Ante los constantes reportes de tala registrados en diferentes sectores del del sistema Arroyo Jabalines–Estero del Infiernillo, organizaciones ciudadanas solicitaron por escrito a la alcaldesa interina Minerva Osuna Zavala la instalación de letreros informativos destinados a promover la conservación de ese espacio natural.

Con esta iniciativa se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar los manglares, según se indica en el documento entregado hoy por la Red de Conservación y Defensa Ambiental de Mazatlán (RECODAM), iniciativa ciudadana conformada por organizaciones y personas comprometidas con la protección del patrimonio natural del municipio

La propuesta consiste en la instalación de letreros en 13 puntos estratégicos del citado ecosistema, partiendo del puente del arroyo Jabalines que se encuentra en la colonia Villa Satélite, a la altura del CBTIS 51, hasta la Colonia Manuel Clouthier. En total, el tramo abarca nueve colonias.

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El mensaje

En el oficio, que lleva copia para la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, se indica que «el contenido de la señalética tendrá un carácter meramente informativo y educativo, recordando a la ciudadanía que los manglares constituyen un ecosistema protegido por la legislación ambiental mexicana; que su conservación es de interés público; que el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre establece su protección; que la NOM-022-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros con vegetación de manglar”.

Los letreros también deberán especificar que  que la afectación ilícita a estos ecosistemas puede constituir un delito conforme a lo previsto en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, además de especificar que cualquier intervención sobre el manglar únicamente puede realizarse conforme a la normatividad vigente y con las autorizaciones de las autoridades competentes.

Esta iniciativa surge luego de que la presidenta municipal declaró que solicitará permiso para podar el mangle del arroyo Jabalines luego de las recientes lluvias e inundaciones.

Otra vez lo mismo

Las organizaciones que hoy piden la instalación de la señalética se opusieron el año pasado a la tala de manglar que el gobierno municipal pretendía realizar en el arroyo Jabalines durante el periodo de lluvias como estrategia contra las inundaciones. Especialistas en manglares también se opusieron a esta medida y advirtieron que las inundaciones no se reducirán talando el manglar, sino con la ampliación del puente Juárez, la implementación del modelo de «ciudad esponja» y con la mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad.

Tras las manifestaciones de protesta, se anunció la conformación de un grupo de trabajo integrado por autoridades y representantes de la sociedad civil para generar propuestas de mitigación y conservación. Un año después, la estrategia de la autoridad local vuelve a ser la misma: cortar mangle.

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Ubicación de los letreros

La Red de Conservación y Defensa Ambiental de Mazatlán informó que ya solicitó a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable la autorización correspondiente para la instalación de la señalética, misma que será colocada sobre el cauce del arroyo y del estero del sin obstruir la vialidad pública ni el tránsito peatonal o vehicular. Se espera que sea el Ayuntamiento quien se encargue de la elaboración de los letreros. Esta es la ubicación propuesta para la señalética solicitada:

1. Puente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios (CBTIs) no. 51 (Calle Guillermo Haro esquina con calle Zeus, colonia Villa Satélite)
2. Calle Zeus esquina con calle Camarones, colonia Villas del Estero
3. Frente a Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) (Calle Fresnos, colonia Jacarandas)
4. Puente de la Av. Insurgentes (Av. Insurgentes esquina con calle Zeus, colonia Villas del Estero)
5. Puente de la Av. Insurgentes (Av. Insurgentes esquina con calle Arroyo, colonia Santa Virginia)
6. Calle Internacional esquina con calle 16 de septiembre, colonia Rubén Jaramillo
7. Av. Río Sinaloa, colonia Rubén Jaramillo
8. Puente de la Av. Río Grijalva (Av. Río Grijalva esquina con calle Arroyo Jabalines, colonia Insurgentes)
9. Calle Arroyo Jabalines esquina con calle Río Chachalacas, colonia Manuel Clouthier
10. Puente Río Piaxtla (Av. Río Piaxtla esquina con calle Circunvalación, colonia Estero)
11. Puente Río Piaxtla (Av. Río Piaxtla esquina con Av. Juan Pablo II, colonia Manuel Clouthier)
12. Calle Circunvalación esquina con Av. de las Gaviotas, colonia Independencia
13. Calle José Vasconcelos, colonia Manuel Clouthier

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Por Sheila Arias/Redacción Son Playas

Durante años, Playa Pinitos dejó de funcionar como un espacio público para convertirse, poco a poco, en una playa ocupada por el comercio. Este viernes, por primera vez en años, autoridades federales intervinieron para recuperar una parte del espacio que la Ley reserva de libre acceso para la ciudadanía.

Esta intervención representa una de las acciones institucionales más relevantes de los últimos años para recuperar un espacio público costero en Mazatlán, ya que, al menos, en la última década Pinitos inició un proceso que la convirtió en una zona de comercio irregular a la vista de las autoridades, esta situación había sido denunciada públicamente por ciudadanos, organizaciones y ambientalistas cuestionando la escasa vigilancia en la zona.

El operativo que encabezó, Renato Ocampo Alcántar, delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con apoyo de la administradora de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), el Gobierno de Mazatlán y elementos de la Guardia Nacional, es el cumplimiento de una obligación prevista en la Ley General de Bienes Nacionales que precisa garantizar que un bien nacional permanezca accesible para todas las personas.

Operativo en Playa Pinitos. Fotos: Renato Ocampo.

A través de sus redes sociales, Ocampo Alcántar informó que está acción se realizó en cumplimiento del Artículo 8 de la mencionada Ley que garantiza que el acceso a las playas y la zona federal marítimo terrestre no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado; así como en cumplimiento del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

“Entre las principales observaciones: sillas y mesas fuera de lo permitido y materiales no autorizados (…) tras el retiro de las sombrillas, ciudadanos y turistas comenzaron a hacer uso del espacio público de la playa Pinitos, recuperando así el acceso libre y gratuito que marca la Ley”, así informó el delegado. Sin embargo, no detalló si se aplicaron sanciones.

El problema de fondo

La problemática en Playa Pinitos no es nueva. Su ocupación irregular fue gradual, favorecida por años de omisión gubernamental en la vigilancia y aplicación de la ley. Esta falta de control facilitó la instalación permanente de mobiliario comercial, normalizando una invasión que terminó por desplazar a los locales y turistas de un espacio público tradicional para las familias mazatlecas.

Así se instalaron carpas habilitadas con parrillas y estufones, mesas, sillas y otros enseres para la venta de alimentos. Incluso, se removió parte del barandal de metal para crear dos entradas adicionales de la banqueta hacia la playa.

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Pinitos también ha sido objeto de simulación institucional, ya que en 2021 el Gobierno de Mazatlán, a través de la Operadora y Administradora de Playas (OAP), anunció la implementación de un plan piloto para convertir la zona en la primera playa local donde se prohibiría fumar, usar plásticos de un solo uso, envases PET y de vidrio. Sin embargo, en 2024 Son Playas solicitó vía acceso a la información una copia de ese proyecto y el status que guardaba; la respuesta de la autoridad municipal fue que no existió ese proyecto y que sólo había sido una declaración del director que se encontraba en turno.

En 2022, la OAP inició un proceso para validar a Pinitos como Playa Platino ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, pero el distintivo se perdió y las señaléticas que se instalaron como parte de los requisitos fueron desechadas sin ningún plan aparente para su rescate.

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De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, en su Artículo 7 son bienes de uso común las playas y la zona federal marítimo terrestre; y en su Artículo 8 establece que:

Es decir, jurídicamente, las playas son de libre acceso y no propiedad de particulares. Ahora la recuperación de Pinitos no consiste sólo en retirar estructuras o reordenar el comercio, el Estado está obligado a garantiza ese ordenamiento que permita a la sociedad el acceso y uso común de un bien nacional.

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¿Qué sigue en Pinitos?

El delegado de la Profepa, Marco Antonio Moreno León, aseguró que el operativo en Pinitos será permanente.

