Un tramo del malecón de Mazatlán, de aproximadamente 70 metros, colapsó el 23 de junio de 2026 debido al intenso oleaje provocado por el mar de fondo y su reparación podría requerir una inversión cercana a los cinco millones de pesos, de acuerdo con información oficial. Ante este hecho, que podría repetirse en otros sectores, es oportuno recordar la relación que existe entre el diseño estructural de los muros de contención y las condiciones naturales de la costa.

La última remodelación de este espacio público se realizó en el año 2018 con una inversión aproximada de 135 millones de pesos; la obra incluyó el cambio de banquetas, ampliación de explanadas, instalación de mobiliario ubano y construcción de una ciclovia. Además de la renovación de las áreas peatonales y aceras del tramo, se cambió el muro de contención, que anteriormente era diagonal para disipar la fuerza de las marejadas. Desde entonces, el muro del malecón es vertical y recibe el impacto directo de las olas, especialmente en temporada de ciclones.

Estos diques son la primera barrera contra el oleaje y su forma determina la manera en que son afectados por las olas. Una revisión realizada por la Universidad de Miami en 2022 señala que los muros verticales son los más utilizados porque ahorran espacio, pero no permiten la disipación de la energía de las olas que impactan, provocando que los muros se desestabilicen desde la base porque la arena se erosiona.

Otro tipo de muros son los curvos que reducen la energía de la oleada porque la guían hacia arriba; esta estructura costera es más estable aunque su vida útil dependerá del tipo de materiales con que están hechos y de su mantenimiento. En cualquier caso, con el paso del tiempo el concreto se agrieta y las varillas se oxidan por estar en contacto con el agua salada. Por esto se recomienda que el concreto tenga un impermeabilizante. 

“Previo a la construcción de un malecón, se tienen que realizar estudios que determinen las condiciones y energía del oleaje, el viento, los niveles de inundación del sitio, y la composición del suelo” señaló al respecto Victor Nieto, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional.

El especialista mencionó que otra opción para disminuir la energía del oleaje son los rompeolas que se depositan mar adentro, pero su viabilidad dependerá de estudios más detallados para que no afecten procesos naturales, como está ocurriendo con los rompeolas que se construyeron frente a la marina en la zona dorada.

Hasta el momento, Mazatlán no cuenta con un marco normativo sólido que regule y proteja el uso de las playas, ni tampoco un programa para su recuperación y restauración.

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Estructuras costeras y erosión de playas

A finales de junio y a principios de julio se registraron olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, ocasionadas por el mar de fondo, el cual se origina por tormentas del mar que ocurren en zonas alejadas de la costa y que ocasionan un oleaje largo y continúo. 

Cada vez que una ola llega a la costa, la arena que está debajo se remueve; pero la erosión que se observa hoy en día y sus efectos en las costas ya no son a causa de un proceso natural de depósito y remoción de arena, sino debido a una mala gestión y planificación urbana que reduce la capacidad de las playas de ajustarse al continuo depósito y remoción de arena.  Así lo señala una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Ya en 2024, la Secretaría de Turismo señaló que Mazatlán está perdiendo un metro de playa en promedio al año. Las obras construidas a pie de playa que no cuentan con una evaluación de las dinámicas de transporte de sedimentos, oleaje y viento, repercuten directamente en residentes y turistas de Mazatlán. 

Las estructuras rígidas lejos de ‘detener’ el oleaje o la erosión, están distribuyendo la erosión hacia sectores adyacentes. 

Longitud del malecón

Mazatlán cuenta con un paseo costero de 21 kilómetros que se extiende desde La Puntilla hasta Cerritos. De esta longitud, cerca de 8 kilómetros corresponden propiamente al malecón; es decir, la estructura construida de forma contínua y paralela al mar que va desde la glorieta del Monumento a la Familia hasta Olas Altas.

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El hallazgo cobra relevancia porque el pasado 29 de junio un incendio consumió parte del basurón ubicado en el ejido de Urías, al sur de la ciudad, deterioró la calidad del aire y evidenció nuevamente las condiciones de irregularidad en las que históricamente ha operado el basurón.

Este hecho obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar de manera definitiva el sitio, además impuso al Ayuntamiento una multa de 10 millones de pesos, por el incumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula la disposición final de residuos sólidos urbanos. A esto se suma una sentencia promovida por Acciones Colectivas Sinaloa que desde años atrás ordenó el cierre del basurón precisamente por operar fuera de la legalidad.

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Un estudio pagado, no localizado

El estudio fue contratado por el Ayuntamiento mediante la licitación pública MMOM-LP-08-2021 denominada «Contratación de servicios para realizar estudios previos, análisis y dictámenes con recursos propios». En el procedimiento participaron Gaia Asesores Inmobiliarios S.A. de C.V. y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mientras la empresa privada presentó una propuesta económica por 2 millones 569 mil 744 pesos, la UNAM cotizó los trabajos en 7 millones 342 mil pesos.

El 28 de junio de 2021, el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Gaia Asesores Inmobiliarios y dos días después firmaron el contrato OM-UA-200/2021 del cual Son Playas tiene una copia, el contrato establece que la empresa debía entregar a Servicios Públicos una serie de estudios especializados para conocer las condiciones ambientales del basurón, entre ellos:

• Caracterización física y microbiológica de los lixiviados.
• Análisis de laboratorio de muestras de agua y lixiviados.
• Diagnóstico del sistema hídrico del basuron.
• Evaluación del comportamiento de los escurrimientos pluviales.
• Diagnóstico del sistema de captación y conducción de lixiviados;
• Evaluación del impacto ambiental del sitio.

El contrato también establece la elaboración de propuestas para implementar medidas de mitigación ambiental y de operación o clausura del basurón, así como un plan de manejo para los siguientes cinco años, es decir, hasta 2026 y precisamente en ese último periodo ocurrió el incendio que derivó en la clausura definitiva del sitio.

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El dinero sí aparece, el estudio no

La cuenta pública de 2021 del Ayuntamiento de Mazatlán consultada por este medio demuestra que el Gobierno municipal pagó en su totalidad el contrato entre julio y diciembre de ese año a través de tres pagos: dos por 770 mil 923.21 pesos y otro por un millón 27 mil 897.62 pesos, en total de 2 millones 569 mil 744.04 pesos, monto establecido en el contrato. 

Esto indica que los comprobantes de pago sí forman parte de la cuenta pública, sin embargo, Son Playas no localizó el estudio ni sus entregables en las plataformas públicas consultadas, tampoco encontró información pública que documente la implementación de las recomendaciones previstas en ese contrato. La ausencia de ese estudio resulta relevante porque se trata del único estudio especializado de este tipo del que existe evidencia documental de contratación y pago por parte del Ayuntamiento para atender el problema del basurón municipal.

La situación irregular en que se encuentra el basurón es conocida ampliamente por las autoridades, ya que existe una sentencia derivada de un juicio promovido la acción colectiva 16/2014 que ordenó el cierre del basurón municipal por operar fuera de la normativa ambiental basado en el derecho al medio ambiente sano.

Un problema que sigue costando

El costo del basurón no termina con el diagnóstico de 2021, cada año el Ayuntamiento destina millones de pesos únicamente para la renta del predio donde opera el sitio, además existe gasto por maquinaria y personal para su operación; tan sólo este 2026, la autoridad municipal destinó 4 millones de pesos a Econal Consultoría y Desarrollo Integral del Norte S.A. de C.V., por la subcontratación de 20 hectáreas donde opera el basurón.

El incendio del pasado 29 de junio volvió a poner en evidencia las condiciones del basurón, ya que durante más de 24 horas una nube de humo cubrió gran parte de la ciudad y la calidad del aire se deterioró; cinco días después, el Gobierno municipal informó que el incendio estaba controlado en un 95 por ciento por parte de Protección Civil y otros apoyos.

Actualmente, el basurón permanece clausurado por la Profepa, pero el Ayuntamiento ha informado que promovió un amparo para continuar depositando la basura en el mismo lugar al tiempo que enfrenta una multa de 10 millones de pesos.

Lo anterior revela que, cinco años después de haber pagado un diagnóstico que debía orientar la operación y la clausura del sitio, la situación sigue sin resolverse frente a los costos económicos y socioambientales de la inacción, del abandono institucional en que ha operado el basurón de Mazatlán durante décadas.

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La clausura se dio mientras cuerpos de auxilio intentaban sofocar el incendio que inició desde la tarde del lunes 29 de junio. El delegado de la dependencia en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó el cierre definitivo relacionado al rezago administrativo de largo plazo y no al siniestro, pero no dio mas detalles.

Aparte, testigos del hecho y fuentes cercanas a la dependencia revelaron a Son Playas que la clausura estaba programada para noviembre del año pasado, sin embargo, se otorgó una nueva prórroga luego de que el Ayuntamiento se comprometió a acelerar el proceso para el cierre definitivo y entrega de reportes periódicos de avances, lo cual no ocurrió. De no clausurar el basurón, la Profepa caería en un estado de omisión al incumplir su obligación legal.

Tras la clausura, el Gobierno Municipal emitió un comunicado para precisar que el Ayuntamiento cuenta con un amparo vigente con fecha del 25 de junio, el cual deja sin efectos cualquier procedimiento de clausura. «Actualmente no es posible suspender la operación del Basurón Municipal, ya que no existe otro sitio para la disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio. Por ello, el servicio de recolección y depósito de basura continuará prestándose de manera habitual», se informó.

Respecto a la contingencia por el incendio, se dio a conocer que dentro del mismo predio se habilitó un área para depositar los residuos de manera temporal sin interferir con los trabajos de control; una vez concluida la emergencia, la basura será trasladada al área correspondiente del basurón.

