Más allá de las jornadas de limpieza, Mazatlán no cuenta con estrategias de protección y cuidado a largo plazo de su principal capital natural: las playas.

La presencia de basura afecta el atractivo natural de las playas, altera el paisaje al generar contaminación visual, daña al ecosistema y representa un riesgo para la fauna marina que podría ingerirlos o enredarse en ellos, por mencionar algunas afectaciones.

Para este tipo de contaminación no se han anunciado estrategias integrales salvo las labores de recolección de residuos y sensibilización que desde junio de 2025 se inscriben en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

La meta de dicha estrategia es eliminar la totalidad de los desechos plásticos de estos ecosistemas en el año 2030, pero en el caso de Mazatlán solo se realizan jornadas de limpieza periódicas que no resuelven el problema de fondo, pues la ciudad carece de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos que impida que la basura llegue de nuevo a las playas, esteros y manglares.

Pese a que estos residuos son una de las principales fuentes contaminantes, no se ha limitado la expedición de plásticos de un solo uso, que en el caso de Sinaloa fueron prohibidos en 2020 tras una reforma legal, y mientras su distribución continúa, se siguen acumulando en las playas y en el mar.

Pese a las limpiezas, la basura sigue llegando a las playas, esteros y manglares. Fotos: Archivo Son Playas.

Otros retos locales son: frenar por completo la contaminación de playas a causa del unicel que se utiliza en la construcción de torres a lo largo del paseo costero y la reactivación del Comité de Playas Limpias, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, debería encargarse de promover el saneamiento de las playas y acuíferos en las zonas costeras para prevenir la contaminación y conservar estos espacios naturales.

Tampoco operan los comités para atender la erosión costera y no se tienen registros oficiales disponibles de la operación del Comité Técnico de ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre), una instancia de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los gobiernos municipales y estatales para administrar, vigilar, limpiar y conservar la franja de 20 metros de tierra firme contigua a las playas, de lo cual no existe una delimitación actualizada.

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Las deficiencias en la infraestructura de drenaje y alcantarillado de la ciudad también tienen un impacto indirecto en los ecosistemas costeros, pues desde siempre, los derrames de aguas negras van a parar a los canales, arroyos, esteros, playas y finalmente al mar, favoreciendo la proliferación de mareas rojas, según reportes de la UNAM.

Por el momento, recoger la basura que otros tiran sin ninguna sanción es una acción que se impulsa a nivel municipal antes, durante y después de periodos vacacionales con la participación de organizaciones ciudadanas, centros educativos y empresas.

Estas labores se complementan con la certificación de tramos de playa, principalmente en la categoría Platino, un distintivo que implica limpieza, vigilancia e instalación de infraestructura. Un problema para dichas regulaciones técnicas es que colindan con otros tramos de playa que no reciben el mismo cuidado, lo que termina afectándolos. En estas circunstancias, la certificación como estrategia tampoco tiene impactos de largo alcance.

Las playas certificadas cuentan con algunas señaléticas que brindan información sobre sus características; pero el resto carece de letreros con datos sobre el ecosistema y las especies de fauna que lo habitan, incluyendo aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo o protección, como las tortugas marinas, pelícanos y aves playeras.

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Además, en Mazatlán suele registrarse un acaparamiento de espacios por la ampliación de palapas o renta de mobiliario, en tanto que los contenedores de basura en accesos de playa llegan a resultar insuficientes en temporadas altas de turismo como Semana Santa, época en la que se llega a generar el doble de desechos en la ciudad, principalmente en la franja costera.

Semana Santa: playas llenas, sin protección ni sanción

Las playas de este municipio costero de Sinaloa recibirán más de un millón de visitantes en Semana Santa 2026; pero no está claro cómo se protegerán de la presión del turismo.

De acuerdo con datos del Gobierno de Mazatlán y la Secretaría de Turismo, en esta temporada se espera una derrama económica estimada en mil 130 millones de pesos y una ocupación hotelera de 84 por ciento; lo que no se informó es una política integral que garantice la protección de playas y los recursos naturales frente al impacto que representa la alta afluencia de usuarios.

Hasta el momento, se han anunciado campañas temporales de limpieza y sensibilización, como las que cada año realiza la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán con la ayuda de estudiantes de diversos planteles educativos.

También se sabe que las 12 playas más visitadas de este destino turístico son aptas para bañistas en Semana Santa 2026, de acuerdo con el monitoreo de calidad del agua realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese monitoreo se centra principalmente en la presencia de bacterias fecales que llegan al océano por medio de aguas residuales, pero no se consideran otras fuentes contaminantes derivadas de la actividad humana, como plásticos y basura en general.

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La Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (OAP) intensifica las jornadas de limpieza durante los periodos vacacionales con apoyo de instituciones educativas. Fotos: OAP

A pesar que las playas y los espacios naturales son el principal atractivo de Mazatlán, es común que en cada temporada vacacional se implementen medidas temporales ante la ausencia de programas institucionales para su preservación o sanciones para quien los contamina. Actualmente no hay antecedentes públicos de multas ejemplares a usuarios por ensuciar estos ecosistemas.

Para este periodo vacacional las autoridades tampoco informan públicamente cómo se controlarán, por ejemplo, los accesos a reservas naturales en días de alta concentración de visitantes, zonas de anidación de especies o mecanismos para evitar el ingreso de autos en las playas.

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¿Por qué es importante?

Contar con un plan institucional coordinado y multidisciplinario es importante para proteger, limpiar y preservar las playas y otros ecosistemas costeros de Mazatlán de forma permanente.

La Asociación Civil Mejora Tu Playa, que organiza limpiezas en diversas entidades del país, reconoce que «cuidar las playas va mucho más allá de tener un lugar bonito para vacacionar. Se trata de preservar ecosistemas vitales, proteger la vida marina, garantizar la salud pública y mantener activa una economía que depende del turismo costero».

Por su parte, la oceanóloga especialista en gestión costera, Luana Portz, precisa que «las playas son ecosistemas vitales que no solo ofrecen un espacio para la recreación, sino que
también desempeñan roles ecológicos fundamentales, como la protección contra tormentas y la conservación de la biodiversidad».

Sin embargo, advierte que estos entornos están cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, la urbanización y el turismo masivo, según un artículo publicado en el portal del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS).

Por su parte, organizaciones locales que participan en jornadas de limpieza han reconocido que esta medida es como un «cuento de nunca acabar» si no se acompañan de acciones que frenen las fuentes contaminantes, si no se ordena el uso de la franja costera y no se protegen los recursos naturales de los cuales dependen las principales actividades económicas de Mazatlán.

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El evento anual de Son Playas se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ), ubicadas en Pradera Dorada. El público tuvo la oportunidad de conocer proyectos e iniciativas a favor de la conservación de los manglares, tortugas marinas, selva baja caducifolia, jaguares y aves.

Especialistas en diversas áreas de la ciencia, organizaciones ciudadanas e instituciones se apoyaron en actividades interectivas, equipos de laboratorio y carteles informativos para mostrar proyectos de compostaje, reciclado, biodegradación, remediación de cuerpos de agua contaminados y educación ambiental.

Las iniciativas de turismo, arte, ciencia y deportes acuáticos vinculados con la cultura de respeto al medio ambiente también estuvieron presentes en el área de exposiciones. Por su parte, las áreas naturales protegidas Playa Santuario Huizache Caimanero, Playa Santuario Verde Camacho, Juan M.Banderas, y Paco’s Reserva, brindaron información sobre sus actividades de conservación mientras que el Sector Naval de Islas Marías expuso las acciones que realizan en esa Reserva de la Biósfera.

La utilidad de la Expo Ambiental Son Playas

El arranque formal de esta muestra contó con la presencia de Raquel Zapien Osuna y Leda Garrido, directora y editora de Son Playas respectivamente; David Noriega Urquidez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, y Griselda Inés Triana López, periodista, coordinadora de la Red Nacional Tejidos Solidarios e integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, invitada de honor encargada de inaugurar la Expo Ambiental Son Playas 2026.

Noriega Urquidez reconoció que eventos como este impactan en la población al fortalecer la cultura ambiental y el compromiso social en favor del entorno natural.

«Las generaciones futuras nos lo van a agradecer. Estamos en un punto en el que no es un tema que debemos dejar de lado y todos tenemos qué hacer y qué aportar», señaló.

Por su parte, Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, recordó que el periodismo ambiental tiene un papel preponderante en el cuidado del medio ambiente, al aportar información que documenta las amenazas que enfrentan nuestros recursos naturales, así como sus consecuencias en los ecosistemas y en la calidad de vida de la población.

«Si no habláramos de esos temas, ¿cómo se entera la ciudadania?», refirió la periodista.

Mencionó que la Expo Ambiental Son Playas 2026 rindió tributo a la selva baja caducifolia, hábitat del venado cola blanca, especie emblemática de Mazatlán, así como de una gran catidad de especies de flora y fauna que están siendo arrasadas por la expansión urbana.

Esta muestra, añadió,se realiza desde hace cinco años para celebrar a Son Playas y para fomentar la participación ciudadana aa favor del cuidado ambiental.

«También la realizamos para demostrar que el periodismo especializado, el periodismo de ciencia, el periodismo ambiental como el que hacemos en Son Playas no solo informa, sino también educa, vincula y fomenta la participación ciudadana», destacó.

En su discurso inaugural, Griselda Inés Triana López manifestó que Son Playas se ha encargado de visibilizar problemáticas ambientales y posibles soluciones.

«Esa es una gran responsabilidad de las personas que hacen un periodismo profesional, ético y comprometido. Medios nativos digitales e independientes como Son Playas son muy pocos en nuestro país a pesar de los graves problemas que afectan nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales», destacó.

Es por eso que esfuerzos como el de este portal independiente nos debe comprometer más todavía para visitar el sitio, leer y reflexionar sobre tems cotidianos que nos involucran, añadió.

La Expo Ambiental Son Playas se complementó con una charla y el estreno de un documental por parte de la organización ConCiencias y una conferencia a cargo de Diego Barrales, coordinador nacional de tutores y curadores de la plataforma iNaturalist Mx. Adicionalmente, el profesor Miguel Franco y sus alumnos del ITMAZ, organizaron un recorrido por un remanente de selva baja caducifolia que se ubica dentro del plantel para mostrar la vida que habita en este tipo de ecosistemas, conocidos comunmente como monte.

GALERÍA

Fotos: cortesía.

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Estas regiones conforman más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen. Esto se debe a que el océano es profundo y la mayor parte del espacio habitable del planeta se encuentra bajo el agua.

La Organización de las Naciones UNidas (ONU) informó que este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante que contempla la gobernanza del océano, con el objetivo de transformar alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad.

Las acciones de protección y cooperación multilateral del Tratado de Altamar incluye la creación de áreas marinas protegidas, el reparto justo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales y la cooperación científica internacional, entre otras acciones.

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Tras la entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional, señaló la ONU a través de su página oficial.

«Se espera que, una vez plenamente implementado, el acuerdo haga una contribución vital para abordar la llamada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación», indicó.

La ONU informó que hasta ayer, muchas economías importantes lo han ratificado, en particular China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. Entre los países que aún no lo han ratificado se encuentran Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. También precisó que la puerta sigue abierta para que más países lo ratifiquen, lo que lo hará más eficaz.

«Además de la participación universal, la clave para que funcione será la implementación; en otras palabras, actuar contra quienes incumplan las normas», reconoció.

México ratificó el tratado el 23 de septiembre de 2025, con lo cual se compromete a proteger los ecosistemas marinos y garantizar su salud, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades costeras, que en conjunto representan el cerca del 15% de la población nacional. El país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.

Antecedentes

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 19 de junio de 2023 en la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que se celebró bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 17 de enero de 2026. Se estima que la primera reunión para supervisar los avances en ambos frentes tendrá lugar a más tardar un año después de su entrada en vigor. Es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Importancia del Tratado de Altamar y primeros pasos para su implementación

AIDA, organización internacional dedicada a la defensa ambiental en América Latina, explicó que con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

«Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030», expuso a través de un comunicado.

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Detalló que existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

«En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años»

Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 

Por su parte, Naciones Unidas recordó que el acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual: se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —en la práctica, la “constitución de los océanos”—, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. El texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Autoridades de la Profepa, Semarnat y Protección Civil confirmaron que se talará el mangle de un polígono del arroyo Jabalines, en Mazatlán, luego de que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado presentó un aviso de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la presente temporada de lluvias.

La tala inició este sábado por la mañana, pero inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la detuvieron temporalmente en tanto se verificaba la existencia del trámite legal. Mas tarde, el delegado de esa dependencia en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó a Son Playas que la Secretaría de Obras Públicas presentó el aviso de emergencia ante la oficina local de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por lo tanto, las obras se reanudarán el lunes 18 de agosto bajo la supervición de los inspectores de la Profepa para evitar que se trabaje fuera del polígono autorizado y que se generen otras afectaciones.

«Decidimos que mejor se haga de manera más coordinada y con supervisión (…) Nosotros vamos a percatarnos de que se cumpla lo que está especificado», dijo.

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Por su parte, el delegado de la Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcantar, informó que entre miércoles y jueves de esta semana, la Secretaría de Obras Públicas le presentó un documento en el cual se informa que se procederá a talar el mangle de un polígono para desfogar el agua del arroyo, argumentando una situación de emergencia.

«Dieron un aviso de emergencia en donde van a hacer trabajos para poder facilitar la salida del agua y con eso evitar que haya un desbordamiento y que haya inundaciones en toda la zona que es Jacarandas y López Mateos como siempre ha habido», declaró a este medio sin especificar las dimenciones del polígono que será intervenido.

Ocampo Alcantar mencionó que los estados y municipios están facultados para implementar acciones de protección civil cuando la población se encuentre en riesgo y el aviso de emergencia es uno de esos mecanismos. Solo en estas circunstancias no se requiere tramitar permisos ni presentar manifestaciones de impacto ambiental.