«Lo mantendremos de manera permanente, no se permitirá el acaparamiento ni renta masiva de mobiliario sin autorización», dijo en redes sociales.

Las acciones de las autoridades federales será fundamental para recuperar la playa y mantenerla ordenada, de otra manera, existe el riesgo de que Pinitos vuelva a ser tomada por el comercio irregular. Corresponde a la Semarnat, a Profepa y al Gobierno de Mazatlán mantener acciones orientadas a la regulación y aplicación de la Ley en colaboración con los comerciantes, diseñar un esquema para el ordenamiento de la zona y garantizar el acompañamiento en los trámites oficiales.

Una forma de establecer esa colaboración gubernamental es el Comité de Playas Limpias y la reactivación del Comité Técnico de ZOFEMAT, una instancia de coordinación entre la Semarnat con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas. Hasta el cierre de 2025 no había evidencia de que estuvieran sesionando.

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¿Por qué importa recuperar un espacio público?

La importancia de recuperar Playa Pinitos va más allá del ordenamiento ambiental. La ONU-Hábitat sostiene que los espacios públicos fortalecen la cohesión social, la economía local, la seguridad y la calidad de vida, de lo contrario, cuando estos espacios son ocupados por intereses particulares, la ciudad pierde lugares de convivencia.

En ese contexto, el acceso y disfrute del espacio público permite el ejercicio de otros derechos, como la libre circulación, la igualdad, la participación en la vida comunitaria y el derecho a un medio ambiente sano.

La intervención de las autoridades federales en Playa Pinitos representa una prueba para las instituciones ambientales que recuperar una playa no consiste únicamente en retirar sombrillas o liberar metros de arena, significa demostrar que los bienes nacionales pueden volver a ser administrados en función del interés público. Si la intervención se convierte en una política permanente de vigilancia y ordenamiento, Mazatlán irá recuperando mucho más que una playa.

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Otros casos pendientes

Pinitos es apenas un ejemplo de las problemáticas que existen en la zona federal marítimo terrestre de Mazatlán. En 2024, se registró el cierre de tres accesos de playa que derivó en manifestaciones y movilizaciones de descontento por parte de la ciudadanía para exigir pasos libres, mientras que en 2025, la Profepa suspendió dos obras de ampliación de palapas ubicadas en Playa Norte por no estar autorizadas. Otro problema en las playas de Mazatlán es la erosión que en solo dos décadas generó la pérdida de 23 metros de playa en la Zona Dorada. Los casos más recientes se presentaron en octubre del año pasado, cuando las marejadas dejaron desprovista de arena a un sector de Playa Norte y el derrumbe de un muro del malecón ocurrido el 23 de junio de este año.

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Un tramo del malecón de Mazatlán, de aproximadamente 70 metros, colapsó el 23 de junio de 2026 debido al intenso oleaje provocado por el mar de fondo y su reparación podría requerir una inversión cercana a los cinco millones de pesos, de acuerdo con información oficial. Ante este hecho, que podría repetirse en otros sectores, es oportuno recordar la relación que existe entre el diseño estructural de los muros de contención y las condiciones naturales de la costa.

La última remodelación de este espacio público se realizó en el año 2018 con una inversión aproximada de 135 millones de pesos; la obra incluyó el cambio de banquetas, ampliación de explanadas, instalación de mobiliario ubano y construcción de una ciclovia. Además de la renovación de las áreas peatonales y aceras del tramo, se cambió el muro de contención, que anteriormente era diagonal para disipar la fuerza de las marejadas. Desde entonces, el muro del malecón es vertical y recibe el impacto directo de las olas, especialmente en temporada de ciclones.

Estos diques son la primera barrera contra el oleaje y su forma determina la manera en que son afectados por las olas. Una revisión realizada por la Universidad de Miami en 2022 señala que los muros verticales son los más utilizados porque ahorran espacio, pero no permiten la disipación de la energía de las olas que impactan, provocando que los muros se desestabilicen desde la base porque la arena se erosiona.

Otro tipo de muros son los curvos que reducen la energía de la oleada porque la guían hacia arriba; esta estructura costera es más estable aunque su vida útil dependerá del tipo de materiales con que están hechos y de su mantenimiento. En cualquier caso, con el paso del tiempo el concreto se agrieta y las varillas se oxidan por estar en contacto con el agua salada. Por esto se recomienda que el concreto tenga un impermeabilizante. 

“Previo a la construcción de un malecón, se tienen que realizar estudios que determinen las condiciones y energía del oleaje, el viento, los niveles de inundación del sitio, y la composición del suelo” señaló al respecto Victor Nieto, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional.

El especialista mencionó que otra opción para disminuir la energía del oleaje son los rompeolas que se depositan mar adentro, pero su viabilidad dependerá de estudios más detallados para que no afecten procesos naturales, como está ocurriendo con los rompeolas que se construyeron frente a la marina en la zona dorada.

Hasta el momento, Mazatlán no cuenta con un marco normativo sólido que regule y proteja el uso de las playas, ni tampoco un programa para su recuperación y restauración.

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Estructuras costeras y erosión de playas

A finales de junio y a principios de julio se registraron olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, ocasionadas por el mar de fondo, el cual se origina por tormentas del mar que ocurren en zonas alejadas de la costa y que ocasionan un oleaje largo y continúo. 

Cada vez que una ola llega a la costa, la arena que está debajo se remueve; pero la erosión que se observa hoy en día y sus efectos en las costas ya no son a causa de un proceso natural de depósito y remoción de arena, sino debido a una mala gestión y planificación urbana que reduce la capacidad de las playas de ajustarse al continuo depósito y remoción de arena.  Así lo señala una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Ya en 2024, la Secretaría de Turismo señaló que Mazatlán está perdiendo un metro de playa en promedio al año. Las obras construidas a pie de playa que no cuentan con una evaluación de las dinámicas de transporte de sedimentos, oleaje y viento, repercuten directamente en residentes y turistas de Mazatlán. 

Las estructuras rígidas lejos de ‘detener’ el oleaje o la erosión, están distribuyendo la erosión hacia sectores adyacentes. 

Longitud del malecón

Mazatlán cuenta con un paseo costero de 21 kilómetros que se extiende desde La Puntilla hasta Cerritos. De esta longitud, cerca de 8 kilómetros corresponden propiamente al malecón; es decir, la estructura construida de forma contínua y paralela al mar que va desde la glorieta del Monumento a la Familia hasta Olas Altas.

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El hallazgo cobra relevancia porque el pasado 29 de junio un incendio consumió parte del basurón ubicado en el ejido de Urías, al sur de la ciudad, deterioró la calidad del aire y evidenció nuevamente las condiciones de irregularidad en las que históricamente ha operado el basurón.

Este hecho obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar de manera definitiva el sitio, además impuso al Ayuntamiento una multa de 10 millones de pesos, por el incumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula la disposición final de residuos sólidos urbanos. A esto se suma una sentencia promovida por Acciones Colectivas Sinaloa que desde años atrás ordenó el cierre del basurón precisamente por operar fuera de la legalidad.

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Un estudio pagado, no localizado

El estudio fue contratado por el Ayuntamiento mediante la licitación pública MMOM-LP-08-2021 denominada «Contratación de servicios para realizar estudios previos, análisis y dictámenes con recursos propios». En el procedimiento participaron Gaia Asesores Inmobiliarios S.A. de C.V. y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mientras la empresa privada presentó una propuesta económica por 2 millones 569 mil 744 pesos, la UNAM cotizó los trabajos en 7 millones 342 mil pesos.

El 28 de junio de 2021, el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Gaia Asesores Inmobiliarios y dos días después firmaron el contrato OM-UA-200/2021 del cual Son Playas tiene una copia, el contrato establece que la empresa debía entregar a Servicios Públicos una serie de estudios especializados para conocer las condiciones ambientales del basurón, entre ellos:

• Caracterización física y microbiológica de los lixiviados.
• Análisis de laboratorio de muestras de agua y lixiviados.
• Diagnóstico del sistema hídrico del basuron.
• Evaluación del comportamiento de los escurrimientos pluviales.
• Diagnóstico del sistema de captación y conducción de lixiviados;
• Evaluación del impacto ambiental del sitio.

