Mazatlán es el municipio de Sinaloa con más clausuras. La última fue el 13 de febrero del 2026, un inmueble en proceso de edificación llamado BRINLU Marina de Campo de Golf que colinda con el Estero La Marina, el cual tiene conexión directa con el mar.

Además de dañar cerca de 50 mangles, el complejo clausurado no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico y científico que debe ser presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su análisis y aprobación, según se dio a conocer hoy a través de un comunicado de la PROFEPA.

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La obra que fue clausurada de forma total y temporal, tiene una superficie aproximada de 3 mil 292 metros cuadrados; consta de una torre de seis niveles en obra negra, dos de ellos destinados a sótano y área de amenidades, y cuatro para departamentos. Se registraron 38 pilotes de 1 metro de diámetro por 8 de profundidad; un muro perimetral de 30 metros de longitud; un muro de contención soportado por diez pilotes y la cimentación de una alberca de 3.50 metros de altura por 30 metros de longitud.

“Es una obra que está en la zona costera de ahí de Mazatlán y se hizo una visita de inspección y se detectó que no cuentan con una autorización en materia de Impacto Ambiental y además hay daños a la vegetación de manglar, por eso se pusieron los sellos, se inicia un procedimiento administrativo y se clausura la obra hasta que ellos nos presenten autorizaciones para esa obra”, detalló Marco Moreno, delegado de esa dependencia en Sinaloa al ser cuestionado por Son Playas.

Explicó que a las construcciones que no siguen los protocolos para impedir un daño ambiental, y que carecen de documentos en regla, se les colocan sellos de clausura para impedir que sigan edificando en tanto se les derivan procesos administrativos para revisar su situación, como en este caso.

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Daño a la flora y fauna

En el comunicado de la dependencia federal se especifica que el proyecto colinda con una zona de manglar de las especies blanco (Laguncularia racemosa), botoncillo (Conocarpus erectus) y negro (Avicennia germinans). En este sitio se detectó la poda de aproximadamente 50 ejemplares de mangle así como un relleno con material terroso de alrededor de 1 metro de ancho por 1 metro de alto a lo largo de aproximadamente 67 metros lineales en el frente del predio.

«Al requerirse la autorización de impacto ambiental que amparara las obras descritas, el visitado indicó no contar con dicho documento. En consecuencia, como medida precautoria, el personal actuante procedió a imponer la clausura total temporal, así como al aseguramiento precautorio de herramientas, utensilios, bienes y cualquier instrumento directamente relacionado con las actividades detectadas», se detalla.

Por esta acción, el desarrollo inmobiliario «BRINLU Marina de Campo de Golf» es acreedor de una falta administrativa, manifestó al respecto el delegado de la PROFEPA, pues debido a que el mangle es una especie protegida por la Norma 059, su tala, destrucción o cambio de uso de suelo se considera un delito federal.

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En México, las cuatro especies principales de manglar se encuentran clasificadas bajo la categoría de Amenazadas (A), lo que significa que podrían desaparecer a corto o mediano plazo si los factores negativos en su hábitat continúan. Los manglares son ecosistemas fundamentales para la protección de las costas, ya que actúan como barrera natural frente a tormentas y huracanes, favorecen la captura de carbono, filtran contaminantes y sirven de refugio y zona de reproducción para numerosas especies marinas y terrestres.

Operativo permanente

Derivado de un operativo permanente por PROFEPA, se han clausurado diversas obras como restaurantes o palapas, sobre todo en zona federal costera de Mazatlán. Algunas eran construcciones ya en estado avanzado y no contaban con autorización de materia de Impacto Ambiental.

“Todas las clausuras que se hacen en las visitas de inspección de los inspectores federales de PROFEPA inician un procedimiento administrativo. Todas, todas se inician. En el momento que se hace la visita se inicia un procedimiento administrativo y ellos tienen que aportar elementos, tienen plazos para presentar documentos y el proceso jurídico avanza”, enfatizó Marco Moreno sin especificar cifras.

De acuerdo con el servidor público, hay un operativo permanente en toda la zona costera. En Mazatlán particularmente se hacen recorridos en donde hay edificaciones ubicadas en zonas que requieren autorización federal. Si bien, han recibido denuncias ciudadanas y acuden al lugar, estas visitas son escasas. Incluso algunas obras ya en construcción que desean regularizarse han solicitado la visita, pero también son pocas.

Hasta el momento las actas se concentran en Mazatlán, pero en todos los municipios hay revisiones y clausuras, principalmente en aquellos que presentan un mayor desarrollo inmobiliario. En Guasave, por ejemplo, se han detectado obras en playas, aunque en menor medida que Mazatlán, comentó. En Ahome, la zona del Maviri es la que más incidencia ha registrado así como Altata en Navolato.

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La obra consiste en aproximadamente nueve pilotes de concreto edificados en la arena, contiguos a una palapa con venta de mariscos. Dicha edificación colinda con la avenida Del Mar, casi esquina con Rotarismo, cerca del Monumento al Pescador.

El sabado 13 de diciembre, el delegado de la PROFEPA en Sinaloa, Marco Antonio Moreno, compartió una fotografía en su cuenta de Facebook, en donde se observa a varias personas construyendo los pilotes en el área de playa.

«En PROFEPA Sinaloa tenemos cero tolerancia a obras no autorizadas en zona federal. Personalmente revisaré esta obra», publicó.

En respuesta a los comentarios de los usuarios de esta red social, el funcionario manifestó que no se han autorizado nuevas concesiones en playas de Mazatlán y que las concesiones otorgadas en administraciones anteriores pueden revocarse si no cumplen con sus condicionantes, aunado a que se aplicarán sanciones.

«Actualmente no se otorgan nuevas concesiones y estamos revisando a detalle las ya existentes; si incumplen se revocarán».

En la mañana del domingo 14 de diciembre, se observaron más pilotes en el área de playa, así como dos sellos de suspensión de obra colocados por el Ayuntamiento de Mazatlán, sin especificar la fecha. Los pilotes levantados in situ fueron cubiertos con sombrillas y el área estaba delimitada por varillas.

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Cuestionado al respecto, el delegado de la PROFEPA se limitó a responder que la obra fue suspendida por el Ayuntamiento porque al parecer no contaba con permiso de construcción y que sería este lunes cuando el área a su cargo revisaría si se cuenta con una concesión en orden.

Cabe señalar que en este espacio ya se han suspendido obras de ampliación con anterioridad, sin que logren detenerse. En el año 2023, por ejemplo, la remodelación de la palapa contigua fue suspendida, pero la obra avanzó. Luego, en 2014, en el lugar que hoy ocupan los pilotes había una plataforma sobre la cual se daba servicio de alimentos. Esa plataforma se derrumbó con las marejadas que se registaron en octubre de este año, ocasionando daños a varias palapas y la pérdida de arena en un sector de la playa.

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Durante el evento, que se realizará en la sala de usos múltiples de la Torre Académica, se contará con la participación de instituciones académicas nacionales como el Instituto Nacional de Ecología (INECOL) y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), además de organismos internacionales como la Red EcoCostas y la Alianza Global para la Investigación de la Pesca en Pequeña Escala (Too Big To Ignore, TBTI) que promueve políticas de gobernanza para abordar los desafíos mundiales de la pesca artesanal o de pequeña escala.

El programa del simposio incluye conferencias magistrales, talleres y la presentación del libro “Críticas y contrastes de la resiliencia socioecológica”, así como la presentación de carteles de proyectos de investigación para el manejo costero que estudiantes de licenciatura y posgrado están realizando en distintas instituciones académicas. Los temas que se abordarán durante el Simposio son:

• Problemáticas actuales de las costas de México y países de América.
• Cambio climático y conservación de las costas y puertos.
• Sistemas socioecológicos y Resiliencia costera.
• Políticas Públicas que inciden en la Gestión de la Zona Costera.

El lunes 13, la jornada iniciará con la conferencia “La isla de Piedra, ¿Un sistema socio ecológico sustentable?” a cargo del M. en C. Jaime Renán Ramírez. La jornada del segundo día iniciará con la conferencia “Interacción entre la capacidad de carga turística y la opresión costera en Mazatlán”, a cargo del Dr. Pedro A. Aguilar Calderón. El miércoles 16, de manera virtual se presentará la conferencia “Desafíos ambientales y de gobernanza costera en la costa de Sinaloa” a cargo de la Dra. María Llanos. 

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La zona costera de Mazatlán

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2023 las playas de Mazatlán recibieron más de 2 millones de turistas, lo que representó el 6.8% del total de turistas que visitaron algún centro de playa en México. 

La economía de Mazatlán depende en gran proporción de la condición y cuidado de los 21 km de longitud de su costa; las playas, los humedales y el río presidio también son componentes importantes de la zona costera. 

Por ello, el Simposio busca generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, conocimientos y enfoques sobre los desafíos y estrategias que son necesarias de implementar en la gestión de las zonas costeras para promover el bienestar de las comunidades locales

Las actividades del Simposio empezarán de manera presencial el lunes 1 de octubre a las 9:00 am en la sala de usos múltiples de la torre académica de la FACIMAR. Algunas conferencias serán transmitidas en la página oficial de Facebook Simposio Internacional de Gestión de Zona Costera

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Este 2025 se recolectaron 1,100 toneladas de desechos sólo en zonas turísticas, el doble de residuos extra generados el año pasado en la misma temporada. Esta cantidad también supera el tonelaje de desechos reportados por la autoridad municipal en los cuatro años anteriores.

