. Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMyS).
46. CETMAR 08
47. Voluntariado IAM The Change (Instituto Anglo Moderno).
48. Lumina Vidas (Instituto Anglo Moderno).
49. Ecocuadrillas del Centro de Atención Múltiple (CAM) N° 25 Laboral.
50. Tirado’s Oil
51. Programa de reciclaje de redes de pesca Ola México de INPLARSA.
52. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
53. Operadora y Administradora de Playas (OAP).
54. Secretaría de Turismo de Sinaloa.
55. Departamento de Cultura del Agua de la JUMAPAM.
56. IMPLAN Mazatlán.

La entrada Expo Ambiental Son Playas 2026; lista para el 26 de marzo en el ITMAZ de Pradera Dorada se publicó primero en Son Playas.

Este evento es organizado por ECON Mazatlán, un colectivo dedicado a la educación
ambiental integral y ecoturismo responsable, en colaboración con la Facultad de
Ciencias del Mar (FACIMAR) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), instituciones comprometidas con la formación de profesionistas en ciencias
ambientales y sostenibilidad.

El objetivo es crear un espacio de intercambio, difusión y discusión de trabajos de investigación, divulgación científica y educación ambiental, en torno a la biodiversidad y la conservación.

El programa del ENBIO está compuesto por ponencias magistrales impartidas por especialistas destacados en distintas áreas de la biología que compartirán los avances científicos de sus proyectos, experiencias de investigación, así como perspectivas actuales sobre conservación, biodiversidad y sostenibilidad. También incluye mesas redondas sobre problemáticas ambientales actuales, fomentando el análisis crítico y la participación activa de la comunidad académica.

Se incluye una sesión de póster científico para que estudiantes y jóvenes investigadores presenten sus proyectos de investigación, además de un concurso de fotografía, dibujo y pintura que busca integrar el arte como medio de expresión científica y ambiental, resaltando la belleza y la importancia de la biodiversidad. Las convocatorias siguen abiertas en las reedes sociales de ECON.

El último día se realizará la Expo Ambiental Latente, una muestra interactiva donde organizaciones, colectivos, instituciones, emprendimientos y proyectos presentarán iniciativas enfocadas en la conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible. En el programa también se incluyen actividades recreativas y experiencias en campo que permitirán vivir la ciencia fuera del aula y conectar con el entorno natural.

Se espera que ENBIO reuna a estudiantes, investigadores, artistas, divulgadores y amantes de la naturaleza. Este evento tiene como antecedente el Encuentro de Biología: Observando Ciencia (ENBOC). La cuota de recuperación para estudiantes es de 200 pesos y de 350 para docentes y público en general.

Sede y programa

• 13 de marzo. Ponencias magistrales y presentación de póster científico, de 9:00 am a 6:00 pm en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional (Palacio Federal).
• 14 de marzo. Mesas redondas y concursos de fotografía, dibujo y pintura, de 10:00 am a 1:00 pm, auditorio del Instituto Politécnico Nacional.
• 15 de marzo. Expo Ambiental “LATENTE”, de 9:00 am a 5:00 pm en el Parque Ciudades Hermanas.

La entrada Mazatlán será sede del ENBIO: ciencia, diálogo y arte por la biodiversidad se publicó primero en Son Playas.

A través de una carta abierta, la Comunidad Mazatleca Santuario de los Venados Playa Selva Sak-Nikté, pidió que se conserve un predio colindante al Estero del Yugo por su alto valor ecológico, dado que en la misma zona existen diferentes ecosistemas, tal es el caso de selva baja caducifolia, manglar, playa, estero y laguna costera. Además, este lugar está en la zona de influencia del Sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, que abarca desde Cerritos hasta Marmol.

«Ya no existe en la ciudad un lugar así, que albergue estos ecosistemas y la protección de los venados», señalaron a través de un comunicado que se difundió a través de redes sociales con la esperanza de llamar la atención de Sheinbaum Pardo, durante su gira por Sinaloa.

Para hacer visible su riqueza natural y promover la conservación de este lugar, el colectivo ha realizado senderismo, campañas de limpieza, observación de estrellas, difusión científica, liberación de tortugas marinas, yoga y actividades de educación ambiental desde hace aproximadamente cuatro años con la participación de centros de investigación, planteles educativos y autoridades.