Sobre el incumplimiento

El Ayuntamiento de Mazatlán incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 relacionada con la disposición de final de los residuos sólidos urbanos. De acuerdo con esta regulación técnica de caracter obligatorio, los municipios que operan sitios no controlados, como el basurón de Mazatlán, deben elaborar un plan de clausura y al mismo tiempo deben abrir un relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con el fin de evitar que contaminen el medio ambiente. El cierre definitivo del basurón también requiere de obras de ingeniería y saneamiento para mitigar los impactos ambientales y a la salud pública durante el proceso de estabilización de los residuos que fueron depositados en el vertedero.

Para la construcción del próximo relleno sanitario, el gobierno municipal intentó hacer un compromiso de compra de un predio de 225,000 metros cuadrados ubicado en la comunidad de La Amapa, situada en la sindicatura de El Habal, valuado en 33.7 millones de pesos. La asociación civil Observatorio Ciudadano Mazatlán alertó que el compromiso se realizaría sin contar sin contar con estudios técnicos y ambientales, sin mecanismos de transparencia ni consulta pública.

Habitantes de la zona manifestaron su rechazo a la instalación de un relleno sanitario en ese lugar y debido a la presión social la propuesta fue retirada del orden del día de la sesión de cabildo del 8 de junio, en la cual se pretendía someter a votación. De acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento de Mazatlán en el año 2020 por operar un basurón que incumple con la normatividad. También fue condenado a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental causado por el basurón, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar, sin que hasta el momento se haya cumplido.

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Ante la inminente intención del Gobierno de Mazatlán de adquirir un predio en la sindicatura de El Habal para la construcción del próximo relleno sanitario, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., exigió públicamente al Cabildo y a las autoridades involucradas detener cualquier autorización, compromiso o proceso de compra de terrenos hasta que se realicen y sean públicos todos los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003, norma federal que regula la selección de sitios, diseño, construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios.

A través de un comunicado, la organización ciudadana dio a conocer este domingo que la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán tiene preparado un dictamen para someter a consideración del pleno, el compromiso de compra de un predio de 225,000 m2 ubicado en la sindicatura de El Habal, en una zona conocida como “La Amapa».

«Dicho dictamen, del cual tenemos copia, podría ser discutido y votado en pleno las próximas horas», alertó. La propuesta es impulsada por la Comisión de Hacienda integrada por el regidor, Jesser Yael Martínez Otero, coordinador; y las regidoras Gladys Fabiola Torres Torres, Claudia Gabriela Luna Fernández, Alina Quintero Morales y My-Lai Quintero Beltrán.

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De acuerdo con el dictamen, se plantea un “compromiso de compra” sustentado en una opinión favorable de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), respecto a las condiciones ambientales del predio. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado públicamente ningún estudio técnico y legal que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003 para determinar la viabilidad del sitio y cumplir con todos los requisitos que exige el predio donde operará el futuro relleno sanitario de Mazatlán.

«El dictamen también establece que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla ya una disponibilidad de 20 millones de pesos para la adquisición del terreno, pero el predio que se pretende comprometer para compra tiene un valor de 33.7 millones de pesos, es decir, 68.5% por ciento más de lo autorizado originalmente.

Contexto

Actualmente, los residuos de la ciudad se depositan en un tiradero a cielo abierto conocido como «el basurón», que opera desde hace más de 50 años en el Ejido de Urías sin cumplir con la normatividad ambiental. Por esa razón, autoridades ambientales y judiciales del orden estatal y federal condenaron al Ayuntamiento a implementar medidas cautelares y a reparar o compensar el daño ambiental, lo que implica dejar de depositar la basura en este lugar. Por incumplir con la condena, el poder judicial impuso una multa de 51 millones 228 mil 571 pesos al Ayuntamiento en el año 2020, que a la fecha se sigue pagando, según se indica en el dictamen. Además, los incendios han sido una de las consecuencias de la falta de regulación en este sitio.

En el mismo documento, también se menciona que es necesario contar con un predio para instalar un relleno sanitario que cumpla con la normatividad. Para tal efecto, se pretende que el Ayuntamiento firme una promesa de venta, después se realizarán los estudios técnicos y de ser favorables se procederá a la compra-venta definitiva. Aún así, Observatorio Ciudadano Mazatlán enfatizó que la urgencia no puede justificar la omisión de estudios, ni limitar la participación ciudadana o comprometer el presupuesto sin justificación técnica sólida.

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Propuestas para un proceso transparente

Con relación al dictamen de la Comisión de Hacienda, el Observatorio Ciudadano Mazatlán plantea medidas de transparencia en la adquisición del predio que será utilizado para recibir más de 600 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan a diario en la ciudad:

1. Que el Gobierno de Mazatlán se abstenga de comprometer recursos públicos para adquirir cualquier terreno destinado al relleno sanitario mientras no se hayan realizado los estudios técnicos, ambientales y legales que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.
2. Que la adquisición del terreno se realice mediante Licitación Pública para garantizar transparencia y competencia, lo que permitirá evaluar otras alternativas que garanticen mejores condiciones para el interés público y no se comprometa una compra dirigida.
3. Que el Gobierno de Mazatlán explique de manera documentada el origen de los 13.7 millones de pesos adicionales necesarios para concretar la compra de un predio que supera significativamente el monto previsto en el presupuesto autorizado; y que justifique en lo más amplio la elección de ese predio en la sindicatura de El Habal.
4. Que se abra una consulta pública efectiva y proactiva con habitantes de las comunidades y poblaciones colindantes al predio propuesto, para garantizar su derecho a participar en las decisiones que impactarán su entorno y su calidad de vida.

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El mapahui, conformado por el estero y un cerro en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, es un lugar sagrado y de disfrute de la comunidad mayo-yoreme. Por generaciones, ahí pescaban, cocinaban y comían debajo de los mangles.

Entre 2014 y 2015 vieron cómo se desmontó y rellenó una parte de ese espacio, según el testimonio de Claudia Quintero, mujer indígena de la comunidad mayo-yoreme. No sabían quién estaba haciendo ni para qué, hasta que en 2017 se enteraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) pretendía construir ahí la planta de amoníaco más grande de América Latina.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de la planta de amoníaco, sin embargo, debido a diversos recursos legales interpuestos por la comunidad mayo-yoreme, las obras se retrasaron y, hasta el cierre de abril, la planta tenía un avance general del 88%.

“De acuerdo con la planeación actual del proyecto, el inicio de operaciones está previsto para finales del primer semestre de 2027, una vez concluidas las etapas restantes de construcción, pruebas técnicas y el arranque gradual de sistemas, conforme a estándares

de seguridad y operación aplicables”, respondió Proman GPO, el grupo de empresas del que forma parte GPO, al cuestionario enviado por Causa Natura Media a través de correo electrónico.

Pese a este avance, integrantes de la comunidad aseguran que buscarán frenar la operación de la planta, debido al riesgo que representa para el ambiente y para su cultura.

“Si sigue construyéndose, nosotros vamos a seguir luchando para que la operatividad de la planta se detenga total y absolutamente. Ya detuvimos por 10 años su construcción y quién nos dice que no podamos detener también su operación”, señaló Quintero.

El sitio Ramsar frente a la industria

La planta está en construcción sobre el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves migratorias y la pesca local. Este sistema ha estado bajo la amenaza de proyectos de gas desde que se construyó el gasoducto El Encino-Topolobampo destinado a alimentar diferentes proyectos, entre ellos la planta de amoníaco, según explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.

La autorización otorgada por la Semarnat incluye la construcción y operación de una planta para la producción de amoníaco anhidro con una capacidad de 2 mil 200 toneladas diarias, un gasoducto de mil 830 metros de longitud; y un ducto para el transporte de amoníaco de 9 mil metros de longitud.

Además, contempla una planta desaladora que descargará cerca de 812 metros cúbicos por hora a la bahía; una planta de aguas residuales; y líneas de conducción de aguas de mar y tubería de descarga de aguas residuales. Todo en un predio de 202.57 hectáreas.

La operación de la planta, tal como está autorizada, significaría el colapso ecológico-social del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que es un humedal considerado sitio Ramsar por su alto valor ecológico, señala el comunicado publicado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

“La designación Ramsar… por sí misma no implica una prohibición automática de actividades productivas, sino la obligación de asegurar un aprovechamiento sustentable acorde con las características del sitio… Se concluyó que el proyecto es compatible con los valores ecológicos identificados, en la medida en que se implementen las medidas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo comprometidas”, aseguró Proman GPO.

Durante 2025, avanzó la construcción de la planta y enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas mayo-yoreme de la región, quienes aseguran que la consulta indígena del proyecto fue irregular, al ampliar la zona a consultar y así conseguir apoyo a favor de otras comunidades, de acuerdo con el testimonio de Quintero.

“Bajo ese pretexto se impulsó la construcción, pero el pueblo mayo-yoreme sigue sin dar su consentimiento”, señaló Campero.

Ante estos señalamientos Proman GPO aseguró que, “ha actuado en todo momento en estricto apego al marco legal mexicano y a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas… el proyecto fue precedido por un proceso formal de consulta indígena, coordinado y conducido por autoridades federales competentes, conforme a la normatividad vigente, garantizando información oportuna, participación y espacios de deliberación”, y que, “más allá del cumplimiento legal, la empresa mantiene canales permanentes de diálogo de buena fe a través de su Enlace Comunitario, en coordinación con autoridades tradicionales y distintos grupos comunitarios”.

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Medidas de compensación

Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, la empresa declaró que en la zona de instalación no se haría remoción, poda o trasplante de manglar, por lo que no violaría el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual contradice lo observado por el pueblo mayo-yoreme.

Además, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, toda actividad productiva debe ubicarse a 100 metros de la vegetación de los humedales costeros. Sin embargo, la Semarnat autorizó una excepción a dicha medida y una compensación que incluye la reforestación de manglar en un área de 21 mil metros cuadrados.