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Protección Civil está de acuerdo

Para poder presentar el aviso de emergencia, la Secretaría de Obras Públicas consultó previamente al Instituto Estatal de Protección Civil, quien emitió un documento a través del cual se recomienda realizar obras para la reducción de la vulnerabilidad de las familias.

Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto, explicó que esa instancia solo emite la recomendación en apego a la Ley General de Protección Civil, pero sin especificar el tipo de trabajo que debe realizarse porque la Secretaría es la responsable de identificar, analizar y evaluar la medida más viable.

«Ellos tienen que ver qué normativa aplica para reducir esa vulnerabilidad (…) ellos tienen que saber porque ellos tienen los especialistas para reducir esa vulnerabilidad y porque ellos tienen la maquinaria y equipo. Los cálculos, los trazos, los hacen desde Obras Públicas», precisó.

Con la recomendación de Protección Civil, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado elaboró el aviso que fue presentado ante la oficina local de la Semarnat.

¿Y el mangle?

Todas las especies de mangle están protegidas en nuestro país por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de «amenazadas». Además, en el artículo 60 ter. de la Ley General de Vida Silvestre se prohíbe la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.

Sin embargo, para el director del Instituto Estatal de protección Civil, la tala de estos árboles de importancia ecológica sí está justificada en este caso en particular para aumentar la capacidad del volumen de agua (caudal) del arroyo Jabalines ante la posibilidad de que llueva en los próximos días.

Entre el 7 y 8 de agosto del presente año, en Mazatlán se registraron intensas lluvias con un acumulado de 118 milímetros en 24 horas, segun datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que generó inundaciones en diversos puntos de la ciudad. En ese lapso, Protección Civil recibió 127 llamadas de auxilio por parte de la población que se vio afectada, incluyendo familias que quedaron atrapadas en el agua, narró Roy Navarrete.

En ese instante, el criterio que prevalece es el de proteger la vida humana; puntualizó.

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¿Qué dice la ley?

La tala de mangle sin autorización previa solo está permitida en casos de emergencia y ante la inminencia de un desastre, según lo establece el artículo 7° del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En estas circunstancias, basta con que se envíe un aviso a la Semarnat en un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de que inicien los trabajos.

En el artículo 8° del mismo reglamento también se indica que quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de emergencia deben presentar, en un plazo de 20 días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación o compensación que se aplicarán.

Aparte, el articulo 21 de la Ley General de Protección Civil , establece que «en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil». También se especifica que las actividades de auxilio deben informarse a las instancias especializadas de protección civil.

Los casos que requieren de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre, son los originados por los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativos, según el articulo 24 del reglamento correspondiente.

Dicen no a la tala de mangle en arroyo Jabalines

Ambientalistas han declarado que las inundaciones no son ocasionadas por el mangle, sino por la basura que provoca taponamientos, así como por los rellenos y falta de una adecuada planeación y ordenamiento territorial. Especialistas en gestión costera también han advertido que los manglares son la primera barrera natural contra las marejadas y que sin ellos, Mazatlán será más vulnerable a los efectos de los huracanes.

Talas de mangle que no han resuelto nada

Esta no es la primera vez en que se tala el mangle del arroyo Jabalines bajo el aviso de riesgo. Estas son las más recientes:

• El 23 de agosto de 2019 inició la tala de mangle en el arroyo Jabalines en un tramo de 948 metros.
• En 2018, el Gobierno del Estado colocó lozas de concreto en un tramo de 580 metros lineales previamente deforestados.
• Durante el arranque oficial de esa obra, realizado el 16 de julio de 2018, el entonces gobernador, Quirino Ordáz Coppel, informó que el proyecto contemplaba el revestimiento de tres kilómetros en total para evitar inundaciones y focos de infección, pero la obra no avanzó de acuerdo a lo anunciado.
• Grupos ambientalistas advirtieron que la obra fue un ecocidio y que no resolvería el problema de fondo.
• Las lluvias registradas entre el 7 y 8 de agosto de 2025 provocaron que el nivel del agua subiera a la máxima capacidad del arroyo Jabalines y se registraron inundaciones en diversos puntos de la ciudad.
• El 12 de agosto de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró a medios de comunicación locales que solicitaría permiso a la Semarnat para talar otro tramo de mangle, desde la calle Fresnos, hasta la avenida Insurgentes para prevenir inundaciones.
• El sábado 16 de agosto del año en curso, una cuadrilla de la Secretaría de Obras Públicas empezó a talar mangle. La remoción continuará el lunes.

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La compañía México Pacific impulsa el proyecto Saguaro Energía, que consiste en un gasoducto de más de 800 kilómetros, desde Texas hasta Puerto Libertad, Sonora, en donde se pretende construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL), para luego ser transportado a Asia.

Aunque este proyecto pretende posicionar a México y Estados Unidos como líderes energéticos a nivel mundial, según la coalición Ballenas o Gas que agrupa a 30 organizaciones de la sociedad civil, también representa una amenaza al Golfo de California que lo volvería una zona de sacrificio para la industria fósil.

El gas fósil que recibiría Saguaro Energía provendría del fracking en Texas, sería licuado en México y tendría una producción de 14 mil millones de toneladas al año. De llevarse a cabo el proyecto, nuestro país se convertiría en el cuarto exportador de GNL a nivel mundial.

Los mercados exportadores de gas en todo el mundo son Rusia, África, América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico. Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas natural, Asia es el mercado más grande y dinámico del mundo, según un informe hecho por la organización PODER en 2022.

Hasta 2021, México era el segundo mercado de importación de gas natural más grande del mundo y el principal receptor de las exportaciones de Estados Unidos, que crecieron 546% entre 2010 y 2021, según el informe de PODER. Además el informe señaló que México depende en un 90% de las importaciones de gas natural; que no hay otro país con alta dependencia de las importaciones (más del 52%) de una sola fuente; y genera más del 60% de su electricidad con gas, la mayoría de los países no pasan del 45%.

A través de sus redes sociales y comunicados, la coalición Ballenas o Gas ha insistido en que el proyecto únicamente responde a los intereses de la industria del gas fósil en Estados Unidos que busca acceder a mercados asiáticos, por lo que el gobierno mexicano debería de velar por los intereses y bienestar de la población y no por los intereses económicos de empresas extranjeras.

“El proyecto Saguaro no es más que una expresión de la codicia de las corporaciones extranjeras que siguen priorizando sus ganancias por encima del bienestar de nuestra gente nuestro territorio a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos los cuales, además acá en el desierto, son verdaderamente escasos”, dijo Carlos Mancilla, director de la organización BCSicletos, dedicada a la defensa del territorio.

Gasoducto, planta de licuefacción y exportación

Para transportar el gas desde Texas hasta Puerto Libertad, México Pacific propone la construcción del Gasoducto Sierra Madre de 800 kilómetros de largo en territorio mexicano, atravesando 16 municipios de los estados de Sonora y Chihuahua donde hay sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica, detalla uno de los comunicados expedidos por la coalición.

El gas trasladado llegará a la terminal de licuefacción que, según la empresa, medirá 400 hectáreas, un tamaño equivalente a 70 veces el Estadio Azteca. Esta mega infraestructura generará ruido y quemará gas metano en mecheros permanentemente, lo que altera las condiciones actuales de la comunidad de pescadores, señaló la coalición.

Al respecto, Jaqueline Valenzuela, directora de la organización Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (CERCA), alertó que la planta recibirá gas natural, un combustible fósil, que al igual que el carbón y el petróleo, proviene de la descomposición de materia orgánica a lo largo de millones de años y no es renovable. En lo que respecta al gas natural, tanto su extracción, uso y aprovechamiento tiene una alta gama de emisiones de efecto invernadero.

Para licuar más fácilmente el gas, se va a quemar y eso va a generar emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que además genera impactos en la salud, explicó Nancy García, colaboradora de CERCA.

Una vez licuado el gas, las organizaciones civiles advierten que México Pacific usará buques de hasta 300 metros de largo para llevarlo a Asia, lo que convertiría el Golfo de California en una ruta de carga y un aumento en la frecuencia del tránsito de embarcaciones.

Esto afectaría la biodiversidad marina, incluyendo el Santuario de la Vaquita Marina; también aumentaría el riesgo de colisiones con las ballenas, ya que interferiría con la ruta migratoria de la ballena gris y jorobada, asegura la coalición.

Estas afectaciones pondrían en riesgo dos actividades que son pilares de las comunidades colindantes con el Golfo de California: la pesca y el turismo.

Saguaro se debilita

Las organizaciones están presionando a las autoridades de México para que reviertan la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Terminal GNL de Sonora en 2006 para la construcción de la planta y para que no autorice el proyecto para la construcción del gasoducto que se encuentra en evaluación.

De esta manera, señalan, se salvaguarda la vida de las comunidades y la biodiversidad del país, ya que permitir el establecimiento de este proyecto resultaría en un daño irreversible para presentes y futuras generaciones.

Ballenas o Gas, habilitó un sitio web para consultar los posibles impactos ambientales del proyecto Saguaro y también inició una petición ciudadana dirigida a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al Presidente de los Estados Unidos, que ya alcanzó las 300 mil firmas digitales.

Aunque el jueves 13 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una concesión firmada por la Secretaría de Marina (Semar) para el puerto relacionado con el proyecto Saguaro, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó a través de un comunicado que el proyecto enfrenta cinco demandas de amparo que frenan su desarrollo. Esto significa que aunque el proyecto Saguaro sigue en pie, la presión mediática y la oposición ciudadana lo están debilitando.

A principios de julio de 2025, Mexico Pacific, solicitó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) una prórroga de siete años para iniciar operaciones comerciales. Esta extensión permitiría postergar el comienzo de las exportaciones hasta 2032, en lugar de 2025 como estaba previsto inicialmente.

La empresa argumenta en el documento que no podrá iniciar exportaciones antes del 14 de diciembre de 2025 debido a “circunstancias ajenas a su voluntad”, y que esta extensión es necesaria para consolidar el financiamiento y asegurar su viabilidad a largo plazo.

Este artículo se financió parcialmente con el donativo otorgado a Son Playas por Kirana Yoga y Holi Fest Mazatlán. Si también deseas apoyar nuestro trabajo periodístico especializado e independiente, escribe a contacto@sonplayas.com

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En altamar, una parte de la flota pesquera industrial opera bajo preocupantes niveles de opacidad. Enormes embarcaciones pesqueras con potentes motores navegan los mares internacionales en busca de cardúmenes de peces que valgan la faena y generen ganancias no solamente a la tripulación, sino mayormente a sus inversionistas.

Muchas de estas embarcaciones, según el estudio de Oceana presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia, eluden su responsabilidades legales al aprovecharse de la opacidad y falta de gobernanza para evadir reglamentos ambientales, laborales y fiscales.

Bajo este esquema de negocio, la bandera que ondea en estas embarcaciones es apenas la primera cara de un entramado laberíntico que esconde intermediarios e inversionistas repartidos alrededor del mundo.

Una de cada seis embarcaciones pesqueras industriales, según el estudio de EqualSea Lab y Oceana, opera con una bandera diferente a la de la empresa apoderada, y al menos dos terceras partes de la flota pesquera industrial mundial carece documentación actualizada sobre la empresa que financia dichas operaciones.

Los números evidencian la falta de capacidad operativa en términos pesqueros de muchos países, México entre ellos, de incrementar la minuciosidad en la emisión de registros y permisos de pesca, particularmente cuando cuentan con inversiones del extranjero.

Si bien el abanderamiento de las embarcaciones es parte de un registro obligatorio en cada país, muchas empresas pesqueras tuercen el reglamento bajo un esquema de negocio internacional que premia la productividad sobre el respeto a las regulaciones y controles de cada país, entre ellas, las de sostenibilidad pesquera.

En la actualidad, los registros de embarcaciones pueden ser accedidos a través de la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las embarcaciones pesqueras no están obligadas a presentar dicho registro ante el organismo internacional, lo que da como resultado que apenas el 1% de las embarcaciones pesqueras industriales puedan ser rastreadas.

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A este limitado porcentaje, se suma la falta de datos sobre beneficiarios finales, quienes en muchos casos se encuentran a miles de kilómetros de distancia, bajo otra jurisdicción nacional. Entre la embarcación y el dueño real pueden existir varios intermediarios bajo diversas figuras jurídicas que vuelven cada vez más compleja la operación, en veces, haciendo casi imposible la rendición de cuentas de todos los participantes de operaciones pesqueras que operan bajo prácticas ilegales.

Este perjuicio al ordenamiento y la sostenibilidad pesquera incrementa en países de Latinoamérica, África y Asia, donde la infraestructura es débil y la gobernanza está sobrepasada por la corrupción. En los contados casos en que las autoridades logran llevar un caso de pesca ilegal o violación de derechos laborales ante los tribunales, capitanes y tripulación terminan por absorber las sanciones legales, sin afectar legalmente a los apoderados de la operación.

La incapacidad de implementar la justicia a todos los involucrados, principalmente a los beneficiarios finales, hace de este esquema uno que crece preocupantemente alrededor del mundo.

Transparencia de propiedad y rendición de cuentas

Según el estudio, el rezago en transparencia pesquera en México es considerable. Más de la mitad de las embarcaciones pesqueras industriales nacionales no cuentan con registro que conecte a las embarcaciones con los dueños legales. Es decir, podrían estar operando bajo un esquema internacional sin que las autoridades tengan conocimiento documental del acto.

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Conocer quiénes participan en actividades ilegales dentro de las embarcaciones pesqueras industriales requiere obligadamente de cooperación internacional. El estudio de EqualSea Lab establece que la transparencia de propiedad, la cual requeriría a los países de los beneficiarios finales la obligación de registrar, presentar y transparentar todas las actividades e inversiones en flotas pesqueras a nivel internacional, es un paso fundamental.

