El proyecto «Central de Ciclo Combinado» fue anunciado en marzo pasado por el Gobierno federal como parte del Plan de Expansión de la Generación 2025-2030 que incluirá 12 obras estratégicas, entre ellas, cuatro de nuevos ciclos combinados en Salamanca, Tula, Altamira y Mazatlán, éstas funcionarán con gas natural, un combustible bajo en emisiones con una vida útil de 30 años.

En la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya se encuentra disponible el proyecto bajo la categoría UDT Modalidad B, que se trata de un cambio de uso de suelo forestal para obtener la autorización en materia de impacto ambiental. El documento apenas ingresó el pasado 11 de julio y se encuentra en análisis para el resolutivo.

Uno de los objetivos es abastecer la creciente demanda de energía eléctrica en la región Noroeste y mejorar el servicio. Y aunque apenas inició el proceso de obra, desde hace más de una década, la CFE ya había anunciado esta reconversión en Mazatlán en distintos espacios a los sectores productivos; apenas la está concretando.

La nueva infraestructura se encargará de generar la energía, sin embargo, la CFE aprovechará las instalaciones de la actual planta termoeléctrica, tal es el caso de la subestación eléctrica Mazatlán Dos, su canal para la toma del agua y parte del camino de acceso.

La superficie total del proyecto se estima en 11.6 hectáreas y de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán este espacio se encuentra clasificado como área industrial logística.

Características

La Central de Ciclo Combinado que se asentará en la zona sur de Mazatlán, consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica tipo dual que funcionará con gas natural como combustible principal y diésel como el combustible alterno, considerando turbinas de gas y vapor con tecnología de punta, según se indica en el citado documento.

Con esta obra, la CFE promete disminuir a cero la generación de toneladas de azufre y de particulas inhalables por el ser humano (PM10) que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, especialmente en las vías respiratorias.

Actualmente, la planta termoeléctrica «José Aceves Pozos», descarga al medio ambiente 48 mil 533 toneladas de azufre al año y 2 mil 200 partículas PM10 provenientes de la quema de combustóleo en sus instalaciones.

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Es importante destacar que, desde su fundación en 1976, la termoeléctrica ha trabajado principalmente con combustóleo, un combustible derivado del petróleo que al ser utilizado para generar calor libera gases contaminantes de efecto invernadero como el azufre. Además, la planta utiliza el agua del estero para enfriar la maquinaria y luego la regresa al humedal provocando contaminación térmica, tal como lo han documentado académicos, ambientalistas y periodistas.

Apenas en 2016, la CFE puso en marcha un ciclo de combinación dual sólo en una de sus tres unidades reduciendo un poco los contaminantes, por lo que la nueva obra de ciclo combinado significa la transición total a energías más limpias. No obstante, el gas natural también es un recurso no renovable cuyos métodos de extracción, como el fracking, pueden llegar a generar contaminación, según han documentado diversas organizaciones ambientalistas.

El combustible base será gas natural con un consumo estimado de 90.52 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en tanto que el uso de diésel será de unos 91.22 metros cúbicos por hora.

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Esta Central de Ciclo Combinado se construirá en la calle Estero La Siena /N, a un costado de la actual termoeléctrica, en las inmediaciones del estero de Urías, uno de los pocos humedales de la ciudad y, paradójicamente, un polígono con altos índices de contaminación por residuos sólidos urbanos y descargas de lixiviados que le llegan del basurón municipal que opera a cielo abierto desde hace más de tres décadas. Incluso, la CFE documentó la situación en la integración de los estudios previos.

“Mediante recorridos directos en algunas partes del estero de Urías se observó que construcciones, basura, vertido de escombros entre otras acciones que la población utiliza para para desecar este ecosistema y aprovechar la superficie para sus beneficios”, así lo precisó en su diagnóstico.

Los efectos ambientales

La CFE reconoce que durante el desarrollo del proyecto generará una serie de afectaciones ambientales en el aire, agua y suelo; flora y fauna silvestre; paisaje y servicios ambientales, lo que también implica repercusiones negativas sociales y económicas en la zona circundante, siendo necesario la implementación de una serie de medidas de prevención, mitigación y compensación. Por ello se compromete a implementar un Programa de Manejo Ambiental, el cual se integró con siete subprogramas específicos como medidas de prevención y mitigación en el entorno natural.

Su compromiso, además, es instalar una red de Monitoreo de Calidad de Aire compuesto por dos casetas móviles para medición de variables meteorológicas y los niveles de contaminantes.

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Compromisos de la CFE

La obra de la Central de Ciclo Combinado contempla 36 meses de obra hasta la puesta en marcha, el primer semestre será destinado a la preparación del terreno y los últimos dos para abandonar el sitio, de ser necesario. Entre las fortalezas, la CFE destaca que el uso de un aerocondensador minimizará el consumo de agua al ser un sistema de enfriamiento seco, lo que reduce el uso de agua de proceso en beneficio del ambiente.

También se informa que las nuevas instalaciones utilizarán la Descarga Cero, un sistema que reduce totalmente las partículas contaminantes, cumpliendo con el marco legal ambiental, pero también, de manera implícita, con la deuda histórica de la contaminación que por años la termoeléctrica arrojó al estero.

En el proyecto se precisa que la central contará con un equipo evaporador cristalizador que evitará la generación de descargas en plantas de tratamiento o cuerpos de agua como el estero de Urías y que no se considera la descarga de salmuera, puesto que la tecnología utilizará filtros multimedia, auto limpiantes y desinfección.

Reitera que ya no habrá descargas al humedal costero; pero sí se pretende utilizar agua de estero para su proceso de generación de energía eléctrica, la cual, será tratada y reusada evitando su incorporación al espacio natural.

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La playa Pinitos, una de las más emblemáticas y concurridas de Mazatlán, resultó la más contaminada por enterococos de Sinaloa, así lo publicó la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en los resultados del estudio de calidad de agua de mar verano 2025. Incluso, se encuentra cerca de rebasar los límites permitidos para uso recreativo.

En su portal oficial, donde concentra el monitoreo de 289 destinos de playa en México, la Cofepris informó que las muestra en Mazatlán se realizaron entre el 27 de junio y el 3 de julio. Los resultados arrojaron que Pinitos alcanzó 156 NMP de enterococos/100 ml donde el límite es 200, aunque se encuentra apta para bañistas, estos resultados la ubican como la playa más contaminada de las 22 monitoreadas en el Estado.

Sin embargo, apenas en el monitoreo de Semana Santa, en abril pasado, sus resultados fueron 13 NMP/100 ml, mucho más bajos que los actuales.

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El resultado de la calidad del agua de mar obtenido este verano en Pinitos también es el más elevado que ha registrado en los últimos cuatro años, ya que los datos históricos indican que en 2024 el monitoreo arrojó 52 NMP enterococos/100 ml; en 2023 llegó a 79 y en 2022 apenas 27, esto en el mismo periodo vacacional para verano.

Los enterococos son bacterias que provienen de heces humanas o de animales, son resistentes a tratamientos médicos y representan un riesgo en la salud pública.

Este informe de Cofepris enciende alerta sobre el cuidado de Pinitos; más allá de significar un símbolo de identidad, es un espacio público que comienza a promoverse como sede de eventos deportivos de impacto internacional, ya que en mayo pasado aquí se celebró el Mexi Log Fest, un encuentro de surf que concentró a más de 100 deportistas de 30 países, lo que obligará a las autoridades a mayor vigilancia y regulación de la zona.

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Pinitos no es la única playa de Mazatlán que merece atención, Olas Altas también resultó con incremento notable de contaminantes con relación al monitoreo pasado, esta vez registró 89 NMP enterococos/100 ml, siendo que, en el periodo de Semana Santa, apenas registró 19 NMP/100.

Las otras 10 playas con monitoreo de agua de mar fueron Playa Cerritos; Playa Zona Dorada I, III, IV y VI; Isla Venado, Playa del Mar, Playar Norte, Isla de la Piedra, Isla de Chivo, todas se encuentran aptas para uso recreativo y ninguna rebasa los 65 NMP enterococos / 100 ml. Aún así, se encuentran por encima de la cantidad de contaminantes detectados en el resto de las playas monitoreadas en Altata, Ahome, Culiacán y Escuinapa.

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Desde 2003, la Cofepris en coordinación con otras instituciones federales de salud pública y medio ambiente realiza monitoreos de calidad de agua en 17 destinos de playa. El objetivo es brindar información a la ciudadanía sobre la calidad del agua en los destinos turísticos en temporada vacacional y, en caso necesario, tomar medidas sanitarias.En ese contexto, la Secretaría de Salud consideró el límite máximo de presencia de enterococos de 200NMP/100 ml para considerar una playa para uso recreativo, un límite que Playa Pinitos está a punto de rebasar.

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La empresa con sede en el Estado de México, ingresó en marzo pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad particular para la autorización federal del proyecto en el tema de medio ambiente; esta planta tendrá su sede en la Avenida del Torro, del fraccionamiento Santa Fe, al sur del puerto.

Los detalles de este nuevo proyecto están disponibles en la Gaceta Ecológica de Semarnat, ahí PetStat informa que ya se encuentra operando la zona desde septiembre del año pasado, sin embargo, espera el resolutivo para arrancar el proyecto de lo que será la primera obra similar en Mazatlán y en Sinaloa.

En su informe destaca que, desde abril de 2024, comenzó las gestiones municipales y el trámite de permisos, ya tiene autorizado el dictamen de uso de suelo, el programa interno de Protección Civil y lo correspondientes ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; así como los permisos federales sobre el dictamen eléctrico.

Esta obra estima una inversión privada de 39 millones de pesos y su proceso incluye el acopio, segregado y compactación de material; su meta es recibir residuos de manejo especial por 7,200 toneladas al año, esto equivale a 600 toneladas al mes, lo mismo que 20 toneladas cada día. Todo indica que será un centro de acopio regional, pues ha considerado influencia de otros estados.

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Para que no lleguen al mar

En la descripción general del proyecto, PetStar expone que su instalación en Mazatlán responde a “una necesidad alarmante y creciente en generación de residuos plásticos, considerando la actividad de comercio popular de la región y su aproximación al mar”, destaca que esta planta contribuirá a la reducción de contaminantes PET en cuerpos de agua con estrategias alineadas a las políticas ambientales de desarrollo productivo de Sinaloa correspondiente a la Agenda 2030 de la ONU. De esta manera se compromete con promover la economía circular, el reciclaje y la generación de empleos en la gestión de residuos, contribuyendo en la calidad ambiental y al desarrollo económico de la región.

El proceso de la planta, describe, se basará en la compra de plástico (PET)  de todo tipo a pequeños socios acopiadores locales y estados aledaños quienes realizarán la labor de acumular la mayor cantidad y vendérselas después; una vez que el socio acopiador solicite el retiro del plástico de su bodega, PetStart enviará transporte para el traslado del material hasta el área de segregado; después un trabajador, con apoyo de una banda transportadora, separará el plástico por color y tipo, de ahí pasará al área de compactado para armar pacas y enviarlas vía terrestre a la planta de reciclado en Toluca, donde tienen su sede de reciclaje.

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El PET (polietileno tereftalato)del que se encargarán en este acopio, es un termoplástico conocido por su alta resistencia a impactos y a productos químicos, propiedades que lo hacen uno de los polímeros más abundantes dentro de la industria; es considerado un contaminante debido a su impacto ambiental, ya que no es degradable. De acuerdo con datos de la Unión Europea, los plásticos representa más del 80% de los desechos encontrados en ambientes marinos.

Actualmente en Mazatlán el tonelaje diario de recolección de residuos sólidos es de unas 700 toneladas, donde el 15 por ciento corresponde a plásticos de un sólo uso, lo que equivale a 105 toneladas cada 24 horas, de acuerdo con datos del Ayuntamiento de Mazatlán.

En la información disponible en su sitio web, PetStar se promueve como una empresa que impulsa la cadena de reciclaje en México, al beneficiar a más de 30 mil pepenadores y recuperadores urbanos de residuos con un modelo de acopio inclusivo que impulsa la movilidad social. Es así como cada año recicla más de 33 mil millones de botellas de PET.

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Este 2025 se recolectaron 1,100 toneladas de desechos sólo en zonas turísticas, el doble de residuos extra generados el año pasado en la misma temporada. Esta cantidad también supera el tonelaje de desechos reportados por la autoridad municipal en los cuatro años anteriores.

De acuerdo con un boletín del Gobierno de Mazatlán, la basura de este año se concentró en los puntos de Cerritos, Zona Dorada, Avenida del Mar y Olas Altas, principalmente entre el jueves 14 y el sábado 16 de abril, justo ahí fue necesario reforzar el servicio; también informó que los principales desechos recogidos fueron envolturas de plástico, PET, utensilios de un sólo uso y vidrio.

El informe de la autoridad revela que, Mazatlán genera unas 700 tonelada de basura como máximo en un solo día sin turismo, sin embargo, en Semana Santa con alta afluencia de visitantes alcanzó un promedio de 850 toneladas cada 24 horas; en total 6,800 toneladas sólo del 13 al 20 de abril.

Del total de la basura generada este año, 1,100 toneladas fueron recolectadas únicamente en zonas turísticas, esto equivale a más del doble de los desechos recogidos en 2024 que fueron 514 toneladas donde las playas identificadas como las más sucias fueron las que colindan con el Monumento al Pescador, Playa Norte, Playa Camarón Sábalo y Playas Brujas.

Esta es la basura “extra” generada en los últimos 5 años durante Semana Santa

De acuerdo con datos históricos que Son Playas ha solicitado por Transparencia sobre la basura extra generada en la ciudad durante Semana Santa, el registro es que en 2023 se recolectaron 260 toneladas de basura extra en la ciudad; en 2022 fueron 155, y en 2021 apenas llegó a 53 toneladas, aunque  todavía en contexto de pandemia.

Lo anterior confirma que, en los últimos cinco años, este 2025 la basura extra generada por el turismo también superó todo el tonelaje de desechos generado en los cuatro años anteriores, ya que esta vez se recolectaron mil 100 toneladas en zonas turísticas, pero del 2021 a 2024 sumaron 982 toneladas.