“Es como decirle a alguien que le amputen una pierna y que el plan remedial es ponerle prótesis. Pero es algo que ya destruyeron. Están invadiendo mi ser, mi cuerpo al invadir mi territorio, porque yo soy el territorio. Porque el territorio vive en mí, yo vivo en el territorio”, señaló Quintero.

Al ser cuestionada, la empresa promovente del proyecto sostuvo que en el sitio no había vegetación antes de su instalación.

“El análisis técnico‐legal del sitio identificó que la superficie se localiza en un predio previamente transformado por infraestructura existente, con cobertura vegetal mayoritariamente nula o vegetación no forestal… De manera puntual se precisa que, durante los trabajos del proyecto, no se realizó remoción de manglar… A finales de 2013, personal de Semarnat y Profepa acudió al sitio para verificar la situación del manglar en el área específica del proyecto, confirmando que no había presencia de este tipo de vegetación dentro del predio”, respondió Proman.

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Campero denunció que dentro del análisis realizado por la autoridad, no se consideran impactos externos del proyecto, ya que tanto la empresa como la autoridad sólo han evaluado el impacto en el sitio donde se va a instalar, y no en los alrededores del proyecto, ni tampoco los impactos socioculturales.

“Al afectar la bahía, también se ve afectada la cosmovisión indígena que tiene una conexión muy fuerte con este sitio de forma integral”, señaló Campero.

La búsqueda de apoyo en Alemania

A lo largo de los últimos 10 años, la comunidad emprendió diversas estrategias, entre ellas asambleas comunitarias, campañas de difusión de la información del proyecto, y la interposición de amparos. La más reciente estrategia fue viajar a Alemania, ya que la empresa promovente del proyecto es financiada principalmente por el banco alemán KfW-IPEX.

“La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a mil 800 millones de dólares.El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento internacional estructurado, con la participación de instituciones financieras de primer nivel y un sindicato bancario encabezado por KfW Development Bank, con el respaldo del sistema de garantías de

exportación del Gobierno de Alemania”, confirmó Proman GPO.

El 24 de marzo de 2026 una delegación del colectivo en defensa del territorio y medio ambiente ¡Aquí No! presentó una queja formal ante el banco KfW- IPEX, en un intento por visibilizar las deficiencias y riesgos del proyecto que ellos identifican en el país que lo financia.

“El banco alemán es público, entonces hay un respaldo gubernamental al proyecto porque el dinero al fin de cuentas termina siendo público”, señaló Campero.

Lo que esperan de toda esta estrategia es que el banco desinvierta en el proyecto al considerarlo inviable para la bahía y las personas que habitan en ella.

“Lo correcto sería desinvertir, y si se detiene el flujo de dinero, eso pondría en muchos problemas a la empresa GPO para continuar el proyecto”, señaló Campero.

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Expectativas del futuro

Topolobampo es un puerto industrial y turístico de Sinaloa donde no solo existe interés por construir una planta de amoníaco, sino que recientemente también se buscaba instalar una terminal de exportación de gas fósil impulsada por Sempra Infrastructure, que canceló el proyecto en marzo de 2026.

“La victoria más destacada en este momento definitivamente es la cancelación de Vista Pacífico. Y, si se cayó Vista Pacífico, se pueden caer fácilmente Saguaro, Amigo LNG y la planta de amoníaco, y en eso estamos trabajando”, señaló Campero.

También en la bahía de Ohuira está en construcción la planta Mexinol que producirá metanol, requerirá suministro de gas fósil y que, de acuerdo con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, será la más grande del mundo.

“En un mismo espacio había tres proyectos. Ya te deshiciste de uno (Vista Pacífico), pero tienes dos (Planta GPO y Mexinol) que son amenazas fuertes para la vida y que están totalmente relacionados con un interés de colocar el gas que le sobra a Estados Unidos, darle valor agregado y venderlo”, explicó Campero.

Quintero señala que los amparos que han interpuesto han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, agotando todas las instancias nacionales, por lo que ahora esperan que los casos sean admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de proteger derechos fundamentales en el continente americano, y están a la espera de que este sea admitido.

“Esta lucha no es solo de los yoremes, es de todos porque es para un mejor futuro para todos. Porque la bahía forma parte de un sistema lagunar de importancia internacional y si este ecosistema desaparece, gran parte de la biodiversidad del mundo desaparece con él. La lucha por ella es de todos y para todos”, señaló Quintero.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media. Son Playas replica el contenido con la autorización correspondiente.

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Más allá de las jornadas de limpieza, Mazatlán no cuenta con estrategias de protección y cuidado a largo plazo de su principal capital natural: las playas.

La presencia de basura afecta el atractivo natural de las playas, altera el paisaje al generar contaminación visual, daña al ecosistema y representa un riesgo para la fauna marina que podría ingerirlos o enredarse en ellos, por mencionar algunas afectaciones.

Para este tipo de contaminación no se han anunciado estrategias integrales salvo las labores de recolección de residuos y sensibilización que desde junio de 2025 se inscriben en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

La meta de dicha estrategia es eliminar la totalidad de los desechos plásticos de estos ecosistemas en el año 2030, pero en el caso de Mazatlán solo se realizan jornadas de limpieza periódicas que no resuelven el problema de fondo, pues la ciudad carece de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que impida que la basura llegue de nuevo a las playas, esteros y manglares.

Pese a que estos residuos son una de las principales fuentes contaminantes, no se ha limitado la expedición de plásticos de un solo uso, que en el caso de Sinaloa fueron prohibidos en 2020 tras una reforma legal, y mientras su distribución continúa, se siguen acumulando en las playas y en el mar.

Pese a las limpiezas, la basura sigue llegando a las playas, esteros y manglares. Fotos: Archivo Son Playas.

Otros retos locales son: frenar por completo la contaminación de playas a causa del unicel que se utiliza en la construcción de torres a lo largo del paseo costero y la reactivación del Comité de Playas Limpias, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, debería encargarse de promover el saneamiento de las playas y acuíferos en las zonas costeras para prevenir la contaminación y conservar estos espacios naturales.

Tampoco operan los comités para atender la erosión costera y no se tienen registros oficiales disponibles de la operación del Comité Técnico de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre), una instancia de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, de lo cual no existe una delimitación actualizada.

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Las deficiencias en la infraestructura de drenaje y alcantarillado de la ciudad también tienen un impacto indirecto en los ecosistemas costeros, pues desde siempre, los derrames de aguas negras van a parar a los canales, arroyos, esteros, playas y finalmente al mar, favoreciendo la proliferación de mareas rojas, según reportes de la UNAM.

Por el momento, recoger la basura que otros tiran sin ninguna sanción es una acción que se impulsa a nivel municipal antes, durante y después de periodos vacacionales con la participación de organizaciones ciudadanas, centros educativos y empresas.

Estas labores se complementan con la certificación de tramos de playa, principalmente en la categoría Platino, un distintivo que implica limpieza, vigilancia e instalación de infraestructura. Un problema para dichas regulaciones técnicas es que colindan con otros tramos de playa que no reciben el mismo cuidado, lo que termina afectándolos. En estas circunstancias, la certificación como estrategia tampoco tiene impactos de largo alcance.

Las playas certificadas cuentan con algunas señaléticas que brindan información sobre sus características; pero el resto carece de letreros con datos sobre el ecosistema y las especies de fauna que lo habitan, incluyendo aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo o protección, como las tortugas marinas, pelícanos y aves playeras.

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Además, en Mazatlán suele registrarse un acaparamiento de espacios por la ampliación de palapas o renta de mobiliario, en tanto que los contenedores de basura en accesos de playa llegan a resultar insuficientes en temporadas altas de turismo como Semana Santa, época en la que se llega a generar el doble de desechos en la ciudad, principalmente en la franja costera.

Semana Santa: playas llenas, sin protección ni sanción

Las playas de este municipio costero de Sinaloa recibirán más de un millón de visitantes en Semana Santa 2026; pero no está claro cómo se protegerán de la presión del turismo.

De acuerdo con datos del Gobierno de Mazatlán y la Secretaría de Turismo, en esta temporada se espera una derrama económica estimada en mil 130 millones de pesos y una ocupación hotelera de 84 por ciento; lo que no se informó es una política integral que garantice la protección de playas y los recursos naturales frente al impacto que representa la alta afluencia de usuarios.

Hasta el momento, se han anunciado campañas temporales de limpieza y sensibilización, como las que cada año realiza la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán con la ayuda de estudiantes de diversos planteles educativos.

También se sabe que las 12 playas más visitadas de este destino turístico son aptas para bañistas en Semana Santa 2026, de acuerdo con el monitoreo de calidad del agua realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese monitoreo se centra principalmente en la presencia de bacterias fecales que llegan al océano por medio de aguas residuales, pero no se consideran otras fuentes contaminantes derivadas de la actividad humana, como plásticos y basura en general.

Revisa: Deterioro, desorden e ilegalidad en playas de Mazatlán: especialistas

La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP) intensifica las jornadas de limpieza durante los periodos vacacionales con apoyo de instituciones educativas. Fotos: OAP

A pesar que las playas y los espacios naturales son el principal atractivo de Mazatlán, es común que en cada temporada vacacional se implementen medidas temporales ante la ausencia de programas institucionales para su preservación o sanciones para quien los contamina. Actualmente no hay antecedentes públicos de multas ejemplares a usuarios por ensuciar estos ecosistemas.

Para este periodo vacacional las autoridades tampoco informan públicamente cómo se controlarán, por ejemplo, los accesos a reservas naturales en días de alta concentración de visitantes, zonas de anidación de especies o mecanismos para evitar el ingreso de autos en las playas.

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¿Por qué es importante?

Contar con un plan institucional coordinado y multidisciplinario es importante para proteger, limpiar y preservar las playas y otros ecosistemas costeros de Mazatlán de forma permanente.