La creación de bases de datos, alimentadas por los países, organizaciones internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, apoyaría enormemente en la revisión constante de patrones recurrentes de embarcaciones que cambian constantemente de bandera, de quienes eluden sanciones de un país, con el objetivo de favorecer la rendición de cuentas.

Entre las recomendaciones dadas por el reporte, destaca la responsabilidad de los países de solicitar y verificar información de los propietarios o beneficiarios finales durante durante el registro de pesca y hacer de esta información de acceso público; la responsabilidad de las empresas privadas de presentar el registro de sus actividades en otras jurisdicciones, y el liderazgo de la Organización Marítima Internacional en la integración de datos para promover la rendición de cuentas.

La conjunción de todo, visto como la ruta crítica favorable, depende de la participación activa de los países involucrados, organizaciones internacionales y la iniciativa privada. Mientras tanto, una estela opaca sigue cubriendo a la flota pesquera internacional que navega bajo este esquema que promueve la ilegalidad.

Dependerá de la cooperación internacional de todas las partes el tomar riendas en el asunto si se quiere que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos pesqueros cada vez más impactados.

La realización de esta nota contó con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

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«A esta situación se suma, desde hace dos semanas, el bloqueo al único suministro de alimentos e insumos, lo que ha aislado a más de 115 familias, vulnerando su derecho a una vida digna», se alertó el martes y miércoles de esta semana a través de redes sociales.

A través de un comunicado, se señaló que a pesar de que existe una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se emitió un oficio dirigido al gobierno municipal de Concordia, las autoridades no han tomado ninguna medida efectiva hasta el momento.

«Hoy, 21 de mayo de 2025, se reportó un nuevo incendio provocado, esta vez desde Potrerillos hasta El Palmito, que continúa activo mientras se redacta este comunicado. Estos incendios —originados mediante artefactos incendiarios lanzados desde drones— no sólo han devastado la vegetación, sino que han alterado el acceso al agua: el flujo de agua desde los manantiales ha disminuido considerablemente y ahora debe racionarse», es el mensaje que se volvió a boletinar al día siguiente.

Desde el 2 de mayo del presente año, el Frente Común de Colectivas Feministas Mazatlecas, dio aviso que las comunidades de Chirimoyos, La Petaca y El Cuantanal habían sido desplazadas dos veces por la violencia en Sinaloa. «Han perdido sus hogares, sus formas de vida y han tenido que intentar adaptarse a ciudades que no los contienen», se alertó.

Para entonces, ya se venía advirtiendo que la situación era crítica para las familias de la sierra de Concordia al quedar sin acceso a víveres debido a que el abastecimiento de alimentos fue bloquedo por supuestos grupos armados. «Están resistiendo en la sierra en total precariedad y abandono».

El lunes 19 de mayo, durante la conferencia semanal del gobernador Rubén Rocha Moya, la titular de Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), María Inés Pérez Corral, informó que la zona ya era atendida por tres brigadas de esa dependencia estatal y otra de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Sin embargo, las colectivas y pobladores han informado que los incendios continúan y no están siendo debidamente atendidos por la autoridad.

Afectaciones sociales y ambientales

Estas circunstancias afectan directamente a 115 familias, en tanto que los incendios que se registran desde hace dos meses se han extendido y representan una amenaza a las comunidades y serranas y a sus ecosistemas.

En esta parte de la Sierra Madre Occidental poblada por árboles de pino y encino se localiza la Reserva de la Chara Pinta (Cyanocorax dickeyi), un ave que solo habita en esta zona. Esta ave endémica está clasificada en peligro de extinción en la norma mexicana en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Además, la sierra de Concordia posee la mayor diversidad de maíces criollos de Sinaloa, pues aquí se cultivan la mayoría de las razas nativas que se tienen registradas en el estado. El maíz criollo es considerdo parte importante del patrimonio biocultural que México y su cultivo en la zona serrana de este municipio se ha visto afectado por la sequía, por lo cual el año pasado se perdió gran parte de la producción.

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Exigen que autoridades actuén con urgencia

Las colectivas lanzaron nuevamente un llamado a las autoridades para que actuén y protejan a la población con las siguientes acciones:

1. Acción inmediata del Gobierno Municipal de Concordia y del Gobierno Estatal para garantizar el acceso libre y seguro a alimentos, agua potable y atención médica.
2. Brigadas especializadas contra incendios que intervengan de inmediato para contener el fuego y proteger la vida humana y natural.
3. Supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las condiciones de las comunidades afectadas.
4. Restablecimiento de rutas de movilidad con seguridad y regularidad mínima diaria.
5. Visibilización urgente de la emergencia en medios locales, estatales y nacionales.

También piden apoyo de la ciudadanía

La ciudadanía puede ayudar y solidarizarse con las familias afectadas mediante la donación de víveres, agua y recurso económico. Si deseas apoyar manda mensaje de WhatsApp al número (669) 245 53 84 o escribe al correo electrónico periferiasubversivx@gmail.com También puedes seguir los avisos de las colectivas en las redes sociales de @PeriferiaSubversivx

Así se ven afectadas 115 familias de la sierra de Concordia

El Frente Común de Colectivas Feministas Mazatlecas advirtió que las condiciones de vida en los altos de Concordia son insostenibles por lo siguiente:

1. Los incendios provocados desde hace 2 meses se han vuelto incontrolables, lo que representa una amenaza para comunidades y ecosistemas, así como una fuente de contanminación de fuentes de agua y pérdida de vegetación de autoconsumo.
2. Bloqueo de víveres desde hace más de dos semanas, lo que implica un aislamiento casio total y obstáculos para entregar ayuda humanitaria.
3. Agua racionada, pues el recurso no baja diariamente y las fentes naturales se han contaminado por las cenizas.
4. Transporte y comunicación limitados. Una sola auriga sube una vez al día y cuando los habitantes bajan en este transporte ya no pueden regresar sino hasta el día siguiente. Además, la señal de telefonía móvil es intermitente o nula.
5. Omisión institucional. Las colectivas cuestionaron la inacción del Ayuntamiento de Concordia y la indiferencia del Gobierno del Estado de Sinaloa pese a las denuncias.

«Las comunidades de la sierra no pueden seguir esperando. Cada día sin agua, sin alimentos y bajo fuego es una violación directa a los derechos humanos más básicos. Esta no es solo una crisis ambiental: es una emergencia humanitaria con responsabilidad institucional».

Frente Común de Colectivas Feministas Mazatlecas

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Este 2025 se recolectaron 1,100 toneladas de desechos sólo en zonas turísticas, el doble de residuos extra generados el año pasado en la misma temporada. Esta cantidad también supera el tonelaje de desechos reportados por la autoridad municipal en los cuatro años anteriores.

De acuerdo con un boletín del Gobierno de Mazatlán, la basura de este año se concentró en los puntos de Cerritos, Zona Dorada, Avenida del Mar y Olas Altas, principalmente entre el jueves 14 y el sábado 16 de abril, justo ahí fue necesario reforzar el servicio; también informó que los principales desechos recogidos fueron envolturas de plástico, PET, utensilios de un sólo uso y vidrio.

El informe de la autoridad revela que, Mazatlán genera unas 700 tonelada de basura como máximo en un solo día sin turismo, sin embargo, en Semana Santa con alta afluencia de visitantes alcanzó un promedio de 850 toneladas cada 24 horas; en total 6,800 toneladas sólo del 13 al 20 de abril.

Del total de la basura generada este año, 1,100 toneladas fueron recolectadas únicamente en zonas turísticas, esto equivale a más del doble de los desechos recogidos en 2024 que fueron 514 toneladas donde las playas identificadas como las más sucias fueron las que colindan con el Monumento al Pescador, Playa Norte, Playa Camarón Sábalo y Playas Brujas.

Esta es la basura “extra” generada en los últimos 5 años durante Semana Santa

De acuerdo con datos históricos que Son Playas ha solicitado por Transparencia sobre la basura extra generada en la ciudad durante Semana Santa, el registro es que en 2023 se recolectaron 260 toneladas de basura extra en la ciudad; en 2022 fueron 155, y en 2021 apenas llegó a 53 toneladas, aunque  todavía en contexto de pandemia.

Lo anterior confirma que, en los últimos cinco años, este 2025 la basura extra generada por el turismo también superó todo el tonelaje de desechos generado en los cuatro años anteriores, ya que esta vez se recolectaron mil 100 toneladas en zonas turísticas, pero del 2021 a 2024 sumaron 982 toneladas.

Fuente: Ayuntamiento de Mazatlán.

En un día regular, en Mazatlán se recolectan 10 toneladas de basura en puntos turísticos, de acuerdo con el informe del Gobierno de Mazatlán, sin embargo, esta Semana Santa, el promedio alcanzó 137.5 toneladas de desechos sólidos por día, lo que generó el total de 1,100 toneladas. Es importante destacar que todos los desechos extra, a falta de un relleno sanitario, se aterran igual en el basurón municipal.

Son Playas confirmó que zonas como la llamada “Letras de Mazatlán”, en la intersección de las avenidas del Mar y Rafael Buelna, fue punto clave para la concentración de miles de visitantes convirtiéndose todos los días en punto generador de desechos y debido a la insuficiencia de contenedores mucha de esta basura terminó tirada en las calles a unos metros de la playa.

Basura, la otra «derrama» de la actividad turística | Son Playas

No se aplicaron sanciones por arrojar basura

Aunque arrojar basura en la vía pública y en las playas es una falta establecida en el Artículo 12 del Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del Municipio de Mazatlán correspondiente a la Higiene y Salud Pública, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no aplicó ninguna sanción por esa falta, ésta implica una multa de 678 pesos mínimo hasta 1,130 pesos máximo, así lo confirmó la dependencia a través de una solicitud de información.

La estrategia institucional implementada por la autoridad municipal en Semana Santa para reducir los desechos en la ciudad se limitó a llamados o mensajes oficiales “amigables” igual que en otros periodos. El resultado fue el doble de basura genera por miles de visitantes con relación al año pasado. Sin embargo, es importante destacar los esfuerzos ciudadanos, ya que organizaciones ambientales promovieron y participaron en jornadas de limpieza de playas; a esto se sumó la Operadora y Administradora de Playa, que con el apoyo de estudiantes de diversas instituciones educativas de la localidad realizó recorridos de limpieza y concientización en las playas, aunque al final, los desechos persistieron.

Este ha sido el periodo con mayor generación de basura «turística» de los últimos años en Mazatlán | Son Playas

Las otras estadísticas

Mientras la concentración de basura turística incrementó por mucho en esta temporada, las autoridades municipales destacaron sus otros datos, los económicos, al informar una derrama para Mazatlán superior a los mil 400 millones de pesos, ocupación hotelera de 91 por ciento y un promedio de 600 mil visitantes en la ciudad, es decir, en ese periodo Mazatlán duplicó su población, ya que el Municipio tiene poco más de 501 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI.

A nivel estatal, Sinaloa registró la vista de 2.4 millones de personas que dejaron una derrama económica de 3,200 millones de pesos, de acuerdo con informes públicos de la Secretaría de Turismo del Estado; además el puerto estuvo blindado con más de 3 mil elementos de seguridad distribuidos principalmente en zonas de alta concentración de visitantes.

En ese contexto, la basura se quedó en la ciudad como la otra gran derrama.

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Capturar camarón en Sinaloa, la cuna de la producción pesquera del país, cada vez es más caro. Los pescadores de altamar del municipio de Topolobampo lo han visto con mayor intensidad durante las últimas dos temporadas: el combustible representa hasta la mitad de sus gastos, las tallas han dejado de ser competitivas en el mercado y la pesca furtiva es cada vez más común.

Para el inicio de la temporada de camarón, el pasado 17 de octubre, casi un 40% de la flota de altamar se quedó en el muelle por falta de recursos para costear la salida. “En precios y costos esta fue una temporada horrible, siguieron prevaleciendo las tallas chicas y eso sí nos afectó tremendamente en la producción”, cuenta en entrevista Carlos Sotelo Monge, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Topolobampo.

México, el país que alguna vez marcó la tendencia de los precios en el gran importador de camarón que es Estados Unidos, deja de ser un competidor fuerte frente a la producción global. Esto permea la economía de los pescadores ribereños e industriales que destinan hasta un 60% del camarón a la exportación.

Cuando se habla de las causas, los pescadores de Sinaloa coinciden en un multifactor. Hablan de la sobreexplotación pesquera, el cambio climático, la falta de apoyos para el sector, la carencia de presupuesto para la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y, sin duda, la pesca ilegal que no acaba en los mares, cuando las embarcaciones capturan durante las temporadas de veda, sino que se extiende al mercado internacional.

“La pesca furtiva hace competencia con las cooperativas pesqueras porque inunda el mercado… Hace que cuando nuestro producto llegue por allá (Estados Unidos), el mercado ya esté abastecido. Esto ocasiona que los precios se depriman, bajen, y cada vez sea más complicado para nosotros seguirlo sosteniendo”, explica Sotelo.

Una caída

El camarón es una de las pesquerías más fuertes de México. Se trata de la tercera especie pesquera de mayor volumen de producción en el país, posicionándose históricamente dentro de los tres primeros productores en Latinoamérica, generando más de 37 mil empleos y aportando más de 100 mil toneladas al sector agroalimentario, de acuerdo con datos de la Conapesca.

A diferencia de otras pesquerías, el camarón ha sido resistente a la sobreexplotación. Sin embargo, no es inmune y cada año registra una baja en la producción del país. Mientras en 2021 el sector alcanzó las 36 mil 438 toneladas de peso vivo, para 2022 eran 26 mil 400 toneladas; y en 2023, 23 mil 295 toneladas, de acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.

El estado de la pesquería del camarón silvestre, principalmente el café y el azul, se ve reflejado en las tallas, que son la medida base para la comercialización del marisco, haciendo referencia a los camarones que existen por libra.