Fuente: Ayuntamiento de Mazatlán.

En un día regular, en Mazatlán se recolectan 10 toneladas de basura en puntos turísticos, de acuerdo con el informe del Gobierno de Mazatlán, sin embargo, esta Semana Santa, el promedio alcanzó 137.5 toneladas de desechos sólidos por día, lo que generó el total de 1,100 toneladas. Es importante destacar que todos los desechos extra, a falta de un relleno sanitario, se aterran igual en el basurón municipal.

Son Playas confirmó que zonas como la llamada “Letras de Mazatlán”, en la intersección de las avenidas del Mar y Rafael Buelna, fue punto clave para la concentración de miles de visitantes convirtiéndose todos los días en punto generador de desechos y debido a la insuficiencia de contenedores mucha de esta basura terminó tirada en las calles a unos metros de la playa.

Basura, la otra «derrama» de la actividad turística | Son Playas

No se aplicaron sanciones por arrojar basura

Aunque arrojar basura en la vía pública y en las playas es una falta establecida en el Artículo 12 del Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del Municipio de Mazatlán correspondiente a la Higiene y Salud Pública, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no aplicó ninguna sanción por esa falta, ésta implica una multa de 678 pesos mínimo hasta 1,130 pesos máximo, así lo confirmó la dependencia a través de una solicitud de información.

La estrategia institucional implementada por la autoridad municipal en Semana Santa para reducir los desechos en la ciudad se limitó a llamados o mensajes oficiales “amigables” igual que en otros periodos. El resultado fue el doble de basura genera por miles de visitantes con relación al año pasado. Sin embargo, es importante destacar los esfuerzos ciudadanos, ya que organizaciones ambientales promovieron y participaron en jornadas de limpieza de playas; a esto se sumó la Operadora y Administradora de Playa, que con el apoyo de estudiantes de diversas instituciones educativas de la localidad realizó recorridos de limpieza y concientización en las playas, aunque al final, los desechos persistieron.

Este ha sido el periodo con mayor generación de basura «turística» de los últimos años en Mazatlán | Son Playas

Las otras estadísticas

Mientras la concentración de basura turística incrementó por mucho en esta temporada, las autoridades municipales destacaron sus otros datos, los económicos, al informar una derrama para Mazatlán superior a los mil 400 millones de pesos, ocupación hotelera de 91 por ciento y un promedio de 600 mil visitantes en la ciudad, es decir, en ese periodo Mazatlán duplicó su población, ya que el Municipio tiene poco más de 501 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI.

A nivel estatal, Sinaloa registró la vista de 2.4 millones de personas que dejaron una derrama económica de 3,200 millones de pesos, de acuerdo con informes públicos de la Secretaría de Turismo del Estado; además el puerto estuvo blindado con más de 3 mil elementos de seguridad distribuidos principalmente en zonas de alta concentración de visitantes.

En ese contexto, la basura se quedó en la ciudad como la otra gran derrama.

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En el caso de Mazatlán, este Comité se integró en noviembre de 2015 con el mismo objetivo general de atender y revertir la erosión de playas, ya que los efectos del calentamiento global y remanentes de los últimos huracanes habían agravado la situación, particularmente en las zonas de Olas Altas, Avenida del Mar, Cerritos y Playa Norte, incluso, en ésta última, una construcción en abandono había colapsado debido al impacto de las olas; también había registros de daños graves en Las Glorias, Guasave.

Sin embargo, hoy, una década después del anuncio de aquella estrategia, la realidad es otra: no existe ninguna evidencia pública del trabajo ni de las acciones de estos comités en Sinaloa y me centraré en el caso Mazatlán donde pude confirmar, con datos oficiales, que nada se sabe de ese proyecto aquí, en una de las zonas costeras más importantes del Estado.

El lavado de manos…

Para empezar, se entiende erosión costera como un proceso gradual de desgaste, desplazamiento y pérdida de material en las costas debido a la acción combinada de factores naturales y humanos; las fuerzas del mar, como las olas, las mareas y corrientes son los principales agentes y su impacto directo es al medio ambiente, a la biodiversidad y a los seres humanos. Este fenómeno tiene consecuencias, las principales son la degradación de vegetación; agotamiento y pérdida de suelos fértiles productivos, pérdida de biodiversidad, inundaciones o efectos sobre recursos hídricos, de acuerdo con publicaciones de medios especializados y autoridades ambientales.

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Les cuento cómo llegué a este tema: a finales del año pasado encontré en mi computadora una carpeta con información de 2015, de entrada pensé en eliminar todo, pero me detuve a revisar si había alguna fotografía familiar que quisiera conservar, porque confieso que no  tengo muchas, así que pensé que podía haber algo; en esa carpeta encontré notas informativas que, por cierto, todavía no sé por qué las tenía guardadas, pero ahí estaban, y una que había escrito para un periódico local trataba sobre un Comité para el manejo sustentable de la zona marítimo terrestre de Mazatlán.

Lo primero que pensé es ¿qué ha pasado con ese Comité a diez años de distancia?, porque sinceramente no recordaba nada sobre eso.

Así comencé a buscar más información y encontré que se habían integrado 10 en municipios costeros del Estado y que la Semarnat delegación Sinaloa (siendo delegado, el ex alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez) había informado que también se integraría uno estatal. En ese momento empecé a rastrear y con esos datos de antecedente identifiqué a las autoridades clave implicadas en los comités: ayuntamientos, las secretarías de Turismo y de Desarrollo Social del Estado, Protección Civil, Semarnat y regidores en turno. 

Lo siguiente fue solicitar información por transparencia a esas autoridades como sujetos obligados implicados y con responsabilidad de mantener información pública histórica archivada; así fue mandé las petición de información al Ayuntamiento de Mazatlán donde le solicité todo lo relacionado con la integración de su Comité para el manejo sustentable de la zona marítimo terrestre municipal, copia digital de las actas de sesiones de trabajo, relación de las acciones y/o proyectos implementados desde su integración; el trabajo en colaboración con el resto de los comités, su relación con el Comité Estatal y el status actual de dicho Comité.

Las respuestas fueron contundentes.

El Ayuntamiento de Mazatlán respondió que, ese tema, es federal y no había nada en sus archivos; la Operadora y Administradora de Playas -en el caso de que tuviera información de archivo- me notificó que esa información era inexistente, tampoco tenían nada.

Respuesta del Ayuntamiento a través de la solicitud con folio 25048560020525

Por su parte, la Coordinación estatal de Protección Civil y la Secretaría de Turismo del Estado respondieron a la misma petición de información que, en sus archivos históricos, no localizaron nada sobre el comité en Mazatlán, ni de los otros municipios costeros;  al respecto, la Secretaría de Bienestar del Gobierno estatal respondió que esa información probablemente la tendría la Semarnat y se declaró sujeto obligado incompetente, ya que en sus facultades -las señaló todas- no estaba atender este tema.

La misma solicitud de información la envíe a la Conagua y en su respuesta se declaró incompetente también y me remitió con el Ayuntamiento de Mazatlán y con su Operadora y Administradora de Playas, se deslindó. Por su parte, la Senarmat como autoridad clave respondió que “no se encontró expediente” sobre dicho Comité en Mazatlán; al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) respondió que no comprendió mi petición de información y pidió aclarar con más detalle a qué comités me refería.  

Es importante agregar que, durante la búsqueda de información en medios digitales, encontré que estos comités, también los integraron representantes de la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y representantes de la sociedad civil, es decir, muchas otras autoridades están o estuvieron implicadas en este proyecto del que hoy no existe evidencia de trabajo, pero sí registros de que fueron integrados. ¿Qué pasó entonces con esos comités?

Respuesta de la Secretaría de Turismo del Estado sobre su participación en la integración del Comité para el manejo sustentable de la zona marítimo terrestre de Mazatlán. Solicitud con folio 251160100001025.

Fue simulación

Después de recibir toda la información oficial y de una investigación que implicó etnografía digital, tengo dos hipótesis muy claras: La primera es que la integración de esos comités fue una absoluta simulación institucional y la segunda que se trató de un proyecto bien intencionado que fracasó por falta de planeación, estrategia, seguimiento y voluntad política. Sin embargo, me quedo con la primera, que todo se trató de una simulación para responder a la problemática de la erosión y daños costeros que, en ese momento, era muy visible y cada vez más cuestionado por grupos sociales, investigadores y académicos.

Por lo anterior, no tengo duda que este proyecto de integrar comités municipales para el manejo sustentable de la zona marítimo terrestre se trató de una estrategia política para contener el tema y las voces ciudadanas, particularmente en Mazatlán y ¿por qué en Mazatlán?, porque ya se proyectaba como la gallina de los huevos de oro con el crecimiento acelerado de nuevos desarrollos inmobiliarios con fines turísticos en la franja costera, en zona federal marítimo terrestre, por encima de nuestros recursos naturales.

¿Qué más estaba pasando en 2015?, Mazatlán se beneficiaba como nunca antes por el incremento acelerado de turismo y una expansión urbana creciente a consecuencia de la recién apertura de la súper carretera Mazatlán-Durango, de esta manera, un proyecto de Gobierno orientado a cuidar y proteger playas y costas -mientras se planeaban construcciones en esa zona- resultaba conveniente para la autoridad.

Apunte: En ese contexto, Mario López Valdez, era gobernador de Sinaloa; y Carlos Felton González, alcalde de Mazatlán.

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Ángel García Contreras, director de la paramunicipal, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado, aseguró que el tema ya fue expuesto ante los regidores y regidoras que integran la Comisión de Ordenamiento de Playas y Zonas Turísticas del Cabildo; el reto es trabajar en la formulación y ajustes de la iniciativa para que sea aprobada por el pleno este año.

El objetivo, explicó, es evitar que las nuevas construcciones que abarquen zona federal y municipal obstruyan el acceso a las playas con cualquier tipo de obra y los privaticen. La medida busca garantizar que los particulares no impongan a la sociedad civil restricciones bajo el argumento de que se trata de una obra privada.

En ese contexto, García Contreras aseguró que el Gobierno de Mazatlán como todos los ayuntamientos, está obligado a garantizar que esos corredores se mantengan abiertos.

“Así están construidas varias plazas que nos están dando el permiso de buena onda, pero no está en el dictamen, en el acuerdo, como es Plaza Pacífico que ahorita está en proceso porque están haciendo una obra y esperemos no cierren ahí. Esto es para garantizar los accesos colindantes y para que las obras que se autoricen por el Ayuntamiento cumplan con la Ley General de Bienes Nacionales porque se están dando permisos y licencias de construcción colindantes con la zona federal marítimo terrestre que no garantizan el cumplimiento de una Ley superior porque un Reglamento municipal no puede estar por encima de la Ley General de Bienes Nacionales que manda en el Artículo 8 que los particulares están obligados a garantizar el acceso público, entonces llega un particular, como sucedió con la torre Tower, en la pasada administración, pide un permiso de construcción, es particular y le das el permiso sin condicionar el acceso”, sostuvo.

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Lo anterior debido a que el año pasado se reportaron al menos tres casos de cierres de accesos de playa que suscitaron manifestaciones de descontento por parte de la población al considerar que la obstrucción es un acto ilegal que atenta contra el tránsito de locales y turistas.

En septiembre, por ejemplo, un grupo de vecinos derribó el muro que mantenía cerrado el paso en el sector Sábalo Cerritos donde se ubica la torre Pearl Tower; un mes después, los propietarios particulares clausuraron definitivamente el acceso. Ese mismo mes, un grupo de ciudadanos se manifestó en el acceso de Playa Gaviotas, luego de que el paso fue cerrado por un particular, incluso, los inconformes abrieron dos cercas de alambre para entrar a la playa en un acto de recuperación del espacio público. En ambos casos, el Municipio confirmó que se trató de obras privadas donde los propietarios aludieron a sus permisos y cerraron por su cuenta.

En noviembre pasado, otro grupo de inconformes derribó la malla metálica que otro particular colocó en uno de los accesos tradicionales de Playa Camarón, en donde posteriormente se instaló un contenedor para obstruir el paso.

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Analizan propuesta de modificación al Reglamento de Construcción

Actualmente, el Reglamento de Construcción del municipio de Mazatlán no considera en ninguno de sus artículos obligatoriedad para que los particulares garanticen los accesos libres a la playa a cualquier ciudadano en proyectos privados, por ello, García Contreras considera importante que, desde la normativa local, se condicionen los permisos para nuevas edificaciones en zonas que comprometan área municipal y federal marítimo terrestre. De concretarse, la reforma representaría un «candado» importante para evitar que futuros desarrollos inmobiliarios en la franja costera privaticen los accesos.

Esta propuesta, dijo, ya está en proceso de análisis en la Comisión de Ordenamiento de Playas y Zonas Turísticas del Cabildo de Mazatlán, una comisión transitoria encargada de atender las nuevas dinámicas y necesidades del crecimiento de la ciudad. El proceso que debe seguir para concretarse es que, una vez modificada y ajustada como propuesta, esa Comisión la presente en una sesión de Cabildo para su aprobación y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo que entraría en vigor al día siguiente.

¿Entonces, sí es posible desde el Reglamento de Construcción condicionar que se mantengan abiertos los accesos a la playa aludiendo a Ley de Bienes Nacionales?

“Sí, además es una responsabilidad constitucional de los ayuntamientos hacer cumplir y coadyubar al cumplimiento de las leyes generales. Entonces, no puede estar un Reglamento municipal en contra del espíritu y el mandato de una Ley superior, que es la Ley Nacional. Queremos que esté en el primer semestre, por lo menos que se realice todo el proceso, vamos avanzar lo más posible, estamos trabajando en eso”.

El funcionario reconoció que, precisamente, los vacíos legales que existen en la normativas locales y federales propician la anarquía en la zona federal marítimo terrestre.

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El único Reglamento destinado a regular, desde lo municipal, el uso de las playas y la zona federal marítima y terrestre contigua a Mazatlán fue desechado por incumplir el debido proceso para su publicación y vigencia. El documento con fecha octubre de 2020 estaba diseñado para implementarse a través de la Operadora y Administradora de Playas (OAP).

