Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.

La Organización de las Naciones UNidas (ONU) informó que este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.

Las acciones de protección y cooperación multilateral del Tratado de Altamar incluye la creación de áreas marinas protegidas, el reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales y la cooperación científica internacional, entre otras acciones.

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Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional, señaló la ONU a través de su página oficial.

«Se espera que, una vez plenamente implementado, el acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación», indicó.

La ONU informó que hasta ayer, muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. También precisó que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.

«Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas», reconoció.

México ratificó el tratado el 23 de septiembre de 2025, con lo cual se compromete a proteger los ecosistemas marinos y garantizar su salud, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades costeras, que en conjunto representan el cerca del 15% de la población nacional. El país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.

Antecedentes

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 19 de junio de 2023 en la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que se celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026. Se estima que la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor. Es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Importancia del Tratado de Altamar y primeros pasos para su implementación

AIDA, organización internacional dedicada a la defensa ambiental en América Latina, explicó que con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

«Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030», expuso a través de un comunicado.

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Detalló que existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

«En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años»

Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 

Por su parte, Naciones Unidas recordó que el acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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• Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
• El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
• La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
• De acuerdo con las personas consultadas por Mongabay Latam, la política ambiental deberá articularse con la energética, la de seguridad y la presupuestaria para atender los desafíos de 2026.

Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.

Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.

El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles, la falta de protección a defensores ambientales, así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.

1. Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales

Ante el escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.

Este aspecto, precisa la abogada, es también una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.

“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam al referirse a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.

De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 % de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.

Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.

Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.

Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA, pero que puede escalar a otras violencias.

“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.

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La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.

“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer este acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.

Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. “El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar, no simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.

La abogada destaca que estos retos no solo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial, “quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.

Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.

“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.

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2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas

Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado, lo que ambientalistas consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.

Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva, pero al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.

Chacón resume el reto en un comparación simple: 10 años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares, con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.

“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace 10 años, y ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.

Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.

“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.

Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.

El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.

Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.

“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.

Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.

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3. Contener la deforestación

México ha enfrentado uno de los años más críticos para sus sistemas forestales. Solo en 2024 tuvo cifras alarmantes: más de 93 000 hectáreas de bosques afectadas, principalmente por incendios, lo que implicó que entrara a la lista de los 10 países con mayor cantidad de bosques primarios afectados en el mundo, de acuerdo con el Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI).

Además tuvo uno de los mayores registros de incendios durante ese año, con más de 8000 reportados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y que fueron responsables del 60 % de la pérdida de cobertura vegetal.

La reducción presupuestal también representará un reto para la protección de bosques y selvas, no sólo ante los incendios sino también ante el avance de la agroindustria, turismo y megaproyectos.

“La Semarnat se enfrenta a dificultades cada vez mayores a la hora de proteger y resguardar los ecosistemas, lidiar con amenazas como los incendios forestales y restaurar los ecosistemas degradados”, destaca el informe de la coalición NOSSA, que señala que hay una “prioridad otorgada a megaproyectos” que acaparan los recursos en materia climática.

Un foco rojo que expertos y organizaciones civiles llevan alertando por años es la deforestación en la Península de Yucatán, en el sureste del país. Se trata de una región que ha concentrado la mitad de la pérdida de bosques primarios solo en 2024.

Un informe realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible destaca que el avance de la agroindustria, la ganadería extensiva, la industria mobiliaria y turística, así como megaproyectos de transporte y energía son los principales responsables de la deforestación de la selva maya.

De acuerdo con el informe, entre 2023 y 2025, la península perdió 123 122 hectáreas de selva para los tres estados que la integran: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los cultivos ligados a la agroindustria, la ganadería, los proyectos inmobiliarios y turísticos se expanden día a día sobre los territorios forestales”, sostiene el Consejo y agrega que la construcción del Tren Maya y sus obras complementarias “son un nuevo impulsor de la deforestación en la región”.

Chacón coincide en que el impulso de megaproyectos por parte del Gobierno federal y los estatales son también una amenaza para la conservación de los ecosistemas y un motor de la deforestación.

“Hay, por un lado, esta política de implementar proyectos de desarrollo sin importar el deterioro ambiental y la deforestación, por ejemplo, en el Tren Maya y dejando sin mecanismos ascendientes a la Procuraduría Ambiental”, destaca.

4. Avanzar en la metas climáticas y la ruta a la transición energética

México aprovechó la trigésima conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), realizada en noviembre pasado en Belém, Brasil, para presentar la actualización de sus compromisos climáticos (NDC 3.0), en el que anunció metas más ambiciosas para 2035.

De acuerdo con organizaciones y especialistas, aunque los compromisos climáticos son más ambiciosos, abordan la reducción de emisiones contaminantes y la adaptación, así como la respuesta por las pérdidas y daños, no enfrentan retos y plantean contradicciones.

De acuerdo con un análisis hecho por la coalición de organizaciones México Resiliente, en el documento presentado por México no se detalla de forma clara cómo se medirán y financiarán las acciones climáticas, pues no hay un plan de financiamiento ni mecanismos para asegurar que las metas se cumplan. Tampoco hay señales claras sobre cómo se abandonará el uso de los combustibles fósiles —de los cuales México ha sido históricamente dependiente— ni las rutas hacia la transición energética justa.

Especialistas señalan que estos vacíos son un gran reto en materia ambiental, climática y energética para el país, pues se sigue apostando a infraestructura de combustibles fósiles sin diseñar la transición a fuentes de energía limpias.

Jorge Martínez, especialista en energía y clima de la coalición México Resiliente, señala que el desarrollo de parques industriales e infraestructura fósil en el país no se alinea con los compromisos que firmó México ni con la realidad mundial. Para 2026 se proyecta una sobreproducción de petróleo en el país, pero la caída de los precios en los mercados globales afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), la endeudada empresa petrolera del Estado.

“Pemex, que técnicamente está en bancarrota con una deuda de 1.8 veces el valor de sus activos, va a estar contra las cuerdas el siguiente año”, advierte Martínez, quien contrasta la caída proyectada en la demanda de petróleo con el abaratamiento de las tecnologías limpias, renovables y vehículos eléctricos. “México va a estar en una posición muy difícil si quiere seguir manteniendo a Pemex ante una realidad global que va en la dirección opuesta, con la petrolera más endeudada del mundo”, señala a Mongabay Latam.

Por otro lado, indica como un reto el trabajar en alternativas energéticas ante una dependencia de casi 70 % al gas proveniente de Estados Unidos para la generación de electricidad.

“Si Estados Unidos decide cerrar la llave del gas fósil se nos apaga la luz. Cuando choquen estas realidades vamos a tener que buscar alternativas. Necesitamos que México internamente diga: esta es mi ruta para dejar atrás los combustibles fósiles”, sostiene.

Este panorama también será complejo en los territorios donde pretenden asentarse varios de los parques industriales planeados por el Gobierno de México, de acuerdo con Pablo Montaño, politólogo y director de la organización Conexiones Climáticas, quien advierte un “recrudecimiento” de conflictos con este tipo de infraestructura para 2026.

“En 2025 se puso en la mesa la conversación de energía, los intereses principales de esta administración. En 2026 va a enfrentar resistencias territoriales claras y contundentes”, explica Montaño sobre la inconformidad de comunidades para convertir sus territorios en zonas de sacrificio.

Un ejemplo es el caso Saguaro, un proyecto de explotación y distribución de gas fósil en el Golfo de California, una de las regiones más biodiversas del país, y que implica la conexión con otros proyectos energéticos mediante la construcción de más de 800 kilómetros de gasoductos que transportarían el combustible desde Texas, Estados Unidos.

“Llega un momento en el que las poblaciones no tienen otra que salir a resistir. Esta administración tiene que lidiar con las consecuencias que varias poblaciones van a estar enfrentando con sus megaproyectos”, advierte Montaño.

El ambientalista sostiene que México y la región podrían enfrentar grandes riesgos asociados a incidentes climáticos y pone como ejemplo el derrame petrolero en la región norte de Veracruz, en el Golfo de México, tras las fuertes lluvias e inundaciones en octubre de 2025, cuando, tras varios días de limpieza, se recuperaron más de un millón de litros de hidrocarburo.

“Nuestro país está siendo cableado de una forma muy peligrosa. Es de las cosas que no se miden con la crisis climática. La infraestructura fósil se construye para un mundo que ya no existe en términos de normalidad”, insiste.

Sin embargo, Montaño también destaca la esperanza en los territorios, donde la restauración ambiental también representa una posibilidad de empleo para comunidades vulnerables. “Tenemos muchos espacios donde hay que deshacer la tarea de los fósiles y volver a construir una nueva realidad ambiental, y ahí hay posibilidades de empleo”, dice a Mongabay Latam.

Agrega que el reto para las autoridades, en especial para la Presidenta Sheinbaum, está en escuchar las necesidades locales para garantizar derechos, en lugar de priorizar los megaproyectos o las grandes industrias.

“Si [ella] deja de escuchar ciertas voces, podemos llegar a ver a la presidenta climática, la necesitamos, no a la presidenta del gas”, señala.

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5. Adaptación y atención a quienes viven la crisis climática

“El cambio climático va a cambiar vidas”. Así lo señala Guadalupe Cobos, defensora del territorio y habitante de El Bosque, Tabasco —primera comunidad reconocida como desplazada climática en México— que vio en 2025 un año complejo para la adaptación.

Para la integrante de esta comunidad los retos seguirán siendo muy similares: tener condiciones para empezar de nuevo la construcción de un hogar perdido por el aumento del nivel del mar.

“No es para mañana, no es para 2050, ya lo tenemos aquí. El cambio climático duele. Duele ver a tu comunidad así”, dice Cobos a Mongabay Latam ante la falta de apoyos más allá de la reubicación hecha en 2024.

En septiembre de este año, los integrantes de la comunidad de El Bosque, junto con organizaciones y académicos presentaron la primera propuesta comunitaria de política pública sobre desplazamiento climático en México, en la que demandan que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno por razones climáticas como una prioridad nacional e incorpore este enfoque dentro de instrumentos de política pública, así como en los compromisos climáticos adoptados.

También incluye propuestas como la actualización de atlas de riesgos, la prevención y atención del desplazamiento por fenómenos lentos o repentinos, la reubicación planificada y participativa, así como financiamiento para este proceso de adaptación.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades federales, al menos en lo presupuestal. La mayor parte del dinero destinado a la acción climática, reflejado en el Anexo 16 del presupuesto, se gastará en infraestructura para trenes, programas militares y políticas energéticas fósiles, de acuerdo con el estudio de la alianza NOSSA.

El documento destaca que apenas el 3.7 % del total de este rubro irá a programas destinados a la protección de los ecosistemas, la gestión del agua y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Mientras que cinco programas sin evidencia de impacto climático positivo concentran más del 94 % del rubro, como el proyecto de trenes e infraestructura, que incluye al Tren Maya, que recibirá 30 veces más recursos que las áreas naturales del país.

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6. Voltear al mar y a la pesca

En los mares y costas del país los retos son igual de complejos, pues también requieren un incremento presupuestal y acciones concretas enfocadas a la pesca, su restauración y apoyo a quienes se dedican a esta actividad, de acuerdo con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

“México no puede seguir con esta sequía presupuestaria para instituciones que garantizan derechos. Este es un gran problema porque al final del día cualquier programa va a caer en saco roto si no tienes presupuesto que pueda respaldar los compromisos del Gobierno”, sostiene.

Terrazas también ve un reto en el plan energético para 2026, al considerar que la apuesta por combustibles fósiles impacta directamente en la vida de comunidades costeras y pesqueras del país. Además, agrega que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay temas ambientales que son preocupantes por priorizar el interés de las industrias sobre el de las comunidades.

“Hay una preocupación muy fuerte por cómo las comunidades en territorios marino-costeros van a seguir absorbiendo los costos de los intereses de las empresas mineras o de extracción de hidrocarburos”, advierte.

Sin embargo, señala que son también las comunidades costeras las que a pesar de estar en la principal línea frente a la crisis climática, son también las que muestran iniciativas locales para adaptarse.

“Son quienes están en la línea cuidando y sembrando manglares que son esta primera línea de defensa [frente a los eventos climáticos extremos, como huracanes]. Están ayudando a proteger arrecifes de coral en Bajos del Norte y el Golfo de México. Los pescadores mantienen la protección y el cuidado, que es importantísimo porque de los corales depende el 25 % de la vida marina en el planeta”, cuenta Terrazas a Mongabay Latam.

En octubre pasado, más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras, redes y organizaciones de defensa ambiental de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz—estados colindantes con el Golfo de México— denunciaron que la actividad petrolera está provocando la pérdida de empleos, desplazamientos de comunidades y contaminación de mares y playas, por lo que llamaron a la Presidenta a proteger a las comunidades y blindar uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta de la exploración de aguas profundas, sin que hasta ahora tengan una respuesta.

En 2026, segundo año de la presidenta Sheinbaum, se observará si estos retos se toman en cuenta para la política nacional y si su cumplimiento o no se reflejan en la situación ambiental mexicana.

Imagen principal: la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio será un reto clave para México en 2026, de acuerdo con especialistas y activistas. Foto: cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 8 de enero de 2026. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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• Once relatores de Naciones Unidas hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de amoníaco, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
• Los expertos denunciaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
• Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
• Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.

La construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional. Once relatores especiales de Naciones Unidas hicieron públicas las seis cartas que enviaron en septiembre pasado a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que señalan de representar un riesgo crítico para la región—, así como a los Gobiernos de México, Suiza y Alemania, de donde son las empresas, y a quienes instaron a tomar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.

En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.

“Vienen una empresa y un Gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.

“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.

Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del Gobierno de ese país.

La comunicación dirigida al Gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.

El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta y la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.

Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en un plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.

Mongabay Latam contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.

Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.

“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.

El banco alemán respondió: “Confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas”. Y agregó: “Dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.

Un proyecto catalogado como amenaza

La construcción de la planta de amoníaco, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), comenzó en 2014 sin que se hubiera llevado a cabo una consulta previa, libre e informada, según denunció el pueblo indígena afectado. La planta está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas que se utiliza como insumo básico en la fabricación de fertilizantes.

Ante esta omisión, las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados, lo que obligó a pausar temporalmente las obras.

Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales del mismo año, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.

A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.

Los relatores advirtieron que “ello podría implicar que el proceso no ha sido de buena fe y que aún requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. En 2025, el megaproyecto sigue en pie.

“La ONU expone que el megaproyecto no solo es una amenaza ambiental, sino también una amenaza social, cultural y de derechos humanos. Su evaluación no se apoya en reclamos aislados, sino en evidencia del daño ambiental, testimonios comunitarios y la falta de salvaguardas”, afirma José Rosendo Castro, presidente del patronato de la organización Bosque a Salvo y miembro del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, integrado por académicos y activistas acompañantes de las comunidades yoreme-mayo.

De la Bahía de Ohuira dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. Además, es un santuario no solo para una gran diversidad de especies, sino también para el pueblo indígena yoreme-mayo, que lo considera un sitio sagrado. Sus centros ceremoniales, ubicados en el mismo territorio, también han resultado afectados “por la contaminación y la destrucción provocada por el proyecto”, advierten los relatores especiales.

Además de ser una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar está reconocido como humedal de importancia mundial —es un Sitio Ramsar— y alberga islas que forman parte de las “Islas del Golfo de California”, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En los documentos, los especialistas señalan que, de acuerdo con un dictamen de un perito técnico independiente, “los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21 000 metros cuadrados [2.1 hectáreas] de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable [humedal], lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna”.

También advierten que, una vez operativa, la planta utilizará 2000 metros cúbicos de agua de mar por hora. “Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje, destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, explican.

De igual modo, señalan que el agua reingresará a la laguna con una temperatura y salinidad superior, “lo que afectará a larvas de peces y crustáceos, además de aumentar el impacto del cambio climático. Adicionalmente, por cada tonelada de amoníaco producida en la planta a partir de gas, se emitirán 1.1 toneladas de dióxido de carbono”, citan los documentos.

Pero los impactos también serán para las personas. Los especialistas alertan que, tras una fuga de amoníaco —que es una sustancia altamente tóxica—, los riesgos serían “fatales, con el potencial de afectar particularmente a la niñez”.

Tras revisar el Estudio de Riesgo Ambiental presentado por la empresa responsable del proyecto, los relatores advierten que la propia compañía reconoce que, “ante una [eventual] fuga de amoníaco de cinco minutos por una [posible] ruptura del amonioducto debido a un accidente, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo, con un peligro inmediato a la salud o a la vida». Esto produciría una «nube tóxica», que alcanzaría un diámetro de 45 kilómetros, afectando así a una población de más de 400 000 personas, y a todo el ecosistema lagunar”.