Uno de los objetivos de las capturas en temporada de veda, realizadas por pescadores furtivos, es poder extraer los ejemplares más grandes. Al iniciar la temporada de captura, los pescadores reglamentados tienen dificultades para encontrar tallas competitivas porque éstas fueron saqueadas antes.

“Vemos cómo ha decrecido la producción y consideramos que se debe a la pesca furtiva, pero no dudamos que también sea por el cambio climático que ha habido menos presencia de camarones”, señala Alfonso Chaparro, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI, parte del sector ribereño en Sinaloa.

Otro factor que genera estragos en el camarón es el auge de la acuacultura. Hace 30 años, las tallas de camarón silvestre se vendían arriba de los diez dólares, hoy apenas llegan a la mitad y con costos de producción cada vez mayores. Un ejemplo es la talla 16/20 de camarón silvestre que ha sido alcanzada también por el camarón de cultivo, criado en granjas acuícolas.

En una revisión de las importaciones de camarón a Estados Unidos, Causa Natura Media encontró que mientras en 2019 México exportó 29 mil 552 toneladas de camarón en distintas presentaciones, para 2024 apenas alcanzaron las 12 mil 337 toneladas. Lo que representa una caída del 58.2% en las exportaciones de camarón mexicano hacia el país vecino.

Al realizar un desagregado de la caída de camarón mexicano, se puede identificar que el silvestre ha sido el verdadero afectado, ya que el camarón de cultivo ha tenido mayor entrada desde el 2022.

Actualmente, México está en el séptimo lugar de los países importadores de camarón en Estados Unidos, por debajo de otros países de Latinoamérica como Ecuador y Argentina, de acuerdo con el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas del país (NOAA Fisheries, por su siglas en inglés).

“El camarón de Ecuador se va a Estados Unidos y ha venido a compartir muy fuerte con los precios porque hay que reconocer que es un país que está industrializado y tiene buena calidad, pero también hace la engorda con precios muy bajos por el bajo costo de diesel, ya que (los pescadores ecuatorianos) tienen un subsidio importante para esto. Eso ha venido a pegarle durísimo a la pesca ribereña (mexicana)”, explica Chaparro.

Con permiso de pesca

Durante las entrevistas, los pescadores coinciden que hay historias sobre la manera en la que se mueve el producto ilegal por el mercado. Para los camaroneros mexicanos en la frontera sur de México es conocido que se utilizan permisos de importación de una cantidad de toneladas para hacer entrar más de las que dicta el documento.

Un caso similar ocurre en la frontera de México y Estados Unidos, donde los pescadores del noroeste mexicano hablan sobre transportar camarón bajo permisos de otro producto pesquero.

“Ahora bien, ¿quién hace esta pesca ilegal? Cuando tú lees reportes de organizaciones nacionales e internacionales que han tocado el tema, parece ser un grupo de gente, casi como una flotilla de piratas que van de puerto en puerto saqueando, pero la verdad es que no es así. Todas estas prácticas ilegales del marco regulatorio se llevan a cabo por los mismos pescadores que tienen o no tienen permiso”, explica durante entrevista Manuel Caudillo, director en Pesca Responsable y Comercio Justo.

Lo mismo ocurre en el mercado, señala Caudillo. Para que el producto pesquero resultado de la captura ilegal llegue a otros países “entra mediante el uso de documentos de legal procedencia emitidos y avalados por la autoridad pesquera”.

El aviso de arribo y la guía de pesca son parte de la documentación que se solicita para reportar la captura y transporte de producto pesquero. Una vez que un productor o un posesionario cuenta con esta documentación, la procedencia pasa a tener menos importancia y se considera al producto como legal.

“Existen las regulaciones, estamos con la trazabilidad y todas esas cosas: dónde lo pescaste, cuál es su aviso de arribo. Hay una gama de esto ¿no?… Existe la normatividad para que no se diera, pero se está dando y no entendemos cómo”, señala Sotelo.

Por los camaroneros

Con las medidas arancelarias actuales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un mercado cada vez más competitivo, los camaroneros mexicanos sienten incertidumbre sobre su futuro con su principal comprador.

Para los pescadores mexicanos es necesario que haya un respaldo gubernamental que cubra las carencias. El sector pesquero ha urgido en repetidas ocasiones que se brinden subsidios, principalmente, en combustible y motores, como ocurría en el pasado.

“Con una cuarta parte de los costos de producción en combustible que le regresara el gobierno al sector con proyectos productivos, con programas de reconstrucción de flota, porque tenemos una flota ya ha rebasado dos veces su vida útil, con seguridad social, con unos buenos hospitales, con medicinas para nuestra gente… contribuiría en un sector olvidado como la pesca y esa es la forma como nos podríamos echar a volar nuevamente”, señala Sotelo.

La temporada de captura camaronera termina el 6 de abril, y el mayor impacto ha sido en los costos de producción. “Con tanta pesca furtiva y con tanta población de pescadores libres se hizo extremo poder sobrellevar la dinámica de salir adelante en impuestos, seguro social, arbitraje, pago de permiso, pago de toda la normativa que conlleva esta actividad”, señala Sotelo.

Sobre la pesca ilegal, la respuesta común en el sector es incrementar la inspección y vigilancia, así como implementar la trazabilidad pesquera que permita registrar el producto desde su captura en el mar hasta que llega a los consumidores finales. Sin embargo, Caudillo señala que para solucionar la problemática se requiere entender las causas.

“Con inspección y vigilancia o con sanciones más fuertes no se va a resolver el problema. Hay otras actividades ilícitas que por más penas que tengan siguen existiendo y siguen practicándose. En el caso de la pesca, que es un aprovechamiento del capital natural del país para un desarrollo socioeconómico, habría que hacer una reflexión sobre el porqué llegamos hasta aquí y de qué manera se podría revertir. Si necesitamos inspección, ¿para qué es? ¿Vas a llenar las cárceles de pescadores que estaban pescando para alimentar a su familia o para tratar de mantener su negocio? ¿Vas a confiscar el motor o la panga? ¿Los vas a seguir empobreciendo?”, cuestiona Caudillo.

*Este reportaje pertenece a la serie #ExportacionesPerdidas, una investigación especial de Causa Natura Media sobre las afectaciones de la pesca ilegal a especies de exportación. Son Playas lo republica con la autorización correspondiente.

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Los Comités de Playas Limpias (CPL) son órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). A su vez, los Consejos de Cuenca son un mecanismo para incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua y están integrados por representantes de instancias de los tres órganos de gobierno, organizaciones sociales y usuarios.

Los Consejos de Cuenca son los encargados de aprobar la creación, ratificación o disolución de los CPL. Al respecto, la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán informó que actualmente no hay evidencia del funcionamiento de un Comité de Playa Limpia a nivel municipal.

Ángel García Contreras, director de la dependencia, considera que los Comités de Playas Limpias son clave para lograr una gestión integral de las costas, por lo que su reactivación es prioritaria para Mazatlán y se espera lograrla antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Origen de los Comités de Playas Limpias

Los Comités de Playas Limpias surgieron en 2003 a partir de la implementación del Programa Playas Limpias (PROPLAYAS) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). PROPLAYAS es una política pública en materia del manejo de la calidad del agua en las playas mexicanas. Los CPL actúan a nivel de playas de un municipio costero que correspondan a la misma Cuenca. Las playas de Mazatlán pertenecen al Consejo de Cuenca Número ocho “Del río Presidio al río San Pedro”. 

De acuerdo con el Manual de Organización y Operación de los Comités de Playas Limpias de México están conformados por un presidente, un secretario técnico, tesorero y vocales. Deben contar con al menos un representante de los sectores público, privado y de la sociedad civil. Aunque cada CPL define de manera particular su manual de operación, los miembros deben tener sesiones ordinarias al menos cuatro veces al año. 

Hasta 2017 estaban constituidos 49 Comités de Playas Limpias en 13 destinos turísticos, que representan 138 playas en 16 entidades federativas. El Comité de Playas Limpias de Mazatlán fue el primero en crearse; sin embargo, actualmente el municipio no cuenta con uno, dijo al respecto García Contreras.

Cuidado de playas con enfoque de cuencas

Los Comités de Playas Limpias son entidades donde los actores locales participan en la toma de decisiones, y en la organización de planes y acciones en materia de inspección y vigilancia. 

De acuerdo con Ignacio Gónzalez, miembro de la Red Mexicana de Cuencas, es importante que las acciones de los Comités estén alineadas al enfoque de cuencas porque mucho de lo que sucede en la zona costera depende de procesos río arriba que invariablemente llegan a la costa.

“Que del continente llegue materia a la costa es un proceso natural, y de hecho muchos sistemas costeros viven gracias al arrastre de los ríos. Pero también si los ríos llevan basura y otras sustancias éstas invariablemente impactaran al sistema costero “

Para que sigamos disfrutando de las playas y los ecosistemas costeros deben existir esfuerzos multisectoriales no solo entre los actores que inciden directamente en las zonas costeras, sino también con actores cuenca arriba. Monitorear y mejorar la calidad del agua de los ríos y acuíferos beneficia a las zonas costeras y sus usuarios.

Tampoco hay un reglamento municipal para uso de playas

Las playas son bienes comunes naturales donde distintos actores e intereses se unen en un mismo espacio.

A nivel federal, los primeros 20 metros a partir de la pleamar pertenecen a la Zona Federal Marítimo Terrestre y es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sancionar a los usuarios que incumplan con la normatividad.

Sin embargo, existen muchos vacíos en lo que respecta a las responsabilidades del municipio para sancionar a los usuarios que contaminan las playas.

 “Hay infracciones que se cometen y que no son un delito administrativo federal; por ejemplo, tirar basura en la playa o ser irresponsable con heces caninas. Estas actividades generan impacto ambiental, por ello es necesario que la Operadora de Playas aplique un reglamento”.

García Contreras dijo en entrevista para Son Playas que una de las metas de su administración es generar un Reglamento Municipal para la zona marítima.

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Redacción Son Playas/3 de 5 partes.

Para impulsar un desarrollo sostenible de Mazatlán, el nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) propone en el segundo de sus cinco ejes estratégicos, la implementación de un Sistema de Información Territorial y Urbano de acceso público y un Plan Integral de Agua como líneas de acción para fortalecer la normatividad del crecimiento futuro de la ciudad.

Este documento rector para el Municipio fue publicado el pasado 30 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente; identifica debilidades institucionales en instrumentos jurídicos vinculados con el crecimiento de la ciudad y, para fortalecerlos, propone actualizar prácticamente todos los planes de desarrollo y crear nuevos que aborden también la planeación de las sindicaturas.

Titulado “Marco normativo y certeza jurídica”, los objetivos de este segundo eje son propiciar asentamientos humanos seguros, legales y de baja huella ecológica; vincular la planeación urbana al manejo integral de cuencas para optimizar los recursos hídricos y fomentar el acceso a una vivienda adecuada a cualquier ciudadano para reducir asentamientos humanos irregulares.

Son Playas mantiene una serie de publicaciones sobre los cinco ejes estratégicos que integran el nuevo PMOTDU. En su edición pasada abordó el eje uno titulado “vida digna en los asentamientos humanos”; y a continuación, la segunda de las cinco entregas.

Sistemas de información territorial

Ante la debilidad normativa que identifica el nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano desde lo institucional, propone cuatro soluciones fácticas, la primera es la implementación del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) de acceso público que sería coordinado por Instituto Municipal de Planeación (Implan) en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal y los diferentes comités de participación ciudadana, esto permitirá impulsar un desarrollo urbano sostenible.

Este Sistema operaría en línea como una acción a mediano plazo, sin embargo, no es un programa propio, pues el SITU ya existe en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano del Gobierno federal como una plataforma digital que permite almacenar, organizar, procesar y difundir información geográfica, documental y estadística actualizada para el diseño e implementación de políticas públicas en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y movilidad. La propuesta es que Mazatlán construya su propia plataforma con información local.

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La segunda solución fáctica que propone el nuevo PMOTDU es conformar Comités de Desarrollo en Sindicaturas, pues mientras en el eje uno identifica carencias y debilidades en la zona rural, en este segundo eje propone incluirlas en capacitaciones y seguimiento a los planes de desarrollo, así como generar un mapa de espacios públicos con acceso a internet incorporado a los sistemas de acceso a la información y transparencia.

La tercera es la difusión amplia, accesible y transparente de ese nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su versión completa.

La última solución fáctica en este segundo eje estratégico es elaborar e implementar un Programa de Reubicación de Asentamientos Humanos que se encuentran en zonas de riesgo de acuerdo con el Atlas de Riesgos Naturales municipal, éste lo propone como una acción a corto plazo con recursos tripartidas y con intervención de autoridades estatales y federales, pues ha identificado en este documento que hay 66 asentamientos irregulares.

Soluciones normativas para los próximos 20 años

Este segundo eje también propone una serie de soluciones normativas para las nuevas necesidades de crecimiento, ya que proyecta que, en los próximos 20 años, la ciudad tendrá 167 mil habitantes más y 3,274 nuevas hectáreas de suelo urbano.

En ese contexto, propone la actualización de instrumentos de planeación; esto implica revisar y ajustar a las nuevas necesidades el Plan Director de Desarrollo Urbano y Plan Parcial Centro Histórico. En el caso de la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Corredor Mazatlán-Villa Unión y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Acceso Libramiento Norte considera una inversión de dos millones de pesos de recurso tripartita para concretarlos a mediana plazo.

En esa misma propuesta establece elaborar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa Unión, para lo cual se destinarían 1.5 millones de pesos y propone el involucramiento del Cabildo para cumplirlo.

En el caso de las sindicaturas, establece crear un nuevo Esquema Simplificado de Planeación para Mármol, El Quelite, La Noria de San Antonio, El Recodo, Siqueros y El Roble, un proyecto a largo plazo que requerirá una inversión de 4.5 millones de pesos, en aras de incluirlos en el orden normativo y control como zona rural.