Mediane una solicitud de información Son Playas obtuvo copia de dicho Reglamento, éste consta de 71 artículos base y cinco transitorios y aparece para su firma el nombre de Jorge Olegario Contreras Núñez, ex titular de la paramunicipal en ese periodo.

El documento facultaba a la OAP a contribuir en el control de permisos para vendedores y servicios turísticos; aplicación de nuevas reglas para el cuidado y conservación de playas y sanciones por incumplimiento que contemplaban desde trabajo social hasta arresto el por 36 horas.

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Los obligan a entregar el Reglamento

La copia de dicho Reglamento lo entregó la paramunicipal el mes pasado obligada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), ya que en el recurso de revisión RRAI611/24-2 instruyó a que entregara la copia digital, puesto que entre mayo y septiembre del año pasado lo negó dos ocasiones; en la primera solicitud de información la OAP argumentó que ese reglamento estaba en revisión por la Semarnat; y en la segunda informó que no lo podía entregar porque se encontraba “en una mesa de trabajo y análisis con las autoridades involucradas en el mismo, sin que hasta el momento se hayan concluido los trabajos por lo que mientras, no se apruebe por la sala de Cabildo, éste no puede ser compartido a la ciudadanía”.

Sin embargo, Son Playas solicitó recurso de revisión en la Ceaip al considerar que el documento sí es de interés público y no compromete datos personales; es así que el mes pasado la paramunicipal entregó copia de dicho reglamento, además reveló el verdadero status legal en que se encuentra:

“El mismo se desechó por no cubrir con el debido proceso, es decir, cualquier reglamento, proyecto bosquejo se debe de analizar y presentar observaciones ante las autoridades federales correspondientes y con posterioridad someterlo a análisis y aprobación de la Junta de Gobierno de la paramunicipal quien es la autoridad competente y, por último, publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que el mismo cuente con validez y sustento jurídico para su aplicación, hecho que no sucedió ya que este proyecto se inició en la anterior administración municipal sin que haya concluido, pues cuenta con muchas inconsistencias, mismas que deberán ser retomadas por el actual Consejo para su modificación o iniciar la elaboración de un nuevo proyecto o Reglamento”.

Al respecto, Ángel García Contreras, actual director de la OAP, aseguro que no tienen evidencia de este reglamento en la institución, por lo tanto, desconoce en qué etapa del proceso se quedó o quiénes intervinieron. Sin embargo, consideró necesario y urgente que el Municipio tenga ese ordenamiento con perspectiva local y nuevas facultades para ordenar en los vacíos de la zona costera contigua a Mazatlán.

“Es evidente que la anarquía generada en la zona federal requiere de la coadyuvancia y colaboración del Ayuntamiento en todas las facultades que tiene. Es decir, las responsabilidades qué dice la Constitución, todas las facultades que no le competen a la federación o al Estado le competen al Municipio, entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, el municipio no tiene facultades para expedir concesiones, permisos, permisos transitorios de un año, entonces, todo lo que no atiende la Federación nos compete regular, como lo que está generando caos, que es la propaganda, basura, excremento, animales, saturación, obstrucción, contaminación visual, esas son facultades que no las asume la Federación, no le competen de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico, sí es necesario ante la realidad”, sostuvo.

Agregó que, incluso, siendo Mazatlán escenario de las llamadas bodas destino, estos eventos sociales tampoco están regulados.

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Sin foros ni consulta pública

-¿Tenías conocimiento de este reglamento que no se concretó?

“No, he preguntado a todos en la oficina, incluso hay gente que tiene desde que se fundó la Operadora y dicen que nadie, ningún director había hecho esa propuesta, un anteproyecto, porque ni ha habido foros… en este caso el procedimiento que debe tener todo reglamento, toda propuesta reglamentaria debe, si es necesario, usar el proceso con la sociedad, presentarlo en un foro, dictaminarlo ante la Comisión correspondiente de Cabildo porque hay una comisión que, en este caso, sería la Comisión de Ordenamiento de Playa; publicarlo en el Periódico Oficial del Estado para que entrara en vigor, así es, es la ruta”, explicó.

Esto establecía el primer Reglamento de uso de Playas y Zona Federal Marítima y Terrestre Contigua del municipio de Mazatlán

El documento que fue desechado por el Gobierno de Mazatlán era el único en su tipo que normaba la vigilancia, regulación y sanción por el uso de la zona federal marítima y terrestre contigua a la ciudad; dicho reglamento contemplaba 10 capítulos que abordaban las facultades en el control del comercio, equipamiento de playas, certificación, inspección, vigilancia y sanciones.

En el Artículo 6 dicho Reglamento precisaba las siguientes facultades para autoridades municipales:

I. Otorgamiento de anuencias para ejercer el comercio ambulante.

II. La limpieza de las playas y la zona federal marítimo terrestre.

III. Autorización de eventos especiales (eventos sociales)

IV. La imagen y regulación urbana.

V. La seguridad pública, la buena vecindad y la protección civil

VI. Prevención y control de residuos sólidos urbanos.

VII. Ordenamiento Ecológico Local del Territorio.

VIII. Control de las fuentes fijas y móviles de emisión de ruido.

IX. Regular la prestación de servicios turísticos.

X. El control animal.

XI. Inspección y Vigilancia de los numerales anteriores.

Rescate de accesos de playa

En su Artículo 9, el reglamento que fue desechado establecía el rescate de los accesos a las playas desde la vía pública, incluso, por incumplimiento proponía sanciones como la clausura, demolición y multas a quienes limiten el acceso a las playas del municipio; prohibía también acampar, animales en zona de playa que representaran peligro a la ciudadanía, fogatas y asar carne; tirar basura, residuos de cigarro, envases de vidrio, residuos peligrosos, sólidos o cualquier sustancia contaminante.

En su Capítulo IV, proponía colaboración directa con Semarnat, Profepa y cualquier instancia federal para el control y regulación de permisos y concesiones; así como la firma de convenios con instituciones educativas y alianzas oficiales con organizaciones de la sociedad civil para impulsar programas de conservación y cuidado ambiental de manera conjunta.

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Las sanciones

En el Artículo 62, en el apartado de sanciones, establecía que para todas las violaciones al dicho reglamento proponía aplicar sanciones que incluyen trabajo social, suspensión de anuncias, permisos y aseguramiento de bienes; multas y arrestos hasta por 36 horas, tal como se muestra en la siguiente imagen.

El documento concluye con cinco artículos transitorios donde el último compromete al Ayuntamiento de Mazatlán a crear y mantener un registro, histórico y actualizado de anuencias y permisos expedidos por Oficialía Mayor, SEMARNAT y Capitanía de Puerto de los ambulantes, concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios náuticos, ya que actualmente este censo local no existe y la información está dispersa en distintas dependencias del Gobierno federal.

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La pirotecnia es un contaminante potente y diverso que afecta no sólo las playas y la calidad del aire, también es un contaminante auditivo para el ser humano y nuestras mascotas, sin embargo, el Gobierno de Mazatlán ha mantenido la práctica histórica de destinar millones de pesos de recurso público en la adquisición de fuegos artificiales para “iluminar” carnavales, como si se tratara de una prioridad, siendo el Combate Naval, en la zona de Olas Altas, el evento tradicional donde más detonaciones ocurren, pues se llegan a registrar más de 10 mil descargas en cuestión de minutos.  

A unos días del inicio del Carnaval Internacional 2025, titulado “La Perla”, hablemos de los impactos negativos que nos dejan los fuegos artificiales, los altos costos en distintos aspectos y la omisión institucional que, por años, ha prevalecido para diseñar e implementar acciones que reduzcan y mitiguen la contaminación que nos dejan.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la pirotecnia se mezclan neutralizantes, oxidantes y aglomerantes, además el perclorato de sodio que da propulsión, los metales pesados aportan el color y los aerosoles producen la detonación; ya en el aire, esa mezcla libera monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas que, al ser inhaladas y llegar directamente al fondo pulmonar, provocan daños a la salud; pero eso no  es todo: el perclorato de sodio que detona la cohetería cerca de los cuerpos de agua aumenta hasta un millar de veces los niveles normales y daña a microorganismos y fauna acuática. En los últimos años organizaciones de sociedad civil se han manifestado por su uso, ya que también impacta en las mascotas, pues las detonaciones están relacionadas con estrés, angustia y miedo.

Prohíben confeti metálico en Carnaval, pero se mantiene la pirotecnia sin estrategia de mitigación ambiental | Son Playas.

Aunque las autoridades conocen de estos impactos a la salud y a nuestras playas, porque los conocen perfectamente, siguen invirtiendo en pirotecnia como se tratara de prioridad, siendo que son contaminantes, cuyos residuos llegarán a nuestras playas por distintas vías, esto resulta increíble que un contexto de crisis ambiental por el calentamiento global y la alta carga de contaminación que representan los residuos para nuestra bahía. Para empezar, es importante que las autoridades reconozcan y asuman que el uso de fuegos artificiales representa prácticas nocivas y que tienen todos los recursos a su alcance para diseñar proyectos que sustituyan la pirotecnia y apostar por carnavales más sustentables y no es una idea descabellada, si se comienza con pequeñas acciones donde se involucre a la ciudadanía poco a poco transitaremos a mejores prácticas.

Gastos comparativos

La realidad es otra, en Mazatlán se sigue destinando más presupuesto municipal para fuegos artificiales de carnavales que para atender áreas que representan, desde mi perspectiva, mayor prioridad por el beneficio social. Por ejemplo, el año pasado el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, destinó 4.3 millones de pesos para la adquisición de pirotecnia para todos los eventos del Carnaval, 300 mil pesos más de lo presupuestado, esto de acuerdo con información que solicité vía Transparencia donde Cultura reconoció que rebasó el recurso destinado.

Si ustedes se preguntan ¿a cuánto equivalen 4.3 millones de pesos?, aquí les comparto un ejercicio que ayudará a dimensionar. Esto que Cultura gastó en pirotecnia para el Carnaval de 2024 representa cinco veces más el presupuesto municipal destinado este año a las acciones de Reforestación de la ciudad, pues ese programa apenas tiene etiquetado 764 mil 080 pesos para 2025; también equivale a 12 veces el presupuesto para el programa de Fumigaciones y Descacharrización de la ciudad; es incluso, igual al 70 por ciento del presupuesto destinado para el Instituto Municipal de la Juventud este año, ya que apenas tiene seis millones de pesos para 2025 y en un contexto de violencia generalizada que enfrenta el Estado, las acciones orientadas a la juventud y el fortalecimiento de esas dependencias representan mayor prioridad que invertir en pirotecnia. No tengo duda.

En 2023 el gasto en pirotecnia fue menor, ya que se presupuestaron 4 millones de pesos y gastaron 3.1 millones. Sin embargo, en 2022 no fue así, ese año el Gobierno de Mazatlán sí despilfarró al destinar, sólo para fuegos artificiales, seis millones de pesos, casi un millón de pesos más de lo que el Instituto de Cultura tenía etiquetado, en mi opinión fue un despilfarro de recurso público, un gasto innecesario cuando sabemos que Mazatlán tiene problemáticas urgentes no atendidas por años, ese recurso  público se puede usar en proyectos de mayor alcance como mejores ciclovías seguras, rescate de parques, herramientas de limpieza profunda de playas o programas para recuperar esteros con alta contaminación.

Presupuesto municipal para medio ambiente en Mazatlán, sin aumentos significativos en 2025 | Son Playas

¿Cuánta pirotecnia detonan?

Desde una mirada más social, es importe reconocer que los fuegos artificiales están relacionados directamente con la máxima fiesta del puerto y la sociedad así lo exige, la pirotecnia tiene que ver con identidad, espectáculo, fiesta y un ambiente cosmopolita, tanto, que las instituciones han hecho costumbre o tradición el uso excesivo a costa del erario para transmitir sensación de abundancia. Me atrevo a señalar que hay gobiernos que miden el éxito de su mandato en la celebración de un carnaval, mientras más ostentoso y oneroso, mejor Gobierno.  

Y precisamente tenemos en puerta el Carnaval Internacional 2025 del 27 de febrero al 04 de marzo, donde seremos testigos del  uso desmedido de pirotecnia; y en el marco de esta máxima fiesta, el sábado 01 de marzo se celebrará el Combate Naval a lo largo de la bahía, siendo Olas Altas la zona de mayor concentración, éste es el evento es donde más se detonan fuegos artificiales, sólo el año pasado, el Instituto de Cultura detonó cerca de 11 mil descargas de pirotecnia y gastó 2.5 millones de pesos, sí, para un espectáculo de minutos.

Los siguientes eventos donde más pirotecnia se utiliza en un Carnaval son las coronaciones de reinas, quema del Mal Humor y en menor cantidad en los tradicionales desfiles del paseo costero.

Y si esto no fuera poco, las autoridades detonan cohetes como si tuvieran un programa de mitigación de daños, cuando la realidad es que no existe un plan para reducir los impactos contaminantes, principalmente en las playas, basta ver las barricadas de pirotecnia que se instalan a lo largo de la bahía para el Combate Naval, donde se recrea la defensa del puerto contra tropas francesas, un acto heroico que ocurrió en 1864 y que las autoridades apuestan a ese espíritu de lucha y valentía para gastar en toneladas de pirotecnia.

En ese contexto, nos queda claro que son millones de pesos los que se destinan abiertamente a prácticas nocivas para nuestros recursos naturales, es momento que las instituciones sean capaces de diseñar mejores formas de celebrar. Hay casos de éxito como en China donde han prohibidos los juegos artificiales para reducir la contaminación, incluso se prohibieron para los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 lo que se reflejó en una mejor calidad del aire de la ciudad, de acuerdo con información de la revista Forbes. Si queremos un Carnaval Internacional adoptemos medias de éxito internacionales. Es posible, sí, sólo nos falta voluntad política y más involucramiento de la ciudadanía para colaborar y vigilar cumplimiento.