«Este espacio, además de ser apoyado y protegido por jóvenes y mujeres, es un espacio que ha funcionado como un modelo replicable de educación, de trabajo en comunidad y colectividad, de recolecta de semillas nativas, de ejemplo de modelo de turismo sostenible en Mazatlán; un espacio de transformación de conciencia e identidad», señala el comunicado que fue difundido a través de redes sociales.

Durante estos años también se han reportado avistamientos de venados cola blanca (Odocoileus virginianus) que se encuentran atrapados en polígonos cercanos por la fragmentación de su territorio a causa del desarrollo inmobiliario o que son atropellados.

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Entre las agrupaciones que apoyan la creación de un santuario se encuentran Tierra Resonante, Ecos Yoga, Luna Jaguar, Sirenas Negras, Real del Pulque e Interacción Luciérnaga. Todas ellas formaron un colectivo que ahora pide la intervención del gobierno federal, pues desde el 15 de septiembre de 2025 solicitaron una audiencia con la presidenta municipal para tratar el tema y no han sido atendidos, según se informó.

De entrada, el colectivo busca orientación sobre el proceso legal y técnico que debe seguirse para gestionar la creación de una reserva natural, además del compromiso formal por parte de las autoridades para darle continuidad y concretar el proyecto.

¿Por qué se necesita un santuario para venados?

Por tratarse de una especie ligada a la cultura e identidad local, el venado cola blanca ha sido tomado como un emblema por parte de agrupaciones ambientalistas para pugnar por la protección de los ecosistemas en los que habita.

Sin embargo, la urbanización también amenaza a diversas especies de flora y fauna silvestre, incluyendo aquellas que se encuentran protegidas como el mangle o en peligro de extinción como la chara sinaloense (Cyanocorax beecheii), ave endémica de nuestro estado.

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Los nuevos desarrollos inmobiliarios que se extienden hacia el norte de Mazatlán, cerca de la costa, también han cercado al Estero del Yugo, un área de conservación ecológica a cargo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) destinada a la investigación científica, en donde se han identificado 1304 especies de plantas y animales, según se indica en la plataforma iNaturalist. La misma amenaza enfrenta Paco´s Reserva de Flora y Fauna, la única Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de Mazatlán, con 3477 especies registradas.

Según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024, la mancha urbana de Mazatlán creció más del doble en los últimos 30 años. En ese contexto, la fauna silvestre ha sido expulsada o erradicada sin que se implementen mecanismos para su protección.

DATO

En lengua náhuatl, Mazatlán significa «tierra de venados». El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La entrada Piden a Claudia Sheinbaum un santuario para venados en Mazatlán se publicó primero en Son Playas.

El tema se abordó durante el panel «Gobernanza Costera: retos y oportunidades en la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Mazatlán», organizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) local.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Este espacio es un bien nacional de acceso público cuya administración está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encarga de vigilar que su uso y aprovechamiento se realice en apego al marco legal.

Adicionalmente, otras dependencias de gobierno federales, estatales y municipales pueden coordinarse para su aprovechamiento, limpieza, preservación y uso sustentable.

Sin embargo, esta zona enfrenta problemáticas como la edificación de torres o palapas sin autorizaciones en materia de impacto ambiental, aunado al acaparamiento de espacios con renta de mobiliario, contaminación de diverso tipo, tala de mangle, erosión, pérdida de playa, obstrucción de accesos y delimitación desfasada.

El ejemplo más reciente es la torre inmobiliaria que Profepa clausuró el 13 de febrero por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por cortar mangle; adicionalmente, esa dependencia tiene detenidas las obras de cuatro palapas.

Hay otros impactos menos visibles que ya han sido registrados en instituciones de investigación: alteración de los ecosistemas y de la calidad del agua por contaminación microbiológica, así como la ausencia de playas incluyentes para las personas con alguna discapacidad, advirtió Omar Calvario Martínez, investigador responsable del Laboratorio de Química y Productividad Acuática del CIAD, uno de los panelistas.

Importante: Las playas de la Zona Dorada de Mazatlán han perdido 23 metros en las últimas dos décadas.

Autoridades no se coordinan

Los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con facultades concurrentes en playas no están operando actualmente, lo que contribuye al desorden y mal uso de estos espacios naturales, refirió la periodista ambiental Raquel Zapien, durante el panel.

Por ejemplo, dijo, no existen registros recientes de la operación del Comité Técnico de Zofemat, cuya función es aprobar los programas para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación, limpieza y correcta aplicación de los recursos que se recaudan por cobro de derechos y que se destinan al Fondo Zofemat.