Proyecciones de la demanda de suelo

De acuerdo al escenario de crecimiento demográfico medio, se contempla que para el año 2050 el municipio de Mazatlán habrá crecido 5,447.5 hectáreas adicionales; 5,155.5 corresponderán a la ciudad de Mazatlán y 291.9 en las sindicaturas, siendo Villa Unión la de mayor superficie con 383.12 hectáreas.

Planificar el uso del agua

Como parte de ese nuevo Sistema de Ordenamiento, el nuevo PMOTDU propone, además, que el Gobierno Municipal elabore Planes de Acción de Manejo de Cuenca (PAMIC) de las subcuencas Río Quelite, La Ventana, Caimanera, Mazatlán, Río Piaxtla y Río Presidio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático, las PAMIC son un instrumento de diagnóstico, planeación y gestión del territorio que articula esfuerzos para proponer el desarrollo de acciones prioritarias de conservación, restauración y adecuación de prácticas.

A la par, propone elaborar el Plan Integral del Agua del Municipio de Mazatlán, donde sugiere que se involucre al Cabildo y al Gobierno federal para concretarlo a largo plazo, en esta acción considera necesario invertir un millón de pesos de recurso tripartita; es importante destaca que un Plan Integral de Agua es un instrumento que marca objetivos, estrategias y acciones para lograr metas de sustentabilidad y sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos que requiere la coordinación entre Gobierno y sociedad civil organizada.

Vivienda, construcciones y atlas de riesgo

La vivienda es un tema vulnerable de la ciudad que identifica el PMOTDU ante factores como expansión urbana acelerada y asentamientos humanos irregulares, en ese sentido, propone elaborar el Programa Sectorial de Vivienda en Mazatlán para mayor control en abasto de servicios básicos, infraestructura y tenencia de la propiedad. Esto en un contexto donde la mayor cantidad de uso de suelo que está dentro de alguna categoría de riesgo, es precisamente el habitacional.

Actualmente no hay antecedentes de un programa similar en la ciudad que haya iniciado estas acciones de regulación de zonas vulnerables.

Actualizar el Reglamento de Construcción es otra propuesta puntual para que se incorporen los términos de infraestructura verde y azul, es decir, espacios al aire libre con vegetación y con agua, respectivamente, como parques, corredores ecológicos, lagunas, arroyos, ríos o esteros.  El reconocimiento de estos espacios deberá ser tomado en cuenta para la futura aprobación de construcciones, en apego a la visión y los principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa; y a las normas oficiales aplicables.

Esto implicaría que se considere, desde la normativa local, que la infraestructura verde y azul también es necesaria para captar y filtrar el agua de lluvia y para la gestión sostenible de recursos hídricos.

En este apartado el nuevo PMOTDU destaca la necesidad de determinar parámetros de capacidad de carga para los destinos turísticos y edificios de departamentos sujetos a una mayor presión o que se encuentran en zonas ambientalmente frágiles y vulnerables al cambio climático; de esta forma se prevé un mejor control de las zonas de crecimiento de Mazatlán y las condiciones en que se dará la expansión urbana. Es por ello que propone que se actualice el Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio.

Lo anterior identifica debilidades normativas institucionales y, al mismo tiempo, abre la oportunidad a que las autoridades atiendan estas propuestas y encaminen el crecimiento de Mazatlán a condiciones más prósperas y equilibradas en los próximos años.

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Pescadores, buzos, vendedores, colectivos y ocho organizaciones de surfistas se manifestaron contra el cierre del acceso a Playa Camarón esta tarde. El acceso fue reabierto por los manifestantes; posteriormente, el Ayuntamiento colocó sellos de clausura porque la cerca que fue instalada para impedir el paso no contaba con permiso de construcción.

Este es el tercer acceso que se cierra en el presente año; los otros dos se ubican en Playa Gaviotas y en Cerritos. En todos los casos, se han generado movilizaciones de la ciudadanía organizada para reclamar su derecho al libre acceso a las playas.

El paso a Playa Camarón se cerró definitivamente la madrugada del miércoles 20 de noviembre con una maya ciclónica montada sobre una dala de cimentación. El hecho se difundió en redes sociales, en donde también se convocó a una manifestación de rechazo a lo que se considera un intento de privatización de la zona federal marítimo terrestre.

Surfistas reclaman espacios para ese deporte

Al lugar llegaron integrantes de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, Comité Municipal de Surf de Mazatlán, Club Las Reinas Surf, RKS Surf y los equipos de sur de las playas Los Pinos, Gaviotas, Olas Altas y Camarón, gremio que históricamente ha utilizado esta playa para entrenar y para realizar torneos de este deporte que desde el año 2020 es considerado como una disciplina olímpica.

«Nos afecta como comunidad surfer; yo tengo 30 años surfeando y toda la vida habíamos entrado con total libertad, es nuestro espacio recreativo; se usa por los jóvenes que van a entrenar por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte», dijo Feliciano Altamirano, ex presidente y actual director jurídico de la citada asociación.

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Desde hace más de dos años y medio, los surfistas no han vuelto a realizar eventos en esa playa porque el espacio se ha ido reduciendo con la ocupación de los predios colindantes y por la suciedad que prevalece en ese espacio, lamentó.

Buzos y pescadores denuncian ante la Semarnat

El cierre de los accesos a ese tramo de playa ya había sido denunciado públicamente por los mismos surfistas, vendedores y por la Sociedad Cooperativa Pescadores y Buzos de Mazatlán, quien también documentó los hechos y los presentó por escrito ante la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A esta dependencia también se le pide que haga valer e derecho de paso de servidumbre.

Jorge Ramos Martínez, presidente de la organización, mencionó que los pasos de playa en ese sector se han ido perdiendo conforme se han lotificado, cercado y levantado construcciones. El ultimo acceso fue cerrado el miércoles de esta semana y reabierto hoy. Sin embargo, el acceso es tan angosto que no es posible el ingreso de unidades de auxilio como cuatrimotos, camillas o ambulancias.

En consecuencia, los cooperativistas tampoco pueden ingresar vehículos de trabajo y artes de pesca para llevar a cabo sus actividades de extracción de ostión, no obstante a que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reconoce que esa es una zona de trabajo pesquera, añadió.

Ramos Martínez informó que este caso también fue denunciado por escrito ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), quien sugirió que se gestione el paso de servidumbre y la posible indemnización de los propietarios del predio. También se ha buscado el apoyo del Gobierno Municipal pero no se les ha atendido en las dos últimas administraciones, agregó.

«Está en todo su esplendor la gentrificación, le están dando la razón a los empresarios, se están privatizando las playas en contra del derecho de la sociedad mazatleca»

Jorge Ramos Martínez

Negociarán con propietarios del predio: Operadora de Playas

Después de reunirse con los manifestantes, el nuevo director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, Ángel García Contreras, confirmó que el predio que durante años fue utilizado como corredor por la ciudadanía es propiedad privada. Sin embargo, se buscará un acercamiento con los propietarios para negociar que se mantenga abierto y garantizar el derecho al libre tránsito que se establece en el articulo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales.

En caso de una negativa, se procedería a gestionar una compensación ante la Semarnat, y si la negativa persiste, se podría llegar al embargo.

«Nosotros nos comprometimos a notificar a Semarnat y antes, informarles a los empresarios lo que marca la ley para empezar un proceso de diálogo y evaluación», indicó.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano Sustentable, Julio César Osuna Sandoval, colocó sellos de clausura en la cerca que fue retirada por los manifestantes, debido a que no contaba con permiso de construcción.

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García Contreras declaró que el Ayuntamiento no autorizará el permiso para cerrar el acceso y que cuando los propietarios tramiten la licencia de construcción para desarrollar cualquier proyecto, se le pedirá la donación del 15 por ciento de áreas verdes que establece el permiso de construcción.

También aseguró que ambas dependencias se mantendrán en comunicación con los grupos inconformes para informarles el avance de los procesos y las gestiones.

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Esa disposición se encuentra en el primero de los cinco ejes estratégicos de este documento bajo el título de “Vida digna en asentamientos urbanos”. En dicho apartado también se propone la creación de una Red de Subcentros de Servicios Ambientales integrada por los parques lineales, lagunas y reservas ecológicas de la ciudad para que funcionen como corredores biológicos con presencia de especies vegetales regionales para garantizar la protección al entorno natural ante las nuevas construcciones.

El PMOTDU enumera los factores críticos de la expansión urbana de la ciudad, pero en este eje incluye acciones con enfoque de solución dirigidas a las autoridades para que Mazatlán crezca con orden y mejores instrumentos normativos en los próximos 20 años y en condiciones de garantizar el abasto de agua, recurso sobre el que pesa mayor presión derivada del desarrollo inmobiliario, actividad turística, agrícola y aumento de la población.

El pasado 15 de noviembre Son Playas publicó una nota general del nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se informa que Mazatlán creció más del doble entre 1990 y 2020. También se publicarán cinco entregas sobre los ejes estratégicos de ese instrumento para que la comunidad se entere de los aspectos más destacados de su contenido. Aquí te presentamos lo más relevante del eje estratégico uno.  

Una ciudad sostenible para Mazatlán

Este eje favorece un modelo de asentamientos humanos compactos, inclusivos y sostenibles que sea vigilante del marco normativo en Mazatlán y que preserve los servicios ambientales del ecosistema. En ese sentido, propone que las autoridades consideren criterios bioclimáticos priorizando el esparcimiento y la movilidad no motorizada, es decir, a sus peatones.

En ese contexto, una de sus principales propuestas es conservar y aprovechar en beneficio de toda la población los Servicios ecosistémicos de las áreas naturales relevantes de Mazatlán reconociéndolas como Subcentros de Servicios Ambientales e Infraestructura verde/azul interconectada con el entorno urbano y rural. Pero,¿qué son los servicios ecosistémicos?, se refiere a los beneficios que aportan los ecosistemas a los seres humanos, por ejemplo, alimentos, medicamentos, recreación y materiales de construcción; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura los considera esenciales para la vida. En el caso de Mazatlán, el nuevo PMOTDU los identifica como elementos clave para el futuro desarrollo de la ciudad.

Soluciones fácticas: corredores biológicos

Ante la nueva realidad de expansión urbana acelerada, el PMOTDU propone líneas de acción a las que llama “soluciones fácticas” para impulsar un desarrollo equilibrado de la ciudad, la primera propuesta es que Mazatlán habilite la Red de Subcentros de Servicios Ambientales compuesta por el Parque Lineal (avenida Pérez Escobosa), Parque Lineal Arroyo Jabalines, Laguna El Camarón, Estero El Infiernillo, Estero de Urías, Estero La Sirena, Estero del Yugo, Estero La Escopama, Presa Picachos, Mármol, Paco’s Reserva de Flora y Fauna, y el Corredor Verde Arroyo Los Hediondos para que funcionen como corredores biológicos con presencia de especies vegetales regionales.

Esta acción es una propuesta novedosa para la protección y conservación del entorno natural, ya que los espacios verdes urbanos resultan más vulnerables de ser invadidos, comercializados o con riesgo de desaparecer en situaciones de crecimiento.

Como acción complementaria, este instrumento de planeación propone crear un Fideicomiso para la incorporación de terrenos intraurbanos baldíos y subutilizados a la oferta de vivienda e incentivar la ocupación temporal de esos terrenos con infraestructura verde/azul o actividades recreativas; propone también impulsar Polígonos de Actuación para el Desarrollo de Vivienda Social, pues una problemática identificada en este eje es que un sector de la población vive en espacios sin certeza jurídica. En ese contexto, reconoce el acceso a la vivienda como un tema que merece atención y reacción de las autoridades para impulsar la accesibilidad.

En contraparte, el documento señala que el mal manejo de áreas naturales y asentamientos en riesgo relacionados con los cambios de uso de suelo irregulares, así como falta de regulación de la vivienda turística (rentas vacacionales) son factores que presionan los cambios de usos de suelo y generan las problemáticas socioambientales como las que se muestran en la siguiente gráfica.

Soluciones normativas: cambios de uso de suelo

El PMOTDU agrupa acciones de normatividad; aquí refiere que para los cambios de uso de suelo deben condicionarse con la obtención previa de un Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, en donde se evalúa las posibles alteraciones que un proyecto público o privado puede tener sobre el entorno urbano y en materia de movilidad, además de establecer las medidas para evitar, disminuir o compensar sus impactos sobre lo que ya existe en ese lugar.

De acuerdo con el artículo 160 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, ese dictamen debe tramitarse por las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan llevar a cabo alguna obra previo al otorgamiento de autorizaciones y licencias. El trámite debe realizarse ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (ahora Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable).

El artículo 163 de la misma ley indica que “los dictámenes de impacto urbano y los estudios que lo sustenten serán públicos y se mantendrán para consulta de los interesados”. También especifica que los dictámenes de impacto urbano tendrán una vigencia de un año calendario, a menos que cambien los programas de desarrollo urbano, en cuyo caso quedarán sin efecto y deberán ajustarse a las nuevas disposiciones.

Según el PMOTDU, el condicionamiento de los cambios de uso de suelo es realizable a corto plazo con el involucramiento del Cabildo, el Instituto Municipal de Planeación y la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento. Es importante precisar que el cambio de uso de suelo es parte de la vulnerabilidad de la ciudad en materia de riesgos y la pérdida de biodiversidad, de acuerdo con el diagnóstico que se expone en este mismo documento.