Prohíben confeti metálico en Carnaval, pero se mantiene la pirotecnia sin estrategia de mitigación ambiental | Son Playas

*La autora es periodista, activista en temas anticorrupción, tallerista en proyectos de Transparencia y medio ambiente; y estudiante de la carrera de Sociología y Derechos Humanos. @Sheila_Arias_ FB: Sheila Arias

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El presupuesto que se ejercerá este 2025 en las áreas del Gobierno Municipal de Mazatlán que atienden temas de la agenda ambiental tuvo un ligero incremento con relación al recurso destinado en 2024, sin embargo, las acciones de reforestación y gestión de playas recibirán lo mismo que el año pasado, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio publicado en el Periódico Oficial del Estado.

La limitación de recursos ocurre en un contexto de déficit de áreas verdes y una reducción gradual de la cobertura vegetal en la ciudad, ya que en nueve años (20013-2022) se perdieron 130.02 hectáreas de áreas verdes, según revela el nuevo Programa de Ordenamiento Territorial y Urbano de Mazatlán. Ese documento normativo también señala que la expansión urbana acelerada es un factor crítico y que es apremiante implementar medidas de protección ambiental.

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A este contexto se suma un incremento de la población flotante vinculada a la actividad turística. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, durante el primer cuatrimestre de 2024 Mazatlán recibió cerca de 2 millones de visitantes y el pasado 8 de enero se reportó la visita de ocho mil cruceristas en un solo día al puerto. Este aumento de personas en el territorio supone mayor presión en la demanda de agua y otros servicios públicos.

Para conocer la distribución del presupuesto municipal destinado a las áreas relacionadas con temas de medioambiente, Son Playas analizó los presupuestos de Egresos para los ejercicios fiscales 2024 y 2025 de Mazatlán y comparó lo etiquetado para las direcciones de Ecología y Medio Ambiente; Operadora y Administradora de Playa; Aseo Urbano, Parques y Jardines; Reforestación, fumigaciones; vivero municipal y lo destinado al Programa de Almacenamiento de Agua.

Estas áreas ejercerán en conjunto cerca del 10% del total del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mazatlán que este 2025 es de 3 mil 366.8 millones de pesos aprobado por Cabildo y publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Recursos limitados para áreas clave

En el caso de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, encargada de temas de promoción medioambientales, de la normativa municipal, gestión integral de residuos y responsable de la protección de recursos naturales, se le asignó un presupuesto de 14.3 millones de pesos, un promedio de 15.6% más de lo que recibió el año pasado, siendo la Dirección que más incremento de recurso alcanzó dentro de las áreas de agenda ambiental.

Sin embargo, otras no tuvieron incremento, como es la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, cuyo recurso para este año será de 7 millones de pesos, igual que en 2024, su presupuesto no aumentó, pese a que es responsable de limpiar y administrar las playas, además de coadyuvar con autoridades federales y estatales en la vigilancia y protección de estos espacios naturales que atraen a miles de turistas al año.

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Presupuesto para áreas verdes, sin cambios significativos

El recurso etiquetado para acciones de reforestación no aumentó, ya que apenas se destinaron 764 mil 080 pesos para este 2025, exactamente lo mismo que el año pasado, esto indica que, de no sufrir modificaciones, se destinaría a esta área poco más de 63 mil pesos mensuales para la plantación de árboles que ayudarían a restaurar áreas degradadas, purificar el aire, captar agua para los acuíferos y reducir la temperatura del suelo.

La deforestación asociada a la demanda de terrenos para desarrollos inmobiliarios y turísticos se convierte en un problema ecológico porque degrada el medio ambiente, pone en riesgo a la flora y fauna, contribuye a la posible modificación del clima local y la pérdida de servicios ambientales, según se informa en el portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Esa misma dependencia federal reconoce que cuando no es posible recuperar la vegetación por medios naturales, la reforestación bien planeada puede ayudar a mitigar la problemática. Pero a pesar del déficit de áreas verdes en Mazatlán y el aumento de la mancha urbana, el presupuesto para estas actividades no tuvo un incremento.

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En lo que corresponde al Vivero y Bosque Municipal, su presupuesto será de 5 millones 384 mil pesos, apenas 5.7% más con el recurso destinado el año pasado.

Aseo urbano, parques, jardines y descacharrizaciones

El Departamento de Aseo Urbano, área prioritaria en la agenda ambiental local, ejercerá un presupuesto acotado a un mínimo incremento, pues este 2025 tiene destinado 180.7 millones de pesos en general, lo que corresponde a un aumento de 5.3% con relación a lo que ejerció en 2024. Aseo Urbano es responsable de la limpieza de áreas públicas, incluyendo las zonas de alta concentración de visitantes como la zona costera de Mazatlán, en donde se llegan a recolectar hasta 120 toneladas de basura en un solo día durante Carnaval o Semana Santa.

Con relación al área de Parques y Jardines, el recurso etiquetado es de 96.8 millones de pesos, su aumento fue cercano al 9% con relación al año pasado, ésta es otra de las áreas que resultó más beneficiada con recurso público para este 2025.

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En el caso del presupuesto para fumigaciones y descacharrizaciones, su recurso quedó en 359 mil 620 pesos, un incremento menor al 3% con relación a 2024; esta área y sus acciones son fundamentales en los climas cálidos porque favorecen el desarrollo del mosco transmisor del dengue, incluso, Sinaloa es de los estados con más casos en México, según informó la Secretaría de Salud el pasado 2 de diciembre.

No aumentan presupuesto para familias sin suministro de agua

El presupuesto etiquetado para el programa “Almacena tu agua a bajo costo” es igual al del año anterior. A través de este programa se dota de tinacos a viviendas de localidades rurales y urbanas con medio, alto y muy alto déficit de suministro de agua, situación que podría agravarse en un contexto de sequía persistente que enfrenta Sinaloa.

A pesar de que estas acciones están dirigidas a familias en condiciones vulnerables, el presupuesto destinado para este año apenas fue de 50 mil pesos, cantidad similar al salario mensual que recibe un regidor o una regidora, de acuerdo con el tabulador de sueldos aprobado para este año. “Almacena tu agua a bajo costo” es un programa social con reglas y lineamientos que en 2021 benefició a 123 hogares; en 2022 llegó a 176 hogares y en 2023 su meta fue beneficiar a 200 hogares, de acuerdo con información pública del Ayuntamiento de Mazatlán.

En conjunto, las áreas que atienden temas asociados al medio ambiente y recursos naturales, como las que aquí se mencionan, ejercerán cerca de una décima parte del presupuesto de egresos anual. En estas condiciones, los retos de la administración municipal son altos para garantizar, con recursos limitados, el derecho a un medio ambiente sano y la calidad de servicios tanto para la población local como para los visitantes.

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En ese contexto, resulta importante señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene en evaluación un proyecto para instalar en Pinitos el primer restaurante ambulante de mariscos que sustituirá a una carreta tradicional que lleva seis años en la zona, esto implicará retirar las coloridas sombrillas para sustituirlas por modernas pérgolas.

El proyecto fue promovido por un particular y podría significar el inicio de un proceso de gentrificación en Playa Pinitos como está ocurriendo en otras zonas de Mazatlán. Para entender el concepto de gentrificación, éste se refiere al fenómeno urbanístico donde un espacio se renueva y adquiere mayor plusvalía resultando más atractivo para sectores sociales de nivel económico más elevado. Sin duda, esta intervención podría desplazar a los locales de su propia playa para privilegiar la estancia de turistas. 

Vamos por partes y empecemos por el contexto. 

En noviembre de 2021 la Operadora y Administradora de Playas del Gobierno de Mazatlán informó públicamente de un proyecto de transformación para convertir Pinitos en la primera playa de la ciudad que prohibiera fumar, usar plásticos desechables, envases PET y de vidrio para mantenerla libre de contaminantes y mejorar su imagen. La nota publicada por Son Playas la pueden consultar en este enlace.

Con ese fin, la Operadora informó que, en conjunto con los comerciantes de la zona, inició el trámite de la certificación Platino en categoría recreativa como parte de ese proyecto piloto de rescate y, en caso de éxito, lo replicaría en otros tramos de playa del Malecón. En un ejercicio de seguimiento, a tres años de ese anuncio público, solicité por transparencia a la Operadora de Playa copia de ese proyecto y el status de esa intervención anunciada en Pinitos, sin embargo, la respuesta fue tan demoledora como real: No hay proyecto y nunca existió. 

Solicitud con número de folio 252439700004524. 

En la respuesta se informó que no hay evidencia de ningún proyecto y que esa información fue sólo declaración del director en turno. En este caso, resulta lamentable que una institución tenga que reconocer falsas acciones; en términos de responsabilidad institucional debilita su credibilidad y la confianza ciudadana, a esto se suma que la Operadora de Playas no goza de un capital social sólido, entre otras cosas, por su débil estratégica de comunicar su trabajo.  

Con esta respuesta, ahora sabemos que no hay evidencia del proyecto de rescate a Playa Pinitos.  

A esto se suma otro dato interesante: En 2021 la Operadora de Playas también informó de manera pública que la certificación Platino que obtuvo Pinitos -en febrero de ese año- estaba a punto de perderse porque no habían cumplido las especificaciones técnicas requeridas, esto también lo documento Son Playas y lo pueden consulta aquí.

Al solicitarle a la Operadora de Playas también vía transparencia la relación de playas de Mazatlán certificadas en 2022, para conocer si había logrado esa categoría Platino, en la respuesta confirmó que Pinitos no fue certificada, lo que indica que sí perdió el distintivo. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., la categoría Platino es un esquema desarrollado para aquellas playas que quieren impulsar la certificación y el involucramiento de la iniciativa privada, comunidad y entidades gubernamentales. Los principales beneficios son acciones para la identidad de uso, protección al medio ambiente, cultura ambiental, mejora de la imagen y fomento al turismo.  

En ese contexto, muchas preguntas quedan en el aire, desde mi perspectiva dos en particular: ¿Por qué la autoridad no hizo los suficientes esfuerzos para retener la certificación de Pinitos y protegerla, de alguna manera, con acciones en colaboración con la comunidad?, ¿Acaso fue omisión deliberada para dejarla sin etiquetas de protección y abrir la oportunidad a que sea intervenida con obras proyectos con fines comerciales? 

Lo anterior tiene sentido si consideramos que ya hay proyectos de intervención en Playa Pinitos. 

El proyecto que viene 

En agosto de 2023 un particular ingresó a la Semarnat el proyecto de impacto ambiental “Operación y mantenimiento del restaurante rústico ‘Los Pinitos’”, con número de expediente 25SI2023TD052, en este documento que es público, se informa que el objetivo es una concesión para la operación del negocio, que ya existe desde hace seis años, pero funciona con una carreta tradicional de servicio de marisquería con 10 mesas, 40 sillas y 10 sombrillas de playa que se instalan en la arena.  

El documento revela que este espacio se encuentra en zona federal marítimo terrestre, que las obras no incorporarán componentes que alteren la armonía del equilibrio y que, por el contrario, será un restaurante ambulante que “enriquecerá la diversidad de servicios en la zona contribuyendo a la diversificación de lugares visitados por el turismo”.  

La inversión prevista es de 300 mil pesos y la Semarnat no ha informado si el resolutivo es a favor. 

Este proyecto pretende retirar las sombrillas de playas para sustituirlas por modernas pérgolas, de autorizarse, será la primera modificación en su tipo en Playa Pinitos y probablemente el inicio de la instalación de otros negocios para el servicio del turismo, esto podría debilitar la capacidad de los mazatlecos de mantener cercanía y su identidad con esta playa; incrementa también el riesgo de que, poco a poco y de manera simbólica, vayan cediendo su espacio público al turismo, incluso aumenta la posibilidad de que otros comerciantes tramiten concesiones o permisos para construir o modernizar sus negocios, tal como ocurrió con el proyecto de la tirolesa que se construye en la cima del Cerro del Crestón, otra zona de identidad de los mazatlecos. 

Sin duda lo que viene en Pinitos podría modificar toda la esencia de la playa más tradicional del puerto en un contexto de progreso y modernidad para muchos. En este caso será fundamental la intervención de las autoridades locales para establecer límites de intervención, mantener Playa Pinitos como el espacio propio y lo más importante: contener la gentrificación que ya se asoma. 

*La autora es periodista, activista y tallerista en temas de Transparencia y acceso a la información pública; estudiante de Sociología y DDHH. 

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“La protesta escaló y lamentablemente algunas personas hicieron mal uso de la propiedad ajena, pintando y rayando las paredes, así como el portón de entrada al parque turístico, también a vehículos. Ante esos hechos y siguiendo el Estado de Derecho, procederemos legalmente conta quien resulte responsable por estos hechos”, declaró Alejandro Cristerna, director de Innovación y Transformación del Grupo, durante rueda de prensa.

Cristerna estuvo acompañado de Mónica Medina, directora de Turismo de Red Petroil, ambos se limitaron a leer un breve comunicado donde expusieron su postura ante la manifestación ciudadana, que considera al proyecto privado como un arrebato del espacio público natural.

Durante la conferencia, exhibieron en video y en imágenes, los rostros de varias personas que presuntamente habrían participado en el daño que señalan a la propiedad privada; también mostraron videos de la marcha y expusieron los daños que presuntamente ocasionaron.

Cristerna aseguró que todavía no tienen definida ante qué autoridad presentarán la denuncia, pero están ya en proceso con el área jurídica. Sin embargo, al mismo tiempo que anunció esta medida contra los ciudadanos, anunció la apertura del Grupo para escuchar y recibir a los grupos que se oponen a la construcción de la tirolesa. 

Declaró que han buscado a los grupos ambientalistas, pero no han tenido respuesta y públicamente les hizo un llamado para atenderlos, sin embargo, no preciso el mecanismo para iniciar ese acercamiento, sólo declaró que su teléfono lo tienen muchas personas y ahí se pueden comunicar.

Aseguran que tirolesa no es un intento de privatización

A pregunta expresa, el director de Innovación y Transformación del Grupo Red Petroil aseguró que no perciben que la tirolesa represente un arrebato de un bien público natural a los mazatlecos y que desconoce algún estudio que documente la existencia de flora y fauna que se deba cuidar y conservar en el Cerro del Crestón. 

Para el Grupo, reiteró, la tirolesa no representa un impacto ambiental en la zona, ni un intento de privatización.