El contrato también establece la elaboración de propuestas para implementar medidas de mitigación ambiental y de operación o clausura del basurón, así como un plan de manejo para los siguientes cinco años, es decir, hasta 2026 y precisamente en ese último periodo ocurrió el incendio que derivó en la clausura definitiva del sitio.

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El dinero sí aparece, el estudio no

La cuenta pública de 2021 del Ayuntamiento de Mazatlán consultada por este medio demuestra que el Gobierno municipal pagó en su totalidad el contrato entre julio y diciembre de ese año a través de tres pagos: dos por 770 mil 923.21 pesos y otro por un millón 27 mil 897.62 pesos, en total de 2 millones 569 mil 744.04 pesos, monto establecido en el contrato. 

Esto indica que los comprobantes de pago sí forman parte de la cuenta pública, sin embargo, Son Playas no localizó el estudio ni sus entregables en las plataformas públicas consultadas, tampoco encontró información pública que documente la implementación de las recomendaciones previstas en ese contrato. La ausencia de ese estudio resulta relevante porque se trata del único estudio especializado de este tipo del que existe evidencia documental de contratación y pago por parte del Ayuntamiento para atender el problema del basurón municipal.

La situación irregular en que se encuentra el basurón es conocida ampliamente por las autoridades, ya que existe una sentencia derivada de un juicio promovido la acción colectiva 16/2014 que ordenó el cierre del basurón municipal por operar fuera de la normativa ambiental basado en el derecho al medio ambiente sano.

Un problema que sigue costando

El costo del basurón no termina con el diagnóstico de 2021, cada año el Ayuntamiento destina millones de pesos únicamente para la renta del predio donde opera el sitio, además existe gasto por maquinaria y personal para su operación; tan sólo este 2026, la autoridad municipal destinó 4 millones de pesos a Econal Consultoría y Desarrollo Integral del Norte S.A. de C.V., por la subcontratación de 20 hectáreas donde opera el basurón.

El incendio del pasado 29 de junio volvió a poner en evidencia las condiciones del basurón, ya que durante más de 24 horas una nube de humo cubrió gran parte de la ciudad y la calidad del aire se deterioró; cinco días después, el Gobierno municipal informó que el incendio estaba controlado en un 95 por ciento por parte de Protección Civil y otros apoyos.

Actualmente, el basurón permanece clausurado por la Profepa, pero el Ayuntamiento ha informado que promovió un amparo para continuar depositando la basura en el mismo lugar al tiempo que enfrenta una multa de 10 millones de pesos.

Lo anterior revela que, cinco años después de haber pagado un diagnóstico que debía orientar la operación y la clausura del sitio, la situación sigue sin resolverse frente a los costos económicos y socioambientales de la inacción, del abandono institucional en que ha operado el basurón de Mazatlán durante décadas.

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Michelle Carrere / Mongabay Latam

Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos“, explica.

México: científicos y pescadores buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos. 

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron», dice Ketchum. 

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa. 

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo, donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional. 

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam. Son Playas lo replica con la autorización correspondiente.

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La clausura se dio mientras cuerpos de auxilio intentaban sofocar el incendio que inició desde la tarde del lunes 29 de junio. El delegado de la dependencia en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó el cierre definitivo relacionado al rezago administrativo de largo plazo y no al siniestro, pero no dio mas detalles.

Aparte, testigos del hecho y fuentes cercanas a la dependencia revelaron a Son Playas que la clausura estaba programada para noviembre del año pasado, sin embargo, se otorgó una nueva prórroga luego de que el Ayuntamiento se comprometió a acelerar el proceso para el cierre definitivo y entrega de reportes periódicos de avances, lo cual no ocurrió. De no clausurar el basurón, la Profepa caería en un estado de omisión al incumplir su obligación legal.

Tras la clausura, el Gobierno Municipal emitió un comunicado para precisar que el Ayuntamiento cuenta con un amparo vigente con fecha del 25 de junio, el cual deja sin efectos cualquier procedimiento de clausura. «Actualmente no es posible suspender la operación del Basurón Municipal, ya que no existe otro sitio para la disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio. Por ello, el servicio de recolección y depósito de basura continuará prestándose de manera habitual», se informó.

Respecto a la contingencia por el incendio, se dio a conocer que dentro del mismo predio se habilitó un área para depositar los residuos de manera temporal sin interferir con los trabajos de control; una vez concluida la emergencia, la basura será trasladada al área correspondiente del basurón.

Sobre el incumplimiento

El Ayuntamiento de Mazatlán incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 relacionada con la disposición de final de los residuos sólidos urbanos. De acuerdo con esta regulación técnica de caracter obligatorio, los municipios que operan sitios no controlados, como el basurón de Mazatlán, deben elaborar un plan de clausura y al mismo tiempo deben abrir un relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con el fin de evitar que contaminen el medio ambiente. El cierre definitivo del basurón también requiere de obras de ingeniería y saneamiento para mitigar los impactos ambientales y a la salud pública durante el proceso de estabilización de los residuos que fueron depositados en el vertedero.

Para la construcción del próximo relleno sanitario, el gobierno municipal intentó hacer un compromiso de compra de un predio de 225,000 metros cuadrados ubicado en la comunidad de La Amapa, situada en la sindicatura de El Habal, valuado en 33.7 millones de pesos. La asociación civil Observatorio Ciudadano Mazatlán alertó que el compromiso se realizaría sin contar sin contar con estudios técnicos y ambientales, sin mecanismos de transparencia ni consulta pública.

Habitantes de la zona manifestaron su rechazo a la instalación de un relleno sanitario en ese lugar y debido a la presión social la propuesta fue retirada del orden del día de la sesión de cabildo del 8 de junio, en la cual se pretendía someter a votación. De acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento de Mazatlán en el año 2020 por operar un basurón que incumple con la normatividad. También fue condenado a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental causado por el basurón, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar, sin que hasta el momento se haya cumplido.

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La dependencia federal confirmó que el representante legal, INNS de México S.A. de C.V., desistió del trámite, por lo que dio por concluido el procedimiento y archivó el expediente bajo el nombre “Bitácora de desistimiento 25/DB-0313/04/26”.

A través de una solicitud de acceso a la información, la Semarnat informó que INNS de México S.A. de C.V. notificó por escrito su desistimiento respecto al trámite ingresado en junio de 2024, por lo tanto, resolvió “poner fin al procedimiento administrativo de evaluación en materia de impacto ambiental” correspondiente a la primera fase del proyecto, relacionada con la Fase 1 sección habitacional y sótanos.

Sin embargo, en su respuesta, la Semarnat no precisó los motivos del representante legal para desistir del trámite, tampoco si el promovente podrá retomar este mismo proceso en un futuro, sólo se limitó a informar el cierre del procedimiento administrativo.

Esta construcción estaba proyectada en la Avenida Rafael Buelna, entre las avenidas La Marina y Francisco Solís, en el fraccionamiento El Toreo, una zona habitacional comercial cercana a la playa, con problemas históricos de inundación.

La “Ciudad vertical”

La construcción del World Trade Center Mazatlán era uno de los proyectos más ambiciosos anunciados por el corporativo ARHE. La inversión estimada ascendía a 1 mil 343 millones de pesos y contemplaba el desarrollo de tres torres en una superficie total de 19 mil 450 metros cuadrados, también un hotel, una plaza comercial y una clínica hospital.

Es importante precisar que el trámite presentado ante la Semarnat sólo correspondía a la primera de tres fases previstas para el desarrollo integral. En esta etapa se proyectaba la construcción de las tres torres residenciales de lujo de 25 niveles cada una, con un total de 158 condominios por edificio.

En noviembre de 2024, el Cabildo de Mazatlán aprobó modificaciones al uso de suelo para la zona de El Toreo a solicitud de la empresa INNS de México S.A. de C.V., con el objetivo de incrementar la altura de las edificaciones de este proyecto. La propuesta fue avalada durante una sesión ordinaria, permitiendo que el proyecto pasara de 25 a 30 niveles.