Además, los relatores destacan que este análisis de riesgo se limita solo a la primera planta de amoníaco, por lo que no considera ni el aumento de la producción en una segunda fase, ni la planta de metanol, contempladas también para el futuro del proyecto.

Mongabay Latam preguntó a Proman GPO si la empresa mantiene su decisión de continuar con el proyecto en su configuración actual y cómo justifica esta decisión frente a los señalamientos de daño ambiental y a la oposición persistente de comunidades locales, a lo que respondió que “el proyecto ha seguido un enfoque riguroso de gestión ambiental, incorporando controles técnicos propios y requeridos por la autoridad ambiental, los cuales son consistentes con los de una instalación petroquímica moderna”.

La compañía insistió en que estas medidas “están diseñadas para preservar las condiciones ambientales del entorno marino-costero y garantizar operaciones dentro de parámetros responsables”. Para ello, afirma que ha desarrollado estudios ambientales y sociales independientes, “revisados por autoridades mexicanas y auditores internacionales, con planes específicos de mitigación, compensación y monitoreo permanente”.

Violencia contra los defensores de la bahía

Los relatores especiales recuerdan que quienes defienden los derechos humanos en la Bahía de Ohuira han enfrentado diversos ataques, incluyendo hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en redes sociales, amenazas, agresiones físicas, allanamientos e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, un día después de liderar una manifestación contra la construcción de la planta de amoníaco, una de las defensoras afirmó ser víctima de un intento de desaparición: personas no identificadas la interceptaron en una camioneta e intentaron subirla por la fuerza, pero logró escapar.

Desde diciembre de 2022, los representantes más visibles del movimiento “Aquí No” —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde abril de 2024 también del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Sin embargo, advierten que “las medidas de protección no han logrado eliminar el riesgo ni el temor que sienten las comunidades con relación a posibles represalias por la defensa de su territorio, por lo que persisten las dudas en cuanto a la eficacia de estas”. Asimismo, señalan que no se han adoptado medidas para abordar a fondo la problemática, como la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con las distintas instancias responsables.

“Es difícil hablar de cómo hemos vivido esta situación, pues la hemos vivido con miedo, han sido muchas las amenazas, tanto internas como externas”, relata Quintero Sandoval. “Ha habido golpes y lo hemos vivido de una manera emocional fuerte. Lo digo como madre: prácticamente me quedé sola porque mis hijos ya no están conmigo por el peligro que corro”.

Los especialistas expresaron además su preocupación por la ausencia de un proceso de consulta adecuado, conforme a los estándares internacionales, que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y la participación de todas las personas afectadas antes del inicio del proyecto. También señalaron la falta de medidas para prevenir posibles violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente derivados de las actividades de la empresa constructora de la planta.

“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y el resarcimiento de los daños”, concluye Quintero Sandoval. “La empresa sigue construyendo bajo la ilegalidad. Necesitamos que actúen con ese ‘bienestar’ que pregonan, porque el bienestar de las comunidades está totalmente fragmentado por esa empresa”.

Proman GPO respondió a Mongabay Latam que su política de derechos humanos “prohíbe explícitamente cualquier forma de coerción, violencia o discriminación. No toleramos prácticas que vulneren la integridad física, emocional o social de individuos o comunidades. La seguridad y el bienestar de las comunidades locales siguen siendo una prioridad fundamental para Proman GPO”.

A raíz de la publicación de las cartas, más de una treintena de organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No” —como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Wildlands Network Programa México, entre otras— destacaron en un comunicado la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas.

Su exigencia al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es que se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores “y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoníaco de GPO”.

Imagen principal: integrantes del movimiento «Aquí No», durante la visita de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en diciembre de 2024. Foto: cortesía Marcos Vizcarra.

Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay Latam el 27 de diciembre de 2025. Son Playas lo replica copn la autorización debida. Puedes consultar la publicación original en este enlace.

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En total se identificaron 179 especies, pero en la obra se incluyen las fichas de 119 de ellas, que contienen imágenes e información sobre sus características y estado de conservación. También aportan información sobre los usos más frecuentes de las plantas, así como la época de floración, fructificación y caída de las hojas.

Adicionalmente, se incluye una propuesta de especies de flora silvestre del Crestón que podrían utilizarse en proyectos de reforestación y ajardinamiento de la ciudad. Para hacer más fácil su lectura, el documento también cuenta con un glosario de términos.

Esta guía fue escrita por José Adrián Beltrán Magallanes, profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Armando Cervantes Estévez, egresado de la misma institución y Raquel Briseño Dueñas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMYL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad Mazatlán.

El trabajo de campo y la publicación del libro fueron financiados por el extinto patronato del Parque Natural Faro Mazatlán (IAP). Los primeros recorridos para la realización del inventario iniciaron en 2020 y tras cinco años de trabajo, la obra fue presentada hoy jueves 9 de octubre.

Además de contribuir a la divulgación del conocimiento de la riqueza natural del Crestón, se espera que esta guía sea utilizada por los visitantes como parte de las actividades de senderismo y que sirva de base para futuros programas de manejo y conservación del cerro.

El documento será puesto a disposición del público en general de forma virtual en los próximos días dado a que el tiraje fue limitado. Se espera que alguna institución u organización se interese en imprimirla posteriormente para su distribución, según se informó durante el evento de presentación.

Aporte científico

Raquel Briseño Dueñas mencionó que la guía es una herramienta educativa y de conservación que proporciona una valiosa conexión histórica y científica, pues para su elaboración se estudiaron herbarios que contienen partes de plantas colectadas en el Crestón del año 1932 hasta 1971, para posteriormente compararlas con las que se documentaron del 2021 al 2023.

Dicha comparación permitió corroborar que hay algunas especies que permanecen en el sitio sin cambios mientras que otras han evolucionado o se han adaptado a las condiciones actuales de su hábitat, explicó.

Al respecto, José Adrián Beltrán Magallanes precisó que los recorridos exploratorios para documentar las especies vegetales del Crestón iniciaron en agosto de 2020. En este proceso, el especialista encontró especies florísticas que no había visto en los últimos 30 años.

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Especies protegidas

En la guía también se hace referencia a seis especies que tienen algún tipo de protección nacional o internacional, señaló aparte el biólogo José Armando Cervantes Estévez. Por ejemplo, cuatro están protegidas por la norma mexicana NOM-159-SEMARNAT-2010, tal es el caso del guayacán (Guaiacum coulteri) y amapa rosa (Handroanthus impetignosus), que están en la categoría de amenazadas; la cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii) que se encuentra en peligro de extinción y el algodón mexicano (Gossypium hirsutum), sujeto a protección especial.

En esta lista se encuentra la cactácea conocida como tasajo o pitayo sina (Stenocereus alamosensis) cuyo fruto es una pitaya que en langua cahíta se nombraba «sina», lo que dio origen al nombre de Sinaloa. Esta especie endémica de nuestro estado se considera vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La otra especie considerada vulnerable por esta norma internacional es el palo amarillo (Esenbeckia hartmanii).

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Contexto histórico

La presentación de la «Guía para un viaje botánico por los caminos del Crestón» se realizó en el auditorio del ICMYL de la UNAM y los comentarios sobre la obra estuvieron a cargo del historiador Luis Antonio Martínez Peña y Ana Cecilia Lerma Arredondo, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la UAS.

En su intervención Martínez Peña recordó que los cerros del Crestón y del Vigía eran islas que con el paso del tiempo se unieron para construir un puerto. «Los mazatlecos estamos íntimamente ligados a los cerros», afirmó.

Hubo un tiempo en que los cerros fueron deforestados porque la población obtenía leña de sus árboles y arbustos, relató. Por esa razón, el impulsor de la primera Ley Forestal de México, Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, promovió campañas de reforestación en Mazatlán durante su visita en 1934.

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Durante su intervención, la académica Ana Cecilia Lerma Arredondo, destacó que en el Cerro del Crestón existen cuatro tipos de vegetación actualmente: bosque tropical seco, bosque espinoso, vegetación halófila (que crece en suelos salinos) y pastizales, en donde se identificaron tres especies invasoras.

Ambos comentaristas coincidieron en que la flora silvestre nativa es una opción viable para utilizarse en futuros proyectos de reforestación y ajardinado de la ciudad, tanto en camellones, jardines y parques, en pérgolas y muros verdes, o como barreras vegetales para delimitar terrenos, evitar la erosión y proporcionar refugio a la fauna.

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Por Víctor R. Rodríguez

Niza, Francia.- En el Golfo de California, donde confluyen el valor ambiental, reconocido por su rica biodiversidad marina, y el económico, a partir de una actividad pesquera, ha sido difícil empatar objetivos para que los ecosistemas marinos se utilicen de forma sostenible, se conserven y generen un verdadero beneficio a las comunidades costeras.

Para lograrlo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica presentaron el modelo de Áreas de Prosperidad Marina durante la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Océano en Niza, Francia, que este año tiene como objetivo respaldar nuevas medidas urgentes para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

El panel, moderado por el científico y divulgador Octavio Aburto, contó con la participación de Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Alejandro Castillo, oficial de programa de Innovaciones Alumbra, y Carlos Correa de Conservation International. 

Bajo el concepto de Área de Prosperidad Marina, se propone una nueva aproximación a la conservación marina al poner a las comunidades costeras en el epicentro de la estrategia de sostenibilidad.

Diseñada en tres etapas, la implementación de esta herramienta comenzaría con un trabajo comunitario que implica el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado, quienes deben respaldar el proceso con apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de infraestructura y de capacidades dentro de las propias comunidades. El objetivo es alcanzar una recuperación total del ecosistema marino, con beneficios directos a las familias del lugar; pero dependerá de un trabajo constante, con visión a largo plazo, al considerar que toda recuperación de flora y fauna marina requiere de tiempo.

Ejemplos de Áreas de Prosperidad Marina

Durante el panel, se mencionó a Cabo Pulmo, Baja California Sur, como ejemplo de que un Área de Prosperidad Marina es capaz de revertir los daños de la sobreexplotación a partir de la intervención comunitaria, trayendo mayores beneficios económicos a los participantes. También sumaron los casos de El Manglito, en Baja California Sur, y La Reforma, en Sinaloa, en donde las propias comunidades participan activamente con acciones de aprovechamiento sostenible y conservación dentro de su territorio. 

Ante un público atento, los expertos coincidieron que la cooperación entre los actores involucrados es un elemento crucial para alcanzar las metas. “El gobierno debe facilitar la mediación entre las partes para empatar objetivos, siempre considerando las necesidades de la comunidad”, expresó Marina Robles de Semarnat.

Para Alejandro Castillo, de Innovaciones Alumbra, el gran reto de la iniciativa privada radica en cambiar el modo en que se entienden las inversiones en la conservación, hacia una en la que la maximización de las utilidades no sea el último objetivo. Consideró que existen modelos sostenibles de acuacultura que han tenido resultados exitosos con potencial de ser replicados en el Golfo de California.

Si bien la herramienta de conservación marina parece prometedora, implementarlo en el territorio del noroeste de México no será tarea fácil. Cada comunidad es un caso, cada sitio es un mundo. La realidad comunitaria vinculada al ecosistema marino de Cabo Pulmo es única; pocas comunidades costeras en el Golfo de California comparten las mismas variables. Cada una vive un contexto único, aspectos que van desde lo sociocultural, el tipo de pesquería desarrollada, el acceso a servicios básicos públicos, hasta temas de seguridad, como la presencia del crimen organizado, que requieren de colaboración interinstitucional. También está la falta de credibilidad, la cual ha erosionado la confianza de las comunidades hacia los esfuerzos de conservación. 

“Ante la diversidad de comunidades, necesitamos una diversidad de soluciones, todas con algo en común: que la mejor estrategia de restauración debe ser compartida con la comunidad”, expresó Marina Robles al reconocer la complejidad en el noroeste de México.

Se siente un ánimo positivo en el ambiente. Sin embargo, como todo lo que se expresa durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océanos, el reto estará en el futuro de las intenciones: que en verdad se conviertan en acciones tangibles que deriven en una auténtica prosperidad, tanto a las comunidades costeras como a los ecosistemas marinos del Golfo de California.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia.

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En la capacitación participan estudiantes y profesionales de ciencias biológicas y afines de Yucatán, San Luis Potosí, Baja California, CDMX, Nayarit y Sinaloa con el objetivo de mejorar sus practicas de campo y técnicas para conocer cómo es que las aves interactúan con su entorno y con otras especies.

Esta información es fundamental para poder desarrollar estrategias de protección y conservación tanto de las aves como de sus hábitats.

Los especialistas Saíd Quintero Félix, Gisela Cabanillas, José Ramón Ávalos, Juanita Fonseca, Alfredo Leal y Medardo Cruz fungen como instructores de esta capacitación, en la cual también se incluyeron ponencias de Eunice Murúa y Arturo Ruiz Luna, investigadores del CIAD.

El evento inaugural estuvo a cargo de la coordinadora del CIAD Unidad Mazatlán, Crisantema Hernández, quien manifestó que la institución está interesada en establecer lazos con las comunidades, organizaciones no gubernamentales, academia y gobiernos para implementar iniciativas que disminuyan las amenazas a las aves.

Las actividades teóricas y prácticas se extenderán hasta el día domingo 4 de mayo, día en que se llevará a cabo la práctica de anillamiento en el Estero del Yugo y cierre del taller, el primero en su tipo en la localidad.

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Por: Ana Cristina Alvarado/Mongabay LATAM

En los Andes, los picos blancos de las elevaciones eran llamados nieves perpetuas. Sin embargo, desde hace años, se sabe que los glaciares están desapareciendo. Para levantar conciencia sobre la importancia de su conservación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que 2025 sea el Año Internacional de los Glaciares y el 21 de marzo Día Mundial de los Glaciares, además de su lema para el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.

Estas grandes masas de hielo, que se encuentran principalmente en los polos y en las altas montañas, “tienen un rol a escala global”, dice Constanza Espinoza, cofundadora y directora de la Fundación Glaciares Chilenos. Por un lado, son reservas críticas de agua dulce y constituyen parte importante del ciclo hidrológico de la Tierra.

Por otro lado, explica Espinoza, principalmente los glaciares de la Antártica, Groenlandia y el Campo de Hielo patagónico, por su magnitud, “permiten bajar la temperatura del planeta”. Esto sucede gracias al albedo, que es la capacidad que tienen el hielo y la nieve de reflejar la radiación solar, en lugar de absorberla, como lo hacen otras superficies terrestres.

Si bien esos enormes bloques helados parecen inertes, allí también habitan diferentes tipos de organismos. Uno de ellos es el dragón de la Patagonia, un insecto de la familia de los plecópteros que realiza todo su ciclo de vida en el hielo, explica Espinoza. Asimismo, dice, su derretimiento, dentro de los parámetros normales, abastece de agua y nutrientes a ecosistemas completos.

El calentamiento global, no obstante, está amenazando a los glaciares y a la vida que sostienen. Jorge Luis Ceballos, glaciólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, dice que en todo el mundo se está experimentando “un derretimiento acelerado”.

Por la posición del planeta en relación con el sol, la situación es más crítica para los glaciares tropicales, explica Ceballos. En América del Sur, estos se encuentran alrededor de la línea ecuatorial, entre Venezuela y la frontera norte de Chile y Argentina.

A pesar de la amenaza inminente, iniciativas a lo largo de los Andes buscan estudiarlos, visibilizar los impactos de las industrias mineras y difundir su importancia para la espiritualidad de los pueblos indígenas con el fin de protegerlos.

Un mensaje desde Venezuela, la primera nación postglacial

Aunque en el Pico Humboldt, en Venezuela, todavía queda alrededor de una hectárea de hielo, un poco más que un campo de fútbol, “para los glaciólogos ya no puede considerarse un glaciar”, dice Luis Daniel Llambí, profesor titular de ecología de la Universidad de los Andes, en Mérida. Esto convierte al país, cuyos glaciares sumaban en 1910 una superficie equivalente a 300 canchas de fútbol, en la primera nación postglacial de los Andes.

Es por eso que Llambí, junto a otros científicos, inició investigaciones para entender cómo estaban cambiando los ecosistemas a medida que desaparecían los glaciares y así “mandar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático”, señala.

El científico enfatiza en la importancia de que los países andinos protejan sus glaciares y establezcan una cultura de turismo responsable en las montañas, pues cuando estas grandes masas de hielo retroceden, “se forman ecosistemas de una fragilidad enorme”.

En 2019, Llambí y la física Alejandra Melfo coordinaron el inicio de una serie de expediciones financiadas por National Geographic para documentar la desaparición de los glaciares y estudiar la colonización de la vida.