Con relación a la extinción del Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán IAP, que la semana pasada anunció su salida del Cerro del Crestón después de seis años de trabajo dedicado al cuidado y conservación del área, deslindó al Grupo.

“Nosotros siempre hemos sido respetuosos del Patronato del Faro Mazatlán y nunca ejercimos acción alguna para intervenir en sus decisiones, la decisión de renunciar al Patronato, es una decisión que ellas hicieron en su justo derecho y que nosotros respetamos y siempre respetaremos”, expuso Alejandro Cristerna. 

Contexto

La tirolesa comenzó su construcción en noviembre del año pasado en la cima del Cerro del Crestón, el proyecto fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autorizada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Mazatlán, a través de una cesión parcial de derechos por 20 años, al considerar que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó el particular, en el Cerro del Crestón no hay flora ni fauna en riesgo de impacto.

Sobre la manifestación

Decenas de personas se manifestaron ayer al considerar que este proyecto es el inicio de la privatización del Cerro del Crestón y que la tirolesa afectará al ecosistema de ese espacio natural. 

La manifestación comenzó en Paseo Olas Altas y avanzó hacia la sede del Observatorio 1873 en el Cerro del Vigía, justo donde será el punto de llegada de la tirolesa que tendrá salida del Cerro del Crestón; en ese lugar algunas personas pegaron en las paredes de la propiedad pancartas de rechazo al proyecto; dejaron pintas donde exponen consignas contra el empresario Amado Guzmán, el particular que promovió la Tirolesa, como una forma de expresar su sentir de no ser considerados en una concesión de un bien que es símbolo de su identidad y pertenencia. 

El comunicado de la empresa

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El Patronato Parque Natural El Faro Mazatlán anunció que ya comenzó la entrega formal de sus instalaciones en el Cerro del Crestón y de toda responsabilidad como organización, a la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán (Asipona) que, a partir de mañana, queda a cargo de la zona como legalmente le corresponde. Con su salida, al menos 30 trabajadores serán liquidados y desaparecen también seis programas de conservación que habían afianzado.

La decisión de no continuar es porque el objetivo del Patronato no coincide con el proyecto de la construcción de una tirolesa en la cima del Cerro, así lo informaron en conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Raquel Briseño Dueñas, Ana María Tovar, vicepresidenta; y Elsa María López, tesorera.

“Nosotros no podemos permanecer y ser testigos ni estar en un lugar donde (…) nuestro proyecto del Faro Mazatlán de restauración y conservación no es compatible con el proyecto de la tirolesa”, refirió Briseño Dueñas.

Aseguraron que buscaron distintas vías para despertar conciencia sobe el impacto negativo al cerro con una obra particular, pero no tuvieron eco; incluso en noviembre del año pasado le expusieron la situación al empresario inversionista de la tirolesa, Amado Guzmán; también a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y al Gobierno Municipal, sin embargo, no hubo respuesta y el proyecto continuó.

El propio Ayuntamiento de Mazatlán clausuró la obra en abril pasado por falta de permiso de construcción, pero la empresa retiró los sellos y siguió trabajando.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta del Patronado señaló que se encontraron omisiones en la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó el promovente de la tirolesa y que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo aval, fue tomado en cuenta por la Asipona para otorgarle una concesión parcial por los siguientes 20 años.

Las principales omisiones detectadas con el apoyo de geólogos y expertos están relacionadas con la seguridad de la zona, pues la cima del cerro, en donde se construye la tirolesa, es área rocosa y eso arriesga cualquier proyecto, incluso a las personas, advirtió. Los riesgos detectados fueron expuestos ante las autoridades, pero al no tener respuestas, el Patronato decidió dejar las instalaciones en un mensaje de “no respaldo” a esa obra.

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Se extingue la organización y sus programas ambientales

Briseño Dueñas informó que comenzarán el proceso de extinción como Institución de Asistencia Privada legalmente constituida. También informó que de los 4.5 millones de pesos que tenían en caja, destinaron tres millones para los finiquitos de más de 30 personas que directamente prestaban sus servicios, aunque otras 70 personas eran colaboradoras indirectas. El resto del recurso se destinó a los trabajos de conservación en los últimos meses y así rendirán su informe.

Son Playas solicitó un reporte total de ingresos por concepto de cuotas correspondientes al mirador de cristal y el destino de esos recursos, el cual ya está en proceso de elaboración para su publicación, dijo la presidenta de la institución.

Con la salida y eventual extinción del Patronato desparecen también seis programas que se habían afianzado en los últimos años, se trata del Programa de visitantes, Programa de Mantenimiento y mejora al Cerro y sus alrededores; Programa de Bienestar físico, mental, emocional y social; Programa de Divulgación histórico y Cultural; y Programa de Alianza con Instituciones gubernamentales privadas y organizaciones de Sociedad Civil.

Los bienes y equipo de trabajo que se adquirió durante los más de seis años de voluntariado se donará a otras instituciones registradas, según lo marcan los lineamientos de la Junta de Asistencia Privada a la que rinden cuentas.

De acuerdo con datos del Patronato, sólo en 2023 se registró la visita de 636 mil 282 personas al Cerro del Crestón; y en promedio, llegan a registrar mil 200 personas en un día de alta afluencia. Con su salida también termina la atención y asistencia que brindaban a estos visitantes.

Señaló que las condiciones actuales del cerro son producto de la suma de voluntades, el involucramiento y compromiso de la sociedad durante más de seis años, convirtiéndose en un modelo de gobernanza que podría replicarse por las nuevas organizaciones civiles en Mazatlán que están interesadas en el deterioro ambiental y urbano del municipio.

El Patronato inició operaciones en 2018 y desde entonces se encargó del mantenimiento y conservación del Cerro del Crestón por un convenio que firmó con el Ayuntamiento de Mazatlán, quien a su vez, ya había recibido de parte del Gobierno del Estado las obras de remodelación realizadas con recurso público estatal. Estas obras incluyeron la construcción del puente de cristal que, cuando el Patronato llegó, ya estaba terminado y entregado al Municipio.

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Posterior a la rueda de prensa, la institución sin fines de lucro publicó un manifiesto en formato de video, en donde señala que “a primera vista, el proyecto de la tirolesa puede parecer emocionante y atractivo, sin embargo, requiere de un análisis crítico responsable que considere los riesgos y consecuencias inmediatas y futuras sobre el frágil ecosistema” del Cerro del Crestón.

Ahí mismo se denuncia que sin supervisión ambiental se está arrojando escombro al acantilado, sepultando vegetación, nidos y refugios de fauna diversa.

“El paseo en tirolesa se promociona como una actividad que detonará adrenalina pura, pero no se informa que las aves deberán modificar las rutas de vuelo a causa de los obstáculos de la estructura y operación del proyecto”.

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Aunque se reconoció la importancia de contribuir al desarrollo turístico y económico de Mazatlán,  la organización aseveró que todo proyecto en el Cerro del Crestón debe priorizar la conservación del patrimonio biocultural del sitio como un mandato “y llevarse a cabo bajo un marco legal incorruptible, transparente y en apego a los códigos de ética”.

En el video se señala que el interés económico y la imposición de los tomadores de decisiones ha dominado sobre las manifestaciones ciudadanas inconformes, arrebatando el derecho de la comunidad a espacios naturales públicos.

Por último, las integrantes del Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán expresaron que se sienten “profundamente consternadas por el avance de la construcción de la tirolesa con modos y formas omisas y carentes de respeto ambiental”.

“Manifestamos y dejamos constancia de que nuestro modelo de restauración y conservación no es compatible con proyectos turísticos depredadores y rapaces como el de la tirolesa”, concluye el video con el cual se fija la postura de la organización ciudadana que llega a su fin en la misión de cuidar y fomentar el uso sustentable de ese espacio natural.

Ante estas afirmaciones, Son Playas solicitó una entrevista al inversionista Amado Guzmán a fin de conocer su versión de los hechos, sin embargo, no pudo atender la petición por encontrarse fuera de la ciudad, según dijo.

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Orillados por la defensa de su territorio, ambientalistas y ciudadanos de Sinaloa anunciaron la integración de un frente único para proteger áreas naturales y reservas de cualquier proyecto comercial o desarrollos inmobiliarios que atenten contra su identidad o arrebaten espacios públicos; ésta es la primera vez que se organizan de sur a norte para visibilizar sus causas en un contexto donde México es uno de los países más riesgosos del mundo para defensores medioambientalistas.

En conferencia de prensa así lo informaron representantes de los colectivos que defienden en Mazatlán el Cerro del Crestón y la Isla de la Piedra; y en Ahome, la Bahía de Ohuira. Representantes de estos grupos se concentraron este martes en el puerto para anunciar el primer colectivo en defensa del territorio en el Estado. Su objetivo es fortalecer sus voces en los tribunales donde están en proceso amparos y demandas para detener obras y anular permisos de construcción.

“Nos están quitando nuestras reservas y ¿qué estamos haciendo?, por eso necesitamos unirnos, estar juntos, defender nuestra tierra a pesar de las amenazas”, señaló Claudia Quintero Sandoval, ella pertenece al Colectivo Aquí No que defiende la reserva de Ohuira, un espacio que pertenece a los más de 140 sitios Ramsar en México, protegido por su diversidad biológica y donde se pretende construir una planta de amoniaco desde hace diez años.

Mazatlán: “Es contra las autoridades”

El Colectivo en Defensa del Faro y Cerro del Crestón, en voz del ambientalista Gildardo Izaguirre, anunció que suman cinco amparos presentados en juzgados de Distrito de Mazatlán donde exigen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anule la autorización del permiso para la construcción de una tirolesa en la cima del Cerro del Crestón.

“No es contra un empresario, esto no es personal, es contra las autoridades porque autorizaron una Manifestación de Impacto Ambiental de manera irregular, claramente en la MIA dice que no hay especies en el Cerro y las hay; también es una zona de mucho peligro porque no cumple con la estabilidad y hay riesgo para las personas que quieran hacer uso de esa tirolesa”, comentó.

Durante la conferencia de prensa, comentó que su causa continuará el tiempo que sea necesario y esperan que las autoridades federales resuelvan sus demandas, mientras organizarán actividades para visibilizar que la tirolesa no debe asentarse en el Cerro del Crestón, sino en otra zona que tenga altura como algunas colonias del sur de Mazatlán donde hay cerros que pueden cumplir con los lineamientos.

“Ya hicieron el colado, a mediados de semana hicieron el colado (en la tirolesa), no se ha parado y tiene que ver con las autoridades, nosotros pensamos que están alineados la autoridad municipal y federal, están de acuerdo. Lo que vamos a hacer nosotros es enfocar la lucha para que se anule el manifiesto de impacto ambiental, que se haga otra vez, si se anula se detiene la obra porque cometieron dos errores: uno que hay especies con algún riesgo y la otra que echaron mentiras (con la estabilidad de la zona)”, reiteró Izaguirre.

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Ejidatarios de la Isla de la Piedra se suman al colectivo

El caso de la Isla de la Piedra, es otro donde se ha integrado un colectivo que también defiende territorio, su causa es la defensa del Ejido donde, aseguran, se prepara la construcción de un desarrollo inmobiliario turístico que desplazaría a cientos de familias, provocando un conflicto socioambiental con impacto directo en la ciudadanía.

“Aquí se va a hacer el corredor turístico del Norte, desde Mazatlán hasta Texas, aquí el proyecto que se va hacer es un pequeño Dubai, si se dan cuenta lo edificios que se están construyendo en Mazatlán son como un pequeño Dubai, de hecho nosotros paramos porque están por iniciar dos hoteles y los paramos”, comentó Evelia Peña Sánchez, represente del Colectivo de la Isla de la Piedra.

Aseguró que estas obras comprometen más de 2 mil hectáreas y los dueños de los proyectos turísticos buscan despojarlos de su territorio para dar paso a esa construcción, incluso, ya están proyectados los diseños de esas obras turísticas. Lo que busca el Colectivo es que las autoridades federales como la Secretaría de Marina y Semarnat no autoricen construcciones en ese Ejido, de lo contrario, existe alto riesgo de que los inversionistas desplacen a los ejidatarios de la Isla para imponer desarrollos que implican inversiones millonarias y beneficio directo para quienes pondrán su capital.

Es por eso, dijo, decidieron unirse al Colectivo en Defensa del Territorio de Sinaloa para construir redes de apoyo de otros grupos ciudadanos.

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Ohuira, la obra que no se detiene

Claudia Quintero Sandoval, una de las representantes del Colectivo en Defensa de la Bahía de Ohuira, denunció en la conferencia de prensa que el Ayuntamiento de Ahome recientemente autorizó permisos para continuar con la obra de la planta de fertilizantes.

“Se supone que, en papel, en Leyes, el proyecto está detenido, sin embargo, conocemos que ellos están trabajando, el Ayuntamiento les dio el permiso para trabajar y está detenido porque hay un proceso jurídico y está detenido, sin embargo, vemos avance, de hecho, la semana pasada un grupo de compañeros fue a solicitar al Ayuntamiento la razón de porque están trabajando y ellos externan que no tienen un oficio de un juez federal para no darles el permiso”, comentó.

Esa situación, dijo, los motivó a buscar alianzas estratégicas con otros ambientalistas, así llegaron a los colectivos de Mazatlán.

“Vamos a seguir luchando, ya hace diez años que se inició, que empezaron a rellenar, a cortar mangle, hicieron la plataforma y las naves de administración y ahí se detuvo; de la planta no hubo ni un solo tornillo ahí está la plataforma, pero de la planta no hay avance desde los amparos que se nos han concedido en definitiva”, agregó.

El caso de la planta de fertilizantes de Ohuira ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha expuesto a nivel internacional por el daño que representaría al sitio Ramsar.

En este contexto, los colectivos pretenden un foro nacional donde expongan la situación en Sinaloa y llamen a las autoridades federales a revertir permisos para obras que amenazan su entorno natural y representan un alto riesgo de desplazamientos de miles de familias.

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El contexto de riesgo

En 2023 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) documentó 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, éstos se documentaron en 282 agresiones entre daños físicos y hostigamiento. De los últimos 10 años, 2023 fue el segundo con más eventos de agresión.