Con esa aprobación, el World Trade Center Mazatlán tomó mayor impulso y se perfiló como uno de los desarrollos verticales más altos del puerto.

Estas modificaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, mediante el Decreto 57 donde se formalizaron los cambios urbanísticos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Ya tenía permisos municipales

Antes de solicitar la autorización de la MIA, el proyecto World Trade Center ya contaba con permisos y dictámenes emitidos por autoridades municipales y federales, así consta en la Manifestación de Impacto Ambiental disponible para consulta pública en el portal de la Semarnat.

De acuerdo con ese expediente, el Ayuntamiento de Mazatlán otorgó el Dictamen de Uso de Suelo 3872/21, emitido en enero de 2024, mediante el cual determinó que el proyecto era compatible con los usos permitidos para la zona de El Toreo; además, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) expidió una carta de factibilidad de servicios fechada el 15 de noviembre de 2023, en la que estableció la viabilidad para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

El expediente también incluye la factibilidad para el suministro y distribución de energía eléctrica, dado por la División de Distribución Noroeste de la CFE donde notifica que existe factibilidad; prácticamente el proyecto tenía los principales permisos para avanzar hacia la autorización de la MIA.

La obra que no será

El World Trade Center fue anunciado en 2022. De acuerdo con publicaciones periodísticas, en septiembre de ese año, el presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, Juan José Arellano Hernández, informó que la meta era concluir el complejo en un plazo de cinco años. La propuesta buscaba incorporar en Mazatlán el concepto de “Ciudad Vertical”, con una inversión estimada en 200 millones de dólares.

El desarrollo prometía generar alrededor de 300 empleos temporales durante la construcción y 200 empleos permanentes una vez en operación.

En distintas plataformas de promoción empresarial y de negocios, el World Trade Center Mazatlán aparecía ya como el primer complejo de usos mixtos bajo el concepto de Ciudad Vertical dentro del Corredor Económico del Norte de México con espacios residenciales, áreas comerciales, servicios médicos, un hotel de negocios y oficinas corporativas de primer nivel, integrados en un complejo de gran altura ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del puerto.

Incluso, la Revista Forbes, publicó en octubre de 202 que la franquicia internacional World Trade Center llegaría a Mazatlán, a través de Grupo ARHE, para convertirse en un importante detonador económico en Sinaloa.

Sin embargo, pese a contar con autorizaciones municipales, factibilidades de servicios y modificaciones urbanísticas aprobadas, el promovente decidió retirar el trámite ambiental ante la Semarnat y hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las razones que motivaron el desistimiento.

Por su parte la Semarnat tampoco ha hecho público el resolutivo en su página oficial, pero sí lo entregó a Son Playas vía acceso a la información.

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Muchas problemáticas socioambientales se han presentado y no hemos estado ahí para documentarlas e informar a nuestra comunidad porque no hemos tenido los medios para hacerlo.

Queremos avisarles que no nos hemos ido, sólo hemos bajado el ritmo de trabajo en lo que encontramos alternativas y alianzas que nos permitan seguir haciendo periodismo de calidad.

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• Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
• El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
• Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
• Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.

La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.

“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.

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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.

“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.

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La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).

En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.

Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.

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Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.

Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.

Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.

El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.

Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.

Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.

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En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».

La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».

Un Sitio Ramsar en riesgo

Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.

Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.

Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.

“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.

Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.

“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.

Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.

“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.

GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.

Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.

En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.

Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.

Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.

“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.

“No producirán un litro de amoniaco”

Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.

La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.

“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.

Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.

Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.

“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.

Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.

“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.

Este reportaje se publicó origialmente por Mongabay. Son Playas lo reproduce con los permisos correspondientes.

Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas

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Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., exigió públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o proceso de compra de terrenos hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma federal que regula la selección de sitios, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios.

A través de un comunicado, la organización ciudadana dio a conocer este domingo que la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán tiene preparado un dictamen para someter a consideración del pleno, el compromiso de compra de un predio de 225,000 m2 ubicado en la sindicatura de El Habal, en una zona conocida como “La Amapa».

«Dicho dictamen, del cual tenemos copia, podría ser discutido y votado en pleno las próximas horas», alertó. La propuesta es impulsada por la Comisión de Hacienda integrada por el regidor, Jesser Yael Martínez Otero, coordinador; y las regidoras Gladys Fabiola Torres Torres, Claudia Gabriela Luna Fernández, Alina Quintero Morales y My-Lai Quintero Beltrán.

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De acuerdo con el dictamen, se plantea un “compromiso de compra” sustentado en una opinión favorable de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), respecto a las condiciones ambientales del predio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado públicamente ningún estudio técnico y legal que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003 para determinar la viabilidad del sitio y cumplir con todos los requisitos que exige el predio donde operará el futuro relleno sanitario de Mazatlán.

«El dictamen también establece que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla ya una disponibilidad de 20 millones de pesos para la adquisición del terreno, pero el predio que se pretende comprometer para compra tiene un valor de 33.7 millones de pesos, es decir, 68.5% por ciento más de lo autorizado originalmente.

Contexto

Actualmente, los residuos de la ciudad se depositan en un tiradero a cielo abierto conocido como «el basurón», que opera desde hace más de 50 años en el Ejido de Urías sin cumplir con la normatividad ambiental. Por esa razón, autoridades ambientales y judiciales del orden estatal y federal condenaron al Ayuntamiento a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar. Por incumplir con la condena, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento en el año 2020, que a la fecha se sigue pagando, según se indica en el dictamen. Además, los incendios han sido una de las consecuencias de la falta de regulación en este sitio.

En el mismo documento, también se menciona que es necesario contar con un predio para instalar un relleno sanitario que cumpla con la normatividad. Para tal efecto, se pretende que el Ayuntamiento firme una promesa de venta, después se realizarán los estudios técnicos y de ser favorables se procederá a la compra-venta definitiva. Aún así, Observatorio Ciudadano Mazatlán enfatizó que la urgencia no puede justificar la omisión de estudios, ni limitar la participación ciudadana o comprometer el presupuesto sin justificación técnica sólida.

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Propuestas para un proceso transparente

Con relación al dictamen de la Comisión de Hacienda, el Observatorio Ciudadano Mazatlán plantea medidas de transparencia en la adquisición del predio que será utilizado para recibir más de 600 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan a diario en la ciudad:

1. Que el Gobierno de Mazatlán se abstenga de comprometer recursos públicos para adquirir cualquier terreno destinado al relleno sanitario mientras no se hayan realizado los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.
2. Que la adquisición del terreno se realice mediante Licitación Pública para garantizar transparencia y competencia, lo que permitirá evaluar otras alternativas que garanticen mejores condiciones para el interés público y no se comprometa una compra dirigida.
3. Que el Gobierno de Mazatlán explique de manera documentada el origen de los 13.7 millones de pesos adicionales necesarios para concretar la compra de un predio que supera significativamente el monto previsto en el presupuesto autorizado; y que justifique en lo más amplio la elección de ese predio en la sindicatura de El Habal.
4. Que se abra una consulta pública efectiva y proactiva con habitantes de las comunidades y poblaciones colindantes al predio propuesto, para garantizar su derecho a participar en las decisiones que impactarán su entorno y su calidad de vida.

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El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Iniciativa de Acceso México manifestaron su preocupación ante la falta de información y efectiva participación del público en la construcción del plan de acción que México debe presentar en la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que se realizará del 21 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas.

A través de un comunicado, manifestron su interés de participar en la elaboración de la versión final de la Hoja de Ruta, un documento estratégico y plan de acción de alto nivel que establece metas, hitos y plazos concretos para guiar las negociaciones climáticas y las acciones de los países.