Los científicos observaron “cómo se va armando un ecosistema desde cero”. Encontraron que donde el glaciar desapareció recientemente, primero colonizaron organismos microscópicos como las bacterias. Más tarde, llegan los líquenes – la unión o simbiosis entre un hongo y un organismo fotosintético, generalmente un alga o una cianobacteria– y musgos.

Les sorprendió que cerca del glaciar dominan sobre todo los líquenes. “Con nuestro equipo descubrimos siete especies nuevas para la ciencia, lo cual en líquenes es raro, porque son de distribución bastante amplia y no es tan fácil conseguir especies nuevas”, señala.

Luego, el equipo halló que los líquenes y los musgos se asocian en biocostras que favorecen el establecimiento de las primeras plantas. Las gramíneas o pastos colonizaron esas zonas incipientes, pero inmediatamente después, aparecieron las plantas con flor. Muchos años más tarde, llegaron los primeros polinizadores.

A medida que los investigadores se alejaban del remanente de hielo del Pico Humboldt y bajaban hasta donde llegaba el glaciar en 1910, veían ecosistemas con más tiempo en desarrollo, explica Llambí. “Es interesante estudiar cómo la vida se abre paso”, afirma.

No obstante, a Llambí le preocupa que mientras el deshielo es acelerado, principalmente en los Andes tropicales, los nuevos ecosistemas se ensamblan lentamente. Luego de 100 años desde que el glaciar del Pico Humboldt empezó a retroceder, las primeras redes de plantas y sus polinizadores, todavía son “extremadamente sencillas”.

“Enfrentamos el peligro de acumular una deuda climática, porque no sabemos si los organismos van a colonizar a una velocidad suficiente para enfrentar el cambio climático”, concluye.

Chile: la ciudadanía defiende a los glaciares frente a una minera

En 2024, una minera estadounidense quiso entrar al Parque Andino Juncal, que cuenta con 24 glaciares y está al pie del glaciar Juncal, uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Esta reserva privada ubicada en la región de Valparaíso, Chile, tiene, además, seis humedales y numerosas fuentes de agua prístina. Por eso, en 2010 fue declarada sitio Ramsar, un protocolo internacional para la protección de humedales.

En el Juncal “nace el agua de la cuenca del Aconcagua y de allí proviene uno de cada cuatro litros de agua que bebemos las personas de la región de Valparaíso, donde viven dos millones de personas”, afirma Jorge Morales, vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa.

El agua recorre 150 kilómetros, desde los glaciares en el límite con Argentina, por el valle del Aconcagua hasta desembocar en el océano Pacífico. En ese recorrido, hay ecosistemas sensibles que dependen de este recurso. “Si la minería interviene el Parque Andino Juncal, se correría el riesgo de que la fauna endémica desaparezca”, asevera Constanza Espinoza.

Aunque la familia Kenrick es propietaria del Parque de 13 796 hectáreas, en Chile, eso le da propiedad solo sobre la superficie, no sobre los minerales o recursos del subsuelo. La minera adquirió 15 concesiones para la exploración y explotación de cobre y oro en 8300 hectáreas del lugar.

En Chile, antes de la exploración, se requiere que las mineras monumenten su pertenencia estableciendo hitos. Solo esta actividad ya representaría una afectación directa a la biodiversidad del Parque, por lo que la familia propietaria solicitó en primera instancia que la marcación se haga en formato digital. No obstante, en marzo de 2024, la minera estadounidense consiguió una orden judicial para entrar a la zona.

La comunidad se organizó para impedirlo. “Comenzamos cinco personas y llegamos a ser cerca de 80 organizaciones a lo largo del valle del Aconcagua”, cuenta Morales. Realizaron actividades de visibilización sobre la importancia de los glaciares e incluyeron expresiones artísticas, culturales y espirituales. La resistencia pacífica alcanzó un primer triunfo.

El 16 de abril de 2024 venció el plazo para que la empresa concretara la pertenencia minera, por lo que tendrá que reiniciar el proceso de solicitud de la concesión. Esto permitió que las organizaciones que se unieron para defender el Parque ganen tiempo.

“Tuvimos acceso a información que señala que las reservas mineras no son tan significativas para un proyecto de inversión”, asegura el vocero de la Coordinadora Defensa Akunkawa. Sin embargo, esto no anula la amenaza. “Puede ocurrir que el titular venda el proyecto a alguien que sí le resulte atractivo”, dice.

Por el momento, los defensores del Juncal y del Valle del Aconcagua se mantienen alertas y siguen levantando información para continuar con la protección de los glaciares una vez que la amenaza se reactive.

En Colombia, un pueblo indígena declaró intangibles a los glaciares

Para los U’wa, los glaciares son sagrados. “El Dios Sira nos dejó el glaciar para que nosotros nos conectáramos directamente con ellos”, dice Juan Tegria, asesor jurídico de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa. Se refiere al Zizuma, como es conocido en su lengua, o a la Sierra Nevada del Cocuy, en el norte de Colombia.

“Si nosotros permitimos que el glaciar sea pisado, ensuciado o disminuido, la conexión espiritual se va a acabar. Por eso no permitimos que el glaciar sea tocado”, explica el abogado. Pero no siempre fue así.

El Zizuma fue declarado como Parque Nacional Natural El Cocuy en 1977. En 2021 recibió unos 25 000 visitantes. Durante mucho tiempo, montañistas y turistas caminaban, se deslizaban, jugaban y pernoctaban sobre los glaciares. Entonces, en 2014, los U’wa iniciaron una protesta para que el Parque se cierre al turismo.

Después de años de tensiones entre el pueblo indígena U’wa y el gobierno colombiano, llegaron a un acuerdo. En 2017 se emitió una resolución en la que se autoriza el uso de tres senderos para subir hasta el borde del glaciar. En el website de Parques Nacionales de Colombia se corrobora esta decisión y se alerta la prohibición de “pisar, deslizarse sobre la nieve o manipular la misma”.

“Resulta que en 2024 volvimos a hacer una movilización”, relata Tegria. El abogado señala que les llegó información de que “hay gente sin escrúpulos” que ocupa senderos no autorizados y pasa la noche en el glaciar, aunque está prohibido. “Dijimos que tenía que volver a cerrarse el Zizuma, pero los campesinos que se benefician de las actividades turísticas no estuvieron de acuerdo. Así que nos retiramos”, cuenta.

En 2024, los U’wa ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado colombiano por la violanción a sus derechos. El caso fue motivado por el desarrollo inconsulto de una serie de proyectos hidrocarburíferos en su territorio ancestral, por la falta de reconocimiento formal de su territorio y por los conflictos sobre el manejo del Parque Nacional Natural.

La sentencia dispuso, entre otros, que Colombia asegure la participación de la Nación U’wa en la administración del área protegida. “Estamos tratando de concertar que no exista ese turismo clandestino, si van a salvaguardar el Zizuma, que se haga de manera integral”, exige Tegria.

Si bien es difícil llegar a un consenso entre la cosmovisión indígena y el deseo de los turistas de ascender los glaciares, este pueblo espera que se respete su cosmovisión. Los U’wa realizan diferentes rituales a lo largo del año con el objetivo de que se mantenga el equilibrio de la naturaleza, que a su pesar, está cambiando por el calentamiento global.

Este texto fue publicado originalmente por Mongabay LATAM y Son Playas lo replica con el permiso correspondiente. Foto principal: Glaciar Juncal Norte, en la región de Valparaíso, Chile. Foto: Parque Andino Juncal.

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• En 1987, la Unesco declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad a Xochimilco, zona de humedales ubicada al sur de México. Esa categoría fue otorgada, en especial, por sus chinampas, antiguos sistemas agrícolas desarrollados desde la época de los aztecas.
• En las últimas décadas, la actividad productiva y la biodiversidad de Xochimilco se han transformado: las chinampas han mutado de propósito y el número de ajolotes, especie icónica de la zona, ha disminuido drásticamente.
• Para conservar y reactivar la zona chinampera, científicos del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y productores de la zona impulsan un programa integral de reactivación para conservar esta área de humedales y toda la vida que depende de ella.

Corrían los años ochenta y antes de que cayera el amanecer, Basilio Rodríguez ya estaba listo para trabajar. Apenas era un niño y ya ayudaba a preparar el suelo para el cultivo, recolectaba cosechas, quitaba maleza, cuidaba plantas. A finales de octubre pasaba la noche cortando flores de cempasúchil para el Día de Muertos, dormía en las chinampas. Así es como se nombra a las pequeñas islas artificiales que permiten el desarrollo de un sistema agrícola creado por los aztecas y que forman parte de la identidad de Xochimilco, la zona lacustre que ha logrado sobrevivir en el sur de la Ciudad de México.

Es una cálida mañana de septiembre de 2023. Basilio Rodríguez —–flaco, de sonrisa fácil y voz suave—– ya tiene 54 años. Es su día de descanso, pero no lo dedicó a relajarse en casa, se puso a trabajar y recién preparó para la siembra la esquina de su chinampa: un terreno flotante de casi un cuarto de hectárea sobre el que cultiva de todo, desde epazote, hierbabuena, perejil, rábano y cebolla hasta calabaza, manzanilla, romerito, cempasúchil y más. La cosecha depende de la temporada. Ahora, esa tierra ubicada en el humedal de Xochimilco está pintada de verde, filas y filas de lechugas están listas para ser cortadas y vendidas en el mercado. Y en el espacio que el agricultor preparó, sembrará 10 000 lechugas más.

Su chinampa, a la que sólo se puede llegar en canoa, hoy resulta ser poco convencional en la zona.

En otros tiempos, estos fragmentos de tierra fueron sólo utilizados para cultivar verduras y hortalizas, tal y como lo popularizaron los agricultores aztecas en la segunda década del siglo XVI. Desde hace ya algunas décadas, las chinampas empezaron a mutar de propósito: algunas ahora son campos de futbol, restaurantes, bares clandestinos, salones para fiestas o temazcales, esas cúpulas hechas de adobe en las que se ofrecen baños de vapor. Otras están abandonadas. Un escenario muy distinto al de 1987, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgó el estatus de Patrimonio de la Humanidad al lago de Xochimilco y sus chinampas, por ser un sistema productivo agrícola único en el mundo.

—Cuando usted era niño, ¿qué tantas chinampas se usaban para la agricultura?

—Uuuuuuy, infinidad, todo. Conocía infinidad de campesinos y ellos no sembraban poquito como yo, ellos sembraban entre siete y ocho hectáreas —dice Basilio Rodríguez, apoyado en su azadón y con las manos llenas de tierra negra.

Con el correr de los años, el paisaje cambió y despertó inquietudes.

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio un dato que reveló la magnitud de la transformación de Xochimilco, de San Gregorio Atlapulco, de San Luis Tlaxialtemalco, de San Pedro Tláhuac y de San Andrés Mixquic, las otras cuatro zonas chinamperas en la Ciudad de México: de 20 922 chinampas, sólo en 17 % seguía cultivándose a cielo abierto y con invernaderos, malla sombra o macrotúneles. El 83 % restante estaba en el abandono.

Pese a su transformación, Xochimilco mantiene el estatus de Patrimonio de la Humanidad.

Basilio Rodríguez es conocido como el mejor pescador de la zona, pero no es su único talento: producir verduras y hortalizas es otra de las actividades en las que destaca: Crédito: Aminetth Sánchez.

La mutación de las chinampas provocó cambios en la actividad productiva y, como consecuencia, en la biodiversidad de la región. Porque en esta zona lacustre todo está unido como una gran cadena, dice Carlos Sumano, integrante del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y si las personas chinamperas están en peligro de extinción, también los ajolotes, la especie icónica de Xochimilco.

Desde hace 15 años, investigadores del Laboratorio de Restauración Ecológica y productores trabajan para reactivar la zona chinampera. Su plan consiste en reducir la cantidad de carpas y tilapias —especies introducidas—, impulsar el monitoreo ambiental y crear chinampas-refugios para dar la vuelta a la transformación.

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Dar futuro a una especie y a un ecosistema

El ajolote es “un monstruo acuático”. Ese es el significado de su nombre en náhuatl: atl es agua, xólotl es monstruo. Sus branquias externas, su piel suave y sin escamas, sus crestas, sus aletas, su capacidad de regenerar partes de su cuerpo y sus pequeños ojos son parte del mito del Quinto Sol, ese que fue escrito por Fray Bernandino de Sahagún en 1577 y dice que para hacer que el sol y la luna se movieran en el cielo debían sacrificar a un dios: Xólotl, gemelo de Quetzalcoatl, que le huía a la muerte. Para sobrevivir, se convirtió en caña, en maguey y en ajolote. Finalmente lo asesinaron.

El ajolote pertenece al grupo de los anfibios. En 2018, en el Programa de Acción para la Conservación de las Especies, editado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reportó 17 especies de salamandras del género Ambystoma, 16 son originarias de México y una de Canadá y Estados Unidos. La Ambystoma mexicanum, endémica de Xochimilco —es decir, que sólo se puede encontrar en esa zona—, aparece en la categoría de En Peligro de extinción en la norma NOM-059-Semarnat-2010 y En Peligro Crítico en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Cuando los aztecas diseñaron el sistema de canales y humedales de esta zona, los ajolotes de la especie Ambystoma mexicanum crecieron y se reprodujeron de manera exitosa en estos hábitats. Era frecuente verlos desplazarse en esas aguas o como una fuente de alimento en las comunidades, de acuerdo con los autores de “Una historia de dos ajolotes”. Tras la caída del imperio azteca, en 1521, sus ecosistemas acuáticos comenzaron a deteriorarse. “El ritmo del deterioro fue gradual y sutil hasta mediados del siglo XX. En ese momento, los ajolotes parecían ser lo suficientemente numerosos como para sustentar una pesquería para el consumo local. Sin embargo, el deterioro de su hábitat aumentó precipitadamente cuando la Ciudad de México triplicó su tamaño entre 1950 y 1975”, detallan los investigadores Randal Voss, Ryan Woodcock y Luis Zambrano en el artículo científico publicado en noviembre de 2015 en la revista BioScience.

La destrucción de la zona lacustre ha avanzado en forma acelerada y las causas detrás no han hecho más que diversificarse. Al avance de la mancha urbana se sumaron la introducción de especies exóticas —particularmente peces como carpas y tilapias— en la década de los sesenta, la aplicación de agroquímicos en algunas chinampas, la descarga de aguas residuales provenientes de viviendas cercanas, el cambio de uso de suelo, la cantidad y calidad de agua disponible y el reemplazo de canoas por lanchas motorizadas para trasladar personas.

“Se comenzó a ver una tendencia progresiva en la disminución del número de ajolotes por kilómetro cuadrado en la zona de Xochimilco y, en general, en lo que queda de la cuenca”, explica Carlos Sumano.

El Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM tiene un ambicioso objetivo: restaurar a largo plazo la zona chinampera de Xochimilco aplicando pesca intensiva para reducir la cantidad de carpas y tilapias, con un sistema de monitoreo ambiental y con la rehabilitación de chinampas y apantles para generar refugios que fortalezcan la conservación del ajolote y otras especies nativas. Crédito: Aminetth Sánchez.

La densidad de ajolotes pasó de 6 000 por kilómetro cuadrado en 1998 a sólo 100 en 2008, de acuerdo con los autores del artículo “Una historia de dos ajolotes”. Una caída de 98.3 % en 10 años. Lo peor es que el declive persiste.

El doctor en ecología básica Luis Zambrano González, titular del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, lideró el último censo de ajolotes. En 2014, junto con su equipo, se dedicó a contar cuántos anfibios había en el ecosistema de Xochimilco. Montados en una embarcación, con un experto en ajolotes al frente, cada 200 metros lanzaban la atarraya a los canales para detectar cuántos había en la zona. El resultado: menos de 35 por kilómetro cuadrado. Una drástica caída confirmada por los habitantes del lugar, quienes temen que al realizar un nuevo censo, no se llegue ni a los 10 ajolotes. “Sí, sí, sí es muy posible ese escenario”, dice el investigador.

Para evitar que ese escenario empeore, un equipo integrado por investigadores y productores trabajan en un proyecto de restauración ecológica bautizado como chinampa-refugio.

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Agua, el foco de la rehabilitación

Carlos Sumano viaja en bicicleta a su trabajo. Su empleo está al sur de la capital, en Xochimilco, a un costado del Embarcadero de Cuemanco, uno de los puntos de salida de las trajineras tradicionales, embarcaciones construidas con madera, decoradas con flores y papel colorido. Tan pronto llega, el hombre de 39 años toma un sombrero, se pone unas botas de hule y sube a una canoa. Con equilibrio, técnica para remar y ruta clara, sale a gestionar el proyecto de restauración, a resolver pendientes, a platicar con chinamperos y a visitar los refugios donde se intentan recuperar las poblaciones de ajolotes.