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El crecimiento de las ciudades, más si son destinos de playa, experimentan constantes cambios estructurales, en algunos casos, esos cambios llegan de golpe, es por eso que la planeación urbana resulta fundamental desde las autoridades para aprovechar y orientar las condiciones hacia un crecimiento estratégico y lograr que esos cambios acelerados construyan nuevos polos de desarrollo y no sea el camino a un desastre; también considerarlos para impulsar una ciudad orientada al desarrollo armónico social y ambiental.

En Mazatlán ese “boom” que abrió la puerta al crecimiento casi imprevisto llegó a partir de 2013 con la apertura de la carretera Mazatlán-Durango; la nueva vía acortó distancias con los estados del norte y el puerto se convirtió en el destino de playa más accesible para el turismo de la región, eso podría explicar por qué Mazatlán creció como nunca antes en lo en lo inmobiliario y turístico, y con ello, el número de visitantes que llegó por carretera.

Este contexto nos explica el aumento sustancial del parque vehicular en la ciudad en ese periodo, es agobiante avanzar entre autos en una ciudad mediana donde, relativamente, todo nos queda cerca. De acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación, en 2010 había en Mazatlán cerca de 77 mil vehículos en circulación y más de 10 mil motocicletas; para 2020 los automóviles casi se duplicaron y el número de motocicletas creció 400%. En febrero pasado vía Transparencia, la Secretaría de Vialidad y Transporte de Sinaloa informó que Mazatlán tenía más de 262 mil vehículos de automotor en circulación, entre automóviles, motocicletas, camiones de transporte y servicio público. Esto equivale a un auto por cada dos personas en la ciudad, literal.

Esa realidad obligó a las autoridades a diseñar e implementar estrategias viales, una de ellas el carril preferencial para agilizar el tránsito y reducir riesgos de accidentes, pero se convirtió en un proyecto muy cuestionado por la ciudadanía. Para conocer más decidí hacer un ejercicio de transparencia como lo hago en otras ocasiones con otros temas de interés público; aquí les comparto todo lo que pasé y lo que encontré.

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El tortuoso camino a la información pública

El carril preferencial comenzó a trabajarse desde el año pasado, al menos esos datos tengo, entre el Gobierno local, el Instituto Municipal de Planeación (Implan), las dos concesionarias de transporte público (Alianza de Transporte y Águilas del Pacífico), y se sumó para bien la Inter camaral con empresarios comprometidos y muy activos. Todo pintaba bien, porque esas relaciones para impulsar proyectos de beneficio colectivo son las que necesitamos.

El proyecto se anunció en Mazatlán y se echó a andar a principios de este año, comenzó con una primera etapa de 3 kilómetros en la Avenida Ejército Mexicano, entre Gutiérrez Nájera y Avenida Insurgentes, al menos yo lo sentí repentino, como impuesto, arbitrario, luego brotaron críticas ciudadanas, principalmente de comerciantes que cuestionaron ausencia de programas de socialización y señalaron afectaciones directas que les trajo este proyecto, ya que la delimitación del carril para el paso exclusivo de camiones de transporte público afectó las ventas de sus negocios ubicados al pie del tramo. Algunos hasta colgaron lonas donde expusieron y mantienen su rechazo al carril preferencial.

Fue entonces que para escribir al respecto solicité al Implan información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, le pedí copia digital del plan estratégico de socialización del carril preferencial, la inversión para la difusión y promoción; y el origen de esos recursos. Quise saber cuál era el plan estratégico y si lo tenían.

El Implan me respondió en la solicitud con número de folio 251272600001223 que esa información no la tenían, que no está en sus facultades y que la inversión para difusión, hasta ese momento, era de 2 mil pesos, recursos propios, destinado a imprimir volantes; y me canalizó con la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento y del Implan no obtuve casi nada. Hice una segunda solicitud de información ahora para la Comunicación Social del Gobierno municipal sobre gasto en difusión y estrategia de socialización, lo que buscaba y esto me respondieron:

Hasta aquí no había obtenido mucho y ya llevaba casi un mes en intentos. Sólo sabía que el gasto en volantes para la difusión era de 2 mil pesos y que estrategia de Comunicación, en realidad, no existía; hice una tercera solitud, esta vez, para la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, aquí pedí el dato de quién había realizado el proyecto ejecutivo del carril preferencial, el costo y el contrato del proveedor, la respuesta fue ellos sólo dieron apoyo en la aplicación de la pintura del carril y que esta información la tenía Gobierno del Estado; identifiqué a la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado como la posible involucrada.

¿Qué creen?, sí, hice una cuarta solicitud de información ahora a Vialidad del Estado, le pedí el proyecto ejecutivo, el estudio de impacto de las posibles afectaciones a sectores implicados, estrategias de apoyo y contención, y la dichosa estrategia de socialización, me respondieron lo siguiente a través de la solicitud con número de folio 251160200010323:

Así es, tampoco tenían nada, ahora estaba inmersa en una bola de nieve creada desde las autoridades. Me frustré mucho porque no había logrado información clara y precisa; llegué a pensar que no había proyecto ejecutivo y que todo era un anunció sin fundamento, pero seguí en la búsqueda y en ese proceso localicé una versión del proyecto donde se informa que todo lo del carril preferencial se hizo desde las alianzas de transporte, con su información sobre rutas, viajes y número de usuarios del transporte público; encontré también otra versión muy simple en la página oficial del Implan donde viene, incluso, el cronograma de trabajo para dar seguimiento a ese proyecto.

Concluí que sí hay información, lo que no hay es información disponible para todos y todas y que las autoridades la tienen, pero la niegan, ¿por qué se guardan esos datos si son completamente de interés público?, no lo sé, peroocultar información no es opción, la transparencia es la mejor manera de validar en lo social proyectos como éste.

Todo esto que pasé para tener información del carril preferencial me llevó casi un mes y medio y no logré mucho por esa vía, pero me dio elementos para considerar que la estrategia vial del carril preferencial nació sin estrategia, que no hay sinergia ni coordinación entre autoridades implicadas, y eso es común cuando las cosas se hacen al vapor, para cumplir o para simular acciones. Ya cuando revisé el proyecto ejecutivo entendí que había un trabajo hecho, pero sin intención de informar más que eso. ¿Por qué?

Es tiempo de ajustar

Es probable que el carril preferencial represente una buena opción para disminuir accidentes y ordenar a la ciudad. Es una realidad que los comerciantes afectados se beneficiaban antes por el desorden vial y por eso la queja; es cierto que la autoridad tiene que aplicar la Ley, pero también está obligada a justificar las acciones que impactarán a sectores y aplicar planes de mitigación para reducir daños; también debe permitir el involucramiento de la ciudadanía; los proyectos carecen de validación social justo por falta de información, cuando hay más opacidad que participación social, eso lleva a las dudas, a la especulación y a la desacreditación.

En mi opinión urge información, rendición de cuentas de lo que se lleva de este proyecto y liderazgo institucional, hoy sólo hay declaraciones dispersas de todos los involucrados, cada uno opinando desde su perspectiva sobre el proyecto y el avance; no en sinergia o alineados a un discurso conjunto. No hay un vocero ni un responsable directo, y eso falta.

Más allá de esto, hay otra realidad: Los automovilistas no están respetando el carril preferencial, una gran cantidad de automovilistas lo invade en total impunidad, no hay Reglamento todavía y sigue sin ser pública la estrategia de socialización y el impacto real a los sectores involucrados. Es tiempo de ajustar, se vale, de reaccionar para mejorar. Todo es perfectible y sobre la marcha se puede modificar, los carriles preferenciales sí son alternativas para mejorar la movilidad y se han aplicado con éxito en ciudades de México y en otros países de América Latina, lo que falta acá, es un trabajo conjunto, planeación, estrategia y más transparencia. 

En ese contexto, la segunda etapa del carril preferencial no llegará en las mejores condiciones de aprobación social; ésta prevé extenderse 2 kilómetros, de la Avenida Insurgentes a la Avenida del Delfín, pero si no hay cambios en lo estratégicos, este proyecto tardará más en afianzarse y en lograr el respaldo que necesita. Están a tiempo de cambiar el timón.

Puedes consultar la información oficial del Proyecto Estratégico del Carril Preferencial que el IMPLAN en este enlace.

Sheila Arias es periodista y tallerista en temas de Transparencia y Acceso a la información pública; estudia Sociología y DDHH. Opinión a título personal.

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La sociedad organizada y cualquier persona en lo individual tiene derecho a llevar los problemas comunitarios al escritorio de las autoridades responsables de garantizar servicios públicos básicos para mantener condiciones dignas de vida; también tiene derecho de exigir soluciones, cuentas claras del presupuesto que se invierte en esos proyectos y vivir en un ambiente sano, así lo puntualizan los DESCA, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales reconocidos y protegidos por el Estado.

Pongo en contexto el tema, por la reciente queja pública de vecinos del Centro Histórico sobre fugas subterráneas y filtración de aguas negras al colector Roosevelt lo que ha ocasionado pestilencia en la zona y temor de inundaciones en esta temporada de lluvias. El colector ha sido cuestionado en su utilidad y funcionamiento desde que se construyó en 2020 como alternativa para evitar y disminuir inundaciones en esa zona, sin embargo, se han hecho públicos en redes sociales videos y fotografías donde exhiben que, a pesar del colector, las inundaciones persisten en el Centro Histórico.

Esta situación ha hecho que los ciudadanos cuestionen la calidad de la obra y duden de las autoridades para resolver o, al menos, mitigar el problema y el alto riesgo de inundaciones, no sólo en el Centro Histórico, en toda la ciudad, porque más allá de vivir encima de marismas y en condiciones hidrológicas específicas y propias de un puerto, históricamente Mazatlán no tiene un proyecto institucional, integral y con presupuesto específico orientado a resolver el problema de inundaciones. Hoy persiste la insuficiencia en la capacidad de colectores, tuberías viejas, insuficientes y con fugas.

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Lo más grave es el contexto: El problema de tuberías viejas y colectores poco funcionales persiste en medio de un crecimiento urbano acelerado que enfrenta Mazatlán, al menos, desde hace una década con el “boom” inmobiliario. Hoy al mismo tiempo que tenemos infraestructura sanitaria insuficiente y de baja calidad tenemos decenas de nuevas construcciones de torres, condominios y fraccionamientos autorizados, sí, por la propia autoridad responsable de garantizar mejores colectores, tuberías y servicios. Así nunca vamos a transitar a mejorar todo lo que implica un servicio de agua de calidad ni se mitigará pronto el problema de las inundaciones, y no es un tema de voluntad política, es un tema de dinero, de intereses económicos por encima de las necesidades ciudadanas.

Es sencillo deducir que la ciudad no tiene la capacidad de infraestructura para el abastecimiento de agua en colonias, sindicaturas, nuevos polos comerciales, ampliación de hoteles y restaurantes; y menos para nuevas y modernos desarrollos inmobiliarios que se multiplican de manera autoritaria, sí, porque se autorizan sin ninguna consulta pública, la ciudadanía no tiene voz ni voto en esas autorizaciones, es sólo la autoridad. Sin embargo, las nuevas obras siguen y avanzan, esto también representa dinero, pues en los últimos años han aumentado de manera exorbitante los millones de pesos que ingresan a las arcas municipales por impuestos de los nuevos desarrollos, son ingresos excedentes al presupuesto autorizado por el Congreso local y de los que nadie nos rinde cuentas.

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Lo que debemos saber del colector Roosevelt

La construcción del colector inició en 2020 y, de acuerdo con notas periodísticas, la obra quedó abandonada por meses. Aquí les comparto quién hizo la obra, cuánto costó y qué periodo debió cumplir. Estos datos los localicé en la lista de expedientes públicos de Compranet federal, me costó trabajo porque es una lista muy grande, pero se logró y aquí la pongo a su disposición.

La convocatoria indica que la obra se realizó con recursos del Fideicomiso de Administración y pago denominado Fondo Metropolitano (FIFONMETRO), y la licitó la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en ese tiempo bajo la responsabilidad, de Osvaldo López Angulo, es importante identificarlo porque, después de dejar el cargo en el Estado, fue nombrado Gerente General de la Jumapam, así que asumió el cargo con amplio conocimiento de la problemática en el Centro Histórico, sin embargo, se fue en noviembre del año pasado sin dar solución.

La obra costó 69 millones de pesos más el IVA y, de acuerdo con la convocatoria, debió iniciar el 16 de diciembre de 2019 y terminar el 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, el banderazo oficial se dio hasta el 11 de enero de 2020 y en marzo de 2022 todavía no terminaba. De acuerdo con la nota periodística publicada en El Sol de Mazatlán [1] en esa fecha la obra permaneció en abandono en la Avenida Emilio Barragán, con montículos de tierra que entorpecían la vialidad. Es evidente que, desde el principio, hubo fallas en la obra, de la supervisión no se sabe más porque no hay actas públicas sobre eso.

Ahora sabemos quién construyó la obra y a quién hay que pedirle cuentas. También les comparto que el tema del drenaje es la segunda preocupación de los mazatlecos y así lo refleja el Estudio de Medios 2023 que mandó realizar el Ayuntamiento de Mazatlán, en marzo; este diagnóstico costó 280 mil pesos y se pagó con recursos del erario. El estudio revela que, en general, los servicios públicos son el principal problema de la ciudad. Lo que no queremos es que se quede ahí, en el papel, exigimos solución, posturas, compromisos públicos, realidades, hechos. De veras, de palabrerías, ya estamos cansados.

Nota de la edición

El pasado sábado 2 de julio, directivos de la Jumapam presentaron ante vecinos del Centro Histórico un proyecto que podría resolver los problemas de la red de drenaje, específicamente por la calle Roosevelt, entre Aquiles Serdán y Belisario Domínguez. El proyecto consiste en la reposición 600 metros lineales de alcantarillado y 600 metros lineales para agua potable, trabajos que tendrían un costo de 5 millones de pesos. Sin embargo, no se dio fecha para su ejecución.

*Sheila Arias es periodista y tallerista en temas de Transparencia y Acceso a la información pública; estudia Sociología y DDHH.