La Asociación Civil Mejora Tu Playa, que organiza limpiezas en diversas entidades del país, reconoce que «cuidar las playas va mucho más allá de tener un lugar bonito para vacacionar. Se trata de preservar ecosistemas vitales, proteger la vida marina, garantizar la salud pública y mantener activa una economía que depende del turismo costero».

Por su parte, la oceanóloga especialista en gestión costera, Luana Portz, precisa que «las playas son ecosistemas vitales que no solo ofrecen un espacio para la recreación, sino que
también desempeñan roles ecológicos fundamentales, como la protección contra tormentas y la conservación de la biodiversidad».

Sin embargo, advierte que estos entornos están cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, la urbanización y el turismo masivo, según un artículo publicado en el portal del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS).

Por su parte, organizaciones locales que participan en jornadas de limpieza han reconocido que esta medida es como un «cuento de nunca acabar» si no se acompañan de acciones que frenen las fuentes contaminantes, si no se ordena el uso de la franja costera y no se protegen los recursos naturales de los cuales dependen las principales actividades económicas de Mazatlán.

La entrada Playas de Mazatlán, sin estrategias de protección a largo plazo se publicó primero en Son Playas.

El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

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La exposición estará abierta al público en general desde las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. El programa se complementa con dos charlas, una sobre manglares y otra sobre la plataforma iNaturalist; previstas a las 10:00 y 11:00 respectivamente. la primera estará a cargo de la organización Conciencias mientras que la segunda será impartida por el biólogo Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de iNaturalist Mx.

En el área de exposiciones se abordarán diversas temáticas, como la cadena alimentica marina, aves, tortugas, economía circular, ecoturismo, compostaje, cultura forestal, ordenamiento territorial, contaminación lumínica, ecoturismo, manglares, jaguares, venados, caracolas, monitoreo de costa, cuidado del agua y parásitos de peces.

También se mostrará cómo se usan los drones en la investigación científica y la relevancia de la selva baja caducifolia que es destruida por la expansión urbana en Mazatlán, ecosistema al que se dedicará la edición de este año, por ser uno de los más amenazados del mundo, particularmente en Mazatlán, debido a la expansión urbana.

Hasta la tarde del martes 17 de marzo se habían inscrito 56 participantes.

Este evento se realiza anualmente de forma autogestiva como parte de los festejos de aniversario de Son Playas para hacer visible la utilidad pública del periodismo especializado, que además de informar, sirve como conducto para que la población encuentre opciones de participación ciudadana, educación ambiental, vinculación y atención.

Novedades de la expo ambiental

Por primera vez se contará con la participación de seis áreas naturales protegidas en diversas categorías: Juan M. Banderas ubicada en Escuinapa; Meseta de
Cacaxtla localizada entre San Ignacio y Mazatlán; Huizache-Caimanero,
correspondiente a Rosario y Mazatlán; además del Santuario Tortuguero El Verde
Camacho, Mazatlán. De igual forma se suma Paco’s Reserva de Flora y Fauna, un
área natural protegida destinada voluntariamente a la conservación que se localiza al
norte de la ciudad. Adicionalmente, se contará con la participación de la Reserva de la
Biosfera Islas Marías.

La Expo Ambiental Son Playas se realiza regularmente en espacios públicos de la ciudad de Mazatlán, pero desde el 2025 se trasladó a universidades locales para acercar la muestra a las juventudes, según dio a conocer su directora fundadora, Raquel Zapien, durante una rueda de prensa en la cual también participaron David Noriega Urquídez, director de ITMAZ, y Lorena Páez Brito, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable (IMDESU), quienes invitaron a todos los sectores a visitar la muestra.

Por un mismo fin

David Noriega manifestó que por parte del ITMAZ existe el compromiso de fomentar la sostenibilidad entre la comunidad estudiantil y académica, de ahí que aceptó ser la sede de la Expo Ambiental Son Playas de este año.

Por su parte, Lorena Páez reconoció que el periodismo y las acciones de vinculación que realiza Son Playas desde hace siete años contribuyen a la educación ambiental y fomentan la participación ciudadana. Finalmente hizo un llamado a los sectores productivos, colegios de ingenieros y arquitectos; así como a las cámaras empresariales e instituciones educativas, para que visiten la expo y adquieran información que les ayude a contribuir con el desarrollo sostenible que necesita Mazatlán.

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PARTICIPANTES

1. Reserva de la Biosfera Islas Marías.
2. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Juan M Banderas.
3. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla.
4. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Huizache-Caimanero.
5. Santuario Tortuguero El Verde Camacho.
6. Paco’s Reserva de Flora y Fauna.
7. Santuario Tortuguero Estrella del Mar.
8. Biodiversidad del Ejido Barrón.
9. Museo del Jaguar (San Ignacio).
10. Conselva, Costas y Comunidades A.C.
11. Viva la Ola A.C./Isla Basura.
12. Humedales Sustentables A.C.
13. Plataforma iNaturalist Mx (CDMX).
14. Colectivo conCiencias (CDMX).
15. Mantarrayas Team.
16. AstroNat.
17. Connaturaleza.
18. Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable.
19. Jóvenes Por la Conservación del Pacífico (JOCOPP).
20. Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.
21. Comité de Natación de Aguas Abiertas de Mazatlán.
22. Hagamos Composta Mazatlán.
23. El Macetero.
24. Cerritos Sea Turtle Rescue.
25. La Cochinilla Teatro.
26. Charas Sinaloa.
27. Interacción Luciérnaga y Santuario de los venados playa selva Sak Nikté
    Mazatlán.
28. Mazorden
29. Mi jardín polinizador.
30. Bird Watching Mazatlán.
31. Colonias de la Isla en Acción A.C.
32. Faro Defensa Ambiental.
33. Endémica
34. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal
    Anticorrupción de Sinaloa.
35. ECON
36. CEMAZ
37. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
38. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
39. Instituto Tecnológico de Mazatlán – TecNM.
40. Facultad de Ciencias del Mar de la UAS.
41. Unidad de Bienestar Universitario de la UAS.
42. Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés (CIO)
43. Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC).
44. Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES).
45. Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMyS).
46. CETMAR 08
47. Voluntariado IAM The Change (Instituto Anglo Moderno).
48. Lumina Vidas (Instituto Anglo Moderno).
49. Ecocuadrillas del Centro de Atención Múltiple (CAM) N° 25 Laboral.
50. Tirado’s Oil
51. Programa de reciclaje de redes de pesca Ola México de INPLARSA.
52. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
53. Operadora y Administradora de Playas (OAP).
54. Secretaría de Turismo de Sinaloa.
55. Departamento de Cultura del Agua de la JUMAPAM.
56. IMPLAN Mazatlán.

La entrada Expo Ambiental Son Playas 2026; lista para el 26 de marzo en el ITMAZ de Pradera Dorada se publicó primero en Son Playas.

A través de una carta abierta, la Comunidad Mazatleca Santuario de los Venados Playa Selva Sak-Nikté, pidió que se conserve un predio colindante al Estero del Yugo por su alto valor ecológico, dado que en la misma zona existen diferentes ecosistemas, tal es el caso de selva baja caducifolia, manglar, playa, estero y laguna costera. Además, este lugar está en la zona de influencia del Sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, que abarca desde Cerritos hasta Marmol.

«Ya no existe en la ciudad un lugar así, que albergue estos ecosistemas y la protección de los venados», señalaron a través de un comunicado que se difundió a través de redes sociales con la esperanza de llamar la atención de Sheinbaum Pardo, durante su gira por Sinaloa.

Para hacer visible su riqueza natural y promover la conservación de este lugar, el colectivo ha realizado senderismo, campañas de limpieza, observación de estrellas, difusión científica, liberación de tortugas marinas, yoga y actividades de educación ambiental desde hace aproximadamente cuatro años con la participación de centros de investigación, planteles educativos y autoridades.

«Este espacio, además de ser apoyado y protegido por jóvenes y mujeres, es un espacio que ha funcionado como un modelo replicable de educación, de trabajo en comunidad y colectividad, de recolecta de semillas nativas, de ejemplo de modelo de turismo sostenible en Mazatlán; un espacio de transformación de conciencia e identidad», señala el comunicado que fue difundido a través de redes sociales.

Durante estos años también se han reportado avistamientos de venados cola blanca (Odocoileus virginianus) que se encuentran atrapados en polígonos cercanos por la fragmentación de su territorio a causa del desarrollo inmobiliario o que son atropellados.

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Entre las agrupaciones que apoyan la creación de un santuario se encuentran Tierra Resonante, Ecos Yoga, Luna Jaguar, Sirenas Negras, Real del Pulque e Interacción Luciérnaga. Todas ellas formaron un colectivo que ahora pide la intervención del gobierno federal, pues desde el 15 de septiembre de 2025 solicitaron una audiencia con la presidenta municipal para tratar el tema y no han sido atendidos, según se informó.

De entrada, el colectivo busca orientación sobre el proceso legal y técnico que debe seguirse para gestionar la creación de una reserva natural, además del compromiso formal por parte de las autoridades para darle continuidad y concretar el proyecto.

¿Por qué se necesita un santuario para venados?

Por tratarse de una especie ligada a la cultura e identidad local, el venado cola blanca ha sido tomado como un emblema por parte de agrupaciones ambientalistas para pugnar por la protección de los ecosistemas en los que habita.

Sin embargo, la urbanización también amenaza a diversas especies de flora y fauna silvestre, incluyendo aquellas que se encuentran protegidas como el mangle o en peligro de extinción como la chara sinaloense (Cyanocorax beecheii), ave endémica de nuestro estado.

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Los nuevos desarrollos inmobiliarios que se extienden hacia el norte de Mazatlán, cerca de la costa, también han cercado al Estero del Yugo, un área de conservación ecológica a cargo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) destinada a la investigación científica, en donde se han identificado 1304 especies de plantas y animales, según se indica en la plataforma iNaturalist. La misma amenaza enfrenta Paco´s Reserva de Flora y Fauna, la única Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de Mazatlán, con 3477 especies registradas.