De acuerdo con un boletín del Gobierno de Mazatlán, la basura de este año se concentró en los puntos de Cerritos, Zona Dorada, Avenida del Mar y Olas Altas, principalmente entre el jueves 14 y el sábado 16 de abril, justo ahí fue necesario reforzar el servicio; también informó que los principales desechos recogidos fueron envolturas de plástico, PET, utensilios de un sólo uso y vidrio.

El informe de la autoridad revela que, Mazatlán genera unas 700 tonelada de basura como máximo en un solo día sin turismo, sin embargo, en Semana Santa con alta afluencia de visitantes alcanzó un promedio de 850 toneladas cada 24 horas; en total 6,800 toneladas sólo del 13 al 20 de abril.

Del total de la basura generada este año, 1,100 toneladas fueron recolectadas únicamente en zonas turísticas, esto equivale a más del doble de los desechos recogidos en 2024 que fueron 514 toneladas donde las playas identificadas como las más sucias fueron las que colindan con el Monumento al Pescador, Playa Norte, Playa Camarón Sábalo y Playas Brujas.

Esta es la basura “extra” generada en los últimos 5 años durante Semana Santa

De acuerdo con datos históricos que Son Playas ha solicitado por Transparencia sobre la basura extra generada en la ciudad durante Semana Santa, el registro es que en 2023 se recolectaron 260 toneladas de basura extra en la ciudad; en 2022 fueron 155, y en 2021 apenas llegó a 53 toneladas, aunque  todavía en contexto de pandemia.

Lo anterior confirma que, en los últimos cinco años, este 2025 la basura extra generada por el turismo también superó todo el tonelaje de desechos generado en los cuatro años anteriores, ya que esta vez se recolectaron mil 100 toneladas en zonas turísticas, pero del 2021 a 2024 sumaron 982 toneladas.

Fuente: Ayuntamiento de Mazatlán.

En un día regular, en Mazatlán se recolectan 10 toneladas de basura en puntos turísticos, de acuerdo con el informe del Gobierno de Mazatlán, sin embargo, esta Semana Santa, el promedio alcanzó 137.5 toneladas de desechos sólidos por día, lo que generó el total de 1,100 toneladas. Es importante destacar que todos los desechos extra, a falta de un relleno sanitario, se aterran igual en el basurón municipal.

Son Playas confirmó que zonas como la llamada “Letras de Mazatlán”, en la intersección de las avenidas del Mar y Rafael Buelna, fue punto clave para la concentración de miles de visitantes convirtiéndose todos los días en punto generador de desechos y debido a la insuficiencia de contenedores mucha de esta basura terminó tirada en las calles a unos metros de la playa.

Basura, la otra «derrama» de la actividad turística | Son Playas

No se aplicaron sanciones por arrojar basura

Aunque arrojar basura en la vía pública y en las playas es una falta establecida en el Artículo 12 del Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del Municipio de Mazatlán correspondiente a la Higiene y Salud Pública, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no aplicó ninguna sanción por esa falta, ésta implica una multa de 678 pesos mínimo hasta 1,130 pesos máximo, así lo confirmó la dependencia a través de una solicitud de información.

La estrategia institucional implementada por la autoridad municipal en Semana Santa para reducir los desechos en la ciudad se limitó a llamados o mensajes oficiales “amigables” igual que en otros periodos. El resultado fue el doble de basura genera por miles de visitantes con relación al año pasado. Sin embargo, es importante destacar los esfuerzos ciudadanos, ya que organizaciones ambientales promovieron y participaron en jornadas de limpieza de playas; a esto se sumó la Operadora y Administradora de Playa, que con el apoyo de estudiantes de diversas instituciones educativas de la localidad realizó recorridos de limpieza y concientización en las playas, aunque al final, los desechos persistieron.

Este ha sido el periodo con mayor generación de basura «turística» de los últimos años en Mazatlán | Son Playas

Las otras estadísticas

Mientras la concentración de basura turística incrementó por mucho en esta temporada, las autoridades municipales destacaron sus otros datos, los económicos, al informar una derrama para Mazatlán superior a los mil 400 millones de pesos, ocupación hotelera de 91 por ciento y un promedio de 600 mil visitantes en la ciudad, es decir, en ese periodo Mazatlán duplicó su población, ya que el Municipio tiene poco más de 501 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI.

A nivel estatal, Sinaloa registró la vista de 2.4 millones de personas que dejaron una derrama económica de 3,200 millones de pesos, de acuerdo con informes públicos de la Secretaría de Turismo del Estado; además el puerto estuvo blindado con más de 3 mil elementos de seguridad distribuidos principalmente en zonas de alta concentración de visitantes.

En ese contexto, la basura se quedó en la ciudad como la otra gran derrama.

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Ángel García Contreras, director de la paramunicipal, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado, aseguró que el tema ya fue expuesto ante los regidores y regidoras que integran la Comisión de Ordenamiento de Playas y Zonas Turísticas del Cabildo; el reto es trabajar en la formulación y ajustes de la iniciativa para que sea aprobada por el pleno este año.

El objetivo, explicó, es evitar que las nuevas construcciones que abarquen zona federal y municipal obstruyan el acceso a las playas con cualquier tipo de obra y los privaticen. La medida busca garantizar que los particulares no impongan a la sociedad civil restricciones bajo el argumento de que se trata de una obra privada.

En ese contexto, García Contreras aseguró que el Gobierno de Mazatlán como todos los ayuntamientos, está obligado a garantizar que esos corredores se mantengan abiertos.

“Así están construidas varias plazas que nos están dando el permiso de buena onda, pero no está en el dictamen, en el acuerdo, como es Plaza Pacífico que ahorita está en proceso porque están haciendo una obra y esperemos no cierren ahí. Esto es para garantizar los accesos colindantes y para que las obras que se autoricen por el Ayuntamiento cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales porque se están dando permisos y licencias de construcción colindantes con la zona federal marítimo terrestre que no garantizan el cumplimiento de una Ley superior porque un Reglamento municipal no puede estar por encima de la Ley General de Bienes Nacionales que manda en el Artículo 8 que los particulares están obligados a garantizar el acceso público, entonces llega un particular, como sucedió con la torre Tower, en la pasada administración, pide un permiso de construcción, es particular y le das el permiso sin condicionar el acceso”, sostuvo.

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Lo anterior debido a que el año pasado se reportaron al menos tres casos de cierres de accesos de playa que suscitaron manifestaciones de descontento por parte de la población al considerar que la obstrucción es un acto ilegal que atenta contra el tránsito de locales y turistas.

En septiembre, por ejemplo, un grupo de vecinos derribó el muro que mantenía cerrado el paso en el sector Sábalo Cerritos donde se ubica la torre Pearl Tower; un mes después, los propietarios particulares clausuraron definitivamente el acceso. Ese mismo mes, un grupo de ciudadanos se manifestó en el acceso de Playa Gaviotas, luego de que el paso fue cerrado por un particular, incluso, los inconformes abrieron dos cercas de alambre para entrar a la playa en un acto de recuperación del espacio público. En ambos casos, el Municipio confirmó que se trató de obras privadas donde los propietarios aludieron a sus permisos y cerraron por su cuenta.

En noviembre pasado, otro grupo de inconformes derribó la malla metálica que otro particular colocó en uno de los accesos tradicionales de Playa Camarón, en donde posteriormente se instaló un contenedor para obstruir el paso.

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Analizan propuesta de modificación al Reglamento de Construcción

Actualmente, el Reglamento de Construcción del municipio de Mazatlán no considera en ninguno de sus artículos obligatoriedad para que los particulares garanticen los accesos libres a la playa a cualquier ciudadano en proyectos privados, por ello, García Contreras considera importante que, desde la normativa local, se condicionen los permisos para nuevas edificaciones en zonas que comprometan área municipal y federal marítimo terrestre. De concretarse, la reforma representaría un «candado» importante para evitar que futuros desarrollos inmobiliarios en la franja costera privaticen los accesos.

Esta propuesta, dijo, ya está en proceso de análisis en la Comisión de Ordenamiento de Playas y Zonas Turísticas del Cabildo de Mazatlán, una comisión transitoria encargada de atender las nuevas dinámicas y necesidades del crecimiento de la ciudad. El proceso que debe seguir para concretarse es que, una vez modificada y ajustada como propuesta, esa Comisión la presente en una sesión de Cabildo para su aprobación y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo que entraría en vigor al día siguiente.

¿Entonces, sí es posible desde el Reglamento de Construcción condicionar que se mantengan abiertos los accesos a la playa aludiendo a Ley de Bienes Nacionales?

“Sí, además es una responsabilidad constitucional de los ayuntamientos hacer cumplir y coadyubar al cumplimiento de las leyes generales. Entonces, no puede estar un Reglamento municipal en contra del espíritu y el mandato de una Ley superior, que es la Ley Nacional. Queremos que esté en el primer semestre, por lo menos que se realice todo el proceso, vamos avanzar lo más posible, estamos trabajando en eso”.

El funcionario reconoció que, precisamente, los vacíos legales que existen en la normativas locales y federales propician la anarquía en la zona federal marítimo terrestre.

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El único Reglamento destinado a regular, desde lo municipal, el uso de las playas y la zona federal marítima y terrestre contigua a Mazatlán fue desechado por incumplir el debido proceso para su publicación y vigencia. El documento con fecha octubre de 2020 estaba diseñado para implementarse a través de la Operadora y Administradora de Playas (OAP).