Y como acción complementaria, se propone elaborar un Estudio de Capacidad de Carga de los servicios públicos que ofrece el municipio para regular el crecimiento de asentamientos humanos y mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. En este estudio también deben considerarse las capacidades administrativas, técnicas y financieras del gobierno municipal para la prestación de servicios públicos de calidad, eficacia y suficiencia a fin de cubrir las necesidades colectivas, según se indica en la guía de servicios públicos municipales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Como parte de las soluciones y normatividad, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano propone que se integre un banco de suelo vacante en línea (datos de terrenos sin edificaciones) como instrumento facilitador de política pública en materia de gestión del suelo, de igual forma, que se implemente a nivel municipal el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) del gobierno federal, un programa que brinda apoyo a familias que no han podido llevar a cabo procesos de regularización de sus lotes.

Con estas acciones se pretende atender y ordenar la  la proliferación de desarrollos inmobiliarios que han modificado la estructura de la ciudad en un contexto de incumplimiento de los instrumentos de planeación por parte de la autoridad municipal, lo que aquí se menciona como una “falta de aplicabilidad de la normatividad”.

Este es el primero de cinco textos que Son Playas publicará en relación al número de ejes estratégicos de este documento rector. Espera la próxima entrega.

DATO

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa dice, en su artículo 2, que La planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población deben conducirse en apego a los principios de Resiliencia, seguridad urbana y de sustentabilidad ambiental.

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El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán (PMOTDU) fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 30 de octubre. En este documento oficial con validez legal se reconoce que la expansión urbana es el factor más crítico del municipio, luego de que la ciudad creció más del doble (2.39 veces) entre 1990 y 2020.

De igual forma se menciona que ante el cambio climático, y debido al crecimiento de la zona urbanizada, el municipio presenta vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundación y deslaves.

Tras su publicación, el PMOTDU deja sin efecto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 2014 para identificar ahora nuevas necesidades de la ciudad, entre ellas, el impacto de las construcciones verticales, serias preocupaciones en temas de medio ambiente, abasto de agua y una urgente estrategia de movilidad integral. Además de exponer las problemáticas de la ciudad, este documento rector propone soluciones y las bases para el ordenamiento socio-territorial de los próximos 20 años.

Son Playas ha preparado una serie de cinco entregas para compartir con la comunidad los aspectos más destacados de este instrumento que debe ser tomado en cuenta por el Ayuntamiento al momento de expedir licencias de construcción, cambios de uso de suelo o factibilidad de servicios, entre otros. Hoy empezamos con un resumen general.

¿Qué contiene el documento?

El nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) está dividido en cinco ejes estratégicos: Vida digna en los asentamientos humanos; marco normativo y certeza jurídica; integración socio-territorial; infraestructura amigable con el medio ambiente, y movilidad y desarrollo económico para todos.

Este documento es de alta utilidad social, ya que permite conocer la problemática de la ciudad y vigilar las acciones de la autoridad municipal para que se acate y se de seguimiento a este instrumento a fin de garantizar el crecimiento planeado de la ciudad.

Su objetivo es “crear un instrumento de planeación que sea la base del ordenamiento y la integración socio-territorial de las localidades que componen el municipio de Mazatlán en armonía con su medio natural a través de reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos en materia urbana».

En su proceso de elaboración, el Instituto Municipal de Planeación Municipal (IMPLAN) realizó una consulta pública y foros ciudadanos con actores claves. El contenido plasma las preocupaciones de los grupos sociales respecto a la expansión urbana y sus consecuencias. El PMOTDU también incluye un plan de seguimiento de cada uno de los cinco ejes estratégicos e indicadores para su medición.

¿Cuánto ha crecido la mancha urbana?

Sobre la proliferación de la ciudad hacia la periferia, se detalla que en 30 años, la superficie urbana de Mazatlán se incrementó más del doble. En 1990 se contaba con una superficie urbana total de 3 mil 903.81 hectáreas con 314 mil 345 habitantes, mientras que para el 2020 la superficie territorial ascendió a 9 mil 325.03 hectáreas, contando con 501 mil 441 habitantes, lo que significa que la población se multiplicó 1.60 veces pero la mancha urbana 2.39

Al respecto, el documento señala que esta desproporción «pone en evidencia un proceso de dispersión urbana más allá de lo necesario sin llegar a actualizar de forma proporcional la prestación de los servicios públicos. Este incremento ha provocado varios problemas en la cabecera municipal, como el incremento del parque vehicular, presión para la dotación de servicios públicos e invasiones»

En la proyección poblacional a futuro, el Programa destaca que, si Mazatlán continúa con un crecimiento demográfico bajo como hasta ahora, en 2050 su población podría llegar a 750 mil habitantes; en caso contrario, si el crecimiento es alto, este municipio costero de Sinaloa podría superar el millón de habitantes en ese proyección a largo plazo. Actualmente la población registrada es de 501,441 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI.

Factores críticos identificados

El PMOTDU destaca que los esfuerzos de planeación de Mazatlán deben de centrarse en factores críticos, siendo la expansión urbana como el de mayor impacto, seguido por otros como: asentamientos humanos, desarrollos inmobiliarios irregulares y en zonas de riesgo; segregación socio-territorial; cambio de uso de suelo; migración de población, desigualdades entre el campo y la ciudad, incremento de la población, inundaciones, deforestación, sistema de drenaje y manejo de residuos sólidos; y atención de grupos vulnerables.

Además, se indica que debido a la pérdida de los espacios naturales se registra un déficit de áreas verdes, problemas de deforestación y procesos de desertificación del territorio y escasez de agua.

Como dato relevante, el PMOTDU destaca que, ante el cambio climático, y debido a la expansión urbana, el municipio presenta vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundación y deslaves.

Alternativas de solución

Entre los principales retos que implica este panorama, se destaca que es necesario vincular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con el ordenamiento ecológico; mayor control en los cambios de uso de suelo y aplicabilidad de la normativa; reducir la desigualdad territorial, conservar y aprovechar los servicios ecosistémicos de las áreas naturales; definir normas urbanas, garantizar espacios públicos suficientes, prohibir construcciones en zonas de riesgo, sumar participación ciudadana en los sectores de desarrollo urbano e inmobiliario y atender las causas de migración de la población hacia la ciudad.

Factores críticos ordenados por nivel de criticalidad

A continuación, la tabla con el orden jerárquico de los 50 Factores Críticos plasmados en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán, a través de una matriz de influencias elaborada por el IMPLAN con base en los resultados de foros y consultas. Este ejercicio revela, por ejemplo, que detrás de la expansión urbana que experimenta la ciudad hay otras preocupaciones sociales como déficit de áreas verdes, erosión, deforestación y la pérdida general de espacios naturales; también pone de manifiesto cómo los cambios de uso de suelo contribuyen a esta dispersión.

1. Expansión urbana.
2. Asentamientos humanos irregulares.
3. Asentamientos humanos en zonas de riesgos
4. Segregación socio-territorial
5. Cambio de uso de suelo
6. Migración de población
7. Desigualdad en la relación del campo y la ciudad
8. Incremento de la población
9. Falta de servicios públicos
10. Desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo
11. Pérdida de espacios naturales.
12. Falta de aplicabilidad de la normativa
13. Contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos
14. Contaminación del suelo
15. Inundación
16. Falta de autoridad y mal manejo de espacios naturales y las ANP, Áreas de Conservación y Sitios Ramsar.
17. Falta de ordenamiento en las actividades económicas
18. Déficit de áreas verdes
19. Erosión/desertificación
20. Deforestación
21. Mal manejo de residuos sólidos, peligrosos, especiales
22. Sistema de drenaje ineficiente.
23. Falta de atención de los grupos vulnerables
24. Falta de servicios públicos y de infraestructura para la zona rural (Sector administrativo y de salud)
25. Déficit de equipamientos
26. Normatividad municipal desactualizada
27. Mazatlán con gran vocación industrial
28. Mal manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
29. Falta de sistemas de abastecimiento de agua potable y plantas potabilizadoras
30. Localidades marginadas
31. Falta de mantenimiento de espacios públicos
32. Contaminación visual
33. Falta de criterios hídricos en el ordenamiento territorial e infraestructura
34. Sequía
35. Contaminación de playas
36. Deficiencias de la infraestructura vial
37. No se potencializa el turismo rural.
38. Contaminación del aire
39. Falta de certeza jurídica en la propiedad
40. Aumento del flujo vehicular
41. Quemas y tiraderos de basura
42. Inadecuada interacción Puerto – Ciudad
43. Falta de regulación de la vivienda en renta para uso turístico.
44. Desaprovechamiento de las actividades primarias
45. Inadecuada interacción urbana con el ferrocarril
46. Inadecuada interacción urbana con el ferrocarril
47. Falta de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales
48. Falta de regulación de la imagen urbano rural
49. Falta de mantenimiento y rehabilitación en los inmuebles con características patrimoniales
50. Gobierno y ciudadanía.

DESCARGA Y CONSULTA

El PMOTDU ya está disponible en la página del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), luego de que el pasado 30 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado; previamente, el 11 octubre, fue aprobado en sesión de Cabildo. Descárgalo dando clic aquí.

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A través de una solicitud de información, la Asipona Mazatlán confirmó que tiene a cargo el mirador para uso, aprovechamiento y explotación por ser ahora parte de un espacio del dominio público de la Federación, el fundamento es el Diario Oficial del Gobierno federal con fecha 19 de octubre de 2023 donde explica que un Addendum al Título de Concesión de julio de 1994, que amplía el recinto portuario para su administración, alcanzó la superficie del Cerro del Crestón donde se ubica el mirado.

“En relación con el estatus del mirador o puente de cristal, específicamente al cuestionamiento sobre si el Mirador quedó bajo la administración de la ASIPONA y el fundamento legal, le informo que efectivamente el mirador o puente de Cristal se encuentra dentro del área concesionada a esta Administración Portuaria”, así lo precisó en la solicitud con folio 330001124000056.

La Asipona también reveló que este mirador quedó bajo su administración a partir del 19 de junio pasado, cuando asumió el control del Cerro del Crestón, al recibirlo por parte del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán quien lo tuvo a su cargo desde 2018.  Actualmente, el Mirador ya está certificado, aunque la Asipona no precisó el tipo de certificación, sólo que el mantenimiento también está a su cargo.

Este mirador es una de los atractivos más visitados por el turismo, ya que se ubica en la cima de El Crestón, a unos metros donde se encuentra el segundo faro más alto del mundo, desde ahí se puede observar una panorámica de la ciudad y del Océano Pacífico; subirse por unos momentos cuesta 30 pesos por persona.

¿Cuánto recurso ha generado ese mirador desde que está a cargo de la Asipona Mazatlán?

En un informe sobre ingresos y visitas, reveló que durante el bimestre agosto-septiembre registró la visita de 34 mil personas que pagaron su boleto de 30 pesos. Esto indica que, en esos dos meses, la Asipona recaudó un millón de pesos como ingresos propios que pasaron directo a sus arcas.

¿Cuál es el destino de ese recurso que ha ingresado?, se le cuestión en la solicitud.

“Este recurso se utiliza para el mantenimiento en general del Cerro del Crestón (personal, materiales y servicios generales) con el fin de atender el turismo que visita el puerto”.

Sin embargo, este medio no localizó en páginas oficiales de la Asipona Mazatlán ni en portales de transparencia, algún informe financiero o detallado sobre la rendición de cuentas de ingresos reales del mirador, ni el destino específico del recurso.

El mirador de cristal es una obra que licitó la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en 2017 como parte de un proyecto de rehabilitación del faro durante la administración del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; el proyecto tuvo una inversión de 10.2 millones de pesos de recurso estatal y en 2018 se le invirtieron otros 4.6 millones de pesos para la segunda etapa. En total, se le destinaron 14.8 millones de pesos. Sin embargo, debido a la ampliación del recinto portuario, ni Estado ni el Municipio de Mazatlán tienen injerencia de esa obra.

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¿Qué ha pasado con el Cerro del Crestón?

A cuatro meses de que este espacio pasó a manos de la Asipona Mazatlán, poco se ha informado de manera oficial la situación que guarda este lugar considerado por los mazatlecos como un espacio público símbolo de identidad; en tanto que investigadores locales y nacionales lo han catalogado como una reserva natural que alberga diversidad de especies, algunas en riesgo enlistadas en la NOM-O59-SEMARNAT-2010

Son Playas tuvo acceso a datos públicos sobre la situación de este emblemático lugar, a través de tres solicitudes de información donde la Asipona Mazatlán informó que, a partir de que El Crestón, está a su cargo, han ingresado un total de 56,436 visitantes, de éstos, 34 mil han pagado boleto para subir al mirador.

Sobre programas de conservación de flora y fauna implementados o heredados por el Parque Natural Faro Mazatlán, así como el control de gatos (plaga identificada desde hace años en la zona), la Asipona informó que no tiene proyectos específicos para atender esos temas, sólo que está haciendo estudios sobre “posibles acciones para el control de las plagas” en coordinación con especialistas. Nada concreto.

“Se tiene previsto realizar un programa junto con SEMARNAT para regular e impulsar la protección, restauración y conservación de los recursos naturales y por ende promover servicios ambientales para el beneficio del cerro y sus alrededores”, así lo informó, sin mayores detalles.

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Tirolesa y la defensa del espacio público

La autorización que otorgó el año pasado la Asipona Mazatlán para la construcción de una tirolesa en el Cerro del Crestón a favor de un empresario local, desató la inconformidad de grupos sociales y ambientalistas que consideran el lugar como un espacio público propio y patrimonio biocultural de los mazatlecos; y como una forma de visibilizar su postura, estos grupos fundaron el Colectivo en Defensa del Faro dedicado a promover la recuperación de El Crestón ante el temor de que poco a poco se autoricen más obras particulares que devasten el espacio.

En los últimos meses, este Colectivo ha encabezado manifestaciones en Olas Altas y actividades culturales en otras zonas para exigir alto a la operación de la tirolesa y que El Crestón sea declarado Patrimonio Natural como una forma de protegerlo de más obras privadas o futuras concesiones.