A la fecha, tampoco se ha reactivado el Comité de Playas Limpias, una instancia auxiliar de la Comisión Nacional del Agua que permite que los diferentes sectores sociales y económicos participen junto con las autoridades en el saneamiento y cuidado ambiental de las playas y los cuerpos de agua relacionados.

En lugar de trabajar en objetivos comunes, se han dado casos en que las autoridades actúan de forma contrapuesta. Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, reconoció durante su participación que el Gobierno Municipal ha llegado a otorgar permisos de construcción en zona federal sin que exista previamente la autorización de impacto ambiental que expide la Semarnat.

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También hay lagunas legales que no favorecen la protección de la zona federal desde el ámbito local. Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP), explicó que para tramitar un permiso o una concesión ante Semarnat, es necesario que el solicitante presente un dictamen de uso de suelo expedido por el Gobierno Municipal, en el cual se indica si el proyecto es compatible con el entorno urbano. Sin embargo, esta opinión técnica no considera la capacidad de carga ni otros criterios técnicos de la playa adyacente.

Para evitar que este documento se entrege de manera discrecional sin considerar las características de la zona federal, se requiere modificar el Reglamento de Construcción, el cual también debería obligar a los desarrolladores a contemplar servidumbre de paso a la playa en sus proyectos, acorde con la Ley General de Bienes Nacionales, por lo cual ya se elabora una iniciativa de reforma, comentó durante su intervención.

«Falta mayor coordinación y mayor ingerencia de los tres niveles de gobierno en la regulación de la Zona Federal Marítimo Terrestre», reconoció.

Desorden y omisión

Todos los integrantes del panel coincidieron en que la actividad inmobiliaria y turística ha impactado a las playas y otros ecosistemas costeros.

Al respecto, el delegado de la Profepa señaló que hay desarrollos que prefieren «pedir perdón que pedir permiso», de tal forma que optan por construir sin las autorizaciones que marca la ley aunque tengan que pagar multas. En otras ocasiones, también existe deconocimiento de la tramitología que deben realizar en materia ambiental.

«La ciudadanía mazatleca tiene que estar preparada porque hay un desarrollo muy pujante en Mazatlán y ojalá no se detenga; pero lo importante es que estemos vigilantes de que ese desarrollo sea en el marco normativo ambiental y sobre todo en el respeto de nuestros ecosistemas que es lo más importante que tiene Mazatlán», expresó.

Sobre este tema, Raquel Zapien consideró que el desorden e impacto ambiental en la Zofemat se ha agudizado a lo largo del tiempo por la omisión de autoridades que en su momento no cumplieron con su deber legal de actuar y porque no se han activado los mecanismos de coordinación interinstitucional para administrar y proteger la zona.

«Este no es un tema de cultura ambiental, es un tema de omisión y de legalidad», apuntó.

En consecuenia, Mazatlán tiene playas con contaminación, erosión y acaparamiento de espacios por actividades comerciales, añadió. Un nuevo problema es la creciente expansión inmobiliaria sobre el sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia mundial que abarca desde Punta Cerritos hasta Mármol, al norte del municipio.

Pero eso no es todo, las omisiones y la falta de sanciones por parte de autoridades, también han incrementado la vulnerbilidad de la ciudad y los riesgos de desastre ante el impacto de un huracán. Paralelamente, esta impunidad podría alentar a personas que actúan fuera del marco legal a agredir a periodistas, activistas y grupos académicos que se atreven a investigar y señalar estas problemáticas, advirtió la fundadora de Son Playas.

Por su parte, Marco Moreno advirtió que las sanciones para los desarrolladores que no cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley General del Equlibrio Ecológico y Protección al Ambiente serán cada vez más estrictas. Además se les emplazará para que cumplan las condicionantes ambientales y de no hacerlo se les revocará el permiso. Son procesos tanto administrativos como jurídicos.

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Mazatlán es el municipio de Sinaloa con más clausuras. La última fue el 13 de febrero del 2026, un inmueble en proceso de edificación llamado BRINLU Marina de Campo de Golf que colinda con el Estero La Marina, el cual tiene conexión directa con el mar.

Además de dañar cerca de 50 mangles, el complejo clausurado no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico y científico que debe ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su análisis y aprobación, según se dio a conocer hoy a través de un comunicado de la PROFEPA.