Mediane una solicitud de información Son Playas obtuvo copia de dicho Reglamento, éste consta de 71 artículos base y cinco transitorios y aparece para su firma el nombre de Jorge Olegario Contreras Núñez, ex titular de la paramunicipal en ese periodo.

El documento facultaba a la OAP a contribuir en el control de permisos para vendedores y servicios turísticos; aplicación de nuevas reglas para el cuidado y conservación de playas y sanciones por incumplimiento que contemplaban desde trabajo social hasta arresto el por 36 horas.

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Los obligan a entregar el Reglamento

La copia de dicho Reglamento lo entregó la paramunicipal el mes pasado obligada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), ya que en el recurso de revisión RRAI611/24-2 instruyó a que entregara la copia digital, puesto que entre mayo y septiembre del año pasado lo negó dos ocasiones; en la primera solicitud de información la OAP argumentó que ese reglamento estaba en revisión por la Semarnat; y en la segunda informó que no lo podía entregar porque se encontraba “en una mesa de trabajo y análisis con las autoridades involucradas en el mismo, sin que hasta el momento se hayan concluido los trabajos por lo que mientras, no se apruebe por la sala de Cabildo, éste no puede ser compartido a la ciudadanía”.

Sin embargo, Son Playas solicitó recurso de revisión en la Ceaip al considerar que el documento sí es de interés público y no compromete datos personales; es así que el mes pasado la paramunicipal entregó copia de dicho reglamento, además reveló el verdadero status legal en que se encuentra:

“El mismo se desechó por no cubrir con el debido proceso, es decir, cualquier reglamento, proyecto bosquejo se debe de analizar y presentar observaciones ante las autoridades federales correspondientes y con posterioridad someterlo a análisis y aprobación de la Junta de Gobierno de la paramunicipal quien es la autoridad competente y, por último, publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que el mismo cuente con validez y sustento jurídico para su aplicación, hecho que no sucedió ya que este proyecto se inició en la anterior administración municipal sin que haya concluido, pues cuenta con muchas inconsistencias, mismas que deberán ser retomadas por el actual Consejo para su modificación o iniciar la elaboración de un nuevo proyecto o Reglamento”.

Al respecto, Ángel García Contreras, actual director de la OAP, aseguro que no tienen evidencia de este reglamento en la institución, por lo tanto, desconoce en qué etapa del proceso se quedó o quiénes intervinieron. Sin embargo, consideró necesario y urgente que el Municipio tenga ese ordenamiento con perspectiva local y nuevas facultades para ordenar en los vacíos de la zona costera contigua a Mazatlán.

“Es evidente que la anarquía generada en la zona federal requiere de la coadyuvancia y colaboración del Ayuntamiento en todas las facultades que tiene. Es decir, las responsabilidades qué dice la Constitución, todas las facultades que no le competen a la federación o al Estado le competen al Municipio, entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, el municipio no tiene facultades para expedir concesiones, permisos, permisos transitorios de un año, entonces, todo lo que no atiende la Federación nos compete regular, como lo que está generando caos, que es la propaganda, basura, excremento, animales, saturación, obstrucción, contaminación visual, esas son facultades que no las asume la Federación, no le competen de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico, sí es necesario ante la realidad”, sostuvo.

Agregó que, incluso, siendo Mazatlán escenario de las llamadas bodas destino, estos eventos sociales tampoco están regulados.

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Sin foros ni consulta pública

-¿Tenías conocimiento de este reglamento que no se concretó?

“No, he preguntado a todos en la oficina, incluso hay gente que tiene desde que se fundó la Operadora y dicen que nadie, ningún director había hecho esa propuesta, un anteproyecto, porque ni ha habido foros… en este caso el procedimiento que debe tener todo reglamento, toda propuesta reglamentaria debe, si es necesario, usar el proceso con la sociedad, presentarlo en un foro, dictaminarlo ante la Comisión correspondiente de Cabildo porque hay una comisión que, en este caso, sería la Comisión de Ordenamiento de Playa; publicarlo en el Periódico Oficial del Estado para que entrara en vigor, así es, es la ruta”, explicó.

Esto establecía el primer Reglamento de uso de Playas y Zona Federal Marítima y Terrestre Contigua del municipio de Mazatlán

El documento que fue desechado por el Gobierno de Mazatlán era el único en su tipo que normaba la vigilancia, regulación y sanción por el uso de la zona federal marítima y terrestre contigua a la ciudad; dicho reglamento contemplaba 10 capítulos que abordaban las facultades en el control del comercio, equipamiento de playas, certificación, inspección, vigilancia y sanciones.

En el Artículo 6 dicho Reglamento precisaba las siguientes facultades para autoridades municipales:

I. Otorgamiento de anuencias para ejercer el comercio ambulante.

II. La limpieza de las playas y la zona federal marítimo terrestre.

III. Autorización de eventos especiales (eventos sociales)

IV. La imagen y regulación urbana.

V. La seguridad pública, la buena vecindad y la protección civil

VI. Prevención y control de residuos sólidos urbanos.

VII. Ordenamiento Ecológico Local del Territorio.

VIII. Control de las fuentes fijas y móviles de emisión de ruido.

IX. Regular la prestación de servicios turísticos.

X. El control animal.

XI. Inspección y Vigilancia de los numerales anteriores.

Rescate de accesos de playa

En su Artículo 9, el reglamento que fue desechado establecía el rescate de los accesos a las playas desde la vía pública, incluso, por incumplimiento proponía sanciones como la clausura, demolición y multas a quienes limiten el acceso a las playas del municipio; prohibía también acampar, animales en zona de playa que representaran peligro a la ciudadanía, fogatas y asar carne; tirar basura, residuos de cigarro, envases de vidrio, residuos peligrosos, sólidos o cualquier sustancia contaminante.

En su Capítulo IV, proponía colaboración directa con Semarnat, Profepa y cualquier instancia federal para el control y regulación de permisos y concesiones; así como la firma de convenios con instituciones educativas y alianzas oficiales con organizaciones de la sociedad civil para impulsar programas de conservación y cuidado ambiental de manera conjunta.

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Las sanciones

En el Artículo 62, en el apartado de sanciones, establecía que para todas las violaciones al dicho reglamento proponía aplicar sanciones que incluyen trabajo social, suspensión de anuncias, permisos y aseguramiento de bienes; multas y arrestos hasta por 36 horas, tal como se muestra en la siguiente imagen.

El documento concluye con cinco artículos transitorios donde el último compromete al Ayuntamiento de Mazatlán a crear y mantener un registro, histórico y actualizado de anuencias y permisos expedidos por Oficialía Mayor, SEMARNAT y Capitanía de Puerto de los ambulantes, concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios náuticos, ya que actualmente este censo local no existe y la información está dispersa en distintas dependencias del Gobierno federal.

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Los Comités de Playas Limpias (CPL) son órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). A su vez, los Consejos de Cuenca son un mecanismo para incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua y están integrados por representantes de instancias de los tres órganos de gobierno, organizaciones sociales y usuarios.

Los Consejos de Cuenca son los encargados de aprobar la creación, ratificación o disolución de los CPL. Al respecto, la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán informó que actualmente no hay evidencia del funcionamiento de un Comité de Playa Limpia a nivel municipal.

Ángel García Contreras, director de la dependencia, considera que los Comités de Playas Limpias son clave para lograr una gestión integral de las costas, por lo que su reactivación es prioritaria para Mazatlán y se espera lograrla antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Origen de los Comités de Playas Limpias

Los Comités de Playas Limpias surgieron en 2003 a partir de la implementación del Programa Playas Limpias (PROPLAYAS) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). PROPLAYAS es una política pública en materia del manejo de la calidad del agua en las playas mexicanas. Los CPL actúan a nivel de playas de un municipio costero que correspondan a la misma Cuenca. Las playas de Mazatlán pertenecen al Consejo de Cuenca Número ocho “Del río Presidio al río San Pedro”. 

De acuerdo con el Manual de Organización y Operación de los Comités de Playas Limpias de México están conformados por un presidente, un secretario técnico, tesorero y vocales. Deben contar con al menos un representante de los sectores público, privado y de la sociedad civil. Aunque cada CPL define de manera particular su manual de operación, los miembros deben tener sesiones ordinarias al menos cuatro veces al año. 

Hasta 2017 estaban constituidos 49 Comités de Playas Limpias en 13 destinos turísticos, que representan 138 playas en 16 entidades federativas. El Comité de Playas Limpias de Mazatlán fue el primero en crearse; sin embargo, actualmente el municipio no cuenta con uno, dijo al respecto García Contreras.

Cuidado de playas con enfoque de cuencas

Los Comités de Playas Limpias son entidades donde los actores locales participan en la toma de decisiones, y en la organización de planes y acciones en materia de inspección y vigilancia. 

De acuerdo con Ignacio Gónzalez, miembro de la Red Mexicana de Cuencas, es importante que las acciones de los Comités estén alineadas al enfoque de cuencas porque mucho de lo que sucede en la zona costera depende de procesos río arriba que invariablemente llegan a la costa.

“Que del continente llegue materia a la costa es un proceso natural, y de hecho muchos sistemas costeros viven gracias al arrastre de los ríos. Pero también si los ríos llevan basura y otras sustancias éstas invariablemente impactaran al sistema costero “

Para que sigamos disfrutando de las playas y los ecosistemas costeros deben existir esfuerzos multisectoriales no solo entre los actores que inciden directamente en las zonas costeras, sino también con actores cuenca arriba. Monitorear y mejorar la calidad del agua de los ríos y acuíferos beneficia a las zonas costeras y sus usuarios.