Al respecto, la Gerencia de Comercialización de la ASIPONA Mazatlán, informó a través de una solicitud de transparencia que, hasta agosto pasado, no habían recibido ningún otro proyecto que solicitara permiso o concesión para construir obras turísticas en El Crestón, siendo la tirolesa el único proyecto particular que ha logrado un permiso por los siguientes 20 años.

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Por segundo año consecutivo, las presas del estado inician el ciclo agrícola muy por debajo del 50% de su capacidad. La presencia de La Niña plantea escenarios de escasez de agua en el corto y mediano plazo, advierte experto.

Cuando cerró mayo, en pleno estiaje y con el ciclo agrícola en la etapa de cosecha, las 11 presas de Sinaloa almacenaban en conjunto 1,803 hectómetros cúbicos de agua y estaban apenas al 11.5 por ciento de su capacidad. Cuatro meses después, al 30 de septiembre y con la temporada de lluvias en el espejo retrovisor, el Sistema Nacional de Información del Agua indica que los embalses de Sinaloa operaban al 31.8 por ciento de su capacidad de conservación.

La situación plantea un panorama alarmante. El agua disponible no solo debe garantizar el riego para los cultivos que se establezcan en el ciclo agrícola 2024-2025, sino que también debe asegurar el abasto para consumo humano de los próximos dos años, cuando además no se augura una recuperación en la próxima temporada de lluvias, debido a los fenómenos de La Niña, que ya empezó a manifestarse, y El Niño, que se prevé para verano de 2025.

Los niveles actuales de las presas sugieren que, si no se implementan medidas de conservación y uso eficiente del agua en el ciclo agrícola que acaba de iniciar, se agravará la crisis hídrica en el estado.

La planificación agrícola es un tema de suma relevancia. Considerado el motor económico de Sinaloa, este sector consume el 94 por ciento del agua concesionada de la entidad, por lo que el abanico de cultivos y la superficie a establecerse, deben adaptarse a la disponibilidad de este recurso.

Por primera vez en 10 años, la sequía permanece tras las lluvias

Sinaloa no sólo no ha superado la crisis hídrica, sino que los efectos negativos se están acumulando. Algunas zonas de los municipios de Choix, Culiacán y Elota presentan condiciones de sequía excepcional, la de mayor intensidad, a pesar de que acabamos de pasar por la temporada de lluvias.

Esta es la primera vez, por lo menos desde 2014, según registros del Monitor de Sequía, que el estado tiene regiones que no alcanzaron a recuperarse de la sequía con las precipitaciones pasadas.

En 2023, al 30 de septiembre, todos los municipios de Sinaloa presentaban alguna condición de sequía, sin embargo, ninguno estaba en la etapa más crítica. Hoy, al sumarse otra temporada de lluvias con precipitaciones por debajo del promedio, son 15 municipios afectados por la sequía, pero con Choix, Culiacán y Elota en la fase más grave.

La última ocasión en que el estado estuvo sin zonas con algún nivel de sequía o anormalmente seco, el indicador mínimo, fue el 15 de marzo de 2020, de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional.

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Esta fue la segunda peor temporada de lluvias en 10 años

Los expertos lo advirtieron desde hace varios años. El cambio climático traería para el norte y noroeste de México un aumento en las temperaturas, sequías más frecuentes y prolongadas y menor disponibilidad de agua. Este escenario ya se está cumpliendo en Sinaloa.

De acuerdo con registros de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el promedio “histórico” en el acumulado de precipitaciones es 694 milímetros de junio a septiembre. 

Sin embargo, en este mismo periodo de 2023 llovieron 464 milímetros y, en esta temporada que acaba de terminar, el acumulado fue de 516.2 milímetros. Han sido las peores temporadas de lluvias de los últimos 10 años.

Como consecuencia, el nivel de almacenamiento de las presas no se ha podido recuperar y no ha subido más allá del 32 por ciento en casi dos años. La última vez que los embalses de la entidad estuvieron por lo menos a la mitad de su capacidad fue hace casi 20 meses, cuando al 17 de febrero de 2023 estaban al 50.1 por ciento. Hoy tenemos mucho menos agua.

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Los efectos acumulativos de esta crisis hídrica también se manifiestan con el agravamiento en las condiciones de sequía, como se mencionó anteriormente.

El comportamiento en este año fue insuficiente para aliviar la situación. El reporte mensual de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional indica que el acumulado de precipitaciones en Sinaloa, para junio, fue de 39.5 milímetros. Las lluvias fueron más abundantes en julio, con un acumulado de 149.9 milímetros, sin embargo, fue la segunda cifra más baja para dicho mes desde 2015.

Agosto es el mes en el que históricamente llueve más en Sinaloa. Este año no fue así. El registro de precipitaciones fue de 209.5 milímetros, el tercero más bajo en los últimos 10 años.

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Y aunque septiembre dejó lluvias importantes derivadas del paso de la tormenta Ileana, no se tradujeron en lluvia efectiva, por lo menos eso es lo que indican los escurrimientos a las presas: no fueron significativos.

El registro acumulado de lluvias en dicho mes fue de 117.3 milímetros. En total, durante los cuatro meses de la temporada de lluvias, el acumulado fue de 516.2 milímetros, la segunda más seca en los últimos 10 años, solo mejor que la de 2023 que fue de 464.

La Niña agudizará la crisis hídrica de Sinaloa, alerta experto

El 12 de septiembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado para informar que las condiciones favorecían al desarrollo de La Niña en septiembre-noviembre (71% de probabilidad) y que estas condiciones persistirán hasta el primer trimestre de 2025.

Enrique Morales Acuña, Doctor en Oceanografía costera e investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), explicó que La Niña agudizará la crisis hídrica que sufre Sinaloa.

“Bajo la fase de La Niña, esperaríamos para Sinaloa totalmente sequía”, dijo.

Aclaró que tanto La Niña como El Niño son fenómenos que se manifiestan de distintas maneras, dependiendo la región y la estación. En el caso de La Niña, subrayó que para el centro y el sur de México significa un aumento en las lluvias, pero para el noroeste y el norte se manifiesta en sequía.

“Para un estado que tiene el 32% de agua en las presas, con una actividad económica que consume más del 90%, estaríamos en una situación muy crítica referida a lo que es el recurso hídrico para todos. No sería raro que, si hacen una mala distribución del agua esta vez, estemos en marzo y abril padeciendo nuevamente de escasez de agua”, advirtió.

Morales Acuña agregó que después de La Niña se prevé que habrá una fase neutra muy corta, para dar paso a El Niño, que llegará en pleno verano y prolongará las condiciones de sequía para el estado.

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Adaptarse y gestionar mejor el recurso hídrico

Los fenómenos de La Niña y El Niño ya dejaron de ser eventos anómalos para convertirse en una oscilación perpetua que no se puede detener. Lo que sí se puede hacer para mitigar sus efectos es adaptarse y gestionar de manera eficiente el recurso hídrico, consideró el investigador.

“No se está gestionando bien el recurso hídrico y esa mala toma de decisiones genera sequía para todos y sucede lo que pasó este año”, expuso.

Morales Acuña subrayó que sería necesaria una sinergia entre la ciencia y quienes definen las políticas públicas para que con base en estudios, proyecciones y modelos se tomen las decisiones correctas que ayuden en una mejor gestión del agua.

Plan Hídrico Estatal de Sinaloa, la propuesta de Conselva

Es un hecho que enfrentamos un futuro con menos agua y esto es algo que no podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a esta nueva realidad e implementar los cambios que se necesitan para que el agua alcance.

Esto sólo se puede lograr con la colaboración de gobierno y ciudadanos en torno a las políticas públicas, reglamentos e inversiones estratégicas que deben realizarse para tener la seguridad hídrica que requiere Sinaloa en el corto y mediano plazo.

Las acciones remediales y de corto plazo que se implementen hoy pueden comprometer la disponibilidad del agua a mediano plazo. Por ello, la organización civil Conselva destaca que el agua es un recurso natural que se gestiona de manera integral y a largo plazo, atendiendo estos 4 puntos:

• Proteger y restaurar las cuencas que son el origen del agua y otros servicios ambientales.
• Incrementar la eficiencia en el uso de agua agropecuario
• Administrar de manera eficiente el agua en las ciudades.
• Desarrollar mecanismos financieros que involucren a usuarios y gobiernos.

La abundancia de agua se acabó. Nos espera un futuro con sequías frecuentes y menos agua, que desafiará nuestras capacidades para seguir siendo un Estado productor de alimentos. ¿Seremos capaces de cuidar nuestro principal recurso natural? ¿O lo dejaremos ir como agua entre los dedos? Como dice Conselva, de lo que hagamos hoy, dependerá la seguridad hídrica futura de Sinaloa”.

Para que el agua alcance, es necesario actuar de inmediato. Conselva trabaja con investigadores, gobierno, agricultores, empresarios y comunicadores para, juntos, crear el Plan Hídrico Estatal que promueva una gestión eficiente del recurso hídrico y ponga en marcha soluciones integrales, basadas en la naturaleza, que aseguren el futuro del agua para Sinaloa. 

Este reportaje fue elaborado por Conselva como parte de su serie #EmergenciaAgua

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El paisaje de las playas, la cultura y el malecón son algunos de los atractivos que hacen de Mazatlán un destino tan popular. Sin embargo, las playas no están exentas de sufrir repercusiones por la llegada masiva de visitantes, entre las que destacan la generación de residuos y la contaminación del agua.

Ante este escenario, a nivel nacional han surgido iniciativas para certificar las playas de México bajo la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, como una herramienta para incrementar su promoción nacional e internacional como destinos turísticos, aumentar la competitividad y monitorear su calidad ambiental.

A través de esa regulación técnica de observancia obligatoria, las playas pueden obtener la certificación de Playa limpia (bandera blanca) y ser clasificadas en dos modalidades: para “Uso recreativo”, o “Prioritarios para la conservación de recursos naturales”.

Las playas certificadas de Mazatlán

Mazatlán tiene dos playas certificadas bajo la norma NMX-AA-120-SCFI-2006 y cinco con el distintivo Playa Platino, en este último caso, también se busca ofrecer mejores servicios a las playas con uso recreativo. “Las certificaciones se rectifican cada dos años, pero cada año se hace una visita de supervisión” comenta Luis Fernando Ortiz, Director de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán.

Mazatlán tiene 2 playas con bandera blanca y cinco en la modalidad Platino. Fuente: Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán (AOP).

Distintivo Azul Océano, la nueva certificación municipal

En un esfuerzo por incentivar la protección al medio ambiente, la Operadora y Administradora de Playas emite el Distintivo Azul Océano. Con este nombramiento, se busca reconocer los esfuerzos de empresas comprometidas con la conservación del medio ambiente. Cualquier persona o empresa pueden adoptar un tramo de playa para cuidarla y obtener esta certificación, sin importar la longitud.

• Playa Luna Bonita (adoptada por Grupo Dportenis y Onboard).
• Hotel Emporio Mazatlán
• Hotel Gaviana
• Hotel Luna Palace Oficial

El director de la OAP comentó que aún falta mucho por hacer en el tema de concientización ambiental: “Desafortunadamente, a la gente se le hace bien fácil llevar todo lo que van a consumir a la playa y no retirarlo, dejarlo ahí. Desafortunadamente es una batalla de todos los días”.

Una investigación realizada en 2018 por miembros del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología determinó la presencia de microplásticos en la arena de cinco playas de Mazatlán: Olas altas, El Verde Camacho, Gaviotas, Espíritu y Las Cabras. Los desechos plásticos son de los más abundantes en los ecosistemas.

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Otras formas de ciudado y monitoreo en playas

Desde 2023, la Operadora y Administradora de Playas (OAP), Mazatlán tiene a su cargo el Programa de Protección Permanente a la Tortuga Marina con el que se busca cuidar a las hembras que llegan a desovar, además de proteger los nidos, resguardar los huevos y liberar las crías.

Además de la norma mexicana NMX-120, desde 2013, el Gobierno implementa monitoreos pre-vacacionales para dar a conocer la calidad de agua de las playas de México y para determinar si son aptas para uso recreativo. Este análisis se realiza a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

En diciembre de 2023 Playa Olas Altas presentó niveles altos de concentración de bacterias fecales. En tales condiciones, una playa no puede ser candidata a una certificación porque el contacto directo con agua contaminada pone en riesgo la salud de los visitantes.

Certificación internacional

A nivel internacional, Blue Flag es considerada una de las certificaciones con los más altos estándares. Este programa categoriza las playas que han alcanzado la excelencia en cuatro áreas clave: gestión y el manejo ambiental, seguridad, higiene y calidad del agua, y educación e información ambiental.

La evaluación es realizada por Foundation for Environmental Education (FEE) y se debe renovar cada año. De acuerdo con el sitio oficial del programa Blue Flag, este 2024, México cuenta con 77 playas certificadas y se encuentran en los estados de Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas.

A través de las organizaciones latinoamericanas Pro Playas y CIF Playas, también se han promovido estándares de calidad de playas basados en metodologías que destacan la conservación ambiental para garantizar la estabilidad de la costa y protegerla del riesgo junto a los servicios e infraestructuras. Puedes ver el ranking 2024 en este enlace.

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Por Patricia Ramírez/Causa Natura Media

La industria de la carne tiene claros y oscuros en México. Mientras existe una producción que sitúa al país como el séptimo a nivel mundial, también está ligada a problemáticas como la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y el alto consumo
de agua que emplea hasta 20 mil litros para un kilo de carne.A esto se suma que no existe una legislación federal que regule a la industria cárnica, la cual genera más de 80 mil empleos. Lo que ha contribuido a la venta de carne clandestina, el maltrato y explotación animal, así como problemas de trazabilidad, en los que consumidores ingieren carne de caballo como si fuera res o con riesgo de enfermedades. 