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La obra que fue clausurada de forma total y temporal, tiene una superficie aproximada de 3 mil 292 metros cuadrados; consta de una torre de seis niveles en obra negra, dos de ellos destinados a sótano y área de amenidades, y cuatro para departamentos. Se registraron 38 pilotes de 1 metro de diámetro por 8 de profundidad; un muro perimetral de 30 metros de longitud; un muro de contención soportado por diez pilotes y la cimentación de una alberca de 3.50 metros de altura por 30 metros de longitud.

“Es una obra que está en la zona costera de ahí de Mazatlán y se hizo una visita de inspección y se detectó que no cuentan con una autorización en materia de Impacto Ambiental y además hay daños a la vegetación de manglar, por eso se pusieron los sellos, se inicia un procedimiento administrativo y se clausura la obra hasta que ellos nos presenten autorizaciones para esa obra”, detalló Marco Moreno, delegado de esa dependencia en Sinaloa al ser cuestionado por Son Playas.

Explicó que a las construcciones que no siguen los protocolos para impedir un daño ambiental, y que carecen de documentos en regla, se les colocan sellos de clausura para impedir que sigan edificando en tanto se les derivan procesos administrativos para revisar su situación, como en este caso.

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Daño a la flora y fauna

En el comunicado de la dependencia federal se especifica que el proyecto colinda con una zona de manglar de las especies blanco (Laguncularia racemosa), botoncillo (Conocarpus erectus) y negro (Avicennia germinans). En este sitio se detectó la poda de aproximadamente 50 ejemplares de mangle así como un relleno con material terroso de alrededor de 1 metro de ancho por 1 metro de alto a lo largo de aproximadamente 67 metros lineales en el frente del predio.

«Al requerirse la autorización de impacto ambiental que amparara las obras descritas, el visitado indicó no contar con dicho documento. En consecuencia, como medida precautoria, el personal actuante procedió a imponer la clausura total temporal, así como al aseguramiento precautorio de herramientas, utensilios, bienes y cualquier instrumento directamente relacionado con las actividades detectadas», se detalla.

Por esta acción, el desarrollo inmobiliario «BRINLU Marina de Campo de Golf» es acreedor de una falta administrativa, manifestó al respecto el delegado de la PROFEPA, pues debido a que el mangle es una especie protegida por la Norma 059, su tala, destrucción o cambio de uso de suelo se considera un delito federal.

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En México, las cuatro especies principales de manglar se encuentran clasificadas bajo la categoría de Amenazadas (A), lo que significa que podrían desaparecer a corto o mediano plazo si los factores negativos en su hábitat continúan. Los manglares son ecosistemas fundamentales para la protección de las costas, ya que actúan como barrera natural frente a tormentas y huracanes, favorecen la captura de carbono, filtran contaminantes y sirven de refugio y zona de reproducción para numerosas especies marinas y terrestres.

Operativo permanente

Derivado de un operativo permanente por PROFEPA, se han clausurado diversas obras como restaurantes o palapas, sobre todo en zona federal costera de Mazatlán. Algunas eran construcciones ya en estado avanzado y no contaban con autorización de materia de Impacto Ambiental.

“Todas las clausuras que se hacen en las visitas de inspección de los inspectores federales de PROFEPA inician un procedimiento administrativo. Todas, todas se inician. En el momento que se hace la visita se inicia un procedimiento administrativo y ellos tienen que aportar elementos, tienen plazos para presentar documentos y el proceso jurídico avanza”, enfatizó Marco Moreno sin especificar cifras.

De acuerdo con el servidor público, hay un operativo permanente en toda la zona costera. En Mazatlán particularmente se hacen recorridos en donde hay edificaciones ubicadas en zonas que requieren autorización federal. Si bien, han recibido denuncias ciudadanas y acuden al lugar, estas visitas son escasas. Incluso algunas obras ya en construcción que desean regularizarse han solicitado la visita, pero también son pocas.

Hasta el momento las actas se concentran en Mazatlán, pero en todos los municipios hay revisiones y clausuras, principalmente en aquellos que presentan un mayor desarrollo inmobiliario. En Guasave, por ejemplo, se han detectado obras en playas, aunque en menor medida que Mazatlán, comentó. En Ahome, la zona del Maviri es la que más incidencia ha registrado así como Altata en Navolato.

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Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

«Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que
encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido
la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la
ley. Hoy siguen en incumplimiento», refirió la organización a través de un comunicado.