Tampoco hay un reglamento municipal para uso de playas

Las playas son bienes comunes naturales donde distintos actores e intereses se unen en un mismo espacio.

A nivel federal, los primeros 20 metros a partir de la pleamar pertenecen a la Zona Federal Marítimo Terrestre y es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sancionar a los usuarios que incumplan con la normatividad.

Sin embargo, existen muchos vacíos en lo que respecta a las responsabilidades del municipio para sancionar a los usuarios que contaminan las playas.

 “Hay infracciones que se cometen y que no son un delito administrativo federal; por ejemplo, tirar basura en la playa o ser irresponsable con heces caninas. Estas actividades generan impacto ambiental, por ello es necesario que la Operadora de Playas aplique un reglamento”.

García Contreras dijo en entrevista para Son Playas que una de las metas de su administración es generar un Reglamento Municipal para la zona marítima.

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Pensamos en la luna como un astro que ilumina nuestras noches, pero en realidad tiene más influencia en nuestra vida de la que imaginamos. Por ejemplo, en la marea de los océanos. 

De acuerdo con el Servicio Mareográfico Nacional, la marea es el resultado de la fuerza gravitacional de la Luna (por su cercanía a la Tierra) y del Sol (por su gran masa) que originan el periódico sube y baja del nivel del mar que observamos en las costas. 

Aunque la marea está presente todos los días, durante las fases de luna llena y luna nueva los efectos de este fenómeno son más notorios porque el Sol, la Tierra y la Luna están alineados y las fuerzas gravitacionales se superponen. A esto se le conoce como marea viva. En estas ocasiones los niveles de pleamar (marea alta) y bajamar (marea baja) alcanzan las alturas más altas y bajas respectivamente. 

Al mismo tiempo que la Luna eleva el agua sobre la Tierra en el lado que mira hacia ella, también separa el agua de la Tierra en el lado opuesto.

En cambio, cuando el Sol y la Luna se encuentran en direcciones perpendiculares con respecto a la Tierra los efectos de la gravedad son menores y ocasionan mareas de menor amplitud conocidas como mareas muertas. Este tipo de marea ocurre durante las fases lunares de cuarto creciente y cuarto menguante. 

En las costas con menor pendiente los efectos de la marea viva son más notorios porque provocan la sensación de que el “mar se recorre”, pero en realidad se trata de un fenómeno natural.

Tipos de mareas

Dependiendo de la periodicidad de la pleamar y bajamar, así como del tamaño y forma de la cuenca oceánica, las mareas se han clasificado principalmente en semidiurna, diurna y mixta. 

Semidiurna: Son mareas que ocurren dos veces al día. Los cuerpos de agua con este tipo de marea tendrán dos mareas altas y dos mareas bajas en un día lunar (25 horas).

Diurna: Ocurren una vez al día. Un cuerpo de agua con mareas diurnas, como el Golfo de México, tiene solo una marea alta y una marea baja.

Mixta: En este caso, una sola marea baja sigue a dos mareas altas. En Mazatlán, la marea es de tipo mixta semidiurna lo que ocasiona que en un día lunar ocurran dos mareas altas y dos mareas bajas con distintas alturas. 

Efectos de la pleamar y bajamar

Las mareas generan una mezcla de nutrientes en la columna del agua que pueden favorecer la actividad pesquera porque los peces están en busca de alimento. Sin embargo, con la bajamar los peces migran mar adentro lo que puede dificultar su captura. Puedes encontrar más información sobre mareas en la página del Servicio Mareográfico Nacional.

CALENDARIO DE MAREAS

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La Operadora y Administradora de Playas del Ayuntamiento de Mazatlán solicitó por escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) su intervención en el caso del cierre del acceso a la playa El Camarón por parte de un particular para que investigue y, en su caso, sancione por la obstrucción del libre paso y por iniciar obras sin autorización.

En un documento oficial dirigido al biólogo Pedro Luis León Rubio, encargado del Despacho de la Profepa en Sinaloa, la Operadora de Playas le pidió que realice un procedimiento de inspección y administración procedente como autoridad competente para regular lo que corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la posible invasión a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

En el oficio, con fecha 10 de diciembre de 2024, también se precisa que el Ayuntamiento de Mazatlán es coadyuvante con la Federación para impulsar acciones que garanticen el saneamiento, limpieza, conservación y cumplimiento de la normatividad federal.

Lo anterior, luego de que el pasado 21 de noviembre pescadores, buzos, vendedores, colectivos y organizaciones de surfistas se manifestaron contra el cierre del acceso a esta playa ubicada en la avenida Camarón Sábalo. Ese día, los manifestantes abrieron la malla metálica y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable Municipal colocó sellos de clausura, ya que la cerca instalada para impedir el paso no tenía permiso de construcción.

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“Entendemos que la Profepa tiene sólo dos inspectores para el sur de Sinaloa, por eso como parte de nuestras facultades de coadyuvancia con la Federación estamos dándole vista en términos legales para que proceda, porque aparentemente hay una invasión al a zona federal por el lado de la playa por el cercado que hicieron y una construcción que ya la clausuró Planeación que es ilegal», explicó Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas (OAP).

Además, agregó, en este caso es necesario hacer el deslinde de la zona federal para definir si hay invasión y verificar si se cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como marca la normatividad, lo cual, al parecer, no existe.

«Todas las obras desarrolladas en las zonas costeras deben tener un estudio de impacto ambiental autorizado por la Semarnat, que no es el caso, y entre otros muchos requisitos, es solicitar la licencia de construcción ante el Ayuntamiento, no lo hicieron», enfatizó.

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A través del oficio que recibió la Profepa, se sustenta la petición de intervención en la Ley General de Bienes Nacionales que mandata a los particulares “garantizar el derecho para el goce y disfrute de las playas marítimas” establecida en los Artículos 8, 127 y 154; también alude al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar que, en su Artículo 17, establece el procedimiento para proceder a la expropiación del acceso necesario para ingresar a las playas, además al inicio de un proceso penal por la Fiscalía General de la República de ser el caso.

“Entonces, serían dos peticiones: que evalúen el impacto ambiental con el cerco colindante con la zona federal y la otra que procedan», apuntó.

Ponen contenedor para obstruir el paso

A finales de noviembre se colocó una cerca metálica para delimitar el perímetro del predio que colinda con la playa El Camarón, abarcando parte de la zona federal marítimo terrestre.

Después, durante la media noche del martes 10 de diciembre, un contenedor fue instalado en el pasillo de acceso a esa playa reduciendo el ancho del acceso a unos 70 centímetros aproximadamente. Justo aquí, se había colocado la cerca que fue derribada por manifestantes y clausurada por la autoridad municipal el 21 de noviembre.

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Al respecto, García Contreras consideró que estas accion representa un obstáculo directo a los usuarios. Pero no solo eso, pues desde hace días los particulares han trabajado en otras obras de cimentación en esa zona.

Aclaró que el desconocimiento de la Ley no exime de su responsabilidad y que el Gobierno municipal está abierto al diálogo con la Profepa y los particulares para no afectar la principal actividad económica del puerto que es el turismo y «que ellos mismos no pongan en riesgo, a corto plazo, sus propias inversiones”.

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Pescadores, buzos, vendedores, colectivos y ocho organizaciones de surfistas se manifestaron contra el cierre del acceso a Playa Camarón esta tarde. El acceso fue reabierto por los manifestantes; posteriormente, el Ayuntamiento colocó sellos de clausura porque la cerca que fue instalada para impedir el paso no contaba con permiso de construcción.

Este es el tercer acceso que se cierra en el presente año; los otros dos se ubican en Playa Gaviotas y en Cerritos. En todos los casos, se han generado movilizaciones de la ciudadanía organizada para reclamar su derecho al libre acceso a las playas.

El paso a Playa Camarón se cerró definitivamente la madrugada del miércoles 20 de noviembre con una maya ciclónica montada sobre una dala de cimentación. El hecho se difundió en redes sociales, en donde también se convocó a una manifestación de rechazo a lo que se considera un intento de privatización de la zona federal marítimo terrestre.

Surfistas reclaman espacios para ese deporte

Al lugar llegaron integrantes de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, Comité Municipal de Surf de Mazatlán, Club Las Reinas Surf, RKS Surf y los equipos de sur de las playas Los Pinos, Gaviotas, Olas Altas y Camarón, gremio que históricamente ha utilizado esta playa para entrenar y para realizar torneos de este deporte que desde el año 2020 es considerado como una disciplina olímpica.

«Nos afecta como comunidad surfer; yo tengo 30 años surfeando y toda la vida habíamos entrado con total libertad, es nuestro espacio recreativo; se usa por los jóvenes que van a entrenar por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte», dijo Feliciano Altamirano, ex presidente y actual director jurídico de la citada asociación.

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Desde hace más de dos años y medio, los surfistas no han vuelto a realizar eventos en esa playa porque el espacio se ha ido reduciendo con la ocupación de los predios colindantes y por la suciedad que prevalece en ese espacio, lamentó.

Buzos y pescadores denuncian ante la Semarnat

El cierre de los accesos a ese tramo de playa ya había sido denunciado públicamente por los mismos surfistas, vendedores y por la Sociedad Cooperativa Pescadores y Buzos de Mazatlán, quien también documentó los hechos y los presentó por escrito ante la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A esta dependencia también se le pide que haga valer e derecho de paso de servidumbre.