El documento refiere que el Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México se centra en consolidar los derechos señalados en el párrafo anterior, con un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Tras su ratificación el 5 de noviembre de 2020 y entrada en vigor el 22 de abril de 2021, el país ha trabajado en la construcción e implementación de una Hoja de Ruta que contempla acciones concretas tales como:

• Ajustar leyes nacionales y locales para asegurar estándares uniformes de derechos ambientales.
• Fortalecimiento Institucional, a través de la creación, desde la Semarnat, de «Enlaces del Acuerdo de Escazú» dentro del sector ambiental para dar seguimiento a la instrumentación.
• Realización de talleres nacionales y reuniones de socialización y capacitación con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y academia para definir prioridades y estrategias.
• Transparencia e información a través de la construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo de mecanismos para garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Implementar hojas de ruta a nivel local para fortalecer la gobernanza ambiental en ese ámbito.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que, en la actual administración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido una importante promotora del Acuerdo.  Sin embargo, no ha sido el caso con otras dependencias del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado al resto de las instituciones involucradas en este tema para que muestren el mismo compromiso, a fin de que la ciudadanía pueda contar con información clara sobre los avances en su implementación.

«Es nuestro deseo que, de la COP4 del Acuerdo de Escazú, emerjan claros avances con acciones concretas que apoyen a los Estados Parte en la implementación efectiva de sus obligaciones,  fortalezcan la gobernanza ambiental en la región y contribuyan a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales», manifestáron.

Las decisiones que se adopten en la COP4 deben garantizar que la preparación de planes nacionales y hojas de ruta para la implementación se desarrollen con la  participación significativa del público, especificó la coalisión conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Además, en la COP4 se presentará la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.  México se ha distinguido por el impulso que dio a esta decisión, por lo que este país podría encabezar la convocatoria para que todos los Estados Parte apliquen y den cuenta de las acciones implementadas en este sentido.

«Reiteramos nuestro llamado al gobierno mexicano para que avance de forma clara hacia la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en México. Esto debe realizarse a través de un proceso participativo que dé paso a la construcción de la Hoja de Ruta. De forma paralela, el gobierno debe trabajar por consolidar la participación del público durante la COP4», concluye el comunicado de la Iniciativa de Acceso México.

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Ciudad de México, a 16 de abril del 2026.- El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país. Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas1. Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.

En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado—. Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido. También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este Informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.

Como ya se señaló anteriormente, el gobierno fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión (56.2%, correspondiente a 76 eventos). La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos (9.6%), seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos (8.8%).

Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 322, según se detalló a través de un comunicado.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%. Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7% de los registros. Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales. Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.

Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA.

Por otro lado, este año, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación. Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres. Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.

En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, dijo que “el Informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, al poder legislativo, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y estatales, así como a empresas privadas, a fin de poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales realicen su labor de manera libre y segura. Durante más de una década hemos insistido en que el Estado mexicano debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras”.

Finalmente, el CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuya conferencia de las partes (COP4) está próxima a realizarse este mes de abril, en las Bahamas.

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Hasta el martes de esta semana, se habían cortado trece árboles, según se pudo constatar a través de un recorrido por el área. Se estima que en total se derribarán 18 ejemplares y que en su lugar se introducirá un ducto de desagüe que conectará con el canal pluvial del Infonavit Alarcón, como obra complementaria del puente, de acuerdo a los testimonios de trabajadores que participan en dicho proyecto.

También aseguraron que la tala está respaldada por una carta responsiva firmada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y que se plantarán nuevos arbustos como medida de compensación. Estas afirmaciones coinciden con lo expresado por personal del Departamento de Parques y Jardines que accedieron a hablar con Son Playas de forma anónima, manifestando su inconformidad por el corte.

El mismo martes, Son Playas solicitó una entrevista a la titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, Monserrat Cortés Echeagaray, sobre la tala y los permisos otorgados por esa dependencia municipal, sin embargo, la servidora pública no aceptó la entrevista y en su lugar, pidió a este medio de comunicación que solicite los datos «por la vía oficial», en referencia a la Plataforma Nacional de Transparencia, trámite que ya se encuentra en proceso.

Fuentes cercanas al proyecto del puente vehicular revelaron que la tala de árboles y la introducción del desagüe se realizará en un espacio aproximado de 300 metros, para lo cual es necesario derribar 18 árboles, de los cuales, 15 son neem, dos ficus y un guamuchil. Esta es una de las diversas obras complementarias del puente vehicular, señalaron.

La tala de árboles se ha realizado durante las noches, para lo cual se ha cerrado un carril. Mientras tanto, otros árboles fueron marcados con color rojo previo a su corte.

Por su parte, vecinos del Parque Lineal mostraron su indignación por la remoción de los árboles, considerando que tardan en crecer, que son necesarios para dar sombra y para contrarrestar las altas teperaturas que ya se sienten en la ciudad.

Además, recordaron que el canal pluvial del Infonavit Alarcón, con el cual se pretende conectar el nuevo ducto de desagüe, se rebosa durante la temporada de lluvias, mientras que las calles se inundan. Opinaron que en esas circunstancias, es muy probable que la obra por la cual se cortaron los árboles, no cumplirá con su función.

«¿Por dónde va a salir el agua si todo eso se inunda?; ni los carros pueden pasar por ahí», dijo una señora mientras paseaba a sus perros.

«Estos árboles ya tenían muchos años aquí, ¿para qué los cortan?; mejor hubieran abierto la banqueta», secundó un transeunte

Por último, criticaron la falta de información oficial y el que no se tome en cuenta la opinión de la población antes de intervenir un espacio público que es utilizado todos los días por cientos de personas, ya sea para ejercitarse, por recreación o para trasladarse a sus centros de trabajo y centros de estudio a pie y en bicicleta.

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Lo anterior de acuerdo con el resolutivo con clave 25SI2019TD118 que corresponde a este proyecto, el cual puede consultarse de manera pública en la Gaceta Ecológica de Semarnat. Sin embargo, éste no es el único desarrollo que ha sido negado en los últimos meses, en 2025 la dependencia federal tampoco autorizó la construcción de un complejo habitacional de alta gama de cuatro torres para 75 departamentos en la avenida Ernesto Coppel Campaña, al norte del puerto, porque comprometía el sitio RAMSAR Playa Tortuguera El Verde Camacho.

En ambos casos los particulares pretendían edificar en zonas costeras de alto valor ecológico, esto confirma la existencia de inversionistas interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en espacios naturales, dispuestos a enfrentar procesos largos para lograr permisos de la Semarnat.

Torre Crestón y su propuesta de “rellenar”

En diciembre de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto denominado “Torre Crestón”, cuya inversión prevista era de 20 millones de pesos; el documento de 199 páginas fue ingresado a una primera evaluación en la Delegación Sinaloa, de acuerdo con la información disponible en la Gaceta Ecológica.

La MIA revela que el proyecto consistía en la construcción de una torre condominal de cinco niveles en un predio de 3,880.309 metros cuadrados, ubicado en la calle Capitán Joel Montes Camarena s/n, en un espacio clasificado como zona federal marítimo terrestre y zona marina, aproximadamente a 300 metros del Cerro del Crestón, un espacio natural de identidad emblemática para los mazatlecos.

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De acuerdo con el documento, el proyecto contemplaba áreas verdes, elevador, palapas, albercas, caseta de vigilancia y banquetas propias. Sin embargo, uno de los elementos relevantes era la modificación del litoral costero a través de un relleno en la superfie marítima.

“El terreno donde se desarrollará el proyecto será un terreno que se ganará al mar mediante un relleno de una parte de su superficie”, así lo señala la MIA en la descripción del proyecto. En el documento el promovente también argumentó que uno de los “beneficios” del desarrollo sería evitar la generación de asentamientos irregulares y cambios en el uso de suelo que causan daño a los recursos naturales.

En el apartado de justificación, el particular señaló que la zona donde pretendía las obras se encontraba en área urbana alejada del movimiento portuario, sin afectación a las áreas de pesquería y que la zona enfrentaba altos niveles de contaminación, incluso señaló que, en ese mismo polígono, ya existe infraestructura como el Instituto de Limnología de la UNAM y la planta tratadora de aguas residuales, la cual fue reubicada en Urías en 2021.