Según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024, la mancha urbana de Mazatlán creció más del doble en los últimos 30 años. En ese contexto, la fauna silvestre ha sido expulsada o erradicada sin que se implementen mecanismos para su protección.

DATO

En lengua náhuatl, Mazatlán significa «tierra de venados». El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

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El tema se abordó durante el panel «Gobernanza Costera: retos y oportunidades en la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Mazatlán», organizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) local.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Este espacio es un bien nacional de acceso público cuya administración está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encarga de vigilar que su uso y aprovechamiento se realice en apego al marco legal.

Adicionalmente, otras dependencias de gobierno federales, estatales y municipales pueden coordinarse para su aprovechamiento, limpieza, preservación y uso sustentable.

Sin embargo, esta zona enfrenta problemáticas como la edificación de torres o palapas sin autorizaciones en materia de impacto ambiental, aunado al acaparamiento de espacios con renta de mobiliario, contaminación de diverso tipo, tala de mangle, erosión, pérdida de playa, obstrucción de accesos y delimitación desfasada.

El ejemplo más reciente es la torre inmobiliaria que Profepa clausuró el 13 de febrero por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por cortar mangle; adicionalmente, esa dependencia tiene detenidas las obras de cuatro palapas.

Hay otros impactos menos visibles que ya han sido registrados en instituciones de investigación: alteración de los ecosistemas y de la calidad del agua por contaminación microbiológica, así como la ausencia de playas incluyentes para las personas con alguna discapacidad, advirtió Omar Calvario Martínez, investigador responsable del Laboratorio de Química y Productividad Acuática del CIAD, uno de los panelistas.

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Autoridades no se coordinan

Los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con facultades concurrentes en playas no están operando actualmente, lo que contribuye al desorden y mal uso de estos espacios naturales, refirió la periodista ambiental Raquel Zapien, durante el panel.

Por ejemplo, dijo, no existen registros recientes de la operación del Comité Técnico de Zofemat, cuya función es aprobar los programas para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación, limpieza y correcta aplicación de los recursos que se recaudan por cobro de derechos y que se destinan al Fondo Zofemat.

A la fecha, tampoco se ha reactivado el Comité de Playas Limpias, una instancia auxiliar de la Comisión Nacional del Agua que permite que los diferentes sectores sociales y económicos participen junto con las autoridades en el saneamiento y cuidado ambiental de las playas y los cuerpos de agua relacionados.

En lugar de trabajar en objetivos comunes, se han dado casos en que las autoridades actúan de forma contrapuesta. Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, reconoció durante su participación que el Gobierno Municipal ha llegado a otorgar permisos de construcción en zona federal sin que exista previamente la autorización de impacto ambiental que expide la Semarnat.

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También hay lagunas legales que no favorecen la protección de la zona federal desde el ámbito local. Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP), explicó que para tramitar un permiso o una concesión ante Semarnat, es necesario que el solicitante presente un dictamen de uso de suelo expedido por el Gobierno Municipal, en el cual se indica si el proyecto es compatible con el entorno urbano. Sin embargo, esta opinión técnica no considera la capacidad de carga ni otros criterios técnicos de la playa adyacente.

Para evitar que este documento se entrege de manera discrecional sin considerar las características de la zona federal, se requiere modificar el Reglamento de Construcción, el cual también debería obligar a los desarrolladores a contemplar servidumbre de paso a la playa en sus proyectos, acorde con la Ley General de Bienes Nacionales, por lo cual ya se elabora una iniciativa de reforma, comentó durante su intervención.

«Falta mayor coordinación y mayor ingerencia de los tres niveles de gobierno en la regulación de la Zona Federal Marítimo Terrestre», reconoció.

Desorden y omisión

Todos los integrantes del panel coincidieron en que la actividad inmobiliaria y turística ha impactado a las playas y otros ecosistemas costeros.

Al respecto, el delegado de la Profepa señaló que hay desarrollos que prefieren «pedir perdón que pedir permiso», de tal forma que optan por construir sin las autorizaciones que marca la ley aunque tengan que pagar multas. En otras ocasiones, también existe deconocimiento de la tramitología que deben realizar en materia ambiental.

«La ciudadanía mazatleca tiene que estar preparada porque hay un desarrollo muy pujante en Mazatlán y ojalá no se detenga; pero lo importante es que estemos vigilantes de que ese desarrollo sea en el marco normativo ambiental y sobre todo en el respeto de nuestros ecosistemas que es lo más importante que tiene Mazatlán», expresó.

Sobre este tema, Raquel Zapien consideró que el desorden e impacto ambiental en la Zofemat se ha agudizado a lo largo del tiempo por la omisión de autoridades que en su momento no cumplieron con su deber legal de actuar y porque no se han activado los mecanismos de coordinación interinstitucional para administrar y proteger la zona.

«Este no es un tema de cultura ambiental, es un tema de omisión y de legalidad», apuntó.

En consecuenia, Mazatlán tiene playas con contaminación, erosión y acaparamiento de espacios por actividades comerciales, añadió. Un nuevo problema es la creciente expansión inmobiliaria sobre el sitio Ramsar Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia mundial que abarca desde Punta Cerritos hasta Mármol, al norte del municipio.

Pero eso no es todo, las omisiones y la falta de sanciones por parte de autoridades, también han incrementado la vulnerbilidad de la ciudad y los riesgos de desastre ante el impacto de un huracán. Paralelamente, esta impunidad podría alentar a personas que actúan fuera del marco legal a agredir a periodistas, activistas y grupos académicos que se atreven a investigar y señalar estas problemáticas, advirtió la fundadora de Son Playas.

Por su parte, Marco Moreno advirtió que las sanciones para los desarrolladores que no cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales y con la Ley General del Equlibrio Ecológico y Protección al Ambiente serán cada vez más estrictas. Además se les emplazará para que cumplan las condicionantes ambientales y de no hacerlo se les revocará el permiso. Son procesos tanto administrativos como jurídicos.

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Mazatlán es el municipio de Sinaloa con más clausuras. La última fue el 13 de febrero del 2026, un inmueble en proceso de edificación llamado BRINLU Marina de Campo de Golf que colinda con el Estero La Marina, el cual tiene conexión directa con el mar.

Además de dañar cerca de 50 mangles, el complejo clausurado no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico y científico que debe ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su análisis y aprobación, según se dio a conocer hoy a través de un comunicado de la PROFEPA.

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La obra que fue clausurada de forma total y temporal, tiene una superficie aproximada de 3 mil 292 metros cuadrados; consta de una torre de seis niveles en obra negra, dos de ellos destinados a sótano y área de amenidades, y cuatro para departamentos. Se registraron 38 pilotes de 1 metro de diámetro por 8 de profundidad; un muro perimetral de 30 metros de longitud; un muro de contención soportado por diez pilotes y la cimentación de una alberca de 3.50 metros de altura por 30 metros de longitud.

“Es una obra que está en la zona costera de ahí de Mazatlán y se hizo una visita de inspección y se detectó que no cuentan con una autorización en materia de Impacto Ambiental y además hay daños a la vegetación de manglar, por eso se pusieron los sellos, se inicia un procedimiento administrativo y se clausura la obra hasta que ellos nos presenten autorizaciones para esa obra”, detalló Marco Moreno, delegado de esa dependencia en Sinaloa al ser cuestionado por Son Playas.

Explicó que a las construcciones que no siguen los protocolos para impedir un daño ambiental, y que carecen de documentos en regla, se les colocan sellos de clausura para impedir que sigan edificando en tanto se les derivan procesos administrativos para revisar su situación, como en este caso.

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Daño a la flora y fauna

En el comunicado de la dependencia federal se especifica que el proyecto colinda con una zona de manglar de las especies blanco (Laguncularia racemosa), botoncillo (Conocarpus erectus) y negro (Avicennia germinans). En este sitio se detectó la poda de aproximadamente 50 ejemplares de mangle así como un relleno con material terroso de alrededor de 1 metro de ancho por 1 metro de alto a lo largo de aproximadamente 67 metros lineales en el frente del predio.

«Al requerirse la autorización de impacto ambiental que amparara las obras descritas, el visitado indicó no contar con dicho documento. En consecuencia, como medida precautoria, el personal actuante procedió a imponer la clausura total temporal, así como al aseguramiento precautorio de herramientas, utensilios, bienes y cualquier instrumento directamente relacionado con las actividades detectadas», se detalla.

Por esta acción, el desarrollo inmobiliario «BRINLU Marina de Campo de Golf» es acreedor de una falta administrativa, manifestó al respecto el delegado de la PROFEPA, pues debido a que el mangle es una especie protegida por la Norma 059, su tala, destrucción o cambio de uso de suelo se considera un delito federal.

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En México, las cuatro especies principales de manglar se encuentran clasificadas bajo la categoría de Amenazadas (A), lo que significa que podrían desaparecer a corto o mediano plazo si los factores negativos en su hábitat continúan. Los manglares son ecosistemas fundamentales para la protección de las costas, ya que actúan como barrera natural frente a tormentas y huracanes, favorecen la captura de carbono, filtran contaminantes y sirven de refugio y zona de reproducción para numerosas especies marinas y terrestres.

Operativo permanente

Derivado de un operativo permanente por PROFEPA, se han clausurado diversas obras como restaurantes o palapas, sobre todo en zona federal costera de Mazatlán. Algunas eran construcciones ya en estado avanzado y no contaban con autorización de materia de Impacto Ambiental.

“Todas las clausuras que se hacen en las visitas de inspección de los inspectores federales de PROFEPA inician un procedimiento administrativo. Todas, todas se inician. En el momento que se hace la visita se inicia un procedimiento administrativo y ellos tienen que aportar elementos, tienen plazos para presentar documentos y el proceso jurídico avanza”, enfatizó Marco Moreno sin especificar cifras.