En el documento se advierte que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

En dicha reglamentación se debe hacer referencia «a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley».

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Se especifica que el reglamento también debe contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas.

«He ahí la urgencia de su publicación. Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan», advierte la Colectiva Cambiémosla Ya.

Contexto

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la
presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos,
y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el
tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales
críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante
que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de
evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor
avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas
académicas y defensores del territorio. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos
afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora,
Zacatecas; organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia
Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de académicos sudcalifornianos, Comités de Cuenca
del Río Sonora, CCMSS, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación
Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la
Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y
académicxs de UIA, UAM y UNAM.

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Periodistas y organizaciones ciudadanas que promueven el cuidado ambiental, la participación social y la defensa de la libertad de expresión se manifestaron de forma pacífica esta mañana para exigir que se proteja la integridad de la periodista Sheila Arias luego de ser víctima del delito de amenazas por parte de un empresario.

La manifestación se realizó en uno de los accesos de la Unidad Administrativa de Mazatlán, en donde se ubica la Vicefiscalía Regional Zona Sur. En este espacio se mostraron lonas y pancartas con leyendas de apoyo a la comunicadora y de repudio a las agresiones contra la prensa.

Durante su intervención, Sheila Arias agradeció las muestras de solidaridada y respaldo que ha recibido tras ser emedrentada por dar a conocer en sus redes sociales la existencia de un nuevo proyecto inmobiliario que se pretende edificar sobre el cerro de Punta Cerritos, a un lado de Playa Bruja, con base en información publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

«Las publicaciones que realizo como activista y periodista son información útil y lo hago de manera periódica. Este caso no es personal, no dije que estuviera mal, sólo lo visibilicé
dejando la responsabilidad en manos de las autoridades encargadas de revisar y de la
ciudadanía de vigilar que se aplique la normativa», señaló.

Recordó que la función del periodismo es investigar, documentar e informar aportando hechos verificables, contexto y voces diversas para que la sociedad se forme un criterio propio. Por eso se considera que las amenazas a periodistas también representan una grave agresión a la libertad de expresión y al derecho a informar, pues este tipo de actos buscan intimidar, silenciar y generar miedo.

Ya se investiga la denuncia por amenazas: vicefiscal

En el marco de la manifestación y acompañada por una comitiva, Sheila Arias se reunió con el Vicefiscal Regional Zona Sur, Isacc Aguayo Roacho, quien informó que la denuncia por amenazas ya está siendo investigada en colaboración con la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la periodista mencionó que espera que las autoridades investiguen el caso con seriedad y enfoque de derechos humanos.

Así se ataca a la prensa en Sinaloa

Durante la manifestación, Sibely Cañedo, Consejera fundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, tomó la palabra para expresar que de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde agosto de 2022 —cuando se creó este organismo— hasta diciembre de 2025 se han registrado 235 agresiones contra ambos gremios en Sinaloa.

De ellas, 116, casi la mitad, han sido contra periodistas en todo el estado. La amenaza es la agresión más frecuente, acompañada de descalificaciones, estigmatización, agresiones
físicas y, en los casos más graves, desplazamiento forzado. El 37% de estas agresiones han sido cometidas por particulares presuntamente vinculados al crimen organizado; un 27% por particulares (empresarios o ciudadanos en general); y un alarmante 36% por funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Añadió que en Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido en el contexto de una “narcoguerra” sin tregua, las agresiones al gremio periodístico han aumentado. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se han documentado 61 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo ataques armados a instalaciones de prensa.

Aumenta el riesgo para el periodismo ambiental en Mazatlán

Por su parte, Raquel Zapien, directora de Son Playas indicó que el riesgo para periodistas que cubren temas ambientales y territoriales va en aumento en Mazatlán, debido a que los vacíos de autoridad han generado condiciones para la expansión urbana desordenada, la devastación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos que no cumplen con la normatividad ambiental o no se alinean a los instrumentos de planeación.

Estas omisiones alientan a quienes actúan fuera del marco legal y fomentan la impunidad. En ese contexto, dijo, es más probable que se amedrente a periodistas que documentan estas problemáticas y a las personas defensoras del medio ambiente. Lo ocurrido con Sheila, es un ejemplo.

«La inacción de la autoridad está haciendo que el riesgo para la ciudadanía que se atreve a denunciar y el riesgo para periodistas se incremente», refirió la también cofundadora del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión.

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