Carlos Sumano es el puente entre los chinamperos y el laboratorio de la UNAM. Crédito: Aminetth Sánchez.

Desde hace 15 años, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, coordinado por el doctor Luis Zambrano González, tiene un ambicioso objetivo: restaurar a largo plazo la zona chinampera de Xochimilco aplicando pesca intensiva para reducir la cantidad de carpas y tilapias, con un sistema de monitoreo ambiental y con la rehabilitación de chinampas y apantles –canales para llevar agua a los cultivos– para generar refugios que fortalezcan la conservación del ajolote y otras especies nativas.

“Los primeros tres o cuatro años los dedicamos a tratar de entender cuáles eran las causas fundamentales por las cuales el ajolote estaba yéndose a la extinción”, cuenta Luis Zambrano. Luego, en colaboración con las personas dueñas de chinampas, terminaron de delinear el plan integral. “El tiempo dedicado y el trabajo constante con chinamperos derivó en un plan robusto. Son dos cosas que en la ecología de la restauración no siempre funcionan, la gente hace dinámicas de restauración y se va. Entonces la gente local dice: ‘esto no me sirve para nada’. Lo que he aprendido es que si uno quiere hacer un proyecto de restauración tiene que ser a largo plazo”.

Lo que busca el laboratorio no sólo es tener más ajolotes, sino restaurar su hábitat completo. “Podemos tener mil millones de ajolotes en peceras, nada más es cosa de tener las peceras, se puede y muchos lo hacen. Pero eso no sirve de nada”, dice Luis Zambrano. “Si nosotros extinguimos al ajolote de Xochimilco y hay muchos en Alemania, ya no existe la especie, porque la especie es un producto evolutivo de la interacción con su propio ecosistema, es parte fundamental, de otra manera es un conjunto de DNA que sobrevive pero no es una especie como la conocemos, porque además modifica sus hábitos, su comportamiento, su fisiología. Entonces restaurar la especie involucra de manera primordial restaurar su hábitat”.

El proyecto atiende el epicentro de varios problemas: la cantidad y la calidad de agua, dice el biólogo Miguel Rivas, integrante del laboratorio. “Había un loop de retroalimentación negativa: malas cosechas, poco ingreso de dinero (para los productores), abandono de las tierras y entonces la calidad de agua y la biodiversidad iban en disminución”, detalla el investigador desde el edificio del Instituto de Biología ubicado en Ciudad Universitaria, a 30 minutos en auto desde Xochimilco.

Al mejorar la calidad del agua, aumenta la producción agrícola en las chinampas, se protege la vida de especies nativas como ajolotes, charales (Menidia jordani) y acociles (Cambarellus montezumae) y se reduce la presencia de especies exóticas. Un ciclo positivo que busca contrarrestar el loop negativo que mencionan los investigadores.

Además, destaca Miguel Rivas, los humedales son ecosistemas estratégicos para mitigar los efectos del cambio climático. Primero por el papel importante que desempeñan en la captura y almacenamiento de carbono. Segundo, porque son amortiguadores de cambios extremos en el clima, más si están ubicados en una ciudad. “Si en algún momento el humedal de Xochimilco desapareciera, inmediatamente tendría varios impactos como de bolas de billar: le pega a la temperatura, a las inundaciones y a la captura de carbono. Se enrarecería mucho más el ambiente”, agrega.

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Las chinampas, el centro de la acción

Las chinampas-refugio son protagonistas de esta historia. En 2008, el laboratorio comenzó a impulsar la transformación de estos terrenos flotantes con canales rehabilitados para mejorar la vida de los ajolotes y otras especies nativas. Son sitios especiales para promover la restauración del hábitat de los ajolotes y permitirles completar su ciclo de tres etapas: embrionaria, larvaria y adulta, en la que suele ocurrir el proceso de reproducción. Lejos de la amenaza de sus depredadores. Lejos de la mala calidad del agua.

“El planteamiento consistió en considerar a la chinampa y a los apantles o zanjas como una unidad ambiental, cuya interacción es altamente dependiente una de otra. Es decir, las actividades que se desarrollan en la chinampa inciden directamente en la calidad de los apantles, y ésta a su vez influye en la conservación de la vocación agrícola de las chinampas”, se lee en el plan maestro del proyecto.

Este tipo de chinampas-refugios tienen dos características principales. La primera es que los apantles que rodean los terrenos tienen una compuerta al inicio para impedir el acceso de carpas y tilapias. Esta estructura hecha con un marco de polines de madera y una malla plástica garantiza que el agua del canal principal (acalote) se mezcle con el del apantle, pero sin dar acceso a las especies exóticas. La segunda característica es que a las orillas de la tierra se plantan árboles ahuejotes (Salix bonplandiana) y se instalan estacas para estabilizar y evitar los desgajamientos. Los protocolos técnicos son la base.

Una vez apalancado el terreno y rehabilitados los canales, las plantas aparecen en escena para la construcción de biofiltros. La técnica se centra en usar plantas acuáticas —como zhacaltule (Schoenoplectus americanus) y tule ancho (Typha latifolia)— para limpiar el agua. Cuando las raíces de estas plantas crecen, sirven como una barrera natural que se suma a las compuertas para impedir la entrada de especies exóticas.

“El resultado son aguas limpias, de muy buena calidad, donde viven ajolotes, ranas y otros animales muy pequeñitos, muy sensibles a contaminantes. Este es nuestro indicador de que estamos haciendo bien las cosas”, dice el chinampero Felipe Barrera.

La chinampa de Felipe Barrera es de unos mil metros cuadrados. Tiene en el centro y a los costados espacios restaurados que funcionan como refugios. Crédito: Aminetth Sánchez.

No cualquier chinampa puede funcionar como refugio. Niveles y calidad de agua suficientes, producción libre de agroquímicos, uso de suelo para agricultura y un chinampero comprometido son los requisitos mínimos para lograrlo. “Aquí el sembrado es un arte”, describe Basilio Rodríguez.

Durante la primera etapa del proyecto, tan sólo de enero a mayo de 2012 se rehabilitaron 2 500 metros cuadrados de chinampas. ¿El impacto? Mejoró parte del área lacustre de Xochimilco, se impulsó la producción de alimentos, se recuperaron ciertos canales y zanjas, se rehabilitaron hábitats y mejoraron las condiciones de agua en algunas zonas.

La chinampa de Felipe Barrera es de unos mil metros cuadrados. Tiene en el centro y a los costados espacios restaurados que funcionan como refugios. Crédito: Aminetth Sánchez.En 2014, el laboratorio realizó un taller con productores para explicarles el modelo chinampa-refugio y la elaboración de abonos orgánicos, biofertilizantes y controladores de plagas. De ahí nació la relación con muchos de ellos para lograr la apertura de zanjas que terminaron siendo refugios para ajolotes.

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El propósito: transformar 400 chinampas

Quince años después de la puesta en marcha de este proyecto, el laboratorio tiene un récord de números positivos: 40 chinampas rehabilitadas, 36 refugios, 71 biofiltros construidos, 119 729 metros cuadrados de superficie sembrada, 228 beneficiarios directos (chinamperos y familia) y 912 beneficiarios indirectos (jornaleros que trabajan en chinampas). Y quieren más.

“Lo que nos gustaría es tener unas 400 chinampas en los próximos 15 años. Hay espacio para eso, posibilidades y capacidades económicas para hacerlo también, lo único que hace falta es un poco de voluntad política y de trabajo en conjunto con el gobierno”, dice Luis Zambrano.

Cada uno de los refugios están en diversas etapas, explica Carlos Sumano, algunos están en la fase de rehabilitación de las chinampas y otros ya cuentan con ejemplares de ajolotes. El tiempo que toma la transformación de los espacios varía, pues cada chinampero cuenta con recursos económicos y tiempo diferentes.

Basilio Rodríguez recuerda cuando hace cuatro años su chinampa estaba a ras de agua, parecía un charco. Junto con los investigadores, reconstruyó el terreno, sacaron el sedimento, enfilaron las estacas, rellenaron los huecos. “Ahora es una tierra que se ve hermosa”, presume el chinampero.

El diseño de los refugios no es único, pues los tamaños de los terrenos y las distribuciones cambian, algunos se enfocan sólo en los canales que rodean los terrenos, otros ponen pequeños refugios arriba de las chinampas como si fueran pequeños estanques.

Carlos Sumano, quien gestiona la iniciativa en campo, se sabe de memoria el estado de cada refugio, su ubicación y hasta los horarios de almuerzo de los propietarios.

”Estamos trabajando con Basilio, su refugio está en una etapa intermedia. Él está trabajando mucho la parte de agricultura, pero al refugio todavía le falta, esperamos consolidarlo terminando este año”, dice el investigador vestido con camisa blanca y pantalón de mezclilla, mientras navega por los canales de Xochimilco.

“Este es el refugio de don Felipe, fue de los primeritos. ¿Cuánto tendrá? Como unos siete años. Él quiso hacer su refugio arriba de la chinampa”, comenta Carlos Sumano mientras estaciona su canoa y la amarra a un árbol para que no se desplace.

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Recuperar la chinampa, recuperar el ecosistema

Los adultos mayores cuentan que las chinampas en Xochimilco medían 10 metros de ancho por 100 metros de largo. Ese era el trazo más común, el equivalente a la séptima parte de un campo de futbol profesional. Justo de ese tamaño es la chinampa-refugio de Felipe Barrera. Son 1 000 metros cuadrados de cultivos, donde conviven maíz, cempasúchil, hierbabuena y mucho más. Hay diversidad de plantas, de insectos, de calidad de agua. Un paraíso chinampero. “Cuando hablamos de un ecosistema saludable es así, como este, diverso”, explica Carlos Sumano.

El plan para restaurar su chinampa comenzó hace siete años, después de que Felipe Barrera regresara a Xochimilco para retomar la tradición chinampera de su familia. El primer paso fue buscar la forma para obtener agua limpia: “Empecé a juntar agua de lluvia en estanques que si no son propiamente un apantle, sí pueden servir para almacenar”, describe con voz vibrante este hombre de 47 años.

Luego unió fuerzas con el equipo del laboratorio de la UNAM y el chinampero Pedro Méndez para trabajar en la restauración de los canales secundarios, conocidos como apantles, que sirven para proveer agua a la cosecha. La premisa del proyecto científico es que nada se consigue sin la participación de los productores locales y habitantes de la zona. Es un proyecto de todos, para todos.

El impacto de las chinampas-refugios en la zona se traduce directamente en mejor calidad de agua, cultivos superiores, mayor número de cosechas, beneficio económico ampliado y, por ende, mayor aprecio hacia la tierra, enumera Miguel Rivas. Y tener una mejor calidad de agua también provoca mayor diversidad y un ecosistema más sano que funja como amortiguador ante el cambio climático.

Carlos Sumano sumerge la mano en uno de los apantles de la chinampa-refugio de Felipe Barrera, en la que calcula se han invertido unos 500 000 pesos (casi 30 000 dólares). El agua se ve diferente: cristalina, clara, es posible ver a través de ella, tiene olor a vegetación, las raíces de las plantas son blancas y hay variedad de fauna acuática, como cucarachas de agua y pequeños crustáceos. Esa imagen es muy diferente al agua color verde-azul del canal principal de Xochimilco, donde las raíces son oscuras, con sólidos disueltos y contaminantes.

Carlos Sumano, quien gestiona en campo el proyecto de restauración ecológica, bautizado como chinampa-refugio, se sabe de memoria el estado de cada refugio, su ubicación y hasta los horarios de almuerzo de los propietarios. Crédito: Aminetth Sánchez.

“Una vez que vemos insectos presentes en las plantas, en la zona de raíces principalmente, podemos empezar a tener pequeños peces, acociles (crustáceos de agua dulce), fauna de mayor talla. Y al final, si todo está restablecido, podemos tener ajolote, porque el ecosistema está funcionando”, detalla el investigador.

Ese es el anhelo de muchos productores. Comparten el sueño de que sus ecosistemas funcionen. Pero su tarea no termina con la puesta en marcha del refugio: el monitoreo, la evaluación, el mantenimiento, el uso de biofertilizantes y abonos orgánicos, y la utilización de lodos para germinar semillas son parte de las labores que deben realizar para ser parte de la red. Y también para que los productos cosechados en su terreno tengan el distintivo ecológico Etiqueta chinampera –—que no es una certificación—, pero los reconoce como de calidad agroecológica.

El distintivo sólo lo obtienen los chinamperos cuyas cosechas suman un puntaje total de 53 puntos asociados a la calidad de agua, la producción chinampera y a los refugios para la biodiversidad. Y hay tres niveles, que definen el progreso de los refugios en su unidad de producción. Claudia Medina, Cassandra Garduño, Basilio Rodríguez y Felipe Barrera son algunos de los 18 productores que hoy tienen la etiqueta y pueden vender sus productos en Tienda UNAM, el supermercado que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Están abriéndose más espacios de comercialización hacia consumidores que buscan este tipo de productos. Y los chinamperos por sí solos también tienen sus esquemas de comercialización, sus propios clientes y este distintivo les permite ofrecerles seguridad”, asegura Carlos Sumano. Además, es un fortalecimiento económico para el proyecto que año con año ha buscado financiamiento con gobiernos, empresas, organizaciones e iniciativas como fondeo colectivo para continuar.

A 15 años del inicio, desde el laboratorio tienen claro que el logro más significativo es que ya existe un modelo de restauración con evidentes beneficios en los cuerpos de agua.

“Es un ejemplo vivo de cómo la humanidad puede coexistir en un ecosistema produciendo alimentos, satisfaciendo sus necesidades y, al mismo tiempo, conservando y respetando el entorno —afirma emocionado Carlos Sumano. Es posible hacerlo, la chinampa es un ejemplo de que eso es real, de que es posible, de que se puede hacer, de que funciona”.

*Texto publicado en Mongabay el 13 de febrero de 2023. Son Playas replica con la autorización correspondiente. Puedes ver la publicación original aquí.

Imagen destacada: Basilio Rodríguez es chinampero desde niño. Trabaja en la instalación de un refugio para conservar ajolotes. Crédito: Aminetth Sánchez.

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La replica de la osamenta de una ballena azul de casi 15 metros es lo primero que llama la atención al entrar al área de construcción del Museo Nacional de la Ballena, Munba, dentro del área del parque turístico Observatorio 1873.

El director de este proyecto es el oceanólogo especializado en ballenas, Óscar Guzón Zataráin. Él determinó el objetivo de este museo y diseñó la historia visual que se quiere contar a los visitantes.

“Munba es una asociación civil sin fines de lucro y la misión general es la educación para la conservación de las ballenas y los delfines. Nos enfocamos solamente en cetáceos, que son ballenas y delfines, y algunas otras especies de mamíferos marinos que, por su relevancia como parte de la biodiversidad marina del país son importantes, como los lobos marinos”, explicó.

Se estima que en México se tiene presencia de 12 especies de mamíferos marinos, dos de los cuales, los cetáceos y los sirénidos (vacas marinas), desarrollan su vida en aguas nacionales, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“La idea es que el recinto sea un lugar mágico, para poder contar la historia natural de las ballenas y los delfines, desde quiénes son, dónde se originan y cómo evolucionaron en los océanos, hasta cómo viven, qué comen, cómo sobreviven en los diferentes hábitats marinos”, declaró Guzón Zataráin en entrevista con Son Playas.

Para lograrlo, agregó, durante el recorrido habrá experiencias sensoriales y exhibiciones interactivas que complementarán la más grande exhibición de esqueletos de cetáceos de México y de Latinoamérica.

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Origen de los esqueletos

Esta exhibición de esqueletos está fincada en un convenio de colaboración con el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, de La Paz, Baja California, mediante el cual será posible obtener en comodato 29 esqueletos de su colección osteológica, que se unen a otros que ya se tienen en la localidad.

“Ya estuvo aquí Paco Gómez (director del museo de La Paz), ha sido un gran apoyo porque pues en primera nos está aportando gran parte del contenido de Munba, con una colaboración entre los dos museos que se extiende más allá de los huesos”, externó.

Mazatlán tiene una ubicación privilegiada como la que posee también Munba para divulgar el conocimiento de la megafauna marina. Desde lo alto del Cerro del Vigía, donde se levanta el museo, se puede ver el muelle fiscal y buena parte de la bahía de este destino sinaloense.

“Ve ésto, estás aquí y puedes ver exactamente la interacción humano cetáceos, cómo estamos conectados con el hábitat de las ballenas y los delfines. Tenemos casi todas las amenazas paseando por enfrente de nosotros, a plena vista”, apuntó.