De acuerdo con el servidor público, hay un operativo permanente en toda la zona costera. En Mazatlán particularmente se hacen recorridos en donde hay edificaciones ubicadas en zonas que requieren autorización federal. Si bien, han recibido denuncias ciudadanas y acuden al lugar, estas visitas son escasas. Incluso algunas obras ya en construcción que desean regularizarse han solicitado la visita, pero también son pocas.

Hasta el momento las actas se concentran en Mazatlán, pero en todos los municipios hay revisiones y clausuras, principalmente en aquellos que presentan un mayor desarrollo inmobiliario. En Guasave, por ejemplo, se han detectado obras en playas, aunque en menor medida que Mazatlán, comentó. En Ahome, la zona del Maviri es la que más incidencia ha registrado así como Altata en Navolato.

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De acuerdo con la información difundida por esta organización internacional, la agresión ocurrió después de que el 25 de enero, la comunicadora publicara en su cuenta de Facebook sobre la posible aprobación y posibles afectaciones medioambientales de un proyecto que Partida impulsa sobre la construcción de un nuevo complejo turístico en Playa Brujas, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En el documento se detalla que, como parte de la labor periodística y de activismo medioambiental de Arias, de manera semanal revisa la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, con la finalidad de dar monitoreo permanente a los proyectos de impacto ambiental que son ingresados.

Según la información compartida por la periodista a ARTICLE 19, documentó que está en proceso de aprobación el análisis de impacto ambiental del proyecto titulado “Punta Nama”. El cuál se tiene planeado construir dentro de un sitio Ramsar y en  sus palabras “es un espacio de alto valor ecológico y biodiversidad”.

Derivado de ello Sheila realizó una publicación en su perfil de Facebook alertando sobre las afectaciones que este proyecto pudiera suponer  a la zona. El 26 de enero, recibió un mensaje a través de la misma red social por parte de Daniel Partida, socio y dueño del proyecto, en donde la amenazó con iniciarle un proceso legal: 

En los mensajes, Partida no sólo le amenaza con una “denuncia penal”, sino que también dice ser “amigo de sus jefes” y que “tiene información” de ellos.  

De acuerdo con un informe de 2024 de la UNESCO, 70% de periodistas medioambientales han sido víctimas de agresiones, específicamente de amenazas directamente por su labor. En el caso de las mujeres, son más propensas a ser víctimas de agresiones digitales.

ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:

• En línea con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Estado mexicano, es su obligación proteger y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluida la libertad de opinión y expresión. Así como tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de esta población.
• De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre el medio ambiente en posesión de las autoridades “incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades”.
• De acuerdo con un informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025 documentó un aumento sostenido de acoso judicial contra personas periodistas, tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. Esto genera un efecto inhibidor del debate público.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera diligente el caso de Sheila Arias, en estricto apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y desde una visión de género e interseccional.
• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa brindar las medidas de protección necesarias para proteger su integridad, contemplando en todo momento su labor como periodista y defensora de derechos humanos medioambientales.

Periodista presenta denuncia ante la Fiscalía

A través de sus redes sociales, Sheila Arias dio a conocer que la denuncia por amenazas ya está presentada en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que será turnada a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH. El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sheila Arias es una periodista, socióloga y activista que ha colaborado con diversos medios de comunicación locales y nacionales, incluyendo Son Playas. Desde este espacio repudiamos toda forma de agresión y nos pronunciamos a favor de la defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestos colaboradores y de nuestra comunidad lectora.

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Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.

La Organización de las Naciones UNidas (ONU) informó que este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.

Las acciones de protección y cooperación multilateral del Tratado de Altamar incluye la creación de áreas marinas protegidas, el reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales y la cooperación científica internacional, entre otras acciones.

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Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional, señaló la ONU a través de su página oficial.

«Se espera que, una vez plenamente implementado, el acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación», indicó.

La ONU informó que hasta ayer, muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. También precisó que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.

«Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas», reconoció.

México ratificó el tratado el 23 de septiembre de 2025, con lo cual se compromete a proteger los ecosistemas marinos y garantizar su salud, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades costeras, que en conjunto representan el cerca del 15% de la población nacional. El país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.

Antecedentes

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 19 de junio de 2023 en la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que se celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026. Se estima que la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor. Es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Importancia del Tratado de Altamar y primeros pasos para su implementación

AIDA, organización internacional dedicada a la defensa ambiental en América Latina, explicó que con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

«Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030», expuso a través de un comunicado.

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Detalló que existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

«En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años»

Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 

Por su parte, Naciones Unidas recordó que el acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Hagamos Composta Mazatlán se encarga de brindar este servicio bajo la coordinación de dos investigadoras: Carolina Delgado Álvarez y Daniela Alvarado Zambrano, ambas doctoras con especialidad en evaluación de riesgos a la salud por contaminantes potencialmente tóxicos.

Con apoyo de su equipo, recolectan los desechos orgánicos de los domicilios y los transforman en composta para luego ser entregada a los usuarios, lista para aplicarse como abono.

A nivel nacional, Hagamos Composta fue fundada en 2017 por Gerardo Montes de Oca en Toluca, Estado de México, logrando expandir el modelo en más de 23 ciudades del país. Carolina y Daniela replicaron este proyecto social a nivel local desde julio de 2023. Al inicio contaban con 10 registros y actualmente suman 70.

¿Cómo funciona?

Las personas o empresas interesadas en contratar el servicio en Mazatlán deben solicitarlo a través del WhatsApp 6691 23 70 54, para lo cual se aplica un cobro de inscripción de 350 pesos. A cambio se entrega un kit de dos cubetas de 19 litros y otra de cinco, así como un folleto con instrucciones.

Una vez confirmado el registro, se establece el día y hora de recolección, el cual puede ser semanal o quincenal, dependiendo del volumen de residuos orgánicos que se genere. El día asignado se recoge la cubeta con los residuos y en su lugar se deja otra limpia para repetir el proceso.

En cada colecta se aplica una cuota de 80 pesos y al paso de 15 recolecciones la persona usuaria recibirá una cubeta de composta.

Entre los productos orgánicos que pueden compostarse están:

El abono orgánico se obtiene mediante la degradación de la materia orgánica que realizan microorganismos como bacterias y hongos. Este proceso de descomposición natural mineraliza los residuos, para lo cual se requiere un control de humedad, calor y oxígeno.

No es necesario tener conocimientos previos de compostaje para que te registres en este proyecto; tu única labor como usuario del servicio será separar los residuos orgánicos, colocarlos en las cubetas y entregarlos el día y hora acordada.

Así te beneficia el compostaje

Carolina Delgado señaló que el interés de replicar el modelo de Hagamos Composta surgió luego de observar que en Mazatlán no existe un sistema de gestión de residuos en general. En este contexto, se optó por impulsar la colecta y descomposición de residuos orgánicos para crear abono, lo que a su vez ayuda a reducir la generación de basura y el uso de bolsas plásticas; regresar nutrientes a la tierra y fomentar una cultura sustentable.

«Nace del interés genuino de querer hacer algo por la comunidad», dijo.

Antes de poner en marcha el proyecto, las investigadoras hicieron un estudio sobre el tipo de basura orgánica que se genera en Mazatlán a fin de adaptar el proceso de compostaje. También se tramitaron permisos ante la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sostenible (SEBIDES) y se obtuvo la Cédula de Operación Anual Municipal.

Hagamos Composta entrega manifiestos de disposición final, un registro del manejo de los residuos desde su generación hasta su disposición final que sirve para el cumplimiento de normas ambientales. Para las empresas, este documento es una forma de demostrar su compromiso con el medio ambiente.

De igual forma se proporciona un cálculo del dióxido de carbono que se dejó de arrojar a la atmósfera y las bolsas plásticas que se dejaron de utilizar gracias al compostaje.

Para este año, la meta es aumentar el numero de usuarios y empezar a recolectar excretas de perros y gatos. Puedes seguir sus redes sociales en este enlace.

El compostaje también es conocido como valorización de residuos y entre sus principales beneficios está el de transformar materiales de desecho en un nuevo producto, evitando que contaminen y acaben en vertederos.

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• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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En Mazatlán, tierra de venados, la expansión de la mancha urbana acaba con el hábitat de esta especie emblemática del municipio sin un Programa de Ordenamiento Ecológico Local que garantice reservas naturales y ponga límites a la urbanización. Tampoco se cuenta con corredores biológicos ni pasos de fauna para esta y otras especies afectadas por la destrucción de su entorno natural.

Empujados por la deforestación de sus territorios, venados cola blanca (Odocoileus virginianus) han sido observados con mayor frecuencia en vialidades y en los nuevos complejos residenciales y turísticos. Muchos de ellos han muerto atropellados.

Desde el 2020, Son Playas ha documentado el deplazamiento y fragmentación del hábitat de esta especie. Ese año, por ejemplo, se reportaron varios atropellamientos y avistamientos de ejemplares tanto en vialidades como al interior de desarrollos habitacionales o comerciales del norte de Mazatlán. Lee la historia completa en este enlace.

Los reportes de venados atropellados o acorralados por los nuevos desarrollos inmobiliarios continuaron sin ninguna intervención. Fue a finales de 2023, cuando un grupo de personas intentó rescatar a una familia de venados atrapados en un predio colindante con la avenida del Delfín, atrás del fraccionamiento Mediterráneo Club Residencial. Para saber los detalles de lo ocurrido en ese momento, entra aquí.

Muy cerca de ahí, en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico, se levantó un nuevo monumento al venado; el tercero de la ciudad. La develación de la escultura monumental de 14 toneladas de peso y 10.50 metros de altura se realizó el viernes 21 de junio de 2024. Días antes, un venado de carne y hueso fue atropellado en esa zona. Encuentra los detalles acá.