“No existe una ley federal o una ley general que establezca la calidad de la carne que se va a consumir… Si nos vamos a la actividad podemos ver que la industria (cárnica) funciona cuando un productor de ganado que tiene becerros, cerdos, aves o pollos, va con las empresas dedicadas a la engorda para ponerlo a disponibilidad de consumo (de la manera
que prefiere)”, explicó el abogado Gerardo Mata Méndez, asociado en el despacho
Zarate Abogados.

Las leyes en México que contribuyen en la regulación están vinculadas a aspectos de salubridad, de acuerdo con Mata. Una de ellas es la Ley Federal de Sanidad Animal que regula las actividades para diagnosticar y prevenir las enfermedades y plagas que afectan la salud o la vida de los animales en establecimientos como rastros y otros
dedicados al procesamiento de animales.

A éstas se pueden sumar otras como la Ley General de Salud; la Ley Aduanera para los productos que ingresan y salen del país, y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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Rastros clandestinos y algunos certificados

Cada hora, la industria de la carne mata a 1.1 millón de animales en el mundo, de acuerdo con Igualdad Animal, una organización internacional que ha documentado las violencias que viven los animales en rastros de México.

Desde el 2016 la organización ha documentado en investigaciones con visitas a campo que más de 30 rastros en 13 estados del país, como Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, incumplieron la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 que determina los métodos para dar muerte a animales domésticos y silvestres.

Algunas de las principales faltas son: sufrimiento mediante patadas, golpes, arreo con violencia, electroshock, vivir en espacios insalubres, matanza cuando aún están conscientes, entre otras.

Además de evidenciar las condiciones, Igualdad Animal también impulsa iniciativas para reconocer a los animales como seres sintientes y la regulación de la conducta humana para evitar daños y promover el bienestar animal.

En México existe la certificación de tipo Inspección Federal (TIF) que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a las empresas dedicadas al sacrificio y procesamiento de carne, cuyas instalaciones cumplen normas de higiene.

Sin embargo, se trata de sólo un reconocimiento que otorga la dependencia, pero no un requisito de la industria de la carne.

Asimismo, existen rastros clandestinos que dificultan la trazabilidad de la carne, es decir, supervisar e informar sobre el origen del producto hasta que llega al consumidor. Lo que ha contribuido a la proliferación de la sustitución de carne de caballo por carne de res en ciudades como Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México y Pachuca. Una práctica que puede derivar en el desarrollo de enfermedades.

En el 2022, la Secretaría de Agricultura presentó una plataforma tecnológica para rastrear a los bovinos desde su nacimiento hasta el consumo. Ésta iba a incluir información sobre los alimentos y medicamentos que recibiría el animal desde su origen. Incluso la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) informó que trabajaría para que el sector se sume a este esquema.

Pero desde su anuncio no han habido más actualizaciones respecto a este sistema.

“Yo creo que sí podría, pero hay dos caras de la moneda”, señaló el abogado Gerardo Mata al ser cuestionado sobre la posibilidad de implementar más regulaciones directas a la industria de la carne en México.

De acuerdo con Mata, por un lado las regulaciones vigentes permiten que exista una mayor libertad y que el consumo de carne sea accesible a bajos costos, aunque esto puede representar una pérdida en la calidad.

“Si entramos en regulación con un mercado tan libre como el que estamos teniendo en este momento se verían afectadas muchas empresas al no poder cumplir (con algunos estándares) debido al costo”, dijo.

Respecto a las medidas que pueden tomar los consumidores, lo más viable que existe en el país es rastrear a las empresas certificadas o agrupadas en organismos como el Consejo Mexicano de la Carne que buscan elevar sus estándares para mejorar la calidad de sus productos.

*Esta nota fue originalmente publicada en Causa Natura Media. Son Playas replica la información con autorización de dicha organización.

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Diego Barrales Alcalá es uno de esos observadores profesionales. Biólogo especialista en artrópodos, con más de 169 mil seguidores en Twitter @Arachno-Cosas, ha realizado diferentes monitoreos en el área donde se localiza el faro natural más alto del mundo. El más reciente fue entre septiembre y diciembre de 2023.

“Hay mucha información, afortunadamente disponible, respecto a la diversidad presente en el faro, así como en otras partes de Mazatlán. Esta información es abierta, es pública, es información que proviene de diferentes fuentes y realmente es rastreable”, señala Barrales.

Junto con sus avistamientos, de acuerdo con la plataforma iNaturalistmx, en la cuenta del Parque Natural Faro Mazatlán, en el área se han realizado 13 mil 956 observaciones, de mil 226 especies, de las cuales mil 199 se identificaron. Todo esto enriquecido por 613 observadores. El Cerro del Crestón está lleno de vida.

La construcción de una tirolesa en el Cerro del Crestón ha desatado polémicas en las que personajes públicos aseguran que no hay flora ni fauna en el cerro; sumado a que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida por las autoridades señala que en el área donde se realizará la obra no hay flora o fauna a afectar.  

“Uno entiende que algunas veces se nos complica el poder dar crédito de que, en las ciudades, en los entornos urbanos o semiurbanos, puede haber una diversidad enorme. Sin embargo, está ahí”, alerta el investigador.

La consecuencia de no voltear a ver la diversidad presente, especialmente cuando son especies muy pequeñas, es permitir que sean destruidos los lugares donde se está desarrollando.

“Sin embargo, realmente lo que es megadiverso se encuentra en las cosas pequeñas. Por ejemplo, si no tuviéramos a los insectos, difícilmente se podrían polinizar la mayoría de las flores y si no se polinizaran la mayoría de las flores, no podríamos tener toda esta riqueza y esta abundancia de recursos que otros animales utilizan. Por ejemplo, los frutos que se llegan a comer algunas aves, que se llegan a comer algunos reptiles”, ejemplifica.

De izquierda a derecha: Escarabajo tortuga (Deloyala lecontei) y catarinas sin manchas género Cyclonedan, crédito: Diego Bnarrales. Araña tejedora espinosa (Gasteracantha cancriformis), crédito: Jane Hartman/iNaturalist. La imagen inferior corresponde a una araña saltarina (Habronattus aztecanus), crédito: Diego Barrales/iNaturalist.

Y en el Cerro del Crestón está presente todo este ensamblaje de diversidad. Todos los insectos, que son parte de su especialidad pueden ayudar y no solamente como polinizadores, sino también como presa de otros animales.

La intención de una Manifestación de Impacto Ambiental, señala, es que se puedan analizar, caracterizar, todas estas relaciones y también la presencia de especies, cómo es el entorno donde se están desarrollando.

Por el contrario, si la MIA expresa que no existe la vida e incluso “que el cerro está pelón”, cita, obviamente no va a haber ningún tipo de cuestión de mitigación y la creencia será que no pasa nada si se construye o no, si se tira o no.

“Sin embargo, si se reconoce, si abres los ojos, ves lo que está en el Cerro del Crestón, toda esta diversidad de especies, algunas de ellas que están dentro de la norma 059 SEMARNAT-2010, en algún tipo de categoría de riesgo. Entonces se tendría que tener un cuidado muy particular para evitar romper las relaciones, el equilibrio del entorno”, expresa.

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Las primeras afectaciones

El área donde se está trabajando la tirolesa ya muestra afectaciones más allá de lo que su edificación representa. Fotografías muestran cómo se está desechando el cascajo hacia el acantilado, sobre los árboles y arbustos que están fuera del espacio de construcción.

“Están rompiendo el equilibrio, dañando a la flora, a la fauna del lugar. Obviamente es una autoridad que no ve o que no reconoce que existe la diversidad presente en un sitio, poco va a hacer para protegerlo”, señala Barrales.

En esas imágenes también se ve cómo los trabajadores están laborando sin casco, sin líneas de vida, pese a encontrarse en un acantilado.

“Yo me imagino que esa seguridad e higiene debería llamar la atención a la Secretaría de Trabajo. Otra cosa que está ausente es los baños, no hay baños, no hay letrinas allá arriba. Entonces yo imagino que los trabajadores tienen que hacer sus necesidades en el acantilado”, señala.

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«Volteen a ver al Cerro del Crestón»

Diego Barrales hace un llamado a las personas responsables de la obra, a las autoridades y a los mazatlecos.

“Vale la pena que volteen a ver, tanto las personas encargadas de la obra como las personas que han aportado los permisos, pero también especialmente toda la sociedad, volteen a ver lo que está presente”, invita.

El Cerro del Crestón es mucho más que el sendero por el que pasan miles de personas, destaca.

“Muchas veces subimos el faro, vamos a hacer ejercicio, vemos las increíbles panorámicas que nos da en la punta, pero poco nos detenemos a ver qué es lo que está ahí presente”, detalla.

Ese camino marcado es pequeño, el cerro es mucho más grande.

“Por ejemplo, hay personas que saben que hay una cueva en la parte posterior, por así decirlo, pero posiblemente muy pocas sepan que ahí vive una colonia de murciélagos y eso es porque no tenemos acceso a ese tipo de lugares”, comparte.

Fuera del sendero, hay una gran cantidad de espacio donde la gente no transita, pero está lleno de vida, de árboles, arbustos, flores, plantas medicinales, animales, insectos.

“Todo esto forma parte de la riqueza de la sociedad mazatleca, esto forma parte de lo que es la cultura en Mazatlán. Eso también es cultura y si no lo protegemos, pues estamos perdiendo algo muy importante para la sociedad. Que la gente sepa que eso de que el cerro está pelón y que no hay vida, no es cierto”, finaliza.

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Ejidatarios de la Isla de la Piedra denunciaron que la Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Mazatlán, pretende despojarlos de su línea de costa para construir muelles y patios de maniobra como parte de la ampliación del recinto portuario que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 27 de julio de 2023.

La ampliación y delimitación del recinto portuario que le fue asignado a la Asipona para su administración abarca un polígono de 10 millones 413 mil 980 metros cuadrados. El perímetro se extiede desde la Isla de Chivos hacia el interior del canal de navegación incluyendo la zona de maglar de la Isla de la Piedra y el Cerro del Crestón, según se determina en las coordenadas que se incluyen en ese documento público.

Esa ampliación y delimitación es producto de un acuerdo entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que entró en vigor el 28 de julio del año pasado.

Los ejidatarios manifestaron que fue el propio director general de la Asipona Mazatlán, el Almirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, quien les informó que esa dependencia paraestatal ya tiene bajo su administración los predios ejidales que colindan con el citado polígono para el desarrollo de proyectos de infraestructura que favorecerán el movimiento de carga marítima.

En su defensa, el Ejido presentó un juicio de amparo logrando la suspensión total de los actos de autoridad; sin embargo, han tenido que volver a ampararse en tres ocasiones más debido a que la autoridad portuaria ha violentado sus derechos al incursionar en su demarcación, según confirmó la abogada Evelia Peña Sánchez, quien también es ejidataria.

Los afectados señalaron que la Ley Agraria reconoce en su artículo 9 que los ejidos «tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas». En este caso, el Ejido Isla de la Piedra se creó en 1936 con una dotación que incluye playas, esteros e Isla de Chivos, por lo que no son de ingerencia de ninguna autoridad federal.

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La postura del Ejido de la Isla de la Piedra

Ante lo que consideran un intento de despojo y por la reincidencia en la violación de sus derechos por parte de la autoridad portuaria, el Ejido se ha opuesto a que la Asipona utilice sus calles para el paso de camiones de carga que pretenden llevar materiales hasta la Isla de Chivos para fabricar ahí mismo los bloques de hormigón que se usarán para reforzar la escollera. Como alternativa, sugieren que se trabaje en la explanada del Cerro del Crestón y que desde ese punto se trasladen las estructuras que reforzarán el muro.

Por esa razón, y por el daño que el tránsito de camiones pesados puede provocar en las vialidades de ese asentamiento, el jueves pasado se impidió la permanencia de dos unidades de carga que ya se encontraban el área señalada, explicó Peña Sánchez.

Sobre este hecho en particular, Quel Galván Pelayo, empresario constructor que ganó la licitación de la obra, aclaró que el reforzamiento de la escollera no tiene nada que ver con la ampliación del puerto y que se trata de dos asuntos diferentes; también aseguró que técnica y presupuestariamente no es posible realizar el trabajo como sugieren los ejidatarios.

Aparte, hombres y mujeres del Ejido Isla de la Piedra declararon a Son Playas que tienen conocimiento de que la ampliación del recinto portuario implicaría rellenos en la zona de manglar de esa demarcación para la instalación de una dársena destinada al fondeo, carga y descarga de embarcaciones, entre otras obras de infraestructura que han sido impulsadas en la ultima década para incrementar y fomentar el movimiento de carga en el Corredor Económico del Norte, el Este de Estados Unidos y Asia.

«Toda la zona de manglar se convertirá en plataformas de concreto», señaló uno de los inconformes.

La tala de mangle ya inició con la adjudicación irregular de predios por parte de particulares. Cientos de metros cuadrados han sido deforestados no obstante a que la especie se encuentra protegida por la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. El delito fue denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 6 de julio de 2023, señalaron.

Piden apoyo de la población

Ejidatarios que solicitaron el anonimato, aseguraron que autoridades estatales y municipales han intentado disuadirlos para que acepten la incursión de la Asipona en sus predios a cambio de obras y servicios públicos como alumbrado y drenaje a los que ya tienen derecho y no deberían condicionarse. Por otra parte, se ha identificado a particulares que de forma arbitraria se han adjudicado predios.

Advirtieron que defenderán su autonomía y sus predios a través de dos vías: la legal y la movilización social, por lo que hicieron un llamado a la población de Mazatlán a sumarse a sus acciones de defensa de ese nucleo ejidal y otros espacios comunes. De manera especial, exhortaron a todos los ejidos del municipio que se han visto asediados por intereses económicos sobre sus riquezas naturales, ya sea para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o para la extracción de materiales.

Incluso las islas de Chivos y de la Piedra han sido explotadas anteriormente con la extracción de materiales pétreos para la construcción y reforzamiento de escolleras, lo cual ya no volverán a tolerar, advirtieron.

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