Estas amenazas no siempre son perceptibles explicó, pero lo cierto es que las ballenas sufren cuando se enredan en artilugios de pesca o por el creciente impacto del tráfico marítimo en sus rutas migratorias.

Además de dirigir el museo, Oscar Guzón, doctorante en ciencias y recursos acuáticos, incorporará el conocimiento que le han dejado 20 años dedicados al estudio de las ballenas en Mazatlán.

Arquitectura que nace del reciclaje

Munba destaca también por su arquitectura y elementos de construcción. Diseñado por el arquitecto mexicano Alejandro D’Acosta, quien se distingue por utilizar materiales de desecho, especialmente del entorno inmediato a la obra, como una forma de hacer frente al impacto ambiental de la actividad que realiza. Esa es la razón por la cual se incorporaron contenedores marítimos usados en la edificación de este nuevo espacio museístico.

“Esa parte es bien importante. Son contenedores marinos, de los que transportan materiales entre continentes. De algún modo, es un elemento que puede ser parte de una de las amenazas, que es el tráfico marítimo, y ahora está aquí incrustado, le da vida, le da albergue al museo. La idea es promover una cultura de la sustentabilidad a través de esos elementos”, detalló Guzón Zataráin.

Los contenedores también fueron usados para armar El Erizo, un espacio de proyección multimedia.

“Va a ser una experiencia expansiva o infinity con espejos y pantallas de alta fidelidad y vamos a tratar de mantener un contenido itinerante, invitar a artistas locales, nacionales e internacionales a intervenir este espacio con fines de promover la conservación de la vida en el mar”, adelantó.

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Las ballenas necesitan más espacio

Óscar Guzón Zataráin ha dedicado su vida a la investigación de las ballenas, a difundir su importancia  y a promover su conservación en un contexto mundial que amenaza su sobrevivencia.

“Hay que recordar que por más que haya muchas ballenas nunca van a ser demasiadas. Durante la caza industrial de ballenas de hace 200 años, todas las poblaciones de ballenas se cazaron a más de un 90%. Entonces, muchas apenas se están recuperando”, relató.

El especialista en cetáceos mencionó que se tienen evidencias del crecimiento poblacional de ballenas jorobadas de la zona del Pacífico Norte, las que llegan a Mazatlán.

“Pero eso quiere decir que también, entre más ballenas hay, pues más espacio necesitan y ese espacio ya está ocupado por nosotros. Tenemos que aprender a convivir, a darles el espacio suficiente para que puedan cumplir sus necesidades de reproducción, de migración, de crianza y de alimentación”, especificó.

Y al hablar de espacios ocupados se refiere a la navegación recreativa, al tráfico marítimo industrial, los grandes cargueros que vienen de China de ida y vuelta, que traen mercancías y son vitales para la economía global, pero tienen un impacto negativo sobre las ballenas y sus rutas migratorias.

“En distintas partes del mundo se están trabajando diferentes iniciativas para apoyar cambios, por ejemplo, para que las ballenas tengan espacios libres para poder transitar en sus rutas. En México estamos involucrados en esos temas, sobre todo porque tenemos puertos de altura, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico”, destacó.

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Si las ballenas están bien, las personas también

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, las ballenas contribuyen a la fertilización de los ecosistemas marinos, especialmente con sus migraciones de miles de kilómetros a través de los llamados corredores azules.

También se les considera aliadas contra el calentamiento global, pues sus heces impulsan la producción de fitoplancton, el cual captura el 40% de todo el dióxido de carbono que se produce a nivel global y al mismo tiempo genera más de la mitad del oxígeno de la atmósfera.

Por las múltiples funciones que cumplen, estos mamíferos marinos son considerados especies sombrilla, es decir, que funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado: si la especie está bien, se asegura con ello que su entorno tiene buena salud, expone la citada organización internacional.

Y precisamente conocer qué aportan las ballenas al mundo, por qué es importante conservarlas, cuál es el rol de estos animales en los ecosistemas marinos, en la producción de oxígeno y en el secuestro del dióxido de carbono, es parte de la información con la que saldrán los visitantes del Munba.

“Este va a ser un puente hacia el mar, vamos a poder seguir promoviendo las mejores prácticas de avistamiento de ballenas a través del museo. Las ballenas las observan en todos lados del mundo. Donde hay ballenas, hay gente queriendo ir a verlas y la cosa es que saliendo de este museo vas a querer hacerlo”, asegura Óscar Guzón Zataráin.

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La destrucción del hábitat de las iguanas y la caza para consumo humano son algunos de los factores por los que desde hace 20 años esta especie va en decremento. Para hacer frente a la problemática en Culiacán, un grupo de organizaciones y activistas por el medio ambiente están impulsando una Unidad de Manejo Ambiental para la conservación de la vida silvestre llamado Santuario de la Iguana.

Este proyecto integral busca trabajar dentro de los lineamientos de la conservación, protección, investigación, actividades ecoturísticas y programas de educación ambiental para recuperar las poblaciones de iguana verde e iguana negra, catalogadas como especies protegidas en México.

La ubicación que se propone para el santuario es debajo del puente Almada, es decir, la isleta en donde el Río Humaya y el Río Tamazula se unen para formar el Río Culiacán; frente al asta de bandera que es un sitio emblemático para las personas que habitan en la ciudad. El espacio es federal y está concesionado al municipio por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el anteproyecto difundido por la Alianza Ambientalista de Sinaloa, también se planea repoblar la flora nativa para crear una barrera natural al margen de los ríos y enriquecer el corredor natural de especies de aves migratorias, lo que a su vez beneficiará a otras especies locales, entre aves, reptiles y ardillas.

Relevancia del proyecto

La iguana verde (Iguana iguana) está sujeta a protección especial mientras que la iguana negra (Ctenosaura pectinata) está clasificada como amenazada de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 que establece el listado de las especies de fauna silvestre protegidas en el país. Con las estrategias de protección, conservación y educación ambiental, el Santuario de la Iguana sería el primer sitio de Sinaloa destinado al resguardo, recuperación y reproducción de la iguana verde y negra con proyección ecoturística, educativa y de conservación de la biodiversidad.

Características del santuario

Se planea que el Santuario de la Iguana cuente con la siguiente infraestructura para lograr el cometido:

• Clínica de rehabilitación de ejemplares dañados o recapturados y de incubación de nidadas saqueadas provenientes del parque o de donaciones.
• Área de recuperación de animales tratados.
• Tienda de souvenirs para la creación de un fondo de financiamiento de programas de conservación.
• Senderos de acceso libre para paseos y orientación educativa.
• Comederos para las iguanas.
• Muelle flotante que sirva de acceso para llegar a la isla en lancha.
• Área de descanso para visitantes habilitada con una cafetería.
• Letreros informativos de la biodiversidad del Parque las Riberas que refuercen las actividades de educación ambiental del santuario.

TRES DATOS

1. Las iguanas suelen alimentarse de hojas, semillas, frutos y flores.
2. La población natural de la iguana verde y negra se ha visto afectada por la comercialización de su carne, huevos, piel, usos medicinales y por la destrucción de su hábitat natural derivado de la urbanización, actividades agrícolas y ganaderas.
3. Las Unidades de Manejo para la conservación de la vida silvestre se tramitan ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Checa los requisitos aquí.

*Crédito de foto principal: Efraín Octavio Aguilar Pérez/Naturalista

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El Programa de Protección a la Tortuga Marina, que era implementado desde el año 1991 por Acuario Mazatlán, será transferido a la Operadora y Administradora de Playas para que le de continuidad tras el cierre obligatorio del recinto marino ocurrido el pasado 1 de mayo.

El alcalde Edgar González Zataráin confirmó a Son Playas que será el biólogo Alberto Barrón Hernández quién siga al frente de este programa; en el transcurso de la semana se pondrán de acuerdo en dónde va a estar su espacio y cómo van a operar.

Aseguró que no será necesario ampliar el presupuesto de la Operadora y Administradora de Playas (OAP) dado a que las actividades de rescate, reproducción y liberación de estos reptiles podrán funcionar con el que ya se le asignó a la paramunicipal, considerando que ya se cuenta con el equipo para la incubación de los huevos rescatados y cuatrimotos; para esta actividad también se dispondrá del personal de la dependencia que a diario recorre las playas en labores de limpieza y vigilancia.

El Programa de Protección a la Tortuga Marina se implementó desde 1991; en los 32 años que lleva funcionado se han rescatado a un millón 734 mil 472 huevos y se han liberado a un millón 389 mil 581 crías de tortuga golfina, principalmente.

Para operar un programa de protección y conservación de tortugas marinas propiedad de la nación se necesita tramitar un permiso de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre ante la Dirección de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de la OAP, el municipio también seguirá participando en la Red de Atención para Varamientos de Mamíferos Marinos de Sinaloa, que tiene el objetivo de brindar atención preventiva y buen manejo a los ejemplares que se encuentran varados en las entidades costeras. En este caso, se prevé contar con el apoyo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de ser necesario.

No reactivarán el Hospital de Fauna Silvestre

El gobierno municipal no contempla dar continuidad al Hospital de Fauna Silvestre, aunque, al parecer, está dentro de los programas del nuevo Gran Acuario Mar de Cortés.

«No vamos a tener donde resguardar las aves, donde tenerlas en recuperación, porque no nada más es operarlas o darles la atención médica y soltarlas, sino que tiene que tener un resguardo, no podemos», señaló el alcalde

El hospital veterinario recibía especies lesionadas y aquellas aseguradas por comercio ilícito, se les brindaba atención médica y posterior a su recuperación eran liberadas o algunas se mantenían en exhibición en el centro acuático. En los últimos cuatro años se atendieron cerca de 5 mil 487 ejemplares, según datos de Acuario Mazatlán.

La falta de atención veterinaria para especies silvestres ya es notoria, pues tan solo en playa Norte hay al menos cuatro pelícanos con alas rotas. El auxilio al pelícano café (Pelecanus occidentalis) formó parte de las actividades de ese departamento.

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Más presupuesto para programas ambientales

González Zataráin anunció que lo que recaude el municipio por concepto de renta de la infraestructura del Pingüinario y lobos marinos será destinado para programas ambientales y de protección animal, así como para el mantenimiento de parques y áreas verdes.

«Va para el Parque Central y para la protección animal, el tema de medio ambiente, fortalecer el campamento tortuguero, protección de la tortuga, el tema de mascotas, áreas de recreación de mascotas, fortalecer los programas que trae Ecología», anunció.

La propuesta es que el municipio reciba 2.3 millones de pesos mensuales por la renta de la infraestructura al «Gran Acuario», aunque la propuesta todavía no se ha concretado ya que falta la aprobación del Cabildo.

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Terrenos que están en posesión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) serán cedidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) para convertirlos en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Entre los predios en mención, se incluyen mil 921 hectáreas del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, ubicadas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

En total, Fonatur cederá 16 mil 414 hectáreas para ser decretadas como espacios de protección federal, las cuales se encuentran distribuidas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. El objetivo es proteger a las especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción que habitan estos espacios.

Mediante un comunicado, la Semarnat informó que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se coordinará con Fonatur y demás dependencias competentes para realizar los procedimientos correspondientes y emitir las declaratorias de ANP de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Mientras tanto, Fonatur llevará a cabo la integración de los expedientes de cada uno de los inmuebles susceptibles de declararse ANP en las seis entidades mencionadas.

“A través de estas acciones, la Semarnat y la Conanp salvaguardarán la diversidad genética de las especies silvestres, asegurando la preservación y aprovechamiento sustentable de los territorios sin descuidar los ecosistemas, sus elementos y sus funciones, así como proporcionar un campo propicio para la investigación científica”, señala el comunicado de prensa.

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Contra la corrupción inmobiliaria

El pasado 15 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se instruye a Fonatur y a Semarnat para que se identifiquen las reservas naturales con valor ambiental importante para la emisión de las declaratorias de áreas naturales protegidas.

En el acuerdo se señala que además de evitar la destrucción acelerada del medio natural, los decretos son una de las medidas más efectivas para la conservación biológica y una acción fundamental para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

De esta forma, también se busca evitar “la desmedida explotación de recursos naturales y la alteración de los ecosistemas en dichas zonas; combatir la corrupción inmobiliaria, la especulación territorial y la venta de terrenos de la Nación a precios menores a su verdadero valor”.

Sobre el CIP Playa Espíritu

Este Centro Integralmente Planeado cuenta con una superficie total de 2,381 hectáreas y un frente de mar de 12 kilómetros, en donde opera un campo destinado a la conservación de tortugas marinas. El predio colinda con las marismas nacionales de los estados de Sinaloa y Nayarit.

Desde el 2014, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se encargan de ejecutar programas ambientales encaminados a la restauración y conservación de los difgerentes ecosistemas presentes en la zona, lo que incluye labores de reforestación, monitoreo de calidad de agua del acuífero, restauración de humedales y registro de flora y fauna.

*Crédito de la imagen principal: Biólogo Eber Barraza.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró 17 playas de anidación de tortugas marinas como áreas naturales protegidas con la categoría de santuarios. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año en curso.

Dichos santuarios se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. En conjunto, estas reservas naturales representan una superficie de 6 mil 637 hectáreas.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó hoy que el objetivo de la declaratoria es proteger las zonas de anidación y reproducción de las tortugas marinas bajo esquemas que garanticen la preservación de sus elementos naturales y de los servicios ambientales que proporcionan.

Como parte de este proceso se realizaron los ajustes a los polígonos que conformarán estas nuevas áreas naturales protegidas y que incluirán superficies de anidación que no contaban con protección, así como zonas en buen estado para el desarrollo y conservación de estas especies.

«El proceso de modificación incluye el ajuste a los nombres de algunos santuarios conforme a la denominación reconocida por las comunidades locales y al análisis técnico realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para quedar como sigue: Playa Rancho Nuevo, Playa Ría Lagartos, Playa Mismaloya, Playa Colola, Playa Maruata, Playa Tierra Colorada, Playa Chacahua, Playa Escobilla, Playa Puerto Arista, y para el caso de la Playa el Verde Camacho, se modifica la denominación a Playa Huizache Caimanero«, se informó.

Estas dos últimas playas se localizan en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, una al norte y otra al sur. Investigadores consultados señalaron que de acuerdo a las coordenadas publicadas en el decreto, el cambio también fue de ubicación, es decir, son playas diferentes.

El Huizache Caimanero, es un sistema lagunar costero ubicado entre los municipios de Mazatlán y Rosario, con una extensión de 451.4 hectáreas. Este polígono es aprovechado actualmente como sitio pesquero, mientras que sus playas son frecuentadas por locales y turistas. Previo a la declaratoria, este lugar no contaba con protección y de acuerdo a un estudio auspiciado por la Universidad de Cornell, Nueva York, la laguna podría desaparecer en 15 años por la pérdida de profundidad.

Pese al cambio, El Verde Camacho sigue siendo un sitio de conservación importante, pues es sitio Ramsar desde 2004 y se encuentra en el área de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, localizada en los municipios de Mazatlán y San Ignacio, cuyo decreto data del año 2000. Por más de 30 años, en esta playa ha operado un campo tortuguero con el apoyo de habitantes de las comunidades aledañas.

En el caso de la reciente declaratoria de Playa Ceuta, que abarca los municipios de Culiacán, Elota y San Ignacio, se trata de una actualización del polígono que fue decretado como santuario desde 1986. La playa sigue conservando su categoría de santuario.

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Sobre la importancia de las playas santuarios

Las playas de anidación de las tortugas marinas son los sitios de mayor relevancia en su ciclo de vida ya que en ellas se lleva a cabo su fase de reproducción, cuando las hembras salen a depositar sus huevos en nidos construidos en la arena para su incubación.

Si todo marcha bien, en un periodo de 45 a 60 días las crías nacen para dirigirse al mar y formar parte de la nueva generación de quelonios marinos. Por ello es importante preservar las condiciones de las playas de anidación a fin de que el proceso sea exitoso.

A estos santuarios llegan para anidar las tortugas marinas: golfina (Lepidochelys olivacea), laúd (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata), verde -también conocida como blanca y en el Pacifico como negra o prieta- (Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta) y lora (Lepidochelys kempii), según datos de Semarnat.

La existencia de ecosistemas de manglar y dunas en buen estado de conservación son esenciales para estabilizar la línea de costa y evitar o reducir la pérdida de playas, por ello han sido incluidos en los polígonos de algunos de los Santuarios. Además, estos facilitan la retención de agua y la infiltración al subsuelo, lo que regula y mantiene la temperatura del área, factores altamente importantes para el éxito de la anidación de los quelonios.

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Programa de conservación de tortugas

Para promover la producción de crías que se internen al medio marino, desde 1966 el gobierno federal implementó el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas (PNCTM), a través de la instalación de campamentos tortugueros.