Jorge Ramos Martínez, presidente de la organización, mencionó que los pasos de playa en ese sector se han ido perdiendo conforme se han lotificado, cercado y levantado construcciones. El ultimo acceso fue cerrado el miércoles de esta semana y reabierto hoy. Sin embargo, el acceso es tan angosto que no es posible el ingreso de unidades de auxilio como cuatrimotos, camillas o ambulancias.

En consecuencia, los cooperativistas tampoco pueden ingresar vehículos de trabajo y artes de pesca para llevar a cabo sus actividades de extracción de ostión, no obstante a que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reconoce que esa es una zona de trabajo pesquera, añadió.

Ramos Martínez informó que este caso también fue denunciado por escrito ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), quien sugirió que se gestione el paso de servidumbre y la posible indemnización de los propietarios del predio. También se ha buscado el apoyo del Gobierno Municipal pero no se les ha atendido en las dos últimas administraciones, agregó.

«Está en todo su esplendor la gentrificación, le están dando la razón a los empresarios, se están privatizando las playas en contra del derecho de la sociedad mazatleca»

Jorge Ramos Martínez

Negociarán con propietarios del predio: Operadora de Playas

Después de reunirse con los manifestantes, el nuevo director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, Ángel García Contreras, confirmó que el predio que durante años fue utilizado como corredor por la ciudadanía es propiedad privada. Sin embargo, se buscará un acercamiento con los propietarios para negociar que se mantenga abierto y garantizar el derecho al libre tránsito que se establece en el articulo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales.

En caso de una negativa, se procedería a gestionar una compensación ante la Semarnat, y si la negativa persiste, se podría llegar al embargo.

«Nosotros nos comprometimos a notificar a Semarnat y antes, informarles a los empresarios lo que marca la ley para empezar un proceso de diálogo y evaluación», indicó.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano Sustentable, Julio César Osuna Sandoval, colocó sellos de clausura en la cerca que fue retirada por los manifestantes, debido a que no contaba con permiso de construcción.

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García Contreras declaró que el Ayuntamiento no autorizará el permiso para cerrar el acceso y que cuando los propietarios tramiten la licencia de construcción para desarrollar cualquier proyecto, se le pedirá la donación del 15 por ciento de áreas verdes que establece el permiso de construcción.

También aseguró que ambas dependencias se mantendrán en comunicación con los grupos inconformes para informarles el avance de los procesos y las gestiones.

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A través de una solicitud de información, la Asipona Mazatlán confirmó que tiene a cargo el mirador para uso, aprovechamiento y explotación por ser ahora parte de un espacio del dominio público de la Federación, el fundamento es el Diario Oficial del Gobierno federal con fecha 19 de octubre de 2023 donde explica que un Addendum al Título de Concesión de julio de 1994, que amplía el recinto portuario para su administración, alcanzó la superficie del Cerro del Crestón donde se ubica el mirado.

“En relación con el estatus del mirador o puente de cristal, específicamente al cuestionamiento sobre si el Mirador quedó bajo la administración de la ASIPONA y el fundamento legal, le informo que efectivamente el mirador o puente de Cristal se encuentra dentro del área concesionada a esta Administración Portuaria”, así lo precisó en la solicitud con folio 330001124000056.

La Asipona también reveló que este mirador quedó bajo su administración a partir del 19 de junio pasado, cuando asumió el control del Cerro del Crestón, al recibirlo por parte del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán quien lo tuvo a su cargo desde 2018.  Actualmente, el Mirador ya está certificado, aunque la Asipona no precisó el tipo de certificación, sólo que el mantenimiento también está a su cargo.

Este mirador es una de los atractivos más visitados por el turismo, ya que se ubica en la cima de El Crestón, a unos metros donde se encuentra el segundo faro más alto del mundo, desde ahí se puede observar una panorámica de la ciudad y del Océano Pacífico; subirse por unos momentos cuesta 30 pesos por persona.

¿Cuánto recurso ha generado ese mirador desde que está a cargo de la Asipona Mazatlán?

En un informe sobre ingresos y visitas, reveló que durante el bimestre agosto-septiembre registró la visita de 34 mil personas que pagaron su boleto de 30 pesos. Esto indica que, en esos dos meses, la Asipona recaudó un millón de pesos como ingresos propios que pasaron directo a sus arcas.

¿Cuál es el destino de ese recurso que ha ingresado?, se le cuestión en la solicitud.

“Este recurso se utiliza para el mantenimiento en general del Cerro del Crestón (personal, materiales y servicios generales) con el fin de atender el turismo que visita el puerto”.

Sin embargo, este medio no localizó en páginas oficiales de la Asipona Mazatlán ni en portales de transparencia, algún informe financiero o detallado sobre la rendición de cuentas de ingresos reales del mirador, ni el destino específico del recurso.

El mirador de cristal es una obra que licitó la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en 2017 como parte de un proyecto de rehabilitación del faro durante la administración del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; el proyecto tuvo una inversión de 10.2 millones de pesos de recurso estatal y en 2018 se le invirtieron otros 4.6 millones de pesos para la segunda etapa. En total, se le destinaron 14.8 millones de pesos. Sin embargo, debido a la ampliación del recinto portuario, ni Estado ni el Municipio de Mazatlán tienen injerencia de esa obra.

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¿Qué ha pasado con el Cerro del Crestón?

A cuatro meses de que este espacio pasó a manos de la Asipona Mazatlán, poco se ha informado de manera oficial la situación que guarda este lugar considerado por los mazatlecos como un espacio público símbolo de identidad; en tanto que investigadores locales y nacionales lo han catalogado como una reserva natural que alberga diversidad de especies, algunas en riesgo enlistadas en la NOM-O59-SEMARNAT-2010

Son Playas tuvo acceso a datos públicos sobre la situación de este emblemático lugar, a través de tres solicitudes de información donde la Asipona Mazatlán informó que, a partir de que El Crestón, está a su cargo, han ingresado un total de 56,436 visitantes, de éstos, 34 mil han pagado boleto para subir al mirador.

Sobre programas de conservación de flora y fauna implementados o heredados por el Parque Natural Faro Mazatlán, así como el control de gatos (plaga identificada desde hace años en la zona), la Asipona informó que no tiene proyectos específicos para atender esos temas, sólo que está haciendo estudios sobre “posibles acciones para el control de las plagas” en coordinación con especialistas. Nada concreto.

“Se tiene previsto realizar un programa junto con SEMARNAT para regular e impulsar la protección, restauración y conservación de los recursos naturales y por ende promover servicios ambientales para el beneficio del cerro y sus alrededores”, así lo informó, sin mayores detalles.

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Tirolesa y la defensa del espacio público

La autorización que otorgó el año pasado la Asipona Mazatlán para la construcción de una tirolesa en el Cerro del Crestón a favor de un empresario local, desató la inconformidad de grupos sociales y ambientalistas que consideran el lugar como un espacio público propio y patrimonio biocultural de los mazatlecos; y como una forma de visibilizar su postura, estos grupos fundaron el Colectivo en Defensa del Faro dedicado a promover la recuperación de El Crestón ante el temor de que poco a poco se autoricen más obras particulares que devasten el espacio.

En los últimos meses, este Colectivo ha encabezado manifestaciones en Olas Altas y actividades culturales en otras zonas para exigir alto a la operación de la tirolesa y que El Crestón sea declarado Patrimonio Natural como una forma de protegerlo de más obras privadas o futuras concesiones.

Al respecto, la Gerencia de Comercialización de la ASIPONA Mazatlán, informó a través de una solicitud de transparencia que, hasta agosto pasado, no habían recibido ningún otro proyecto que solicitara permiso o concesión para construir obras turísticas en El Crestón, siendo la tirolesa el único proyecto particular que ha logrado un permiso por los siguientes 20 años.

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El paisaje de las playas, la cultura y el malecón son algunos de los atractivos que hacen de Mazatlán un destino tan popular. Sin embargo, las playas no están exentas de sufrir repercusiones por la llegada masiva de visitantes, entre las que destacan la generación de residuos y la contaminación del agua.

Ante este escenario, a nivel nacional han surgido iniciativas para certificar las playas de México bajo la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, como una herramienta para incrementar su promoción nacional e internacional como destinos turísticos, aumentar la competitividad y monitorear su calidad ambiental.

A través de esa regulación técnica de observancia obligatoria, las playas pueden obtener la certificación de Playa limpia (bandera blanca) y ser clasificadas en dos modalidades: para “Uso recreativo”, o “Prioritarios para la conservación de recursos naturales”.

Las playas certificadas de Mazatlán

Mazatlán tiene dos playas certificadas bajo la norma NMX-AA-120-SCFI-2006 y cinco con el distintivo Playa Platino, en este último caso, también se busca ofrecer mejores servicios a las playas con uso recreativo. “Las certificaciones se rectifican cada dos años, pero cada año se hace una visita de supervisión” comenta Luis Fernando Ortiz, Director de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán.

Mazatlán tiene 2 playas con bandera blanca y cinco en la modalidad Platino. Fuente: Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (AOP).

Distintivo Azul Océano, la nueva certificación municipal

En un esfuerzo por incentivar la protección al medio ambiente, la Operadora y Administradora de Playas emite el Distintivo Azul Océano. Con este nombramiento, se busca reconocer los esfuerzos de empresas comprometidas con la conservación del medio ambiente. Cualquier persona o empresa pueden adoptar un tramo de playa para cuidarla y obtener esta certificación, sin importar la longitud.