Para entonces, el grupo ciudadano que intentó rescatar a la familia de venados ya había hecho gestiones ante autoridades y el propietario del predio para su reubicación, pero al final no fue posible extraer a los ejemplares por limitaciones técnicas, logísticas y por la falta de permisos para su manejo ambiental, entre otras. Después el terreno fue «limpiado», se retiró la maleza y solo se quedaron las palmeras del lugar. Los venados quedaron a su suerte.

Los avistamientos no han parado, principalmente en el norte de la ciudad, hacia donde se extienden los proyectos turísticos e inmobiliarios.

Este 2025, otro movimiento ciudadano tomó fuerza en un intento de protegerlos. La organización Interacción Luciérnaga, en alianza con otras agrupaciones ciudadanas e instituciones de investigación, ha estado realizando recorridos y actividades de educación ambiental en las inmediaciones del estero del Yugo y Cerritos para dar a conocer la biodiversidad de la zona, en la que confluyen ecosistemas de manglar, selva baja caducifolia, una laguna costera y playa.

Con ello intentan impulsar la creación de un santuario para venados, según han estado informando a través de sus redes sociales. Por el momento, el proyecto no ha logrado concretarse dado a que los predios colindantes tienen diferentes estatus de propiedad y porque aún no se logra conjuntar las voluntades de las autoridades y particulares que tienen el poder de decisión.

En febrero de 2026, organizaciones ciudadanas lanzaron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que ayude a impulsar la declaratoria de un área natural protegida que funcione como santuario para los venados y otras especies silvestres luego de que su hábitat natural está siendo destruido por la urbanización. La carta pública fue publicada el mismo día en que la mandatariua visitó Mazatlán como parte de una gira de trabajo.

El grupo no han cesado en sus gestiones sin lograr el objetivo. Mientras, los venados siguen muriendo atropellados, por estrés o por falta de alimento, acorralados y expulsados de su hábitat natural.

La representación del venado cola blanca en Mazatlán

En lengua náhuatl, Mazatlán significa tierra de venados. El escudo del municipio incluye la cabeza de un venado de perfil en su parte central, en alusión al nombre de este lugar.

La ciudad cuenta con tres monumentos insignia, el primero se instaló en el paseo Olas Altas y el segundo en el cruce de las avenidas de los Deportes y Leonismo Internacional. El tercero, de color rojo, está en la glorieta ubicada entre la avenida Carlos Canseco y Paseo del Atlántico.

El equipo de béisbol local lleva el nombre de ese mamífero hervívoro con agudos sentidos de la vista, olfato y oído. La Isla Venados, área natural protegida ubicada frente a la bahía de Mazatlán, también le rinde honores. Además, este animal simboliza al mundo natural en la danza de origen prehispánico más representativa de Sinaloa: la danza del venado.

Pese a su simbolismo y referencias bioculturales, el venado cola blanca e infinidad de especies de flora y fauna, siguen siendo expulsadas y exterminadas por la expansión urbana descontrolada que en solo 30 años creció más del doble, según datos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2024. Encuentra los detalles de este documento aquí.

DATO

Según datos publicados en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen 38 subespecies de venado en el continente américano, «de las cuales 14 tienen por hábitat tierras mexicanas, es decir, el 47% de las existentes desde Canadá hasta Ecuador, y ocho son endémicas de México, lo que cobra importancia global».

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A partir de los años cuarenta, la pesca artesanal prosperó en este sitio, a donde las familias acuden en busca de pescado fresco. Gran parte de estas especies de valor comercial se refugian, alimentan y reproducen en el manto rocoso de la playa.

Esas rocas conforman un arrecife que se sumerge en agua durante la marea alta y queda expuesto cuando el nivel del mar vuelve a bajar. Justo aquí habitan las langostas azul (Panulirus inflatus) y verde (Panulirus gracilis) cuando apenas son larvas.

Esta información fue compartida el jueves 4 de diciembre durante la visita guiada organizada por Son Playas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el marco del 8° Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se celebró en 17 sedes de México y Latinoamérica.

En la actividad titulada “Reencuentro con Playa Norte” participaron cerca de 200 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de la Universidad Pedagógica del Estado (UPES) y habitantes de la ciudad. A través de charlas, el público pudo conocer la relevancia histórica, cultural, social y ecológica de este espacio natural, ligado a la identidad de la población local.

«Por varias razones está zona es extraordinariamente simbólica para Mazatlán”, afirmó el cronista Enrique Vega Ayala durante su intervención.

Aquí se realizaron los primeros desembarques de las exploraciones españolas y de piratas. “La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos y para allegar a esas poblaciones bienes y equipos indispensables”, relató.

Ostras, perlas y peces de Playa Norte

La segunda charla en el área de playa fue impartida por Fanny Zebadúa González, Liliana López Reyes y Lesly Desiree Acosta Ibarra, integrantes de la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp).

A unos metros del embarcadero y cerca de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), explicaron que este sector de Playa Norte corresponde a una playa rocosa en donde habitan una gran cantidad de especies de moluscos, invertebrados, peces y larvas que forman parte del plancton. Entre las especies comerciales que transitan por esta zona se encuentran: cochito, sierra, pargo, chino mero, pargo alazán, botete, morena pinta y pajarito.

Peces de importancia comercial

Entre la extensión rocosa que se adentra al mar, conocida como Punta Tiburón, también es posible encontrar una almeja que produce perlas: Pinctada mazatlanica, una especie nativa que se encuentra catalogada como especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Jocopp recordó que en este sitio también abunda el alga parda (Padina durvillei), un tipo de sargazo que vive sujeto al fondo marino y que es arrastrado hacia la orilla por la marea entre los meses de mayo y octubre.

Playa Norte, sede de la pesca artesanal

El recorrido concluyó en el embarcadero con Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, quien mostró la estructura de las pequeñas pangas que utiliza esta organización, la forma en que se operan y las artes de pesca artesanal que consisten en anzuelos, cuerdas, plomadas y curricanes.

Mientras que las redes conocidas como chinchorros capturan por volumen, la pesca con anzuelo solo permite sacar un pez a la vez. Si la especie o el tamaño no es el adecuado, se regresa al mar, explicó.

“Hay que dejarlo que crezca para cuando crezca ya capturarlo y entonces si ya va para la cazuela”, expresó Édgar Moya ante la mirada curiosa del público.

Para la pesca de sierra, se utilizan señuelos conocidos como curricanes que ellos mismos elaboran, los cuales son colocados en cuerdas provistas de un alambre para que el pez no lo troce. Esta pesca se realiza mientras la embarcación está en marcha; lo mismo se hace cuando se capturan los pargos rojos, pero con otro tipo de señuelo.

Exposición y otras actividades durante la visita guiada

Sobre la banqueta del malecón, junto a la playa, se instalaron mamparas con carteles y reseñas periodísticas sobre Playa Norte que Son Playas seleccionó de su archivo para esta ocasión y recopiló la opinión de la juventud respecto al estado actual de ese ecosistema costero.

En este mismo espacio, el Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlan expuso maquetas y respondió preguntas de los estudiantes en torno a su labor de conservación.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar mostraron por primera vez los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de Playa Norte elaborada como parte de su materia y Paola Luevanos,  ganadora del premio Incubate MX 2024 por su emprendimiento “Fortaleza del Mar”, dio a conocer su emprendimiento, basado en el aprovechamiento de los residuos de pescado que son desechados en el embarcadero de Playa Norte para transformarlos en colágeno.

Raquel Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, agradeció la participación de los expositores, estudiantes, docentes, periodistas y habitantes de Mazatlán que acudieron a redescubrir el valor de este espacio natural de gran valor.

“Hoy Playa Norte se expresará a través de las charlas de nuestros invitados”, dijo.

Playa Norte fue seleccionada para esta visita guiada por su relevancia y porque es una de las playas más contaminadas por plásticos y otros tipos de desechos, explicó. Además, en este sitio se presentan problemáticas sociales vinculadas con la falta de vigilancia, presencia de personas en situación de calle y adiciones, según han reportado autoridades y pescadores del área.

Valorar este espacio y cuidarlo, es una acción necesaria, opinó. Poner esta información al alcance de la ciudadanía a través del periodismo especializado, es la base para propiciar ese reconocimiento y el involucramiento social, concluyó.

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Por Betzi Pérez/Son Playas

En los últimos 50 años el crecimiento urbano e industrial ha modificado fuertemente la costa del Pacífico mexicano. En Mazatlán, uno de los impactos más visibles es la erosión costera que disminuye la cantidad de arena en las playas, según confirman estudios que han sido publicados en la última década. 

En 2014, por ejemplo, la Secretaría de Turismo publicó un documento que señala que, en promedio, cada año Mazatlán pierde un metro de playa. La principal causa es el diseño inadecuado de las construcciones que interrumpen la llegada de arena a las playas; otros motivos son los eventos meteorológicos, como las marejadas y huracanes, así como el cambio climático. 

La costa de Mazatlán depende de eventos que suceden tierra adentro y no solo de los que tienen lugar en el mar. El Dr. Rodolfo Silva, ingeniero civil e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que los cambios de uso de suelo, el incremento de urbanización, el represamiento de los ríos y la expansión de las zonas agrícolas reduce la cantidad de sedimento que llega a las playas de Mazatlán.  

La ampliación del malecón y la modernización de la Zona Dorada de Mazatlán también tuvo un impacto, pues para su edificación se removieron las dunas costeras que retienen la arena en la playa. Además, los rompeolas que se construyeron para mantener abierta la boca de la marina impiden la llegada de arena a las playas, así lo señala un estudio realizado en 2021 donde participó el Dr. Silva. 

“El malecón es una estructura rígida, una pared que impide que el oleaje se disipe y cuando regresa al mar se lleva toda la arena. La playa no tiene condiciones para estabilizarse y tampoco una fuente constante de sedimentos. Si se quieren playas más sanas se tienen que hacer cambios en las construcciones”, señaló Silva en entrevista con Son Playas.