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Ya sabemos que Mazatlán es uno de los destinos de playa más visitado en Semana Santa por el turismo nacional y que está en el Top ten del Gobierno federal como uno de los favoritos en México. Sin duda, esto significa que en cada temporada hay una derrama económica importante, trabajo para empleados de hoteles, restaurantes, transportistas, guías de turistas, palaperos y vendedores de playas, un beneficio redondo y esperado para el sector.

También sabemos que las ganancias se quedan en manos de empresarios, los dueños del capital y de todos esos medios de producción, mientras los empleados doblan jornadas o madrugan para cumplir con la atención al cliente, esa es otra realidad.

Sólo en el periodo de Semana Santa 2023, del 2 al 8 de abril, el Gobierno de Mazatlán registró una derrama económica de mil 200 millones de pesos y una afluencia hasta de 280 mil bañistas en las playas, esto es más de la mitad de la población local. Así se anunció en conferencia de prensa.

En ese contexto hablemos del turismo y lo que nos deja, y no es propiamente dinero.

En un ejercicio de Transparencia, le solicité al Ayuntamiento de Mazatlán el tonelaje de basura que “derrama” el turismo en los últimos años, justo en esos días de alta afluencia y bonanza de Semana Santa, la respuesta fue la siguiente:

Estas cantidades de basura extra en la ciudad nos revelan que, en los últimos años, en cada temporada hay un incremento sostenido de basura producto del turismo, de los miles de visitantes que se sienten cómodos dejando sus desechos, principalmente en área de playa. Sólo de 2021 a 2022 el aumento de basura en días de alta afluencia fue del 200 por ciento; y de 2022 a 2023 del 60 por ciento más; cuando solicité las áreas de la ciudad que concentraron esa basura, el Ayuntamiento de Mazatlán respondió lo siguiente:

Esto nos dice muchas cosas, primero de un resultado no óptimo, en otras palabras, del fracaso sistémico de campañas municipales para impactar en el turismo y despertar consciencia para evitar que dejen su basura de las playas; el objetivo es que, año con año, sea menor la basura recolectada en la franja costera, pero no está pasando, al contrario, año con año aumenta el tonelaje de deseños que nos dejan los visitantes.

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Es evidente que estamos ante la ausencia de campañas efectivas, frontales y hasta punitivas, es cuestión de aplicar lo que indica el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno sobre arrojar basura a vialidades o áreas públicas; es aplicar leyes y reglamentos, así de simple. En cambio, percibo autoridades complacientes con el turismo, sí es importante cuidarlo, somos un puerto que vive de la actividad turística, pero es igual de importante fijar límites e informar reglas y sanciones de incumplimiento para todos y todas. Se trata de ofrecer un servicio al turismo, no de llegar al servilismo.

En Semana de la Moto o de Pascua 2023 la situación no cambió, el Ayuntamiento informó que en los últimos tres años así se ha comportado la concentración de basura en las playas durante esta temporada vacacional:

Incluso, les comparto el desglose de recolección de basura registrado por día en Semana Santa y Semana de Pascua 2023. Es información proporcionada por el Ayuntamiento de Mazatlán a través de dos solicitudes de información:

Más allá de recoger basura y sumarla a las 700 toneladas de desechos que ya generamos diario en Mazatlán, la tarea de limpiar calles y playas durante los días de vacaciones nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y nos cuesta a todos porque se invierte dinero público.

Sólo durante Semana Santa y de Pascua, el Gobierno municipal destinó 302 empleados diarios para la limpieza únicamente en zonas turísticas, de éstos 140 adscritos al área de Parques y Jardines; y 162 adscritos al Departamento de Aseo Urbano, esto sólo del 2 al 17 de abril. En total, así lo informó en Municipio, trabajaron 4 mil 832 empleados municipales en la pasada temporada vacacional.

A estos empleados se les tuvo que pagar alimentación, transporte en algunos casos; pagos de horas extras y cualquier otra necesidad, es por eso que a temprana hora la ciudad lucía limpia, como si el turismo no hubiera pasado por ahí.

Parece un cuento de nunca acabar, pero más allá de conformarnos con saber que esto pasa en todos los puertos y que al turismo se le perdona porque deja aquí su dinero, me resisto a continuar con autoridades permisivas y omisas en las campañas firmes y claras sobre consecuencias de tirar basura a comodidad. Más porque de ese dinero, de esos miles de pesos de derrama económica que se queda en la ciudad producto del turismo, no se aplica   de manera directa en proyectos de progreso para Mazatlán; valdría mucho la pena trabajar en sinergia autoridad y empresarios para impulsar campañas conjuntas y sistemáticas sobre educación ambiental y conservación de nuestras playas, otra realidad contaríamos, ese sí es buen proyecto de beneficio colectivo, sin duda.

Cierro con un reconocimiento puntual a los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil que destinan su tiempo y esfuerzo en limpiar playas e impulsar campañas de educación ambiental, sin embargo, es importante que las autoridades le entren como institución reguladora, de orden y control, un reto en una sociedad cada vez más desconfiada de sus propios gobernantes.

Me despido por ahora y nos leemos pronto.

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Los temas ambientales son el eslabón más débil en Mazatlán. Es una realidad la opacidad de información pública sobre el tema, por ejemplo, no es público algún diagnóstico sobre el costo social de las nuevas construcciones, de cómo nos resta en nuestra calidad de vida; no hay dónde consultar la situación sobre contaminación en la ciudad; tampoco se informan los riesgos que implican los rastros clandestinos, pese a que existen; de los basureros ilegales no sabemos la gravedad, pero ahí están; no hay informes disponibles sobre multas o sanciones por ruido excesivo, siendo una de las quejas principales de los mazatlecos.  

En ese contexto, el tema de las áreas verdes tiene sentido: No sabemos cuántas hay en Mazatlán, dónde están, de quién son y cuál es su uso; no es culpa de nadie en particular, estamos frente a una mala práctica de Gobierno que lleva años y se replica en cada administración. La opacidad y la escasez de información también tiene relación con nosotros, como sociedad civil, porque una mala práctica se hereda cuando lo permitimos en colectivo, es decir, no rompemos el círculo, por el contrario, con el silencio y la parálisis social, la fortalecemos.

El tema de las áreas verdes me llamó la atención por el desorden, el sesgo, y el ocultamiento de datos desde el Ayuntamiento de Mazatlán. Aquí lo expongo.

En un ejercicio de transparencia solicité al Gobierno municipal la cantidad de áreas verdes que hay en la ciudad, para empezar, es Bienes Municipales quien controla esa información. Le pedí la relación del registro de 2017 a 2022, la respuesta fue que Mazatlán tiene sólo 24 áreas verdes en toda ciudad.  Sí sólo ¡24 áreas verdes! Y aquí anexo la respuesta:

Sin embargo, en una segunda solicitud pedí la relación de esas mismas áreas verdes, ahora por año, y en este punto se abrió la sospecha porque los datos no coincidieron. Eso refleja muchas cosas, de entrada, que no hay registro real ni oficial de áreas verdes en Mazatlán; que detrás de ese subregistro es probable que haya áreas verdes impactadas, invadidas o desaparecidas por las nuevas construcciones. Las preguntas son muchas, pero es la autoridad la única que puede precisar qué hay detrás de este desaseo de información pública.

2017. En la primera solicitud la autoridad informó que no hay registro de áreas verdes, pero en la segunda petición, la misma autoridad, revela que hay 4 e indica la ubicación y la superficie. ¿Por qué ocultó en la primera lista cuatro áreas verdes?, es indignante pensar que otros ciudadanos se han quedado sin información oficial por esta opacidad, siendo que la información pública es útil para muchas áreas, principalmente para estudios académicos, periodísticos y son materia prima para muchas organizaciones de sociedad civil.

2018: El Gobierno municipal informó, de inicio, que ese año registró siete áreas verdes. En la segunda solicitud reveló ocho, por cierto, siete de esas ocho ubicadas en la misma dirección: Fraccionamiento Balcones; y otra más en Santa Teresa. Datos imprecisos, otra vez.

2019. En este año la autoridad reveló el registro de siete áreas verdes, y es la única cantidad que coincide con la segunda solicitud, en ambas enlistó las siete. La casualidad es que todas las ubicó en Pradera Dorada, esto evidencia que, los nuevos fraccionamientos que iniciaron ese ese año, no sumaron ninguna área verde a la ciudad en aras de mitigar el impacto socioambiental.

2020. En la solicitud primera, se informó de cinco nuevas áreas verdes en la ciudad, pero en la segunda petición, sólo se informó de cuatro no cinco. ¿Dónde quedó la otra?, me doy cuenta que, en los gobiernos, también desaparecen áreas verdes.

2021. El informe de este año es el más desigual, pues en una primera solicitud el Gobierno de Mazatlán informó de cinco áreas verdes en Mazatlán, y en una segunda reveló 19, es decir, ocultó ¡14 áreas verdes en una respuesta por Transparencia! Este año, las áreas verdes registradas se concentraron en Santa Teresa y Villa Unión. ¿Por qué omitió esas 14 áreas verdes?, esta es una razón de por qué hay tanta desconfianza ciudadana en las autoridades y en la información que entregan a la sociedad. Es evidente el sesgo y el ocultamiento de datos desde la autoridad.

2022: Este año el Ayuntamiento de Mazatlán informó que no había registro de áreas verdes en la ciudad, pero en la segunda petición respondió que sí había, y anexo cuatro nuevas áreas verdes ese año. Una de ellas de 2,066 m2, imagínense que la autoridad olvide informar un área tan grande como esa en el Fraccionamiento Caracoles. Aquí está la lista de esas cuatro áreas:  

Con esta opacidad en la información es evidente que hay un desorden en el padrón de áreas verdes o un interés de no revelar datos reales y oficiales. Vaya un exhorto público a las autoridades de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa para revisar la calidad de la información en los ayuntamientos que, seguramente, lo identifican en las impugnaciones y en las quejas ciudadanas.

Es importante saber que, conocer el padrón real de áreas verdes, permite a la ciudadanía identificar y defender esos espacios, es una realidad que en Mazatlán hay sospecha de la venta de áreas verdes -como patrimonio municipal- para abrir paso a nuevas construcciones, incluso algunos ciudadanos han denunciado de manera pública que, también sospechan, de cambios intencionales en la nomenclatura de algunas áreas verde para el avance de proyectos de obra. Sigamos preguntando y comparando con ejercicios de transparencia, la información es nuestra, no del Gobierno.

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El tráfico es el tema, es común que en cualquier plática nos desahogamos por el agobiante caos vial que enfrentamos todos los días y a todas horas en la ciudad; cómo nos afecta y cómo, de manera imperceptible, nos hemos adaptado a vivir en una ciudad, cada vez, con más automóviles y motocicletas en sus calles. Sin embargo, ese crecimiento no es igual en infraestructura, es evidente que Mazatlán no tiene el desarrollo ni la planeación vial que urge para enfrentar la situación. Estudios e investigaciones de organizaciones nacionales e internacionales demuestran que la congestión vial tiene altos costos económicos, ambientales, sociales y emocionales. Sí, nos afecta en todos los aspectos de la vida.

El crecimiento vehicular en Mazatlán se documenta a partir de 2013 con la apertura de la carretera Mazatlán-Durango; la nueva y moderna vialidad acortó los tiempos de traslado de estados cercanos con el objetivo de crecer como destino turístico, pero ese crecimiento implicó otros aspectos no previstos, el caos vial, por ejemplo.

En ese contexto pongamos en dimensión los datos oficiales.

El censo de Población y Vivienda INEGI 2020 indica que en Mazatlán hay 501 mil 440 habitantes. En tanto, en una solicitud de información que pedí por Transparencia al Gobierno del Estado de Sinaloa, me informó que en Mazatlán circulan 224 mil 853 vehículos de automotor, entre vehículos, motocicleta, camiones de transporte y de servicio público. Estos datos revelan que vivimos en una ciudad donde prácticamente son vehículos, lo equivalente a la mitad de su población.

De acuerdo con la información pública que solicité, el otro dato interesante es que en 2022, el número de vehículos en Mazatlán fue de 262 mil 444. El crecimiento porcentual fue de 14.5 en los últimos dos años. Esto equivale a 38 mil nuevos autos en circulación cada dos años, es decir, 19 mil por año.

En ese contexto, si la tendencia continúa, este 2023 Mazatlán sumará 19 mil nuevos vehículos en circulación y pasará de 262 mil 444 registrados el año pasado a 281 mil 444 automóviles.

Siguiendo esa tendencia, para 2024 el Municipio llegará a los 300 mil vehículos en circulación, prácticamente estaremos viviendo entre automóviles, en medio de un caos más esclavizante.

Los retos de la autoridad

La situación de caos que enfrentamos delega desde este momento grandes retos y responsabilidades para autoridades locales y estatales encargadas de la política pública en temas de movilidad social. Sin embargo, tampoco percibo una autoridad que reaccione ante el creciente caos. Ahí está el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán (IMPLAN), paramunicipal encargada de auxiliar al Gobierno local en temas de planeación urbana, a cargo de estudios y diagnósticos que colaboren precisamente a impulsar ese equilibrio y desarrollo en la ciudad. Por el contrario, percibo un IMPLAN codependiente de la autoridad, sin autonomía.

Es importante identificar que el tema de movilidad es transversal con perspectiva de derechos humanos en todos los ángulos, así que también involucra a legisladores, académicos, organizaciones de sociedad civil, colegios de profesionistas, activistas, periodistas; y organismos estatales y federales. El tema es de todos.

Ahora que sabemos con cuántos vehículos convivimos en la ciudad, también es importante saber cómo nos movemos, y hago referencia al estudio más reciente del IMPLAN sobre movilidad en Mazatlán, éste nos revela que 37 por ciento de los habitantes usa transporte público; 32 por ciento usa vehículo; 28 por ciento lo hace a pie, y sólo el 3 por ciento se transporta en bicicleta.

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Los datos indican que, entre usuarios de transporte y del automóvil, suman casi el 70 por ciento de la población local que se mueve en algún tipo de vehículo, se confirma que vivimos entre automóviles.