• Playa Luna Bonita (adoptada por Grupo Dportenis y Onboard).
• Hotel Emporio Mazatlán
• Hotel Gaviana
• Hotel Luna Palace Oficial

El director de la OAP comentó que aún falta mucho por hacer en el tema de concientización ambiental: “Desafortunadamente, a la gente se le hace bien fácil llevar todo lo que van a consumir a la playa y no retirarlo, dejarlo ahí. Desafortunadamente es una batalla de todos los días”.

Una investigación realizada en 2018 por miembros del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología determinó la presencia de microplásticos en la arena de cinco playas de Mazatlán: Olas altas, El Verde Camacho, Gaviotas, Espíritu y Las Cabras. Los desechos plásticos son de los más abundantes en los ecosistemas.

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Otras formas de ciudado y monitoreo en playas

Desde 2023, la Operadora y Administradora de Playas (OAP), Mazatlán tiene a su cargo el Programa de Protección Permanente a la Tortuga Marina con el que se busca cuidar a las hembras que llegan a desovar, además de proteger los nidos, resguardar los huevos y liberar las crías.

Además de la norma mexicana NMX-120, desde 2013, el Gobierno implementa monitoreos pre-vacacionales para dar a conocer la calidad de agua de las playas de México y para determinar si son aptas para uso recreativo. Este análisis se realiza a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

En diciembre de 2023 Playa Olas Altas presentó niveles altos de concentración de bacterias fecales. En tales condiciones, una playa no puede ser candidata a una certificación porque el contacto directo con agua contaminada pone en riesgo la salud de los visitantes.

Certificación internacional

A nivel internacional, Blue Flag es considerada una de las certificaciones con los más altos estándares. Este programa categoriza las playas que han alcanzado la excelencia en cuatro áreas clave: gestión y el manejo ambiental, seguridad, higiene y calidad del agua, y educación e información ambiental.

La evaluación es realizada por Foundation for Environmental Education (FEE) y se debe renovar cada año. De acuerdo con el sitio oficial del programa Blue Flag, este 2024, México cuenta con 77 playas certificadas y se encuentran en los estados de Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas.

A través de las organizaciones latinoamericanas Pro Playas y CIF Playas, también se han promovido estándares de calidad de playas basados en metodologías que destacan la conservación ambiental para garantizar la estabilidad de la costa y protegerla del riesgo junto a los servicios e infraestructuras. Puedes ver el ranking 2024 en este enlace.

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Los esfuerzos por mantener limpias dos playas certificadas en Mazatlán se ven afectados por la basura y desorden que se genera en el tramo que las divide. Se trata de Playa Gaviotas y el frente del hotel Holliday Inn; la primera está certificada como Playa Limpia y la segunda como Platino.

Estas dos playas de la Zona Dorada de Mazatlán se encuentran muy cerca una de la otra; las divide un tramo de aproximadamente 275 metros que no cuenta con ningún tipo de certificación y en el que operan diversos establecimientos de alimentos, hospedaje y servicios turísticos diversos. En esta franja divisoria se observa una marcada actividad comercial, basura y negocios que abarcan parte de la playa con mesas y sillas para sus clientes, según se pudo constatar a través de varios recorridos por el lugar.

Justo en ese segmento se encuentra el acceso de playa que fue cerrado por particulares y que un grupo de manifestantes volvió a abrir en septiembre pasado por considerar que se violentaba su derecho a transitar libremente hacia la zona federal marítimo terrestre.

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El viento y las mareas arrastran los desechos que las personas arrojan a la arena y que los comercios no retiran de sus frentes de playa. Esto implica más trabajo para los establecimientos y las autoridades que han hecho alianzas para mantener las certificaciones en los tramos contiguos, reconoció Luis Fernando Ortiz Genis, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP).

Dijo que hay personas signadas a la limpieza de todos los tramos de playa y que también se cuenta con el apoyo de voluntarios, quienes se han percatado que la basura se cumula más en las secciones de playa en donde no hay certificaciones o conciencia ambiental por parte de los usuarios de estos espacios naturales.

«Es un gran trabajo el que todavía falta por hacer», expresó al ser cuestionado sobre la problemática.

Lo ideal, añadió, sería que todos los particulares y prestadores de servicios colaboren con el cuidado de sus frentes de playa sin importar si están certificadas o no.

«En general sería que todas las personas que saben que están sacando el sustento diario de la playa ayuden a mantenerla limpia, al final ellos son los mas beneficiados con todo eso pero es muy difícil hacerlos entender», opinó.

En 2021, la OAP corroboró a través de un monitoreo de residuos que los negocios asentados en la franja costera contribuyen a la generación de basura en playas.

Características de las dos playas certificadas

Mazatlán tiene dos certificaciones Platino; una de ellas corresponde al frente de playa del Hotel Holiday Inn con una longitud de 60 metros desde mayo de 2022. Cerca, está una sección de 567 metros que en el año 2013 fue certificada como Playa Limpia (bandera blanca), en la categoría de uso recreativo.

Ambas están ubicadas a lo largo de la avenida de nombre Playa Gaviotas y para mantener sus certificaciones deben revalidarse cada dos años ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. Para lograrlo, los establecimientos, en coordinación con la Operadora y Administradora de Playas, realizan labores de limpieza y mediciones periódicas de la calidad del agua y de la arena; además deben asegurarse de contar con señaléticas y depósitos de basura.

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¿Cuántos accesos debe tener una playa certificada?

La Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI indica cuáles son los procesos de evaluación de la calidad de playas y su certificación. En lo que respecta a seguridad y servicios, este documento señala que las playas deben mantener por lo menos un acceso al público si miden menos de 500 metros, pero si la longitud de la playa es mayor, deberá tener un acceso cada 500 metros siempre que las características de la superficie terrestre lo permitan.

Por el momento, para ingresar a los dos tramos de playas certificadas que aquí se mencionan, las personas pueden transitar a pie a través del corredor comercial Playa Pacífico, por un costado del hotel Holiday Inn y por el pasaje Playa Gaviotas que hasta inicios de la presente semana se mantenía abierto tras las manifestaciones ciudadanas en contra su cierre por parte de particulares. Los tres accesos están distribuidos en una distancia aproximada de 700 metros, de acuerdo a la herramienta Google Maps.

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Autoridades municipales informaron hoy que los accesos a playa Gaviotas, así como las canchas de voleibol que se encontraban a un lado, tienen dueños.

Por un lado, el alcalde Édgar González Zataráin declaró a medios de comunicación locales que la propiedad está escriturada, mientas que la directora del Instituto Municipal del Deporte (IMDEM), dio a conocer que se recibió una orden judicial de desalojo.

La aclaración se hizo después de diversas denuncias ciudadanas sobre la privatización y cierre de diversos accesos a las playas, específicamente, el acceso a playa Gaviotas, un lugar en donde además, se entrenaba voleibol de playa profesional.

“Aparecieron con las escrituras desde hace algunos años, alguien creo que ahí salió que desde 2014 las escrituraron, son temas que vienen del pasado y hacen valer hoy en día y que si hay que aclararle a la población porque dicen que eran públicos y no no eran públicos, eran una propiedad que se usaba”, dijo el presidente municipal a periodistas de diversos medios de comunicación.

Por separado, Fabiola Verde, directora del IMDEM, explicó a Son Playas que la orden judicial para desalojar el área llegó en diciembre del 2023 por parte de quienes se adjudicaron como los dueños del terreno, lo que provocó el retiro solamente de algunos objetos propiedad de la paramunicipal.

“En diciembre se nos notifica y como instituto ya ni siquiera pudimos sacar aditamentos que teníamos ahí como postes, las canchas, el alumbrado que es de nosotros, nada nos dejaron retirar… incluso la arena que es especial se quedó”, comentó.

Dijo que quienes entrenaban voleibol de playa en las canchas tenían conocimiento de que, en algún momento, los dueños del lugar los desalojarían pero no de esta manera.

Además de contar con el acceso público, estas canchas eran utilizadas para la celebración de torneos nacionales de voleibol de playa, refirió. También fueron el punto de concentración y recreación de jugadores olímpicos.

Ahora las canchas se trasladaron a la Unidad Deportiva SAHOP; en este caso se trata de dos canchas de voleibol de playa y tres canchas de voleibol de piso.

Durante el tiempo en que se utilizó el espacio colindante con playa Gaviotas, antes de que se reclamara la propiedad, el Ayuntamiento realizó obras de mantenimiento en el lugar, lo que incluyó la instalación de iluminación y cambio de adoquín del pasillo en tanto que el Instituto Municipal del Deporte (IMDEM) se encargaba del mantener en buen estado las canchas, declaró aparte el alcalde durante un recorrido de supervisión de obras.

¿Qué hará la autoridad al respecto?

González Zararáin declaró públicamente que buscará el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que se deje un acceso público obligatorio de acuerdo a lo que marca la Ley General de Bienes Nacionales.

“Buscaremos a través de Planeación un diálogo para que nos permitan un acceso ahí, que obviamente tendría que ser una donación para un acceso pero realmente para empezar no es zona municipal es federal”, comentó.

El alcalde agregó que, los dueños del terreno son de apellido Pano y son los fundadores de una empresa inmobiliaria conocida en Mazatlán.

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Al grito de «playa libre», los manifestantes exigieron que los accesos de playa de Mazatlán se mantengan abiertos para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a transitar libremente por las playas.