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Más recientemente, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) analizaron la velocidad a la que se están erosionando las playas en la Zona Dorada de Mazatlán, en el tramo que se encuentra entre Punta Camarón y Punta Sábalo.

Al comparar la las imágenes de la línea de costa que se obtuvieron por satélite en 2004, con las fotografías aéreas tomadas en 2022, se observó que las playas de este sector tuvieron un retroceso de 23.52 metros en promedio y que en dos puntos de muestreo la pérdida fue de hasta 40 metros a una velocidad de 2.5 metros por año. Esto ocurrió en un lapso de 18 años.

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Las dunas costeras se deterioran

Las dunas costeras son acumulaciones de arena que están detrás de la línea de costa. Actúan como barrera natural contra huracanes, tormentas y marejadas y son hogar de animales y plantas que estabilizan la playa porque retienen la arena.

Estos ecosistemas previenen la erosión causada por marejadas, son un obstáculo contra el viento (porque aminoran su velocidad), filtran la lluvia al subsuelo y reducen la salinidad tierra adentro. 

La Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 establece que no debe existir infraestructura sobre las dunas costeras; además, ningún vehículo debe circular sobre ellas y todas las construcciones deben estar al menos cinco metros por detrás de las dunas para disminuir la erosión costera.

Sin embargo, la Norma Mexicana es de cumplimiento voluntario y las dunas costeras siguen deteriorándose a lo largo del país. 

Un ejemplo de la importancia de las dunas costeras es la Playa Santuario El Verde Camacho, un área natural protegida en buen estado de conservación, en la que anida la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). A medida que las dunas costeras se reducen, las tortugas pierden espacio para anidar y desovar.

Casi la totalidad de las playas urbanas de Mazatlán han perdido sus dunas; solo un tramo corto de playa Cerritos conserva los cúmulos de arena con la vegetación que los cubre y protege.

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¿Cómo se puede recuperar la playa?

Cuando visitamos las playas creemos que la arena debajo de nuestros pies siempre está en el mismo lugar, pero en realidad está en constante recambio por acción del oleaje y la marea. “Los ciclos de erosión y sedimentación en las playas no son lineales ni estables. Pero los cambios se notan más cuando llegan fenómenos meteorológicos; por ello se cree que la playa ya es permanente”, explicó Silva. 

El investigador de la UNAM también señala que el error más común para recuperar las playas es implementar soluciones inmediatas. “Los ecosistemas necesitan tiempo y espacio para volver a establecerse. Es igual cuando te ponen una férula porque te fracturaste el pie y esperas inmediatamente poder correr. Estabilizar la playa y trabajar con los ecosistemas requiere de tiempo y múltiples estrategias”.

Algunas recomendaciones que brinda el estudio realizado por la UNAM para recuperar las playas son: 

• Diseñar un programa de monitoreo de la zona costera que evalúe periódicamente la velocidad de erosión de las playas, 
• Recuperar los ecosistemas que retienen la arena: dunas costeras y manglares,
• Actualizar y hacer uso del Atlas de Riesgos de Mazatlán en la planificación de los asentamientos urbanos, y 
• Modificar o eliminar construcciones que impidan el transporte de sedimentos.  

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Por César Hernández y Redacción Son Playas

Mazatlán, Sinaloa.- La contaminación por unicel procedente de la construcción de torres y condominios ha convertido a las playas y lagunas de Mazatlán en un espejo de desechos blancos. Son restos de casetones de poliestireno expandido, material usado para aligerar estructuras, que se dispersan en la zona costera.

El problema, reconocido por autoridades ambientales y turísticas, no es por el uso del material en sí, sino por la falta de regulación desde las licencias de construcción, por la ausencia de planes de manejo de este tipo de residuos e incumplimiento de normas que promueven el uso responsable de dichos materiales.

Como ejemplo de lo anterior, el jueves 16 de octubre se observaron casetones de poliestireno expandido (unicel) de diversos tamaños en un tramo de playa contigua a la Casa del Marino, sobre el Paseo Claussen, en donde se construyen torres.

Dos días después, el 18 de octubre, se sacaron más de veinte bloques de unicel de la laguna del Camarón durante una jornada de limpieza organizada por la organización Maz Conciencia, el Centro de Investigaciones Oceánicas (CIO) y el Gran Acuario, según se dio a conocer a través de un comunicado.

Esta no es la primera vez en que se señala públicamente la cotaminación de este cuerpo de agua con residuos de las edificaciones cercanas. Son Playas documentó la presencia de casetones en la laguna del Camarón en enero de 2023, pero los vecinos del área ya habían denunciado previamente la presencia de estos y otros desechos contaminantes.

El poliestireno expandido es un tipo de plástico que se fabrica a partir del petróleo y procesos químicos. Al ser un material frágil y liviano, se fragmenta fácilmente y se convierte en microplástico, imposible de retirar por completo y cuyos efectos sobre los ecosistemas y salud humana aún se siguen estudiando. Estas partículas son ingeridas por peces y aves, afectando la fauna y eventualmente la salud humana. 

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Que se reglamente su uso para evitar contaminación:OAP

Actualmente, el unicel industrial está permitido y categorizado como residuo de manejo especial, pero su manejo inadecuado genera contaminación persistente y afecta los ecosistemas costeros.

“Sí, efectivamente tenemos ese problema por la proliferación de torres y condominios en el área colindante con la zona litoral”, explicó Ángel García, director de la Administradora y Operadora de Playas de Mazatlán, en entrevista para Son Playas. 

“Desde hace tiempo hemos solicitado a la Dirección de Planeación que las licencias de construcción incluyan como condicionante que el corte de esos materiales se realice en un lugar cerrado, pero no se ha aplicado.”

El funcionario señala que el manejo irresponsable de los casetones de unicel, que se cortan al aire libre, provoca que el viento y las lluvias arrastren los fragmentos hacia las playas y humedales. “Nosotros limpiamos las playas todos los días, pero como diariamente se está generando es un grave problema. Esto afecta la imagen turística y pone en riesgo las certificaciones de playas que tiene Mazatlán, como las auditorías de playas limpias”, detalló. 

García explicó que, aunque la Ley Estatal de Residuos prohíbe el uso de unicel en productos de un solo uso (como vasos o platos), su aplicación industrial sigue permitida, y lo que falta es una norma municipal que establezca cómo debe manejarse. “El problema es la falta de control con que se maneja en las obras”, subrayó.

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¿Qué dicen la Profepa y Ecología Municipal?

Por su parte, Marco Moreno, delegado de PROFEPA en Sinaloa, señaló que el tema no es competencia federal, ya que el unicel se clasifica como residuo de manejo especial (y no como residuo peligroso), cuya regulación corresponde al Gobierno del Estado. “No tengo nada que comentar ahí porque no es nuestra competencia”, respondió.

En tanto, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán declinó ofrecer entrevista, solicitando que cualquier información se tramite a través del área de Comunicación Social.

Esto es lo que indica la ley respecto al unicel industrial

Los constructores sí están obligados a tomar medidas para evitar que los casetones se dispersen y contaminen el entorno. En la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 se establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial, en donde se incluyen gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales, actividades comerciales y de servicios. En esta categoría entra el sector de la construcción.

A su vez, la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa menciona en su artículo 4 que los residuos de manejo especial son generados en los procesos productivos, «que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos».

Además indica que se debe prevenir la liberación y dispersión al ambiente de residuos de manejo especial y en caso de que esto ocurra, llevar a cabo su remediación.

El artículo 8 de la ley establece que el Gobierno del Estado debe regular la gestión integral de los residuos de manejo especial a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (antes Secretaría de Desarrollo Sustentable).

En lo que respecta a los ayuntamientos, la misma ley dice que les corresponde vigilar el cumplimiento de dichas disposiciones e informar a la Secretaría sobre los sitios contaminados con residuos de manejo especial y coordinarse con ésta para su remediación. También les otorga la facultad de realizar campañas de información y difusión en materia de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; así como promover la participación de la sociedad en la prevención de la generación y gestión integral de residuos.

A su vez, el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán establece que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal tiene facultades de inspección y vigilancia, lo que incluye levantar actas e imponer sanciones.

El artículo 152 del citado reglamento indica que la dependencia puede «celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales o estatales para realizar la inspección y vigilancia en materia ambiental, forestal, residuos y cambio climático de competencia federal o estatal. De igual forma puede «realizar las visitas de inspección que considere necesarias, aún en días y horas inhábiles, a los predios, establecimientos o giros comerciales o de servicios para comprobar la existencia de fuentes o actividades que puedan o estén provocando deterioro ambiental», asi como la verificación del cumplimiento de programas ambientales municipales y normas mexicanas aplicables.

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Preparan reglamento y capacitaciones

Actualmente, la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán trabaja en un nuevo Reglamento de Uso de Playas que incluirá la prohibición del unicel en la zona litoral, aunque la medida no aplicará a la industria de la construcción. Por eso, el funcionario considera urgente que la Dirección de Planeación Municipal incorpore esa regulación directamente en los permisos de obra.

“Cuando los directores de obra no cumplen con esas restricciones, debería imponerse una sanción. La Dirección de Ecología también puede intervenir, pues el Reglamento Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático prohíbe este tipo de contaminación”, apuntó García, quien adelantó que el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Economía, ya se realiza un inventario de torres para identificar a las empresas que utilizan casetones sin control.

Estas dependencias, añadió, también planean capacitar a los directores de obra para sensibilizarlos sobre el impacto ambiental y turístico de este material. “Queremos que entiendan que no se trata solo de un problema de limpieza, sino de salud pública y de sustentabilidad del destino”, dijo.

Mientras tanto, el mar sigue devolviendo a la orilla los mismos fragmentos blancos que se intentan limpiar cada mañana. Entre la espuma y la arena, el poliestireno se mezcla con la marea, recordando que la contaminación más difícil de controlar no siempre proviene del desecho, sino de la omisión.

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