Los efectos sociales y ambientales

El tráfico nos afecta a todos según nuestro rol. El conductor se estresa sólo pensar que debe salir a la ciudad del caos con más tiempo que antes, en plena mañana, a la hora de su comida o de regreso a casa. En ese trayecto enfrentará calles y avenidas saturadas y es probable que, poco a poco, se ponga de mal humor, incluso, es probable que se desquite con otros conductores en el camino; lo mismo le pasará a él con otros automovilistas. Estar frente al volante detonante de estrés en todos los sentidos.

Si el rol es de usuario del transporte público, nada cambia, el impacto es igual, pero en otro aspecto: el pasajero estará a cargo de otros conductores, tendrá la sensación de pérdida de tiempo por el gran caos; sentirá angustia por el riesgo de no llegar puntual al trabajo donde le pueden descontar parte de su salario por la tardanza, incluso, está en riesgo de perder algún bono por la puntualidad; en la escuela su hijo o hija podría quedarse afuera y entonces entraría en otro conflicto.

En el caso del peatón el impacto es de otro ángulo igual de avasallador. Su tiempo se alarga mientras espera más tiempo en cruzar calles saturadas y crece el riesgo de accidentes, no sólo de atropellamiento, también por caídas o extravío de pertenencias por el descuido. El ciclista o el motociclista se convierten, por su parte, en blanco directo de todos, de conductores y peatones estresados y malhumorados. En una ciudad de caos vial todos perdemos.

Para dimensionar los altos costos del congestionamiento vial en las ciudades anexo los resultados del estudio “Costo de la congestión: vida y recursos perdidos” que difundió el Centro de Investigación de Políticas Públicas (IMCO) en 2019, sin duda, datos que nos obligan a la reflexión desde nuestro papel como sociedad civil, porque nos toca proponer y participar, nada cambiará si nos dedicamos a quejarnos y a ver el problema del que, también, somos parte.

• La congestión en las 32 ciudades cuesta 94 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público de 2018 a 2024. 
• Los costos abonan a la desigualdad social. Los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos anuales en oportunidad de ingreso, casi tres veces más en comparación de quienes usan automóvil, que pierden 25 mil millones de pesos.
• En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas.

*La autora es periodista, activista en temas de Transparencia y acceso a la información; y estudiante Sociología y Derechos Humanos.

@Chielona  FB: Sheila Arias

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La cáscara de camarón que muchas empresas y negocios de Mazatlán llevan a la basura, en realidad, es la materia prima de alto valor para crear material capaz de sustituir al plástico.  

Tres alumnas de la Preparatoria “José Vasconcelos” encontraron que esta cáscara tiene propiedades similares al plástico, pero no contamina y se deshace en la tierra poco a poco. Sus investigaciones en el laboratorio escolar también les ha confirmado que este material no causa reacciones alérgicas y sirve como fertilizante.

Natalia Martínez González, Samantha Carrasco Tovar, y Génesis Ayón, de apenas 17 años, son las alumnas autoras de este plan innovador que han llamado Bioplástico de camarón, su idea nació como tarea en una clase de Biología en el laboratorio de la escuela y pronto se convirtió en un proyecto único en Sinaloa; lo han llevado a exposiciones estatales, nacionales y en marzo próximo lo presentarán en Túnez, África, en un encuentro mundial de ciencia, de la mano de su maestra, Judith Rebeca González Muñoz, una bióloga entregada a la enseñanza.

Su objetivo, coinciden, es promoverlo como alternativa para sustituir artículos de plástico de un sólo uso; también quieren buscar financiamiento para comprar equipo industrial y producir en grande. Actualmente sólo han elaborado charolas para repostería, pero su fórmula les permitirá producir bolsas, vasos, popotes y platos, similares a los desechables que usamos por unos minutos, pero que tardan de 100 a 500 años en degradarse.

Natalia, una de las alumnas, explica cómo germinó la idea escolar.

¿Qué es bioplástico de camarón y cómo llegaron a la fórmula?

“Nuestro proyecto lo que hace es reemplazar plástico con los residuos del camarón, esto nos va ayudar en un futuro a evitar la contaminación, lo que contiene esta cáscara es un compuesto capaz de imitar la producción de plástico que estamos utilizando actualmente. Queremos ayudar con el tema del cuidado al medio ambiente, por eso buscamos algo que hubiera en la ciudad y que pudiéramos aprovechar… Fuimos primero a restaurantes y muchos nos decían que congelaban las cáscaras del camarón y luego las sacaban a la basura”.

Estadísticas recientes de la Procuraduría Federal del Consumidor revelan que en México el 40% del plástico que se fabrica es para envases que se desechan después de usarse sólo una vez. El problema es global y es parte de la agenda pública de gobiernos y organizaciones. La asociación Pew Charitable Trusts, con sede en Estados Unidos, publicó en agosto de 2020 el informe “Rompiendo la Ola de Plástico” donde prevé que en 2040 se triplicará el flujo de materiales de plástico en el océano si no se comienza a trabajar en las políticas públicas de comportamiento sobre el uso de éstos.

¿Cómo logran hacer ese material?

Nuestro proyecto se basa en la cáscara porque tiene un compuesto llamado quitina, nosotros trabajamos en los laboratorios para que se haga quitosano puro, porque hay el quitosano artificial, pero ese es dañino. Con esta fórmula se puede generar el plástico usando quitosano natural, en el laboratorio hacemos los moldes y así sacamos las láminas de bioplásticos. Lo que estamos enfocados es en los plásticos de un sólo uso, ahorita estamos haciendo bolsas, pero en el futuro queremos abarcar más artículos envases, platos, vasos…”

El proceso que aplican, coinciden las estudiantes, implica el secado natural de la cáscara del camarón, luego viene el proceso para crear el material que les permite elaborar los productos, esto les llega a tomar hasta una semana.

“Por ejemplo, cuando llueve no podemos trabajar, pero si tenemos la maquinaria, secar, reposar con químicos, todo ese proceso será corto, nos tardamos ahorita porque es artesanal… En nuestro proceso aprovechamos no sólo la cascara, también la cabeza y la cola del camarón, lo que se tira nosotros lo utilizamos porque son toneladas las que se tiran al año”, agregó Samantha Guadalupe.

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Las estudiantes han dedicado todo su esfuerzo al proyecto de Bioplásticos de camarón, y lo piensan tomar como un emprendimiento local a su regreso de África.

“Si los hierven en agua sirve como abono… si tiran un artículo de bioplástico de camarón no contamina, por el contrario, ayuda a florecer las plantas”, agregó Génesis Ayón.

Está idea de reducir la contaminación ambiental usando las cáscaras de camarón es única en Sinaloa, sin embargo, en otros países de América existen proyectos donde el camarón también se ha tomado como materia prima para innovar y aprovecharla en otro uso. En Chile, por ejemplo, se ha documentado trabajo de la empresa pesquera Ryma, ubicada en el puerto de Coquimbo, donde han procesado toneladas de cáscara de camarón para elaborar fertilizantes, incluso aderezos y salsas gourmet.

En Mazatlán las estudiantes de Preparatoria han hecho muchos estudios para confirmar que el material no cause reacción alérgica en las personas, y también han confirmado que los productos elaborados con la cáscara de camarón sirven como fertilizantes en la tierra.

“Estamos con estudiantes muy trabajadores y dedicadas, entregadas porque para estos proyectos se necesita gente comprometida y que de verdad le apasiona el tema, aquí encontré a mis tres mosqueteras y tienen el corazón en este proyecto. Ellas hicieron ciencia artesanal, pruebas y lograron evitar que produzcan alguna alergia”, comentó la bióloga Judith González.

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El gran daño anunciado

El problema donde las estudiantes mazatlecas quieren incidir, es en la reducción de contaminación que generan los plásticos que usamos una sola vez y por muy poco tiempo.

Estudios internacionales de fundaciones y organismos ambientales mantienen acciones y campañas que advierten lo dañino que representa el plástico en nuestro entorno; tan sólo las bolsas de plástico tardan hasta 400 año en descomponerse; las botellas de plásticos se quedan en el ambiente por más de 450 años, incluso un popote puede tardar 100 años en degradarse. Precisamente el proyecto de las alumnas Natalia, Samantha y Génesis está orientado a reducir ese impacto negativo al medio ambiente con materiales elaborados con desechos de cáscara de camarón, pues los artículos con esta material se degradan en cuestión de días, no se quedan años en el planeta.

En México la Procuraduría Federal del Consumidor reportó el año pasado los siguientes datos de impacto:

• Los plásticos de un solo uso representan el 50% de los que se producen cada año.
• 100 000 tortugas y mamíferos marinos y un millón de aves marinas mueren anualmente por la contaminación del plástico de los mares.
• Se estima que 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año.
• Se proyecta que en 2050 habrá más plásticos que peces en el océano.

Ayúdalas a llegar

Las alumnas Natalia, Samanta, y Génesis necesitan de tu ayuda para viajar a Túnez, África, y representar a México con su proyecto en el evento ATAST IFEST, el cual se realizará del 16 al 22 de marzo de este año. En estos momentos se encuentran en gestiones de apoyo económico con las autoridades, empresas y en su comunidad escolar. Si quieres apoyarlas puedes comunicarte al correo bioplastico.camaron@gmail.com Cualquier ayuda suma para impulsar el talento de las estudiantes. También puedes participar en la rifa de un sombrero autografiado del cantante Edén Muñoz, organizada para recaudar fondos.

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Después de mi columna ‘Muévete chilo’, fracaso de movilidad verde, que se publicó en Son Playas el mes pasado, me llegó gran cantidad de información sobre el tema: documentos, comentarios, expedientes, y hasta la existencia de una denuncia ciudadana por presunta corrupción dentro del programa; gracias a eso, hoy sabemos que el programa está lleno de irregularidades y que nació con desaciertos. Aquí expongo algunos puntos clave:

1. En la Plataforma Nacional de Transparencia existen más de 20 solicitudes de información realizadas por ciudadanos donde cuestionan la operación del ‘Muévete chilo’ a partir de 2018, es decir, antes su operación ya había dudas y preguntas. En la Plataforma está disponible el convenio que debió firmar el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán para la operación exitosa del programa, sin embargo, ese convenio no tiene firmas, y así lo responde la autoridad en la solicitud de información 001642119, tampoco los anexos. Esto, sin duda, le restó formalidad y respaldo institucional al programa desde el día uno.
2. El programa ‘Muévete chilo’ fue suspendido en Mazatlán en abril de 2020, cuando el Municipio retiró las bicicletas del Malecón como medida preventiva ante riesgo de contagio por Covid 19. Sin embargo, ciudadanos me han asegurado que han visto las bicicletas en calles de Mazatlán, por ello solicité al Gobierno del Estado de Sinaloa me informara el destino final de las decenas de bicicleta verdes que fueron parte del programa. La respuesta es que las bicicletas son patrimonio de la empresa Bvike, por lo tanto, se quedó a cargo de ese quipo. Nunca pertenecieron al Estado.
3. A través de la solicitud información 252734500010722 la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa reveló que los ingresos que generó la renta de esas bicicletas quedaron, también, en manos del particular Bvike, que desconoce cuánto fue y que ese ingreso era parte de una contraprestación donde los beneficios eran para la empresa. Está claro que el Estado no habría recibido ni un centavo, pero sí dispuso recursos de infraestructura pública para la operación.
4. En la misma solicitud, se informó que la fecha de inicio del programa fue el 1 de febrero de 2019 y su fecha final es el 31 de octubre de 2021, ahora sabemos que el programa duró sólo dos años y ocho meses. Revela también que la relación entre el Gobierno de Sinaloa y la empresa Bvike ya no existe, que sus convenios perdieron vigencia y que todo se acabó. La realidad es que ninguna autoridad ha hecho público el fin del programa que costó mucho, en mi columna pasada informé que se invirtieron 850 mil pesos en su planeación y 4.5 millones de pesos la ejecución, que en total se perdieron 5.3 millones de pesos, porque así lo revela el diagnóstico nacional “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México”, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de octubre de 2019, aunque el Estado aseguró vía Transparencia que no tiene registro de la inversión para el ‘Muévete chilo’.
5. En noviembre de 2019, nueve meses después de que arrancó el programa, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno federal, Román Meyer Falcón, publicó en su cuenta de Twitter que el ‘Muévete chilo’ tenía, para ese momento, un registro de ¡100 mil viajes en bicicleta!, desde su inicio, en febrero pasado, lo que representaba ya 28 toneladas menos de dióxido de carbono. Ahora sabemos que eso no fue real, porque el propio Gobierno del Estado me informó en una solicitud vía Transparencia que, el promedio diario de viajes fue de 35, mientras el programa duró. De acuerdo con ese dato oficial, al mes se habrían registrado 1,050 viajes promedio, si esto lo multiplicamos por los 10 meses a los que hace referencia el secretario Meyer Falcón (febrero-noviembre) el promedio general y total es de ¡9,450 viajes!, en ese periodo, ni en todo el tiempo que duró el programa alcanzó esos 100 mil viajes. Esto nos permite dos hipótesis: Las cifras de los viajes se alteraron y la información pública se “infló” para simular un programa exitoso.
6. La realidad es que el ‘Muévete chilo’ no se alcanzó a implementar como tal: En Los Mochis funcionó a medias y con bicicletas distintas a las usadas en Mazatlán; y en Culiacán todo se quedó en la presentación pública de las bicis verdes. Sin embargo, el programa sigue en las páginas del diagnóstico nacional “Ciudades para la movilidad, mejores prácticas en México”, como un proyecto de éxito en México. Ya sabemos que no es, ni fue así.

Ahora que tenemos estos datos oficiales y documentos públicos disponibles, podemos presumir que el programa ‘Muévete chilo’ inició mal y avanzó con omisiones, simulación y posible información maquillada. Esto no es todo: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa inició en 2019, un expediente de presunta corrupción dentro del programa derivado de una denuncia ciudadana. ¿Qué encontró en la investigación?, ¿quién estuvo detrás del programa?, ¿quién se benefició con el ‘Muévete chilo’?, ¿quién está investigando el fracaso del proyecto?, esto será pate de la tercera y última entrega de esta colaboración, lo abordaré en la próxima columna.

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