En sus inicios, el PNCTM fue operado por el Instituto Nacional de la Pesca. Luego, en el año 2000 se transfirió a la Dirección General de Vida Silvestre, y en 2005, el Programa se incorporó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por lo que hoy cuenta con personal técnico y especialistas, la mayoría con más de 20 años de experiencia, que con infraestructura y equipamiento  operan en 26 playas de anidación.

Actualmente se reportan datos de 92 playas de anidación a cargo de la Conanp, en las que participan las comunidades adyacentes a las playas, apoyados con subsidios; colaboran organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y voluntarios nacionales e internacionales.

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Culiacán, Sinaloa.- Para la bióloga Annamaría Savarino la preservación de aves en México requiere de la participación de comunidades urbanas y rurales en un trabajo colaborativo y comunitario entre ciencia y ciudadanía.

Durante el Primer Festival de las Aves Migratorias de Culiacán “Noches oscuras, migraciones seguras”, la especialista de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ofreció la conferencia titulada “Ciencia participativa” que tuvo lugar en Jardín Botánico, donde destacó que es nuestra responsabilidad inculcar en la ciudadanía, sobre todo las infancias, el interés por las aves, insectos y plantas que habitan en su entorno natural.

“Se dice mucho en el medio que para conservar hay que conocer y a través del conocimiento nace el cariño, y derivado del cariño, la protección” señaló.

“Somos parte de un planeta, que compartimos con muchísimos otros seres vivos, y es nuestra responsabilidad darles voz y voto porque no la tienen”, añadió.

Anna Savarino, quién es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habló sobre su trabajo en la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte (NABCI) en la CONABIO, proyectos de ciencia ciudadana como capacitación, redacción de documentos y programas de conservación de las aves, en el Programa de Aves Urbanas (PAU) y la red de monitoreo comunitario.

La experta también compartió su emoción por entender la migración de las aves.

“Hay aves que anidan en las tundras de Canadá y que ahora llegan a mi jardín y muchas veces es el mismo pájaro el que llega a mi jardín año tras año, por algún motivo está eligiendo mi jardín para regresar, porque las aves tienen algo que es fidelidad de sitio, se sabe el camino de ida y de regreso, entonces, si está escogiendo tu camellón, tu parque, tu jardín es por algo, entonces es nuestra responsabilidad cuidar ese hogar y proporcionar el espacio para que año con año siga llegando sano y salvo” mencionó.

La también ilustradora especializada en aves, invitó a todas y todos los ciudadanos, desde infancias, a ser partícipes de la ciencia por la conservación de estas especies desde voluntariados para el monitoreo de aves como en: “aVerAves”, leyendo manuales sobre una conservación responsable y segura, o a través de NaturaLista por mencionar algunas.

Por último, nos compartió una de sus aves favoritas: la Chara Pinta, la cual es endémica de la sierra de Sinaloa y Durango.

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Texto: Víctor R. Rodríguez

David Alonso Andazola, guardaparques en jefe de las Reservas Naturales de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín, México, observa con serenidad las colinas arenosas que separan a la playa de La Chorera, de los humedales El Arco, en el punto norte de Bahía Falsa.

Entrar a la Reserva Natural de Punta Mazo, una barra de humedales y tierra volcánica donde merodean aves como el chorlito nevado (Charadrius nivosus), el cuitlacoche californiano (Toxosloma redivivum) y la pardela mexicana (Puffinus opisthomelas), requiere transitar por la playa La Chorera, un sitio popular entre locales el cual suelen visitar durante los fines de semana. Un lugar con poca vigilancia policial donde las reglas sobre el tipo de convivencia es ambiguo: lo mismo hay campamentos con familias que jóvenes que beben cerveza y manejan sus carros 4×4 a toda velocidad.

“Hay personas que no respetan la señalética e ingresan en sus carros todoterreno dentro del área de protección. Nos vemos obligados a alcanzarlos y explicarles amablemente que no pueden hacer esa actividad y los invitamos a salir del lugar”, explica el guardaparques.

Un equipo de 5 guardaparques que labora en la organización civil Terra Peninsular se encarga de vigilar un área de 1633 hectáreas que suman las reservas de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín. Además de vigilancia, los guardaparques apoyan con el mantenimiento de caminos y senderos, recolección de basura e informar las reglas del lugar a los turistas que llegan a las reservas naturales.

La sola existencia de esta lengüeta arenosa —La Chorera— es el resultado de la extracción imparable, desde 2019, de piedra bola de mano de personas que sin permiso gubernamental la colocaron en el mercado de la decoración de exteriores y la construcción. Los guardaparques, limitados en su actuar a los terrenos privados que sirven de reservas naturales, sólo les queda denunciar ante las autoridades lo que sucede fuera de su jurisdicción. Debido a la poca vigilancia y control de las autoridades, esta playa que colinda con la entrada de la Reserva de Punta Mazo fue totalmente desprovista del material pétreo que ahí existió.

La extracción de piedra frente a la reserva de Punta Mazo se suma a una lista de conflictos ambientales en la región como la calidad del agua en las bahías, el desarrollo urbano, el desmonte de terrenos para la agricultura, el uso recreativo de vehículos todoterreno, el saqueo ilegal de suelo volcánico, los impactos por la falta de recolección de basura y conflictos territoriales en algunos puntos donde las reservas naturales colindan con las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); una figura federal de uso del suelo que controla las zonas de mareas en toda la costa mexicana.

Estos conflictos, consecuencia inevitable de un ecosistema en contacto con la actividad humana, le parecen a César Guerrero, director ejecutivo de Terra Peninsular, una oportunidad para fortalecer el diálogo y defender una herramienta de conservación del suelo que ofrece protección a la biodiversidad y beneficios económicos por igual. Explica que un ecosistema costero saludable permite que los nutrientes y el agua saludable fluyan por las bahías, un aspecto clave para la actividad acuícola y el crecimiento de pastos marinos, lo que garantiza una fuente de alimento para la branta negra.

“La industria del cultivo de ostras es el mejor aliado de la conservación, ya que necesita aguas limpias y una bahía saludable para producir ostras de calidad”, dice el director.

Granjas ostrícolas vs desarrollo inmobiliario

Bahía de San Quintín es un municipio extenso con poca infraestructura pública. Se encuentra 284 kilómetros al sur de Tijuana, lejos del ajetreo económico y el auge inmobiliario que caracteriza a la metrópoli fronteriza. Contrario al frenesí superpoblado de Tijuana, Bahía de San Quintín es una localidad de perfil agrícola y pesquero con apenas 117,568 habitantes, según el censo federal de 2020.

La agricultura, que genera 11.460 millones de pesos al año (574 millones USD), según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es una de tantas amenazas a la flora local en la medida que se expande y despeja terrenos para aumentar su área de trabajo. Sin embargo, la certificación de tierras que reciben las áreas naturales protegidas les impide ser cultivadas.

En tanto, la industria ostrícola (especializada en Crassostrea gigas y Crassostrea sikamea), genera anualmente 35 millones de pesos (1 millón 755 USD), según datos de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California.

Dado que la acuicultura es tan importante para la economía de Bahía de San Quintín, los productores de ostras tenían dudas sobre los impactos de un megaproyecto inmobiliario, Cabo San Quintín, en 1999. Diseñado como un complejo turístico alrededor de los volcanes y la costa de Punta Mazo, incluía un lujoso hotel, campo de golf, puerto deportivo y centro comercial.

“Las ostras son demasiado frágiles. No estoy a favor de las aguas residuales de los hoteles ni de las desaladoras en la bahía. Este tipo de proyecto [de desarrollo] no me trae ningún beneficio”, dice Cristóbal Murillo, ostricultor con 23 años de experiencia.

Murillo —como todos los ostricultores— requiere de agua de buena calidad para mantener el ritmo de producción de su granja. El año pasado, Murillo registró 60.000 docenas de ostiones que vendió en Ensenada, Tijuana y Mexicali, las principales ciudades de Baja California.

Si bien el desarrollo inmobiliario no continuó por problemas financieros internos, el riesgo latente de que surgieran nuevos proyectos impulsó la fundación de la asociación civil ambientalista Terra Peninsular en 2001. “Después de analizar cuidadosamente los cursos de acción, los miembros determinaron que para establecer un modelo de conservación duradero en el sitio, era necesario convertirnos en propietarios de la tierra”, dijo Guerrero.

Comprar el terreno, la mejor forma de proteger la biodiversidad de San Quintín

El grupo conservacionista centró su atención en una herramienta de conservación que implica la adquisición de terrenos para luego certificarlos como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), la mejor opción disponible cuando el terreno que buscaban proteger ya tenía dueño.

“Este modelo de conservación permite a ciudadanos, organizaciones civiles o grupos indígenas destinar tierras de su dominio a la conservación. Es una excelente herramienta que ha impulsado el gobierno para ampliar el territorio protegido a nivel nacional”, explica Susana Alfaro, enlace de turismo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Lo cierto es que el reto inherente a esta herramienta de conservación de tierras está en la obtención del título de propiedad. Si los propietarios no están abiertos a la idea de utilizar sus tierras para la conservación, la única opción disponible es comprar la tierra y certificarla ante las instituciones ambientales. Oficialmente, el gobierno mexicano ha aprobado 384 ADVC, un modelo que ha agregado 631,743 hectáreas de tierra protegida.

Luego de recaudar fondos de fundaciones internacionales y donaciones, en 2012 la organización civil completó la compra de 830 hectáreas de costa de lo que sería la Reserva Natural Punta Mazo. Cuatro años después, en 2016, adquirieron otras 803 hectáreas para la creación de la Reserva Natural Monte Ceniza.

Los títulos de propiedad de los terrenos fueron presentados a la CONANP para obtener la certificación de cada uno como ADVC. La aprobación, otorgada únicamente por esta agencia ambiental federal, dio a los terrenos privados un estatus de protección ambiental con respaldo legal. La certificación de tierras también ofrece a los propietarios la oportunidad de crear alianzas con el gobierno y fundaciones internacionales para nuevas oportunidades de financiamiento, así como con otras organizaciones civiles y la academia para apoyo técnico.

La Reserva Natural Punta Mazo recibió el certificado CONANP-379/2014, mientras que la Reserva Natural Monte Ceniza fue certificada con el folio CONANP-407/2017. Cuatro años después nació la tercera área de conservación, la ADVC San Quintín, ubicada al norte de Monte Ceniza, certificada con folio CONANP-468/2021, bajo la custodia del gobierno de Baja California.

Este innovador modelo de protección territorial ayudó a frenar la expansión de proyectos agrícolas e inmobiliarios en las reservas. Al proteger los hábitats terrestres de San Quintín y custodiar casi toda la costa frente a Bahía Falsa, protegió la integridad de la línea costera y, por lo tanto, la calidad del agua para los ostricultores y el crecimiento de los pastos marinos, una planta acuática que constituye la dieta de un invitado especial: la branta negra.

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Provincia invernal de la branta negra

Bahía de San Quintín, conocida por las caprichosas curvas de sus humedales y su complejo de 10 volcanes extintos, está formada por planicies costeras y dos lagunas —Bahía San Quintín y Bahía Falsa— donde convergen una variedad de hábitats que la hacen altamente biodiversa.

Sula Vanderplank, investigadora asociada del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Estatal de San Diego, explica por qué esta región es de especial interés para los conservacionistas, al ser parte de la Provincia Florística de California, considerada un hotspot debido a que alberga una gran diversidad de especies vegetales, como la siempreviva (Dudleya anthonyi), el alicoche de Ensenada (Echinocereus maritimus) y Leptosiphon laxus.

“San Quintín está ubicado en un ecotono o punto de transición entre dos ecosistemas, entonces hay una enorme riqueza natural. Es un espacio donde conviven plantas que se han adaptado a climas mediterráneos con otras de ambientes desérticos creando una mezcla única”, explica Vanderplank, botánica experta en vegetación del noroeste de México, quien durante años ha estudiado las especies de flora de esta región de la península de Baja California.

“Aquí hay un pico de endemismo local, es decir, hay plantas restringidas a este lugar”, dice Vanderplank. Actualmente existe un registro de 435 especies de plantas, siendo 357 plantas nativas y 67 endémicas, que viven dentro y fuera de las reservas naturales de la Bahía de San Quintín, según la cuenta Vanderplank en su artículo científico “La Flora del Gran San Quintín, Baja California.»

A este importante registro biológico, se debe agregar que ambas reservas —Punta Mazo y Monte Ceniza— se encuentran dentro del sitio Ramsar número 1775, considerados humedales de importancia internacional y por lo tanto protegidos por la legislación mexicana. Este rico ecosistema costero es particularmente conocido por recibir aves migratorias como la branta negra (Branta bernicla) y el chorlito nevado (Charadrius nivosus).

Además de 100 especies de aves residentes y migratorias, Bahía de San Quintín alberga 18 especies de mamíferos, 13 de reptiles y 64 de peces, según datos de Terra Peninsular. Especies como la rata canguro (Dipodomys gravipes), el gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis beldingi), el chorlito nevado (Charadrius nivosus) y el águila real (Aquila chrysaetos) son especies en peligro de extinción protegidas por la NOM-059-SEMARNAT, la ley ambiental mexicana.

“San Quintín es una joya. Los humedales, las praderas de pastos marinos, las dunas y las marismas se conectan con las corrientes oceánicas para crear un espacio rico en nutrientes. No en vano, la branta negra llega en bandadas desde el hemisferio norte a este lugar durante la temporada de invierno”, dice Guerrero.

Con un pico poblacional récord de 24.000 ejemplares, la branta negra cubre un recorrido de 4.500 kilómetros, desde el Ártico hasta Baja California. Las aves permanecen en el interior de las bahías, de noviembre a abril, gracias a la existencia de pastos marinos (Zostera marina), su principal fuente de alimento que cubre el 46% de la superficie de la bahía. “La sola presencia de estas aves todos los años sirve como indicador de salud costera”, dice Eduardo Palacios Castro, investigador del Centro de Investigaciones Científicas y de Estudios Superiores (CICESE) especializado en ecología de la conservación de aves.

“Además de su valor natural, la branta negra ofrece oportunidades económicas sostenibles para la comunidad de San Quintín, tanto en el aspecto ecoturístico, a través de la observación de aves, como en actividades de caza deportiva”, dice el investigador.

René Duarte, odontólogo local y miembro del grupo de Servicios Turísticos y Pesca Comercial Los Volcanes, que administra la Unidad de Manejo Ambiental (PPF) de la Propiedad Federal de la Bahía de San Quintín, es un fuerte promotor de la caza deportiva, práctica que ofrece ingresos extras durante el invierno.

Dicho grupo coopera activamente con científicos como Eduardo Palacios en el programa de monitoreo de la branta negra y con organismos gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Cada temporada, la Semarnat nos comparte las tasas de caza permitidas. Cada persona puede cazar solo tres animales por permiso. Y nosotros somos responsables de cómo se lleva a cabo la actividad para mantener la especie. Solo hay salidas de caza los fines de semana y durante las seis horas de marea alta para estresar lo menos posible a la población de aves”, apunta el empresario.

Con una clientela mayoritariamente proveniente de Estados Unidos y Canadá, el precio por salida de caza deportiva es de 4.500 pesos (225 USD). En la temporada 2021, con un récord de 100 personas visitando durante la temporada de caza, significó un ingreso de 450.000 pesos (22.565 USD) a la comunidad. Este exitoso modelo de explotación sostenible de la branta negra conlleva una serie de obligaciones. Para mantener las actividades de caza, el grupo debe realizar actividades de sensibilización en las escuelas locales, campañas de limpieza de playas y participar como vigilantes auxiliares en la zona.

“Hace años hubo algunos casos de cazadores ilegales, la mayoría locales, pero gracias a nuestra relación con la comunidad, en colaboración con la policía municipal, pudimos detenerlos. El año pasado solo tuvimos un caso de caza ilegal. Conocíamos al tipo, así que hablamos con él y nos prometió que no lo volvería a hacer”, dijo Duarte.

El regreso de la naturaleza en San Quintín

Veinte años después de que se realizara el primer monitoreo de especies en 2002, un nuevo estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja California, el Museo Natural de San Diego y la Universidad de Idaho reveló una importante recuperación de la rata canguro (Dipodomys gravipes), que se consideraba extinta en Bahía de San Quintín desde 1986. El redescubrimiento de la especie permitió a los científicos especular que seguramente otras conectados en la cadena alimentaria, tanto plantas como animales, comenzarán a mejorar sus números gracias a la recuperación de los hábitats dentro de las reservas.