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La respuesta de la Semarnat

El enero de 2020 la Semarnart realizó una primera revisión de la MIA, ese mismo año solicitó información adicional llamada “datos de calidad” al promovente, lo que derivó en la suspensión temporal del procedimiento. Sin embargo, el proceso se reactivó en 2021, de acuerdo con la cronología pública del caso.

Ese mismo año, la Semarnat realizó una segunda evaluación y después amplió el plazo de análisis; en junio de 2021 llevó a cabo una tercera revisión del proyecto y no hubo más información pública del seguimiento. La cronología del proceso revela que el caso entró en pausa por más de cuatro años, hasta el pasado 26 de marzo de 2026 cuando la Semarnat hizo público el resolutivo y la notificación al promovente.

En dicho resolutivo -disponible en la Gaceta Ecológica- la dependencia federal informó que el particular no respondió a la petición de información adicional solicitada desde octubre de 2020 y, luego de las evaluaciones, determinó desechar el trámite de la MIA y archivar el expediente como un asunto “totalmente concluido”.

Lo Semarnat también precisó que el promovente mantiene el derecho de retomar el proceso que duró más de seis años, mientras tanto, no podrá realizar ninguna obra relacionada en la zona federal, de lo contrario, será sancionado.

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Otro caso similar: Proyecto de lujo en sitio RAMSAR

El norte de Mazatlán es una de las zonas de mayor plusvalía y desarrollo inmobiliario del puerto, aquí una construcción de lujo buscó el aval de la Semarnat para la construcción de un complejo habitacional frente al mar.

La obra estaba proyectada en la Avenida Ernesto Coppel Campaña, sin embargo, la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto que ya tenía el nombre de “Mazalaya Beach Condos” y constaba de cuatro torres; seis niveles para 75 departamentos, roof garden, alberca, cancha de pádel, restaurantes, bar, incluso, zona para fogatas.

Lo anterior, de acuerdo con la MIA que un particular -en representación de una empresa inmobiliaria- ingresó a la Semarnat en junio de 2024, la cual está a consulta pública con el número de proyecto 25SI2024UD033. En el documento consta que la torre de lujo tenía prevista una inversión de 274 millones de pesos y se pretendía construir en la zona costera conocida como Playa Delfín, en el polígono que compromete el sitio RAMSAR Playa Tortuguera El Verde Camacho, un sitio de refugio para tortugas marinas, reconocido como área de importancia mundial para la conservación ambiental.

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El propio documento reconoce que, parte del predio para la obra, se ubica en zona federal marítimo terrestre y que al momento del estudio ya había trabajos de limpieza, nivelación y delimitación.

La información de la Gaceta Ecológica de la Semarnat revela que este trámite estuvo más de un año en proceso, pasó por tres etapas de evaluación hasta que en abril del año pasado resolvió a negar la autorización y archivar el expediente como asunto concluido. El motivo único fue que este complejo “no es ambientalmente viable” después del analizar la normativa aplicable.

En un contexto de expansión inmobiliaria que enfrenta Mazatlán a partir de la última década, la vigilancia de estos proyectos y la exigencia del cumplimiento de la normativa ambiental y urbana a las autoridades son determinantes para garantizar que el desarrollo urbano se construya bajo criterios ambientales y de sostenibilidad.

De acuerdo con información publicada por Revista Espejo hasta 2024 había un registro de más de mil torres de departamentos para renta vacacional en Mazatlán con permisos del Ayuntamiento, algunas incluso, en áreas sensibles. Es una realidad que detrás del “boom” inmobiliario hay presión a los ecosistemas como ya se percibe en la zona norte, Zona Dorada, el Malecón y el Centro Histórico.

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Por César Ernesto Hernández / Redacción Son Playas

Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán cuenta con un total de 10 playas certificadas que en conjunto suman 3 mil 814 metros. De estos tramos, siete colindan con hoteles, dos se ubican en playas de la avenida Del Mar y uno se localiza en un área natural protegida.

De las 10 playas certificadas, una cuenta con la acreditación de la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 mientras que las nueve restantes tienen la categoría Platino, un distintivo basado en la misma norma, pero más flexible en requisitos y niveles de cumplimiento.

Con el paso del tiempo, las certificaciones de playa en Mazatlán han cambiado tanto en número, como en categoría y extensión. Por ejemplo, el Santuario Playa El Verde Camacho, un área natural protegida dedicada a la conservación de la tortuga golfina, fue certificada por primera vez en 2012 con base en la norma y una extensión de seis kilómetros, cuya extensión se redujo a la mitad en el año 2022, manteniendo la categoría de prioritaria para la conservación.

En noviembre de 2025, la certificación de esa playa disminuyó a 700 metros y se cambió a Platino en la categoría de protección y ornato, modalidad A, que se enfoca en la limpieza e instalación de señalética y contenedores, mientras que la modalidad B suma acciones de seguridad y protección de flora y fauna. La modificación se debió a los costos, según se informó.

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El Verde Camacho se certificó por primera vez en el 2012 con 6 kilómetros. Foto: Archivo Son Playas.

Otro ejemplo de los cambios en materia de certificación es el siguiente: En el año 2022, las playas Luna Bonita (El Sábalo) y Estrella de Mar perdieron la certificación que tenían de acuerdo a la norma mexicana en la categoría recreativa con una longitud de 514 metros y 2 mil 172 metros respectivamente. Años después volvieron a validarse pero como Platino con 82 y 700 metros de extensión, en el orden mencionado. Es decir, también hubo una reducción en la extensión y en el cumplimiento de estándares.

Hasta el 2024, Mazatlán contaba con siete playas certificadas, dos de ellas con bandera Blanca y cinco con Platino, las cuales han refrendado, perdido, recuperado o cambiado sus certificaciones.

A finales de 2025 se validaron tres segmentos nuevos en la modalidad Platino para sumar un total de 10; uno de ellos mide 600 metros de longitud y se ubica entre el Hotel Olas Altas Inn y el Monumento a los Lobos Marinos. El segundo trecho es de 700 metros y abarca del Hotel Holiday Inn Resort a la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO); por último está una franja de 300 metros del Hotel Viaggio al Hotel El Cid, en la Zona Dorada.

Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas (OAP), aseguró que Mazatlán alcanzará el tercer lugar nacional en cuanto a extensión de playas certificadas. Estas acciones están consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 dentro del Eje Estratégico “Mazatlán Moderno y Sostenible”.

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Para cristalizar el logro, añadió, solo falta llevar a cabo la ceremonia oficial de certificación prevista para el mes de mayo.

“El dictamen nos lo entregaron en octubre. Están por llegarnos los certificados y el banderín, y está pendiente el evento de entrega que hacemos cada año”, dijo el administrador a Son Playas.

Pero más allá de la longitud de playas que cuentan con un certificado, existen diferencias entre la validación de NMX-AA-120-SCFI-2016 y Playa Platino. En ambos casos son de cumplimiento voluntario y el organismo certificador es el Instituto Mexicano de Estandarización y Evaluación de la Conformidad (IMEEC), antes Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

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Playa Gaviotas tiene dos tramos certificados como Platino (izquierda) y uno con base en la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 (derecha) Foto: Archivo Son Playas.

Diferencias en la certificación

Mientras que la NMX es el estándar técnico mexicano de mayor exigencia, la certificación Playa Platino plantea menos requerimientos técnicos.

Para obtener la certificación apegada a la norma mexicana se debe cumplir con una serie de requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en dos modalidades: prioritaria para la conservación o uso recreativo. En estos casos, se toma en cuenta la calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios; contaminación por ruido y educación ambiental.

La principal diferencia entre ambas certificaciones se ve reflejado en la dificultad para obtener cada una, pues mientras que la NMXexige requisitos técnicos como sistemas de gestión ya implementados y estudios geográficos detallados en su primer nivel, el distintivo Playa Platino puede obtenerse aplicando jornadas de limpieza periódicas, señalética básica y botes de basura.