Ahí mismo se dio lectura a los artículos 8, 127 y 154 de la Ley de Bienes Nacionales que señalan que el acceso a las playas no debe ser obstaculizado y que en caso de que no existan servidumbres de paso, los propietarios de los terrenos colindantes deberán permitir el libre acceso a la misma bajo el riesgo de ser multados si no acatan esta disposición.

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Artistas, académicos, pescadores, buzos, surfistas, estudiantes, nadadores y habitantes de diversos asentamientos de la ciudad acudieron a la convocatoria lanzada en redes sociales por el Colectivo por la Defensa del Faro. Los vendedores de playa y prestadores de servicios turísticos del área también se sumaron debido a que con el cierre del acceso se han quedado sin trabajo, según señalaron.

Las personas llegaron paulatinamente; para entonces, un par de policías municipales custodiaban la entrada; aún así, los manifestantes se aglomeraron y terminaron por abrir las dos cercas hasta llegar a la playa. Ahí advirtieron que volverán a abrirlas en caso de ser necesario.

«Esto es Mazatlán, esto no es Cancún»; «Si vuelven a cerrar, volvemos a venir» y «Playas libres, accesos libres», gritaron a coro.

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Piden a autoridades que rindan cuentas por el cierre de accesos

En los discursos se incluyeron críticas a las autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir el cierre de los pasos de playa y no defender el derecho de la población a transitar libremente por la zona federal marítimo terrestre como señala la ley.

También se cuestionó la forma en que se han manejado estos casos desde el ámbito local, pues recientemente la Dirección de Planeación del Desarrollo Sostenible Municipal otorgó un permiso de construcción para la edificación de una barda sobre un acceso de playa Cerritos, recordó Lilia Orrante, vecina del lugar.

«Que nos explique por qué aparece ahora con escritura ese pedazo de acceso», secundó Gildardo Fierro, coordinador del colectivo.

El biólogo activista mencionó que la defensa de los pasos de servidumbre debe continuar tanto por la vía legal como por la movilización social ante lo que se considera es un intento de privatización.

Después de permanecer por unos minutos en la playa Gaviotas, el grupo de personas inconformes caminó hasta el acceso contiguo al Hotel Holiday Inn; de ahí continuó a la avenida Camarón Sábalo, por donde caminaron un tramo hasta dar por terminada la manifestación.

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Este mismo día por la mañana, el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataraín, declaró a medios de comunicación que los accesos de Gaviotas y Cerritos son propiedad privada.

ACCESOS DE PLAYA QUE HAN SIDO CERRADOS

Hasta el momento, se han denunciado públicamente el cierre de pasos en las playas El Camarón, Gaviotas y Cerritos. Mas información en este enlace.

GALERÍA

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El Colectivo en Defensa del Faro lazó la convocatoria a través de redes sociales, a la cual han se han sumado habitantes de varios fraccionamientos ubicados en Sábalo Cerritos que se han visto afectados por estas acciones, así como integrantes del Grupo Somos Surfer Mazatlán y del Club de Natación de Playa Norte. La Sociedad Cooperativa Pescadores y Buzos de Mazatlán también confirmó su participación.

Gildardo Izaguirre Fierro, académico y activista, informó que el colectivo decidió manifestarse de forma pacífica porque en Mazatlán existe una tendencia a la privatización de espacios públicos, violentando así lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales.

La demanda de los manifestantes, dijo, es que se retiren las cercas y que se multe a los particulares que han impedido que la población haga uso de su derecho a acceder y transitar libremente por las playas de este municipio costero, de acuerdo con lo que establece el artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales.

El también líder del Colectivo en Defensa del Faro consideró que en Mazatlán existe una tendencia a privatizar los espacios públicos.

“Porque es la misma tendencia privatizadora del Cerro del Crestón con la instalación de la Tirolesa; la pretensión es convertir en playas privadas para uso exclusivo de huéspedes de hoteles e inquilinos de torres de condominio”, señaló.

-En su opinión como activista y académico, ¿qué está pasando en la zona federal marítimo terrestre de Mazatlán?

“La ampliación del recinto portuario viene acompañado de megaproyectos inmobiliarios de gran calado de tal modo que si no hay una fuerza social que los obligue a armonizar con el ambiente costero, Mazatlán y hasta el Mármol será un desastre, tal como relata Andrés Rubio en su libro “España Fes” sobre las costas de España”, opinó.

¿Por qué están inconformes?

Recientemente, se han presentado reportes de cierres en varios accesos de la Zona Dorada; de igual forma, ejidatarios de la Isla de la Piedra advirtieron que la ampliación del puerto impactará sus predios, mientras que un sector del Cerro del Crestón fue concesionado para la operación e una tirolesa por parte de un particular. Por su parte, habitantes de varios fraccionamientos ubicados a lo largo de la avenida Sábalo Cerritos se han organizado contra el cierre de un acceso ubicado a un costado del desarrollo Pearl Tower.

Para hacer valer el marco legal y proteger los derechos de la población, ambientalistas y ciudadanos de Sinaloa, anunciaron en mayo de este año la integración de un frente único para proteger áreas naturales y reservas de cualquier proyecto comercial o desarrollos inmobiliarios que atenten contra su identidad o arrebaten espacios públicos.

DATO

La manifestación contra el cierre de accesos de playa en Mazatlán se realizará mañana a las 3:00 pm en el acceso de playa ubicado a un lado de la tienda Señor Frog’s de la avenida Gaviotas, Zona Dorada.

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En septiembre de 2020 el Senado aprobó el dictamen que garantiza el libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas; un mes después, el 21 de octubre, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto donde informa las modificaciones a los artículos 8 y 127; y la adición del Artículo 154 de dicha Ley.

La medida acotó la privatización de las playas que afectaba a los locales y al propio turista, debido al control de los accesos en manos de pocos abonando a un contexto de desigualdad y restricción a espacios públicos propiedad de la Nación.

En el marco de esta reforma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales difundió en octubre de 2020, un comunicado donde reconoció que los puertos de México enfrentaban control de acceso a sus playas por parte de particulares y que en Nayarit habían regresado a la autoridad municipal 30 accesos públicos; además tenían previsto entregar 17 más en Tulum y otros 17 en Mazatlán. Incluso reveló que el malecón de este puerto también se encontraba en proceso de recuperación.

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El marco legal sobre el acceso a playas

Las playas y la zona federal marítimo terrestre son bienes nacionales de uso común que están sujetos al régimen del dominio público de la federación, por lo que todos los habitantes de la República Mexicana pueden usarlos sin mas restricciones que las establecidas en las leyes y reglamentos administrativos, según la Ley General de Bienes Nacionales.

Con la reforma de dicha ley en 2020, al Artículo 8 se le adicionó lo siguiente: “El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”, esto garantiza a la ciudadanía el libre paso a las playas y establece que se trata de un acto ilegal el cierre a los accesos.

Como una manera de reforzarlo, al Artículo 127 se le adicionó lo siguiente:

“En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento”.

Lo anterior establece que se debe hacer todo lo posible para garantizar el paso.

En el Artículo 154 -creado a partir de la reforma- fortalece las adiciones anteriores y es contundente en caso de que los espacios sean propiedad privada o concesionados.

“Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas”.

Las reformas no sólo aseguran el libre acceso a las playas, también prevén multas, la más alta equivale a un millón 150 mil pesos a quienes incumplan con lo establecido en esta Ley, incluso advierte que la sanción puede llegar a la revocación de concesiones o permisos.

Además, en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la nación «tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana».

Al ser reconocidas como espacios públicos, el uso de las costas mexicanas y sus recursos son administrados a través de políticas públicas, normas, y reglamentos cuya implementación le corresponde a distintas dependencias gubernamentales tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Caso Mazatlán

Accesos de playas de Mazatlán, que por años habían sido utilizados por la población local, hoy se encuentran cerrados en diversos sectores de la Zona Dorada y Sábalo Cerritos bajo el argumento de que se trata de propiedad privada. Estos casos han sido denunciados públicamente.

Adicionalmente, a lo largo de la avenida del Mar y Punta Cerritos se tienen registradas 26 palapas que forman parte de la Unión de Palaperos de Mazatlán. En varios casos se ha observado ampliación de sus instalaciones, elevación de alturas y acaparamiento de accesos al área de playa. Restaurantes también han ampliado sus construcciones sin respetar la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa que comprende la Zona Federal Marítimo Terrestre, incumpliendo así con lo que establece el Artículo 7 del Reglamento correspondiente.

De igual forma, el libre tránsito y disfrute de las playas se ve afectado con la instalación y renta de mesas, sillas y sombrillas, ocupando gran parte del espacio disponible, el cual es cada vez más angosto en algunos tramos debido a las construcciones que se han realizado sobre las dunas y a la erosión costera. Por estos motivos, organizaciones ciudadanas y grupos vecinales anunciaron que se manifestarán el sábado 21 de septiembre a las 3:00 pm en en el acceso de playa ubicado sobre la avenida Gaviotas a un costado de la tienda Señor Frogs.

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En contexto de derechos humanos

Las restricciones a las playas como espacios públicos y bienes nacionales, va más allá de un tema de normativa, también implica posibles violaciones a derechos consagrados en la Constitución Mexicana, en ese contexto, es importante precisar en el Artículo 27 establece que “son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar”.