Mientras tanto, los chorlitos nevados corren en grupos por las playas de arena de Punta Mazo. Un lugar donde la actividad humana es mínima, ha permitido que estas aves crezcan en número y convivan ajenas al enorme esfuerzo por mantener intacto su hábitat. “La población de chorlitos nevados en Bahía de San Quintín es la más estable de Baja California, por lo que es la más importante de toda la península”, dice Eduardo Palacios Castro.

Castro no tiene duda de que el modelo de conservación territorial, apoyado de herramientas públicas y privadas, ha motivado la protección de los hábitats costeros y lugares de anidación del chorlito nevado y el charrán mínimo. “El proyecto de conservación ha dado un respaldo legal importante para que no haya impactos indeseables en la zona; manteniendo el hábitat no solo sobreviven las aves, sino toda la biodiversidad”, concluye el experto.

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Otras voces se suman para explicar los beneficios que las reservas naturales ofrecen a la biodiversidad local. El hecho de que las poblaciones de flora y fauna se mantengan estables en Bahía de San Quintín, o al menos dentro de Punta Mazo y Monte Ceniza, para Sula Vanderlplank es un reflejo de la resiliencia del ecosistema, es decir, de la propiedad para adaptarse a los cambios en el entorno. “La resiliencia está en la presencia de la especie, incluso cuando hay intervención humana. Siguen ahí, a pesar de todo”, explica el botánico.

Terra Peninsular mantiene un activo programa anual con hombres y mujeres de Bahía de San Quintín para consolidar la protección del entorno natural a largo plazo. Programas de contratación temporal para la elaboración de rutas de senderismo, capacitación a grupos de vigilancia comunitaria, talleres a microempresarios de servicios turísticos, son algunas de las acciones implementadas a lo largo del año.

Miembros de la comunidad como Francisco Murillo, de 17 años, se mantiene optimista sobre el trabajo que se está realizando en la zona. “He sido voluntario en el monitoreo de branta negra y limpieza de playas desde que tenía 12 años. Este lugar fue un patio de recreo en mi infancia, los volcanes y las playas, y quiero que se quede así por muchos años más”, dice.

A pesar de los avances, proteger los ecosistemas costeros de la Bahía de San Quintín conlleva una lucha diaria. Aquí, el trabajo no acaba, y eso parece ser el mejor incentivo para continuar. “Es un lugar que merece ser preservado; humedales, dunas y actividades productivas como el cultivo de ostras pueden convivir de manera sostenible”, dice confiado César Guerrero.

Pronto llegará el otoño y con esta estación comenzará la prometida llegada de la branta negra para alimentarse de los pastos marinos. Cae la noche sobre Bahía de San Quintín, ahora sin ostricultores ni turistas. Todo se mece suavemente, casi en silencio. Sólo queda el canto de la fauna nocturna que corre entre los matorrales costeros en su danza de supervivencia, y la presencia vigilante de los guardaparques de Punta Mazo y Monte Ceniza que, estoicos como volcanes, no cesan de velar por esta importante ciudad mexicana. santuario natural.

Este artículo fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.

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Texto: Raquel Zapien/Pie de página

Los árboles se han desprendido de sus hojas en la selva baja caducifolia de Mazatlán. Aunque lo parezca, no están secos, su desnudez es una estrategia para consumir menos agua y sobrevivir a la sequía. Pero su existencia ya no depende únicamente de la capacidad de adaptarse al clima, si no de la velocidad con que se extiende la mancha urbana al norte de la ciudad, zona de mayor inversión turística e inmobiliaria.

Justo ahí se encuentra Paco´s Reserva de Flora y Fauna, una propiedad privada que fue cedida de manera voluntaria a la conservación ambiental a un plazo de 99 años por su propietario, el ingeniero agrónomo Francisco Farriols Sarabia.

Este predio de 10 hectáreas, valuado en unos 80 millones de pesos, pudo haberse destinado a la construcción de residencias y torres de condominios que en poco tiempo han cambiado el paisaje urbano por el auge inmobiliario que se vive en el destino turístico. Sin embargo, la familia Farriols decidió resguardarlo. Cambiaron el plan maestro de un fraccionamiento que ya les había autorizado el Cabildo por árboles de amapas, guayacanes, jacarandas, ébanos, robles y papelillos.

Tras un proceso de reforestación de flora nativa y endémica que les llevó casi 30 años, la reserva fue certificada como Área Natural Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en febrero de 2017 bajo la característica de alta biodiversidad, lo que significa que la cantidad de especies presentes en este sitio es elevada.

Estos territorios destinados a la protección de la diversidad biológica son reconocidos como áreas naturales protegidas de competencia federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En México existen 374 áreas certificadas vigentes que están distribuidas en 26 estados con una superficie total de 606 mil 132.11 hectáreas de diferentes tipos de ecosistemas, como bosques, matorrales, pastizales, selvas, humedales y manglares.

En este caso, Paco´s Reserva fue creada para conservar y documentar la vida silvestre de la selva baja caducifolia, vegetación predominante en la zona media del Pacífico mexicano, considerada como uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados del país debido a la deforestación que provocan las actividades agropecuarias y el turismo, según reconoce la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en su portal de internet.

Pero al ser incorporada al sistema de áreas naturales protegidas, la reserva, la única en su tipo en Mazatlán, se ha convertido en un santuario para más de 61 especies de animales y plantas mexicanas catalogadas en riesgo por normas nacionales e internacionales. Actualmente, la ADVC alberga un total de 3 mil 197 especies de flora y fauna que han sido registradas en la plataforma NaturaLista.

Entre sus visitantes asiduos destacan las charas sinaloenses, pájaros carpinteros, caciques, hurracas y venados. Hasta guacamayas y coas mexicanas que habitan zonas altas han sido observadas ocasionalmente. Bajan porque encuentran alimento.

«Si tienes la flora tienes la fauna», es el lema de la familia Farriols; por eso se han empeñado en rescatar semillas, reforestar y restaurar el área no solo de la reserva sino de otras 20 hectáreas aledañas de su propiedad y de algunos compradores que no han sido urbanizadas todavía porque existe el interés de evitar al máximo su intervención.

El monte, -como se le llama comúnmente a este tipo de selva seca-, tiene vida. En estos días en que la temperatura empieza a ascender se escuchan chasquidos; no es que la tierra reseca se queje, son las vainas del palo prieto y las habas que revientan para liberar las semillas previo a la temporada de lluvias.

El paisaje sonoro se complementa con la vocalización de las urracas y el picoteo de las charas sinaloenses que intentan abrir los cacahuates que el dueño del terreno les deja para mitigar el estrés alimenticio que ha generado la deforestación en la zona circundante.

El riesgo de concreto que rodea la reserva

La reserva empieza a ser rodeada por desarrollos residenciales que no dejan espacios para que la fauna terrestre se repliegue o se dirija a otro hábitat. Farriols Sarabia advierte que la reserva no tiene capacidad para recibir y alimentar a más animales y que en caso de aumentar el número de ejemplares habría mayor competencia entre ellos y depredación. 

Una solución podría ser la designación de más áreas naturales conectadas por corredores que permitan el libre tránsito de la fauna. De lo contrario, las especies desplazadas por el desarrollo inmobiliario estarán destinadas a morir porque miles de árboles han sido talados y su entorno natural está siendo modificado.

Desde su punto de vista, la solución de fondo solo puede lograrse con una política ambiental.

Sin embargo, las acciones del Gobierno Municipal para el cuidado del medio ambiente no son claras ni se apegan a lo que establece el Reglamento Ambiental y de Cambio Climático publicado el 20 de enero del 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. El documento contempla el establecimiento de un Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable encargado de asesorar al alcalde en materia de conservación de los recursos naturales, restauración del equilibrio ecológico y cambio climático, además de opinar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras funciones.

A un año y medio de haberse expedido el reglamento, el Consejo no se ha instituido, de manera que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024, presentado el pasado 29 de abril, no contó con la asesoría ni evaluación que exige el citado reglamento.

En el Eje 3 del Plan, destinado a los Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sustentable, se reconoce que uno de los principales desafíos que enfrenta Mazatlán en materia de sustentabilidad es «incorporar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad». La medida que se plantea es construir políticas de desarrollo territorial y ordenamiento urbano. En las metas e indicadores de este apartado se menciona la regeneración de áreas verdes en espacios públicos y vialidades. Sin mayor detalle también se contempla la infraestructura verde, así como el cuidado y control de fauna doméstica del municipio (perros y gatos).

La araña saltarina

Una nueva especie de arácnido fue descubierto en Paco´s Reserva y descrita científicamente por Edwards en 2020: la araña saltarina de Mazatlán (Phidippus pacosauritus). Aparte se estudia un alacrán del género Centruroides y una tarántula del género Aphonopelma ante la posibilidad de que se trate de especies no conocidas por la ciencia. Sin embargo, aún se encuentran en etapa de investigación y no existen elementos suficientes para asegurar son especies nuevas, precisó el aracnólogo Diego Barrales Alcalá, encargado de administrar el lugar.

Pero antes de que una araña le hiciera el honor con la nomenclatura científica, la reserva pasó por un largo proceso de reforestación con las semillas recolectadas por niños de la Escuela Primaria Benito Juárez de la sindicatura de El Quelite y un detallado estudio de la flora nativa con la ayuda de un ejidatario de nombre Enrique Flores Islas.

Hasta entonces se inició la reforestación y se llevó un registro fotográfico de la flora y fauna. Las observaciones se subieron a la plataforma Naturalista para identificar a las especies con la ayuda de especialistas además de promover el uso de esta herramienta de ciencia ciudadana.

“Empecé a subir fotos y empezaron a clasificármelas de todo el mundo, gente de Corea, Alemania, de Estados Unidos y muchos de México; para mi fue muy impactante, un sueño, porque así pude conocer lo que tengo”, relata.

Así es como la reserva logró colocarse varias veces como el sitio con mayor número de observaciones de Sinaloa y de México a partir del 2015, motivo por el cual se le difunde como un caso de éxito y se le han otorgado reconocimientos por parte de la Conabio y de la Fundación Carlos Slim.

Esta es una tarea que se ha transmitido de una generación a otra. Francisco Farriols Sarabia fundó el proyecto que ahora dirige su hijo Francisco Farriols Estrada con la ayuda de Diego Barrales.

Tras obtener la certificación como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, en el 2017, se han convertido en promotores del Reto Naturalista Urbano que a su vez forma parte de la competencia mundial amistosa City Nature Challenge. Este año, por tercera ocasión, Mazatlán se colocó como el municipio de México con mayor número de observaciones (fotos) de flora y fauna silvestre registrada en la plataforma Naturalista.

Farriols Sarabia señala que los reconocimientos y la proyección que se ha logrado dar al estado y municipio a través de su biodiversidad no han sido suficientes para captar el interés de alcaldes y gobernadores. Hasta ahorita, ninguno ha pisado la reserva. Y aunque es visitada y conocida por observadores de naturaleza nacionales y extranjeros, tampoco se le incorpora en las campañas de promoción turística para diversificar la oferta del destino que por ahora se enfoca prioritariamente al segmento de sol y playa.

Por el momento, la reserva ofrece recorridos dirigidos a grupos no mayores de cinco personas bajo el concepto de “ecolturismo”, una mezcla de ecología, cultura y turismo para personas que desean conocer y disfrutar los atractivos naturales como el de la selva baja caducifolia que cubre cerca del 11.7% del territorio nacional.

Een México, este ecosistema se compone por alrededor de 6 mil especies de plantas, de las cuales cerca del 40% son endémicas, lo que significa que solo se les encuentra en estos ambientes, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Entre sus habitantes destacan felinos como el jaguar, puma, jaguarundi y ocelote, además de coyotes y lagartos de chaquira.

Después de las primeras lluvias, Paco´s recuperará su verdor. Pero aún sin hojas, esconde belleza para quien la quiere ver. Los juncos, cacahuananches, bejucos y palos de rosa amarilla ofrecen sus flores a los polinizadores y contrastan con todo lo que les rodea. Así contrasta el azul rey en el dorso de las charas sinaloenses, esa especie endémica sujeta a protección especial, que busca cacahuates en la reserva cuando la selva seca ya no les ofrece alimento suficiente.

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DATOS

• Las ADVC son consideradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación.
• En México existen 374 áreas certificadas vigentes que están distribuidas en 26 estados con una superficie total de 606 mil 132.11 hectáreas.
• El 90 % de esas propiedades pertenecen a ejidos y comunidades; el 8% son propiedad pública, el 1% pertenecen a personas morales y el 1% a personas físicas, como la de Paco´s Reserva.
• A nivel nacional, Oaxaca Campeche y Guerrero son las entidades con más Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), por orden de importancia.
• Las ADVC están contempladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ADVC DE SINALOA

Fuente: Conanp

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Foto principal: Carpintero Pico Plateado (Campephilus guatemalensis), especie sujeta a protección Especial en México de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Crédito: Francisco Farriols Sarabia

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Salir a caminar a mediodía durante un verano en Mexicali es un acto arriesgado, incluso peligroso. En un buen día de calor intenso, cuando el termómetro puede alcanzar los 50 grados Celsius, el ambiente es tan agreste que pocas plantas logran sobrevivir la temporada. Muchas plantas exóticas mueren marchitas y las hojas de los árboles yucatecos se achicharran a merced del sol.

El Ficus microcarpa, nombre científico del árbol yucateco, es una especie de árbol exótico introducido en la década de los sesenta a los jardínes de la ciudad de Mexicali. Común en áreas tropicales, resulta obvio que los árboles sufran enormemente durante los meses de altas temperaturas de estos parajes desérticos. Y mientras los yucatecos se achicharran, los árboles de mezquite y palo verde subsisten bien la temporada de calor. Cuando todo parece infierno, la sombra creada bajo las ramas verdes de los árboles nativos es un verdadero refugio.

Muchos de los jardínes en Mexicali no están listos para el alza en las temperaturas que promete el calentamiento global. Pocas son las voces que claman atención al problema. En el sector público, existen un par de mentes conscientes que buscan cambiar algo desde su área de acción. Las áreas verdes públicas de la ciudad —parques, jardines y jardineras— son responsabilidad directa del gobierno municipal, el cual delega las tareas a la Dirección de Protección al Ambiente. Frente a los retos, el actuar de una oficina con un presupuesto y capital humano limitado es clave, ya que, por un lado, son responsables de mantener el riego de las áreas verdes durante todo el año, en especial durante las temporadas de mayor demanda de líquido, a la vez que deben considerar la situación que impera en la cuenca del Colorado, una en estado de emergencia.

Carlos Eliseo Roano, un jóven biólogo que coordina varios de los programas municipales de forestación y un vivero municipal experimental, lo sabe bien. Reconoce que la presencia de especies de flora exóticas muestran la errada visión de una época en la que se pensaba a las áreas verdes como aparadores de fantasías sociales. Esta idea ha sido confrontada por una nueva generación de profesionistas que abogan por la transición hacia áreas verdes con plantas nativas como parte de un frente común de adaptación ante la crisis del agua que presiona a toda la región noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos.

El río Colorado es considerado el río más importante del oeste de América del Norte, siendo fuente de agua para 40 millones de personas repartidas en siete estados de Estados Unidos y dos estados en México. La situación del agua se ha complicado con la sobreexplotación de la cuenca del Colorado y una sequía por 22 años consecutivos que tiene al sistema de presas de Estados Unidos a un tercio de su capacidad. Esta crítica realidad de baja captación de agua detonó una serie de acciones inscritas en el acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), entre las que destaca la reducción en la entrega de volumen de agua a todos los estados involucrados. Por esta razón, este año 2022, México recibirá 757 millones de metros cúbicos menos de agua, es decir, un 6.8 por ciento menos del total que solía recibir.

“Con los flujos del río Colorado disminuyendo, es de suma importancia que la ciudadanía se adapte a la nueva realidad, una inevitable. En el caso de que bajen todavía más los flujos del Colorado, es casi seguro que la última prioridad para la ciudad serán sus áreas verdes. Ahí radica la importancia de que las áreas verdes sean sostenibles en el futuro”, comenta Carlos Roano, coordinador de forestación en la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali.

Ficus vs mezquite

Sobre la avenida Álvaro Obregón, una vialidad que corre desde las oficinas de Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California hasta el centro histórico de Mexicali, dos hileras de árboles de palo verde presumen sus flores con pétalos de un amarillo brillante. Sobrevuelan las abejas, de flor a flor, cargándose de polen y sirviendo como agentes polinizadores. Las aves aprovechan y cortan las hojas puntiagudas que luego usarán como insumos para la construcción de sus nidos. También han regresado las familias que ruedan en bicicleta o en patines durante las tardes. Estas flores del sol han regresado el oro a una avenida que había quedado rezagada frente al desarrollo de la ciudad dirigido al otro extremo de la ciudad.