En lo que respecta a la vigilancia de la calidad del agua, Playa Platino utiliza las mediciones que ya realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del programa Playas Limpias, mientras que la NMX exige presentar resultados de 12 muestreos semanales continuos realizados durante los tres meses anteriores a la visita de auditoría como condición para iniciar el proceso de acreditación.

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Además, la NMX también requiere de trámites legales y técnicos como un plano georreferenciado, croquis de la microcuenca relacionada y un inventario detallado de flora y fauna. Por su parte, en Playa Platino el proceso se centra en la firma de una carta de interés, un contrato de prestación de servicios y convenios de colaboración con patrocinadores; y su evaluación incluye el envío de evidencia mensual (fotos y videos) de las limpiezas.

En cuanto a sus similitudes, ambas certificaciones clasifican las playas como uso recreativo (actividades de esparcimiento) y de protección o conservación (ubicadas en áreas naturales protegidas o zonas de anidación). También comparten criterios fundamentales como la tenencia legal de la tierra (Concesión o Acuerdo de Destino), monitoreo de calidad del agua (Enterococos) y la gestión integral de residuos sólidos.

Otros esquemas de certificación

Además de la norma NMX y la certificación Playa Platino, en México también operan otros esquemas de validación como la certificación internacional Blue Flag, además del Programa Playas Limpias de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), este último de caracter obligatorio.

El Programa Playas Limpias tiene el objetivo principal de proteger la salud de los usuarios a través del monitoreo de la calidad del agua de las playas mexicanas. Estos monitoreos se realizan de manera recurrente, sobre todo previo a los periodos vacacionales y, en su última revisión dada a conocer apenas este 30 de marzo, la calidad del agua en las playas de Mazatlán se encontró dentro de los parámetros permitidos.

En el caso de Blue Flag, distintivo evaluado por la Foundation for Environmental Education (FEE), es considerado como de los más altos estándares de calidad, y se otorga solo a playas que demuestren excelencia en las áreas de gestión y el manejo ambiental, seguridad, higiene, calidad del agua y educación e información ambiental. Actualmente, Blue Flag reporta 80 playas, 1 marina y 41 embarcaciones certificadas en México, ninguna de ellas en Sinaloa.

Por su parte, desde el ámbito local, en el 2023 el Ayuntamiento de Mazatlán y la Operadora y Administradora de Playas (OAP Mazatlán), promovieron la certificación municipal Azul Océano, diseñado para tramos cortos de playa como frentes de hoteles, con trámites más accesibles y sin costo. Hasta el momento no se reporta ninguna playa con esa validación.

¿Qué dice la ciencia?

Además de estas certificaciones, existe un esfuerzo internacional que, año con año, evalúa y rankea las mejores playas del mundo utilizando criterios científicos, en una propuesta metodológica que busca la conservación ambiental y en la que participan profesionales en el área de la oceanografía, ingenierías, geografía, química, entre otros.

Realizado por el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, el ranking de mejores playas revisa aspectos sanitarios, de protección, conservación y recreación. “Una metodología que combina indicadores ecológicos, sociales, culturales y económicos, permitiendo un análisis sistémico de las playas como territorios complejos y estratégicos”, indica la presentación de la edición 2025 del ranking.

En esta última edición se revisaron 200 playas en 11 países, poco más de 10 mexicanas entre las cuales destacaron las de Jalisco, así como Punta Banda, en Ensenada Baja California, y Anclote en Bahía de Banderas, Nayarit.

A nivel Iberoamérica, solo una playa mexicana se posicionó en el top 10 con el sitio 9 y una calificación de 0.78 en escala 0 a 1. En este caso se trata de la Playa Garza Blanca, ubicada al sur de Puerto Vallarta, Jalisco. Cabe destacar que ninguna playa de Sinaloa fue evaluada en la última edición de este estudio.

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Más allá de las jornadas de limpieza, Mazatlán no cuenta con estrategias de protección y cuidado a largo plazo de su principal capital natural: las playas.

La presencia de basura afecta el atractivo natural de las playas, altera el paisaje al generar contaminación visual, daña al ecosistema y representa un riesgo para la fauna marina que podría ingerirlos o enredarse en ellos, por mencionar algunas afectaciones.

Para este tipo de contaminación no se han anunciado estrategias integrales salvo las labores de recolección de residuos y sensibilización que desde junio de 2025 se inscriben en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

La meta de dicha estrategia es eliminar la totalidad de los desechos plásticos de estos ecosistemas en el año 2030, pero en el caso de Mazatlán solo se realizan jornadas de limpieza periódicas que no resuelven el problema de fondo, pues la ciudad carece de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que impida que la basura llegue de nuevo a las playas, esteros y manglares.

Pese a que estos residuos son una de las principales fuentes contaminantes, no se ha limitado la expedición de plásticos de un solo uso, que en el caso de Sinaloa fueron prohibidos en 2020 tras una reforma legal, y mientras su distribución continúa, se siguen acumulando en las playas y en el mar.

Pese a las limpiezas, la basura sigue llegando a las playas, esteros y manglares. Fotos: Archivo Son Playas.

Otros retos locales son: frenar por completo la contaminación de playas a causa del unicel que se utiliza en la construcción de torres a lo largo del paseo costero y la reactivación del Comité de Playas Limpias, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, debería encargarse de promover el saneamiento de las playas y acuíferos en las zonas costeras para prevenir la contaminación y conservar estos espacios naturales.

Tampoco operan los comités para atender la erosión costera y no se tienen registros oficiales disponibles de la operación del Comité Técnico de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre), una instancia de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, de lo cual no existe una delimitación actualizada.

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Las deficiencias en la infraestructura de drenaje y alcantarillado de la ciudad también tienen un impacto indirecto en los ecosistemas costeros, pues desde siempre, los derrames de aguas negras van a parar a los canales, arroyos, esteros, playas y finalmente al mar, favoreciendo la proliferación de mareas rojas, según reportes de la UNAM.

Por el momento, recoger la basura que otros tiran sin ninguna sanción es una acción que se impulsa a nivel municipal antes, durante y después de periodos vacacionales con la participación de organizaciones ciudadanas, centros educativos y empresas.

Estas labores se complementan con la certificación de tramos de playa, principalmente en la categoría Platino, un distintivo que implica limpieza, vigilancia e instalación de infraestructura. Un problema para dichas regulaciones técnicas es que colindan con otros tramos de playa que no reciben el mismo cuidado, lo que termina afectándolos. En estas circunstancias, la certificación como estrategia tampoco tiene impactos de largo alcance.

Las playas certificadas cuentan con algunas señaléticas que brindan información sobre sus características; pero el resto carece de letreros con datos sobre el ecosistema y las especies de fauna que lo habitan, incluyendo aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo o protección, como las tortugas marinas, pelícanos y aves playeras.

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Además, en Mazatlán suele registrarse un acaparamiento de espacios por la ampliación de palapas o renta de mobiliario, en tanto que los contenedores de basura en accesos de playa llegan a resultar insuficientes en temporadas altas de turismo como Semana Santa, época en la que se llega a generar el doble de desechos en la ciudad, principalmente en la franja costera.

Semana Santa: playas llenas, sin protección ni sanción

Las playas de este municipio costero de Sinaloa recibirán más de un millón de visitantes en Semana Santa 2026; pero no está claro cómo se protegerán de la presión del turismo.

De acuerdo con datos del Gobierno de Mazatlán y la Secretaría de Turismo, en esta temporada se espera una derrama económica estimada en mil 130 millones de pesos y una ocupación hotelera de 84 por ciento; lo que no se informó es una política integral que garantice la protección de playas y los recursos naturales frente al impacto que representa la alta afluencia de usuarios.

Hasta el momento, se han anunciado campañas temporales de limpieza y sensibilización, como las que cada año realiza la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán con la ayuda de estudiantes de diversos planteles educativos.

También se sabe que las 12 playas más visitadas de este destino turístico son aptas para bañistas en Semana Santa 2026, de acuerdo con el monitoreo de calidad del agua realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese monitoreo se centra principalmente en la presencia de bacterias fecales que llegan al océano por medio de aguas residuales, pero no se consideran otras fuentes contaminantes derivadas de la actividad humana, como plásticos y basura en general.