Bajo ese concepto, la restricción de los accesos a las playas afecta de manera negativa a los derechos humanos, uno de ellos, a la no discriminación protegido por la misma Constitución en su Artículo 1 donde establece lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  

En el contexto de que los derechos humanos son transversales, es decir, interconectados, una misma restricción afecta a otros derechos, en este caso, alcanzaría, incluso, el derecho a la movilidad consagrado en Artículo 40 que establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.  Sin embargo, es responsabilidad directa de las autoridades federales y locales la coordinación de esfuerzos a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley y garantía de derechos.

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En ese contexto, resulta importante señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene en evaluación un proyecto para instalar en Pinitos el primer restaurante ambulante de mariscos que sustituirá a una carreta tradicional que lleva seis años en la zona, esto implicará retirar las coloridas sombrillas para sustituirlas por modernas pérgolas.

El proyecto fue promovido por un particular y podría significar el inicio de un proceso de gentrificación en Playa Pinitos como está ocurriendo en otras zonas de Mazatlán. Para entender el concepto de gentrificación, éste se refiere al fenómeno urbanístico donde un espacio se renueva y adquiere mayor plusvalía resultando más atractivo para sectores sociales de nivel económico más elevado. Sin duda, esta intervención podría desplazar a los locales de su propia playa para privilegiar la estancia de turistas. 

Vamos por partes y empecemos por el contexto. 

En noviembre de 2021 la Operadora y Administradora de Playas del Gobierno de Mazatlán informó públicamente de un proyecto de transformación para convertir Pinitos en la primera playa de la ciudad que prohibiera fumar, usar plásticos desechables, envases PET y de vidrio para mantenerla libre de contaminantes y mejorar su imagen. La nota publicada por Son Playas la pueden consultar en este enlace.

Con ese fin, la Operadora informó que, en conjunto con los comerciantes de la zona, inició el trámite de la certificación Platino en categoría recreativa como parte de ese proyecto piloto de rescate y, en caso de éxito, lo replicaría en otros tramos de playa del Malecón. En un ejercicio de seguimiento, a tres años de ese anuncio público, solicité por transparencia a la Operadora de Playa copia de ese proyecto y el status de esa intervención anunciada en Pinitos, sin embargo, la respuesta fue tan demoledora como real: No hay proyecto y nunca existió. 

Solicitud con número de folio 252439700004524. 

En la respuesta se informó que no hay evidencia de ningún proyecto y que esa información fue sólo declaración del director en turno. En este caso, resulta lamentable que una institución tenga que reconocer falsas acciones; en términos de responsabilidad institucional debilita su credibilidad y la confianza ciudadana, a esto se suma que la Operadora de Playas no goza de un capital social sólido, entre otras cosas, por su débil estratégica de comunicar su trabajo.  

Con esta respuesta, ahora sabemos que no hay evidencia del proyecto de rescate a Playa Pinitos.  

A esto se suma otro dato interesante: En 2021 la Operadora de Playas también informó de manera pública que la certificación Platino que obtuvo Pinitos -en febrero de ese año- estaba a punto de perderse porque no habían cumplido las especificaciones técnicas requeridas, esto también lo documento Son Playas y lo pueden consulta aquí.

Al solicitarle a la Operadora de Playas también vía transparencia la relación de playas de Mazatlán certificadas en 2022, para conocer si había logrado esa categoría Platino, en la respuesta confirmó que Pinitos no fue certificada, lo que indica que sí perdió el distintivo. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., la categoría Platino es un esquema desarrollado para aquellas playas que quieren impulsar la certificación y el involucramiento de la iniciativa privada, comunidad y entidades gubernamentales. Los principales beneficios son acciones para la identidad de uso, protección al medio ambiente, cultura ambiental, mejora de la imagen y fomento al turismo.  

En ese contexto, muchas preguntas quedan en el aire, desde mi perspectiva dos en particular: ¿Por qué la autoridad no hizo los suficientes esfuerzos para retener la certificación de Pinitos y protegerla, de alguna manera, con acciones en colaboración con la comunidad?, ¿Acaso fue omisión deliberada para dejarla sin etiquetas de protección y abrir la oportunidad a que sea intervenida con obras proyectos con fines comerciales? 

Lo anterior tiene sentido si consideramos que ya hay proyectos de intervención en Playa Pinitos. 

El proyecto que viene 

En agosto de 2023 un particular ingresó a la Semarnat el proyecto de impacto ambiental “Operación y mantenimiento del restaurante rústico ‘Los Pinitos’”, con número de expediente 25SI2023TD052, en este documento que es público, se informa que el objetivo es una concesión para la operación del negocio, que ya existe desde hace seis años, pero funciona con una carreta tradicional de servicio de marisquería con 10 mesas, 40 sillas y 10 sombrillas de playa que se instalan en la arena.  

El documento revela que este espacio se encuentra en zona federal marítimo terrestre, que las obras no incorporarán componentes que alteren la armonía del equilibrio y que, por el contrario, será un restaurante ambulante que “enriquecerá la diversidad de servicios en la zona contribuyendo a la diversificación de lugares visitados por el turismo”.  

La inversión prevista es de 300 mil pesos y la Semarnat no ha informado si el resolutivo es a favor. 

Este proyecto pretende retirar las sombrillas de playas para sustituirlas por modernas pérgolas, de autorizarse, será la primera modificación en su tipo en Playa Pinitos y probablemente el inicio de la instalación de otros negocios para el servicio del turismo, esto podría debilitar la capacidad de los mazatlecos de mantener cercanía y su identidad con esta playa; incrementa también el riesgo de que, poco a poco y de manera simbólica, vayan cediendo su espacio público al turismo, incluso aumenta la posibilidad de que otros comerciantes tramiten concesiones o permisos para construir o modernizar sus negocios, tal como ocurrió con el proyecto de la tirolesa que se construye en la cima del Cerro del Crestón, otra zona de identidad de los mazatlecos. 

Sin duda lo que viene en Pinitos podría modificar toda la esencia de la playa más tradicional del puerto en un contexto de progreso y modernidad para muchos. En este caso será fundamental la intervención de las autoridades locales para establecer límites de intervención, mantener Playa Pinitos como el espacio propio y lo más importante: contener la gentrificación que ya se asoma. 

*La autora es periodista, activista y tallerista en temas de Transparencia y acceso a la información pública; estudiante de Sociología y DDHH. 

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La construcción de la tirolesa quedará en la historia como la primera obra privada autorizada por autoridades federales en la cima del Cerro del Crestón, a través de una concesión por 20 años para un proyecto turístico.

Este espacio natural ha tenido múltiples intervenciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, Son Playas te presenta un recuento de los sucesos clave de los últimos siete años para que tengas el contexto de las circunstancias actuales.

A principios de enero de 2018, el Ayuntamiento de Mazatlán recibió la primera etapa de la remodelación del Cerro del Crestón, que consistió en la rehabilitación de glorieta, acceso, camino, senderos, descansos, escalinatas, una explanada y el mirador de cristal. En estas obras se invirtieron cerca de 14 millones de pesos que aportó el Gobierno del Estado.

En julio de ese mismo año, el Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán firmó un convenio con el Ayuntamiento de Mazatlán, mediante el cual, la autoridad municipal confirió a esa Institución de Asistencia Privada y sin fines de lucro la responsabilidad de administrar, modificar, conservar y vigilar “de manera permanente” las diferentes instalaciones del cerro.

A partir del 27 de julio de 2023, el Cerro del Crestón está a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán (Asipona). Esto se debe a que se amplió el área concesionada a esa paraestatal por acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina (Semar). Con la ampliación se incluyó el cerro, Isla de Chivos y parte de la Isla de la Piedra.

En agosto de ese mismo año, la Asipona otorgó contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones por un periodo de 20 años en el Cerro del Crestón para la instalación de una tirolesa a favor de la Operadora Turística Observatorio 1873. Tres meses después, iniciaron las actividades de desmonte para la construcción de la plataforma.

El Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán se deslindó de la salvaguarda del Cerro del Crestón a partir del 18 de junio del 2024 bajo el argumento de que ese proyecto turístico no es compatible con los criterios de conservación de la organización, la cual ya se encuentra en proceso de disolución de acuerdo con los lineamientos de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. Desde el 19 de junio, la Asipona tomó el control del cerro.

La tirolesa ha motivado protestas ciudadanas y cerca de 20 denuncias que han sido desechadas en los juzgados de distrito. Mientras tanto, la obra ha seguido su curso. A continuación te presentamos una línea del tiempo de 2017 a 2014.

2017

El 14 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Mazatlán recibió autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental para construir obras de remodelación en el Cerro del Crestón con recursos de Gobierno del Estado; la inversión fue de aproximadamente 14 millones de pesos.

2018

2020

En noviembre de 2020, el particular Operadora Turística Observatorio1873 presentó a Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Tirolesa del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía.

2021

2023

El 28 de noviembre de 2023 inician labores de desmonte por parte de la Operadora Turística Observatorio 1873 donde se construirá la salida de la tirolesa.

2024

El 23 de junio, ciudadanos encabezaron una manifestación desde Olas Altas hasta el Cerro del Vigía, sede del Observatorio 1873 que será punto de llegada de la tirolesa. Ahí dejaron consignas en las paredes contra el inversionista, Amado Guzmán.

Al día siguiente, el Grupo Red Petroil, representante del empresario Guzmán, anunció que emprenderán acciones legales contra quien resulte responsable de los supuestos daños ocasionados a su propiedad.

Fuente: información proporcionada por el Parque Natural Faro Mazatlán, documentación pública disponible del proyecto, Plataforma Nacional de Transparencia y publicaciones en medios locales.

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