El corredor de 500 árboles de palo verde (Parkinsonia florida), una especie nativa adaptada al desierto, fue parte clave del proyecto Washanami promovido por el Laboratorio de Invención para la Ciudad. Nacido desde la ciudadanía, el proyecto entabló alianzas con diferentes sectores para motivar la participación social y hacer de la labor, una actividad colaborativa. Al finalizar la siembra de los árboles nativos sobre la avenida, no solamente mejoró la imagen urbana, sino que también se sumaron beneficios ambientales: la mejora en la calidad del aire y el ahorro en el consumo de agua. Además, el proyecto sirvió como muestra de las posibilidades que ofrecen las plantas nativas cuando son insertadas en proyectos bajo una lupa multidisciplinaria.

Que se haya tomado al palo verde sobre otras especies exóticas habla de una batalla ganada en cuanto al rescate de espacios públicos con plantas nativas. Especies como el ficus o el árbol de algodón han sido erróneamente elegidas por políticos confundidos por una frondosidad y un verdor engañoso. Una moda que para Carlos Roano es difícil de justificar.

“No sólo es el hecho de que no pertenecen al entorno, sino que los números de consumo de agua tampoco los respaldan. Si ponemos a los árboles yucatecos frente a plantas nativas como mezquites en una tabla comparativa, anualmente, una planta nativa requiere de 20 mil litros al año, mientras que un yucateco necesita de 300 mil litros al año. La diferencia de requerimientos es exagerada, sumado a que el yucateco requiere que se le suministre el agua permanentemente”

Carlos Roano, biólogo.

A su parecer, las áreas verdes que cuenten con plantas exóticas están predestinadas al fracaso, tanto por el enorme esfuerzo de mantenimiento requerido como por la necesidad de un riego de por vida. A diferencia de los árboles yucatecos o benjaminas, cuyas raíces superficiales no alcanzan aguas tierra abajo, los árboles nativos tienen raíces pivotantes que en esencia buscan los mantos acuíferos con los que logran subsistir con total autonomía. Esta característica biológica de las plantas nativas es clave, como bien explica el experto, para mantener áreas verdes vivas en una ciudad que se mantiene creciendo, más no así su capacidad operativa.

Ante esta realidad, Carlos Roano actúa en consecuencia y como servidor público del ayuntamiento de Mexicali impulsa programas para el uso de plantas nativas en espacios públicos. También participó en la actualización de la Guía de Forestación de Mexicali en 2020, la cual enlista las especies de plantas que pueden ser utilizadas en jardines y áreas verdes. Y con el programa de adopción de espacios públicos como el trámite para la incorporación de áreas verdes en los planes de construcción, se busca que las empresas participen activamente en los cambios que requiere la ciudad.

Este último trámite municipal es uno que influye directamente en los nuevos proyectos inmobiliarios e industriales, ya que los obliga a cumplir con un espacio de áreas verdes en su diseño. Un dictamen positivo de parte de la Dirección de Protección al Ambiente dependerá obligadamente de que el desarrollador contemple el uso de plantas nativas como mezquites, palo verde, palo fierro, arbusto de incienso u otras especies con baja necesidad de agua, tal cual como lo estipula la Guía de Forestación de la ciudad.

Estos instrumentos han permitido al pequeño departamento municipal establecer una nueva tendencia en el uso de plantas ornamentales y de mantenimiento de áreas verdes en la ciudad. Porque además de variedades de flora, han buscado un cambio en las formas de riego, abandonando el riego por inundación y dando paso al sistema de riego por goteo. Uno que permita un mejor manejo del recurso, uno más eficiente en todo el sentido de la palabra: tanto para la planta como para los gobiernos municipales.

Lo cierto es que cada terreno ganado por las plantas nativas comienza a tener un efecto sobre los mexicalenses. Comienza a ser más común el ver mezquites torcidos en jardines residenciales o áreas exteriores con agaves y cactáceas en lugar de césped. Ya sea con la intención de bajar los gastos en el consumo de agua o por ser plantas que requieren de bajo mantenimiento, las personas han comenzado a reconocer los beneficios del uso de plantas nativas sobre plantas exóticas. Un cambio de mentalidad que, si bien se da a paso lento, a la larga, es uno que genera un cambio profundo en la comunidad.

La primavera ha pasado su cenit y, poco a poco, las flores amarillas del palo verde comienzan a ceder ante la gravedad del fin de temporada. Tanto la población mexicalense como las plantas nativas comienzan a prepararse; todos tienen bien grabado en su memoria que pronto llegará el infierno del verano. Y cuando el sol arrecia, cada gota de agua cuenta para vivir. Un sobrevivir que depende de todos. “En una ciudad desértica, es crucial que como mexicalenses nos desarrollemos de manera sustentable, en armonía con nuestro entorno”, me dice Carlos Roano con una mirada que parece ver un futuro repleto de plantas nativas. Mientras él y otros entusiastas hacen el cambio desde su trinchera, el resto nos inspiramos en los mezquites y las cactáceas y comenzamos a dar pasos dirigidos a ese cambio urgente. Entender el agua como realmente la entiende el desierto, con sus flores y su fuerza, para lograr sobrevivir a la gran sequía de nuestros tiempos.

*Este trabajo periodístico forma parte del programa de difusión del Water Desk en Colorado, Estados Unidos. Son Playas lo replicó por su valor informativo, sin fines de lucro.

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Yuliana Dimas conoce a los álamos. Los observa desde la base de su tronco. Acaricia sus ramas. Sabe que con la llegada del calor, renacen. También es consciente de que estos árboles conectan con la gente. En el desierto, los álamos, con su verdor chillante y su clamido airoso, presumen una personalidad cándida. Si bien ya no son fáciles de encontrar en el Valle de Mexicali, debido a la falta de agua en el cauce del río Colorado, en el sitio de restauración Miguel Alemán, los álamos son los dueños del lugar.

Ubicado a 14 kilómetros de San Luis Río Colorado, Sonora, pero dentro del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, el sitio Miguel Alemán es una muestra de éxito de los esfuerzos llevados para lograr la restauración de los ecosistemas originales del río Colorado.

Desde 2010, este proyecto es administrado por la organización Pronatura Noroeste, donde Yuliana es técnico en involucramiento comunitario. Lo que fuera un terreno semidesértico con apenas 23 especies de aves detectadas, hoy es un área de 190 hectáreas con 100 mil plantas nativas —principalmente de álamos, sauces y mezquites — reforestadas que reciben 122 especies de aves.

Alguien como Yuliana es la persona perfecta para explicar el porqué existen álamos en un lugar donde su propagación actual es mínima. Que entre pinos salados y plantas de algodón, estos árboles son los verdaderamente nativos del ecosistema ripario, nombre que se le da a los hábitats a las orillas de los ríos. Ella sabe cuándo desaparecieron del cauce del Colorado, en una época en que el progreso decidió desviar el vital líquido del río binacional y usarlo para irrigar los campos de un valle agrícola en potencia. Sin agua corriente, los álamos y sauces se secaron y sus lugares fueron tomados por los pinos salados, plantas introducidas capaces de adaptarse al entorno agreste y de altos niveles de salinidad.

Al inicio, la idea de desmontar los pinos salados y de abrir paso al regreso de los bosques de álamos y sauces no fue recibida con entusiasmo por los residentes del lugar. “Mucha gente no creía en lo que se pretendía hacer. Como que no creían en la historia de la restauración”, comenta Yuliana mientras nos dirigimos por un camino de terracería rodeado de tierras de siembra.

Gracias a un trabajo constante con la comunidad, poco a poco, los vecinos del ejido Janitzio II y de la colonia Miguel Alemán fueron sumándose como voluntarios. La participación colectiva fue clave en la primera etapa de desmonte de especies no nativas que se dio de 2010 a 2012. Al siguiente año, en 2013, se iniciaron los trabajos de instalación de una tubería que permitiría la entrada de un volumen de agua del canal Reforma, por donde fluye la mayor parte del volumen de agua del río Colorado. Éste tendría como objetivo regar la flora del sitio, inyectarle vida. No fue hasta que el verdor de los álamos regresó al cauce del Colorado que la opinión de la gente mejoró con respecto al proyecto de restauración de Pronatura Noroeste.

La suerte del cucú pico amarillo

Dentro del sendero principal del sitio Miguel Alemán, el bosque se muestra denso. Hileras de blancos troncos cunden el espacio. Entre estos, las ramas largas y caídas de los sauces, con sus hojas puntiagudas características, se mecen con el mínimo de aire. El crujir de las hojas bajo nuestros pasos espanta a unos pájaros que vuelan a ramas más altas para observarnos a la distancia. A medio camino, Yuliana se detiene. Detecta una pluma abandonada en el suelo. Sólo un ojo entrenado como el de ella puede reconocerla con tal rapidez, ya que su tono terroso hace que se pierda fácilmente con el entorno. Su forma puntiaguda, combinada con el tono marrón de base, le permite confirmar que perteneció a un faisán. Para ella, la pluma caída tiene una historia; la de un ave que fue presa, seguramente de un coyote que anduvo de cacería, lo que básicamente significa que el latido del ecosistema está más vivo que nunca.

“Nuestro trabajo de monitoreo nos ha permitido detectar diversas especies de aves y otros animales, como los coyotes, dentro del terreno, lo cual nos permite saber que el ecosistema está vivo y que el ciclo alimenticio se mantiene”, me explica Yuliana sin detener su paso.

Este tipo de recorridos son clave en los programas de educación ambiental que ofrece Pronatura Noroeste a los visitantes. Internarse en un bosque ripario en medio del desierto es toda una experiencia; saca al pequeño explorador que todos llevamos dentro. Yuliana es quien guía a los visitantes y comparte con paciencia cada detalle dentro del bosque. Donde cada hoja tiene un nombre, donde cada canto de ave tiene un dueño. Que los visitantes aprendan y reconozcan las diferentes especies de flora y fauna nativas es lo que verdaderamente hace que la gente conecte con el proyecto.

Entre tanta naturaleza, la pluma que Yuliana lleva en la mano también habla de otra importante misión del grupo. Pronatura Noroeste tiene entre sus filas a un equipo de monitoreo de aves que estudia las poblaciones de especies aladas para con ello, conocer mejor la salud del ecosistema. Un aumento en el número de especies de aves migratorias vistas dentro del sitio es positivo para los esfuerzos del proyecto. Significa que las aves migratorias están tomando al sitio Miguel Alemán como parada de descanso y alimentación dentro de su ruta de viaje.Por esta razón, las plumas negras, marrones y rojas dicen más que su belleza intrínseca. Las plumas color fuego te hablan de que sobrevuela un reyezuelo corona roja; el antifaz negro sobre el rojo brillante de que el mosquero cardenalito anda alimentándose en el lugar.

Pero entre plumajes llamativos y cuerpos adaptados al hábitat, encontrar el pico amarillo en el pardo cuerpo del cucú tiene mucho que decir a los ojos expertos de los pajareros.“El año pasado —en 2021— por fin se tuvo el registro del cucú pico amarillo en el sitio. Son aves que gustan de andar entre ramas de álamos y sauces jóvenes. Dábamos por hecho que su falta de presencia se debía a que le faltaba edad al bosque. El haberlos visto durante la temporada de anidación fue sumamente motivante, nos dicen que vamos por buen camino”, dice Yuliana esbozando una sonrisa sincera.

La experta en involucramiento comunitario sabe que buena parte del éxito del proyecto depende de que ella logre generar curiosidad por la naturaleza en los visitantes. Hacer del sitio un lugar más llamativo, con más actividades para que más familias visiten el sitio de restauración y disfruten de los beneficios que ofrece, desde la parte educativa hasta la lúdica. Y mientras ella me explica los detalles del jardín polinizador y los viveros del proyecto, puedo verla perfectamente como un engranaje crucial de este ecosistema recuperado. Que si bien no tuvimos el honor de ver al cucú pico amarillo, entiendo que su regreso alado es tan importante como el de las familias que visitarán al sitio de restauración. Porque al final del día, todo habla de un ecosistema conectado, vivo; todo el esfuerzo se manifiesta en los encuentros que suceden en este bosque de álamos que pinta al cauce del río Colorado con sus colores originales.

*Este trabajo periodístico forma parte del programa de difusión del Water Desk en Colorado, Estados Unidos. Son Playas lo replicó por su valor informativo, sin fines de lucro.

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Por el periodismo ambiental que se realiza a través de Son Playas, la directora de este portal, Raquel Zapien, obtuvo una mención honorífica en la categoría de comunicación masiva.

El reconocimiento que otorga la Conanp busca promover la participación ciudadana y difundir acciones para preservar, ejecutar, evaluar y vigilar la conservación de los recursos naturales, así como el desarrollo sustentable y la recuperación de los ecosistemas y su biodiversidad a través de proyectos en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, incluyendo especies en riesgo, Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), así como las zonas de influencia de competencia federal.

Sobre Son Playas

Son Playas es un proyecto de periodismo independiente con enfoque ambiental que busca, a través de la información de calidad, contribuir al conocimiento, apreciación y conservación del entorno natural, especialmente el costero.

El periodismo juega un papel estratégico en este proceso porque nos ayuda a socializar, entender y dimensionar lo que está pasando y lo que podemos hacer para enfrentar la problemática.  Creemos que ningún cambio es posible sin la participación ciudadana, motivo por el que las personas son eje central en los contenidos de esta plataforma periodística. Si quieres saber más sobre nosotros entra a este enlace.

Sobre el Reconocimiento a la Conservación

En este año, los ganadores y menciones honoríficas pertenecen a las categorías: Individual, Organizaciones Civiles, Academia y/o Investigación, Comunicación Masiva, Empresarial y Autoridades Municipales y/o Ejidales. Los ganadores de cada categoría son acreedores a un estímulo económico de $60, 000.00 pesos y un diploma; las menciones honoríficas recibirán un diploma, según informó la Conanp a través de un comunicado.

En la edición 2021, el Jurado estuvo integrado por representantes de las dependencias del sector ambiental como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; la Comisión Nacional Forestal; la Comisión Nacional del Agua; la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; la Comisión Ambiental de la Megalópolis; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; la Coordinación General del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Ganadores y menciones honoríficas

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Los cultivos de maíz criollo de las comunidades serranas del municipio de Concordia, Sinaloa, fueron afectados por las lluvias generadas recientemente por los remanentes nubosos del huracán Pamela, lo que provocará escasez de semilla para continuar con la labor de conservación que se realiza en la zona desde tiempos antiguos.

En el poblado de El Palmito, en donde se conservan seis razas nativas, se registraron pérdidas totales en la mayor parte de las parcelas, reportaron Juan Manuel y Santos Vázquez, agricultores afectados. En esta localidad hay alrededor de 20 productores de maíz criollo que cultivan las razas conocidas como amarillo, blanco, colita, pinto de negro, negro y amarillo pinto de blanco, en parcelas de una y dos hectáreas.

En este y otros poblados colindantes se siembra el maíz a finales de junio para cosecharse en enero, pero en esta ocasión las intensas lluvias y las corrientes de agua tumbaron las plantas que ya empezaban a formar las mazorcas, dijo Juan Manuel.

Mencionó que algunos productores tienen un poco de semilla del ciclo pasado, pero el resto tendrá que conseguirla en las comunidades vecinas para sembrarlas a mediados del próximo año. En estas circunstancias, los agricultores necesitan ayuda de las autoridades para conseguir la semilla de maíz criollo y para arreglar los terrenos cuando se aproxime la próxima temporada de siembra, añadió.

Por esto es importante

Concordia es el municipio de Sinaloa con mayor diversidad de razas de maíces criollos, los cuales se cultivan y seleccionan para autoconsumo y para preservar su genética, motivo por el que los daños a los cultivos representan un impacto económico negativo para las familias y para el cuidado de los maíces nativos de México.

Desde enero de este año, cerca de 90 productores de maíz criollo de la zona serrana de ese municipio fueron incorporados al programa Sembrando Vida para que sigan cultivando la semilla y para que la compartan con otros agricultores del estado con fines de conservación y mejora genética, según anunciaron autoridades federales durante la Feria de Maíces Nativos de Sinaloa realizada en Potrerillos, Concordia el 13 de junio de este año.

¿A quién le corresponde ayudar?

Por ley, a los gobiernos federal y estatal les corresponde proteger los maíces nativos. En septiembre de 2019 entró en vigor la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que establece que la producción, comercialización y consumo del maíz nativo son una manifestación cultural y que su protección es obligación del Estado. El 29 de septiembre de ese mismo año se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Maíz, con el objetivo de promover su valor cultural, alimentario y económico nacional

En Sinaloa, se aprobó la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo el 19 de noviembre de 2020, pero entró en vigor en marzo de 2021 después de que el Gobierno del Estado publicó el decreto.

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