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La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP) intensifica las jornadas de limpieza durante los periodos vacacionales con apoyo de instituciones educativas. Fotos: OAP

A pesar que las playas y los espacios naturales son el principal atractivo de Mazatlán, es común que en cada temporada vacacional se implementen medidas temporales ante la ausencia de programas institucionales para su preservación o sanciones para quien los contamina. Actualmente no hay antecedentes públicos de multas ejemplares a usuarios por ensuciar estos ecosistemas.

Para este periodo vacacional las autoridades tampoco informan públicamente cómo se controlarán, por ejemplo, los accesos a reservas naturales en días de alta concentración de visitantes, zonas de anidación de especies o mecanismos para evitar el ingreso de autos en las playas.

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¿Por qué es importante?

Contar con un plan institucional coordinado y multidisciplinario es importante para proteger, limpiar y preservar las playas y otros ecosistemas costeros de Mazatlán de forma permanente.

La Asociación Civil Mejora Tu Playa, que organiza limpiezas en diversas entidades del país, reconoce que «cuidar las playas va mucho más allá de tener un lugar bonito para vacacionar. Se trata de preservar ecosistemas vitales, proteger la vida marina, garantizar la salud pública y mantener activa una economía que depende del turismo costero».

Por su parte, la oceanóloga especialista en gestión costera, Luana Portz, precisa que «las playas son ecosistemas vitales que no solo ofrecen un espacio para la recreación, sino que
también desempeñan roles ecológicos fundamentales, como la protección contra tormentas y la conservación de la biodiversidad».

Sin embargo, advierte que estos entornos están cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, la urbanización y el turismo masivo, según un artículo publicado en el portal del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS).

Por su parte, organizaciones locales que participan en jornadas de limpieza han reconocido que esta medida es como un «cuento de nunca acabar» si no se acompañan de acciones que frenen las fuentes contaminantes, si no se ordena el uso de la franja costera y no se protegen los recursos naturales de los cuales dependen las principales actividades económicas de Mazatlán.

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Ella fue seleccionada por el proyecto “Rescate de Isla Basura: restauración ambiental y economía circular”, que se enfoca en la prevención de la contaminación marina mediante la recuperación, transformación y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos que son extraídos de los manglares del estero de Urías, Mazatlán, a través de jornadas de limpieza en la que también participa la Unión de Pescadores de Playa Sur, instituciones académicas, comunidades locales y ciudadanía en general.

“Gracias a este trabajo, fui seleccionada para representar a México en el Global Leadership and Innovation Summit, donde jóvenes líderes de todo el mundo nos reuniremos para dialogar sobre transición energética y desarrollo sostenible”, señala Berenice Lizárraga, ingeniera en biotecnología por la Universidad Politécnica de Sinaloa y estudiante de maestría en manejo ambiental en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán.

Campaña de recaudación

Para hacerlo realidad, actualmente impulsa una campaña para cubrir sus vuelos, a través de una rifa de un kit turco personalizado que será seleccionado en Estambul y entregado en México. También realiza una recaudación y una campaña en GoFundMe donde cada aportación suma, por eso, por cada 10 pesos recaudados se compromete a retirar un kilo de basura de los ecosistemas mazatlecos. 

Para Berenice, esta oportunidad representa no solo un logro personal, sino la posibilidad de poner a Mazatlán como ejemplo de que sí es posible restaurar ecosistemas y promover modelos de economía circular comunitarios para transformar residuos en oportunidades.

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Trayectoria

Berenice Lizárraga Lizárraga es impulsora de proyectos de economía circular en Mazatlán. Su trabajo se enfoca en la regeneración ambiental y en darle una segunda vida a los residuos.

Junto con Nithzia Yulen Pineda Mendoza, cofundó Rescate Isla Basura, una iniciativa que busca recuperar la vitalidad de un sitio altamente contaminado por residuos sólidos que viajan desde la ciudad hasta el mar. Por este proyecto, ambas fueron seleccionadas en 2025 para formar parte del Programa Generación de Líderes Ambientales que reúne a jóvenes de Canadá, Estados Unidos y México que han desarrollado soluciones a los desafíos ambientales. 

En 2024, Berenice Lizárraga fue reconocida con el premio Rostros del Medio Ambiente que entrega anualmente la organización Causa Natura. Recientemente fue seleccionada como embajadora de México en la Cumbre Mundial de Liderazgo e Innovación 2026 (Global Leadership and Innovation Summit Turkey 2026), un encuentro internacional que reúne a jóvenes líderes para impulsar soluciones con impacto social y ambiental.

Su trabajo también se enfoca en una de las principales fuentes de contaminación: los residuos orgánicos, que se transforman en biofertilizantes, hidrolizados y biogás mediante procesos como el compostaje, ensilaje y digestión anaerobia. Esta iniciativa se ha llevado a comunidades como Palmillas y Teacapán, y también a colaboraciones con actores locales como la cervecería Tres Islas, dentro de un modelo de economía circular que le ha valido reconocimientos personales y colectivos junto con Viva la Ola A.C., del cual forma parte.

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El monitoreo del agua de mar que realizó Cofepris abarcó el periodo del 03 al 12 de marzo en 289 playas de los principales destinos turísticos de México, en coordinación con instituciones que son parte de la Red Nacional de Salud Pública, como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el objetivo es identificar si alguna playa representa riesgos para la salud pública. En este monitore 2026 sólo la playa Tijuana, en Tijuana, Baja California resultó no apta.

Los enterococos que se buscan son bacterias fecales que llegan a las playas por distintas vías y son causantes de enfermedades graves como infecciones urinarias o intraabdominales como la peritonitis, a su vez, causante de infecciones graves en humanos, de acuerdo con la Cofepris.

En el caso de Mazatlán se tomaron muestras de agua en las playas Cerritos y Zona Dorada en playas conocidas como Playas Zona Dorada I, III, IV y VI, de éstas ninguna rebasó los 22 enterococos por 100 mililitros de agua, resultando sin riesgos para la salud pública, ya que se considera de alto riesgo cuando los enterococos rebasan los 200/100 ml de agua. 

En el caso del monitoreo en Playa del Mar, Playa Norte, Playa Los Pinos (conocida como Pinitos); Playa Olas Altas, Isla de Chivo, Isla El Venado y la Isla de la Piedra resultaron entre 35 y 53 enterococos por cada 100 ml de agua de mar, aunque concentraron mayor cantidad de bacterias que las anteriores, siguen estando dentro del rango bajo permitido por la Cofepris.

¿Cómo saber si una playa es apta para bañarte? | Son Playas

Estos resultados colocan a las principales playas de Mazatlán como aptas para bañistas en estos días de Semana Santa y Semana de Pascua. El siguiente monitoreo está previsto para el periodo vacacional de verano.

En el caso de Sinaloa, se analizó la calidad del agua de un total de 22 tramos de playa; todas resultaron aptas. Puedfes revisar los resultados del monitoreo prevacacional de playas en el estado de Sinaloa, Semana Santa 2026 en este enlace.

ANTECEDENTES

Aunque este primer trimestre de 2026 las playas locales resultaron con bajos niveles de bacterias, en otros periodos vacacionales no fue así, en 2024 Playa Norte estuvo a punto de ser declarada no apta para bañistas previo a Semana Santa, al resultar con 178 enterococos por 100 mililitros de agua, siendo la más sucia de Mazatlán, aún así dentro del rango máximo permitido.

Unos meses antes, en diciembre de 2023, Playa Olas Altas, una de las más emblemáticas del puerto, resultó la más contaminada de Sinaloa con resultados de 829 enterococos por cada 100 mililitros de agua en el monitoreo del periodo Invierno, eso la colocó entre las cinco playas más contaminas de México por sus altos niveles de bacterias fecales concentradas, esto provocó que fuera cerrada por una semanas para disminuir las bacterias por la actividad turística.

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El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

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